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Para la realización del marco legislativo nos hemos apoyado en los documentos de apoyo de la clase, concretamente al tema 2, porque en este tema hemos estudiado la LISMI, y es la ley en la que nos queremos centrar.

La LISMI es la Ley 13/1982, del 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. Para el ámbito laboral nos centramos en el título VII, puesto que este se refiere a la integración laboral. En él se encuentran los artículos 37 al 48, pero solo mencionaremos algunos:
- Artículo 37:  La política laboral tiene que tener como finalidad la integración en el sistema ORDINARIO de trabajo, o en su defecto, introducirlos en régimen especial (el cual se explica en el art. 41).
- Artículo 38: Cualquier empresa con más de 50 trabajadores tiene que emplear un 2% mínimo de trabajadores minusválidos. Y se fomentará su integración mediante la concesión de ayudas, subvenciones o préstamos, para la posible adaptación de su puesto de trabajo.
-Artículo 39: Se realizará un registro de los minusválidos que se encuentren demandando empleo, y se integrará al censo general de parados.
- Artículo 41: Para aquellas personas minusválidas que no puedan incorporarse con normalidad al mercado laboral (Art. 37) pero su capacidad de trabajo sea igual o superior al porcentaje de capacidad "habitual" podrán incorporarse a Centros Especiales de Empleo. Si su capacidad se entiende como menor al porcentaje fijado, podrán acceder a Centros ocupacionales, explicados en el siguiente título de esta ley.

PARA SABER MÁS: Os dejamos el enlace a la ley por si queréis mirar el resto de artículos sobre integración laboral:

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DON JUAN CARLOS I,

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

TÍTULO PRIMERO

Principios generales

Artículo uno.

Los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en los derechos que el artículo cuarenta y nueve de la Constitución reconoce, en razón a la dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total integración social, y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias.

Artículo dos.

El Estado español inspirará la legislación para la integración social de los disminuidos en la declaración de derechos del deficiente mental, aprobada por las Naciones Unidas el veinte de diciembre de mil novecientos setenta y uno, y en la declaración de derechos de los minusválidos, aprobada por la Resolución tres mil cuatrocientos cuarenta y siete de dicha Organización, de nueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, y amoldará a ellas su actuación.

Artículo tres.

Uno. Los poderes públicos prestarán todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo primero, constituyendo una obligación del Estado la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la educación, la orientación, la integración laboral, la garantía de unos derechos económicos, jurídicos sociales mínimos y la Seguridad Social.

Dos. A estos efectos estarán obligados a participar, para su efectiva realización, en su ámbito de competencias correspondientes, la Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, los Sindicatos, las entidades y organismos públicos y las asociaciones y personas privadas.

Artículo cuatro.

Uno. La Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las instituciones, asociaciones y fundaciones sin fin de lucro, promovidas por los propios minusválidos, sus familiares o sus representantes legales.

Dos. Será requisito indispensable para percibir dicha colaboración y ayuda que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que se establezca por parte de las Administraciones Públicas.

Tres. En los centros financiados, en todo o en parte, con cargo a fondos públicos, existirán órganos de control del origen y aplicación de los recursos financieros, con la participación de los interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y del personal al servicio de los centros sin perjuicio de las facultades que correspondan a los poderes públicos.

Artículo cinco.

Los poderes públicos promoverán la información necesaria para la completa mentalización de la sociedad, especialmente en los ámbitos escolar y profesional, al objeto de que ésta, en su conjunto, colabore al reconocimiento y ejercicio de los derechos de los minusválidos, para su total integración.

Artículo seis.

Las medidas tendentes a la promoción educativa, cultural, laboral y social de los minusválidos se llevarán a cabo mediante su integración en las instituciones de carácter general, excepto cuando por las características de sus minusvalías requieran una atención peculiar a través de servicios y centros especiales.

TÍTULO II

Titulares de los derechos

Artículo siete.

Uno. A los efectos de la presente Ley se entenderá por minusválidos toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

Dos. El reconocimiento del derecho a la aplicación de los beneficios previstos en esta Ley deberá ser efectuado de manera personalizada por el órgano de la Administración que se determine reglamentariamente, previo informe de los correspondientes equipos multiprofesionales calificadores.

Tres. A efectos del reconocimiento del derecho a los servicios que tiendan a prevenir la aparición de la minusvalía, se asimilan a dicha situación los estados previos, entendidos como procesos en evolución que puedan llegar a ocasionar una minusvalía residual.

Cuatro. Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos en esta Ley se otorgarán a los extranjeros que tengan reconocida la situación de residentes en España, de conformidad con le previsto en los acuerdos suscritos con sus respectivos Estados y, en su defecto, en función del principio de reciprocidad.

Cinco. El Gobierno extenderá la aplicación de las prestaciones económicas previstas en esta Ley a los españoles residentes en el extranjero, siempre que carezcan de protección equiparables en el país de sesidencia, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen.

TÍTULO III

Prevención de las minusvalías

Artículo ocho.

La prevención de las minusvalías constituye un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de los servicios sociales.

Artículo nueve.

Uno. El Gobierno presentará a las Cortes Generales un Proyecto de Ley en el que se fijarán los principios y normas básicas de ordenación y coordinación en materia de prevención de las minusvalías.

Dos. Sin perjuicio de las facultades que puedan corresponder a las distintas Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, para formular sus propios planes de actuación en la materia, el Gobierno elaborará cuatrienalmente, en relación con tales planes, un Plan Nacional de Prevención de las Minusvalías que se presentará a las Cortes Generales para su conocimiento, y de cuyo desarrollo informará anualmente a las mismas.

Tres. En dichos planes se concederá especial importancia a los servicios de orientación y planificación familiar, consejo genético, atención prenatal y perinatal, detección y diagnóstico precoz y asistencia pediátrica, así como a la higiene y seguridad en el trabajo a la seguridad en el tráfico vial, al control higiénico y sanitario de los alimentos y a la contaminación ambiental. Se contemplarán de modo específico las acciones destinadas a las zonas rurales.

TÍTULO IV

Del diagnóstico y valoración de las minusvalías

Artículo diez.

Uno. Se crearán equipos multiprofesionales que, actuando en un ámbito sectorial, aseguren una atención interdisciplinaria a cada persona que lo precise, para garantizar su integración en su entorno sociocomunitario.

Su composición y funcionamiento se establecerán reglamentariamente, en el plazo máximo de dieciocho meses, a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Dos. Serán funciones de los equipos multiprofesionales de valoración:

a) Emitir un informe diagnóstico normalizado sobre los diversos aspectos de la personalidad y las disminuciones del presunto minusválido y de su entorno sociofamiliar.

b) La orientación terapéutica, determinando las necesidades, aptitudes y posibilidades de recuperación, así como el seguimiento y revisión.

c) La valoración y calificación de la presunta minusvalía, determinando el tipo y grado de disminución en relación con los beneficios, derechos económicos y servicios previstos en la legislación, sin perjuicio del reconocimiento del derecho que corresponda efectuar al órgano administrativo competente.

d) La valoración y calificación citadas anteriormente serán revisables en la forma que reglamentariamente se determine. La valoración y calificación definitivas sólo se realizarán cuando el presunto minusválido haya alcanzado su máxima rehabilitación o cuando su lesión sea presumiblemente definitiva, lo que no impedirá valoraciones previas para obtener determinados beneficios.

Artículo once.

Las calificaciones y valoraciones de los equipos multiprofesionales responderán a criterios técnicos unificados y tendrán validez ante cualquier Organismo público.

TÍTULO V

Sistema de prestaciones sociales y económicas

Artículo doce.

Uno. En tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en el artículo cuarenta y uno de la Constitución, el Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, establecerá y regulará por Decreto un sistema especial de prestaciones sociales y económicas para los minusválidos que, por no desarrollar una actividad laboral, no estén incluidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social. En dicho Decreto se especificarán las condiciones económicas que deberán reunir los beneficiarios de las distintas prestaciones.

Dos. La acción protectora de dicho sistema comprenderá al menos:

a) Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.

b) Subdidio de garantía de ingresos mínimos.

c) Subsidio por ayuda de tercera persona.

d) Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte.

e) Recuperación profesional.

f) Rehabilitación médico-funcional.

Artículo trece.

Uno. La asistencia sanitaria y farmacéutica prevista en el apartado dos, a), del artículo anterior será prestada por los servicios sanitarios del sistema de la Seguridad Social, con la extensión, duración y condiciones que reglamentariamente se determinen.

Dos. Los beneficiarios del sistema especial de prestaciones asistenciales y económicas descrito en el artículo anterior estarán exentos de abono de aportación por el consumo de especialidades farmacéuticas.

Artículo catorce.

Uno. Todo minusválido mayor de edad cuyo grado de minusvalía exceda del que reglamentariamente se determine, y que por razón del mismo se vea imposibilitado de obtener un empleo adecuado, tendrá derecho a percibir un subsidio de garantía de ingresos mínimos, cuya cuantía se fijará en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley, siempre que, careciendo de medios económicos, no perciba prestación pecuniaria del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales o de la Seguridad Social. Cuando perciba una prestación económica, el subsidio se reducirá en cuantía igual al importe de aquélla.

Dos. Este subsidio será compatible con los recursos personales del beneficiario si en cómputo mensual no exceden de una cuantía que se fijará anualmente por Decreto, y que en todo caso tendrá en cuenta las personas que el minusválido tenga a su cargo.

Tres. La cuantía de este subsidio será determinada por Decreto, con carácter uniforme, y no será inferior al cincuenta por ciento del salario mínimo interprofesional.

Artículo quince.

Los minusválidos acogidos en centros públicos o privados financiados en todo o en parte con fondos públicos, y en tanto permanezcan en ellos, tendrán derecho a la parte del subsidio de garantía de ingresos mínimos que reglamentariamente se determine.

Artículo dieciséis.

Uno. Serán beneficiarios del subsidio a que se refiere el apartado c) del artículo doce, dos, los minusválidos mayores de edad, carentes de medios económicos, cuyo grado de minusvalía exceda del que reglamentariamente se determine y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

Dos. Las previsiones contenidas en el artículo catorce, así como las relativas a la percepción de prestaciones pecuniarias por análogo motivo, son de aplicación al subsidio regulado en el presente artículo.

Artículo diecisiete.

Los minusvalidos con problemas graves de movilidad que reunan los requisitos que se establezcan reglamentariamente tendrán asimismo derecho a la percepción del subsidio a que se refiere el apartado c) del artículo doce, dos, cuya cuantía será fijada por Decreto.

TÍTULO VI

De la rehabilitación

Artículo dieciocho.

Uno. Se entiende por rehabilitación el proceso dirigido a que los minusválidos adquieran su máximo nivel de desarrollo personal y su integración en la vida social, fundamentalmente a través de la obtención de un empleo adecuado.

Dos. Los procesos de rehabilitación podrán comprender:

a) Rehabilitación médico-funcional.

b) Tratamiento y orientación psicológica.

c) Educación general y especial.

d) Recuperación profesional.

Tres. El Estado fomentará y establecerá el sistema de rehabilitación, que estará coordinado con los restantes servicios sociales, escolares y laborales, en las menores unidades posibles, para acercar el servicio a los usuarios y administrado descentralizadamente.

Sección primera. De la rehabilitación médico-funcional

Artículo diecinueve.

Uno. La rehabilitación médico-funcional, dirigida a dotar de las condiciones precisas para su recuperación a aquellas personas que presenten una disminución de su capacidad física, sensorial o psíquica, deberá comenzar de forma inmediata a la detección y al diagnóstico de cualquier tipo de anomalía o deficiencia, debiendo continuarse hasta conseguir el máximo de funcionalidad, así como el mantenimiento de ésta.

Dos. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, toda persona que presente alguna disminución funcional. calificada según lo dispuesto en esta Ley, tendrá derecho a beneficiarse de los procesos de rehabilitación médica necesarios para corregir o modificar su estado físico, psíquico o sensorial cuando éste constituya un obstáculo para su integración educativa laboral y social.

Tres. Los procesos de rehabilitación se complementarán con el suministro, la adaptación, conservación y renovación de aparatos de prótesis y órtesis, así como los vehículos y otros elementos auxiliares para los minusválidos cuya disminución lo aconseje.

Artículo veinte.

El proceso rehabilitador que se inicie en instituciones específicas se desarrollará en intima conexión con los centros de recuperación en donde deba continuarse y proseguirá, si fuera necesario, como tratamiento domiciliario, a través de equipos móviles multiprofesionales.

Artículo veintiuno.

El Estado intensificará la creación, dotación y puesta en funcionamiento de los servicios e instituciones de rehabilitación y recuperación necesarios y debidamente diversificados, para atender adecuadamiente a los minusválidos, tanto en zonas rurales como urbanas, y conseguir su máxima integración social y fomentará la formación de profesionales, así como la investigación, producción y utilización de órtesis y prótesis.

Sección segunda. Del tratamiento y orientación psicológica

Artículo veintidós.

Uno. El tratamiento y la orientación psicológica estarán presentes durante las distintas fases del proceso rehabilitador, e irán encaminadas a lograr del minusválido la superación de su situación y el más pleno desarrollo de su personalidad.

Dos. El tratamiento y orientación psicológicas tendrán en cuenta las características personales del minusválido, sus motivaciones e intereses, así como los factores familiares y sociales que puedan condicionarle, y estarán dirigidos a potenciar al máximo el uso de sus capacidades residuales.

Tres. El tratamiento y apoyo psicológicos serán simultáneos a los tratamientos funcionales y, en todo caso, se facilitarán desde la comprobación de la minusvalía, o desde la fecha en que se inicie un proceso patológico que pueda desembocar en minusvalía.

Sección tercera. De la educación

Artículo veintitrés.

Uno. El minusválido se integrará en el sistema ordinario de la educación general, recibiendo, en su caso, los programas de apoyo y recursos que la presente Ley reconoce.

Dos. La Educación Especial será impartida transitoria o definitivamente, a aquellos minusválidos a los que les resulte imposible la integración en el sistema educativo ordinario y de acuerdo con lo previsto en el artículo veintiséis de la presente Ley.

Artículo veinticuatro.

En todo caso, la necesidad de la educación especial vendrá determinada, para cada persona, por la valoración global de los resultados del estudio diagnóstico previo de contenido pluridimensional.

Artículo veinticinco.

La educación especial se impartirá en las instituciones ordinarias, públicas o privadas, del sistema educativo general, de forma continuada, transitoria o mediante programas de apoyo, según las condiciones de las deficiencias que afecten a cada alumno y se iniciará tan precozmente como lo requiera cada caso, acomodando su ulterior proceso al desarrollo psicobiológico de cada sujeto y no a criterios estrictamente cronológicos.

Artículo veintiséis.

Uno. La educación especial es un proceso integral, flexible y dinámico, que se concibe para su aplicación personalizada y comprende los diferentes niveles y grados del sistema de enseñanza, particularmente los considerados obligatorios y gratuitos, encaminados a conseguir la total integración social del minusválido.

Dos. Concretamente, la educación especial tenderá a la consecución de los siguientes objetivos:

a) La superación de las deficiencias y de las consecuencias o secuelas derivadas de aquéllas.

b) La adquisición de conocimientos y hábitos que le doten de la mayor autonomía posible.

c) La promoción de todas las capacidades del minusválido para el desarrollo armónico de su personalidad.

d) La incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que permita a los minusválidos servirse y realizarse a sí mismos.

Artículo veintisiete.

Solamente cuando la profundidad de la minusvalía lo haga imprescindible, la educación para minusvalidos se llevará a cabo en Centros específicos. A estos efectos funcionarán en conexión con los Centros ordinarios, dotados de unidades de transición para facilitar la integración de sus alumnos en Centros Ordinarios.

Artículo veintiocho.

Uno. La educación especial, en cuanto proceso integrador de diferentes actividades, deberá contar con el personal interdisciplinario técnicamente adecuado que, actuando como equipo multiprofesional, garantice las diversas atenciones que cada deficiente requiera.

Dos. Todo el personal que, a través de las diferentes profesiones y en los distintos niveles, intervenga en la educación especial deberá poseer, además del título profesional adecuado a su respectiva función, la especialización, experiencia y aptitud necesarias.

Tres. Los equipos multiprofesionales previstos en el artículo diez elaborarán las orientaciones pedagógicas individualizadas, cuya aplicación corresponderá al profesorado del Centro. Estos mismos equipos efectuarán periódicamente el seguimiento y evaluación del proceso integrador del minusválido en las diferentes actividades, en colaboración con dicho Centro.

Artículo veintinueve.

Todos los hospitales, tanto infantiles como de rehabilitación, así como aquellos que tengan Servicios Pediátricos Permanentes, sean de la Administración del Estado, de los Organismos Autónomos de ella dependientes, de la Seguridad Social, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, así como los hospitales privados, que regularmente ocupen cuando menos la mitad de sus camas, con enfermos cuya estancia y atención sanitaria sean abonadas con cargo a recursos públicos, tendrán que contar con una sección pedagógica para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los alumnos en edad escolar internados en dichos hospitales.

Artículo treinta.

Los minusválidos, en su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad de la enseñanza, en las instituciones de carácter general, en las de atención particular y en los centros especiales, de acuerdo con lo que dispone la Constitución y las de leyes que la desarrollan.

Artículo treinta y uno.

Uno. Dentro de la educación especial se considerará la formación profesional del minusválido de acuerdo con lo establecido en los diferentes niveles del sistema de enseñanza general y con el contenido de los artículos anteriores.

Dos. Los minusválidos que cursen estudios universitarios cuya minusvalía les dificulte gravemente la adaptación al régimen de cnovocatorias establecido con carácter general, podrán solicitar y los centros habrán de conceder la ampliación del número de las mismas en la medida que compense su dificultad. Si mengua del nivel exigido, las pruebas se adaptarán, en su caso, a las características de la minusvalía que presente el interesado.

Tres. A efectos de la participación en el control y gestión previstos en el Estatuto de Centros Escolares, se tendrá en cuenta la especialidad de esta Ley en lo que se refiere a los equipos especializados.

Sección cuarta. De la recuperación profesional

Artículo treinta y dos.

Uno. Los minusválidos en edad laboral tendrán derecho a beneficarse de las prestaciones de recuperación profesional de la Seguridad Social en las condiciones que establezcan en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.

Dos. Los procesos de recuperación profesional comprenderán, entre otras, las siguientes prestaciones:

a) Los tratamientos de rehabilitación médico-funcional, regulados en la sección primera de este título.

b) La orientación profesional.

c) La formación, readaptación o reeducación profesional.

Artículo treinta y tres.

La orientación profesional será prestada por los correspondientes servicios, teniendo en cuenta las capacidades reales del minusválido, determinadas en base a los informes de los equipos multiprofesionales. Asimismo se tomarán en consideración la educación escolar efectivamente recibida y por recibir, los deseos de promoción social y las posibilidades de empleo existentes en cada caso, así como la atención a sus motivaciones aptitudes y preferencias profesionales.

Artículo treinta y cuatro.

Uno. La formación, readaptación o reeducación profesional que podrá comprender, en su caso, una preformación general hásica, se impartirá de acuerdo con la orientación profesional prestada con anterioridad, siguiendo los criterios establecidos en el artículo tercero de esta Ley, y en la sección segunda del presente título.

Dos. Las actividades formativas podrán impartirse, además de en los Centros de carácter general o especial dedicados a ello, en las Empresas, siendo necesario en este último supuesto, la formalización de un contrato especial de formación profesional entre el minusválido o, en su caso, el representante legal, y el empresario, cuyo contenido básico deberá ser fijado por las normas de desarrollo de la presente Ley, en relación con lo dispuesto en el artículo once del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo treinta y cinco.

Uno. Las prestaciones a que se refiere la presente sección podrán ser complementadas, en su caso, con otras medidas adicionales que faciliten al beneficiario el logro del máximo nivel de desarrollo personal y favorezcan su plena integración en la vida social.

Dos. Los beneficiarios de la prestación de recuperación del sistema de Seguridad Social podrán beneficiarse, asimismo, de las medidas complementarias a que se refiere el apartado anterior.

Artículo treinta y seis.

Uno. Los procesos de recuperación profesional serán prestados por los servicios de recuperación y rehabilitación de la Seguridad Social, previa la fijación para cada beneficiario del programa individual que se estime procedente.

Dos. A tales efectos, por los Ministerios competentes, en el plazo de un año, se elaborará un plan de actuación en la materia, en el que, en base al principio de sectorización, se prevean los Centros y Servicios necesarios, teniendo presente la coordinación entre las fases médica, escolar y laboral del proceso de rehabilitación y la necesidad de garantizar a los minusválidos residentes en zonas rurales el acceso a los procesos de recuperación profesional.

Tres. La dispensación de los tratamientos recuperadores será gratuita.

Cuatro. Quienes reciban las prestaciones de recuperación profesional percibirán un subsidio en las condiciones que determinen las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.

TÍTULO VII

De la integración laboral

Artículo treinta y siete.

Será finalidad primordial de la política de empleo de trabajadores minusválidos su integración en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido que se menciona en el artículo cuarenta y uno.

Artículo treinta y ocho.

Uno. Las Empresas públicas y privadas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de cincuenta vendrán obligadas a emplear un número de trabajadores minusválidos no inferior al dos por ciento de la plantilla.

Dos. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales de las Empresas que supongan en contra de los minusválidos discriminaciones en el empleo, en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones de trabajo.

Tres. En las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Administración Local, lnstitucional y de la Seguridad Social, serán admitidos los minusválidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.

Las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes se acreditarán en su caso mediante dictamen vinculante expedido por el equipo multiprofesional competente, que deberá ser emitido con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas.

Cuatro. Se fomentará el empleo de los trabajadores minusválidos mediante el establecimiento de ayudas que faciliten su integración laboral. Estas ayudas podrán consistir en subvenciones o préstamos para la adaptación de los puestos de trabajo, la eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten su acceso y movilidad en los Centros de producción, la posibilidad de establecerse como trabajadores autónomos, el pago de las cuotas de la Seguridad Social y cuantas otras se consideran adecuadas para promover la colocación de los minusválidos, especialmente la promoción de Cooperativas.

Artículo treinta y nueve.

Uno. Corresponde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de las Oficinas de Empleo del Instituto Nacional de Empleo, la colocación de los minusválidos que finalicen su recuperación profesional cuando ésta sea precisa.

Dos. A los efectos de aplicación de beneficios que la presente Ley y sus normas de desarrollo reconozcan, tanto a los trabajadores minusválidos como a las Empresas que los empleen, se confeccionará por parte de las Oficinas de Empleo un registro de trabajadores minusválidos demandantes de empleo, incluidos en el censo general de parados.

Tres. Para garantizar la eficaz aplicación de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, y lograr la adecuación entre las condiciones personales del minusválido y las características del puesto de trabajo, se establecerá, reglamentariamente, la coordinación entre las Oficinas de Empleo y los equipos multiprofesionales previstos en la presente Ley.

Artículo cuarenta.

Uno. En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se dictarán las normas de desarrollo sobre el empleo selectivo regulado en la sección tercera del capítulo VII del título II de la Ley General de la Seguridad Social, coordinando las mismas con lo dispuesto en la presente Ley.

Dos. En las citadas normas se regularán específicamente las condiciones de readmisión, por las Empresas, de sus propios trabajadores, una vez terminados los correspondientes procesos de recuperación.

Artículo cuarenta y uno.

Uno. Los minusválidos que por razón de la naturaleza o de las consecuencias de sus minusvalías no puedan, provisional o definitivamente, ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales, deberán ser empleados en centros Especiales de Empleo, cuando su capacidad de trabajo sea igual o superior a un porcentaje de la capacidad habitual que se fijará por la correspondiente norma reguladora de la relación laboral de carácter especial de los trabajadores minusválidos que presten sus servicios en Centros Especiales de Empleo.

Dos. Cuando la capacidad residual de los minusválidos no alcanzara el porcentaje establecido en el apartado anterior, accederán en su caso a los Centros Ocupacionales previstos en el título VIII de esta Ley.

Tres. Los equipos multiprofesionales de valoración previstos en el artículo diez determinarán, en cada caso, mediante resolución motivada, las posibilidades de integración real y la capacidad de trabajo de los minusválidos a que se refieren los apartados anteriores.

Artículo cuarenta y dos.

Uno. Los Centros Especiales de Empleo son aquellos cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores minusválidos; a la vez que sea un medio de integración del mayor número de minusválidos al régimen de trabajo normal.

Dos. La totalidad de la plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por trabajadores minusválidos, sin perjuicio de las plazas en plantilla del personal no minusválido imprescindible para el desarrollo de la actividad.

Artículo cuarenta y tres.

Uno. En atención a las especiales características que concurren en los Centros Especiales de Empleo y para que éstos puedan cumplir la función social requerida, las Administraciones Públicas podrán, de la forma en que reglamentariamente se determine, establecer compensaciones económicas, destinadas a los Centros, para ayudar a la viabilidad de los mismos, estableciendo para ello, además, los mecanismos de control que se estimen pertinentes.

Dos. Los criterios para establecer dichas compensaciones económicas serán que estos Centros Especiales de Empleo reúnan las condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de lucro.

Artículo cuarenta y cuatro.

Los trabajadores minusválidos empleados en los Centros Especiales de Empleo quedarán incluidos en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, dictándose por el Gobierno las normas específicas de sus condiciones de trabajo y de Seguridad social, en atención a las peculiares características de su actividad laboral.

Artículo cuarenta y cinco.

Uno. Los Centros Especiales de Empleo podrán ser creados tanto por Organismos públicos y privados como por las Empresas, siempre con sujeción a las normas legales, reglamentarias y convencionales, que regulen las condiciones de trabajo.

Dos. Las Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus competencias y a través del estudio de necesidades sectoriales, promoverán la creación y puesta en marcha de Centros Especiales de Empleo, sea directamente o en colaboración con otros Organismos o Entidades, a la vez que fomentarán la creación de puestos de trabajo especiales para minusválidos mediante la adopción de las medidas necesarias para la consecución de tales finalidades. Asimismo, vigilarán, de forma periódica y rigurosa, que los minusválidos sean empleados en condiciones de trabajo adecuadas.

Artículo cuarenta y seis.

Los equipos multiprofesionales de valoración deberán someter a revisiones periódicas a los minusválidos empleados en los Centros Especiales de Empleo a fin de impulsar su promoción teniendo en cuenta el nivel de recuperación y adaptación laboral alcanzado.

Artículo cuarenta y siete.

Uno. Aquellos minusválidos en edad laboral, cuya capacidad esté comprendida entre los grados mínimo y máximo que se fijen de conformidad con lo previsto en el artículo séptimo, que no cuenten con un puesto laboral retribuido por causas a ellos no imputables, tendrán derecho a percibir el subsidio de garantía de ingresos mínimos establecido en el artículo quince, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro previsto en el artículo treinta y nueve punto dos, siempre que reúnan los mismos requisitos de orden económico establecidos en el artículo quince y por el período máximo establecido para las prestaciones por desempleo en la Ley Básica de Empleo.

Dos. El derecho a la percepción del subsidio quedará subordinado al previo cumplimiento, por parte del beneficiario, de aquellas medidas de recuperación profesional que, en su caso, se le hubiesen prescrito.

Artículo cuarenta y ocho.

El pago del subsidio de garantía de ingresos mínimos se hará efectivo mientras subsista la situación de paro, y supuesto que el minusválido parado no haya rechazado una oferta de empleo adecuada a sus aptitudes físicas y profesionales.

TÍTULO VIII

De los servicios sociales

Artículo cuarenta y nueve.

Los servicios sociales para los minusválidos tienen como objetivo garantizar a éstos el logro de adecuados niveles de desarrollo personal y de integración en la comunidad, así como la superación de las discriminaciones adicionales padecidas por los minusválidos que residan en las zonas rurales.

Artículo cincuenta.

La actuación en materia de servicios sociales para minusválidos se acomodará a los siguientes criterios:

a) Todos los minusválidos, sin discriminación alguna, tienen derecho a las prestaciones de los servicios sociales.

b) Los servicios sociales podrán ser prestados tanto por las Administraciones Públicas como por Instituciones o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro.

c) Los servicios sociales para minusválidos, responsabilidad de las Administraciones Públicas, se prestarán por las Instituciones y Centros de carácter general a través de los cauces y mediante los recursos humanos, financieros y técnicos de carácter ordinario salvedad hecha de cuando, excepcionalmente, las características de las minusvalías exijan una atención singularizada.

d) La prestación de los servicios sociales respetará al máximo la permanencia de los minusválidos en su medio familiar y en su entorno geográfico, mediante la adecuada localización de los mismos, a la vez que deberá contemplar, especialmente, la problemática peculiar de los disminuidos que habitan en zonas rurales.

e) Se procurará hasta el límite que impongan los distintos tipos de minusvalías la participación de los propios minusválidos, singularmente en el caso de los adultos, en las tareas comunes de convivencia, de dirección y de control de los servicios sociales.

Artículo cincuenta y uno.

Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta Ley, los minusválidos tendrán derecho a los servicios sociales de orientación familiar, de información y orientación, de atención domiciliaria, de residencias y hogares comunitarios, de actividades culturales, deportivas, ocupación del ocio y del tiempo libre.

Dos. Además, y como complemento de las medidas específicamente previstas en esta Ley, podrán dispensarse con cargo a las consignaciones que figuren al efecto en el capítulo correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado, servicios y prestaciones económicas a los minusválidos que se encuentren en situación de necesidad y que carezcan de los recursos indispensables para hacer frente a la misma.

Artículo cincuenta y dos.

Uno. La orientación familiar tendrá como objetivo la información a las familias, su capacitación y entrenamiento para atender a la estimulación y maduración de los hijos minusválidos y a la adecuación del entorno familiar a las necesidades rehabilitadores de aquéllos.

Dos. Los servicios de orientación e información deben facilitar al minusválido el conocimiento de las prestaciones y servicios a su alcance, así como las condiciones de acceso a los mismos.

Tres. Los servicios de atención domiciliaria tendrán como cometido la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico, así como la prestación rehabilitadora tal y como ya dispone el artículo diecinueve de la presente Ley, todo ello sólo para aquellos minusválidos cuyas situaciones lo requieran.

Cuatro. Los servicios de residencias y hogares comunitarios tienen como objetivo atender a las necesidades básicas de aquellos minusválidos carentes de hogar y familia o con graves problemas de integración familiar.

Estas residencias y hogares comunitarios podrán ser promovidos por las Administraciones Públicas, por los propios minusválidos y por sus familias. En la promoción de residencia y hogares comunitarios, realizados por los propios minusválidos y por sus familias, éstos gozarán de la protección prioritaria por parte de las Administraciones Públicas.

Cinco. Las actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre se desarrollarán siempre que sea posible, en las instalaciones y con los medios ordinarios de la comunidad. Sólo de forma subsidiaria o complementaria podrán establecerse servicios y actividades específicas para aquellos casos en que, por la gravedad de la minusvalía, resultara imposible la integración.

A tales efectos, en las normas previstas en el artículo cincuenta y cuatro de esta Ley, se adoptarán las previsiones necesarias para facilitar el acceso de los minusválidos a las instalaciones deportivas, recreativas y culturales.

Seis. Sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas con carácter general en la presente Ley, y cuando la profundidad de la minusvalía lo hiciera necesario, la persona minusválida tendrá derecho a residir y ser asistida en un establecimiento especializado.

Artículo cincuenta y tres.

Uno. Los Centros Ocupacionales tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a los minusválidos cuya acusada minusvalía temporal o permanente les impida su integración en una Empresa o en un Centro Especial de Empleo.

Dos. Las Administraciones Públicas, de acuerdo a sus competencias, dictarán las normas específicas correspondientes, estableciendo las condiciones de todo tipo que deberán reunir los Centros Ocupacionales para que sea autorizada su creación y funcionamiento.

Su creación y sostenimiento serán competencia tanto de dichas Administraciones Públicas como de las Instituciones o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, atendiendo estas últimas, en todo caso, a las normas que para su creación y funcionamiento se dicten de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior.

TÍTULO IX

Otros aspectos de la atención a los minusválidos

Sección primera. Movilidad y barreras arquitectónicas

Artículo cincuenta y cuatro.

Una. La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique la concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a los minusválidos.

Dos. Quedan únicamente excluidas de la obligación anterior las reparaciones que exigieran la higiene, el ornato y la normal conservación de los inmuebles existentes, así como las obras de reconstrucción o conservación de los monumentos de interés histórico o artístico.

Tres. A tal fin, las Administraciones Públicas competentes aprobarán las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas conteniendo las condiciones a que deberán ajustarse los proyectos, el catálogo de edificios a los que serán de aplicación las mismas y el procedimiento de autorización, fiscalización y en su caso, sanción.

Artículo cincuenta y cinco.

Uno. Las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines existentes y cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptados gradualmente, de acuerdo con el orden de prioridades que reglamentariamente se determine, a las reglas y condiciones previstas en las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas a que se refiere el artículo anterior.

Dos. A tal fin, los Entes públicos habilitarán en sus presupuestos las consignaciones necesarias para la financiación de esas adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependan.

Tres. Al mismo tiempo, fomentarán la adaptación de los inmuebles de titularidad privada, mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones.

Cuatro. Además, las Administraciones urbanísticas deberán considerar, y en su caso incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes municipales de ordenación urbana que formulen o aprueben.

Artículo cincuenta y seis.

Los Ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de adaptar las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter general, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a los fines previstos en este artículo.

Artículo cincuenta y siete.

Uno. En los proyectos de viviendas de protección oficial y viviendas sociales, se programará un mínimo del tres por ciento con las características constructivas suficientes para facilitar el acceso de los minusválidos, así como el desenvolvimiento normal de sus actividades motrices y su integración en el núcleo en que habiten.

Dos. La obligación establecida en el párrafo anterior alcanzará, igualmente, a los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que se construyan promuevan o subvencionen por las Administraciones Públicas y demás Entidades dependientes o vinculadas al sector público. Por las Administraciones Públicas competentes se dictarán las disposiciones reglamentarias para garantizar la instalación de ascensores con capacidad para transportar simultáneamente una silla de ruedas de tipo normalizado y una persona no minusválida.

Tres. Por las Administraciones Públicas se dictarán las normas técnicas básicas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los dos apartados anterioses.

Cuatro. Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios e instalaciones que constituyan un complejo arquitectónico, éste se proyectará y construirá en condiciones que permitan, en todo caso, la accesibilidad de los disminuidos a los diferentes inmuebles e instalaciones complementarias.

Artículo cincuenta y ocho.

Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores las normas técnicas básicas sobre edificación incluirán previsiones relativas a las condiciones mínimas que deberán reunir los edificios de cualquier tipo para permitir la accesibilidad de los minusválidos.

Dos. Todas estas normas deberán ser recogidas en la fase de redacción de los proyectos básicos y de ejecución, denegándose los visados oficiales correspondientes, bien de Colegios Profesionales o de Oficinas de Supervisión de los distintos Departamentos ministeriales, a aquellos que no las cumplan.

Artículo cincuenta y nueve.

Al objeto de facilitar la movilidad de los minusválidos, en el plazo de un año se adoptarán medidas técnicas en orden a la adaptación progresiva de los transportes públicos colectivos.

Artículo sesenta.

Por los Ayuntamientos se adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a los minusválidos con problemas graves de movilidad.

Artículo sesenta y uno.

Se considerará rehabilitación de la vivienda, a efectos de la obtención de subvenciones y préstamos con subvención de intereses, las reformas que los minusválidos, por causa de su minusvalía, tengan que realizar en su vivienda habitual y permanente.

Sección segunda. Del personal de los distintos servicios

Artículo sesenta y dos.

Uno. La atención y prestación de los servicios que requieran los minusválidos en su proceso de recuperación e integración deberán estar orientadas, dirigidas y realizadas por personal especializado.

Dos. Este proceso, por la variedad, amplitud y complejidad de las funciones que abarca, exige el concurso de diversos especialistas que deberán actuar conjuntamente como equipo multiprofesional.

Artículo sesenta y tres.

Uno. El Estado adoptará las medidas pertinentes para la formación de los diversos especialistas, en número y con las cualificaciones necesarias para atender adecuadamente los diversos servicios que los minusválidos requieren, tanto a nivel de detección y valoración como educativo y de servicios sociales.

Dos. El Estado establecerá programas permanentes de especialización y actualización, de carácter general y de aplicación especial para las diferentes deficiencias, así como sobre modos específicos de recuperación, según la distinta problemática de las diversas profesiones.

Artículo sesenta y cuatro.

Uno. El Estado fomentará la colaboración del voluntariado en la atención de los disminuidos promoviendo la constitución y funcionamiento de instituciones sin fin de lucro que agrupen a personas interesadas en esta actividad, a fin de que puedan colaborar con los profesionales en la realización de actuaciones de carácter vocacional en favor de aquéllos.

Dos. Las funciones que desempeñe dicho personal vendrán determinadas, en forma permanente, por la prestación de atenciones domiciliarias y aquellas otras que no impliquen una permanencia en el servicio ni requieran especial cualificación.

Tres. Por los poderes públicos se procurará orientar hacia la atención de los disminuidos, a quienes resulten obligados a la realización de una prestación civil sustitutoria respecto del cumplimiento del servicio militar, y a quienes se incorporen al servicio civil para la atención de fines de interés general de conformidad con lo previsto en los artículos treinta, dos y tres, de la Constitución y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo.

TÍTULO X

Gestión y financiación

Artículo sesenta y cinco.

Uno. En el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno efectuará la reorganización administrativa en orden a la atención integral a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales que racionalice, simplifique y unifique los órganos de la Administración actualmente existentes y coordine racionalmente sus competencias.

Dos. La organización administrativa expresada en el apartado anterior deberá contemplar, especialmente, la planificación de la política general de atención a minusválidos; la descentralización de los servicios mediante la sectorización de los mismos; la participación democrática de los beneficiarios, por sí mismos o a través de sus legales representantes y de los profesionales del campo a la deficiencia directamente o a través de Asociaciones específicas; la financiación pública de las actuaciones encaminadas a la atención integral de los disminuidos; la elaboración, programación, ejecución, control y evaluación de los resultados de una planificación regional, y la integración de dicha planificación en el contexto de los servicios generales sanitarios, educativos, laborales y sociales, y en el programa nacional de desarrollo socio-económico.

Artículo sesenta y seis.

La financiación de las distintas prestaciones, subsidios, atenciones y servicios contenidos en la presente Ley se efectuará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y a los de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, de acuerdo con las competencias que les correspondan respectivamente. En dichos presupuestos deberán consignarse de manera específica las dotaciones correspondientes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las actuales Unidades de Valoración quedan integradas, con sus correspondientes dotaciones Presupuestarias actuales en los equipos multiprofesionales que contempla la presente Ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

En las Leyes y en las disposiciones de carácter reglamentario que, promulgadas a partir de la entrada en vigor de esta Ley, regulen con carácter general los distintos aspectos de la atención a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales contemplados en esta Ley, se incluirán preceptos que reconozcan el derecho de los disminuidos a las prestaciones generales y, en su caso, la adecuación de los principios generales a las peculiaridades de los minusválidos.

Segunda.

Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo previsto en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno someterá a las Cortes un proyecto de ley que modifique los títulos IX y X del Libro I del vigente Código Civil, en relación con la incapacidad y sistema tutelar de las personas deficientes.

Segunda.

En el plazo de un año someterá el Gobierno a las Cortes un proyecto que modifique el artículo trescientos ochenta, siguientes y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tercera.

Se autoriza al Gobierno para modificar por Decreto, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las disposiciones reguladoras de la invalidez contenidas en la Ley General de la Seguridad Social, adaptándolas a lo dispuesto en la presente Ley.

Cuarta.

Se modifica el artículo ciento treinta y dos de la Ley de la Seguridad Social, texto refundido, para que no sea necesaria el alta médica para la valoración de la invalidez permanente, cuyas secuelas son definitivas.

Quinta.

Se modifica el artículo ciento treinta y cinco de la Ley de Seguridad Social, texto refundido, por el que se exige para la declaración de gran invalidez estar afecto de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. La gran invalidez no implica necesariamente la incapacidad permanente absoluta para toda clase de trabajo.

Sexta.

De conformidad con lo previsto en el artículo dos del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno, en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, aprobará las disposiciones reguladoras de trabajo de las personas con capacidad física, psíquica o sensorial disminuida que presten servicios laborales en los Centros de Empleo Especial a que se refiere la presente Ley.

Séptima.

Para adecuar el coste de los derechos contenidos en esta Ley de Integración Social de los Minusválidos a las disponibilidades presupuestarias que permita la situación económica del país, se establece la siguiente lista de prioridades, que las Administraciones Públicas deberán atender inexcusablemente, en la forma indicada abajo. De todos modos, el coste total de la presente Ley debe estar plenamente asumido en el plazo máximo de diez años a partir de su entrada en vigor.

Dichas prioridades serán las siguientes para los dos primeros años de aplicación de la Ley:

Primera.-Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica.

Segunda.-Servicios sociales, en especial los Centros ocupacionales para minusválidos profundos y grandes inválidos.

Tercera.-Subsidio de ingresos mínimos, mediante aumentos porcentuales, que se realizarán de forma progresiva y continuada, y que se determinarán reglamentariamente, empezando con un mínimo que sea superior a las actuales percepciones por este concepto.

Cuarta.-Subsidio por ayuda de tercera persona.

Quinta.-Subsidio de movilidad y compensación de transporte.

Sexta.-Normativa sobre Educación Especial.

Séptima.-Normativa sobre movilidad y barreras arquitectónicas.

Octava.-Normativa sobre Centros Especiales de Empleo.

Novena.-Normativa sobre los equipos multiprofesionales.

Décima.-Normativa sobre los programas permanentes de especialización y actualización previstos en el artículo sesenta y tres, dos.

El resto de las prestaciones, subsidios, atenciones y servicios podrán ser desarrolladas con posterioridad al plazo antes indicado, en función de las necesidades generadas por la aplicación de la presente Ley.

Este desarrollo deberá hacerse de manera progresiva y continuada, para que en cada bienio, basta llegar al plazo máximo de diez años fijados anteriormente, se pongan en marcha las prestaciones, subsidios, atenciones y servicios previstos en esta Ley o se completen los ya iniciados.

Octava.

Quedan derogadas cuantas normas sean contrarias a la presente Ley.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a siete de abril de mil novecientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

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DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: TÍTULO PRIMERO Principios generales Artículo uno.

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Además de las leyes que existen en el ámbito laboral para las personas con diversidad funcional, hay que destacar la imagen social frente a las personas con diversidad funcional.
Muy poca gente imagina tener un compañero/a con alguna diversidad, y mucho menos un jefe/a.
Aquí os dejamos un vídeo que muestra la realidad social frente a las personas con diversidad funcional en ámbitos de trabajo.

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¿Cómo reaccionarías si te entrevistase una persona con síndrome de Down? - El Hormiguero 3.0

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¡Hola! Somos Ángela, Andrea, Irene y Rebeca, estudiantes de Trabajo Social. En este espacio trataremos de informar sobre la situación de las personas con diversidad funcional en el ámbito laboral. Esperemos que nos leáis y que nos preguntéis cualquier duda o curiosidad. ¡Bienvenidas y bienvenidos a nuestro pequeño espacio!

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Conocer la situación actual de las personas con diversidad funcional en el ámbito laboral

Identificar las necesidades, preocupaciones y problemáticas de las personas con diversidad funcional en materia de empleo

Concienciar y promover la superación de prejuicios y estereotipos hacia las personas con diversidad funcional en el ámbito laboral

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La diversidad funcional es un término que ha surgido como una alternativa, para así sustituir el concepto de discapacidad, ya que éste, puede estar considerado como peyorativo. Este concepto fue acuñado en 2005 por Javier Romañach, en el "foro de Vida Independiente y Divertida" que es un foro donde personas de toda España reflexionan y luchan por los derechos de las personas con diversidad funcional. Esta comunidad esta estrechamente relacionada con el Movimiento de Vida Independiente (MVI), un movimiento social impulsado por un grupo de personas con diversidad funcional que necesitaban asistencia personal para realizar actividades diarias.
Según Romañach y Lobato (2005) “el término diversidad funcional se ajusta a una realidad en la que una persona funciona de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad”

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A pesar de existir una normativa vigente que obliga a las empresas publicas o privadas, a reservar un 2% de la plantilla (cuando ésta está conformada por más de 50 personas) en el Art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la verdad es que a día de hoy, el acceso al mercado laboral sigue siendo uno de los principales problemas de estas personas.

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¡HOLA! Hoy os traemos una de las opciones laborales para las personas con diversidad funcional, pueden ser los centros ocupacionales.
Un centro ocupacional está dirigido a la ocupación terapéutica para el ajuste personal, técnicas profesionales para la integración laboral y actividades convivenciales para la integración social de las personas con diversidad funcional. Es un recurso que podemos encontrar en la web de la Generalitat, os dejamos el enlace para más información.

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Definició

Són centres dirigits a proporcionar a persones amb discapacitat ocupació terapèutica per al seu ajustament personal, tècniques professionales per a la seua integració laboral i activitats convivenciales per a la seua integració social.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat en edat laboral que no puguen integrar-se en un centre especial d'ocupació o empresa ordinària.

Ubicació

En zones amb suficient demanda que evite els desplaçaments llargs i on es puguen utilitzar els transports públics per part dels beneficiaris.

Capacitat

El nombre de places no serà inferior a 20 ni superior a 80.

Prestacions

Les prestacions seran:

Activitats ocupacionals pre-laborals.

Formació laboral

Orientació laboral.

Formació d'hàbits d'autonomía.

Tècnicas de socialització.

Teràpia i rehabilitació

Oci i temps lliure.

Servicis complementaris de transport i menjador.

Suport a la familia.

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Centre Ocupacional per a persones amb discapacitat - Generalitat Valenciana

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Són centres dirigits a proporcionar a persones amb discapacitat ocupació terapèutica per al seu ajustament personal, tècniques professionales per a la seua integració laboral i activitats convivenciales per a la seua integració social. Persones amb discapacitat en edat laboral que no puguen integrar-se en un centre especial d'ocupació o empresa ordinària.

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EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSERCIÓN LABORAL

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EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSERCIÓN LABORAL

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Para acceder al mercado de trabajo, uno/a puede hacerlo en solitario, sabiendo dónde y cómo dirigirse, o puede hacerlo asesorado y acompañado por un/a profesional. En este segundo caso, puede ser útil en personas que presentan alguna dificultad añadida de cara a la inserción laboral.

¿En qué consiste?

• Un acompañamiento desde la concepción del itinerario hacia la inserción laboral como un proceso flexible y circular. Cada caso debe estudiarse de manera particular en función de los intereses y necesidades de la persona acompañada y los recursos de la organización que acompaña.

• El acompañamiento personalizado es fundamental para dar continuidad y coherencia a un proceso complejo y en el que frecuentemente intervienen diferentes agentes, entre éstos los trabajadorxs sociales. Plantea una intervención que establece un plan de trabajo ajustado al perfil de la persona y a su objetivo profesional, marcándose como objetivos a conseguir una pronta inserción y fomentar el empoderamiento de la persona implicada mediante la mejora de su ocupabilidad. El seguimiento personalizado permite llegar a la información sobre lo que la persona desea y necesita y, comprender la situación familiar o conocer el grado de desarrollo de algunas competencias.

• La capacidad de acceder a un puesto de trabajo y mantenerlo es lo que denominamos empleabilidad. Éste es un concepto multifactorial, que aglutina un conjunto de aspectos como la formación, los intereses, las competencias, la experiencia laboral, el conocimiento del mercado de trabajo, el entorno familiar y social o la salud. Éstos necesitan sumar esfuerzos y recursos, e intervenir de manera coordinada, contribuyendo cada uno desde su especialidad al objetivo último, que es la autonomía laboral de la persona acompañada.

Las características de este acompañamiento y la manera de trabajar la ocupabilidad deben ajustarse a las necesidades y disponibilidad de las personas. En el caso de personas con diversidad funcional, hay que centrar el foco en sus intereses, habilidades personales, nivel de formación, y, juntamente el tipo de dificultad concreta que tengan y el grado en que les afecte a la vida cotidiana. Todo ello deberá ser tenido en cuenta a la hora de orientarlas hacia el mercado de trabajo para encontrar aquella actividad en la que pueda desarrollar sus capacidades.

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Desde las asociaciones, ¿cómo se fomenta el empleo para personas con diversidad funcional?

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Buenas a todas. Esta semana queremos recopilar unos cuantos datos que hemos trabajado en clase. Según el vídeo de informe semanal "una de cada tres" que observamos en clase, Una de cada tres mujeres con diversidad funcional ha sufrido, sufre, o sufrirá violencia de género por parte de alguna pareja sentimental.
Además, y en relación con nuestro tema de trabajo, alrededor del 85% de mujeres con diversidad funcional que ha sufrido violencia de género no trabaja, no tiene acceso al mercado laboral como es debido y, en muchos casos, depende económicamente de su maltratador, lo cual empeora mucho más la situación de desprotección. Opinamos que un recurso fundamental para estas mujeres es tener la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo que les de independencia, puesto que como hemos dicho en el título, tener un empleo es un recurso muy relevante, y que puede marcar un antes y un después.

Si alguien no ha podido estar en clase, o no recuerda a que vídeo nos referimos, dejamos el enlace al vídeo y os recomendamos que lo veáis, dura 10 minutos y en nuestra opinión aporta muchos conceptos y aspectos que nosotras, en nuestra posición privilegiada de personas sin diversidad funcional, no habíamos tenido en cuenta.

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Informe Semanal - Una de cada tres - RTVE.es

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Informe Semanal - Una de cada tres. Informe Semanal online, completo y gratis en A la Carta. Todos los informativos online de Informe Semanal en RTVE.es A la Carta

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¿Qué es?

Es un movimiento de asociaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, en la Comunidad Valenciana. Es una ONG sin ánimo de lucro, además de la entidad más representativa del sector en la autonomía. Lo constituyen un total de 54 asociaciones, 6700 familias y más de 7000 personas con discapacidad intelectual, 183 Centros y casi 1500 profesionales.

¿Cómo trabajan la inclusión en el ámbito laboral?

Esta asociación trabaja conjuntamente con entidades y las administraciones públicas en la formación e inserción al empleo con personas con discapacidad intelectual.

Se lleva a cabo la metodología del empleo con apoyo y la oferta de servicios de empleo desde las entidades asociadas. Esta asociación realiza la labor de intermediación entre éstas asociaciones, empresas u organizaciones interesadas para desarrollar acciones de inclusión laboral. Además, preparan temarios de oposiciones, realizan acompañamiento en todo el proceso de oposiciones e imparten monográficos de temas concretos de oposiciones.

MÁS INFORMACIÓN EN: http://plenainclusioncv.org/

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¿QUE SE HACE DESDE LAS ASOCIACIONES DE EN MATERIA DE INCLUSIÓN LABORAL?

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¿QUE SE HACE DESDE LAS ASOCIACIONES DE EN MATERIA DE INCLUSIÓN LABORAL?

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Aprovechamos la pregunta de una compañera y trasladarlo al post de una manera mas visual...

Después de haber indagado en diferentes asociaciones que trabajan con y por las personas con diversidad funcional, en líneas generales, consideran muy importante la inclusión en el trabajo, ya que supone un motor muy importante en las personas con diversidad funcional. A grandes rasgos, llevan a cabo una metodología de trabajo de:

Orientación y asesoramiento para la búsqueda de empleo

Formación laboral mediante el uso de nuevas tecnologías u otros recursos

Diseño de itinerarios personalizados de inserción en base a sus intereses, necesidades y capacidades

Captación de ofertas de empleo

Dotación de apoyos dentro y fuera del entorno laboral, al trabajador, su familia y al empresario

Entrenamientos de las tareas del puesto de trabajo

Acompañamiento en todo el proceso de inserción laboral

Campañas de sensibilización y concienciación para las empresas y la sociedad en general

Mediación entre las personas con diversidad funcional de las asociaciones y las mismas empresas

Empoderamiento de la autonomía de las personas con diversidad funcional en base a sus potencialidades y capacidades

Pasaros por el post PLENA INCLUSIÓN. A modo de ejemplo, trabaja la inclusión laboral –entre otras vertientes-, con personas con discapacidad intelectual.

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Hola chicas, somos el grupo de familia y pasábamos por aquí porque queríamos saber ¿qué ventajas tienen los empresarios al contratar a personas con mas de un 33% de discapacidad? Un saludo!

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¿QUÉ VENTAJAS TIENEN LOS EMPRESARIOS AL CONTRATAR A PERSONAS CON UN 33% O MÁS DE DISCAPACIDAD?

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¿QUÉ VENTAJAS TIENEN LOS EMPRESARIOS AL CONTRATAR A PERSONAS CON UN 33% O MÁS DE DISCAPACIDAD?

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Las empresas, tanto públicas como privadas, tienen la obligación de contar con un 2% de persones con diversidad funcional, en el caso de plantillas de 50 o más personas; pero al margen de la ley, las empresas también reciben subvenciones, beneficios y ventajas fiscales por tenerlas. Una de estas bonificaciones está aplicada sobre la cuota de Seguridad Social, en la que si el contrato es por tiempo indefinido, y a tiempo completo, el empresario recibe un total de 4.500 euros/año por cada persona con discapacidad igual o superior al 33%; en caso de ser contrato temporal, la empresa recibe una cantidad de 3.500 euros/año por persona con discapacidad igual o superior al 33%. Estas cantidades se verán incrementadas en un total de 1.200 euros/año por contratar a personas mayores de 45 años, y un total de 850 euros/año en el caso de que la persona contratada sea mujer. Ambas bonificaciones son incompatibles, sólo se podrá disfrutar de la de mayor cuantía. También pueden recibir bonificaciones para la adaptación del puesto de trabajo, por un total de 901,52 euros; o una bonificación del 100% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social (incluyendo las de accidente de trabajo y las de enfermedad profesional).

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INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE DEL INFORME DEL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTATAL (datos 2018)

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INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE DEL INFORME DEL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTATAL (datos 2018)

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La característica principal de las personas en edad laboral discapacitadas es el alto número de inactivos. Las tres cuartas partes se concentran en los mayores de 45 años; y también por grado de discapacidad, al aumentar el grado aumenta el porcentaje de personas inactivas.

El perfil más frecuente del ocupado con discapacidad no varía aunque si se acentúa: trabaja, cada vez más, en actividades de servicios, contratado por cuenta ajena en un porcentaje cada vez mayor, y ganando peso en el sector privado. Su contrato es sobre todo indefinido perdiendo terreno, año a año, a los temporales; y con jornada completa, aunque igualmente la parcialidad es cada vez mayor. La única diferencia reseñable, es que en el último año el mayor número de ocupados se concentró en el gran grupo ocupacional de trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores.

La mayor frecuencia en la contratación entre las personas discapacitadas se produce entre los hombres, con una edad comprendida entre los 25 y 44 años, con estudios secundarios y con una discapacidad física. Trabaja en el sector servicios (perdiendo peso a favor de la industria) y actividades de jardinería, actividades de servicios sociales sin alojamiento (donde más activos ocupados tiene el colectivo) y servicios de comidas y bebidas, sumando las tres un 30 % de toda la contratación. Tiene una modalidad de contratación temporal con jornada completa (aunque igualmente perdiendo peso a favor de la parcialidad).

El paro es mayor entre las mujeres; por edad, en ambos casos, el paro incide más en el grupo de los mayores de 45 años, donde se concentra un porcentaje superior al 57% del total. El paro de larga duración afecta de forma importante: más de la mitad de los parados están en esta situación. Aunque se registra en los últimos años una tendencia a la baja sigue teniendo porcentajes mucho más elevados que los de años anteriores a la crisis.

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TABLA: TASAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD LABORAL

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TABLA: TASAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD LABORAL

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En la siguiente tabla, se puede observar las diferentes tasas de actividad, empleo y paro, en las personas con discapacidad y sin discapacidad, diferenciando, además, entre la tasa de las mujeres y hombres y, la tasa total.

En este sentido, se puede apreciar como la tasa de actividad es superior en las personas sin discapacidad, siendo de un 35% en personas con discapacidad y, de un 83% entre las personas sin discapacidad.

Así pues, la tasa de empleo se encuentra alrededor del 25% en las personas con discapacidad y un 64% en las personas sin discapacidad.

Por último, la tasa de paro es superior en personas con discapacidad, llegando a alcanzar el 26%. Para las personas sin discapacidad, la tasa se encuentra alrededor del 17%.

Entre las mujeres y los hombres, también existe una ligera diferencia entre el 1% sobre las diferentes tasas (actividad, empleo y paro), donde las mujeres salen más perjudicadas, tanto entre las personas con discapacidad y sin discapacidad.

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2019. INFORME DEL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTATAL (datos 2018)

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2019. INFORME DEL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTATAL (datos 2018)

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Para más información visitar el siguiente link de dónde se han extraído los datos:

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PREGUNTAS, DUDAS, APORTACIONES O CURIOSIDADES

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PREGUNTAS, DUDAS, APORTACIONES O CURIOSIDADES

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#EstoyPreparado: Campaña de la Confederación Autismo España para concienciar a la sociedad civil y, en particular, al tejido empresarial, sobre las capacidades de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) en el ámbito laboral y su derecho al empleo.

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#EstoyPreparado, ¿y tú? - Vídeo completo

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Fundación Universia y Fundación ONCE presentan en cooperación, este proyecto de fomento de la empleabilidad entre las mujeres con discapacidad, a través del teletrabajo. Con el objetivo de generar conocimiento en la cadena de valor de las organizaciones, Teledislab potencia el aprovechamiento máximo de los entornos virtuales laborales, sin caer en la obligatoriedad de la presencia física en el lugar de trabajo.

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Teledislab: Inserción laboral para mujeres con discapacidad

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'Mujeres en Modo ON', la nueva campaña de Inserta y Fundación ONCE que combate la doble discriminación que padecen ls mujeres con discapacidad

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¡Buenas tardes! Hoy queremos enseñaros el trabajo de Julian Van Horne, un defensor transgénero discapacitado que utiliza principalmente Instragram como una plataforma para expresar su misión a través de la escritura, el coaching de vida y el modelado. Os invitamos a que miréis su instagram  @thedisabledhippie y os dejamos el enlace dónde hemos encontrado el trabajo de Julian. Esperamos que os guste.

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Dearest Monsters,

It's been some time, hasn't it? Well, now we're back, and-in our humble opinion-better than ever. It's been a gruelling few weeks, and the past few days have gone by in a bit of a hazy, panicky blur, but-here it is: our second issue, Resummoning.

Choosing a name for this issue proved, in the end, a simple thing. There was no theme tying it together. However, the name seemed only appropriate given our return after our long, yawning hiatus. I cannot thank our contributors enough for their patience, understanding and support over the past few months. And I cannot thank you, the reader, enough for, even after all this time, finding something in our humble enterprise to keep coming back to.

Many of the artists in this issue, however, are new faces to our magazine: Ada Limón makes an appearance, taking us to the banks of "the muddy Mississippi"; Rebecca Cross' poetry paints a striking portrait of trauma and of disability, a portrait many of us will recognise as familiar; LC Elliott regales us with a tale of a ghostly manor-of changelings, and dark and stormy nights. These wonderful creators are only a handful of the inspired people who have made this issue of Monstering a treasure to behold-and we are sure all of you will agree.

We truly hope that you enjoy this new issue of Monstering. We hope that you glimpse something of yourself in these pieces, and we hope that you will follow us on our journey forward, wherever it may lead.

May this issue signify a new new beginning: we rise again now, and ask you to rise with us.

With monstrosity,

Zara Williams
Editor-in-Chief

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Dearest Monsters, It's been some time, hasn't it? Well, now we're back, and-in our humble opinion-better than ever. It's been a gruelling few weeks, and the past few days have gone by in a bit of a hazy, panicky blur, but-here it is: our second issue, Resummoning.

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¡Hola!
Estamos interesadas en saber un poco más sobre la distinción de género en materia laboral dentro del colectivo con diversidad funcional, ¿habéis encontrado mucha brecha salarial o veis conveniente mencionar algo encontrado sobre esto?

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Hola chicas, somos el otro grupo que ha escogido el ámbito laboral, sabríais decirnos ¿si yo tengo algún tipo de diversidad funcional y una empresa va a contratarme estoy obligada a decirselo?
Gracias!

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Hola chicas. Gracias a los artículos que hemos leído y a las noticias que hemos encontrado, podemos afirmar que las mujeres con algún tipo de diversidad funcional, sufren una doble exclusión. A la hora de encontrar un trabajo, cuentan con la dificultad de ser mujer y además, con la dificultad de pertenecer al colectivo de personas con diversidad funcional. Os dejamos una noticia que habla de este tema:

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La integración sociolaboral se podrá considerar efectiva para las personas con discapacidad si existe igualdad en el acceso y condiciones laborales con cualquier/a otro/a trabajador/a sin discapacidad. Con esta claridad apabullante lo demandan las tres investigadoras del informe 'Integración en el mercado laboral de mujeres con discapacidad atendiendo a su nivel de estudios' en el que se vuelve a evidenciar "la necesidad de incluir el enfoque de género de forma transversal en todas las actuaciones vinculadas a promover una mayor inclusión laboral de las mujeres con discapacidad".

La primera investigación sobre el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad desde la perspectiva de género, realizada en 1985 por Baldwin y Johnson, en EEUU, ya indicaba la doble discriminación que soportaban las mujeres con discapacidad norteamericanas por razón de género y discapacidad. En España, ocho años más tarde, sería Giménez y Ramos quien demostraría también que esta doble discriminación se acusa en nuestro país y, de paso, denunció con énfasis el "escaso interés de los/as investigadores/as para abordar el género en relación a la inclusión laboral en este sector de la población en España.

Entre los resultados del informe 'Integración en el mercado laboral de mujeres con discapacidad atendiendo a su nivel de estudios' se evidencia que la mayor parte de las diferencias de género observadas en la participación de personas con discapacidad en el mercado laboral reproduce las diferencias de género existentes en el mercado laboral global. Aunque, en términos generales, con peores condiciones para las mujeres con discapacidad tanto en la incorporación como en la evolución posterior en su trayectoria laboral.

Rosa Santero Sánchez, directora de la investigación, publicada recientemente por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), confirmó en la edición de ayer viernes de 'cermi.es semanal' que la investigación demuestra que esa menor tasa de participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad se debe a "factores individuales y factores sociológicos" y que, en el caso de las mujeres, se trata de "un fenómeno complejo que aúna dos condiciones que, de forma independiente, constituyen una causa en sí de baja participación. Por un lado, la menor tasa de actividad de las personas con discapacidad, y por otro, las menores tasas de participación que presentan las mujeres. Es por ello que se habla de una doble discriminación: por ser mujer y por pertenecer al colectivo de personas con discapacidad".

Una de las principales diferencias en la inclusión laboral entre hombres y mujeres con discapacidad es la tasa de actividad, que en el caso de las mujeres es de apenas un 33%, más de la mitad que la correspondiente a los hombres, unida a una tasa de paro ligeramente superior para las mujeres (de un 27,6% frente al 22,2%). Los datos de la investigación reflejan que las mujeres con discapacidad no sólo "participan en menor medida en el mercado laboral" sino que, además, "tienen mayores dificultades para permanecer en su puesto laboral". Sin embargo, la esperanza asoma cuando se resalta que "se puede hablar de cambios en esta tendencia, ya que se observa una mayor presencia de mujeres trabajadoras en las cohortes de edad más jóvenes".

Parece, según el informe, que a doble discriminación de las mujeres con discapacidad y su menor inclusión laboral hará que no tengan pensión contributiva y hagan un uso mayor de las no contributivas. Pero la doble discriminación también se evidencia en la retribución salarial, inferior a la de los hombres con discapacidad, así como en su mayor dificultad para permanecer en el mercado laboral. En este sentido, la participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad (hombres y mujeres) no es homogénea y depende, entre otros factores además del género, de la educación.Nivel educativo y formación

"En función a los resultados del estudio", argumenta Santero, también doctora y contratada en el departamento de Economía aplicada I de la URJC, "las personas que poseen estudios universitarios tienen una probabilidad de acceder a un contrato indefinido de 11,6 puntos porcentuales mayor que los/as que carecen de formación, y además, la probabilidad de pasar a un contrato indefinido, habiendo estado sin empleo durante los dos años anteriores, es 6 puntos porcentuales superior que la de un/a trabajador/a sin formación".

De este modo, se confirma que "todas aquellas políticas dirigidas a fomentar la enseñanza universitaria entre las personas con discapacidad tendrán un efecto positivo sobre la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral mediante contratos de trabajo estables".

Por su parte, la comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de la Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano, se une a esta recomendación porque "cuanta más formación tiene una persona, mayores herramientas dispone para afrontar su futuro" y porque, en la sociedad del conocimiento "la exclusión está ligada cada vez más a los niveles educativos".

Asegura también la dirigente de la Fundación ONCE que "no hay duda de que la formación universitaria es la mejor garantía de acceso a empleos cualificados y de calidad para las personas con discapacidad y este tiene que ser un objetivo para todas ellas". Y alude al hecho de que todavía son pocas las personas con discapacidad con estudios universitarios, entre un 6 y un 8 por ciento, es decir, "poco más de 20.000 universitarios con discapacidad. Lo que significa apenas el 1,3% del total", explica.

Según la estrategia de crecimiento de la UE, menciona Martínez Lozano, todos los países deberíamos llegar al 40% de ciudadanos con estudios universitarios para el año 2020. Junto con el reto de reducir la tasa de pobreza, hace que esto se convierta en "una doble estrategia para buena parte del sector de las personas con discapacidad si queremos dejar de estar alejados de esos objetivos generales. Para conseguir ambos retos es necesario realizar aún muchas acciones positivas para las personas con discapacidad ".

Sin embargo, para la Rosa Santero, la directora del informe, no sólo es importante la formación para incorporarse en el mercado laboral con fórmulas de contratación estable porque "la baja participación laboral de la mujer con discapacidad, considerando la perspectiva de género, no puede venir explicada únicamente por las diferencias en el nivel educativo".

Es generalizado, tanto en mujeres como hombres con discapacidad, su formación media-baja", insiste. La investigación constata que, a lo largo de su vida profesional, el 80 por ciento de los trabajos que desempeñan las personas con discapacidad son de cualificación baja o media en consonancia con su nivel de estudios.

Para explicar este hecho, la doctora propone buscar otros factores (personales, familiares y sociales) que, según las investigaciones, están influyendo y afectando tanto a las mujeres con discapacidad que trabajan como a las que están inactivas, pero también a las empresas que contratan. No obstante, Santero certifica que "la formación mejora la probabilidad de tener un contrato indefinido. Y, por supuesto, mejora otros aspectos personales de relación y de autonomía para todas las personas".

La comisionada de la Fundación ONCE enumera otros factores que han limitado esta exclusión laboral de las mujeres con discapacidad. "En muchos casos, estamos empezando a romper los estereotipos, los encasillamientos y los prejuicios que las hemos tenido que ir superando en las últimas décadas para poder participar activamente en la vida social y económica". De hecho, opina que "vamos progresando", pero que en las propias familias se sigue "infantilizando a las mujeres con discapacidad y esto provoca una desafección para su educación".

También avisa de que "quizás desde las políticas públicas de igualdad tampoco se han prestado suficientes apoyos a las discriminaciones múltiples". Y, por ello, reclama que "ha llegado el momento de sumar acciones positivas necesarias para apostar por el talento y la plena participación social de las mujeres con discapacidad". Martínez Lozano lo tiene muy claro: "a mayor nivel de educación y formación, mayor empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Y ahí está el gran reto".

Para la gerente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), Pepa Torres, mucho más importante que destacar la participación menor de la mujer con discapacidad respecto a los varones del mismo sector de la población es subrayar y rebajar las dificultades que tienen las mujeres con y sin discapacidad de mantenerse en el mercado laboral. "Una de las dificultades principales para que las mujeres con discapacidad se mantengan en el mercado laboral procede, fundamentalmente, de la sobreprotección. Pero aún influye más la falta de apoyos para conciliar la vida familiar y laboral, y que pueda desarrollarse en el propio mercado de trabajo".

Cuenta Torres que en el caso de que la mujer con discapacidad tenga hijos o se quede embarazada, si no encuentra apoyos al ser madre en el trabajo, afectará a su inclusión laboral. "Y aunque esto también les ocurre a las mujeres sin discapacidad, precisamente la falta de apoyos para conciliar la vida familiar y laboral provoca que se nos expulse del mercado de trabajo", sentencia.

Pepa Torres, como casi todas las mujeres con discapacidad que tienen un papel en el movimiento asociativo, ahonda en el tema de la sobreprotección. A su parecer la sobreprotección existe en todos los tipos de discapacidad, aunque afecte a algunas más que a otras. "En el caso de las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, el miedo de los propios padres a que la hija pueda perder la pensión en el caso de trabajar o crean que no va a poder desarrollar una vida laboral plena está siendo un freno para la incorporación inicial al mercado laboral".

La gerente de Feacem, además, extiende la afectación de la misma barrera al caso de la permanencia en el puesto de trabajo y constata que si los padres de la mujer con discapacidad creen o detectan que la hija con discapacidad tiene que hacer un sobreesfuerzo para llegar al trabajo o dejar otras actividades, o si las condiciones laborales no compensan a nivel económico, deciden por ella que salga del mercado laboral.

"En otros tipos de discapacidad", explica, "la sobreprotección es ejercida por los familiares y, en muchos casos, incluso por las parejas que muchas veces recomiendan a la mujer con discapacidad quedarse en casa haciendo las tareas domésticas". "Y esta es una de las razones por las que las mujeres con discapacidad están inactivas o no buscan trabajo: están realizando las labores del hogar. Con mucha más frecuencia que las mujeres sin discapacidad". Asegura Torres que "las mujeres con discapacidad están realizando un papel de apoyo a la familia en las labores domésticas y de cuidado de personas mayores o dependientes muy importante. Las familias tienen miedo a esa integración laboral".

La "brecha más notable" entre hombres y mujeres con discapacidad que trabajan la encuentran las investigadoras en el salario. Los hombres cobran un 21,2% en percepciones integras anuales y un 13,9% al día a jornada completa. Además, se ha verificado que las mujeres están siendo ocupadas en mayor proporción en aquellas empresas que están obligadas por ley a mantener la cuota de reserva para personas con discapacidad, de 50 o más trabajadores/as.

Respecto a la distribución sectorial, se reproduce el comportamiento de las mujeres sin discapacidad en el mercado laboral, lo que significa que tienen una mayor presencia en el sector de los servicios de atención y cuidado de terceras personas. Específicamente, en el caso de mujeres con discapacidad, se concentran en Sanidad y Servicios sociales.

Sin embargo, las investigadoras en el informe concluyen que existe una mejora en la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad, ya que "la mayoría de los/as jóvenes con discapacidad se incorporen antes de los 24 años al mercado laboral. Esto es un avance sobre los porcentajes que se observan en otros tramos de edad", expone la directora del informe.

Además se observa una clara disminución en las diferencias de género en la edad de entrada al mercado laboral, dato que se interpreta como otro avance social. Las diferencias entre mujeres y hombres también disminuyen en el grupo de grado de discapacidad de más de 64% o con movilidad reducida. Este dato "refleja quizás la similitud en las opciones de puestos laborales y la existencia de un mercado laboral más protegido para estos casos".Una reflexión: la inactividad

La inactividad es el punto de inflexión y de reflexión del informe 'Integración en el mercado laboral de mujeres con discapacidad atendiendo a su nivel de estudios'. Y es que si la mayoría de diferencias de género en el mercado laboral de las personas con discapacidad reproducen brechas existentes en el mercado general, lo que realmente marca una diferencia es la menor tasa de actividad, más acuciante, según revela el informe, en las mujeres con discapacidad.

El problema de la inactividad afecta a las mujeres tanto en su incorporación al mercado laboral como en su permanencia y las diferencias, poco relevantes hasta los 30 años de edad, se van acentuando a medida que se avanza por tramos de edad cuando las mujeres muestran un menor número de empleos y una menor duración de los mismos. "Hay que tener en cuenta que existen factores importantes que afectan tanto a la decisión de participar en el mercado laboral como en su permanencia, que no se han podido recoger en el informe a través de la base de datos utilizada", aclara la directora del informe.

Si la discriminación laboral de las mujeres es una realidad que se refleja en las menores tasas de actividad, mayor precariedad en los contratos, menores pensiones, etc. "esta situación de discriminación y precariedad es mayor aún en las mujeres con discapacidad y se manifiesta en todos los indicadores de empleo", manifiesta la comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de la Fundación ONCE.

Entre las mujeres con discapacidad, según Martínez Lozano, existe además de una baja tasa de actividad, un menor nivel de estudios a diferencia de lo que ocurre con la población sin discapacidad, donde más de la mitad de los universitarios son mujeres.

"Una de las causas que dificultan el acceso de las mujeres con discapacidad empleos estables y de calidad se encuentra, muchas veces, en la sobrepotección del entorno, que las convierten en dependientes sin necesidad de serlo; otra es el conjunto de prejuicios de las empresas; pero también los déficits de formación y la falta de empoderamiento de este sector de la población, que necesita herramientas para reforzar sus competencias y su liderazgo y afrontar así, con más garantía de éxito, su proceso de inclusión laboral", sentencia Martínez Lozano.

Para la comisionada de la Fundación ONCE, si ya es difícil el acceso al empleo para las personas con discapacidad, lo es todavía más para las personas con una discapacidad severa. "El acceso a un empleo remunerado es un acto de heroicidad para ellas porque los obstáculos son inmensos y las facilidades escasas. Pero queda mucho por avanzar también en el tema de asistencia personal y otros apoyos puntuales o adaptaciones. Desde luego, las mujeres que lo consiguen tendrían que tener más visibilidad y liderazgo para influir positivamente en otras y dar ejemplo a las empresas de que el talento y la capacidad no entiende de barreras", remacha.

También respecto a la inactividad de las mujeres con discapacidad, la gerente de Feacem, Pepa Torres, tiene mucho que decir. Desde la confederación, tienen varias iniciativas fundamentales para ayudar a la mujer con discapacidad a incluirse laboralmente, pero hay una cuestión muy importante que ha querido destacar y que considera la más importante: "¿cómo logramos activar a la mujer con discapacidad?". Subraya Torres que, ciertamente, la problemática de la inactividad se da tanto en hombres como en mujeres con discapacidad y que lo más complicado radica en que se trata de personas que no buscan empleo. "Pero, ¿dónde están estas personas?", se pregunta.

"Es fundamental que el trabajo necesario para resolver esta cuestión se realice desde los servicios sociales, los centros educativos, las asociaciones sociales para conseguir sensibilizarlas y convencerlas de que hay una oportunidad en el mercado. Cuando la mujer con discapacidad ve que hay una posibilidad se suele animar y, en estos casos, las mujeres con discapacidad participamos más que los hombres, somos más proactivas", confiesa la gerente de Feacem.

Pero para Torres el problema radica en cómo llegar a estas personas que no trabajan, que no están en el circuito del empleo. "¿Los buscamos en su casa? El problema principal es identificar dónde están estas personas para, posteriormente, realizar actuaciones de sensibilización y motivación que les saquen de la inactividad".

Los resultados obtenidos en la investigación al analizar la probabilidad de acceder al mercado laboral con un contrato indefinido ponen de manifiesto que las mujeres con discapacidad "tienen todavía una mayor dificultad de acceder por primera vez al mercado con un trabajo de contrato estable que los varones con discapacidad confirmándose nuevamente la doble discriminación que experimentan las mujeres de este colectivo" también en este sentido.

Corrobora la gerente de Feacem que "efectivamente, muchas mujeres con discapacidad tienen miedo a ponerse a trabajar y perder la pensión. Por ello, a mayor calidad del empleo ofrecido, más posibilidades tienen de romper las barreras de la inclusión laboral, pero también las propias, las que nos autoimponemos nosotras mismas. Somos capaces y hay que estar convencidas. Necesitaremos apoyos y hay que exigirlos en todos los ámbitos para tener una vida plena. Pero hay que convencer a la mujer de que las barreras propias son las primeras que hay que derribar. Y hay que tener en cuenta que el acceso laboral no es fácil, pero no es fácil para nadie. Las barreras se pueden derribar".

Por otro lado, el informe también evidencia que las bonificaciones en la cuota a la Seguridad Social constituyen un incentivo a las empresas que resulta eficaz para favorecer la incorporación al mercado laboral de los trabajadores/as con discapacidad mediante un contrato de trabajo estable. Sin embargo, también ponen de manifiesto que, en ausencia de dichos incentivos, la probabilidad que tienen de acceder al mercado laboral mediante un contrato indefinido es inferior.

La conclusión de 'Integración en el mercado laboral de mujeres con discapacidad atendiendo a su nivel de estudios' es tan redundante como necesaria su repercusión en las políticas de no discriminación y en las propias mujeres con discapacidad, y es que, dadas las diferencias de género observadas en relación con la inclusión laboral de personas con discapacidad, tanto en la probabilidad de acceso al mercado laboral, como en las características de sus contratos al inicio y durante su trayectoria laboral, incluida la retribución, es necesario "incluir el enfoque de género de forma transversal en todas las actuaciones vinculadas a promover una mayor inclusión laboral de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral".Enmiendas inclusivas

La experta Pepa Torres propone como soluciones para alentar la participación en el mercado laboral de las mujeres con discapacidad, y así lo hacen desde Feacem, tres vías. La primera es el trabajo directamente en la familia "hay que insistir mucho a las familias, trabajar con ellos y concienciarles de que la inclusión laboral para sus hijas, sus esposas o sus madres es rentable no sólo desde el punto de vista económico sino por todos los beneficios que proporciona, entre ellos, la inclusión social".

La segunda tarea es insistir en los apoyos que hay que prestar a las mujeres con discapacidad cuando se incorporan al mercado laboral o cuando ya están en el puesto. "Si estos apoyos se dieran, la permanencia de la mujer con discapacidad en el mercado de trabajo sería, sin duda, más elevada".

Y, por último, la tercera vía se halla en el trabajo directo sobre la propia mujer con discapacidad, en concienciarla. "Es necesario apoyarla, asesorarla, sensibilizarla sobre la importancia de la incorporación al trabajo. Y convencerla de que tiene capacidades y que podrá realizar el trabajo. Son muchos años de protección y sobreprotección de la mujer con discapacidad, y de creer que no hay ninguna posibilidad para este sector de la población. Hay que trabajarlo con la propia mujer, sin duda", concluye.

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Mujer con discapacidad: lejos del empleo

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La integración sociolaboral se podrá considerar efectiva para las personas con discapacidad si existe igualdad en el acceso y condiciones laborales con cualquier/a otro/a trabajador/a sin discapacidad.

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¿DEBO INFORMAR A LA EMPRESA QUE TENGO DIVERSIDAD FUNCIONAL?

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¿DEBO INFORMAR A LA EMPRESA QUE TENGO DIVERSIDAD FUNCIONAL?

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Las personas que tengan algún tipo de diversidad funcional no están, de ninguna forma, obligadas a informarlo a la empresa, aunque sí que es conveniente, ya que según el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la persona que contrata debe de adaptar el puesto al contratado según sus condiciones físicas y personales. Para esto, se han puesto a disposición de las empresas ayudas reguladas por el Real Decreto 1451/1983, con la finalidad de colaborar en el proceso de adaptación de los puestos de trabajo. La ayuda ronda los 900€ aproximados, cuantía que el trabajador puede requerir en cualquier momento, en caso de que la empresa, aún así, no haya hecho las adaptaciones pertinentes.

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Hola, nuestra pregunta es la siguiente:
Si las personas con diversidad funcional se encuentra en paro ¿recibe las mismas prestaciones económicas que una persona que no tiene diversidad funcional?

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Hoy traemos un buen recurso para las personas con diversidad funcional. Desde algunas asociaciones de la comunidad, se realizan programas para lograr una mayor ocupación de las personas con diversidad funcional. Desde COCEFME, se ofrecen cuatro programas de ocupación: Programa SIL, programa INCORPORA, programa buscando empleo en la era digital y programa itinerarios para mujeres.
Os dejamos algunos datos de los resultados que han dado los programas de COCEFME, y el enlace a su página web.
http://cocemfevalencia.org/ocupacion/

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CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

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CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

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En febrero de este 2019, desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se publicó una guía que pretende servir tanto a las empresas e instituciones como a los propios trabajadores con alguna discapacidad, de las diferentes medidas existentes. Se resumen los tipos de contratación y las ayudas que se destinan a la inserción laboral de las personas con discapacidad.

E aquí el pdf con la información:

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BONIFICACIONES Y REDUCCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

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BONIFICACIONES Y REDUCCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

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En el siguiente pdf, se recogen las bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social para las personas con discapacidad, atendiendo a la legislación vigente de este año y de manera esquemática, visual y resumida.

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Pregunta grupo "Un rincón educativo para la diversidad"

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Pregunta grupo "Un rincón educativo para la diversidad"

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Buenas tardes compañeras, somos el grupo "Un rincón educativo para la diversidad" y tenemos una pregunta para vosotras. ¿Cuáles son las cuantías que reciben las personas contratadas con diversidad por su trabajo en una empresa?

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Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo.
Pueden tener las siguientes características: creados por las Administraciones Públicas, directamente o en colaboración con otros organismos, por Entidades, por personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes, que tengan capacidad jurídica y de obrar para ser empresarios; de carácter público o privado, con o sin ánimo de lucro; la calificación e inscripción en el Registro de Centros del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), o, en su caso, en el correspondiente de las Administraciones Autonómicas; la gestión está sujeta a las mismas normas que afectan a cualquier empresa.

Los destinatarios de este programa serán los trabajadores con discapacidad que se encuentren en alguno de éstos supuestos:

Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.

Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.

Para más información sobre estos centros, en materia de subvenciones, tipos de ayudas y demás, resultaría interesante consultar el siguiente link del Ministerio de Trabajo:

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Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo.

Los centros especiales de empleo pueden tener las siguientes características: creados por las Administraciones Públicas, directamente o en colaboración con otros organismos, por Entidades, por personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes, que tengan capacidad jurídica y de obrar para ser empresarios; de carácter público o privado, con o sin ánimo de lucro; la calificación e inscripción en el Registro de Centros del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), o, en su caso, en el correspondiente de las Administraciones Autonómicas; la gestión está sujeta a las mismas normas que afectan a cualquier empresa.

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Centros especiales de empleo | Servicio Público de Empleo Estatal

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Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo.

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Normativa

La norma estatal de referencia, en este sentido, es el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, en el que se regulan los contenidos comunes del programa de empleo con apoyo como medida de integración laboral de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo, que luego desarrollarán las distintas Comunidades Autónomas en base a sus competencias en la materia.

Este Real Decreto promueve la integración laboral de aquellas personas con discapacidad con mayores dificultades para encontrar empleo, como son las personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual y las personas con una discapacidad física o sensorial superior al 65 %, para las que el empleo con apoyo, dadas sus circunstancias, se convierte en una medida de especial utilidad de cara a su integración en el mercado laboral.

¿En que consiste?

Conjunto de actividades de orientación y acompañamiento individualizado que prestan, en el propio puesto de trabajo, preparadores laborales especializados a los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral que realizan su actividad en empresas normalizadas, del mercado ordinario de trabajo, en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos similares.

¿Quiénes pueden promover programas de empleo con apoyo?

Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, y los centros especiales de empleo, suscribiendo convenios de colaboración con las empresas contratantes. También podrán promover esos programas las propias empresas del mercado ordinario de trabajo, incluyendo a los trabajadores autónomos.

Duración

La duración será de seis meses a un año, prorrogable a otro año más

Financiación

Para financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la ejecución de los programas de empleo, se otorgarán subvenciones a las instituciones o empresas encargadas de llevarlos a cabo, siendo sus cuantías las siguientes:

- 6.600 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %
- 4.000 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad  reconocido igual o superior al 33 % e inferior al 65 %
- 2.500 euros anuales por cada trabajador con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %.

Estas subvenciones anuales podrán prorrogarse al mismo tiempo que los contratos de trabajo, si bien su cuantía quedará ajustada a la duración de los mismos.

Compatibilidad

Serán compatibles con las reguladas en el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, siempre que concurran los requisitos exigidos al efecto.

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- Mayor integración laboral
Respaldada por el Artículo 3 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos
- Apoyo en el empleo.
Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, en el que se regulan los contenidos de los programas de apoyo en el empleo, como medida de integración laboral de las personas con discapacidad.
- Accesibilidad en el puesto de trabajo y en los lugares de ámbito laboral,
como por ejemplo, incorporar teclados braille, teléfonos de manos libres, mejoras en la iluminación, utilización de señales con letras grandes, táctiles y en braille, etc. así como mejorar la distribución del espacio y quitar cualquier objeto que pueda entorpecer el paso de estas personas.
(Art. 4.2 del Estatuto de Trabajadores)
- Formación para el empleo.
Fomentando la formación en Centros Especiales de Empleo, para aquellas personas que necesiten una formación mínima para poder desempeñar su trabajo de forma óptima. Gran parte de la discriminación salarial se debe a que las personas con diversidad funcional están infracualificadas y/o no pueden acceder a puestos cualificados (y por tanto mejor pagados).
- Igualdad de oportunidades así como el incremento de estas.
Regulada por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Cabe destacar, que a pesar de ser estas las necesidades más comunes entre las personas con discapacidad, cada persona es un mundo, y tiene unas necesidades, problemas y formas de adaptarse distintas.

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Hola chicas, vuestra pregunta se puede entender y desglosar desde varias perspectivas:
- La primera son las personas con diversidad funcional que trabajan en una empresa, porque han sido contratados. En este caso no hay ningún tipo de cuantía que cobren, es decir, no tienen un salario especial por ser personas con diversidad funcional, sino que cobran (si todo funciona correctamente) lo que está establecido en el convenio y en su contrato laboral. Otra cosa es que las empresas no lo cumplan y hayan irregularidades en este. Así mismo aprovechamos para comentar que según el observatorio de las ocupaciones del servicio público de empleo estatal (2016), la brecha salarial entre personas con diversidad funcional y personas sin diversidad funcional es de casi un 20%, el motivo principal se achaca a que las personas con diversidad funcional no pueden acceder a mejores puestos o más cualificados.
- La otra visión de la pregunta son los salarios que reciben las personas con diversidad funcional que trabajan (porque desempeñan una labor) en centros ocupacionales (de los cuales también hemos hablado en el padlet, por si queréis echarles un ojo). Por relatos que hemos escuchado en el propio aula, como podría ser el caso de las personas integrantes de la charla de la asociación APRODIS, hemos observado que estas personas trabajan en muchas ocasiones haciendo trabajos mecánicos para una empresa, con unos tiempos de entrega marcados y todo, por un salario que es ridículo hasta de mencionar. Como recordábamos, había personas que cobraban dos euros, tres, o cinco semanalmente. Obviamente 20 euros al mes (con suerte) por un horario de 5 horas diarias de trabajo es esclavitud.

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Las motivaciones que nos han llevado a sumergirnos en este tema, en aspectos generales, vienen dadas por el trabajo e intervenciones futuras que llevaremos a cabo como trabajadoras sociales con las personas con diversidad funcional. Más concretamente, en el ámbito laboral, nos resultó fundamental conocer la situación actual a la que se enfrentan las personas con algún tipo de discapacidad a la hora de realizar un trabajo remunerado.

Por estos motivos, es primordial realizar una búsqueda de los aspectos que cabe mejorar, las necesidades actuales a la que se enfrentan, los datos y cifras, los recursos de los cuales se dispone, los obstáculos y barreras cuotidianas, conocer sus testimonios, -entre otros aspectos-.

Es por esto que, nuestra mayor motivación es conocer la realidad actual de las personas con diversidad funcional en el mundo laboral para poder trabajar desde el acompañamiento, apoyo e intervención, con y para una situación más justa, igualitaria e inclusiva.

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Hola grupo, venimos a comentaros que hemos indagado en si hay algún tipo de ayuda especial para personas con diversidad funcional desempleadas, lo cual es un problema social de seria gravedad (como hemos podido ver en otros padlets). El resultado de nuestra búsqueda es que no hay una prestación específica por desempleo del nivel contributivo, pero si que hay alguna a nivel asistencial, podríamos estar hablando de la prestación para incapacitados recuperados (si se adaptase al perfil) o incluso, si se puede gestionar en el caso, una PNC de invalidez, aunque esto supondría la suspensión de una posible incorporación laboral, si eso deseaba la persona con discapacidad.
Por supuesto cabe añadir que cualquier persona puede acceder a los programas complementarios de desempleo (El PREPARA, la RAI, el PRODI...) y que, tanto la formación, como los puestos ofrecidos deberían estar adaptados a las condiciones que tenga o necesite esta persona con diversidad funcional.

Toda la información la hemos recogido del libro de texto "Introducción a la protección social" de Carmen Salcedo Beltrán, y se vende en la papelería Tirant lo Blanc (cerca de la universidad) por si alguien quisiera ampliar esa información por su cuenta.

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Después de todo el estudio sobre la situación de las personas con diversidad funcional en el ámbito laboral, observamos que hacen falta nuevas políticas y recursos para la plena integración de las personas con diversidad en el mundo laboral, ya que es un aspecto muy importante para la socialización de las personas. Aunque cada vez existen más recursos y empresas que cuentan con personas con diversidad en sus plantillas, queda mucho trabajo por hacer para una igualdad real.

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Existe una controversia hacía este tipo de centros, debido a la segregación que existe en la formación de las personas con diversidad funcional para el desempeño de un empleo en centros paralelos.  Si  bien es un recurso que plantea una formación para personas con  dificultades, desde una mirada centrada en la inclusión plena de las personas con diversidad funcional, esta formación debería ser proporcionada por los mismos lugares del desempeño del trabajo.

Aquí os dejamos el link del artículo escrito por Víctor Villar, persona con discapacidad física y de comunicación verbal producida por las secuelas de una Parálisis Cerebral Infantil:

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Una democracia, cuando evoluciona, puede hacerlo de forma positiva o negativa. En el caso de la figura de los Centros Especiales de Empleo (CEE), la deriva neoliberal de la democracia han deteriorado gravemente el concepto inicial de los CEE. De este modo, se está transformando de sus inicios como una medida de excepción, a una medida permanente y un jugoso negocio para algunos, con todo lo que eso implica. Me explico.

Veamos primero las diferencias en el propio concepto de CEE desde sus inicios a la actualidad.

Vayamos al principio. La Ley 13/1982 del 7 de abril, Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), en su art.42, define así los CEE:

1. Los Centros Especiales de Empleo son aquéllos cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores minusválidos; a la vez que sea un medio de integración del mayor número de minusválidos al régimen de trabajo normal.

2. La totalidad de la plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por trabajadores minusválidos, sin perjuicio de las plazas en plantilla del personal no minusválido imprescindible para el desarrollo de la actividad."

Esta Ley es desarrollada en el R.D. 2273/1985 de 4 de diciembre, que en su art. 1 repite la definición anteriormente expuesta.

Viene a decir que, tanto la LISMI como el R.D. 2273/1985 de 4 de diciembre, lo que hacen es desarrollar el mandato del art.49 de la Constitución del 78 de remover los obstáculos para la integración de las personas con discapacidades.

Pues bien, pasemos ahora al nuevo concepto que instaura el PP en 2013, mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, el cual, crea la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. (LGD), Ley que deroga la LISMI. Esta Ley, en su art. 43, define así los CEE:

1. Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente.

2. La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla. A estos efectos no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.

Se entenderán por servicios de ajuste personal y social los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo. Igualmente se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión social, cultural y deportiva."
Si nos vamos a la art 45 .- Creación de centros especiales de empleo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

1. Los centros especiales de empleo podrán ser creados tanto por organismos públicos y privados como por las empresas, siempre con sujeción a las normas legales, reglamentarias y convencionales que regulen las condiciones de trabajo.

2. Las administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias y a través del estudio de necesidades sectoriales, promoverán la creación y puesta en marcha de centros especiales de empleo, sea directamente o en colaboración con otros organismos o entidades, a la vez que fomentarán la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad mediante la adopción de las medidas necesarias para la consecución de tales finalidades. Asimismo, vigilarán, de forma periódica y rigurosa, que las personas con discapacidad sean empleadas en condiciones de trabajo adecuadas.

Vamos a mencionar también la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público en su Disposición adicional cuarta. Contratos reservados. Dónde las entidades que "supuestamente" representan al colectivo se lo han currado bastente bien para seguir lucrándose a costa de este colectivo.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del ó rgano competente en el á mbito de las Comunidades Aut ó nomas y de las Entidades Locales, se fijar á n porcentajes m í nimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicaci ó n de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserci ó n reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi ó n social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulaci ó n del r é gimen de las empresas de inserci ó n, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideraci ó n, o un porcentaje m í nimo de reserva de la ejecuci ó n de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condici ó n de que el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situaci ó n de exclusi ó n social de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserci ó n o de los programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100.
Disposición final decimocuarta. Modificación del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Se añade un apartado 4 al artículo 43 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre:

"4. Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º de este artículo son promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social."

¿Veis la diferencia?

En primer lugar, tanto la LISMI como la nueva Ley General de Discapacidad (LGD) habla que el objetivo principal de los CEE es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales, y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. No que funcionen como empresas productivas.

En segundo lugar, hare mención que actualmente los CEE se han convertido en un negocio, vamos a demostrarlo, si nos remitimos a la ley del Sector Público mencionada anteriormente vemos claramente como las entidades que representan a este colectivo insisten en que los CEE sigan funcionando como empresas productivas, consiguiendo contratos reservados y aplicando el convenio colectivo de los Centros Especiales de Empleo, no el convenio colectivo que le correspondería por trabajar en una Administración Pública.

En tercer lugar, como bien dice el art 43 de LGD Tendr á n la consideraci ó n de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º de este art í culo son promovidos y participados en m á s de un 50 por ciento, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean p ú blicas o privadas...... . Se puede decir que las entidades del Tercer Sector se están beneficiando doblemente con esta iniciativa, pues las empresas del Tercer Sector justifica la inserción laboral de las personas con discapacidad a través de sus centros especiales de empleo, y en las Asociaciones, Federaciones, Confederaciones, etc, que son empresas privadas su plantilla está compuesta por personas sin discapacidad ejecutando programas destinados a personas con discapacidad, pues ya "supuestamente" a través de sus CEE ya están cumpliendo con la reserva del cupo a personas con discapacidad. A estas entidades no se le exige el cumplimiento de la reserva del 2% de personas con discapacidad pues por sentido común se supone que su objetivo principal es contratar al colectivo y no están sometidas a controles ni a exigencias para comprobar que no se da tal realidad. Así mismo, cuando concurren a subvenciones no se les exige la contratación de personas con discapacidad, además dentro de la puntuación para ser beneficiarias de subvenciones no se tiene en cuenta cuantos trabajadores con discapacidad tiene en plantilla.

Es chocante!!!, pues por un lado estas entidades exigen que se reserven contratos p ú blicos a los CEE de iniciativa social para la integraci ó n de este colectivo pero a ellas no se les exige tal requisito. Adem á s hacen hincapi é que se diferencie los CEE de iniciativa social y no iniciativa social como se recoge en la disposici ó n decimocuarta de la nueva LGD. Cuando la precariedad laboral es la misma en ambas. Pues el convenio a aplicar es el XIV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD de 20 febrero 2012, convenio que expiró en diciembre del 2016, convenio que perdió muchos derechos que se tenían reconocidos en el convenio XIII, pero aquí a las entidades que representan al colectivo no le interesa tocar, todo lo contrario, quieren que siga para adelante, con fecha diciembre del 2016 expiro el convenio, se han llevado dos años negociando el nuevo convenio colectivo, por fin en marzo del 2019 os dejo enlace al mismo lo han firmado y aún no ha sido publicado, pues según el CERMI, FEACEN .... Va a dar lugar al cierre de los Centros Especiales de Empleo, es más hay noticias que van a impugnar el artículo 29 Retribuciones del convenio que viene a decir:
Pero este nuevo convenio no tiene desperdicio pues con el mismo no se ha conseguido volver a los beneficios del convenio XIII y si hablamos de la subida salarial el mismo contempla que los sueldos estarán congelados tres años. Fuerte no lo siguiente.

1. Las retribuciones del personal comprendido en este convenio estarán constituidas por el salario base, los complementos, pluses y demás conceptos retributivos que se establecen y recogen en los artículos y anexos correspondientes. Estas retribuciones corresponden a la jornada completa y cómputo anual de la misma. Su cuantía será la establecida en los correspondientes artículos y anexos del convenio.

2. Los centros especiales de empleo que no tengan la consideración de iniciativa social de acuerdo con lo establecido en el art. 43.4 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, cuando presten servicios a terceros indistintamente de la modalidad jurídica utilizada, se regularan en materia salarial por lo establecido en el convenio colectivo del sector de actividad en el que los trabajadores realicen sus tareas siempre que las retribuciones fijadas en éstos sean superiores a las establecidas en las tablas salariales del presente convenio. Igualmente, los centros especiales de empleo regulados en el citado artículo 43.4 que tengan personal realizando alguna actividad dentro de la administración pública o trabajando directamente para ella, a través de cualquier forma de licitación, serán retribuidos según los convenios que resulten de aplicación para la actividad y puestos de los trabajadores a excepción de aquellos que liciten vía contratación reservada. Esta afectación a las tablas salariales relativas a la actividad que realicen los trabajadores será de aplicación para los procesos de licitación que se publiquen posteriormente a la entrada en vigor de este convenio y así lo establezcan los mencionados procesos.

Por otro lado, en este convenio se recoge lo siguiente en cuanto a la jornada laboral: A los CEE se les exige 39 :/semanales y a los asistenciales que son las ONG 38.30h. Con esto desprecian el trabajo de la persona con discapacidad. Muy fuerte

Con lo expuesto anteriormente vuelvo a insistir que estamos ante un gran negocio, donde la discapacidad no importa y no se está teniendo en cuenta. Si queremos una inserción laboral efectiva y real, los CEE no deben ser empresas productivas, sino todo lo contrario el enlace para que las Personas con Discapacidad aterricen en empresas ordinarias, entonces estaremos hablando de igualdad sin menospreciar a la Persona con Discapacidad, a su vez se contribuye a que la sociedad sea más consciente del valor de las Personas con Discapacidad.

Esto lo único que ha dado lugar, que en los periodos de crisis y es coherente que las empresas ordinarias en el periodo 2009 a la fecha actual, hayan creado CEE pues es más rentable la contratación a través de este tipo de entidad.

Si a esto le sumamos las subvenciones que tanto la entidad sin ánimo de lucro y su CEE reciben, pues estamos ante el gran negocio del siglo, y las Personas con Discapacidad con trabajaos precarios y sin tener ajustes razonables ni sociales como bien indica la ley, NO SE CUMPLE, sobre este tema lo comento a más a fondo en el apartado siguiente.

Aquí habría que mencionar también las operaciones vinculadas que se dan entre las ONG´s propietarias de CEE, que reciben subvenciones para ejecutar programas destinados a Personas con Discapacidad, el presupuesto de toda subvención consta por un lado costes personal y coste destinado a las actividades, el coste destinado a las actividades es facturado por su CEE, en definitiva el dinero se queda en casa. Vuelvo a insistir que las entidades que representan al colectivo actualmente, lo tienen bien montado.

En cuarto lugar, aquí nos centramos en cómo se reduce la plantilla mínima de personas con discapacidades de la totalidad, (salvo excepciones), al 70% de la totalidad de la plantilla. Cierto es que la LGD excluye del cómputo el personal de apoyo, pero al mismo tiempo deja la puerta abierta a que un 30% de empleados/as sean personas sin discapacidades. Aunque, por otra parte, estoy siendo bien pensante, porque, ¿a que se refiere la Ley con: "[...] personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social", ¿personas de apoyo, staff ajeno al organigrama empresarial o directivas? Me temo lo peor ya que ese concepto puede hacer referencia a los tres grupos, y por lo tanto, dar por supuesto que todos los puestos ejecutivos serán ejercidos por personas sin discapacidades .

Analicemos, siendo buenas personas y aceptando el anterior concepto como personal de apoyo, que 30% puede ser el de las personas sin discapacidades. En ese aspecto vemos que la Profesora Vanessa Rodriguez, de la Facultad de Economía y Empresa Universidad de Oviedo en un estudio nos dice que, en los CEE, el personal con discapacidades cobra 36€ al día, mientras el personal sin discapacidades cobra 47€ al día (11€ más al día, aproximadamente 330€ más al mes).

A esto hay que añadir el tipo de empresa que se consideran CEE. Hay que tener en cuenta que la empresa que más dinero recibe por ser CEE y por tanto, presumiblemente, la más grande, es Snacks Castilla y León, dedicada hacer aperitivos.

Si unimos esas dos circunstancias no hay que ser un genio para concluir que los puestos directivos están en manos de personas sin discapacidades y los puestos alienantes, mal pagados, peligrosos y/o repetitivos los realizan las personas con discapacidades.

Para reforzar esa idea, me vais a permitir que me ponga yo mismo como ejemplo, dado que al presentarme a una entrevista para Director de Recursos Humanos del Centro Especial de Empleo El Cid S.L., en Burgos, a pesar de ser Graduado Social Colegiado y Diplomado en Educación Social, titulación de sobre para el puesto y con mi experiencia en el asociacionismo, tuve la respuesta que relato en mi web personal. Rechazo absoluto.

A esto hay que añadir los beneficios fiscales y las ayudas que estas empresas reciben. Estos son, según el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), las siguientes:

El 100% de las cuotas a la Seguridad Social.

50% del SMI

000€ por cada contrato de trabajo temporal transformado en indefinido.

Adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas

Para equilibrar y sanear financieramente a los Centros Especiales de Empleo. Sólo se puede solicitar una sola vez, salvo en el caso de CEE sin de ánimo de lucro y que sean de utilidad pública e imprescindibles.

También hay que añadir las ayudas a cada CEE. Aquí, podemos tomar como medida dos Centro que más ayudas recibe. Así, Snacks Castilla y León S.L., según la base de datos del SEPE, recibe 200.000€ entre 2012 y 2015. Aunque, si tomamos los datos de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), se nos dice que se concedieron 290.000€ por cada centro en ese mismo periodo.

Para acabar, según los datos del Observatorio sobre la Discapacidad y el Mercado de Trabajo en España (ODISMET) de 2015, último año contabilizado el 83´9% de las ayudas de apoyo a la creación de empleo (97´5% en distribución vertical) van a parar al mantenimiento de empleos en CEE.

De todo lo dicho anteriormente, saco la conclusión de que definitivamente el concepto de Centro Especial de Empleo ha cambiado, para tener un vivero de empleo subvencionado como objetivo en sí mismo, en vez de como un paso para la inserción laboral completa en el mercado de trabajo ordinario. Esto convierte a las ONG`s y empresas del Tercer Sector en empresas protegidas, pero dichas ONG`s no cumplen con el cupo de Personas con Discapacidad en su plantilla, pues como he mencionado anteriormente lo justifican a través de sus CEE, hay que partir que son dos empresas con diferentes CIF, ambas representan al colectivo y ambas deben de cumplir con ese cupo, es decir, al igual que a un CEE se le exige que su plantilla debe estar compuesta por un 70% de Personas con Discapacidad a las ONG´s se les debería de pedir lo mismo, entonces si estaríamos hablando de inserción real. Esto hace que esta fórmula sea vista por el sector empresarial como un yacimiento de empleo abaratado. Eso lo confirma el bajo presupuesto dedicado a educación e inserción laboral, como hemos visto antes, dado que todo se dedica al mantenimiento de instalaciones y simple mantenimiento de puestos de trabajo. Que la rueda siga girando.

También saco la conclusión de que en estos centros los trabajos de las personas con discapacidades son repetitivos, mal pagados y de baja formación. Esto, además de la injusticia que supone claramente, da una idea de la visión que se tiene de las Personas con Discapacidades. La visión es claramente de unas personas dóciles, que aceptarán lo que sea y que no van a dar problemas. Esto se refuerza con la propia autopercepción de las personas con discapacidades, en su mayoría con falta de autoestima y deseosas de ser aceptadas y demostrar lo que valen. En otras palabras, la cultura del esfuerzo neoliberal nos ha sido muy bien vendida, de ese modo, la sociedad normativa nos da sus migajas a cambio de no exigir nuestros derechos. Hay otros ejemplos en la historia de esto mismo, como puede ser el de "los negros del Tío Tom", las mujeres LIFEM "triunfadoras", (puestas de moda, recientemente por Arrimadas), o los empresarios del gaycapitalismo. Lo peor, en nuestro caso, es que ni siquiera, (en la abrumadora mayoría de los casos), no se nos ha dado esa mínima cuota de poder individual, esa ínsula barataria.

Para rematar el cuadro, por si pudiéramos conseguir una mínima cantidad de poder empresarial en los Centros Especiales de Empleo, se reforma la Ley para introducir un mayor número de Personas sin Discapacidades, aumentando, de paso, la productividad del nuevo juguete "solidario" del sistema neoliberal. También me gustaría hacer hincapié que si hablamos en las estadísticas de la baja formación que poseen las Personas con Discapacidad que dista mucho de la realidad pero interesa venderlo así, a los directivos de las ONG´s y CEE se les debería de exigir una titulación universitaria para estar al frente de las mismas, pues no dejan de ser empresas y deben de tener un conocimiento real sobre las mismas.

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Nacido en Burgos capital el 02 de octubre de 1976, desde el mes y medio de edad, convive con una discapacidad física y de comunicación verbal producida por las secuelas de una Parálisis Cerebral Infantil. Educador Social y Diplomado en Relaciones Laborales por la UBU (Universidad de Burgos). Coautor de varias publicaciones de la UBU y ha impartido varias conferencias sobre discapacidad en esta y otras Universidades. Durante más una década fue socio de ADM (Asociación de Afectados/as con Discapacidad Motora), representando a esta Asociación en la Junta Directiva de FEDISFIBUR (Federación de Asociaciones de personas con Discapacidad Física y Orgánica de Burgos), de la que fue cofundador y Tesorero durante una legislatura. En noviembre de 2007, ingresa como militante en el PSOE. En Agosto 2008, cofunda la Asociación Claudio de Burgos, Asociación que preside hasta Diciembre de 2009, haciendo actualmente labores de Gerencia y Educador Social de la misma. Fue en el puesto Nº12 de las listas del PSOE-Burgos a las Elecciones Municipales de Mayo de 2011. El 2 de Junio de 2012, fue nombrado Secretario Provincial de Autonomía Personal, Dependencia y Discapacidad del PSOE-Burgos﻿. Cargo que ejerció hasta el 19 de febrero de 20015. ﻿﻿ Fue colaborador de la publicación digital Diario Progresista (www.diarioprogresista.es), dirigida por Antonio Miguel Carmona hasta 2015. También fue Redactor Jefe de la Edición de Castilla y León de esta publicación hasta abril de 2013, hasta el 2014. El 11 de diciembre de 2013, coofunda la Unión Progresista de Apoyo a la Dependencia y la Discapacidad (UPADD), la cual preside actualmente. El 30 de enero de 2015, fue nombrado Secretario de Movimientos Sociales de la Agrupación Local del PSOE-Burgos. Cargo que dejó el 25 de mayo de 2015 al darse de baja en el PSOE. El 27 de Junio de 2015 ingresa como activista en Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista (CLI-AS), impulsando este partido en Burgos. El 16 de Julio de 2015 empieza a colaborar con el Proyecto Decide en Común, liderado por Alberto Sotillos, haciéndose cargo desde 20 de julio de 2015 de la Coordinación del Grupo de Dependencia, Discapacidad y Autonomía Personal de este partido a nivel federal en la redacción de su programa, hasta el 4 de septiembre de 2015. El 11 de febrero de 2017, AS-Burgos se integra en el PCAS (Partido Castellano). Después de unos meses, el 14 de Septiembre de 2017, deja el PCAS debido a su falta de democracia interna y su ambigüedad ideológica.

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Los Centros Especiales de Empleo: El negocio de la trampa - Diario16

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Una democracia, cuando evoluciona, puede hacerlo de forma positiva o negativa. En el caso de la figura de los Centros Especiales de Empleo (CEE), la deriva neoliberal de la democracia han deteriorado gravemente el concepto inicial de los CEE.

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Primero que todo, como figuras "enlace" las trabajadoras sociales tenemos que ser proactivas en cuestiones como la correcta integración laboral de personas con diversidad funcional y el apoyo que necesiten en su puesto de trabajo.
Para ello tenemos que hacer accesibles y comprensibles todos los derechos y deberes que tienen dentro del ámbito laboral, acompañándoles y asesorándoles en caso de que alguno de estos esté siendo menoscabado.
Por supuesto, si ni siquiera consiguen acceder al puesto de trabajo, poca o nula protección vamos a poder ofrecer, por eso es nuestro deber crear y fomentar políticas que promocionen la formación, la cualificación y el acceso al empleo, así como ponerlas en práctica, y asegurarnos de que se ponen en práctica.
Además, hay que trabajar directamente con las instituciones para garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad de acceso a estas. Son las instituciones las que tienen el poder de decisión y de cambio.
Finalmente se tiene que elaborar y tener en cuenta un plan de acción para todas aquellas personas con diversidad social que se encuentren en situación de desempleo, sobretodo las "paradas de larga duración" porque su estado de desprotección social es alarmante. Este plan tiene que contemplar las dimensiones económica y social de la persona, para poder garantizar su bienestar con unos mínimos de dignidad y seguridad.

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Hemos observado que el trabajo puede ser una gran herramienta para personas con diversidad funcional, de la cual pueden ayudarse para mejorar su situación de desprotección social. Una de las claves de nuestra intervención indirecta es esta. Una vez hemos conseguido que estas personas tengan un empleo digno, empoderarlas (ayudarles a empoderarse) es nuestra intervención indirecta más importante. Esto les ayudará a mejorar su situación de autonomía, y les puede ayudar a superar algunas incertidumbres que se puedan encontrar en su camino. Para ello, estas personas tienen que ser conscientes de que pueden hacerlo y de que tienen recursos para hacerlo, y es ahí donde entra, en gran medida, la intervención indirecta.
La intervención indirecta es, también, la tarea pendiente a nivel social de visibilizar el empleo inclusivo.
No, no es impactante que el camarero que te ha traído el café tenga Síndrome de Down, es lo más normal del mundo.
Todo el mundo tiene derecho a un empleo digno, todo el mundo tiene derecho a promocionar dentro de su empleo, y las personas con diversidad funcional tienen derecho a acceder a más y mejores puestos de empleo y no ser relegados solo a una esfera menos cualificada de estos. Para ello, hay que hacer un trabajo de concienciación, dando visibilidad, creando campañas, talleres, recursos... que incluyan a todas las capas de la sociedad y no solo a las personas con diversidad funcional.

Ellas ya saben que merecen un empleo digno, ¿lo sabe el resto de la sociedad?