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El estudio que se extendió por cuatro años e incluyo a mas de 20 países en distintas partes del mundo, señala que la movilidad social se estancó y la desigualdad aumentó en las últimas décadas.
Esto es decepcionante dice Gabriel Ramos, directora general de la 0CDE, en conversaciones con BBC mundo. El problema es que ha habido un crecimiento excepcional de la requisa, pero vemos al mismo tiempo cómo hay familias que siguen atrapadas en la pobreza o en trabajos informales de mala calidad. Colombia es el país mas desigual de américa la tina por su alta concentración de ingresos y no se trata de la medición que habitualmente se hace.
En el estudio de la OCDE un elevador social como promover la movilidad social; los investigadores analizaron el ingreso de los hogares del 40% de la población con menos recursos económicos y del 10% más rico. una gran parte de la población se mueve en el mundo del empleo informal sin posibilidades reales de progresión.
No tiene cobertura medica ni pensiones, ni servicios básicos. Entones las dificultades se reproducen por que el impacto  distributivo del sistema de impuestos y de la seguridad social no le llega a los mas pobres.
En varios países de la región hay familias que logran salir de la pobreza , pero en un pestañear de ojos vuelven a caer, algo que algunos analistas suelen llamar como una clase media vulnerable que regresa a su citación original antes de cualquier entrevisto.
Basta que con un miembro de la familia se enferme, por ejemplo, para que un circulo vuelva a repetirse. Es que así como se hereda la requisa , también se hereda la pobreza. Varios gobiernos han realizado trasferencia monetarias para reducir la pobreza pero ese tipo de políticas no cambian en el problema de fondo en la desigualdad. Y en el caso de Colombia, La situación es mas aguda. Ademas el país tiene resultados deficientes en las pruebas internacionales que miden la calidad de la educación, un factor esencial para la movilidad social.

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Por qué en Colombia se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza y en Chile 6 - BBC News Mundo

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Un niño en Colombia tendría que esperar 330 años para tener una mejor calidad de vida por el aumento de la desigualdad en ese país, donde la concentración de la riqueza alcanza niveles alarmantes.

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Amanece Dignidad: Voces latinoamericanas frente al poder de las transnacionales, encontramos tres historias de diferentes países, Bolivia, Venezuela y Ecuador, llegaron transnacionales a prometerles un futuro mejor en la década de los 90, todo esto asociándose a promesas como el empleo, competitividad, tecnología y progreso. Pero no se cumplieron dichas promesas y a cambio de esto extrajeron petróleo y gas provocando rechazo social a estas transnacionales, ya que en el año 2000 REAPSOL entro a operar en Ecuador en la Amazonia donde vivía la comunidad indígena guaunari la cual tratan de frenar el avance de esta empresa ya que en el agua viene ya enfermedades de diferentes indoles hacia la población ya que viene contaminada por las petroleras o por las empresas de gas, las cuales derivan a consecuencias mortales.

A pesar de las denuncias y las afectaciones todas estas comunidades están pendientes y en continua protesta por las afectaciones petroleras y más aun cuando todo lo que ofrecieron las ayudas y deudas crecieron por las explotaciones petroleras, ya que solo ganan, pero no invierten en estos países. En este documental vemos como a pesar de que ya ha pasado el tiempo las personas y/o transnacionales no toman conciencia del daño que hace tanto ambiental como personal, y lo vemos ahora con la propuesta del fracking en Colombia estas transnacionales solo buscan generar ingresos, pero sin importarles como empobrecen y perjudican el país.

Dominga de Bolivia, Gloria de Ecuador y Norkis de Venezuela mujeres a las cuales las transnacionales les prometieron un futuro mejor pero que lo único que realmente recibieron fueron afecciones medicas y baja calidad de vida, Alexandra Almeida Bioquímica farmacéutica de Acción ecológica, todas estas implicadas en los “abusos” que sufren a causa de las transnacionales.

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Amanece Dignidad. Voces latinoamericanas frente al poder de las transnacionales (OMAL y CEDIB, 2011)

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Desde hace décadas se afirma que la llegada de las multinacionales a América Latina impulsaría el progreso y la mejora de la calidad de vida de la población. Al contrario de lo esperado, han originado fuertes impactos sociales y ambientales. Así lo ha vivido Dominga en Bolivia, Gloria en Ecuador, y Norquis en Venezuela. Frente a estos impactos se han organizado con su comunidad para defender sus derechos y para exigir otros modelos de desarrollo que les permita tener una vida digna. Estas son sus historias.

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¿Por qué preocuparnos por la desigualdad en Colombia?

Empezaré recordando que según la ACNUR desigualdad es la condición o circunstancia de no tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma, es decir se habla de desigualdad cuando hay una falta de equilibrio entre dos o más personas, y hay varios tipos de desigualdad, entre ellos social, económica, educativa, de género y legal.

María José Álvarez Rivadulla Coordinadora de la Maestría en Sociología, mediante una noticia publicada en la página de la universidad de los andes en agosto del 2018, relata por qué debemos preocuparnos por la desigualdad en Colombia, y es que realmente la desigualdad en nuestro país siempre ha existido y quizás siempre existirá, Durante la primare del siglo XXI se pensó que vendría una transformación de fondo por el auge de precios de las materias primas, pero realmente esto termino en el 2014 cuando el petróleo y la soya empezaron a bajar. De esta manera lo que se menciona en la noticia respecto a “Todas las sociedades tienen un cierto nivel de desigualdad en un momento dado”, considero que es totalmente cierto, el problema es cuando esta desigualdad siempre esta en base a los mismos.  y es un tema que muchos colombianos ignoran, Por lo tanto, considero importante la cátedra de desarrollo social contemporáneo ya que su propósito es el de conocer las condiciones históricas, socio culturales entre otros, para así de esta manera afianzar conocer y reconocer las noticias de nuestro país como lo es esta.

En Colombia no se han logrado formular modelos de desarrollo tanto eficaces como eficientes para acabar con la desigualdad, aún mas teniendo en cuenta como se menciono anteriormente que la desigualdad no es solamente a nivel económico, sino que hace parte de desigualdad étnica, de tierras, etc. Y en base a esto debemos también tener en cuenta que en Colombia como lo menciona (Rosa, 2019), “La distribución de los frutos del crecimiento económico, debe ser la principal tarea y el objetivo del Estado. Sin embargo, muchas veces la economía mantiene un sesgo concentrador de los beneficios económicos que se producen en muy pocas manos lo que aumenta la desigualdad. Los grandes beneficiados del desarrollo económico fueron tanto los empresarios como los trabajadores con niveles educativos más altos, por eso se pregona la demanda de una mano de obra más calificada por parte del Estado, y se considera la pobreza como un problema estructural que se origina por una distribución inequitativa de los activos de la economía.”. La noticia expresa una relación con el modelo actual por que el cambio estructural de desigualdad no ha sido transformado, sigue siendo el mismo, como si dice coloquialmente, volviendo al rico más rico y al pobre más pobre.

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Universidad de los Andes - Colombia - Sitio oficial

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Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

© - Derechos Reservados Universidad de los Andes

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¿Por qué preocuparnos por la desigualdad en Colombia?

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Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia. © - Derechos Reservados Universidad de los Andes

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La falta de recursos económicos es una característica de la pobreza, sin embargo, la Agenda 2030 aborda el problema de un modo más profundo que la carencia o insuficiencia de ingresos. La pobreza que el mundo se comprometió a erradicar es multidimensional:  se relaciona con el hambre y la desnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación social y la exclusión, así como la falta de participación en la toma de decisiones.

Esto quiere decir que la erradicación de la pobreza requiere de un crecimiento económico que sea inclusivo y sostenible, pero también de inversión en infraestructuras sociales y físicas de calidad. Implica garantizar los niveles esenciales de acceso y calidad de los servicios de salud, educación, acceso a agua potable y saneamiento.

También quiere decir que hay que abordar las causas subyacentes de los conflictos sociales, así como de las crecientes tensiones causadas por los escasos recursos naturales de los que dependen los pobres.

Y, por supuesto, supone contar con sistemas de protección social bien diseñados para proteger a los grupos más vulnerables y marginados de los impactos del clima extremo, las pandemias y las crisis económicas; hechos que los pueden llevar a recaer en la pobreza.

El Índice analiza cómo las personas quedan rezagadas en el ámbito de la salud, la educación y el nivel de vida, con carencias tales como la falta de acceso a agua potable, a saneamiento, a una nutrición adecuada o a educación primaria. Aquellos que se ven privados de al menos un tercio de los componentes del IPM, se clasifican como multidimensionalmente pobres. Las cifras de 2018, estrechamente alineadas con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cubren casi tres cuartas partes de la población mundial.

Según las estimaciones del IPM Global de 2018, aproximadamente 1.300 millones de personas viven en la pobreza multidimensional, lo que representa casi una cuarta parte de la población de los 104 países para los que se calculó el IPM. De estos 1.300 millones, casi la mitad, el 46%, viven en pobreza severa y sufren carencias en al menos la mitad de las dimensiones que cubre el IPM. Además, la mitad de las personas que viven en este tipo de pobreza son bebes, niños, jovenes y adultos.

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El negocio con la pobreza - Documental Completo ESP.

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Los cultivos transgénicos  son un gran experimento biológico. Cuando introducimos ganes de medusa, insertamos creando seres que nunca hubieran alumbrado la naturaleza.
Las semillas trasgénica  adquieren característica nuevas para resistir a determinadas plagas o agroquímicos. Algunas, podrán crecer casi sin agua y otras, nos ayudan a combatir enfermedades.
El problema es que esas semillas no son de todos. ya no están en manos de los agricultores. Ahora están patentadas y pertenecen a las multinacionales.
Durante años solo ha habido un cultivo modificado genética mente autorizado en Europa. Es un maíz insecticida el MON 810, una patente de la multinacional monsato. España es el único país de la unión Europea que lo cultiva a gran escala. Este maíz tiene incorporados ganes de una bacteria del suelo que para que genere una toxina que mata a los gusanos de la plaga del taladro.
Para el gobierno español, un grupo muy importante de científicos, y las multinacionales biotecnologías, por su puesto que son seguros.
Todos sus estudios garantizan que no perjudican a la salud ni al medio ambiente. Los grupos ecologistas, sin embargo, han pedido que se retire el MON 810 de nuestros campos. Porque, según sus informes, también científicos, pueden afectar a la biodiversidad y, a largo plazo, a la salud. Piden que en España se aplique el principio de precaución siguiendo el ejemplo de Francia,Alemania o Italia.
Sino somos agricultores o no ganamos dinero con la patente, lo lógico es que no queremos transgenico ni en nuestros campos ni den nuestro platos, por si acaso. Pero la investigación es publica, y los beneficios alcanza a nuestra salud o nuestra industria, la cosa cambia.
Han presentado el arroz dorado, modificado géneticamente para aportar pro vitamina a,  la solución  al problema de la mal nutrición en Asia. Pero, no es otro todo lo que reluce. Los grupos ambientalistas denuncian que estamos en una maniobra mas de las multinacionales de los transgénicos para ganar mercado en los países pobres, que van perdiendo sus recursos genéticos y su soberanía alimentaria.
Queremos o no, comemos transgénicos. Almeno de forma indirecta, por que la práctica total de los piensos compuestos son transgenico, y estos piensos son el alimento de casi cien por ciento de las vacas, pollos y cerdos que se crian en las granjas intencivas . Y tambien comemos su leche y sus huevos...Nuestra ganadería. Hoy por hoy, depende de los transgenicos que importamos de Brasil, Argentina o estados unidos.

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Una de las exigencia de Estados Unidos fue una ley, obligar a los campesinos colombianos a solo sembrar semillas certificadas. El gobierno Colombiano acepto la exigencia e inmediatamente el Instituto Colombiano agropecuario proclamó una resolución a la ley 970 conocida como la Ley Monsanto en la cual condena a cualquier campesino que siembre semilla que no sea certificada. La promesa de obama se realizó la mayoría de semillas certificadas provienen de estados unidos los campesinos de todo el país están obligados a comprar esa semilla.

Antes de esta ley los campesinos compraban las semillas en tiendas, sembraban, cosechaban y guardabas las mejores semillas de la cosecha para volver a reutilizarlas en la próxima siembra. Esta ley considera que reutilizar las semillas es violar el derecho de autor de esta semilla por eso obliga al campesino a comprar nueva semillas.

Los más afectados son los pequeños y medianos campesinos es decir el 60% de la población, al no tener oportunidad de usar las semillas condena a los campesinos a la prisión  a las semillas que siembran a la extinción. Quien infrinja esta ley está condenado de 4 a 8 años de prisión. Para comprar la semilla el campesino está obligado a comprar todo un paquete pues no están limitados a comprar los que ellos digan si no que los obligan a comprar el pro de agua, lo que realmente quieren es acabar con los más pequeños .

La relación de esta situación con la asignatura se relacionan en que el objetivo de la asignatura  es que conozcamos y analicemos los diferentes acontecimientos sociales para poder crear alternativas de desarrollo y esta situación nos permite conocer lo que está pasando en un determinado contexto de nuestra sociedad.

actualmente vemos que los alimentos y los demos productos comprados vienen de otros países, nuestro país produce de muy buena calidad pero estamos en el deber de exportarlo todo; falta conciencia y amor por nuestra tierra, nuestros productos y el esfuerzo que cada uno hace para que su cultivo sea el mejor.

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En el 2016 se registraron un total de 46 muertes relacionadas con la desnutrición en niños menores de cinco años de edad apenas unos meses de iniciado el año, el Instituto Nacional de Salud Colombiano revela que cada semana mueren cinco niños a causa de la desnutrición severa que se presenta. En donde más  se presenta estas condiciones son en Magdalena con un 17,2%, la Guajira y Tolima con 10,3% cada uno. Bogotá, César, Meta, Santa Marta y Valle con dos casos por ciudad y Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó y Cundinamarca con solo un caso de desnutrición.  Esto es alarmante porque se está extendiendo por otras regiones del país.

Estas condiciones se deben a la pobreza extrema y en la Guajira el problema ha sido histórico, pues se revela que 55% de esta población vive en pobreza extrema y un 98,5% de los niños indígenas que mueren por desnutrición alcanzan a tener un año de edad. En esta población conformada por la comunidad wayúu se vive todo el año con temperaturas de 35 y 42 grados centígrados sin suministro de agua deben soportar esas temperaturas ya que desde hace 10 años que se instaló una empresa minera en la región se ha disminuido la posibilidad de tener acceso al líquido. En Colombia más de un 40% de la población no puede acceder  a alimentos para complementar una vida saludable en el último informe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; se revelo que Colombia ocupa el puesto 12 de 168 en desigualdad en el ingreso y acceso a la educación y a la salud. Sectores sociales advierten que las muertes de nuños se producen debido a la gran inequidad social que se vive en el país.

La relación de esta situación con la asignatura se relacionan en que el objetivo de la asignatura  es que conozcamos y analicemos los diferentes acontecimientos sociales para poder crear alternativas de desarrollo y esta situación nos permite conocer lo que está

Pasando en un determinado contexto de nuestra sociedad.

actualmente en Colombia el sistema de desarrollo es insostenible esto se debe en gran medida a que desde hace mucho tiempo dejamos que otros países hicieran y tomaran las decisiones que hicieran  sobre nosotros causando pobreza, cambios climáticos y muertes.

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Un total de 46 muertes relacionadas con la desnutrición en menores de cinco años se han registrado en Colombia en lo que va de 2016, según el Instituto Nacional de Salud de esta nación una cifra que debe llamar la atención de las autoridades gubernamentales debido a que es un indicador muy alarmante que denota la deficiencia en políticas públicas contra el hambre y la pobreza en esta nación suramericana.

Recientemente, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), reveló que uno de cada diez niños sufre desnutrición crónica en Colombia, un dato que es considerado como "anormal" en el conjunto de América Latina.
>> En Colombia se extiende la muerte de niños por hambre y sed
Sin embargo, esta cifra es menor a la que revela el propio Instituto Nacional de Salud colombiano que advirtió que cada semana mueren al menos cinco niños en el país a causa de la desnutrición.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno colombiano en diciembre pasado que adoptara "las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad" de niños y adolescentes ante la cifra de muertes por desnutrición en las comunidades Wayúu.
>> Registran 29 niños muertos por desnutrición en Colombia en 2016
En febrero de este año, la Defensoría del Pueblo de Colombia anunció la ampliación de su alerta por desnutrición infantil en el departamento de Arauca (este), luego de que un niño muriera por falta de alimentos.

El organismo criticó que en el país, especialmente en las zonas rurales de Arauca la situación del sistema de salud es muy precaria. "La preocupación que nos extiende es que ya nosotros como Defensoría habíamos anunciado los problemas que se estaban presentando en la Guajira y que ahora esto salga de la península y se convierta en un problema endémico de otras regiones del país nos preocupa altamente", dijo el Defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao.

Los departamentos colombianos con más casos son Magdalena, con 17,2 por ciento, La Guajira y Tolima, con el 10,3 por ciento cada uno. Bogotá, César, Meta, Santa Marta y Valle, con dos casos por ciudad y Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó y Cundinamarca, con un solo caso de desnutrición.
>> De no ser por Venezuela habrían más muertos en La Guajira
EL DATO: 11,4 por ciento de los colombianos padece hambre según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Pese a que el Gobierno colombiano ha pretendido hacer alarde de supuestas políticas públicas aplicadas en la lucha contra el hambre y la pobreza, la realidad es otra, debido a que los organismos de salud no se ocupan de las regiones con menos recursos y la falta de alimentos también juega un papel fundamental. El último Protocolo de Vigilancia Pública reveló que el 86,2 por ciento de las madres de los niños que mueren registran bajo o ningún nivel educativo y pertenecen al estrato socioeconómico bajo.

La alerta por las muertes a causa de la desnutrición se detonó en La Guajira, donde problema ha sido histórico. Cifras oficiales revelan que 55 por ciento de la población de La Guajira vive en pobreza extrema y 98.5 por ciento de los niños indígenas que mueren por desnutrición alcanzan a tener un año de edad.

En esta región, las más de 400 mil personas que conforman la comunidad wayúu viven los 365 días del año con temperaturas de entre 35 y 42 grados. Deben soportarla sin el suministro de agua, porque desde que se instaló -hace más de 10 años- una empresa minera en la región, han ido disminuyendo las garantías para que se pueda tener acceso al líquido. Las muertes son la evidencia del drama que en esa zona se vive. La corrupción y la desidia.
>> Desnutrición en la Guajira complica paz definitiva en Colombia
La senadora Claudia López, del partido Alianza Verde, manifestó para los gobernantes primero está el beneficio de los socios políticos y "amigos terratenientes" que promover políticas para mejorar la calidad de vida los habitantes de regiones como La Guajira, donde la desnutrición campea.

A juicio de la parlamentaria, la negligencia de gobernantes como Álvaro Uribe (ahora senador de la República) y el actual mandatario, Juan Manuel Santos, han causado la muerte de miles de niños en esa región.
>> Aumenta el número de muertes por desnutrición en La Guajira
"El señor Uribe va de visita a La Guajira, por qué no fue cuando desvió el río Ranchería y los dejó sin agua para darle agua a terratenientes amigos suyos en el (departamento) Cesar, ahí si no fue. Ahora el señor Santos que ha sido socio a través de Cambio Radical y su vicepresidente con (Juan Francisco) 'Kiko' Gómez --exgobernador del departamento de La Guajira--, y toda su ralea de políticos corruptos, se toma foto con el ellos y se sorprende de que se roben la plata, pues obvio que se roban la plata", consideró López.

La senadora remarcó que la corrupción apoyada por presidentes, aunada a la irresponsabilidad de amparar a políticos corruptos en la región "es lo que está matando a los niños de hambre y sed".

En Colombia, más del 40 por ciento de la población no puede acceder a alimentos para completar una vida saludable. Según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, por su sigla en inglés), Colombia ocupa el puesto 12 de 168 en desigualdad en el ingreso, y acceso a la educación y la salud entre hombres y mujeres.

De acuerdo a estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la inflación de alimentos cerró en 10,85 por ciento en el 2015, lo que presionó el indicador general de precios al consumidor a 6,7 por ciento.

Sectores sociales de Colombia han advertido que las muertes de niños se producen debido a la gran inequidad social que se vive en el país, principalmente en zonas rurales. Líderes sociales denuncian la desidia y la indiferencia del Estado y la élite política ante una problemática cuyas cifras alarman.
>> Retratos de los niños con hambre en la Guajira colombiana

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Un total de 46 muertes relacionadas con la desnutrición en menores de cinco años se han registrado en Colombia en lo que va de 2016, según el Instituto Nacional de Salud de esta nación una cifra que debe llamar la atención de las autoridades gubernamentales debido a que es un indicador muy alarmante que denota la deficiencia en políticas públicas contra el hambre y la pobreza en esta nación suramericana.

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Los líderes sociales asesinados eran la expresión de la legalidad en esos territorios, ante la ausencia del estado, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dice que los integrantes de Juntas de Acción Comunal de Colombia son las principales víctimas en los homicidios contra líderes sociales. Reconoce que ellos eran la única representación que tenía el Estado en los territorios y que fueron abandonados. Narcotráfico, según él, es el principal responsable de estos crímenes. Explica que las muertes no están relacionadas con la política: “desde el punto de vista empírico no se encuentra asociación entre afectación a líderes sociales y proceso político.

En el 50 % de los casos que ya hemos esclarecido, al perfilar las víctimas, encontramos que más del 50 % de ellas corresponden a líderes de Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunitarias. Le siguen líderes indígenas en un 12 %, campesinos en un 12 %. Entonces, es evidente que en el centro de este conflicto que se está dando en los territorios, los líderes comunales están llevando la peor parte junto con la sociedad civil, porque estos homicidios están ocurriendo en los territorios del posconflicto.

Estamos hablando de Nariño, de Cauca, de Antioquia, de Norte de Santander donde más caracterizadamente se está dando este fenómeno de violencia. Y en estos lugares las tasas de crecimiento del homicidio de la sociedad civil está llegando a unos niveles muy importantes: se está viendo afectada la sociedad civil en su conjunto, en medio de un conflicto que se está generando en los territorios y dentro de esa sociedad civil, se afecta a líderes sociales.

¿Por qué es difícil de entender por qué los líderes de juntas de acción comunal son el blanco?

Los años 80 y 90 donde hubo afectación a los defensores y líderes sociales, eran líderes de un perfil nacional caracterizado, allí había confrontaciones ideológicas. Aquí son territorios en donde la regulación de la convivencia estaba de la mano de las Farc. Y estos líderes comunitarios en la perspectiva y en la visión de la Fiscalía, cumplen una labor de autorregulación en la medida en que el Estado no entró a esos territorios rápidamente, se interesan por estos temas sociales, cumplen una labor de autorregulación y en la medida que van ganando una legitimidad frente a sus comunidades se convierten en un elemento de perturbación frente a los objetivos de esas organizaciones criminales. Ellos eran la expresión de la legalidad en esos territorios, ante la ausencia del Estado.

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Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

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Una explosión, seguida de disparos, llevó a un grupo de líderes, que se encontraban reunidos en el quiosco de piso de cemento, guadua y tejas de barro, a tirarse al suelo y resguardarse detrás de los muros de ladrillo, mientras los escoltas repelían el ataque. Algunos de ellos habían imaginado muchas veces una reacción como esta; otros la habían ensayado con sus esquema de seguridad; y un par, simplemente, actuó de forma instintiva, tal y como lo habían tenido que hacer para salvar sus vidas.

Tres hombres armados habían llegado a la finca La Trinidad, a solo 15 minutos del casco urbano de Santander de Quilichao, para asesinar a los 16 líderes de las comunidades afrodescendientes que se encontraban allí reunidos. El atentado comenzó como una noticia más de las que aparecen cada dos días, en promedio, desde 2016, con asesinatos o amenazas contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pero sus características lo convirtieron en un hecho ampliamente repudiado.

Le sugerimos: Francia Márquez denuncia atentado en su contra y otros líderes en Cauca

Inicialmente, se llevó el foco de atención la lideresa Francia Márquez, ganadora el año pasado del Goldman Prize -una especie de Nobel del medioambiente- por su lucha para detener la minería ilegal de oro en su tierra ancestral. Pero después, cuando se supo que otros líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), como Carlos Rosero, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí o Sofía Garzón, también fueron objeto del ataque, la indignación y las alertas aumentaron. En ese paraje estaban las figuras más destacadas y visibles de las comunidades negras no solo del Pacífico, sino del país. Muchos son autoridades y personas admiradas en sus regiones, gracias al valeroso trabajo que han hecho durante décadas; han ganado el respeto de académicos, altos funcionarios del Gobierno, políticos, diplomáticos e incluso decenas de congresistas de Estados Unidos y Europa. Si la granada que cayó muy cerca del quiosco hubiera explotado, la masacre habría sido inevitable.

Rosero, Francia Márquez y demás líderes discutían los términos de una especie de memorial de agravios que las comunidades le iban a presentar al Gobierno dentro de los acuerdos firmados en la pasada minga indígena. "Queremos que haya una mesa definitiva para que cumplan los más de 300 acuerdos firmados e incumplidos con las diferentes comunidades desde 1986. Que protejan la vida y derechos de las poblaciones, resuelvan asuntos de tierras o minería ilegal, financien proyectos productivos, nuestro sistema de salud, educación y gobierno", dijo Víctor Moreno, presidente de la Aconc.

Un kilo de oro vale 130 millones de pesos en el mercado, en comparación con los 8 o 10 en que se cotiza la misma cantidad de cocaína.

Pocos imaginaban que el ataque no iba a parar ahí. Un día después del intento de asesinato, rechazado con vehemencia por el propio presidente Iván Duque, varios de estos líderes recibieron una nueva amenaza de las Águilas Negras: " Este es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes... les llegó la hora, negros" decía el mensaje de texto. La advertencia cumplió su cometido, los llenó de miedo y disolvió el segundo intento de reunión.

Lo ocurrido en el norte del Cauca ofrece un claro ejemplo de lo que pasa en otras zonas del país con el conflicto, las economías ilegales, el narcotráfico y la falta de presencia del Estado. Las amenazas y atentados contra los líderes sociales son el síntoma, la fiebre de un complejo fenómeno que amenaza la tranquilidad y seguridad no solo de las comunidades afrodescendientes, indígenas o campesinas, sino de gran parte de los colombianos.

Las intimidaciones y asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales comenzaron a crecer luego de que las Farc dejaron las armas. Desde entonces, el debate se centró en qué tan ciertas eran las cifras, en si detrás de esa nueva oleada de sangre había una sistematicidad que permitiera llevar el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) y en cómo salvaguardar la vida de cientos de personas. Muchos de estos y otros problemas aún siguen sin respuesta.

Foto: El defensor del Pueblo, Carlos Negret, el procurador general, Fernando Carrillo, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, lideran, desde sus diferentes perspectivas, la lucha contra los asesinos de los líderes sociales y contra la problemática que rodea el fenómeno.

Frente a las cifras, todavía no hay unanimidad. La Defensoría del Pueblo habla de 462 líderes asesinados desde 2016, pero la Fiscalía dice que son 276, la misma suma de la ONU. Por su parte, la ONG Indepaz cuenta 681, y Somos Defensores menciona 366. Lo cierto es que, de todos los casos, la Fiscalía sostiene que ha avanzado en 225 y ha capturado 244 personas. De los números, los de la Defensoría serían los más cercanos a la realidad, por el alcance y el contacto con las comunidades que la entidad tiene permanentemente en todo el territorio nacional.

En cambio, parece haber más consenso en las razones de las muertes e intimidaciones. En gran parte, según Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, responden a la lucha de los líderes contra los cultivos de coca, la minería ilegal o la destrucción del medioambiente, mientras protegen sus parcelas o territorios. La inmensa mayoría está en zonas de conflicto, donde las disidencias de las Farc, el ELN, bacrim, Águilas Negras, grupos neoparamilitares o bandas que protegen economías ilegales imponen su ley o mantienen enfrentamientos por controlar regiones o corredores estratégicos.
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Un importante número de homicidios ocurren en Cauca y parte del Valle, en el Pacífico nariñense y caucano, el Urabá y Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo y algunas zonas de Caquetá, Meta y Vichada (ver infografía). En estas regiones hoy se concentran los cultivos ilícitos, la producción de drogas, las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. Pero también otros negocios como el robo y el contrabando de combustibles, el tráfico de migrantes o el terrible exterminio de las selvas, bosques y sabanas naturales de la Orinoquia. Alrededor de 130 millones de pesos vale actualmente un kilo de oro en el mercado, en comparación con los 8 o 10 en que se cotiza la misma cantidad de cocaína. Todo ello a manos de negociantes y terratenientes que han encontrado en el vacío que dejaron las Farc una oportunidad para apropiarse de miles y miles de hectáreas.

Lo que pasa en el Cauca o Nariño es terrible, dice Negret. Los indígenas, afros o campesinos luchan contra los modelos de producción extractivistas, pero los obligan a cultivar la coca. A su vez, sus propiedades y territorios han sufrido la invasión de miles de campesinos, colonos y raspachines provenientes de la Orinoquia, donde las Fuerzas Armadas han logrado avanzar en la erradicación de cultivos y asumir el control territorial. Detrás están no solo los grupos armados nacionales, sino los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco-Nueva Generación, que tienen cada vez más presencia en el Pacífico colombiano.

Los actores

El debate sobre la sistematicidad tuvo un giro inesperado hace cinco meses. Después de un encuentro con el alto gobierno, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reconoció por primera vez dos patrones en los casos. "Uno activo y otro pasivo", dijo. El primero se refiere al tipo de estructuras responsables de los homicidios, y el segundo, al perfil de las personas que están matando.

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Las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el ELN y los Caparrapos aparecen a la cabeza de la lista de presuntos responsables. En los registros, sin embargo, abundan los autores desconocidos. Se trata en buena parte de sicarios a sueldo, lo que ha dificultado determinar los autores intelectuales y las motivaciones para hacerlo.

Foto: El presidente Duque lanzó, junto con el fiscal general y varios de sus ministros, un cuerpo de jueces especializados para acelerar la judicialización de los asesinos de líderes sociales. A la derecha, las autoridades capturaron en Caloto a uno de los participantes en el atentado, un menor de 17 años.

La sistematicidad también tiene que ver con las víctimas. Los miembros de las Juntas de Acción Comunal, a la fecha, han puesto la mitad. Un porcentaje preocupante si se tiene en cuenta que 7 millones de colombianos pertenecen a ese tipo de organizaciones. Si bien la mayoría de asesinatos y amenazas reportados conservan un estrecho vínculo con la aplicación del acuerdo de paz, los ataques están enfocados en destruir o debilitar los procesos asociativos locales. Quieren desactivar la participación y la organización social, y para conseguirlo atacan su expresión más pequeña. Para varios analistas consultados por SEMANA, al ya complejo escenario que están viviendo en muchos territorios se suma un ingrediente: las elecciones regionales de octubre.

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Es claro que en la mayoría de estas regiones ganó el Sí en el plebiscito, en segunda vuelta perdió Iván Duque y muchos de estos nuevos líderes y organizaciones quieren llegar al poder. Tal y como denunció el analista Ariel Ávila, las elecciones han multiplicado las acciones contra los líderes, algo que podría volver a pasar. Y en la arena política, las amenazas y balas pueden venir de cualquier lado, como ha demostrado la historia reciente del país.

Con la salida de las Farc, los líderes compraron la propuesta de que podían participar. Pero no fue así. Hablar y hacer política les está costando la vida. Además, la falta de coordinación del aparato institucional también los asfixia. Aunque hace mucho rato la dimensión del fenómeno sobrepasó la disputa por el número de víctimas, este es el punto de partida para diseñar una estrategia que los proteja.

Basta revisar el Plan Nacional de Desarrollo para entender lo que está pasando. La primera versión conocida del proyecto tenía como base las 462 víctimas de las que habla la Defensoría del Pueblo. En la última, aparecen las 272 que mencionan las Naciones Unidas. Si el Estado cuenta con una entidad que se encarga de velar por proteger, defender y promover los derechos humanos, ¿por qué no creerle? Las diferencias con la Defensoría vienen de vieja data. El Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos echó mano de la cifra más pequeña durante años.

Del papel al terreno

Para tratar de contener la oleada de asesinatos posteriores al acuerdo, en 2017 el Gobierno expidió casi una decena de decretos. Entre ellos, el 2252, que estableció que las Alcaldías y Gobernaciones deberían actuar como las "primeras respondientes" de detectar a tiempo las amenazas. También el 660, que creó medidas de protección colectivas para las comunidades en riesgo. Por su parte, el 2078 perfiló la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades. El 898 creó la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales. Y el 2124 fortaleció el Sistema de Alertas Tempranas.

En lo que va corrido de 2019 se han reportado al menos 12 panfletos amenazantes, que se suman a los 55 que circularon el año pasado.

Pese a esta artillería de medidas, la realidad en las regiones es otra. ¿Qué está fallando? Lamentablemente, buena parte de las iniciativas tramitadas después de la firma del acuerdo de paz nacieron muertas. El Gobierno las concibió sin garantías de financiación, y con la llegada del nuevo Gobierno más de una terminó enterrada. La actual administración ha optado, al parecer, por una estrategia con sello propio. Aunque en un principio se dijo que las políticas públicas al respecto permanecerían vigentes, no ha sido así. La Comisión Nacional de Garantías solo se ha reunido una vez en lo que va del actual periodo, reemplazada por el Plan de Acción Oportuna (PAO).

Los efectos de esto van más allá. Ocho días antes del atentado en Santander de Quilichao, la Defensoría del Pueblo le había hecho llegar a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, una alerta urgente sobre "la situación de riesgo identificada para las organizaciones comunitarias del Cauca". En lo que va corrido de 2019 se han reportado al menos 12 panfletos amenazantes, que se suman a los 55 que circularon el año pasado. La alerta, sin embargo, no tuvo eco. A la entidad no llegó respuesta, y los líderes tampoco sintieron apoyo alguno en terreno.

Organizaciones como Somos Defensores aseguran que el PAO desconoce el trabajo que se venía adelantando y la importancia de garantizar la paz en los territorios para erradicar la violencia en contra de los defensores, y que también excluye a la sociedad civil. "Prefieren generar estrategias que, con la excusa de la seguridad, crean las condiciones para la militarización de las diferentes regiones en las que sufren agresiones los líderes sociales, bajo la vieja e inservible fórmula de combatir la guerra con más guerra, medida con la que sigue priorizando la protección física e ignora la importancia de la creación de garantías", detalló Somos Defensores en su más reciente informe, titulado 'La naranja mecánica'.

¿Hay solución?

En el encuentro llevado a cabo en agosto pasado en Apartadó, liderado por el procurador general, Fernando Carrillo, este consiguió que el alto gobierno firmara un pacto por la vida. Este ha sido clave, pero no suficiente para evitar más muertes. ¿La razón? Allí acordaron fortalecer la Unidad Nacional de Protección que hoy recibe 20 por ciento más de recursos que el año pasado. Es decir, el presupuesto quedó en 688.747 millones de pesos, cifra que por sí sola no alcanza para evitar más muertes.

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Porque robustecer y mejorar la ingeniería de la UNP, en parte, es clave para garantizar la seguridad de más de 4.377 líderes sociales. Francia Márquez es una de ellas. Su equipo de seguridad resultó determinante para evitar una tragedia en Santander de Quilichao, que habría desmoralizado al país, y también para determinar con rapidez lo que está pasando.

Los escoltas lograron rechazar con éxito el ataque, lo que permitió que, una semana después, las autoridades capturaran a un menor de 17 años como uno de los presuntos atacantes. Según relataron a la Fiscalía, no repelieron con más contundencia el ataque porque se dieron cuenta que se trataba de tres niños. Pero no solo ese detalle ayudó. También contaron que alcanzaron a impactar a uno en el brazo izquierdo, lo que facilitó su captura después de que se presentó fugazmente en un hospital.

Hacer justicia es otro factor clave para desmantelar las organizaciones responsables de estos ataques. Precisamente, esta semana el presidente Duque anunció un cuerpo de jueces para la "rápida judicialización y condena ejemplarizante de los asesinos de nuestros líderes sociales".

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Parece clave hacerle una reingeniería a la UNP, lo que requiere hacer un diagnóstico de cómo están repartidos los escoltas en el país e identificar a quienes los tienen, aunque no los necesitan, a fin de proteger a quienes están más expuestos en los territorios. Es necesario ir más allá. Como le dijo el procurador Fernando Carrillo a SEMANA, "Debemos pasar de esquemas individuales, reactivos y urbanos a esquemas de protección colectivos, preventivos, rurales y con enfoque diferencial".

Aunque se ha repetido hasta el cansancio, nada funcionará sin la presencia integral del Estado. A la acción de la fuerza pública hay que sumarle soluciones sociales, de salud, educación, proyectos productivos, inversión en vías e infraestructura para sacar del abandono y el atraso a miles y miles de colombianos.

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Informe especial: ¡Basta ya! No más asesinatos de líderes sociales

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Una explosión, seguida de disparos, llevó a un grupo de líderes, que se encontraban reunidos en el quiosco de piso de cemento, guadua y tejas de barro, a tirarse al suelo y resguardarse detrás de los muros de ladrillo, mientras los escoltas repelían el ataque.