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Problema hídricos en la Península de Nicoya 

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Problema hídricos en la Península de Nicoya 

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Roberto Protti Quesada y William Murillo Montero.

La costa Pacífica de la península de Nicoya es el objetivo de un plan inmobiliario y turístico sin precedentes, que pintan como la solución a los problemas de la región.

En estos momentos aciagos, es una posible tabla de salvación para una economía naufragante; sin embargo, hay peros. Conlleva un alto consumo y una demanda creciente de agua.

Es paradójico que la zona costera de la península cuente con una oferta muy limitada de agua, lo cual apenas es mencionado en los discursos recientes sobre las bondades del turismo y la industria inmobiliaria locales.

La tectónica produce que la península se levante continuamente, mientras el valle del Tempisque y el golfo de Nicoya se hunden paulatinamente. Así, mientras en la parte interna de la península se ha formado un gran acuífero aluvial permeable (acuífero Tempisque) en la costa solo existen delgados y poco extensos acuíferos que si acaso sostienen una demanda que no va más allá de las necesidades domésticas y no rendirán los volúmenes necesarios para planes intensivos.

No hay capacidad de almacenamiento acuífero para retener el agua en invierno para ser usada en verano. Los acuíferos costeros se recargan cuando cae lluvia y se descargan cuando no. Punto, hay agua solo cuando llueve.

Necesidad de tratamiento. Otro efecto de la tectónica local es que, entre el valle aluvial del Tempisque y la costa, un trasvase de agua debe hacerse por bombeo para salvar las montañas y colinas que los separan. Además, casi todo el terreno plano del valle del Tempisque es de cultivo, de aplicación de agroquímicos y centros poblados, es decir, el agua que entra directamente como recarga desde la superficie hacia el acuífero va contaminada y debe ser tratada.

En el acuífero Tempisque existen más de 2.000 pozos registrados y sabrá cuántos más sin registrar, según los archivos de Senara.

Una de las soluciones es el llamado Proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras ( Paacume), que consiste en traer agua del final del canal del oeste (Senara), mediante la construcción de una presa y un embalse en el río Piedras, así como de un canal hasta Palmira, una planta potabilizadora y acueductos costeros.

El Paacume calcula unos 2.000 litros por segundo para consumo humano, a un costo unitario de $2,41 a $11,53 por metro cúbico, según el escenario de análisis.

No dudamos de las bondades de este ambicioso plan, pero quizás su área de influencia esté sobrevalorada y la participación privada, infravalorada.

Llevar esas aguas a lugares como bahía Salinas o a la zona comprendida entre Sámara y Santa Teresa es irreal. No está considerado en el Paacume, ya que, de serlo, los promotores sabrían que no es sostenible a ningún costo.

El valor por metro cúbico que señala Senara en su plan del 2018 es solo para el agua conducida hasta Palmira. Falta contabilizar que el AyA tendrá que potabilizarla y bombearla para que llegue a las zonas costeras, y solo para el área comprendida entre Papagayo y, a lo sumo, Junquillal.

Desalinización. Como alternativa, planteamos que el AyA emprenda la desalinización de agua marina en plantas de alta y media capacidad, distribuidas a lo largo de la costa. Plantas productores de 100 a 200 litros por segundo abastecerían entre 25.000 y 50.000 personas cada una.

Esta tecnología es de uso en todo el mundo. La costa de la península de Nicoya, considerada como semidesértica, es un escenario ideal para utilizarla. El costo de producción promedio de la desalinización alcanza entre $0,9 y $1,2 por metro cúbico, y el costo de inversión podría rondar de $90.000 a $120.000 por litro por segundo de agua producida.

Se trata de una tecnología competitiva si se la compara con las tarifas señaladas por Senara en el 2018 para el proyecto Paacume.

El costo mayor de la desalinización es la energía; sin embargo, las plantas generadoras privadas están cerrando porque el ICE no les compra. Ese recurso energético podría servir para desarrollar proyectos de desalinización en Guanacaste a costos más bajos.

El AyA podría echar a andar el plan mediante fideicomisos similares al utilizado en el proyecto Sardinal-El Coco. Aportes privados de los futuros usuarios darían el contenido económico para este tipo de planes, que son de inmediata concreción: no precisan obras mayores y las plantas se adquieren completas, instaladas en contenedores y listas para operar. Debe hacerlo el AyA y no dejarlo en manos de las Asadas.

Las dos opciones son significativas, pero no comparables. El Paacume incluye la construcción del embalse, canales, la planta potabilizadora y acueductos, y expropiación de tierras, mientras que la desalinización tiene como único punto relevante la disposición adecuada de la salmuera residual del proceso. Los demás elementos son de escala menor comparados con el Paacume.

Pareciera que para la zona norte y la sección media y sureste de la península no hay más opciones. Cosa aparte es el aprovechamiento integral y racional del agua proveniente del embalse Arenal y su uso múltiple en las márgenes izquierda y derecha de la cuenca media del río Tempisque, donde, en nuestra opinión, el Paacume es impostergable.

Roberto Protti Quesada es geólogo y William Murillo Montero, ingeniero civil y exfuncionario de Senara.

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¿De dónde saldrá el agua para el gran proyecto en Nicoya?

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Roberto Protti Quesada y William Murillo Montero. La costa Pacífica de la península de Nicoya es el objetivo de un plan inmobiliario y turístico sin precedentes, que pintan como la solución a los problemas de la región. En estos momentos aciagos, es una posible tabla de salvación para una economía naufragante; sin embargo, hay peros.

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XVPC+PJ Puntarenas Province, Jicaral, Costa Rica

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https://archivo.crhoy.com/aya-y-comunidaanejo-del-agua-w9ninx/nacionales/

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Unnamed Road, Provincia de Puntarenas, Pitahaya, Costa Rica

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La zafra de la caña de azúcar, concretamente la quema de los cañaverales como paso previo a su corta y recolección que se realiza todos los años en una extensa zona colindante con los manglares ubicados a lo largo de la ribera norte del Estero le produce problemas e inconvenientes a los habitantes de la ciudad de Puntarenas.

Esta es una práctica que utiliza desde siempre la agroindustria del cultivo de la caña y tiene como objetivo despojarla de sus hojas, eliminar la maleza y evacuar o exterminar animales como ratas, serpientes y arañas, y así facilitar y agilizar su cosecha manual.

En el proceso se produce humo y ceniza que se desplazan de acuerdo con la velocidad y dirección del viento.

Esta ceniza, que es conocida como pavesa y que el diccionario define como "partecilla ligera que salta de una materia inflamada y acaba por convertirse en ceniza", es la que, además de contaminar esa importante zona de manglares y sus ríos, cae en grandes cantidades sobre la ciudad porteña y a la que sus pobladores, con ingenio e ironía, le llaman "nieve negra".

Algunos expertos consideran que la quema de los cañaverales son auténticos delitos medioambientales que causan serios problemas no solo a los ecosistemas, sino a la salud pública, ya que contamina el aire con monóxido de carbono, hidrocarburos y óxido de azufre, deteriora la capa de ozono e incide en el aumento de enfermedades cardiovasculares y bronquio-respiratorias.

En otros países, por presiones del sector ambientalista y de los afectados, se han hecho esfuerzos tendientes a eliminar esta práctica estableciendo prohibiciones o regulaciones adecuadas para reducir los efectos dañinos de la quema de los cañaverales.

Como ejemplo de las regulaciones podemos citar las que obligan a que las quemas se realicen en el período nocturno y las que autorizan que estas se hagan solamente a cierta velocidad del viento y cuando su dirección no afecte áreas urbanas.

Por otra parte, los productores de caña de azúcar en su interés por eliminar esta práctica sustituyen paulatinamente los cañaverales con variedades que son más apropiadas para la cosecha mecánica, para su corta en verde.

Sería conveniente que en nuestro país las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE -que hasta hoy han desoído las múltiples y constantes quejas de los afectados- conjuntamente con las organizaciones que representan a los productores de este cultivo y partiendo de la experiencia de otros países productores de caña de azúcar, trabajen en la búsqueda de soluciones a este grave problema que no solo perjudica a la comunidad puntarenense, sino a otros muchos costarricenses a lo largo y ancho del territorio nacional.

Las soluciones que se identifiquen y se apliquen, si bien deben proteger prioritariamente la salud de los costarricenses y el medioambiente, también deben procurar salvaguardar la competitividad del sector azucarero, fuente de riqueza para el país.

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La zafra de la caña de azúcar, concretamente la quema de los cañaverales como paso previo a su corta y recolección que se realiza todos los años en una extensa zona colindante con los manglares ubicados a lo largo de la ribera norte del Estero le produce problemas e inconvenientes a los habitantes de la ciudad de Puntarenas.

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6GXF+R8 Provincia de Puntarenas, Cordoncillo, Costa Rica

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Comisión Defensora de los ríos Convento y Sonador y defensa del agua

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Comisión Defensora de los ríos Convento y Sonador y defensa del agua

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206, San José Province, San Rafael Arriba, Costa Rica

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Botadero El Huaso. Mal manejo de residuos sólidos

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Botadero El Huaso. Mal manejo de residuos sólidos

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X32H+QW Provincia de Puntarenas, San Lucas, Costa Rica

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Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, es uno de los políticos que impulsa el plan. Elaboración propia/La República.

Más de una década después de que se empezara a planear la posibilidad de transformar el antiguo centro penal isla San Lucas en un destino turístico, el proyecto empieza a tomar forma con la suma de nuevos adeptos.

Al añejo interés de diputados, autoridades locales y empresarios puntarenenses se han sumado la primera dama y autoridades de turismo.

El sueño es que unas 200 mil personas visiten este lugar por año, el cual en la actualidad no alcanza ni siquiera los 2.500 turistas.

Lea más: Isla San Lucas sería declarada Parque Nacional

Para ello se promueve convertir las 472 hectáreas de la isla en un parque nacional en donde se pueda practicar senderismo, actividades de aventura o acuáticas, o simplemente pasar el día disfrutando de la flora, fauna y arquitectura del otrora penal, luego de un proceso de restauración.

Crear nuevos atractivos turísticos en Puntarenas se vuelve una necesidad ante el aumento de la pobreza, desigualdad y escasez de empleo y, en esa línea, renova r isla San Lucas como un destino de moda pasa a un primer plano.

La idea gravita con fuerza en la Asamblea Legislativa en forma de un proyecto de ley presentado por el diputado de origen puntarenense Carlos Ricardo Benavides, actual presidente del Congreso y promotor de la idea desde que lideró el Ministerio de Turismo durante la segunda administración Arias Sánchez.

El objeto principal de la iniciativa es convertir el actual refugio de vida silvestre isla San Lucas en un parque nacional que permita el acceso, el disfrute, la recreación, la generación de facilidades y comodidades para la visitación turística completa.

Lea más: Turismo en Isla San Lucas sería similar al de prisión de Alcatraz

Transformar isla San Lucas en destino turístico también cautiva a la primera dama, Claudia Dobles, quien lidera un programa para restaurarla, acondicionarla y potenciarla como un sitio al que hay visitar al menos una vez en la vida y al que ya se le ha destinado ¢800 millones en seguridad y restauración.

Como parte de las facilidades para el visitante se darán en concesión varios servicios dentro del recinto como venta de refrescos, una tienda de souvenirs y servicio de visitas guiadas.

Y dentro de las tareas de acondicionamiento se promueve un convenio con el Instituto Costarricense de Electricidad para llevar energía de forma permanente a la isla, así como conexiones de Internet y mejor señal celular.

La intención es convertirla en un destino como Alcatraz en la bahía de San Francisco, Estados Unidos, o en un Coiba, en el Golfo de Chiriquí, Panamá, en donde el turista visite el lugar durante el día y regrese a Puntarenas u otras comunidades del Golfo en la tarde a disfrutar del comercio y hotelería local.

"Existe una rica gastronomía, muchos servicios de hotelería y comercios ya establecidos que no se están aprovechando. La idea es que con la visitación que estamos promoviendo para la Isla San Lucas, los comercios cercanos tengan más ingresos y generen más plazas de empleo", detalló Claudia Dobles.

La estrategia procura, además, sumar a otros sectores para que se involucren comercialmente al proyecto; por ejemplo, el pesquero, que podría usar su pericia en el manejo de embarcaciones para trasladar turistas hacia la isla o crear otros negocios afines.
En esta nota también participó la periodista Yessenia Acuña
Reactivación

Mediante el turismo se pretende mejorar las condiciones socioeconómicas de Puntarenas, una provincia con altos índices de pobreza, a raíz de las escasas fuentes de empleo, muy por encima del promedio nacional (cifras en porcentaje).

Joya dormida

La isla San Lucas es un sitio cultural, histórico y natural de gran potencial turístico; sin embargo, son pocas personas quienes la visitan, en parte, por las malas condiciones del lugar y mitos de albergar especies venenosas (cifras en miles).

Primeras acciones

Los primeros trabajos para mejorar las condiciones de isla San Lucas ya arrancaron con medidas para mejorar la seguridad y las licitaciones para acondicionar las estructuras históricas y senderos.

Trabajo conjunto

La reactivación la isla San Lucas como destino turístico tiene un apoyo de los actores sociales, políticos y económicos, los cuales muestran el compromiso de trabajar de la mano para hacer el proyecto realidad.

Claudia Dobles

Primera dama
Costa Rica

Esta es una inversión dirigida al bienestar de la comunidad de Puntarenas y el Golfo de Nicoya al generar empleos e incentivar el desarrollo. Además, planteamos ser un referente en las mejores prácticas de construcción y manejo sostenible, con obras de bajo impacto y concordancia con su entorno.

Carlos Ricardo Benavides

Presidente
Asamblea Legislativa

Con ganas de que se concrete una ilusión que por tantos años hemos tenido de que San Lucas se convierta en un motor de desarrollo para todo el sector del Golfo de Nicoya y particularmente para la ciudad de Puntarenas. Estamos contentos con la labor de la primera dama como enlace con todas las instituciones y los diputados de todas las fracciones.

José León Sánchez

Autor
La isla de los hombres solos

San Lucas es la única isla cerca de un continente con capacidad de un desarrollo extraordinario. Una isla como San Lucas hoy es una República. Este Gobierno está empeñado en lograr un programa de bienestar en pro de la gente del Golfo. Es de esperar que, como lo recomienda una sentencia a favor de Puntarenas, el Minae desocupe la isla que ellos han convertido en un basurero y logren entender que cuidar una isla no les da el poder de repetir la criminal actuación que se ha tenido contra Costa Rica y el pueblo de Puntarenas.

María Amalia Revelo

Presidenta
Instituto Costarricense de Turismo

Al propiciar un destino turístico en San Lucas se lograría un foco de reactivación económica para vincular directamente con encadenamientos productivos en las islas del Golfo y Puntarenas. Con este planteamiento alcanzaremos un mejor y más eficiente desarrollo de la zona y una generación de oportunidades para su gente.

Randall Chavarría

Alcalde
Cantón central de Puntarenas

Estamos agradecidos con el Poder Ejecutivo y Legislativo. Trabajar unidos es la única manera de sacar la tarea. El sector privado debe ser la alianza estratégica que tenemos aquí. Tenemos una hoja de ruta en donde se ven realmente acciones y recursos para trabajar. El gobierno local confía en el Ejecutivo y el Legislativo.

Shirley Calvo

Directora Ejecutiva
Cámara Nacional de Turismo

Hemos visto experiencias exitosas de prisiones que se han convertido en atractivos turísticos en otros países y no cabe duda que promover la visitación a la isla será beneficioso para los habitantes del Golfo por los encadenamientos que genera la actividad turística como el transporte de pasajeros, los servicios de alimentación, hospedaje, la venta de souvenirs, y el desarrollo de otro tipo de tours.

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Crece interés por transformar isla San Lucas en destino de moda

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Más de una década después de que se empezara a planear la posibilidad de transformar el antiguo centro penal isla San Lucas en un destino turístico, el proyecto empieza a tomar forma con la suma de nuevos adeptos. Al añejo interés de diputados, autoridades locales y empresarios puntarenenses se han sumado la primera dama y autoridades de turismo.

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Unnamed Road, San José, Pérez Zeledón, Costa Rica

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Violencia en Chiná Kichá por recuperaciones de tierra

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Violencia en Chiná Kichá por recuperaciones de tierra

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La Carpio: Mal manejo de residuos sólidos, botadero

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La Carpio: Mal manejo de residuos sólidos, botadero

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El relleno sanitario es, a grandes rasgos, el método más utilizado en el país para la disposición final de los residuos sólidos y consiste en depositar en el suelo estos materiales, cubrirlos con una capa de tierra y compactar el material.

Estos sitios deben cumplir con principios básicos como el control de los líquidos y lixiviados, generados por el proceso de descomposición de los sólidos, así como de los gases producidos, sustancias que pueden generar daños a los mantos acuíferos y al ambiente.

Pero en algunos rellenos del país, la realidad es otra. Las irregularidades en su manejo amenazan con provocar accidentes ambientales y sociales, si no se toman a tiempo las medidas necesarias.

De acuerdo con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la población debería seguir el sistema en jerarquía, en el que reducir al máximo la generación de estos materiales es el primer paso.

Así, la reutilización de los desechos, su valorización por medio del reciclaje, el tratamiento y la disposición de la menor cantidad posible de residuos son las acciones que deberían de cumplirse después.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en educación ambiental y campañas de reciclaje de diversas organizaciones e instituciones, no se cumple esta normativa y los rellenos sanitarios se han convertido en el destino de todo tipo de residuos sólidos, incluyendo materiales peligrosos para el ambiente y la salud humana.

En Costa Rica, un 94 % de los desechos sólidos terminan en rellenos sanitarios, vertederos controlados o botaderos a cielo abierto.

Según expresó el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez, una de las mayores consecuencias de un mal manejo de un relleno sanitario podría ser la contaminación de las fuentes de agua superficiales y subterráneas.

"Costa Rica está lleno de acuíferos, es un país rico en agua. Como de los rellenos sanitarios se generan lixiviados, hay peligro inminente de que se puedan generar daños en los acuíferos y no solo en las aguas superficiales, como ríos y quebradas", explicó Sagot.

Inestabilidad de taludes

La inestabilidad de los taludes que se construyen en estos sitios de disposición final de desechos también constituyen un riesgo, pues ya se han presentado colapsos de material en algunos rellenos, como sucedió en el 2017 en el relleno de La Carpio, en San José.

"El año pasado, por el exceso de lluvia, un talud había precipitado y caído al río Virilla, lo que genera contaminación, ya no solamente focal, sino cuenca abajo. Esto podría incluso llegar al océano", advirtió Sagot.

Al respecto, una investigación realizada por el experto en geotecnia de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR), Fabián Campos Montero, demostró la inestabilidad de los taludes de un relleno sanitario ubicado en la provincia de Alajuela.

Campos, quien realizó el estudio para optar a su tesis de Licenciatura en Geología, planteó recomendaciones para buscar una solución al problema.

"Ese relleno comenzó a presentar problemas de inestabilidad, los residuos se empezaron a caer y los taludes de suelos que ellos cortaron para acomodar los desechos quedaron mal diseñados. Entonces con el paso del tiempo, si se corta un talud y se deja con mucha inclinación, y además los suelos tienen poca resistencia, los taludes se van a caer", indicó el geólogo.

Tras diversos estudios geomecánicos, tanto en el suelo como en los residuos sólidos del lugar, Campos demostró la viabilidad de la continuación de las operaciones del relleno en condiciones de estabilidad, al utilizar los desechos sólidos como medio para retener los taludes de suelo inestables. Las investigaciones demostraron que los residuos sólidos poseen una resistencia suficiente para que, "aún utilizando los 17 grados de inclinación máxima para el almacenamiento de residuos, de acuerdo al Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, se alcanzara a cubrir con desechos la mayoría de los taludes expuestos, remediando los problemas de estabilidad", tal y como explicó Campos.

El experto aseguró que un mal manejo en los rellenos sanitarios puede ocasionar que los gases que se producen por la descomposición natural de los desechos, se acumulen en las capas de estos materiales. Además, este tipo de situaciones pone en peligro la seguridad de los trabajadores y de zonas pobladas que se ubiquen alrededor de los rellenos sanitarios y vertederos.

"La importancia de tener un buen control en los rellenos sanitarios va más allá de la estabilidad misma. En todos los lugares de disposición de desechos hay gente trabajando y personas que viven de reciclar y reutilizar materiales, y que corren el peligro de que les caigan materiales encima y queden enterrados. Además existe el impacto ambiental sobre los mantos acuíferos, los malos olores y las pestes que acompañan estas obras cuando no hay buenos controles" añadió.

Responsabilidad

Según Sagot, el control de los rellenos sanitarios es una responsabilidad compartida entre los actores que los manejan e instituciones públicas fiscalizadoras.

"Las municipalidades o las empresas privadas que manejan los rellenos sanitarios tienen el deber de fiscalizarlos, sin que esto se lo quiten a la Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) o al Ministerio de Salud, son responsabilidades compartidas. Aunque hay muchas caras de las cuales uno debería poder confiar, desgraciadamente hay irregularidades", aseguró.

El agotamiento de los terrenos en donde se ubican los rellenos sanitarios, su administración deficiente, el escaso control y la falta de medidas para la gestión de los residuos han contribuido a que no existan soluciones adecuadas y seguras.

Por esto, la población también debe participar en la solución del problema y ejercer mayor control, plantear denuncias y hacer un uso más consciente de los residuos que genera diariamente.

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Rellenos sanitarios: ¿una bomba de tiempo para el ambiente?

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El relleno sanitario es, a grandes rasgos, el método más utilizado en el país para la disposición final de los residuos sólidos y consiste en depositar en el suelo estos materiales, cubrirlos con una capa de tierra y compactar el material. Estos sitios deben cumplir con principios básicos ...

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Carr. Interamericana Sur, Provincia de Puntarenas, Costa Rica

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También conflictos por recuperación de tierras

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Provincia de Puntarenas, Salitre, Costa Rica

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Violencia por la tierra en las recuperaciones en Salitre

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Violencia por la tierra en las recuperaciones en Salitre

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Sitio Web de la Municipalidad de Carrillo Guanacaste.

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Unnamed Road, Provincia de Guanacaste, Chira, Costa Rica

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Y al parecer hay un megaproyecto que se quiere hacer

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Hotel Riu Palace Costa Rica, Provincia de Guanacaste, Sardinal de Carrillo

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Hotel Riu Palace Costa Rica, Provincia de Guanacaste, Sardinal de Carrillo

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Hotel Riu Palace Costa Rica, Provincia de Guanacaste, Sardinal de Carrillo

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https://www.elmundo.cr/costa-rica/gerente-de-hotel-denunciado-por-supuesto-dano-ambiental-abandono-el-pais/

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Provincia de Alajuela, Guatuso, Costa Rica

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Contaminación de fuentes de agua - Piña

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"Se ha dicho que debemos desaparecer como Asada. Duele, porque nos tienen aquí no por negligencia, sino por inacción de las autoridades. Hay cultivos que llegan hasta la orilla de las casas, hay un efecto en la salud y no ocurre nada, se siguen dando los permisos".

Margarita Alvarado, administradora de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asada) de Veracruz de Pital, San Carlos, mostró su dolor y frustración ante la Comisión Especial Legislativa de Ambiente, cuando junto a representantes de otras Asadas acudieron a explicar las implicaciones de la contaminación de nacientes de agua por agroquímicos de la industria piñera.

"En San Carlos, Los Chiles, la zona fronteriza, las Asadas están en riesgo. Sin agua no somos nada. La vida humana es lo más importante y sin las Asadas de la zona Norte nos quedamos sin agua, ¿qué va a pasar?", cuestionó de manera vehemente.

Consultada por UNIVERSIDAD, Alvarado apuntó que durante años esa Asada formó parte del programa Sello de Calidad del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y que por ello se hacían análisis sobre la calidad del agua, en los que nunca se detectó presencia de los agroquímicos. "Con todo esto se encienden las alertas, lo que queremos es que no le pase a otros", afirmó.
Responsabilidad del Estado
Esa audiencia se celebró el pasado jueves 7 de febrero y acudieron también representantes de las Asadas de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela. Al inicio de la sesión, Doris Rojas, vicepresidenta de la Asada de Santa Rita, informó a esa Comisión que la Sala Constitucional resolvió a favor un amparo presentado por las Asadas de ese cantón, en el que condenó a varias instituciones del Estado por no actuar ante la contaminación de mantos acuíferos por agroquímicos utilizados en la agroindustria de la piña.

Al respecto, Edwin Chaves, presidente de la Asada de La Tabla, destacó que ningún magistrado salvó el voto y subrayó que en el caso de su comunidad, la naciente aprovechada por la Asada fue contaminada aún cuando se encuentra a una distancia de un kilómetro de las plantaciones de piña, ya que la ley establece que se deben guardar solo 200 metros. "La contaminación alcanzó a los mantos acuíferos por el uso indiscriminado de agroquímicos", sentenció al tiempo que reclamó que el Estado no aplicó la regulación vigente.

La sentencia de la Sala Constitucional se fundamenta en parte en los hallazgos de un estudio realizado en las fuentes de agua de la zona por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR en 2015, 2016 y 2017, por contrato del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).

Esos análisis determinaron la presencia de bromacil (prohibido desde junio de 2017) y otras sustancias en las nacientes de este cantón alajuelense, pero cabe recordar la polémica que se dio pues los resultados fueron dados a conocer a las comunidades hasta julio del año pasado, cuando además el AyA emergió para sacar de operación las nacientes.

La sentencia de la Sala Constitucional apunta que "resulta clara la acusada violación del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que habitan las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel"; y que "las autoridades recurridas conocían la situación desde hace años e incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y al principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria".

También destacó que desde el 2011 la Asada de Santa Rita había denunciado ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) la tala y posible contaminación de agua que llevaba a cabo una finca piñera.

Ese tribunal ordenó a las autoridades del AyA, el TAA, al Área Rectora de Salud de Grecia y a los jerarcas del Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que, "en forma inmediata, se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas objeto de este amparo".

Así, Chaves pidió a los diputados la creación de leyes "que protejan no solo las nacientes, sino los mantos acuíferos y las zonas de recarga" y enfatizó que en la zona no hubo problemas con la disponibilidad y calidad del agua durante décadas, pero "bastaron diez o doce años de piña para que sucediera esto".
Comunidades alteradas
Consultada por este semanario, Doris Rojas informó que la contaminación de las fuentes de agua ha generado "muchos conflictos" en su comunidad, entre otras razones porque "en el momento menos esperado fue que llegó el problema de sacar las nacientes de servicio".

Río Cuarto tiene menos de un año de ser cantón y Rojas explicó que, en ese contexto, "este asunto del agua se satanizó" por quienes han intentado divulgar la noción de que el distrito de Santa Rita no tiene la capacidad organizativa ni de producción de agua, "para cuestionar que seamos la cabecera del cantón".

Describió que además del daño principal que implica la contaminación, también se da una afectación sicológica, "la gente empezó a tener síntomas psicosomáticos, como brotes, ya todo el mundo estaba enfermo, debimos garantizarle a la población que ya no tomaba de esa agua".

También, narró cómo planes de desarrollo de la comunidad se detuvieron, ya que el AyA prohibió ofrecer disponibilidades de agua. "Por ejemplo, una constructora pretendía edificar 32 casas, y se tuvo que paralizar el desarrollo porque no se le podía dar el servicio de agua de calidad".

También manifestó su agradecimiento a Asadas vecinas como la de Río Cuarto y de Santa Isabel, porque "nos apoyaron desinteresadamente desde el principio, las Asadas; una cosa son las Asadas y otra las comunidades", dijo, en alusión a polémicas que esa ayuda puede desencadenar.
"Total impunidad"
La mayor parte de diputados y diputadas de la Comisión de Ambiente mostraron empatía y preocupación por la realidad que atraviesan estas comunidades.

Ante la representación de las Asadas, el diputado Erwen Masís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y quien preside la Comisión, manifestó que "pueden contar con todos los diputados para que el AyA y la UCR hagan estudios con más frecuencia", además de que manifestó su compromiso para "ejercer mayor presión", sobre las instituciones competentes, sobre todo en atención al fallo de la Sala Constitucional.

La oficialista Paola Vega se interesó por saber si el caso se ha elevado a otros estrados judiciales, a lo que la administradora de la Asada de Veracruz relató con frustración que acudieron al Tribunal Agrario "pensando en que se hiciera algo para que no se siguieran contaminando esas fuentes", pero que ahí la causa fue desestimada. Recordó que los estudios hidrogeológicos necesarios que los tribunales exigen como pruebas son muy caros y escapan de las posibilidades de las Asadas.

Llamó la atención la actitud de la diputada liberacionista Paola Valladares. A pesar de la sentencia de la Sala Constitucional y del testimonio, por ejemplo, de la Asada de Veracruz -que durante años cumplió con los análisis de agua requeridos por el programa Sello de Calidad del AyA-, Valladares intentó infructuosamente posicionar la idea de una "responsabilidad compartida" de estas asociaciones en el problema de la contaminación.

El frenteamplista José María Villalta inquirió sobre la magnitud de los daños y al ser abordado por este semanario dijo que el voto de la Sala IV "es muy claro y confirma lo que hemos investigado, que hay una responsabilidad clara de las instituciones del Estado". Añadió que "hay jerarcas que deben responder penalmente", porque "incumplieron sus deberes poniendo en peligro la vida y la salud de la gente".

Añadió que ante este problema "la Asada tiene que incurrir en gastos extraordinarios para conseguir agua de otras Asadas; empiezan los conflictos dentro de las comunidades y con otras comunidades por la por la distribución y disposición del agua".

Llamó la atención de que "tenemos situaciones como las de Milano de Siquirres o la de Veracruz de Pital, donde ya llevan varios años y no pueden las instituciones reponer el agua para las comunidades. Pero los verdaderos responsables, los que contaminan, las piñeras que causaron el daño, siguen en una total impunidad".

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Contaminación de fuentes de agua trastoca vida en comunidades * Semanario Universidad

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"Se ha dicho que debemos desaparecer como Asada. Duele, porque nos tienen aquí no por negligencia, sino por inacción de las autoridades. Hay cultivos que llegan hasta la orilla de las casas, hay un efecto en la salud y no ocurre nada, se siguen dando los permisos".

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CATSA y la disminución del caudal del Río Tempisque

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CATSA y la disminución del caudal del Río Tempisque

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Diego Bosque.

Guanacaste . El caudal del río Tempisque se ha reducido prácticamente a la mitad.

Así de contundente es la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) a la hora de hablar sobre la condición actual de ese cauce.

El Tempisque registró, según el Minae, 4.700 litros por segundo en abril del 2016, es decir, 3.400 litros menos que en abril del 2010. La medición se realizó a la altura de Guardia, en Liberia.

No existen datos del periodo entre el 2010 y el 2015, pues el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) retiró la estación de medición que tenía en aquel punto.

Con la reducción del caudal sufren pobladores, agricultores, ganaderos y empresarios, pues el río es uno de los motores de la economía local.

El agua que baja por los 144 kilómetros del río -el tercero más largo del país- es utilizada, en su mayoría, para el riego de miles de hectáreas de cultivos, la ganadería y el consumo humano.

El descenso es tan notorio que en algunos puntos se puede cruzar a pie, sin dificultad.

Causas. El cambio climático, la sequía, la sobreexplotación del cauce y los débiles controles de la Dirección de Aguas son las causas señaladas desde diferentes sectores.

A lo largo del río hay 17 concesiones activas, las cuales tienen autorizado extraer más de 11.100 litros por segundo.

Pese a estos indicadores, José Miguel Zeledón, director de Aguas, aseguró que el río no está sobreconcesionado.

Zeledón señaló que para aprobar esas autorizaciones, usan como referencia el caudal promedio de los últimos 60 años en la época seca, de unos 8.000 litros por segundo.

Para Gadi Amit, de la Asociación Confraternidad Guanacasteca, sí existe sobreexplotación.

"Hay que ponerles medidores de caudales a los concesionarios; si hay una concesión que tiene 100 litros por segundo se debe verificar que solo estén sacando eso y no más de lo permitido", declaró el ambientalista.

Hasta abril, el Minae solo contaba con un funcionario en Guanacaste para inspeccionar la totalidad de concesiones. Sin embargo, semanas atrás, entraron cuatro personas más.

Darner Mora, director del Laboratorio Nacional de Aguas, considera que la sequía es la causa principal de la baja en el caudal, pero coincide en que no se puede ignorar la "evidente sobreexplotación del río"

Por su parte, Carlos Palma, vecino de Filadelfia, en Carrillo, culpó a las empresas productoras de caña de azúcar de la situación que vive el Tempisque.

Defensa. Carlos Segura, gerente agrícola de la Central Azucarera del Tempisque, objeta esas afirmaciones y asegura que solo sacan el agua que les permiten.

Esta compañía, de acuerdo con los registros del Minae, posee cinco permisos para bombear más de 4.938 litros por segundo.

"Antes, la zafra (cosecha de caña) iba de mediados de noviembre a mediados de abril; en los últimos tres veranos ha empezado a mediados de diciembre y llega a mediados de marzo (...). Eso representa 200.000 toneladas menos de caña", comentó Segura, para demostrar que a ellos también les afecta la sequía y la baja del Tempisque.

La situación impacta el empleo, pues significa menos tiempo para los 1.000 trabajadores temporales de la zafra.

Para José Luis Angulo, presidente de la Cámara de Productores de Caña, los ambientalistas quieren culparlos de la caída en la cantidad de agua, pero él afirma que eso no es cierto.

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Sequía roba a río Tempisque la mitad de su caudal

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Diego Bosque . Guanacaste . El caudal del río Tempisque se ha reducido prácticamente a la mitad. Así de contundente es la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) a la hora de hablar sobre la condición actual de ese cauce.

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Dreams Las Mareas Costa Rica, Guanacaste Province

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Unnamed Road, Lomas de Salitral, San José Province, Desamparados, Costa Rica

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Conflicto Lomas de Salitral (urbanización), San José Province, Desamparados, Costa Rica

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Conflicto Lomas de Salitral (urbanización), San José Province, Desamparados, Costa Rica

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Intentos de urbanización

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Loma Salitral: en defensa del pulmón de la GAM | Era Verde

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WGJJ+9G Provincia de Puntarenas, Palmar Sur, Costa Rica

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PROTESTAS - Detener el desalojo de finca Chánguena.: Campesinas y Campesinos de finca Chánguena, Palmar Sur

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Acción registrada el día martes, 16 de febrero de 2016 en Puntarenas, Osa

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Calle a Calle Platanares, Provincia de Puntarenas, Costa Rica

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Conflicto por ampliación de marina en Puerto Jiménez

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Conflicto por ampliación de marina en Puerto Jiménez

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Unnamed Road, Provincia de Alajuela, San Carlos, Costa Rica

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Costa Rica, Provincia de Alajuela, San Carlos, Florencia

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Costa Rica, Provincia de Alajuela, San Carlos, Florencia

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Intoxicación por agroquímicos - Piña

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"El caos se dio poco antes de la 1 p.m. Me llamaron al trabajo y vine, cuando llegué era terrible el olor, fuertísimo. Encontré a mi hijo muy afectado, le picaban los ojos, le dolía la cabeza y el estómago, y sentía ganas de vomitar; dijo que le temblaban las rodillas. De inmediato uno se alarma, se asusta y se llaman las ambulancias. Por dicha el traslado fue rápido; el médico corrió; nos atendieron muy bien, les tomaron signos. Fue muy curioso que todos llevaban temperatura".

De esa manera recuerda Danixa Castro el evento de intoxicación que afectó el pasado 23 de agosto a niños, niñas y personal de la escuela La Ceiba, en San Juan de Platanar, Florencia de San Carlos.

Su pequeño hijo Josué, de ocho años de edad, estuvo entre las 22 personas que según datos oficiales del Ministerio de Salud debieron ser remitidas ese día al Hospital de San Carlos. El mismo Josué relató que fue alrededor de a las 6 a.m. que se empezó a sentir el fuerte olor proveniente de la finca piñera propiedad de la empresa Cítricos Bellavista. Esta queda a menos de 50 metros del centro educativo y además es vecina de varias casas de habitación de la comunidad.

Castro detalló que en primera instancia las personas afectadas, 16 menores y 6 personas adultas, fueron llevadas al Ebais de Platanar, donde pronto se tomó la decisión del traslado hospitalario.

El formulario de la denuncia presentada por personas de la comunidad -fechado el lunes 26 de agosto- apunta como actividad denunciada la "agroindustria de piña"; entre los hechos cita "malos olores", "polvo o partículas" o "uso de sustancias tóxicas"; y remata con la leyenda "intoxicación comunal".

Personal docente de la escuela informó que, afortunadamente, los estudiantes de kínder no se encontraban ese día presentes en su aula, que es la más cercana a la piñera.

UNIVERSIDAD pudo visitar la zona y la comunidad afectada gracias a una gira organizada por el programa Kioscos Ambientales, de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR.
Riesgo para la salud
San Juan es una comunidad que tiene unos 60 años de ser pueblo, compuesta por unas 520 familias, o entre 1.200 y 1.500 personas, según informó Estela Solís, integrante de la Asociación de Desarrollo. Las principales actividades que históricamente se han desarrollado son la producción de caña y la ganadería.

Añadió que la presencia de la empresa piñera Cítricos Bellavista tiene más de una década. "Llevamos diez años luchando contra los químicos que contaminan el ambiente", acotó al respecto.

Solís subrayó que no es la primera vez que se dan problemas con los químicos y que incluso la del 23 de agosto fue la tercera ocasión en que la escuela debió ser evacuada.

"Hemos llamado al 911 en repetidas ocasiones, porque a la 1 o 2 a.m. el olor nos ha sacado de la cama. La primera vez fue hace 12 años, mi hijo tenía tres, salimos corriendo porque pensamos que era una fuga de gas y encontramos que todo el barrio estaba afuera. Es algo insoportable el olor a químicos", recordó.

Según la información de la que disponen los vecinos, e incluso según consta en un informe técnico del Ministerio de Salud fechado el mismo 23 de agosto, el insecticida utilizado por la piñera es conocido como Diazinón, y se supone que no debería de generar olores.

Tras criticar la falta de regulación y vigilancia por parte de entes del Estado, aseveró que "hay como un montaje. Eso pasó un viernes, siempre pasa los viernes en la tarde, sábado y domingo. Cuando llegamos los lunes al Ministerio de Salud, nos dicen que todo está en orden".

"Cuando se hace la denuncia, le rogamos al Ministerio de Salud que entre, que hagamos las pruebas de los tanques, que no esperemos al papel el lunes. A nosotros nos envenena y nos afecta lo que riegan el día (23 de agosto), no lo que el papel diga el lunes. Es contradictorio", se quejó.

Un informe técnico del Ministerio de Salud, elaborado el mismo 23 de agosto por Walter Delgado Sáenz, de Vigilancia de la Salud, Región Huetar Norte, detalla que el veneno utilizado es el comercializado bajo la marca Diazol 60 EC, cuyo ingrediente activo es el mencionado Diazinón. Concluye que las 22 personas afectadas presentaron una "intoxicación leve, aparentemente provocada por la inhalación" del mencionado producto "utilizado en la empresa Cítricos Bella Vista".

Sentencia el documento, además, que la permanencia de estudiantes y personal docente de la escuela "durante la fumigación o en horas cercanas a esta, representa un riesgo para la salud". Por ello, recomendó una visita por parte del personal de Regulación de la Salud, "con el fin de emitir criterio técnico sobre la manera de evitar o minimizar la exposición de personas a los agroquímicos utilizados por esta empresa".

El lunes 26 Salud emitió una orden sanitaria "al representante legal de la empresa Bella Vista, para que inmediatamente suspenda la aplicación de agroquímicos". Sin embargo, la dirigente comunal Estela Solís denunció que la empresa siguió fumigando, concretamente el miércoles 4 de setiembre.

El documento oficial de la denuncia presentada el 26 de agosto señala que se programó una visita de inspector para el día 5 de setiembre. Estela Soĺís informó que en efecto ese día acompañó a personal del Ministerio de Salud con la idea de presenciar la inspección, pero "ningún portón fue abierto. ¿Hasta dónde puede una empresa cerrar los portones y no atender al Ministerio de Salud?", cuestionó.

Tanto por correo electrónico como por vía telefónica se contactó a la empresa en cuestión. Sin embargo, al cierre de edición no se indicó que ningún funcionario o funcionaria se referiría al tema, ni se contó con posición alguna.
Expansión venenosa
Sindy Rodríguez es docente de segundo y quinto grado en la escuela La Ceiba. Ella narró que, luego de que el personal sacó a todos los estudiantes ese 23 de agosto, no se podía acceder al edificio por lo fuerte del olor.

La maestra reconoció que el personal no tiene formación en cómo atender ese tipo de emergencias, pues "por falta de conocimiento, tratamos de que los chiquitos se lavaran y tomaran agua". Posteriormente la Cruz Roja les explicó que lo correcto es mezclar bicarbonato en el agua, de lo contrario puede provocar que las personas afectadas más bien traguen más veneno.

"Ese día en el Ebais tuvimos que bañar a los niños, pero no está acondicionado para eso, los tuvimos que bañar con una manguera y ponerles batitas, mientras lo papás llegaban con ropa limpia", recordó.

Añadió que algunos de los menores afectados se terminaron de bañar en el hospital, pero que su llegada incluso afectó a las secretarias del centro médico y el olor las obligó a salir.

"Hace tiempo fumigan, pero lo hacían de noche para evitar esto; pero otra vez lo hacen de día y con químicos más fuertes", señaló.

Otra docente, Lorena González, informó que el año pasado también se dio un incidente de intoxicación. En esa oportunidad tres niños, el director y ella misma sufrieron la intoxicación: "han sido tres veces que hemos sido afectados", dijo.

Por su parte, Myriam Dixon, vecina del pueblo, explicó que la finca piñera "se ha formado por partes". Originalmente constaba de "varias manzanas" relativamente alejadas de San Juan, pero luego se expandió al alquilar y comprar más terrenos, hasta llegar a la comunidad misma y a una distancia mínima de la escuela.

"El veneno, cuando fumigaban, al principio no nos llegaba, porque podían haber 200 metros", relató. Hoy en el piñal llega "a la pura par, a los 50 metros" de su casa. "Nos está contaminando demasiado", señaló.

Además, rememoró que la primera vez que fumigaron, cuando el campo de piña llegó así de cerca, "salimos corriendo, yo también pensé que el gas iba a explotar, pero salimos y vimos toda la comunidad inundada; era un producto que habían usado".

Dijo que luego de que llamaron al 911 y a las instituciones pertinentes, funcionarios de la empresa "cogieron el tanque y lo vaciaron en la quebrada de La Muerte, ahí echaron todo el veneno. Esa quebrada da al río San Rafael. Esta piñera es una contaminación terrible. Así han venido dándose estos hechos, solamente contaminar y contaminar".

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Comunidad denuncia intoxicación de niños por fumigación * Semanario Universidad

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"El caos se dio poco antes de la 1 p.m. Me llamaron al trabajo y vine, cuando llegué era terrible el olor, fuertísimo. Encontré a mi hijo muy afectado, le picaban los ojos, le dolía la cabeza y el estómago, y sentía ganas de vomitar; dijo que le temblaban las rodillas.

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Platanar, Provincia de Alajuela, San Carlos

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Platanar, Provincia de Alajuela, San Carlos

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Platanar, Provincia de Alajuela, San Carlos

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606, Provincia de Puntarenas, Costa Rica

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Conflicto por el agua en Guacimal de Puntarenas

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Conflicto por el agua en Guacimal de Puntarenas

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Afectaciones respiratorias en la población de Nicoya por causa del Quebrador de PEDREGAL

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Fuente César Blanco / Oliver Pérez en prensalibre.cr

El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) ordenó ayer el cierre temporal del tajo que concesiona la empresa Pedregal en Nicoya para la explotación del mismo, esto porque vecinos del cantón al igual que la Municipalidad presentaron una denuncia por la contaminación que provoca el quebrador con el polvo que emana desde 1992.

El cierre se da de forma temporal en la resolución 497-12-TAA mientras se realizan las investigaciones y se pueda determinar la veracidad de la denuncia realizada por la bióloga municipal Elizabeth Fernández. Desde hace tres años se viene dando un conflicto debido a que la Municipalidad ha afirmado que hay una contaminación visual, estética y ambiental.

Según el alcalde nicoyano, Marco Jiménez, ha recibido esta noticia como un respaldo de la tesis que ha venido sosteniendo la municipalidad en aras de preservar la salud de los habitantes, "para la Municipalidad, que esté Pedregal no ha significado un beneficio económico para las arcas del ayuntamiento, hasta la fecha adeudan ¢261 millones en impuestos".

Por su parte, el líder comunal del barrio Los Ángeles situado a escasos metros del quebrador, Jorge Arturo Fonseca, "desde que inició a operar Pedregal, los vecinos se han quejado de las emanaciones de polvo que lanza el tajo a ese caserío y al resto del distrito central provocando a muchos niños y adultos mayores problemas respiratorios, desde hace mucho tiempo tenemos ese problema, hemos tenido que convivir con las casas llenas de polvo y mis hijos pasan siempre enfermos".

Con esto, ahora Pedregal tiene 10 días hábiles desde el momento que se les notificó el cierre para presentar una apelación, luego el Tribunal Ambiental retomará el tema para dictar una sentencia final.

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Tribunal Ambiental Ordenó Cerrar Quebrador De Pedregal En Nicoya

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Fuente César Blanco / Oliver Pérez en prensalibre.cr El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) ordenó ayer el cierre temporal del tajo que concesiona la empresa Pedregal en Nicoya para la explotación del mismo, esto porque vecinos del cantón al igual que la Municipalidad presentaron una denuncia por la contaminación que provoca el quebrador con el polvo que emana desde 1992.

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Pesca de arrastre

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Ante la iniciativa que se discute en la Asamblea Legislativa para revivir la pesca de arrastre en Costa Rica, la Escuela de Biología y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología ( Cimar), de la Universidad de Costa Rica (UCR), emitieron un pronunciamiento el 22 de octubre, en el que expresan su oposición a esta práctica.

Actualmente, no existe un estudio en Costa Rica que evidencia la sostenibilidad de la pesca de arrastre, sostienen os académicos e investigadoras de la UCR.

A continuación, el pronunciamiento completo:

1. La mayoría de los recursos pesqueros en Costa Rica están sobreexplotados o colapsados.

2. La pesca de arrastre no es selectiva. Esta pesquería no solo extrae muchos organismos que no serán aprovechados (fauna acompañante, la cual es descartada por su poco o ningún valor comercial), sino que está impactando otras alternativas de desarrollo (pesca artesanal de escama, pesca deportiva y ecoturismo) a través de su indiscriminado impacto.

3. El problema de la pesca de arrastre no es solamente la gran cantidad de la fauna acompañante, sino también su impacto en el lecho marino y la resuspensión de sedimentos (con contaminantes).

4. La pesca de camarón representa en Costa Rica apenas unos 4 % del valor total desembarcado de la pesca en el Pacífico.

5. No se justifica el daño ambiental tan amplio e irrestricto que la actividad produce y su impacto a otros sectores productivos del país, de los cuales dependen miles de personas.

6. Hoy en día, la mayoría de los camarones provienen del cultivo y no de la pesca de arrastre. Se debería fortalecer un maricultivo amigable con el ambiente como alternativa para la pesca de arrastre. El cultivo del pargo con paquetes tecnológicos desarrollados por universidades públicas de Costa Rica, es un ejemplo de eso.

7. No existe información sobre la cantidad de camarones disponible para la pesca de arrastre en el Pacífico de Costa Rica. Abrir ahora una pesca de arrastre podría generar falsas expectativas, porque no se puede excluir la posibilidad que el recurso camarón se agota rápidamente.

8. El último estudio del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura ( Incopesca) del 2018, muestra una reducción considerable de la fauna de acompañamiento de camarón, pero es un estudio preliminar y es necesario validarlo en diferentes lugares y diferentes épocas.

9. El 73 % de especies de fauna de acompañamiento de camarón son capturados por la pesca artesanal.

10. Considerando la situación actual, especialmente la falta de información sólida sobre el recurso del camarón, no es prudente reabrir la pesca de arrastre. Actualmente, no existe ningún estudio en Costa Rica que evidencie la sostenibilidad de la pesca de arrastre.
Firman:
M. Sc. Daniel Briceño Lobo, director de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica

Dr. Ingo Wehrtmann, director del Cimar

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No es prudente reabrir la pesca de arrastre en Costa Rica

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Ante la iniciativa que se discute en la Asamblea Legislativa para revivir la pesca de arrastre en Costa Rica, la Escuela de Biología y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), de la Universidad de Costa Rica (UCR), emitieron un pronunciamiento el 22 de octubre, en ...

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274W+XH Guanacaste Province, Ostional, Costa Rica

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Intereses de la industria hotelera para construir dentro del Refugio Silvestre de Ostional

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Intereses de la industria hotelera para construir dentro del Refugio Silvestre de Ostional

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Juan Fernando Lara Salas.

Una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo dio respaldo, al menos inicialmente, al reglamento que restringe las construcciones en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, en Nicoya, Guanacaste.

Esa instancia judicial rechazó una solicitud de medida cautelar presentada por la empresa desarrolladora JBR Capital Ventures, mediante la cual pretendía la suspensión de la normativa, con el fin de desarrollar obras ahí.

La zona de amortiguamiento del Refugio es una extensión de cinco kilómetros de franja territorial, fijada al ser un sector de influencia sobre la flora y fauna debido a cualquier tipo de actividad humana.

La resolución de la solicitud de medida cautelar favoreció así el interés de la Municipalidad de Nicoya y de la Asociación Cívica de Nosara de proteger el recurso natural local ante un repunte de construcciones en esa área, donde se intenta resguardar un fenómeno natural único, como es la anidación masiva de tortugas en esas playas.

El conflicto llegó a los tribunales el 21 de abril del 2020, cuando la sociedad JBR Capital Ventures, representada por el exmagistrado Ernesto Jinesta Lobo, presentó una demanda contra el Ayuntamiento, el 21 de abril del 2020.

"Se ha ponderado que el interés corporativo de la empresa actora, no puede menoscabar el interés público que implica la protección a las especies de flora y fauna del Refugio Ostional, en este particular se debe atender al principio precautorio en materia ambiental o indubio pro natura, para impedir la posible degradación de un corredor biológico de diversas especies de fauna". Juez contencioso Pablo Zeledón

Sin embargo, mientras se resuelve ese reclamo, Jinesta solicitó la medida cautelar, con el argumento de que el reglamento municipal pone en riesgo el crecimiento económico en la región.

Si bien el Tribunal no ha resuelto la demanda de fondo, sí descartó en todos sus extremos la posibilidad de congelar el reglamento, como lo planteaba la medida cautelar. Así lo consignó en la resolución 381-2021 del pasado 22 de marzo.

El juez Pablo Zeledón Hernández explicó en el fallo que el reglamento objetado establece parámetros técnicos para el desarrollo de proyectos, pero no la prohibición total de construcciones en la zona.

"Se ha ponderado que el interés corporativo de la empresa actora, no puede menoscabar el interés público que implica la protección a las especies de flora y fauna del Refugio Ostional, en este particular se debe atender al principio precautorio en materia ambiental o indubio pro natura, para impedir la posible degradación de un corredor biológico de diversas especies de fauna", fundamentó.

El reglamento fija límites de altura a los inmuebles y permite construir en una cobertura hasta del 50% de la propiedad, pero sí exige sistemas de tratamientos de aguas y, además, previene la contaminación lumínica sobre las playas; un punto del mayor interés por el desove de tortugas.

Para Jinesta Lobo, la decisión no se apega ni a la ley, ni a la Constitución Política pues considera que se cometen vicios "bastantes graves" dada la existencia de un reglamento municipal sin haberse emitido un plan regulador, como requisito indispensable de la Ley de Planificación Urbana.

"Por eso tenemos un caos en el crecimiento urbano y una serie de calamidades de carácter público. La demanda sí tiene legalidad y fundamento, pero discrepamos con que no hay un peligro grave, en este caso es evidente y notorio con una municipalidad que se mete a regular sin plan regulador y más bien va a errar", insistió el abogado.

Según dijo, ya presentaron un recurso de apelación contra la decisión del juez Zeledón.

Yeimy Cedeño Solís, administradora del Refugio, recordó que este incluye las playas y comunidades de Ostional, Nosara, Pelada y Guiones; grupos poblacionales que ya existían cuando se creó la zona protegida de 510 hectáreas en zona terrestre y 8.054 hectáreas marinas.

El Refugio es conocido internacionalmente por las llegadas de tortugas lora, baula y negra (todas en peligro de extinción) y además porque protege ecosistemas marino-costeros con el apoyo de las propias comunidades citadas, indicó.

"Ostional es único en el arribo de tortugas, solo hay nueve sitios similares en el mundo pero Ostional es quizás de los más relevantes, pues aloja animales todo el año. Solo en el 2020, estimamos un arribo de 600.000 tortugas", explicó.

En su criterio, limitar obras con ayuda del reglamento es crítico para prevenir un mal manejo de aguas residuales.

Según explicó, si tal situación ocurriera ahora, en en el futuro esos líquidos llegarían a la costa, lo cual impactaría a las propias tortugas, las playas donde ponen sus huevos, las especies de peces de los cuales viven las comunidades y hasta el posible deterioro de mantos acuíferos.

"Está comprobado científicamente además que la luz desorienta a las tortugas y afecta su anidación, entonces tener un desarrollo de obras desordenado puede comprometer esta anidación tan increíble e importante para el mundo y un país conocido justo por cuidar la biodiversidad", insistió.

Ethel Araya Chaves, presidenta de la Asociación Cívica de Nosara, dijo que esa organización se constituyó en el proceso legal como coadyuvante pasivo, al considerar riesgoso un freno al reglamento mientras se resuelve el proceso legal.

Incluso, en junio del 2020 realizaron la campaña llamada #NosaraSomosTodos en donde más de 14.000 ciudadanos firmaron una petición para respaldar el reglamento y apoyar económicamente para la defensa legal.

La líder comunal incluso recordó este martes que Jinesta Lobo hace unos años, cuando era magistrado, falló a favor de la protección del Parque Nacional Marino las Baulas, cuando se daba un repunte de permisos para obras justo en su área de amortiguamiento.

En aquel momento se obligó a las autoridades a resguardar esa franja con un reglamento específico para dicha área silvestre protegida.

"Aquel episodio fue para nosotros motivo de inspiración para enfrentar este proceso legal. Me pregunto ahora cómo es que el exmagistrado, con esos antecedentes, aceptó representar a esta empresa", concluyó.

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Tribunal da respaldo inicial a reglamento que limita obras cerca de refugio donde anidan tortugas

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Juan Fernando Lara Salas . Una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo dio respaldo, al menos inicialmente, al reglamento que restringe las construcciones en la zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, en Nicoya, Guanacaste.

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http://socialismohoy.com/nuevos-disparos-contra-huelga-en-exportaciones-nortenas-deja-trabajadores-golpeados-y-oficial-detenido/

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Provincia de Guanacaste, Sardinal de Carrillo, Costa Rica

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RIU Guanacaste Route, Guanacaste Province, Costa Rica

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San José, 31 mar (elmundo.cr) - La fiscalía solicitó que se abra el proceso por falsedades y delitos, que posibilitaron la destrucción del bosque en la zona donde se construyó el Hotel Riu.

Además se reconoció que el manglar fue destruido y rellenado, aunque no se tienen detalles de quién lo hizo.

Desde el 2009 la organización Confraternidad Guanacaste viene denunciando el caso, así como los impactos del megaturismo sobre los bienes públicos y la violación de los derechos Humanos de las comunidades.

En cuanto al caso aseguraron que "tal vez tarde y lenta, pero llegará la justicia a estas tierras."

Como antecedentes de esta decisión se encuentran los impactos que ha generado la primera etapa de este Hotel de 700 habitaciones modelo todo incluido, se destacan las siguientes: la muerte de un trabajador en circunstancias no claras durante las obras de construcción de la primera etapa, la destrucción del manglar que había en la zona (expediente 174-09-03 del Tribunal Ambiental Administrativo ), el uso intensivo del agua en una región con escasez, destrucción del arrecife en la playa frente al hotel, la tala y entierro de árboles, además de una generación intensiva de desechos. Además, Matapalo ha sido un territorio de anidación de tortugas, que se ha visto severamente afectado por las actividades constantes del Hotel (luces, música, etc.).

El Hotel Riu ha enfrentado denuncias y hasta una resolución en su contra en el Tribunal Ambiental, debido a esas irregularidades. La Municipalidad de Carrillo mantuvo estrechos vínculos con el Hotel Riu y sus representantes legales.

En 2011 la Fiscalía de Santa Cruz y el Organismo de Investigación Judicial intervinieron el departamento de permisos ambientales de la Municipalidad de Carrillo así como el MINAET de Santa Cruz de Guanacaste específicamente por los permisos otorgados para la construcción del mencionado hotel.

"En Guanacaste se está generando un modelo de MEGATURISMO que ha mostrado ser excluyente, irrespetuoso de los derechos laborales y depredador de la naturaleza. Este modelo de turismo de consumo, ha generado un empobrecimiento general en la región y una creciente concentración de la riqueza" indica Confraternidad Guanacaste.

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Fiscalía abre proceso contra Hotel Riu por falsedades y delitos

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San José, 31 mar (elmundo.cr) - La fiscalía solicitó que se abra el proceso por falsedades y delitos, que posibilitaron la destrucción del bosque en la zona donde se construyó el Hotel Riu. Además se reconoció que el manglar fue destruido y rellenado, aunque no se tienen detalles de quién lo hizo.

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V6P4+9Q Provincia de Alajuela, Los Chiles, Costa Rica

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V6P4+9Q Provincia de Alajuela, Los Chiles, Costa Rica

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V6P4+9Q Provincia de Alajuela, Los Chiles, Costa Rica

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Invasión de Zonas Protegidas - Piña

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A pesar de que un cuarto de Costa Rica está destinado a conservación de la naturaleza, nuevos datos señalan que estas áreas protegidas están siendo invadidas por cultivos.

El último informe del Estado de la Nación, publicado este 13 de noviembre, señaló que, tanto cultivos de piña como de marihuana aparecen en áreas protegidas en los últimos años.

En el caso de la piña la afectación es importante, ya que solo en el 2017 3.824 hectáreas de este cultivo fueron sembradas dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Esta es un área mayor a la de los cantones de Montes de Oca y Curridabat juntos.

De acuerdo con el informe, la afectación se encontró en "varios puntos ubicados en la Región Norte, Caribe y Pacífico Sur".

Además, el informe encontró que 16.385 hectáreas de piña invadieron humedales. Los sectores más afectados fueron el Corredor Fronterizo y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, ambos en la Zona Norte.

Esta zona es un sitio protegido internacionalmente por la Convención de Ramsar sobre humedales.

En menor grado, cultivos de marihuana también ingresaron a áreas protegidas. Según el informe, entre el 2007 y 2018 se incautaron 35 hectáreas de cannabis dentro de Áreas Silvestres Protegidas, la mayoría dentro del Parque Nacional La Amistad en Talamanca.

Esta área equivale, más o menos, a 87 canchas de fútbol. Los datos, sin embargo, solo hacen referencia a los sembradíos erradicados por las autoridades y no a "todos los cultivos existentes", según dice el mismo informe.

Un reciente estudio de la Universidad Nacional mostró que las áreas protegidas son de importante valor económico para Costa Rica, ya que generan alrededor de 3% del PIB, principalmente por actividades turísticas.

Además, estas áreas son fundamentales para reducir las emisiones del país. En el 2012, todo el sector forestal de Costa Rica (incluyendo bosques privados) capturó 2,5 megatoneladas de CO2. Esto es un peso parecido al de seis edificios como el Empire State.

En total, las Áreas Silvestres Protegidas -incluyendo Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre y Reservas Biológicas, entre otros- protegen alrededor de 13.000 kilómetros cuadrados, un 25% del territorio nacional terrestre.

Protección débil

Los hallazgos muestran que las áreas protegidas del país son muy vulnerables a la expansión agrícola, según explicó la investigadora del Programa Estado de la Nación y coordinadora del capítulo ambiental, Karen Chacón.

"Lo importante es destacar la vulnerabilidad a la que están expuestas las áreas protegidas del país. Esta no es la primera vez que se registra y no es exclusivo del caso de la piña", dijo la investigadora.

El año pasado, Marviva y el Área de Conservación Osa reportaron la invasión de al menos 700 fincas de arroz y palma aceitera en las cercanías del humedal Térraba-Sierpe, el más grande del país y también protegido por la Convención de Ramsar.

La directora del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Grettel Vega, admitió que existe una incapacidad para manejar la totalidad del territorio protegido y aseguró que, por ahora, el Sinac buscará obtener más tecnología de monitoreo.

"(El recurso humano) es insuficiente. Es sumamente difícil hacer toda la labor que hay que hacer en términos de control y protección en el 26% del territorio nacional", dijo la directora del Sinac.

Actualmente, en promedio, cada funcionario del Sinac debe vigilar un poco más de 8.500 hectáreas. Eso es como poner a una persona a vigilar los cantones de San José y Escazú al mismo tiempo.

Más bien, según aseguró Vega, la institución optará por "obtener equipo con tecnología del más alto nivel -como drones- para hacer estudios de otro nivel". Según dijo, esta posibilidad sí está dentro de sus recursos.

Piñeras responden

De acuerdo con Roberto Cordero, asesor ambiental de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), las imágenes del informe muestran una clara violación a las leyes ambientales del país e instó a denunciar.

"Ahí están los tribunales. Tienen que haber consecuencias directas para los productores de cualquier cultivo que hayan invadido esas zonas de protección", aseguró el representante de Canapep.

Según dijo, los asociados de la cámara tienen prohibido producir a la par de humedales y en las cercanías de áreas protegidas. "Si fueran asociados de la cámara, nosotros ya los hubiéramos investigado", aseguró.

Alrededor de cinco mil hectáreas de piña no forman parte de Canapep, por lo que no están sujetas a sus manuales de buenas prácticas. No obstante, la cantidad de piña en humedales encontrada en el informe superó las 16 mil hectáreas.

De acuerdo con Cordero, "los datos son tan abrumadores que difícilmente seremos los primeros en denunciarlas" y señaló que probablemente estas fincas ya tienen denuncias judiciales.

"Si fueran asociados (a Canapep) que están en esas áreas, posiblemente no hubieran pasado por Setena y serían ilegales. No serían parte de la cámara. 16 mil hectáreas me parece un número bastante elevado", señaló.

Las sanciones, según dijo Cordero, dependerían del proceso judicial. Sin embargo, aseguró que si los tribunales condenan a los productores, "probablemente serían expulsados de la cámara"; además de las sanciones legales como el retiro del cultivo, reforestación de esa tierra y sanciones económicas.

Falta de verificación

El hallazgo sobre la invasión de áreas protegidas se realizó usando imágenes satelitales tomadas por el proyecto de Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (Mocupp). El proyecto vigila la expansión de cultivos de piña, palma aceitera y pastos.

Los datos de Mocupp también muestran una falta de concordancia entre la información oficial sobre el cultivo de piña y lo que muestran las imágenes satelitales.

Según lo registrado por el Ministerio de Agricultura (MAG), la piña cubrió alrededor de 45.000 hectáreas en el 2018. El Mocupp, por su parte, encontró más de 60.000 hectáreas de ese cultivo en el mismo año.

De acuerdo con Chacón, del Estado de la Nación, esto despierta alertas sobre la falta de control que hay alrededor del cultivo de piña.

"Los datos oficiales y los datos que hemos conseguido de otros sectores no coinciden en cuanto a la cantidad de áreas sembradas. Desde el MAG, los últimos años han venido reportando las mismas 45 mil hectáreas", dijo Chacón.

En el último censo agropecuario, por su parte, el dato rondaba las 37.000 hectáreas. Según Chacón, estas "diferencias importantes" muestran que "necesitamos afinar mejor las herramientas y cómo estamos recogiendo la información".

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