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La Guía de Formación Cívica es un documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), como parte de su Programa de Formación Cívica. Esta iniciativa encontró un impulso adicional en el convenio suscrito por la BCN con el Senado, la Cámara de Diputados y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia en 2015.
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Formación Cívica - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

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La Guía de Formación Cívica es un documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) como parte de su Programa de Formación Cívica. Esta iniciativa encuentra un impulso adicional en el convenio suscrito por la BCN con el Senado, la Cámara de Diputados y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con el fin de colaborar en el desarrollo del actual Proceso Constituyente.

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"El texto no contempla un mecanismo específico para el reemplazo total de la Constitución actual, como tampoco una sede constituyente para éste", fue el párrafo que utilizó la ex Presidenta Michelle Bachelet en un mensaje presidencial para pedir al Congreso que se modifique el Capítulo XV de nuestra la carta magna, hace ya dos años.

Pese al tiempo, recién durante esta semana -por siete votos a favor y sólo seis en contra-, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional para modificar el Capítulo XV de la Constitución, mismo que habla de los plebiscitos y de la realización de una asamblea constituyente.

Al respecto, uno de los siete diputados que votó a favor, Tomás Hirsch (Humanista), explicó a EL DÍNAMO que la relevancia de modificar este artículo radica en que "así se permitiría que la reforma de la Constitución se pueda hacer a través de un plebiscito ciudadano ".

O sea, que según Hirsch, "se podrá llamar a plebiscito para realizar una reforma parcial o total de la Constitución".

Sin embargo, desde la otra vereda -quienes votaron en contra- Juan Antonio Coloma (UDI) sostuvo a EL DÍNAMO que no sería el único artículo que se modificaría, pues lo que votó en contra fue que se discutieran seis proyectos de reforma constitucional.

"Esta Constitución ha tenido más de 200 reformas, lo que ahora lamentablemente ocurre es que por aparecer en la prensa votan modificaciones constitucionales sumamente profundas sin el más mínimo debate", complementó Coloma.

Capítulo XV y su alto quórum

Pese a que desde la oposición se cuadran a favor de modificar el Capítulo XV de la Carta Magna, advierten que, a su vez, para transformar el texto se requiere la aprobación de más de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio.

Esta situación, según Tomás Hirsch, "hace tremendamente difícil llegar a ese quórum, salvo que se logre un acuerdo con buena parte de la derecha".

Por ello, otro de quienes votó a favor, el DC Matías Walker, aclaró que como oposición están "esperando un gesto por parte del Gobierno".

"Espero que la disposición que ha manifestado el propio Presidente de la República, también el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, permitan abrir un espacio para discutir un proceso participativo democrático e institucional", dijo luego.

Sin embargo, el presidente del Partido Humanista reveló que están explorando distintos caminos para permitir una reforma en la Constitución a través de un plebiscito ciudadano.

"Lo otro es modificar algunos artículos de la Constitución, por ejemplo, el artículo XV -que coincide el número, pero este es el artículo- y que tiene un quórum de tres quintos de los parlamentarios. Estamos viendo como desamarrar estas trabas que son las que metió Jaime Guzmán al momento de armar esta Constitución de 1980″, aseguró el diputado.

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En qué consiste el Capítulo XV de la Constitución y por qué quieren cambiarlo

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Según explican desde la Comisión de Constitución, transformar esta parte de la Constitución de 1980 permitiría realizar reformas a través de un plebiscito ciudadano. Eso sí, se requiere uno de los quórums más altas de nuestra Carta Magna, por lo que se estudian alternativas.

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Artículo 127
Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65.
El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VIII, XI, XII o XV, necesitará, en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio.
En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre los quórums señalados en el inciso anterior.
Artículo 128
El proyecto que aprueben ambas Cámaras pasará al Presidente de la República.

Si el Presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras y éstas insistieren en su totalidad por las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, el Presidente deberá promulgar dicho proyecto, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito.
Si el Presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas Cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las tres quintas o dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada Cámara, según corresponda de acuerdo con el artículo anterior, y se devolverá al Presidente para su promulgación.
En caso de que las Cámaras no aprueben todas o algunas de las observaciones del Presidente, no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas Cámaras insistieren por los dos tercios de sus miembros en ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ellas. En este último caso, se devolverá al Presidente la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgación, salvo que éste consulte a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito, respecto de las cuestiones en desacuerdo.
La ley orgánica constitucional relativa al Congreso regulará en lo demás lo concerniente a los vetos de los proyectos de reforma y a su tramitación en el Congreso.
Artículo 129
La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que ambas Cámaras insistan en el proyecto aprobado por ellas, y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que se celebrará ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Transcurrido este plazo sin que el Presidente convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso.
El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el proyecto aprobado por ambas Cámaras y vetado totalmente por el Presidente de la República , o las cuestiones del proyecto en las cuales el Congreso haya insistido. En este último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en el plebiscito.
El Tribunal Calificador comunicará al Presidente de la República el resultado del plebiscito, y especificará el texto del proyecto aprobado por la ciudadanía, el que deberá ser promulgado como reforma constitucional dentro de los cinco días siguientes a dicha comunicación.
Una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigencia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se tendrán por incorporadas a ésta.
Del procedimiento para elaborar una Nueva Constitución Política de la República
Artículo 130. Del Plebiscito Nacional.

Tres días después de la entrada en vigencia de este artículo, el Presidente de la República convocará mediante un decreto supremo exento a un plebiscito nacional para el día 25 de octubre de 2020.

En el plebiscito señalado, la ciudadanía dispondrá de dos cédulas electorales. La primera contendrá la siguiente pregunta: "¿Quiere usted una Nueva Constitución?". Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera línea tendrá en su parte inferior la expresión "Apruebo" y la segunda, la expresión "Rechazo", a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas.

La segunda cédula contendrá la pregunta: "¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?". Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas tendrá en su parte inferior la expresión "Convención Mixta Constitucional" y la segunda, la expresión "Convención Constitucional". Bajo la expresión "Convención Mixta Constitucional" se incorporará la oración: "Integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio". Bajo la expresión "Convención Constitucional" se incorporará la oración: "Integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente", a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas.

A efecto de este plebiscito, se aplicarán las disposiciones pertinentes contenidas en los siguientes cuerpos legales, en su texto vigente al 1 de enero de 2020:

a) Decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en los siguientes pasajes: Párrafo V, Párrafo VI, con excepción del inciso sexto del artículo 32 e incisos segundo a cuarto del artículo 33, Párrafo VII, VIII, IX, X y XI del Título I; Título II al X inclusive; Título XII y XIII;

b) Decreto con fuerza de ley Nº 5, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.556, orgánica constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral;

c) Decreto con fuerza de ley Nº 4, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos, en los siguientes pasajes: Título I, V, VI, IX y X.

Los canales de televisión de libre recepción deberán destinar gratuitamente treinta minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral sobre este plebiscito, debiendo dar expresión a las dos opciones contempladas en cada cédula, conforme a un acuerdo que adoptará el Consejo Nacional de Televisión y que será publicado en el Diario Oficial, dentro del plazo de treinta días contado desde la publicación de la convocatoria al plebiscito nacional, respetando una estricta igualdad de promoción de las opciones plebiscitadas. De este acuerdo podrá reclamarse ante el Tribunal Calificador de Elecciones dentro del plazo de tres días contado desde la publicación del mismo. El Tribunal Calificador de Elecciones resolverá la reclamación sumariamente dentro del plazo de cinco días contado desde la fecha de su respectiva interposición.

El Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y proclamará aprobadas las cuestiones que hayan obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Para estos efectos, los votos nulos y blancos se considerarán como no emitidos. El proceso de calificación del plebiscito nacional deberá quedar concluido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de éste. La sentencia de proclamación del plebiscito será comunicada dentro de los tres días siguientes de su dictación al Presidente de la República y al Congreso Nacional.

Si la ciudadanía hubiere aprobado elaborar una Nueva Constitución, el Presidente de la República deberá convocar, mediante decreto supremo exento, dentro de los cinco días siguientes a la comunicación a que alude el inciso anterior, a elección de los miembros de la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, según corresponda. Esta elección se llevará a cabo el día 11 de abril de 2021.

Artículo 131. De la Convención.

Para todos los efectos de este epígrafe, se entenderá que la voz "Convención" sin más, hace referencia a la Convención Mixta Constitucional y a la Convención Constitucional, sin distinción alguna.

A los integrantes de la Convención se les llamará Convencionales Constituyentes.

Además de lo establecido en los artículos 139, 140 y 141 de la Constitución, a la elección de Convencionales Constituyentes a la que hace referencia el inciso final del artículo 130, serán aplicables las disposiciones pertinentes a la elección de diputados, contenidas en los siguientes cuerpos legales, en su texto vigente al 25 de junio del año 2020:

a) Decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios;

b) Decreto con fuerza de ley Nº 5, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.556, orgánica constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral;

c) Decreto con fuerza de ley Nº 4, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos;

d) Decreto con fuerza de ley Nº 3, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

El proceso de calificación de la elección de Convencionales Constituyentes deberá quedar concluido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta. La sentencia de proclamación será comunicada dentro de los tres días siguientes de su dictación al Presidente de la República y al Congreso Nacional.

Artículo 132. De los requisitos e incompatibilidades de los candidatos.

Podrán ser candidatos a la Convención aquellos ciudadanos que reúnan las condiciones contempladas en el artículo 13 de la Constitución.

No será aplicable a los candidatos a esta elección ningún otro requisito, inhabilidad o prohibición, salvo las establecidas en este epígrafe y con excepción de las normas sobre afiliación e independencia de las candidaturas establecidas en el artículo 5, incisos cuarto y sexto, del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Los Ministros de Estado, los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los jefes de servicio, los miembros del Consejo del Banco Central, los miembros del Consejo del Servicio Electoral, los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, así como los del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales; los consejeros del Consejo para la Transparencia, y los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, que declaren sus candidaturas a miembros de la Convención, cesarán en sus cargos por el solo ministerio de la Constitución, desde el momento en que sus candidaturas sean inscritas en el Registro Especial a que hace referencia el inciso primero del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700. Lo dispuesto precedentemente le será aplicable a los senadores y diputados solo respecto de la Convención Constitucional.

Las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal deberán suspender dichas funciones desde el momento que sus candidaturas sean inscritas en el Registro Especial mencionado en el inciso anterior.

Artículo 133. Del funcionamiento de la Convención.

Dentro de los tres días siguientes a la recepción de la comunicación a que hace referencia el inciso final del artículo 131, el Presidente de la República convocará, mediante decreto supremo exento, a la primera sesión de instalación de la Convención, señalando además, el lugar de la convocatoria. En caso de no señalarlo, se instalará en la sede del Congreso Nacional. Dicha instalación deberá realizarse dentro de los quince días posteriores a la fecha de publicación del decreto.

En su primera sesión, la Convención deberá elegir a un Presidente y a un Vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio.

La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio.

La Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos.

La Convención deberá constituir una secretaría técnica, la que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional.

Corresponderá al Presidente de la República, o a los órganos que éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención.

Artículo 134. Del estatuto de los Convencionales Constituyentes.

A los integrantes de la Convención les será aplicable lo establecido en los artículos 51, con excepción de los incisos primero y segundo; 58, 59, 60 y 61.

A contar de la proclamación del Tribunal Calificador de Elecciones, los funcionarios públicos, con excepción de los mencionados en el inciso tercero del artículo 132, así como los trabajadores de las empresas del Estado, podrán hacer uso de un permiso sin goce de remuneraciones mientras sirvan a la Convención, en cuyo caso no les serán aplicables lo señalado en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución.

Los Convencionales Constituyentes estarán afectos a las normas de la ley Nº 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés, aplicables a los diputados, y a la ley Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Serán compatibles los cargos de parlamentario e integrantes de la Convención Mixta Constitucional. Los diputados y senadores que integren esta convención quedarán eximidos de su obligación de asistir a las sesiones de sala y comisión del Congreso durante el período en que ésta se mantenga en funcionamiento. El Congreso Nacional podrá incorporar medidas de organización para un adecuado trabajo legislativo mientras la Convención Mixta Constitucional se encuentre en funcionamiento.

Los integrantes de la Convención, con excepción de los parlamentarios que la integren, recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento.

Artículo 135. Disposiciones especiales.

La Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes.

Mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución en la forma establecida en este epígrafe, esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención negarle autoridad o modificarla.

En conformidad al artículo 5º, inciso primero, de la Constitución, mientras la Convención esté en funciones la soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución.

El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 136. De la reclamación.

Se podrá reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención, contenidas en este epígrafe y de aquellas de procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia Convención. En ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos en elaboración.

Conocerán de esta reclamación cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo por la misma Corte para cada cuestión planteada.

La reclamación deberá ser suscrita por al menos un cuarto de los miembros en ejercicio de la Convención y se interpondrá ante la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días desde que se tomó conocimiento del vicio alegado.

La reclamación deberá indicar el vicio que se reclama, el que deberá ser esencial, y el perjuicio que causa.

El procedimiento para el conocimiento y resolución de las reclamaciones será establecido en un Auto Acordado que adoptará la Corte Suprema, el que no podrá ser objeto del control establecido en artículo 93 número 2 de la Constitución.

La sentencia que acoja la reclamación solo podrá anular el acto. En todo caso, deberá resolverse dentro de los diez días siguientes desde que se entró al conocimiento del asunto. Contra las resoluciones de que trata este artículo no se admitirá acción ni recurso alguno.

Ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este artículo.

No podrá interponerse la reclamación a la que se refiere este artículo respecto del inciso final del artículo 135 de la Constitución.

Artículo 137. Prórroga del plazo de funcionamiento de la Convención.

La Convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de Nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses, contado desde su instalación, el que podrá prorrogarse, por una sola vez, por tres meses.

La mencionada prórroga podrá ser solicitada por quien ejerza la Presidencia de la Convención o por un tercio de sus miembros, con una anticipación no superior a quince días ni posterior a los cinco días previos al vencimiento del plazo de nueve meses. Presentada la solicitud, se citará inmediatamente a sesión especial, en la cual la Presidencia deberá dar cuenta pública de los avances en la elaboración de la propuesta de texto de Nueva Constitución, con lo cual se entenderá prorrogado el plazo sin más trámite. De todas estas circunstancias deberá quedar constancia en el acta respectiva. El plazo de prórroga comenzará a correr el día siguiente a aquel en que venza el plazo original.

Una vez redactada y aprobada la propuesta de texto de Nueva Constitución por la Convención, o vencido el plazo o su prórroga, la Convención se disolverá de pleno derecho.

Artículo 138. De las normas transitorias.

La Convención podrá establecer disposiciones especiales de entrada en vigencia de alguna de las normas o capítulos de la Nueva Constitución.

La Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial.

La Nueva Constitución deberá establecer el modo en que las otras autoridades que esta Constitución establece cesarán o continuarán en sus funciones.

Artículo 139. De la integración de la Convención Mixta Constitucional.

La Convención Mixta Constitucional estará integrada por 172 miembros, de los cuales 86 corresponderán a ciudadanos electos especialmente para estos efectos y 86 parlamentarios que serán elegidos por el Congreso Pleno, conformado por todos los senadores y diputados en ejercicio, los que podrán presentar listas o pactos electorales, y se elegirán de acuerdo al sistema establecido en el artículo 121 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en lo que refiere a la elección de diputados.

Artículo 140. Del sistema electoral de la Convención Mixta Constitucional.

En el caso de los Convencionales Constituyentes no parlamentarios, estos serán elegidos de acuerdo a las reglas consagradas en el artículo 121 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en su texto vigente al 25 de junio del 2020 y serán aplicables los artículos 187 y 188 del mismo cuerpo legal, con las siguientes modificaciones:

Distrito 1º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes;

Distrito 2º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes;

Distrito 3º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 4º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 5º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 6º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 7º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 8º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 9º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 10º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 11º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 12º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 13º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 14º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 15º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 16º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes;

Distrito 17º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 18º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes;

Distrito 19º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 20º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 21º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 22º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes;

Distrito 23º que elegirá 4 Convencionales Constituyentes;

Distrito 24º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 25º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes;

Distrito 26º que elegirá 3 Convencionales Constituyentes;

Distrito 27º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes; y

Distrito 28º que elegirá 2 Convencionales Constituyentes.

Artículo 141. De la integración de la Convención Constitucional.

La Convención Constitucional estará integrada por 155 ciudadanos electos especialmente para estos efectos. Para ello, se considerarán los distritos electorales establecidos en los artículos 187 y 188, y el sistema electoral descrito en el artículo 121, todos del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en lo que se refiere a la elección de diputados, a su texto vigente al 25 de junio del 2020.

Los integrantes de la Convención Constitucional no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones y hasta un año después de que cesen en sus cargos en la Convención.

Artículo 142. Del Plebiscito Constitucional.

Comunicada al Presidente de la República la propuesta de texto constitucional aprobada por la Convención, éste deberá convocar dentro de los tres días siguientes a dicha comunicación, mediante decreto supremo exento, a un plebiscito nacional constitucional para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta.

El sufragio en este plebiscito será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile.

El ciudadano que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales.

No incurrirá en esta sanción el ciudadano que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de doscientos kilómetros de aquél en que se encontrare registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Las personas que durante la realización del plebiscito nacional constitucional desempeñen funciones que encomienda el decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, se eximirán de la sanción establecida en el presente artículo remitiendo al juez competente un certificado que acredite esta circunstancia.

El conocimiento de la infracción señalada corresponderá al juez de policía local de la comuna donde se cometieron tales infracciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley Nº 18.287.

En el plebiscito señalado, la ciudadanía dispondrá de una cédula electoral que contendrá la siguiente pregunta, según corresponda a la Convención que haya propuesto el texto: "¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Mixta Constitucional?" o "¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?". Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas, tendrá en su parte inferior la expresión "Apruebo" y la segunda, la palabra "Rechazo", a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una de las alternativas.

Este plebiscito deberá celebrarse sesenta días después de la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo a que hace referencia el inciso primero, si ese día fuese domingo, o el domingo inmediatamente siguiente. Con todo, si en conformidad a las reglas anteriores la fecha del plebiscito se encuentra en el lapso entre sesenta días antes o después de una votación popular de aquellas a que hacen referencia los artículos 26, 47 y 49 de la Constitución, el día del plebiscito se retrasará hasta el domingo posterior inmediatamente siguiente. Si, como resultado de la aplicación de la regla precedente, el plebiscito cayere en el mes de enero o febrero, el plebiscito se celebrará el primer domingo del mes de marzo.

El proceso de calificación del plebiscito nacional deberá quedar concluido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de éste. La sentencia de proclamación del plebiscito será comunicada dentro de los tres días siguientes de su dictación al Presidente de la República y al Congreso Nacional.

Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito nacional constitucional fuere aprobada, el Presidente de la República deberá, dentro de los cinco días siguientes a la comunicación de la sentencia referida en el inciso anterior, convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la Nueva Constitución Política de la República. Dicho texto será publicado en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha. A partir de esta fecha, quedará derogada la presente Constitución Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra establecido en el decreto supremo Nº 100, de 17 de septiembre de 2005.

La Constitución deberá imprimirse y repartirse gratuitamente a todos los establecimientos educacionales, públicos o privados; bibliotecas municipales, universidades y órganos del Estado. Los jueces y magistrados de los tribunales superiores de justicia deberán recibir un ejemplar de la Constitución.

Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución.

Artículo 143. Remisión.

Al plebiscito constitucional le será aplicable lo dispuesto en los incisos cuarto a sexto del artículo 130.

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Capítulo XV: Reforma de la Constitución y del Procedimiento para Elaborar una Nueva Constitución de la República - Senado - República de Chile

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Artículo 127 Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65.El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

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¿Por qué la reforma constitucional del capítulo XV?

Los elevados quorum y demás exigencias del proyecto hacen suponer que la reforma del capítulo XV será de larga y compleja tramitación.
Antecedentes relevantes del Mensaje Presidencial
"La idea de cambio constitucional es consecuencia de innumerables esfuerzos por otorgar legitimidad a nuestra Constitución ". Con tales palabras comienza el Mensaje de la Presidenta de la República para presentar el proyecto de reforma constitucional al Capítulo XV de la Carta Fundamental. (Boletín 11.178-07 en primer trámite en la Cámara de Diputados).
Ello, teniendo en vista - como se asevera - contar con una Constitución moderna, actualizada y democrática de mayor calidad, estable, moderna y participativa.
Se recuerda que en octubre de 2015 se inició un "Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía", el cual consta de tres momentos: el encuentro, la deliberación y la soberanía. El primero ya tuvo lugar con la implementación de las consultas individuales, los encuentros locales auto convocados y los cabildos provinciales y regionales.
Se trata ahora, señala el Mensaje, de entrar al segundo momento: la deliberación y, para ello, hace presente la necesidad de reformar la Constitución.
Los fundamentos del proyecto hacen mención detallada de los tres principales textos constitucionales que nos han regido, surgidos todos ellos como consecuencia de crisis institucionales: las Cartas de 1833, 1925 y 1980.
En lo que atañe a la Constitución de 1980, reconoce el Mensaje que ésta ha sido objeto de "38 reformas para dotarla de legitimidad y adecuarla a las necesidades de nuestro Estado ", destacando entre ellas las gran reforma de 1989 y la de 2005, que entre otras materias, eliminó los enclaves autoritarios.
El proyecto deja en claro, para cualquier lector, que las múltiples reformas han hecho de la Constitución Política de 1980 un texto muy distinto al que fue primitivamente concebido. En suma, la iniciativa presidencial reconoce que la normativa constitucional y el sistema político se han ido adecuando a las nuevas necesidades y a la aspiración de legitimar la Carta en su ejercicio.
¿Por qué, entonces, la necesidad de una nueva Constitución Política?
Entre las razones, el Mensaje destaca que la Carta de 1980 haya tenido como núcleo central la desconfianza de la soberanía del pueblo, con fuertes contrapesos institucionales; el haberse originado en un régimen autocrático, sin participación ciudadana, con una mirada negativa y defensiva de la política y de los partidos. Por ello y considerando que Chile está en un proceso de cambio se propone al país una nueva Constitución nacida al amparo de un régimen democrático, con efectiva participación ciudadana.
Ya conocidas las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución, entregadas a principios de este año a la Presidenta de la República por el Consejo Ciudadano de Observadores y el Comité de Sistematización, parece esencial avanzar hacia un proceso de deliberación.
Para ello, el Ejecutivo ha estimado indispensable la reforma del Capítulo XV de la Constitución de modo "que nos permita contar con un mecanismo de cambio constitucional definido por el mismo Congreso ".
Contenido del Proyecto de Reforma Constitucional
El proyecto consta de un artículo único que introduce a la Carta actual un nuevo Artículo 130 y una Disposición Transitoria 29.
En síntesis, dichas normas disponen lo siguiente: a) Deberá dictarse una ley orgánica constitucional cuyo proyecto deberá ser enviado al Congreso por Mensaje del Ejecutivo; b) Tal ley regulará la convocatoria a una Convención Constitucional para la elaboración de una nueva Constitución, la forma de integración de la misma, el sistema de nombramiento y elección de sus integrantes, su organización, funciones y atribuciones, como también los mecanismos de participación ciudadana. Su quórum de aprobación deberá ser de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio; c) Sólo una vez publicada tal ley, el Congreso podrá hacer la convocatoria a la Convención Constitucional con el voto conforme de las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio; d) Aprobado el proyecto de nueva Constitución, de acuerdo a los quorum del actual artículo 127 (3/5 y 2/3 según la materia) y de 2/3 para las nuevas materias, se remitirá al Presidente para que plebiscite el texto final, siendo el voto en este caso obligatorio; e) Remitido el proyecto al Presidente de la República la Convención deberá disolverse.
Publicada la reforma al Capítulo XV, el Presidente quedará obligado a enviar dentro de 60 días el proyecto de ley orgánica constitucional que regulará la convocatoria a la Convención Constitucional.
Comentarios
Llaman la atención aspectos constitucionales que constituyen excepciones en nuestro ordenamiento.
El proyecto presenta especialidad de quorum para la aprobación de la ley orgánica constitucional que regulará la Convención Constitucional exigiendo 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, en vez de los habituales 4/7. Actualmente, solo existe un caso especial de quorum diferenciado referente a las modificaciones de la ley de Votaciones y Escrutinios Populares, en la Disposición Transitoria 13. No obstante que los quorum diferenciados han sido objeto de críticas, el proyecto los eleva notablemente, así, la convocatoria a la Convención exige el acuerdo del Congreso por 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, el quórum más elevado de nuestro ordenamiento.
Otro caso de excepción es que para el plebiscito que deberá convocar el Ejecutivo para la aprobación o rechazo de la nueva Carta, el voto será obligatorio para - señala el Mensaje - otorgar la mayor legitimidad democrática. Ello, abre nuevamente la relevante y saludable discusión sobre la obligatoriedad del voto y su carácter de deber y responsabilidad ciudadana.
Cabe pensar que ambas excepciones tienen como finalidad otorgar mayor legitimidad y respaldo ciudadano a las iniciativas.
Los elevados quorum y demás exigencias del proyecto hacen suponer que la reforma del capítulo XV será de larga y compleja tramitación. Facilitaría su discusión conocer de antemano algunas características que tendría la Convención, especialmente considerando que aprobada la reforma constitucional ésta impone el breve plazo de 60 días para que el Presidente envíe la referida ley orgánica constitucional al Congreso.
Finalmente, una vez aprobada tal ley orgánica, será el Congreso Nacional quien en definitiva resuelva hacer o no la convocatoria a la Convención Constitucional, por cuánto este llamado es facultativo. Será, entonces, nuestro Congreso, el órgano que tendrá la última palabra. (Santiago, 27 abril 2017)

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¿Por qué la reforma constitucional del capítulo XV?

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¿Por qué la reforma constitucional del capítulo XV? Los elevados quorum y demás exigencias del proyecto hacen suponer que la reforma del capítulo XV será de larga y compleja tramitación. Antecedentes relevantes del Mensaje Presidencial "La idea de cambio constitucional es consecuencia de innumerables esfuerzos por otorgar legitimidad a nuestra Constitución ".

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El próximo 26 de abril existirán dos cédulas electorales que no son contradictorias ni excluyentes entre ellas.
En el Plebiscito Nacional de abril los ciudadanos recibirán dos papeletas de votación: una con la pregunta ¿Quiere Usted una Nueva Constitución? seguida con las alternativas "Apruebo" y/o "Rechazo" y una segunda cédula electoral compuesta por la pregunta ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución? acompañada de las respuestas: "Convención Mixta Constitucional" y/o "Convención Constitucional".

Entre ambas preguntas no existe contradicción alguna al momento de votar, de esta forma, quienes aprueban o rechazan una Nueva Constitución igualmente pueden elegir entre una de las opciones de órgano planteada en la segunda papeleta. Es decir, es plenamente válido votar "Apruebo" y luego elegir "Convención Mixta Constitucional" o "Convención Constituyente," al igual que votar "Rechazo" y luego optar por una de las alternativas de la segunda cédula electoral.

Al terminar las votaciones, los miembros de la Mesa Receptora de Sufragios realizarán el escrutinio, en que sumarán separadamente los votos obtenidos por cada una de las cuestiones sometidas a decisión. Durante la realización del Plebiscito Nacional, como la ley lo indica, el Servel emitirá boletines y desplegará información en su sitio web, respecto de la instalación de las mesas de votación y sobre los resultados que se vayan produciendo, a medida que las mesas culminen su proceso de escrutinio, los que tendrán el carácter de preliminares.

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Plebiscito Nacional 2020: 2 votos, cada uno con dos opciones

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El próximo 26 de abril existirán dos cédulas electorales que no son contradictorias ni excluyentes entre ellas. En el Plebiscito Nacional de abril los ciudadanos recibirán dos papeletas de votación: una con la pregunta ¿Quiere Usted una Nueva Constitución?

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Con la postergación del Plebiscito el Servicio Electoral elaboró un nuevo cronograma, con el que se dan a conocer las fechas más relevantes para la ciudadanía, como el día en que cesa la actualización del Registro Electoral o cuando se publica la nómina de vocales de mesa.
Este 25 de octubre se realizará el Plebiscito Nacional, lo que implica cambios en una serie de fechas importantes que los electores deben tener en cuenta para concretar sus trámites y estar atentos a sus designaciones.

Por ejemplo, el nuevo cronograma permitió a Servel reabrir el Registro Electoral y actualizar los datos de la ciudadanía (nombres, domicilios electorales e inhabilidades legales, entre otros) hasta el 6 de junio, es decir 140 días antes del Plebiscito Nacional 2020. Los electores que requieran cambiar su domicilio electoral podrán solicitarlo en línea, a través de www.servel.cl con su Clave Única. Y con los nuevos datos se elaborará un nuevo Padrón Electoral.

A su vez, cambian fechas de alto interés de la ciudadanía, como son los plazos de propaganda, la designación de vocales de mesa y la publicación de locales de votación.

Algunas de las principales fechas del nuevo cronograma electoral son:

28 de mayo : Se publica la nómina de los espacios para efectuar propaganda electoral

6 de junio : Último día de cambios de domicilio electoral

27 de junio : Se determina el Padrón Electoral provisorio

27 de julio : Se publica Padrón Electoral auditado y Nómina de Inhabilitados

28 de julio : Se inicia periodo de reclamaciones al Padrón Electoral auditado

16 de agosto : Vence plazo para que prensa y radioemisoras comuniquen al Servicio Electoral sus tarifas

26 de agosto : Se inicia propaganda electoral en medios escritos, radios, espacios públicos autorizados y espacios privados.

Se publica Padrón Electoral definitivo y Nómina de Inhabilitados

25 de sept. : Comienza la franja de propaganda televisiva

01 de oct. : Se publican las características de las cédulas electorales

03 de oct. : Se publica la nómina de vocales de mesa designados, locales de votación y miembros de Colegio Escrutador

05 de oct. : Comienza plazo para presentar excusas y solicitar exclusiones para la labor de vocal de mesa ante las Juntas Electorales

10 de oct. : Se publica nómina de vocales reemplazantes

20 de oct. : Se publica facsímil de las cédulas de votación

22 de oct. : Finaliza toda propaganda electoral

24 de oct. : Vocales deben constituir las mesas de votación

25 de oct. : PLEBISCITO NACIONAL

El cronograma completo puede ser revisado en www.plebiscitonacional2020.cl, sitio que cuenta con toda la información relacionada con el proceso.

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Las nuevas fechas del cronograma electoral para el Plebiscito Nacional del 25 de octubre

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Con la postergación del Plebiscito el Servicio Electoral elaboró un nuevo cronograma, con el que se dan a conocer las fechas más relevantes para la ciudadanía, como el día en que cesa la actualización del Registro Electoral o cuando se publica la nómina de vocales de mesa.

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El vocal de mesa es el elector, designado por una Junta Electoral, para integrar una mesa receptora de sufragios, cumplir las funciones de recibir los votos emitidos y realizar el escrutinio de éstos...