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Serán sujetos de esta ley las personas entre 12 y 18 años  además en el momento de la comisión de un hecho comprobado como delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales.

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Se aplica a todos los menores de edad, que en el proceso cumplan con la mayoría de edad. Igualmente se aplicará cuando los menores sean acusados después de haber cumplido la "mayoridad" penal, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro de las edades comprendidas para aplicarles esta ley.

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Se aplica a todos los menores de edad, que en el proceso cumplan con la mayoría de edad. Igualmente se aplicará cuando los menores sean acusados después de haber cumplido la "mayoridad" penal, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro de las edades comprendidas para aplicarles esta ley.

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Para aplicarse , esta ley diferenciará en cuanto al proceso, las sanciones y su ejecución entre dos grupos: a partir de los 12 años de edad hasta los 15 años de edad, y a partir de los 15 años de edad y hasta tanto no se hayan cumplido los 18 años de edad.

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Los actos cometidos por un menor de 12 años, que sean delito o contravención, no serán objeto de esta ley; la responsabilidad civil quedará a salvo y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales competentes. Aunque los juzgados penales juveniles referirán el caso al Patronato Nacional de la Infancia para que se le brinde la atención necesaria. Si las medidas cambian la libertad de tránsito del menor de edad, deberán ser consultadas al Juez de Ejecución Penal Juvenil, quien también las controlará.

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Los actos cometidos por un menor de 12 años, que sean delito o contravención, no serán objeto de esta ley; la responsabilidad civil quedará a salvo y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales competentes. Aunque los juzgados penales juveniles referirán el caso al Patronato Nacional de la Infancia para que se le brinde la atención necesaria. Si las medidas cambian la libertad de tránsito del menor de edad, deberán ser consultadas al Juez de Ejecución Penal Juvenil, quien también las controlará.

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Serán principios directos de la presente: La protección entera del menor de edad, su interés superior, el respetar los derechos, su información completa y la fijación en su familia y la sociedad. El estado, asocio con las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, promoverá tanto los programas orientados a esos fines como la protección de los derechos e intereses de las víctimas del hecho.