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El elemento vital de gran importancia para la vida es el agua, para el resto de animales y seres vivos que nos acompañan en el planeta Tierra. También es uno de los recursos más limitados y, como consecuencia del mal uso que se le ha dado desde varios años atrás y actualmente; hay escasez, al igual que contaminación en cuerpos de agua como ríos y lagos. A continuación se presentan dos problemáticas en el estado de Veracruz, que a consecuencia de contaminación y sobreexplotación de este recurso se han creado conflictos sociales.

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Noticia 1. Anaversa: 30 años esperando justicia

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Noticia 1. Anaversa: 30 años esperando justicia

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La integrante del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, Beatriz Torres Beristaín, señaló que la explosión se dijo fue causado por un problema de sistema eléctrico en selladora que inició un incendio, creó una nube tóxica que se dispersó por un tercio de la ciudad; los primeros expuestos fueron los bomberos y voluntarios que acudieron a prestar ayuda; sin embargo, sin un plan de contención el agua corrió por los ríos y se contaminaron aguas subterráneas y superficiales, el agua potable y hasta de los cultivos.

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A 30 años de la explosión de la planta de plaguicidas Anaversa, en Río Blanco, no hay justicia para quienes resultaron con afectaciones en su vida y salud, pues el estado ha incumplido con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y un juez desechó la solicitud de amparo de nueve ciudadanos que advirtieron violaciones a sus derechos humanos en este caso.

Del incidente que ocurrió el 3 de mayo de 1991 las autoridades no reconocieron afectaciones más allá de las intoxicaciones producidas por la lluvia ácida y nube tóxica que cubrió la tercera parte de la ciudad, a pesar de que especialistas han advertido que las sustancias que ahí se producían como pentaclorofenol, ácido 2,4-D, parathion metílico, malatión y paraquat, con la explosión generaron dioxinas y furanos, altamente tóxicos que aún persisten en la zona.

El abogado Hugo Méndez Rivera señaló que en 2017 nueve personas promovieron la solicitud de amparo indirecto en el juzgado décimo sexto distrito de, bajo el expediente 1134/2017 por la vulneración de sus derechos a la protección de la salud, al ambiente sano, al acceso a la información, la libertad de tránsito y el acceso a la justicia, derivado de la actuación omisa del Gobierno para atener el accidente químico.

Pese a ello, el juzgado desechó la solicitud y fue a través de un recurso de revocación que lograron que aceptara la demanda; sin embargo dos años después, en 2019 el juzgado décimo sexto de distrito determinó sobreseer el juicio bajo el argumento de los quejosos no tenia interés jurídico, ni legítimo para poder intervenir en la demanda de amparo y no podían alegar la violación de sus derechos humanos.

Previo a la determinación del juez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento de Córdoba negaron tener responsabilidad por los daños y violaciones a los derechos humanos como resultado de la explosión.

El abogado advierte que el juzgado a pesar de tener la tarea de proteger los derechos humanos "no quiso aventarse el paquete de determinar si hubo vulneración o no de derechos humanos por parte del Gobierno, tomando en cuenta las diversas omisiones de las entidades administrativas frente al caso de Anaversa".

A 30 años de distancia, especialistas advierten que lo ocurrido en el barrio La Estación no fue un accidente pues antes de la explosión había quejas de la población por los olores que se desprendían de la fábrica y exigieron a las autoridades mover la planta a otro lugar.

La integrante del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, Beatriz Torres Beristain, señaló que la explosión se dijo fue causado por un problema de sistema eléctrico en selladora que inició un incendio, creó una nube tóxica que se dispersó por un tercio de la ciudad; los primeros expuestos fueron los bomberos y voluntarios que acudieron a prestar ayuda; sin embargo, sin un plan de contención el agua corrió por los ríos y se contaminaron aguas subterráneas y superficiales, el agua potable y hasta de los cultivos.

Pese a que las dioxinas y furanos que se generaran provocan afectaciones el sistema endocrino, incidencia en cáncer de piel, testicular, cerebro ,estómago, colon, recto, próstata, páncreas y riñón, así como efectos en el sistema inmunológico, incremento en diabetes, reducción de capacidad reproductiva, enfermedades neoplásticas, oficialmente no se reconoció ninguna víctima mortal.

"Solo reconocieron los casos de intoxicación agudas tras el evento; se hizo un desplazamiento de quienes vivían ahí pero a los pocos días regresaron. Los efectos más graves no son los que ocurren en el momento sino a largo plazo no solo por los plaguicidas y la exposición a dioxinas y furanos".

A días de cumplirse el 25 aniversario de la explosión se reabrió el lugar, se derribó lo que quedaba el edifico y se movilizaron los restos al predio de la colonia Paraíso y se tiró todo el cascajo contaminado con dioxinas y furanos sin mayor manejo; actualmente el sitio es considerado como uno de los 73 sitios contaminados que tiene Veracruz y un pasivo ambiental del que nadie quiere hacerse responsable.

En 1991 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 99/1991 en el que demandó al entonces secretario de Salud, Jesús Kumate Rodríguez y Desarrollo Urbano y Ecología, Patricio Chirinos Calero, repararan los daños causados, proporcionaran atención médica especializada a los afectados y establecieran una vigilancia epidemiológica de larga duración. La recomendación de la CNDH nunca se cumplió.

La Asociación de Afectados por Anaversa estima que más de mil 500 personas han fallecido a consecuencia del accidente. No hubo responsables por el accidente y hasta ahora no se sabe quiénes eran los dueños de la empresa, que según información otorgada sigue operando en el municipio Izúcar de Matamoros en Puebla con el nombre de "Dragón".

Por ello, Beatriz Torres Beristain dijo que aunque han pasado tres décadas, es necesario que el Estado reconozca a las víctimas, revise el incumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, realizar un monumento por las víctimas y hacer campaña para honrar su memoria con acciones de prevención, así como la revisión de las emergencias químicas ocurridas e instalar una placa en el sitio en el que actualmente hay un letrero de "Se Vende".

AVC/Perla Sandoval

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A 30 años de la explosión de la planta de plaguicidas Anaversa, en Río Blanco, no hay justicia para quienes resultaron con afectaciones en su vida y salud, pues el estado ha incumplido con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y un juez desechó la solicitud de amparo de nueve ciudadanos que advirtieron violaciones a sus derechos humanos en este caso.

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Noticia 2. Industrias acaparan el agua de los ríos en Veracruz

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Noticia 2. Industrias acaparan el agua de los ríos en Veracruz

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Derivado de los títulos de concesión de aguas superficiales y subterráneas en Veracruz, varias empresas y proyectos hidroeléctricos en construcción consumen más de un millón de metros cúbicos de agua de los principales ríos de la entidad, “cantidad que alcanzaría para abastecer a 25 mil personas durante un año”. La empresa de papel Celulosa de Fibras Mexicanas, ubicada en la zona industrial Córdoba-Orizaba, cuenta con dos permisos que le permiten explotar más de 191 millones de metros cúbicos al año, por lo cual ocupa el lugar 16 en la clasificación nacional con más concesiones de agua en el país. Mientras tanto, la empresa productora de jugos Citrofrut se encuentra en el lugar 33 de la misma clasificación, pues tiene ocho concesiones para extraer más de 11 millones de metros cúbicos al año.

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Sobreexplotación de agua por industrias en Veracruz

Eirinet Gómez López es egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, corresponsal de la La Jornada y directiva en la agencia de noticias AVC. Se ha especializado en el tema de desaparición de personas, corrupción y violencia contra las mujeres.

Derivado de los títulos de concesión de aguas superficiales y subterráneas en Veracruz, (Dato crucial 1) varias empresas y proyectos hidroeléctricos en construcción consumen más de un millón de metros cúbicos de agua de los principales ríos de la entidad, "cantidad que alcanzaría para abastecer a 25 mil personas durante un año".

De acuerdo con Emilio Rodríguez Almazán, miembro de la Asociación de Iniciativas de Defensa Ambiental (Lavida), la Ley de Aguas en México privilegia al sector industrial y energético para la explotación del agua por encima de la garantía de acceso al recurso como derecho humano. Asimismo, el activista ambiental sostiene que la privatización del agua es una tendencia global que beneficia a unos cuantos para la realización de sus negocios, razón por la cual es necesario que el actual gobierno de México apruebe la Ley de Agua Ciudadana que se propuso ante la Cámara de Diputados desde febrero de 2012. En este contexto, el Congreso de la Unión ha desacatado "el derecho de todos los mexicanos al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible".

Entre los ríos afectados por las concesiones a empresas y proyectos hidroeléctricos se encuentran Apatlahuaya, el Tonto el Matlacóbalt, Blanco, Metlac, Nixtamalapa, Jalacingo, Las Minas, Zapote, Texolo y Los Pescados. La Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma es una de las compañías con mayor volumen de metros cúbicos concesionado, ya que cuenta con 7 permisos que le permiten explotar más de 126 millones de metros cúbicos de agua al año. Además, dicha compañía tiene más concesiones en el estado de México, Sonora, Baja California, Puebla y Nuevo León, por lo cual se encuentra en el lugar 20 en la clasificación nacional con más concesiones de agua en el país.

Asimismo, la empresa de papel Celulosa de Fibras Mexicanas, ubicada en la zona industrial Córdoba-Orizaba, cuenta con dos permisos que le permiten explotar más de 191 millones de metros cúbicos al año, por lo cual ocupa el lugar 16 en la clasificación nacional con más concesiones de agua en el país. Mientras tanto, la empresa productora de jugos Citrofrut se encuentra en el lugar 33 de la misma clasificación, pues tiene ocho concesiones para extraer más de 11 millones de metros cúbicos al año.

Las empresas Ingenio San Cristóbal, El Potrero, El Modelo, Industrial Azucarera SA de CV, y El Carmen también se benefician de los ríos de Veracruz. Todas juntas tienen permisos con los cuales explotan más de 189 millones de metros cúbicos de agua al año. Por su parte, la familia Ruiz Anitúa junto con la Constructora ITSA tienen permisos para explotar 55 millones de metros cúbicos anualmente para usos urbanos y de servicios. En el estado se han otorgado 10 permisos para instalar diversas centrales eléctricas y cuatro hidroeléctricas, la mayoría para abastecimiento particular.

1. Según informes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Veracruz ha otorgado 9 mil 381 títulos de concesión de aguas superficiales y 19 mil 124 de aguas subterráneas para uso agrícola, agroindustrial, doméstico, industrial, público-urbano y la generación de la energía eléctrica.

2. De acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) en Veracruz, 39 empresas industriales concentran la concesión de más de 339 millones de metros cúbicos de líquido por año.

Las autoridades en México han permitido que el desempeño de las empresas se base en la sobreexplotación de recursos naturales. El artículo demuestra el vínculo causal entre las actividades empresariales y la degradación del medio ambiente ofreciendo un análisis sobre la localización de las industrias y el tipo de devastación ambiental que están realizando.

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Industrias acaparan el agua de los ríos en Veracruz

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Sobreexplotación de agua por industrias en Veracruz Eirinet Gómez López es egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, corresponsal de la La Jornada y directiva en la agencia de noticias AVC. Se ha especializado en el tema de desaparición de personas, corrupción y violencia contra las mujeres.

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La gestión jurídica del agua en México tiene como fundamento lo que dicta el siguiente artículo de la Constitución Política (27) y la Ley de Aguas Nacionales.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

En cuanto a la legislación secundaria, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) es el ordenamiento reglamentario del artículo 27 constitucional; regula la distribución y control del agua, y designa a la Comisión Nacional del Agua como el órgano responsable de ejercer la autoridad y administración del agua a nombre del Ejecutivo.

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Puedo deducir que mi consumo de agua para cubrir algunas de mis necesidades básicas rebasa la cantidad recomendada. De acuerdo a las veces que hago estas actividades al lavar trastes consumo unos 30 litros, al cepillarme 2 litros, y al bañarme 10 litros. Nuestros recursos hídricos se enfrentan a una serie de graves amenazas, todas ellas originadas principalmente por nuestras actividades.
Por lo general, la contaminación se extiende por los cuerpos de agua en mucho menos tiempo del que se tarda después en eliminarla (sustancias químicas que contienen los productos de aseo personal y del hogar). Haciendo que el suministro de agua potable se vea afectado transmitiendo enfermedades a la población, además de que paisajes escénicos pierdan su belleza degradando ecosistemas.

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Cinco acciones cotidianas para optimizar el uso del agua

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Cinco acciones cotidianas para optimizar el uso del agua

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1. Utilizar un vaso con agua para cepillarse los dientes. No dejar la llave abierta.
2. Utilizar la lavadora para cargas completas evitando su uso para pocas prendas.
3. Evitar el uso de manguera por el desperdicio de agua.
4. Estar al pendiente de fugas.
5. Hacer uso de los sistemas de recolección de agua de lluvia en las casas, las cuales pueden ser usadas para lavado de ropas, aseo de las viviendas, entre otras actividades.