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https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/prorroga-erte-millones-deficit_0_1429958083.html

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Como si de un gran experimento de ingeniería social se tratara, la pandemia ha mostrado las consecuencias económicas de mantener a la población confinada durante meses. El encierro se tradujo en caídas del PIB de doble dígito, locales cerrados, aviones aparcados y un traslado de la oficina a los hogares en aquellos trabajos donde era posible. Gobiernos, bancos centrales e instituciones supranacionales como la Comisión Europea han llevado a cabo un esfuerzo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial para rescatar la economía.

Problemas como las secuelas de la guerra comercial, las turbulencias del Brexit, la crisis de la industria automovilística y las tensiones geopolíticas, que al comenzar el año parecían capaces de sumir al mundo en una preocupante ralentización económica, se han empequeñecido hasta difuminarse ante un virus que de forma justificada ha acaparado prácticamente toda la atención. En ese entorno de arenas movedizas, la economía española ha estado entre las que más ha sufrido, aunque los ERTE han evitado un escenario mucho más negro para el empleo, y la aprobación los Presupuestos tras años de bloqueo por la batalla política, y la llegada de los fondos europeos deben poner a cicatrizar la herida una vez el virus se tope con la puerta cerrada de la inmunización colectiva.

Batacazo histórico del PIB. Para la economía, 2020 ha sido algo parecido a lanzar una pelota desde un quinto piso. La caída ha sido vertical y a toda velocidad. Más que la del rebote: el regreso tras el impacto contra el suelo no ha sido suficiente para volver a ver aparecer la bola en la ventana a la misma altura, y habrá que sumar el acumulado de los botes más pequeños de 2021 y 2022 para volver a ver en 2023 los niveles previos a la pandemia. La volatilidad ha sido extrema. Tan difícil será que el PIB español se desplome de nuevo en un solo trimestre un 17,8%, como sucedió entre abril y junio, los meses del confinamiento duro que el planeta no olvidará, como que vuelva a crecer el 16,4%, el resultado de los tres meses siguientes, los de las reaperturas parciales y desconfiadas ante los rebrotes. El balance del ejercicio, sumados un primer trimestre que ya recogió los primeros compases del virus, y un último que no sumará los frutos de la vacunación masiva, será muy negativo: tanto el Gobierno como el Banco de España esperan que la caída esté por encima del 11%, una de las más pronunciadas de las economías desarrolladas. Según el FMI, la zona euro reculará un 8,3%, la economía global se contraerá un 4,4%. y China será la gran ganadora de entre las grandes economías, con una subida del 1,9%.

Los primeros Presupuestos desde 2018. España contará a partir del 1 de enero con unos nuevos Presupuestos, los primeros que ven la luz en más de dos años y los más expansivos de la historia, diseñados para dar respuesta a la peor debacle económica desde la Guerra Civil. Desde 2016 España no empezaba el año con unas nuevas cuentas públicas debido a la inestabilidad política de los últimos años. Hasta ahora, seguían prorrogadas las diseñadas por el PP en 2018. Todos los intentos para tener unas nuevas cuentas por parte del Ejecutivo de coalición habían fracasado desde entonces: el proyecto de ley para 2019 fue rechazado, y este año ni siquiera se llegó a presentar a causa de la crisis sanitaria.

El gasto total asciende a 550.484 millones, con subidas generalizadas en todas las partidas y especial acento en las de naturaleza social. La inversión pública duplicará la de 2020, hasta los 39.000 millones, empujada por el inédito cañonazo de las ayudas europeas. También se prevé que la recaudación toque máximos, al rebasar los 222.100 millones. El Gobierno confía el grueso de este avance a una vigorosa recuperación del PIB en 2021, y otra parte a los cambios fiscales que va a poner en marcha -como el alza del IRPF a las rentas más altas, las tasas Google y Tobin, nuevos tributos verdes o la subida del IVA a las bebidas azucaradas-.

Por primera vez, eurobonos. Los Veintisiete afrontan la mayor recesión desde la fundación de la Unión Europea con un fondo de recuperación que asciende a 750.000 millones de euros. El instrumento, del que España podrá obtener 140.000 millones, se financiará mediante la primera emisión masiva de eurobonos que realizará la Comisión Europea. A pesar de las reticencias de los halcones, más de la mitad de los recursos serán ayudas a fondo perdido que los países irán recibiendo a lo largo de tres años. A cambio, las capitales se comprometen a inversiones para transformar sus economías -en especial en los ámbitos verde y digital- y a ejecutar reformas acordadas con el Ejecutivo comunitario. Ese monto se complementa con otras ayudas europeas, entre ellas, el llamado fondo SURE para ayudar a los países a financiar sus sistemas de protección temporal de empleo.

Surge un frente contra los excesos de las tecnológicas.. Pocas veces los tres grandes bloques mundiales coinciden en algo al mismo tiempo. Este 2020 lo han hecho en la vigilancia a los gigantes digitales. Bruselas lleva años abriendo investigaciones y sancionando excesos de Google, Facebook, Apple o Amazon, especialmente desde la llegada de la danesa Margrethe Vestager al puesto de comisaria de Competencia. La novedad es que Washington y Pekín han dejado de hacer la vista gorda a los abusos de posición dominante. La Comisión Federal de Comercio de EE UU presentó hace tres semanas una demanda contra Facebook junto a los fiscales de 48 Estados del país. En ella, instan a la firma de Mark Zuckerberg a deshacerse de Instagram y WhatsApp para reducir su tamaño y su dominio de mercado. Hace solo una semana, explotaba otra bomba: China anunciaba la apertura de una investigación a Alibaba, la mayor tecnológica del país, por prácticas monopolísticas, después de recibir quejas de que obliga a los vendedores a operar en exclusiva en su plataforma, dañando a sus rivales y la libre competencia. 2021 puede ser, por tanto, un año de nuevas pesquisas a los grandes de la Red, en medio del complejo debate abierto sobre cómo contener su inmenso poder.

ERTE: el paraguas de la crisis. Los españoles han aprendido una nueva palabra en 2020: ERTE. En realidad son las siglas de Expediente de Regulación Temporal de Empleo y han marcado el mercado laboral desde que en marzo explotó la pandemia y se aplicaron severas restricciones a la actividad económica. Los ERTE han sido el paraguas que ha protegido el empleo y ha contenido una destrucción masiva como la observada en crisis anteriores. Algo que se observó en las primeras semanas, cuando se evaporaron casi un millón de puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo se multiplicaron las empresas que recurrieron a los ERTE: llegó a superar el medio millón, y a finales de abril llegó a haber 3,5 millones de trabajadores con contratos suspendidos y jornadas reducidas. Estas cifras se han movido al ritmo que han marcado las olas de la epidemia y las restricciones económicas para frenar al coronavirus. En verano bajaron los afectados y en otoño han vuelto a crecer, hasta los 750.000 que se alcanzaron en noviembre.

España no ha hecho nada que no haya hecho buena parte de Europa. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca... todos han recurrido a fórmulas parecidas para proteger a la empresas y mantener las rentas de sus trabajadores. El esfuerzo es ingente. En España puede costar unos 30.000 millones de euros, según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Su aplicación ha tropezado con problemas serios. Una Administración desbordada ante la avalancha de peticiones ha tenido errores (también las empresas que lo pedían) que han retrasado el cobro de las prestaciones a miles de trabajadores, en situaciones en muchos casos dramáticas. Esto llevó al secretario general de CC OO, Unai Sordo, a advertir que "lo que está bien a nivel político se puede perder por una gestión deficiente".

Nace el ingreso mínimo vital. España empezó a desplegar este año una nueva pata del Estado de bienestar: el ingreso mínimo vital, una renta para socorrer a las familias vulnerables. El Ejecutivo lo aprobó en mayo y supone una ayuda a los hogares que va de los 462 euros para los adultos que viven solos a los 1.015 en el caso máximo. La renta completa los ingresos familiares hasta llegar a esas cantidades, no es una prestación por esa cuantía. A pesar de las críticas, la ley que lo regula recibió en el Congreso el respaldo de casi todos los grupos salvo Vox, que se abstuvo. Pero ese hito se ha visto oscurecido por lo lejos que se encuentra el despliegue de su objetivo inicial.

La meta señalada por el ministro Escrivá era llegar a 850.000 familias compuestas por 2,3 millones de personas. El desembolso previsto ascendía a unos 3.000 millones al año. Sin embargo, los últimos datos cifraban en torno a las 160.000 las ayudas reconocidas. De junio hasta ahora, el Gobierno ha tenido que hacer cambios para facilitar el acceso y todavía se esperan más en la tramitación parlamentaria. También el atasco en las oficinas del instituto público ha tenido su papel.

Una medida como el ingreso mínimo había sido reclamada por la Comisión Europea y otros órganos internacionales. En España existían desde hace años rentas similares en las comunidades, pero su implantación ha sido extraordinariamente desigual. Hay autonomías, como el País Vasco, en las que se calcula que esas ayudas llegan al 70% de los hogares considerados pobres; en España, la media llegaría al 10%.

Teletrabajo: la oficina en casa. Las limitaciones de movilidad y de reunión provocadas por el coronavirus tuvieron un impacto directo en el desempeño de muchos trabajadores, que de la noche a la mañana se vieron obligados a convertir en lugar de trabajo las dependencias de sus hogares. Según Randstad, tres millones de personas tuvieron que adaptarse a lo largo de 2020 a una modalidad de empleo que un año antes reunía apenas a un millón de empleados. El nuevo paradigma del trabajo remoto, sin apenas recorrido en España, parece haber llegado para quedarse más allá de la pandemia, por lo que su regulación resultó objeto de debate hasta dar como resultado la Ley del trabajo a distancia, aprobada el 22 de septiembre, que recoge su voluntariedad y la imposibilidad de que los trabajadores que se decanten por ella cobren menos o tengan peores condiciones a las pactadas.

Los márgenes que establecen el comienzo y el final de la jornada laboral han hecho aflorar un mal recurrente en cualquier gestión remota del empleo: la desconexión digital. Según NordVPN, proveedor de servicios de red privada virtual, cada trabajador ha dedicado dos horas más a su jornada que cuando acudía a la oficina, lo que ha llevado a que, según un estudio de Funcas, solo tres de cada diez prefieran continuar teletrabajando a volver a la oficina.

Esta nueva realidad laboral ha impactado fuertemente no solo en la empresa privada, sino también en la Administración Pública, donde la avalancha de tramitaciones colapsó el funcionamiento de una institución insuficientemente informatizada. A pesar de ello, el 1 de octubre entró en vigor la reforma del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en el que se fijan nuevas variables laborales para los más de dos millones y medio de empleados públicos. Además de la posibilidad de acogerse a la fórmula del trabajo a distancia de manera voluntaria y reversible, los medios técnicos para su desempeño debían ser provistos por la Administración, así como su mantenimiento.

El turismo ante su peor año. Entre los sectores que más han sufrido la dentellada del coronavirus están el turismo y la hostelería. El origen del desplome se debe en ambos casos a las restricciones a la movilidad, tanto nacional como internacional. Con la nueva normalidad hubo una cierta recuperación, truncada con la segunda ola de contagios y la vuelta de las restricciones. La consecuencia ha sido un hundimiento en la llegada de turistas y de los ingresos generados en 2020 superior al 75%. "Es una situación dramática y lo peor es que muchas empresas no llegarán con vida a la recuperación", lamenta José Luis Zoreda, vicepresidente del lobby turístico Exceltur.

En el caso de la hostelería, también sufre la falta de turistas, especialmente en los destinos más demandados por los viajeros extranjeros. Aunque en el resto ha podido amortiguar en parte el golpe gracias al consumo local. Eso sí, la caída de los ingresos ha sido notable igualmente. Según Hostelería de España, se han esfumado la mitad de los casi 130.000 millones facturados en 2019, lo que ha provocado el cierre de unos 85.000 establecimientos, cifra que amenaza con subir a 100.000 en los próximos meses.

Con el turismo y la hostelería como puntales de la economía española, el impacto en el mercado laboral ha sido inevitable. "Creo que en esta ocasión hemos sido capaces de proteger mejor los empleos que en la anterior crisis gracias a un mecanismo como el de los ERTE", subraya a EL PAÍS la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. No todos lo ven así. "No hemos sido capaces de amortiguar el golpe, especialmente en los principales destinos turísticos", argumenta Juan Ignacio Pulido, director del Laboratorio de Análisis e Innovación Turística de la Universidad de Jaén.

Para más inri, la industria turística sigue sin ver la luz al final del túnel. Según las previsiones de Funcas, al sector le queda una larga travesía por el desierto. "Las vacunas solo permitirán el regreso de una parte de los viajeros. En 2022 estaremos todavía en el 80% de lo que había antes de la pandemia, probablemente menos incluso en las islas al depender más del avión", sostuvo hace unas semanas Raymond Torres, director de coyuntura y análisis internacional de la fundación de las cajas de ahorro. Se cierra un mal año y se abre otro muy complicado.

Banca: Un año de fusiones. Los gestores de los bancos no olvidarán 2020. Para todos ha sido un reto asumir una crisis imprevista, que empezó como sanitaria y se convirtió en económica. Las ayudas públicas a los más afectados y del Banco Central Europeo inyectando pasivo a las entidades y suavizando sus reglas, puede evitar que se repita lo vivido entre 2008 y 2012, pero ha cambiado el mapa para siempre. Para algunos, como los responsables de Bankia, porque la implantación por largo tiempo de los tipos de interés negativos les hizo aceptar ser absorbidos por CaixaBank y renunciar a su proyecto de banco independiente. Así nacerá el mayor banco en España. Otros, como Carlos Torres, presidente del BBVA, lo recordarán porque rechazó comprar el Sabadell por 2.500 millones, pese a que sus recursos propios suman 12.000 millones. El banco disponía de recursos porque en junio ingresará 10.000 millones de dólares por la venta de su filial en Estados Unidos. A Josep Oliu, responsable de la entidad catalana, la operación abortada con el banco vasco le puede costar la presidencia ejecutiva (pasará a ser chairman en el primer trimestre de 2021). A esos movimientos se suman la salida de su hombre fuerte durante 13 años, Jaime Guardiola, que deja la entidad con 24 millones de fondo de pensiones, y la llegada de César González-Bueno, exjefe de ING que presentará su plan estratégico en febrero o marzo con tres objetivos: rentabilidad, eficiencia y digitalización.

Entre la banca mediana ha destacado la fusión de Unicaja y Liberbank, que han mantenido unas larguísimas (y segundas) negociaciones para integrarse y formar el quinto banco español.

Para todo el sector será un año marcado por el veto al pago de dividendos (para atesorar provisiones para el futuro deterioro de sus balances por el previsible repunte de la morosidad) y los ajustes de empleo para ganar una rentabilidad cada vez más incierta. Pero lo más traumático desde el punto de vista laboral y de estructura de negocio es que en 2020 se ha superado la barrera de las 100.000 salidas netas de trabajadores desde la Gran Recesión teniendo en cuenta las altas y las bajas, hasta dejar las plantillas en 173.447 empleados. El proceso parece imparable y en los próximos meses podría suponer la salida de al menos 20.000 trabajadores más por las fusiones en marcha y los ERE de casi todos los bancos para compensar las miles de oficinas que ya no volverán a abrir por el avance de la digitalización tras el confinamiento. El sector financiero entra en una nueva era.

Con información de M. V. Gómez, Í. de Barrón, L. Delle Femmine, LL. Pellicer, G. R. Pérez y H. Gutiérrez.

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Cuando el confinamiento golpeó la economía

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Como si de un gran experimento de ingeniería social se tratara, la pandemia ha mostrado las consecuencias económicas de mantener a la población confinada durante meses. El encierro se tradujo en caídas del PIB de doble dígito, locales cerrados, aviones aparcados y un traslado de la oficina a los hogares en aquellos trabajos donde era posible.

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NOTICIAS:
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.

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Sanitarios y miembros de la Cruz Roja atienden a los inmigrantes que consiguieron saltar la valla de Melilla el pasado mes de abril. F.G. Guerrero / EFE

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por las ONG Acces Info Europe y Andalucía Acoge que cuestionaba la legalidad de una ayuda de 30 millones de euros entregados a Marruecos para frenar la inmigración irregular. El Supremo debía estudiar si fue legal recurrir al Fondo de Contingencia de los Presupuestos, como aprobó el Consejo de Ministros en 2019, para financiar el despliegue marroquí. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sin embargo, no ha entrado a valorar el fondo del asunto por considerar que los recurrentes carecen de legitimación para impugnar el acuerdo.

Tras conocerse el uso de este fondo, revelado por EL PAÍS, los demandantes denunciaron su uso inadecuado. Además de falta de transparencia, señalaron que no se había justificado la posibilidad de atender el gasto con otras modificaciones presupuestarias y esgrimieron que se pretendía reforzar el control fronterizo en un contexto en el que la presión migratoria estaba en descenso, por lo que la calificaron de decisión discrecional.

El Supremo ha coincidido en la tesis defendida por la Abogacía del Estado y ha mantenido que para recurrir por la vía contencioso-administrativa, como en este caso, hay que tener un "interés legítimo", entendido como "un interés en sentido propio, cualificado o específico, de tal forma que la anulación del acto produzca de modo inmediato un efecto positivo (obtener un beneficio) o negativo (evitar un perjuicio), actual o futuro pero cierto" en quienes pretenden impugnarlo. Los magistrados entienden que "no se acredita el interés singular o especifico, pues no se acredita de forma suficiente en qué medida la anulación del Fondo de Contingencia (...) pueda implicar un beneficio o ventaja para dichas entidades".

Las organizaciones demandantes difieren del criterio expuesto en la decisión del Supremo. "Si ONG como Access Info o Andalucía Acoge no tienen legitimidad, entonces, ningún representante de la sociedad civil española tiene un interés legítimo, y eso es un grave problema de falta de rendición de cuentas de la actuación gubernamental", ha lamentado la directora de Access Info Europe, Helen Darbishire. "Esto, sumado a la nula transparencia sobre el control de estos fondos públicos, es realmente preocupante para el control democrático", añade el secretario general en Andalucía Acoge, José Miguel Morales.

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El Supremo rechaza anular las ayuda de 30 millones a Marruecos para frenar la inmigración

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El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por las ONG Acces Info Europe y Andalucía Acoge que cuestionaba la legalidad de una ayuda de 30 millones de euros entregados a Marruecos para frenar la inmigración irregular.

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el déficit público cerró 2020 conforme a la estimación prevista de "en torno al 11,3% del PIB", con una caída de los ingresos públicos próxima al 7,6% como consecuencia de la crisis del Covid-19.

Así lo ha señalado Montero en una entrevista a Europa Press, en la que ha señalado que aunque el Ejecutivo trabajará por la consolidación fiscal, continuará con políticas "anticíclicas" y confía en contar con unos Presupuestos de nuevo "expansivos" en 2022, postergando el plan de ajuste a cuando haya recuperación y "lo exija la Comisión Europea".

La titular de Hacienda ha afirmado que las cifras previstas por el Gobierno de déficit público y caída de recaudación se situarán en los entornos estimados, si bien a lo largo del mes de enero se tendrá una aproximación más clara, una vez se cierre la contabilidad y las comunidades autónomas y entidades locales informen sobre sus finanzas públicas.

Montero ha subrayado que el Gobierno "nunca" ha abandonado la senda de consolidación fiscal y ha recordado que para el año 2021 está prevista la mayor caída en términos de porcentaje de déficit registrada en un solo ejercicio, de en torno a 3 puntos, pasando del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB, tras haber sido "prudentes" en la elaboración de las cuentas públicas.

"Todas las administraciones tienen que tener presente el ir en una curva descendente, pero nos tiene que acompañar la situación económica", ha indicado Montero, para asegurar que el Ejecutivo no repetirá los "errores" del pasado implementando políticas de recortes que se tradujeron en desigualdad.

Por ello, ha explicado que la hoja de ruta es seguir estimulando el crecimiento con una política "anticíclica" para "no dejar a nadie atrás" y mantener el tejido productivo y los empleos, al tiempo que se acomete una revisión del gasto público para que sea más eficiente.

De hecho, ha dicho esperar que los Presupuestos del ejercicio 2022 sean también "expansivos", como los de este año, aunque ha recordado que por ahora la Comisión Europea no ha anunciado ningún compromiso al respecto de una posible nueva suspensión de las reglas fiscales ese año.

De esta forma, ha aplazado el plan de reequilibrio cuyo diseño vienen demandando instituciones como la AIReF o el Banco de España a cuando "las circunstancias económicas así lo aconsejen y cuando Bruselas lo plantee", con el fin de continuar con la senda de consolidación fiscal. "Tiempo habrá", ha dicho.

Financiación autonómica

La portavoz del Gobierno se ha referido también a la reforma del sistema de financiación autonómica, que será una "prioridad" del Gobierno para 2021 y cuyos trabajos podrían iniciarse a partir del mes de febrero, con el fin de abordar la "infrafinanciación" de algunas regiones, pero ha avisado de que el Ejecutivo garantizará cierta "armonización" fiscal para garantizar unos recursos por habitantes suficientes que permitan una buena provisión de servicios públicos.

Así, ha asegurado que el sistema será "justo" con todos los territorios, si bien ha apostillado que "nunca" un sistema de financiación puede responder en su totalidad al requerimiento de un territorio en concreto, porque iría en detrimento de otro, por lo que hay que buscar un "común denominador" para que "todos" reciban recursos adecuados y "no convertir el debate de la financiación autonómica en uno de agravios territoriales".

En ese punto, ha denunciado las "campañas interesadas de cuestionamiento" de determinadas figuras tributarias, como Sucesiones y Donaciones o Patrimonio para deteriorarlas en la percepción social "casualmente" cuando esas figuras están vinculadas a la riqueza y "curiosamente" cuando afecta a un menor volumen de ciudadanos, utilizando "falsedades" como que se paga dos veces por el mismo hecho imponible.

A su juicio, España y la sociedad necesitan una "reflexión" sobre las figuras tributarias más adecuadas para gravar la riqueza, por lo que ha abogado por "legitimar aquello que permite ser más iguales" y por preservar la justicia fiscal.

A expensas de contar con la opinión del comité de expertos que designará el Gobierno para evaluar el sistema tributario y acometer la reforma fiscal en profundidad, ha vuelto a defender que "no tiene sentido" que figuras como Sucesiones y Donaciones registren una diferencia "tan obvia" respecto a otros territorios.

En este sentido, ha adelantado que se establecerán "horquillas razonables", pero no "idénticas ni absolutamente miméticas", para lograr un "Estado de bienestar razonable respetando la autonomía de cada comunidad".

En su opinión, el "equilibrio" se rompió cuando algunas comunidades dejaron "prácticamente nulas" figuras tributarias como Patrimonio o Sucesiones, en referencia a la Comunidad de Madrid, lo que dejó estos tributos como algo "testimonial" y provocó una "suerte de desequilibrio en el resto de CCAA.

Estas, "con menos capacidad recaudatoria por una menor renta por habitante o por no tener sedes fiscales, se ven obligadas para tener una misma recaudación se ven obligadas a subir mucho la presión fiscal o a renunciar a un volumen de recursos para que no se vayan a otras capitales o poder fidelizar a sus habitantes", ha añadido.

En cualquier caso, ha aclarado que "no se trata de ir contra nadie" sino de "reflexionar" para alcanzar un acuerdo en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica y que el rendimiento de esas figuras u "otras que puedan sustituirlas" sea el que se espera y no que algunos aprovechen la caída por tener una situación de "ventaja" respecto a otras zonas.

"Intentar hacer de la política fiscal una política diferenciadora de agresión al Gobierno no tiene ningún sentido", ha agregado, defendiendo el principio constitucional de que "cada uno recibe según su necesidad en forma de servicios, pero contribuye según su capacidad", algo que "no depende solo del trabajo y las rentas del trabajo, sino de lo que se hereda u obtiene por el simple hecho de haber nacido en una situación ventajosa". Descarta, por tanto, la supresión del Impuesto de Patrimonio.

Variación del SMI, en el segundo semestre

Por otra parte, sobre el Salario Mínimo Interprofesional, que el Gobierno ha mantenido en 950 euros para 2021, ha indicado que el Ejecutivo habría legislado con arreglo a lo que se hubiese acordado en el marco del diálogo social, tal y como se hará en el segundo semestre.

La portavoz del Gobierno ha indicado que el primer trimestre del año será aún de "sufrimiento" hasta que se llegue a una cobertura poblacional suficiente con la vacuna contra el Covid, pero ha apuntado que se seguirá con el diálogo social, y "una vez pase el primer semestre" habrá una situación "más estable" para valorar los indicadores que marquen en qué medida se actualiza el SMI.

Tras aprobar un paquete de más de 4.200 millones para afrontar el "importante" daño del tejido productivo, especialmente para hoteles, restaurantes o comercios, ha abogado por "ser prudentes y cautelosos y darse el primer semestre para poder evaluar las cosas en el marco del diálogo social con mucho mejor criterio que el de ahora".

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Montero avanza que el déficit cerró 2020 en torno al 11,3% del PIB

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el déficit público cerró 2020 conforme a la estimación prevista de "en torno al 11,3% del PIB", con una caída de los ingresos públicos próxima al 7,6% como consecuencia de la crisis del Covid-19.

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La ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 entra en vigor este viernes, 1 de enero, tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado, por lo que se harán efectivas las primeras cuentas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez, dejando atrás dos años de prórrogas del las cuentas del PP. La cuentas incluyen cifras extraordinarias para impulsar la recuperación y 27.000 millones de euros de adelanto de los fondos europeos, con medidas como la subida del 0,9% de las pensiones y del salario de los funcionarios y cambios tributarios como el alza de IRPF y Patrimonio a rentas altas o el IVA del 21% a bebidas edulcoradas.

El BOE publicó el jueves la ley de Presupuestos de 2021, un documento de 775 páginas, junto al real decreto-ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública que elimina los 'cuellos de botella' y trabas de la Administración con el fin de agilizar la ejecución de los proyectos de los fondos europeos, y el real decreto por el que se modifica la estructura del Ministerio de Hacienda, que permitirá la creación de una Secretaría General de Fondos Europeos, en la que estará al frente la hasta ahora directora general de Fondo Europeos, Mercedes Caballero. El BOE también publicó el cese de Caballero en su anterior cargo y su nombramiento como secretaria general de Fondos Europeos.

Las nuevas cuentas superaron el pasado 3 de diciembre el trámite del Congreso, logrando el respaldo de 11 formaciones políticas, y tras no incluirse ninguna enmienda durante la tramitación en el Senado, quedaron aprobadas definitivamente por la Cámara Alta el pasado 22 de diciembre con amplio apoyo, aunque EH Bildu y En Comú Podem votaron en contra por error.

De esta forma, España contará desde este viernes con unos nuevos Presupuestos en vigor el 1 de enero de 2021, tal y como marca la ley y se había propuesto el Gobierno, algo que no sucedía desde el año 2016.

Además, serán los primeros Presupuestos desde 2018, poniendo fin a la prórroga presupuestaria de las cuentas del anterior Gobierno del PP y dando paso a unas cuentas consideradas por el Ejecutivo "sin precedentes" y que "sentarán las bases de la recuperación y la reconstrucción económica y social" tras la crisis derivada de la Covid-19.

Incluyen el mayor gasto social de la historia

Con una previsión de pasar de una caída del PIB de un 11,2% en 2020 a un crecimiento del 9,8% en 2021, y de reducir el déficit del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB, os PGE "expansivos, progresistas e imprescindibles para la recuperación" contendrán un gasto de 383.542 millones, un 33,3% más, incluyendo 26.634 millones adelantados de los fondos europeos (7% del total), con la "mayor inversión en gasto social de la historia", de 239.765 millones, un 10,3% más, el 52,6% del total, de los que un 35,8% será gasto en pensiones (163.297 millones) del gasto total de los PGE (456.073 millones, un 20,1% más).

La partida más relevante, las transferencias corrientes, sumarán 136.502 millones (+39,1%), que se elevarán hasta los 145.685 millones al incluir la primera anualidad de los 140.000 millones de los fondos europeos e incorporar transferencias a Seguridad Social y CC.AA.

Los gastos de personal subirán un 4,2%, hasta 18.599 millones y los gastos financieros un 0,4%, hasta 31.713 millones, en tanto que las inversiones reales un 34,1%, hasta 8.230 millones, y las transferencias de capital un 250,7%, hasta 28.523 millones.

El presupuesto consolidado destina a políticas de gasto 412.087 millones de euros, excluyendo los fondos de financiación territoriales y dotaciones adicionales por la Covid-19, y el 'techo de gasto' del Estado se sitúa en 194.456 millones, más de un 50% mayor y el más elevado de la historia.

Recoge una subida del sueldo de los funcionarios del 0,9%, al igual que las pensiones públicas, mientras que las pensiones no contributivas crecerán un 1,8%; el IPREM, indicador para las ayudas, sube un 5%; y elevará las partidas de Educación (+70%), con récord en becas, Sanidad (+151,4%), I+D+i (+80%), infraestructuras (+114,8%), Cultura (+25,6%) Dependencia (+46%), al tiempo que aumentan un 150% las ayudas al comercio, turismo y pymes, con 1.338 millones más. También se han aprobado 28.055 plazas de empleo público este año.

La lucha contra la pobreza infantil tendrá su mayor partida de la historia, con un aumento del 59%, hasta los 159 millones de euros, que beneficiarán a 1,1 millones de menores que viven en familias con pocos recursos, y los PGE consolidan el Ingreso Mínimo Vital, al destinar 3.017 millones de euros a esta prestación, que recibirán 850.000 hogares cuando esté totalmente implementado.

Los 22 ministerios aumentan sus presupuestos, siendo los mayores los de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (29.032 millones, +90,8%); Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (11.935 millones, +141,8%); y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (11.470 millones, +91,9%).

Impuestos: aumento de IRPF, Patrimonio e IVA de refrescos

Para sufragar este gasto, en materia fiscal se incluye un aumento de dos puntos el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, elevando el tipo marginal al 47%, y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, hasta el 26%, y se prorrogan los límites vigentes del régimen de módulos de autónomos.

También sube un 1% el impuesto para patrimonios de más de 10 millones, hasta un tipo del 3,5%; y se limita la exención en el Impuesto de Sociedades sobre dividendos y plusvalías en filiales al 95%, exceptuando a las empresas con facturación inferior a 40 millones durante los tres primeros años.

Además, se reducirán las desgravaciones de planes de pensiones privados individuales a 2.000 euros la aportación máxima, mientras se eleva el límite conjunto de reducción (partícipe y empresa) de 8.000 a 10.000 euros en los planes de empresa.

En fiscalidad verde se incluía una subida del diésel al contemplarse una reducción de su bonificación para equipararlo a la gasolina, si bien durante la tramitación en el Congreso se descartó a petición de formaciones como el PNV.

A su vez, se incrementa del 6% al 8% el impuesto sobre las primas de seguros, además de subir al 21% el IVA de bebidas azucaradas y edulcoradas, excluyendo los productos lácteos.

A esto se sumarán cambios recogidos en otras leyes, con 4.223 millones más de ingresos tributarios, como las tasas 'Google' y 'Tobin', que entran en vigor el 18 de enero, el nuevo impuesto a envases de plástico de un solo uso y otro nuevo sobre residuos, un tipo mínimo del 15% para las 'socimi', la exigencia de una participación mínima de 2.500 euros a los accionistas para disfrutar de beneficios fiscales en las 'sicav', la ley de lucha contra el fraude y otras medidas.

Con estas medidas Hacienda augura que crecerá la recaudación de todas las figuras: IRPF (+7,8%) por la recuperación de las rentas del hogar y la actividad económica; Sociedades (+20,7%) por la recuperación de los beneficios empresariales; IVA (+13,9%) gracias a la mejora del consumo interno y el aumento de las transacciones de vivienda; e Impuestos Especiales (+12,4%) por el consumo.

La previsión del Gobierno es que los ingresos tributarios cedieron un 7,6% en 2020, hasta los 196.537 millones de euros, la mayor caída en once años, pero se elevarán un 13% en 2021, hasta los 222.107 millones.

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Los primeros Presupuestos del Gobierno de Sánchez entran hoy en vigor y dejan atrás los de 2018 del PP

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La ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 entra en vigor este viernes, 1 de enero, tras su publicaciÃ³n ayer en el BoletÃ­n Oficial del Estado, por lo que se harÃ¡n efectivas las primeras cuentas pÃºblicas del Gobierno de Pedro SÃ¡nchez, dejando atrÃ¡s dos aÃ±os de prÃ³rrogas del las cuentas del PP.

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El Senado aprueba sin cambios los Presupuestos de 2021 de forma definitiva

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El dictamen ha recibido 145 votos a favor, 118 en contra y únicamente dos abstenciones

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Se trata de sendas proposiciones presentadas al Pleno de este viernes por los grupos provinciales Popular y de Ciudadanos, respectivamente, y aprobadas sin votos en contra, que se han sumado a otra de Vox, en este caso respaldada por unanimidad, para felicitar a los agricultores y ganaderos de la provincia que han participado de forma activa en tareas de desinfección durante la pandemia y retirando nieve y nielo durante el reciente temporal 'Filomena'.

Por su parte, los votos en contra de PP y Cs han tumbado otra de PSOE que reclamaba aumentar la inversión para la conservación de carreteras provinciales, así como una de Toma la Palabra (TLP) -en este caso también con el voto negativo de Vox- para crear una red de carriles bici y peatonales entre municipios.

Previamente, los portavoces de todos los grupos han suscrito una declaración institucional de apoyo al proyecto de una terminal logística ferroviaria en Medina Del Campo, que defiende la importancia de dotar a Medina y el sur de la provincia de esta nueva infraestructura adaptada a las necesidades de las empresas, especialmente las del sector agroalimentario, y que supondría un "atractivo" para la instalación de nuevas firmas.

Asimismo, se recuerda la alternativa que el ferrocarril de mercancías ofrece al transporte por carretera al que se ven limitadas actualmente estas empresas, lo cual frena su crecimiento, según la declaración aprobada, que subraya que se trataría de la "primera plataforma logística de transporte intermodal del sur de Castilla y León" y se ensalza la participación ciudadana y la colaboración público-privada que ha imperado en la confección de este proyecto.

En cuanto a las proposiciones, la del Grupo Popular, se ha aprobado con los votos a favor de Cs y Vox, mientras que PSOE y Toma la Palabra se han abstenido. El texto reclama que el Gobierno de España incluya, vía enmienda, en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 esta partida para que las entidades locales puedan hacer frente a los gastos extraordinarios a que deben hacer frente por efecto de la pandemia.

LOS "GRANDES OLVIDADOS"

El portavoz del Grupo Popular, Agapito Hernández, ha lamentado que diputaciones y ayuntamientos sean "una vez más" los "grandes olvidados" en las cuentas estatales, por lo que ha reclamado un "importante apoyo" a las mismas por parte del Ejecutivo central.

Por su parte, la portavoz de Cs, Gema Gómez, ha subrayado que en este momento la ciudadanía necesita "que todas las entidades públicas arrimen el hombro" y ha reclamado ayuda al Gobierno de la nación frente al "bochornoso chantaje a los ayuntamientos" realizado en su día a cuenta de los remanentes.

Sin embargo, el socialista Carlos Mangas ha lamentado que la iniciativa 'popular' se base en "criticar por criticar" mientras "dan jabón y loas" a la Junta de Castilla y León, en tanto que la portavoz de TLP, Virginia Hernández, ha tildado de "tramposa" esta proposición del PP cuando fue un Ejecutivo de este signo el que "impuso" a las entidades locales normas de estabilidad presupuestaria.

En cuanto a la proposición de Cs, insta al Gobierno de España a elaborar con carácter urgente un Plan de Garantía de Suministros Básicos dirigido a prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de carencias en el acceso a los suministros básicos por parte de los consumidores y de las familias.

La proposición pide que se contemplen, entre otras, medidas como ayudas económicas directas a consumidores y familias vulnerables para financiar los costes de los suministros básicos; acuerdos con las compañías suministradoras para garantizar que siempre exista un preaviso antes de acometer interrupciones de suministro con la finalidad de poder detectar posibles situaciones de vulnerabilidad o acuerdos para compensar los costes derivados de la suspensión de la interrupción de suministros por causa de impago por consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente durante los meses de invierno.

Por último, se insta a acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural; establecer un tipo de IVA reducido del diez por ciento para las facturas de la luz y del gas natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia, e impulse una reforma de la tarifa eléctrica así como las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno.

"INOPORTUNA Y OPORTUNISTA"

El primer punto de la proposición ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo el Socialista, que se ha abstenido, mientras en el resto del articulado tanto PSOE como TLP se han abstenido, después de que la diputada socialista Virginia Almanza haya tachado la iniciativa de "inoportuna y oportunista" ante un "episodio puntual" en medio de una "tendencia de bajada" del precio de recibo de la luz "de 120 euros por hogar en el último año", en tanto que Virginia Hernández ha reclamado una "reforma integral" del sistema energético.

Por lo que se refiere a la proposición socialista -que ha contado con el apoyo de TLP y Vox, pero ha sido rechazada con los votos de PP y Cs-, planteaba habilitar un millón de euros de cara a modernizar y acondicionar las carreteras dentro de la estrategia viaria provincial, que contempla tareas de modernización de la red como el acondicionamiento y mejora de carreteras o corrección de curvas y circunvalaciones y trabajos de conservación extraordinarios como refuerzos de firmes, reparaciones y señalizaciones.

También se ha rechazado la proposición del Grupo Provincial Toma la Palabra para poner en marcha de una red de carriles bici y peatonales que unan los municipios de la provincia que disten entre sí un máximo de tres kilómetros, a fin de fomentar una movilidad "saludable y respetuosa con el medio ambiente" y que "mejore las relaciones entre las personas que habitan el medio rural". La iniciativa ha contado con el apoyo del PSOE, aunque ha sido desestimada por el rechazo de PP, Cs y Vox.

En cuanto a la proposición de Vox, que ha salido adelante por unanimidad tras aceptarse una enmienda al texto planteada por el PSOE, supone una felicitación pública a los agricultores y ganaderos de la provincia que han participado de forma activa en tareas de desinfección durante la pandemia y retirando nieve y nielo durante el reciente temporal 'Filomena'.

La sesión de este viernes ha servido también para la aprobación inicial del reglamento que regula el teletrabajo en la Diputación, el cual ha contado con el voto favorable de PP, Cs y PSOE, y la abstención de Toma la Palabra y Vox.

Por último, en el turno de preguntas, la portavoz de Toma la Palabra ha preguntado a la diputada de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo y Participación, Nuria Duque, por el rechazo de la Diputación a participar de una subvención de la Junta de Castilla y León para la contratación de agentes de servicio rural por valor de 60.000 euros, algo que Duque ha justificado en la "falta de tiempo material" para realizar las contrataciones de acuerdo con las condiciones impuestas por la Administración regional, así como la "disfunción" que suponía en el programa en cuanto a categorías.

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Diputación de Valladolid pide fondos para entidades locales en PGE y medidas para reducir impacto de la subida de la luz

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Se trata de sendas proposiciones presentadas al Pleno de este viernes por los grupos provinciales Popular y de Ciudadanos, respectivamente, y aprobadas sin votos en contra, que se han sumado a otra de Vox, en este caso respaldada por unanimidad, para felicitar a los agricultores y ganaderos de la provincia que han participado de forma activa en tareas de desinfección durante la pandemia y retirando nieve y nielo durante el reciente temporal 'Filomena'.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este viernes su "pleno convencimiento" de que si se cumplen las expectativas de vacunación contra la COVID-19 que la comunidad científica hace albergar, el 2021 será "uno de los mejores años para el turismo en España".

"Si en algún sector se va a producir con mayor fuerza un rebote de la actividad económica, ese va a ser el turístico", ha asegurado Sánchez durante su intervención en la clausura de la cumbre 'Tourism Innovation Summit', que se ha celebrado esta semana en Sevilla.

A corto plazo, Sánchez ha asegurado que, si se sigue doblegando la curva en esta segunda ola, como está sucediendo durante estas últimas semanas, "el turismo comenzará a recuperar pronto su pujanza".

Para ello, Sánchez ha insistido en la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado ( PGE) para que se acometan las transformaciones dirigidas a que el sector turístico español siga siendo líder en la próxima década en competitividad, con la creación para ello de valor añadido y empleo de calidad.

"En este proyecto de Presupuestos el sector turístico seguirá siendo esencial, motivo por el que hemos incrementado en más de 1.300 millones la partida para comercio, turismo y pymes. Es la mayor inversión para el sector de toda la historia democrática", ha apuntado.

Tratamiento especial del sector

Sánchez ha apuntado que, desde el Gobierno, son conscientes de las consecuencias provocadas por la pandemia en el sector y ha recordado el "tratamiento especial" en la respuesta ante la crisis, con la puesta en marcha de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), las líneas ICO, el plan de impulso dotado con más de 4.200 millones de euros y la apuesta por el turismo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia gracias a los fondos europeos.

"Hemos incrementado en más de 1.300 millones la partida para comercio, turismo y pymes"

"Con el apoyo de Europa vamos a poner un plan de modernización y competitividad del sector turístico que va a suponer una inversión pública de 3.400 millones a lo largo de los próximos tres años", ha explicado.

En concreto, con el plan se pretende transformar la cadena de valor del sector y mantener el liderazgo del país en competitividad en este ámbito, con atención al impacto trasversal del turismo. "Tenemos los recursos necesarios para transformarlo y darle ese impulso cualitativo definitivo", ha remarcado.

En el marco de este evento de innovación turística, Sánchez ha destacado que la tecnología y el turismo son sectores que tienen un "gran potencial" de crecimiento económico, de bienestar social y de creación de empleo, por lo que merecen "toda la atención" por parte del Gobierno y los poderes públicos.

El presidente ha ensalzado la celebración de este evento en Sevilla y ha asegurado que la ciudad "tiene la oportunidad de convertirse en la capital de la transformación económica e industrial del sector turístico.

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Sánchez dice que 2021 será "uno de los mejores años para el turismo" si se cumplen las expectativas de vacunación

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este viernes su "pleno convencimiento" de que si se cumplen las expectativas de vacunación contra la COVID-19 que la comunidad científica hace albergar, el 2021 será "uno de los mejores años para el turismo en España".

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https://www.europapress.es/andalucia/noticia-pp-reprocha-gobierno-presupuestos-2021-no-haypartidas-erte-ayudas-directas-autonomos-20201225125707.html

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https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10943047/12/20/El-Senado-rechaza-los-cinco-vetos-a-la-totalidad-a-los-Presupuestos-de-2021-y-siguen-su-tramitacion.html

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EL PRESIDENTE CONSOLIDA SU GOBIERNO CON UN PACTO EN EL BLOQUE DE IZQUIERDAS
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10911906/11/20/El-presidente-consolida-su-Gobierno-con-un-pacto-en-el-bloque-de-izquierdas.html

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EL NECESARIO RESCATE AL SECTOR HOSTELERO
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/10949027/12/20/El-necesario-rescate-al-sector-hostelero.html

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https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/10923477/12/20/Presupuestos-y-japonizacion-economica.html

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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 aterriza este miércoles al Senado tras haber superado su primera votación del Congreso por amplia mayoría. Para completar su tramitación, aún deberán acoger decenas de comparecencias esta semana si el objetivo del Gobierno se cumple y en esta fase no se introduzcan cambios, podrían quedar aprobados definitivamente el día 23 de diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero.

Las nuevos Presupuestos llegan al Senado después de que e l pasado jueves el Pleno del Congreso aprobase las cuentas públicas, las primeras desde que Pedro Sánchez fue investido presidente en 2018, tras una tramitación acelerada en la que se incorporaron al final más de 70 enmiendas y con el respaldo de 189 diputados de 11 formaciones distintas (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Nueva Canarias, Compromís, Teruel Existe y PRC), frente a los votos en contra de PP, Vox, Ciudadanos, Junts, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y el BNG.

El Gobierno no quiere introducir cambios pero hay que tener en cuenta que los grupos en el Senado son distintos

Previsiblemente estos posicionamientos se replicarán de nuevo en la Cámara Alta, donde los Presupuestos que pondrán fin a las cuentas del PP estiradas desde 2018 el día 23 de diciembre si no se introducen cambios. Este plazo se ampliaría en caso de modificaciones, ya que las cuentas tendrían que volver al Congreso. En este punto hay que tener en cuenta que los grupos parlamentarios en el Senado son algo distintos; si bien el grupo socialista cuenta con 113 senadores de 265, Unidas Podemos solo tiene una senadora de En Comú Podem integrada en el grupo parlamentario de Izquierda Confederal, y están representados otros grupos no presentes en el Congreso como Agrupación Socialista Gomera, Geroa Bai o Més per Mallorca.

En el caso de que algunas formaciones que han respaldado los Presupuestos en el Congreso, como PNV (diez senadores) o ERC y EH Bildu (comparten grupo con 15 senadores), presentasen enmiendas precisarían del respaldo de los 97 senadores del PP (que ya ha anunciado que volverá a presentar enmiendas), una situación que ya sucedió en el Congreso, donde PP o Cs lograron sacar adelante enmiendas firmadas por estas formaciones nacionalistas.

En lo que respecta a los tiempos, la tramitación en el Senado arranca este miércoles con la publicación del proyecto presupuestario en el Boletín Oficial del Senado y la designación de la ponencia en la Comisión de Presupuestos, en donde se celebrarán 36 comparecencias de altos cargos desde este miércoles por la tarde para informar de nuevo de las distintas partidas.

El pistoletazo de salida de las comparecencias lo dará la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, a la que le sucederán esta semana los secretarios de Estado de varios ministerios, el presidente del ICO o de empresas públicas como Aena, Adif o Puertos del Estado.

Debate de vetos el lunes 14

Los grupos tendrán hasta las 12:00 horas del viernes 11 de diciembre de plazo para presentar propuestas de veto generales (análogas a las enmiendas a la totalidad en el Congreso) y a las secciones, mientras que el plazo de presentación de enmiendas al articulado se ha fijado hasta las 18:00 horas del lunes 14 de diciembre.

Los vetos generales y a las secciones, que previsiblemente volverán a presentar desde la oposición partidos como PP o Vox aunque casi seguro no saldrán adelante, se debatirán en Pleno en la sesión que comenzará el lunes 14 de diciembre, previo al debate en Comisión de las enmiendas al articulado.

El miércoles día 16 por la mañana se producirá la reunión de la ponencia para dictaminar el jueves 17. De su lado, las enmiendas que no se acepten en Comisión podrían ser elevadas al Pleno en forma de votos particulares, cuyo plazo de presentación concluirá a las 12:00 horas del viernes 18 de diciembre.

Las cuentas podrían quedar aprobadas el día 23 y entrar en vigor el 1 de enero

La tramitación concluirá en la sesión plenaria que comenzará del martes 22 de diciembre y se prolongará hasta el día 23, pudiendo quedar aprobados de forma definitiva ese día o siendo devueltos al Congreso si se introducen cambios para que la Cámara baja decida si mantiene o revoca los cambios o, en su caso, levanta el veto.

Sin embargo, la intención del Gobierno es que la Cámara Alta no incluya modificaciones. En ese caso, los Presupuestos quedarían definitivamente aprobados el día 23 de diciembre, listos para ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrar en vigor previsiblemente el 1 de enero. En caso de haber cambios, esas enmiendas se votarían en el Congreso el 29 de diciembre.

El pasado jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que el Gobierno no tiene previsto que se produzca "ningún tipo de modificación" por iniciativa de los grupos que promueven el proyecto (PSOE y Unidas Podemos) ni por las formaciones políticas que los han respaldado en el Congreso, lo que evitaría su vuelta a la Cámara Baja.

Esbozo de las nuevas cuentas

De las 3.000 enmiendas que quedaron vivas en el Congreso se aprobaron más de 70, varias de ERC y Junts, respaldadas por PP y Vox en contra del criterio de las formaciones del Gobierno, que han movido en unos 3.000 millones las cuentas. Así, se ha limitado la subida del IVA a los productos azucarados para no aplicarla a lácteos edulcorados, y ha aumentado sustancialmente el gasto en partidas como la Dependencia, con 566 millones más.

De los 27.000 millones de fondos europeos adelantados en los PGE el Congreso ha dirigido 1.500 millones para un plan de recuperación de empleo industrial en zonas afectadas por los cierres, 370 millones para Educación Infantil, FP y el programa de refuerzo de Primaria y Secundaria. También se recogen en las cuentas un fondo de 275 millones para el transporte público municipal.

Entre las enmiendas más destacadas añadidas al proyecto de PGE se incluyen las de PSOE y Unidas Podemos con la 'congelación' de sueldos del Gobierno; o las pactadas con el PNV por las que se elimina la subida fiscal del diésel y se incluye la venta al ayuntamiento de San Sebastián de los cuarteles de Loyola.

Con ERC el acuerdo se ha plasmado en 100 millones de euros en i nversiones ferroviarias en Barcelona -60 millones a AVE y 40 millones en ferrocarril y Rodalíes-, una nueva moratoria de cotizaciones para empresas y autónomos de tres meses, entre otros, entre otras tantas con EH-Bildu, PdeCAT, Más País, PRC, Teruel Existe o Compromís.

Los Presupuestos de 2021 incluyen el mayor gasto social de la historia con 239.000 millones de euros y la "mayor inversión pública de la historia", de 239.765 millones, un 10,3% más, incluyendo un adelanto de 27.000 millones de los fondos europeos, si bien los PGE se ejecutarán con independencia de cuando lleguen esos recursos.

En materia impositiva recogen un aumento del IRPF a rentas altas, un alza del 1% en el Impuesto de patrimonios de más de 10 millones de euros, se limitarán exenciones en Sociedades, se reducen desgravaciones e planes de pensiones privados y a ello se sumarán las tasas 'Tobin' y 'Google', un nuevo impuesto a envases de un solo uso y el IVA del 21% a refrescos.

Además, contempla una subida del sueldo de funcionarios y de pensiones públicas del 0,9%, mientras que las pensiones no contributivas subirán un 1,8%, el IPREM un 5%, y elevará notablemente las partidas de Educación (+70%), con récord en becas, Sanidad (+75,3%), dependencia (+34,4%), I+D+i (+80%) e infraestructuras (+114,8%), al tiempo que aumentan un 150% las ayudas al comercio, turismo y pymes.

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El Senado recibe hoy los Presupuestos: si no hay cambios, quedarán aprobados el día 23 de diciembre

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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 aterriza este miércoles al Senado tras haber superado su primera votación del Congreso por amplia mayoría. Para completar su tramitación, aún deberán acoger decenas de comparecencias esta semana si el objetivo del Gobierno se cumple y en esta fase no se introduzcan cambios, podrían quedar aprobados definitivamente el día 23 de diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero.

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https://elpais.com/economia/2020-12-28/subidas-del-irpf-a-las-rentas-altas-alza-del-iva-a-las-bebidas-azucaradas-estos-son-los-impuestos-que-vienen.html

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Economía

La medida, de carácter retroactivo, se aplicará desde el 1 de noviembre

Hasta ahora se mantenía la supresión en el complemento de disponibilidad

Los PGE también incluyen una "actualización" de las retribuciones generales

El Consejo de Ministros aprobará este martes la eliminación del recorte del 20% en las retribuciones que sufrían los militares en la reserva al cumplir los 63 años, según ha avanzado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Durante el anuncio, en el contexto del Pleno del Congreso durante el debate de los Presupuestos 2021, Robles ha indicado que se cumple así con una de las principales reivindicaciones de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas y de los grupos parlamentarios: "Se hace un esfuerzo y pasarán a percibirlo íntegramente", ha señalado la ministra durante su intervención.

La medida, de carácter retroactivo, se aplicará desde el 1 de noviembre de 2020 a los militares en la reserva, que dejarán atrás el recorte del 20% en el complemento de disponibilidad en sus retribuciones.

Además, Robles ha recordado que los Presupuestos también incluyen una "actualización" de las retribuciones para todos los miembros de las Fuerzas Armadas en conceptos como el complemento de destino y que considera "una mejora estructural relevante para tropa y marinería".

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El Gobierno elimina el recorte del 20% en las retribuciones a militares en la reserva a los 63 años

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Economía La medida, de carácter retroactivo, se aplicará desde el 1 de noviembre Hasta ahora se mantenía la supresión en el complemento de disponibilidad Los PGE también incluyen una "actualización" de las retribuciones generales El Consejo de Ministros aprobará este martes la eliminación del recorte del 20% en las retribuciones que sufrían los militares en la reserva al cumplir los 63 años, según ha avanzado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

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Retirar los 7.000 millones anuales de ayudas a las renovables históricas de la tarifa eléctrica y repartirlos entre todos los sectores energéticos tendrá efectos macroeconómicos positivos, como aumentar el PIB un 0,05% -más de 600 millones de euros- o reducir la tasa de paro un 0,51%, entre otras externalidades, tal que evitar 132 millones de costes sanitarios o reducir las emisiones de carbono un 3,1%.

Así lo apunta un informe del Basque Centre for Climate Change (BC3) -la entidad que calculó los impactos económicos del Plan de Energía y Clima del país a 2030- titulado Impacto económico, social y ambiental de mecanismos alternativos de financiación de las energías renovables en el sector eléctrico en España. Se presentó durante el pasado mes de febrero y contó con la financiación y la colaboración de Iberdrola.

El documento analiza tres opciones para retirar las primas a las renovables de la tarifa eléctrica, una vieja aspiración de las empresas del sector que el Gobierno está materializando con un Anteproyecto de ley anunciado la semana pasada y actualmente en fase de información pública.

La compañía eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán y BC3 diseñaron los escenarios alternativos para retirar los 7.000 millones y el think tank vasco realizó el posterior análisis técnico con sus modelos macroeconómicos de evaluación de políticas públicas.

La primera de las tres opciones analizadas es el traspaso de las primas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE); la segunda es el reparto entre el consumo final de energía, atendiendo a la proporción de petróleo, gas, carbón y electricidad, que es la elegida por el Gobierno; y la tercera es financiarlas con un impuesto sobre el CO2, tal y como hace la nueva Ley de renovables alemana, que entrará en vigor el 1 de enero.

Los impactos macroeconómicos son pequeños en todos los escenarios -el PIB sube entre un 0,05% y un 0,17%, el paro baja del 0,018% al 0,57%, y las emisiones de CO2 del 1,3% al 14,8%-, pero positivos en todos los casos. Se aprecian más si el coste de las primas lo asume los PGE, porque se financia con el conjunto de los impuestos y se produce una mayor redistribución de la renta.

El escenario escogido por el Ejecutivo, el reparto en el consumo final de energía entre las distintas fuentes, la bajada del precio de la luz -el Gobierno la calcula en un 13% para el consumidor doméstico- favorece la producción eléctrica, a la vez que el encarecimiento de los combustibles fósiles - las petroleras han calculado siete céntimos de euro por litro de carburante- contrae su demanda.

El impacto ambiental varía notablemente de un escenario a otro. En el de los PGE suben las emisiones de CO2 un 1,3%, porque no hay señal para la reducción de los combustibles fósiles, mientras que en el del reparto bajan un 3,1% y en el caso del recargo sobre las emisiones de CO2 éstas disminuyen un 14,8%; no en vano, BC3 considera que esta tercera es la mejor opción.

Mejor para los más pobres

El informe llama la atención sobre el efecto sobre la población más pobre y vulnerable, que destina una mayor proporción de su renta a cubrir sus necesidades energéticas: en el escenario del reparto por fuentes, el 20% más pobre mejora su capacidad de consumo un 0,39%, mientras que el 20% más rico lo hace en un 0,01%.

Además hay otros impactos positivos, como la minoración de los costes sanitarios, por las menores emisiones de gases contaminantes (NOx, SO2 y partículas), que se evalúan en 132 millones en la opción del reparto y llegan a los 277 millones en la elegida por Alemania.

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Quitar las primas renovables de la tarifa eléctrica sube la riqueza y baja el paro

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Retirar los 7.000 millones anuales de ayudas a las renovables históricas de la tarifa eléctrica y repartirlos entre todos los sectores energéticos tendrá efectos macroeconómicos positivos, como aumentar el PIB un 0,05% -más de 600 millones de euros- o reducir la tasa de paro un 0,51%, entre otras externalidades, tal que evitar 132 millones de costes sanitarios o reducir las emisiones de carbono un 3,1%.

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La situación del emprendimiento en España es crítica. La crisis provocada por la pandemia ha afectado a todos los sectores y empresas, cebándose especialmente con autónomos, pymes y emprendedores, quienes representan el 99% del tejido empresarial español según datos del IEE (Instituto de Estudios Económicos).

La pandemia se ha ensañado con los emprendedores. En base al Observatorio del Emprendimiento en España (también conocido como RedGEM), durante el estado de alarma sólo el 10% operaba con normalidad, mientras que el 40% había cerrado, como mínimo, de manera temporal.

Y aunque hace unas semanas el Gobierno de coalición consiguió sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuyo apoyo al colectivo de autónomos se centra en acciones como estímulos a la digitalización, a la recuperación de los sectores más azotados por las medidas del confinamiento como la hostelería, el turismo, o la ampliación de los ERTE, la situación se agrava cuando, tanto los esfuerzos ejercidos por representantes políticos, como el eco de las propuestas ejercidas por los distintos organismos delegados en el colectivo de autónomos son, más allá de tendencias e ideologías, evidentemente insuficientes.

Todo ello en un contexto en el que, aunque el margen de maniobra y la capacidad de mejora es amplia, el sentido común apela a dirigir recursos y dar cobertura a la situación de alarma social que emana en estos días en nuestro país.

La filosofía del emprendimiento sigue siendo una asignatura pendiente

Desde luego, todo esto nos deja un panorama económico complejo en cuanto a su gobernanza y posibilidades. Según datos obtenidos en septiembre, durante los primeros meses del año 142.000 empresas dejaron de cotizar en la Seguridad Social. Número que se redujo en 55.000 cuando se reactivó la economía tras el confinamiento. Esto significa que casi 90.000 empresas han echado el cierre.

Aun cuando es cierto que la llegada de esta situación ha sido generada por culpa del Coronavirus y no por la caída de uno o varios sectores concretos de la economía o por un colapso financiero de los mercados, la apuesta por la cultura empresarial y la filosofía del emprendimiento sigue siendo la asignatura pendiente en nuestro país.

En este contexto, cabe esperar que la mayor parte de las empresas, sobre todo los pequeños y medianos negocios que siguen adelante a pesar de esta coyuntura, comprensivamente, concentren su atención y esfuerzos en salvar frenéticamente sus negocios, sin levantar la vista a las oportunidades que les ofrece esta nueva realidad a la que se enfrentan.

Y no se trata de un juicio recriminatorio a la figura del emprendedor en España, se trata más bien de una mirada reflexiva hacia nuestro potencial. Es el momento de hacer las cosas de una forma distinta.

Independientemente de la discusión acerca de las medidas recogidas en los PGE, a las ayudas que empresarios podamos esperar del Gobierno y de las partidas de apoyo que ya tardan en llegar desde Europa, se trata de perspectiva y enfoque.

La apuesta por la innovación en los modelos de negocio tradicionales, la digitalización en los mismos y la propuesta de valor que ofrecemos a nuestros clientes. Es el momento de responsabilizarnos y dar un paso al frente.

Se puede intentar proteger nuestros derechos como ciudadanos, nuestro derecho a emprender y a crear nuestros propios puestos de trabajo, a contar con un escenario si no rico, al menos suficiente en recursos –porque afortunadamente en nuestra tierra contamos con ellos-, mientras adoptamos un papel protagonista y maduro en toda esta historia.

Debemos evolucionar hacia otro modelo de país y hacia otro modelo productivo más eficaz, y la innovación y el reciclaje es un agente imprescindible para el cambio se diría que no sólo a nivel macroeconómico, sino también a nivel individual. Para ello, es necesario saber de dónde se parte, saber qué queremos ofrecer y hacia dónde queremos seguir evolucionando. Quizás, en consecuencia, no debamos sólo centrarnos en achicar el agua y salvar el barco, sino en mirar a nuestro alrededor y captar nuevas oportunidades de mejora, acudir a expertos y tomarnos en serio la entrada en nuevas etapas necesarias para responder a las exigencias del mercado y a sus expectativas.

Vivimos en una sociedad que, culturalmente, se ha decantado por el modelo de la estabilidad y el confort, principalmente por su fuerte vinculación a la seguridad familiar, económica, financiera y laboral. La sociedad demanda seguridad y aún más en tiempos convulsos. Pero si deseamos seguridad necesitamos prosperidad y ésta se obtiene apostando por la innovación, creando nuevas empresas y generando riqueza y empleo.

En esta ecuación los autónomos van a desempeñar un papel protagonista y sí, sólo apoyándoles, fomentando el emprendimiento, incentivando la digitalización de los sectores, rebajando la presión y dotándoles de estímulos económicos podremos ofrecerles las piezas que necesitan para establecer las bases de una sociedad más próspera, más segura. Sin embargo, empresarios y emprendedores debemos ser conscientes hoy, más que nunca, de una idea clave: Emprender conlleva el compromiso del reciclaje continuo, la innovación y la responsabilidad de incorporar propuestas de valor constantes a la sociedad.

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Hora de hacer las cosas de forma distinta

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La situación del emprendimiento en España es crítica. La crisis provocada por la pandemia ha afectado a todos los sectores y empresas, cebándose especialmente con autónomos, pymes y emprendedores, quienes representan el 99% del tejido empresarial español según datos del IEE (Instituto de Estudios Económicos).