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La casi totalidad de los países cuenta con políticas o planes integrales de la primera infancia, existe una mayor institucionalidad de este nivel educativo y una tendencia a incluir uno o dos años (tres en México) de la educación de la primera infancia dentro de la educación obligatori, pero aún persisten desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios que se brindan a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Aunque no se dispone de información suficiente, el acceso a la educación de los menores de 3 años es mucho más bajo. Una estimación basada en las encuestas de hogares arroja tasas de escolarización que van desde un 5% de la población a cerca de un 20% (OEI, 2012).

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El concepto inclusión parte del año 1989 con la Convención de los Derechos del Niño -Nueva York- siendo el primer instrumento internacional, jurídicamente vinculante, que concentra una amplia gama de Derechos Humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, donde la "Inclusión" es un término implícito en toda la Convención, valorando la existencia de la diversidad y las diferencias individuales entre todos los niños.

La inclusión como derecho humano se refiere a la garantía de que todas las personas, independientemente de su origen, condición, capacidades, género, orientación sexual, religión, o cualquier otra característica, tengan acceso a los mismos derechos, oportunidades y recursos en la sociedad. Este enfoque busca eliminar la discriminación y promover la igualdad, asegurando que todos puedan participar plenamente en la vida social, económica, política y cultural.

Los principios clave de inlclusión como derecho humano son la igualdad y no discriminación, acceso a recursos y oportunidades, la participación plena y el respeto a la diversidad.

Diferentes tratados y convenios internacionales respaldan el derecho a la inlcusión como; la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Promover la inclusión como un derecho humano no solo beneficia a los individuos que enfrentan discriminación, sino que también enriquece a la sociedad en su conjunto, fomentando la cohesión social y el desarrollo sostenible.

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La forma en que los docentes enseñan reviste una importancia fundamental en cualquier reforma concebida para mejorar la inclusión.

Los docentes deben asegurarse de que todos los educandos comprenden las instrucciones y las modalidades de trabajo que se esperan.

Es el propio docente quien debe entender la reacción del educando a lo que se enseña, ya que la enseñanza sólo tiene sentido y es pertinente si el educando adquiere los contenidos de la misma.

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Introducir la inclusión como principio rector tiene consecuencias para las prácticas y actitudes de los docentes, ya sea hacia las niñas, los educandos con dificultades de aprendizaje, los niños con necesidades especiales o aquellos con características especiales (cognitivas, étnicas o socioeconómicas).

Las actitudes negativas de los directores, inspectores de educación, docentes y adultos (los padres y otros miembros de la familia) son importantes obstáculos a la inclusión. Por consiguiente, crear condiciones para la participación de todas estas personas y proporcionarles confianza y competencias nuevas en el proceso de implantar la inclusión como principio rector tendrán consecuencias para las actitudes y el desempeño de los docentes.

La falta de docentes y de maestros especialitas, tienen consecuencias muy negativas para la calidad del aprendizaje. Se necesitan varias especializaciones para cooperar con el personal de las escuelas ordinarias y prestarle ayuda. Además, las políticas nacionales deben ocuparse de la condición de los docentes, su bienestar y su perfeccionamiento profesional.

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Las actitudes positivas de los docentes hacia la inclusión dependen en gran medida de su experiencia con educandos que se consideran “difíciles”. La formación de los docentes, la disponibilidad de ayuda en el aula, el número de estudiantes por clase y el volumen total de trabajo son algunos de los factores que influyen en actitudes positivas o negativas, por consiguiente se propone:

Debe alentarse a los docentes, y también a los directores de las escuelas, a discutir sobre el aprendizaje y la enseñanza, así como sobre los métodos y posibilidades de mejora.

Brindárseles la oportunidad de reflexionar juntos sobre su práctica y de influir en los métodos y estrategias utilizados en sus clases y escuelas.

Familiarizarse a los docentes con los nuevos planes y programas de estudios y formarlos para que sepan ocuparse del desempeño de los alumnos.

Los docentes, los otros educadores y el personal no docente de apoyo necesitan formarse y estar listos para ayudar diariamente a los niños, a los jóvenes en sus procesos de aprendizaje y desarrollo.

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Lecciones que dejan HUELLAS - El PODER del Maestro

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Es importante centrarse en la creación de un entorno de aprendizaje óptimo de modo que todos los niños puedan aprender adecuadamente y aprovechar al máximo sus aptitudes. Para ello se requieren métodos de enseñanza centrados en el educando y la elaboración de materiales de aprendizaje adecuados.

Las TIC y la utilización de las nuevas tecnologías son un aspecto esencial de las sociedades modernas y deberían emplearse siempre que sea posible.

Las escuelas deberían proporcionar a los niños los conocimientos y las competencias necesarias para mantenerse sanos y protegerse del riesgo de ser explotados, así como tambipen impartir competencias para la vida diaria, la educación basada en la higiene, otras formas de disciplina y la inversión en la mejora de instalaciones.

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La educación inclusiva implica la participación de diversos actores que trabajan en conjunto para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, antecedentes o necesidades, tengan acceso a una educación de calidad.

Estos actores son los estudiantes, ya que, son el centro del proceso educativo y tienen un papel activo en su propio aprendizaje, los docentes porque son clave en la implementación de prácticas inclusivas. Deben estar capacitados para adaptar su enseñanza y crear un ambiente que respete la diversidad, las familias su apoyo y colaboración son esenciales para el éxito de los estudiantes.

Las autoridades educativas también deben promover políticas y prácticas inclusivas dentro de las instituciones, asi como los especialistas en educación icomo psicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas y otros profesionales que apoyan a los estudiantes con necesidades específicas.

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CEyAP Centro de Estudios y Atención Psicopedagógica

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Actualmente la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es una propuesta educativa que busca transformar el sistema educativo para hacerlo más inclusivo, equitativo y de calidad, representa un cambio significativo en la manera de entender y abordar la educación en México, con un enfoque centrado en el estudiante.

La práctica docente no solo implica enseñar, sino también ser un agente de cambio dentro del sistema educativo. Al estar alineados con las políticas educativas, los docentes podemos contribuir a una educación más justa, equitativa y de calidad. Adaptarse a estas políticas y reflexionar sobre nuestra práctica docente es fundamental para el desarrollo profesional y el bienestar de los estudiantes.

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La educación primaria es la etapa donde ha habido mayores progresos en el acceso y se ha logrado una mayor equidad. Casi todos los países tienen tasas netas de matrícula superiores al 90%, y la mitad se aproxima a la universalización (OEI, 2012), pero todavía hay cerca de un 4% de estudiantes en edad de cursar este nivel que permanece excluido de la escuela (UNESCO, 2011).

En México, por ejemplo, según el censo del año 2000, solo el 62% de los niños con discapacidad de 6 a 14 años estaba escolarizado, mientras que el 91,3% de la población general asistía a la escuela. En Brasil, en tanto, el porcentaje de estudiantes de 7 a 14 años con discapacidad era de un 88,6% frente a un 94,5% en el caso de los niños sin discapacidad (STANG, 2011).

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En algunos países ya se advierten señales de vulnerabilidad a la pobreza y la exclusión entre quienes completan la educación secundaria (CEPAL, 2010).

Según datos de 2007, el 23% de los adolescentes en edad de cursar la educación secundaria estaba matriculado en primaria debido a su ingreso tardío en esta o al hecho de haberse reincorporado a la escuela después de haber desertado (UNESCO, 2010).

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Es necesario dar el salto desde la inclusión en la escuela a la inclusión en el aprendizaje para lograr la democratización en el acceso al conocimiento, factor clave para la construcción de sociedades más justas y democráticas.

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Nivel socioeconómico y educativo de las familias.

América Latina es la región de los países en desarrollo con mayor nivel de iniciativas para apoyar a las familias con el fin de asegurar el acceso y permanencia de sus hijos en la educación. La más frecuente son los programas de transferencias monetarias condicionadas, consistentes en transferir a las familias de escasos recursos cierta cantidad de dinero condicionada al uso de servicios sociales como educación y salud. Algunos programas ofrecen además apoyo psicosocial y seguimiento a las familias, capacitación y microcréditos.

Trabajo infantil

Es una consecuencia de la pobreza que limita el acceso, la permanencia y los logros de aprendizaje. Muchos estudiantes, especialmente en la educación secundaria, abandonan la escuela ante la necesidad de contribuir a la economía familiar.

Algunos países están desarrollando diferentes iniciativas para erradicar el trabajo infantil y garantizar el acceso y permanencia de los niños y niñas en la escuela. Un ejemplo es el programa Abrazo, de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia de Paraguay, en el que las transferencias económicas a las familias se complementan con otras medidas de apoyo, como visitas periódicas a los hogares, seguimiento de casos y talleres de formación para restablecer los vínculos familiares y lograr una mayor responsabilidad y participación.

Condiciones inadecuadas de vida, salud y nutrición.

Las condiciones inadecuadas de vida (falta de agua potable y servicios de saneamiento, hacinamiento e insalubridad) y la falta de una alimentación y atención médica adecuadas, influyen en la supervivencia, el desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas.

Países, como Brasil y México, han logrado eliminar o reducir de forma significativa las brechas en materia de nutrición entre la zona rural y urbana. Estos avances obedecen a una combinación de medidas como el incremento del nivel educativo de las madres, el acceso a servicios de salud materno-infantil, el abastecimiento de agua y saneamiento, la dotación de alimentos enriquecidos con micronutrientes y transferencias monetarias, entre otros.

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1. Procesos de privatización creciente y debilitamiento de la escuela pública.

Los obstáculos económicos son de las principales barreras que generan exclusión y constituyen un aspecto especialmente sensible en algunos países, donde la privatización es creciente y se está debilitando la escuela pública. La contribución económica de las familias a la educación de sus hijos está aumentando, y es comparativamente más onerosa en el caso de los hogares de menores ingresos. En algunos casos, ni siquiera la escuela pública es gratuita o, aun siendo gratis la matrícula, hay costos indirectos como uniformes, útiles escolares o transporte que son muy elevados para las familias de menores recursos.

2. Segmentación de los sistemas educativos.

Esta barrera además de reproducir la desigualdad y la fragmentación social y cultural, limita el encuentro entre estudiantes de distintos contextos sociales, culturas y experiencias de vida, atentando contra una de las finalidades de la educación: la de contribuir a la cohesión social y al fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía.

3. Procesos discriminatorios: sistemas educativos, homogeneizadores y asimétricos.

Se discrimina a los estudiantes por su origen étnico o socioeconómico, por sus capacidades, por situaciones de vida, condiciones personales o por motivos religiosos. En América Latina no existe discriminación en el acceso de las niñas a la educación; incluso en algunos países su participación es mayor en la educación secundaria que la de los varones. Pero si se cruza esta variable con situación de pobreza y origen étnico, se observan desigualdades.

4. Rigidez y falta de pertinencia del currículo y de los procesos de enseñanza.

La tendencia de los países en las últimas décadas ha sido elaborar currículos abiertos y flexibles, en los que se deja un cierto margen para que se puedan concretar y ajustar a la diversidad del alumnado y de contextos. Sin embargo, estos diseños suelen tener un sesgo cultural hegemónico del pensamiento occidental sobre otros tipos de conocimientos, y hacia ciertas áreas curriculares o tipos de aprendizaje. Por otro lado, la excesiva carga de contenidos de los currículos deja un escaso margen para incorporar aprendizajes relevantes desde el punto de vista de las necesidades de los estudiantes y del contexto local.

5. Sistemas de evaluación de la calidad de la educación.

Los sistemas de evaluación que se están implementando en América Latina están generando exclusión, especialmente en aquellos países donde los resultados se asocian a determinados incentivos (subvenciones a las escuelas o salarios de los docentes), o cuando se usa la información para establecer un ranking o comparaciones entre establecimientos, con el fin de que los padres puedan elegir la escuela que quieren para sus hijos. Estas prácticas conllevan que los centros educativos, presionados por tener mejores puntajes, tiendan a excluir a los estudiantes que pueden bajar el promedio de la escuela.

6. Falta de formación del profesorado y distribución inequitativa de los docentes más cualificados.

La falta de docentes cualificados es mayor en las zonas más pobres, rurales o aisladas, aumentando así la brecha en el acceso al conocimiento entre los más y menos desfavorecidos, adempas de las difíciles condiciones en las que trabajan muchos docentes, como son las clases muy numerosas, los bajos salarios, la necesidad de trabajar en más de una escuela o reunirse con los colegas, entre otras.

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Las políticas educativas en América Latina enfrentan una serie de desafíos que son complejos y variados, reflejando tanto la diversidad de contextos en la región como las dificultades históricas y estructurales. Algunos de los principales desafíos incluyen la Desigualdad y Exclusión, Calidad Educativa, Financiamiento, Profesionalización Docente, Relevancia Curricular, Desafíos Tecnológicos, Deserción y Abandono Escolar entre otros.

Superar estos desafíos requiere un enfoque integral que involucre a todos los actores del sistema educativo, así como el compromiso de los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto para promover una educación inclusiva y equitativa para todos los estudiantes en América Latina.

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La política de inclusión educativa en México se fundamenta en un marco mormativo que busca garantizar el derecho a la educación equitativa para todos los estudiantes. Desde ese enfoque la educación inclusiva se basa en la valoración de todos los estudiantes, el respeto a sus diferencias y la eliminación de cualquier forma de discriminación.

Algunos de los objetivos de la educación inclusiva en México son:

Eliminar la exclusión y la discriminación.

Atender las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes.

Reconocer los derechos de las personas.

Promover la participación de la comunidad educativa.

La educación inclusiva en México se ha visto impulsada por reformas educativas, actualmente la creación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es una de ellas.

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Videocápsula. ¿Qué es la Nueva Escuela Mexicana?

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Antecedentes de la legislación mexicana.

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Antecedentes de la legislación mexicana.

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En 1917, el poder constituyente veía la educación como un tema prioritario, para declararlo prácticamente monopolio del Estado.

En el año 1934, la reforma al artículo 3 constitucional, estableció que la educación sería de corte socialista, estableció la obligatoriedad de la educación primaria y se fortaleció del centralismo en la administración del sistema.

A partir de 1946 se estableció como primera finalidad de la educación que imparte el Estado desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; la educación sería democrática, y el aprecio por la dignidad de la persona su principio rector, aunado a los ideales de fraternidad e igualdad de derechos.

Entre los 1992 y 1993 se estableció que la educación sería un derecho de toda persona, se instituyó que el Ejecutivo Federal determinaría los planes y programas de estudio en la educación primaria, secundaria y normal para toda la república y con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, dieron lugar a una fuerte política de federalización educativa.

Desde finales del siglo xx, México asumió progresivamente su responsabilidad frente al derecho internacional de los derechos humanos , el artículo 3 fue modificado junto con la reforma constitucional en el año 2011, priorizando el respeto a los derechos humanos y estableciendo el respeto por la diversidad cultural como uno de los criterios rectores de la educación.

En cuanto a la aplicación y reglamentación del derecho a la educación, el 23 de enero de 1942 se publicó la Ley Orgánica de Educación Pública, la cual rigió la educación por veinte años hasta que en julio de 1993 se publicó la Ley General de Educación.

El 14 de abril de 2011 la diputada Paz Gutiérrez Cortina presentó una iniciativa de reforma integral a la Ley General de Educación que pretendía armonizar esta ley con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta iniciativa contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, encabezada por la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A. C. (Confe). Algunos de los aspectos más relevantes que propuso fueron:

1. Enfatizar la importancia de la no discriminación, la equidad y la igualdad de oportunidades como principio fundamental del sistema educativo.

2. La elaboración de ediciones y materiales educativos en formatos accesibles.

3. Garantizar inmuebles accesibles.

4. Ampliar el ámbito de cobertura de la educación especial a la par de garantizar las condiciones para la educación inclusiva.

5. Cambiar la perspectiva de la Ley General de Educación para la adecuación del entorno a favor de las personas con discapacidad.

6. La penalización de posiciones o comportamientos discriminatorios en las instituciones educativas.

7. Accesibilidad en las escuelas.

8. Formación docente especializada para facilitar el aprendizaje a personas con discapacidad.

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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917).

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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917).

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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no menciona expresamente el derecho a la educación inclusiva, pero sí establece los derechos humanos básicos para garantizarla: el derecho a la no discriminación y el derecho a la educación.

Cláusula antidiscriminatoria (artículo 1). El artículo 1 constitucional, en su párrafo quinto, establece la prohibición de todo tipo de acto u omisión discriminatoria motivada por razones que atenten contra la dignidad humana y tengan la intención de anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas convirtiéndose en una “llave” que permite el cumplimiento de los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad.

No discriminación y derecho a la educación de la población indígena (artículo 2). A partir de la denominada reforma indígena al artículo 2 constitucional, se especifica la importancia de la igualdad de oportunidades para los indígenas y la eliminación de toda práctica discriminatoria en su contra. También protege expresamente el derecho a la educación de las personas migrantes de los pueblos indígenas, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero.

Derecho a la educación (artículo 3). Establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, siendo obligatorios los niveles básico y medio superior. Además, indica que la educación contribuirá a la “mejor convivencia humana”, para “fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos.

El interés superior de la niñez en el ámbito educativo (artículo 4). Especifica que los niños y las niñas tienen derecho a la educación, y que éste debe ser garantizado con base en el principio del “interés superior de la niñez”.

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La Ley General de Educación desarrolla el artículo 3 constitucional y es la norma rectora del sitema educativo nacional, asi como es el instrumento preciso para sentar las bases del derecho a la educación inclusiva. Su objetivo es especificar los alcances del derecho a la educación, determinar las funciones y competencias de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de los poderes ejecutivos y legislativos estatales y municipales en materia educativa.

Artículo 2. Educación para todos y todas. Establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación con las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 7. Fines de la educación.

Artículo 12. Atribuciones exclusivas de la autoridad educativa federal.

Artículo 23. Obligaciones de las autoridades locales sobre la infraestructura física educativa.

Artículo 38. Adaptaciones a la educación básica para grupos indígenas, poblaciones rurales dispersas y grupos migratorios.

Cabe aclarar que los artículos 7, 12, 23 y 38 no hacen mención de las adecuaciones en temas de educación inlcusiva.

Artículo 39. Modalidades de la educación básica. Menciona tres modalidades: inicial, la educación especial y la educación para adultos.

Artículo 41. Educación especial. Define la educación especial como una modalidad que está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes, pero omite el concepto de educación inclusiva, que es fundamental.

Artículo 43. Educación para adultos. Está dedicado a definir la modalidad de educación para adultos, pero carece de una cláusula antidiscriminatoria.

Artículo 49. Características de los planes y programas de estudio. Establece ciertas características que deberá tener el proceso educativo como los principios de libertad y responsabilidad, el trabajo en grupo y la comunicación entre educandos, educadores, padres y madres de familia e instituciones públicas y “Personas con discapacidad”. Esta disposición no menciona a la educación inclusiva como una de las características centrales que deberá tener dicho proceso.

Artículo 50. Evaluación del aprendizaje. Establece que la evalución será individual y medirá los conocimientos, habilidades y destrezas, así como el logro de las metas establecidas en los planes y programas de estudio.

Artículo 55. Educación impartida por instituciones privadas. Enuncia los requisitos para que las personas particulares puedan obtener las autorizaciones y el reconocimiento de validez oficial de estudios; no obstante, no se incluyen requisitos necesarios para garantizar el derecho a la educación inclusiva.

Artículo 59. Educación inicial y preescolar privada . Se especifican requisitos adicionales para personas particulares que impartan educación inicial y preescolar, pero omitiendo requerimientos fundamentales para la educación inclusiva.

Artículo 66. Derechos de los padres y madres de familia en la educación. Enlista los derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela de los alumnos y alumnas.

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¿Sabes qué dice la Ley General de Educación?

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Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011).

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Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011).

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Artículo 2. Educación especial y educación inclusiva.

XI. La educación especial. Está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes.

XII. Educación Inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

Artículos 12 a 15. Derecho a la educación de las personas con discapacidad.

Es la obligación de la autoridad educativa federal de promover el derecho a la educación y prohibir toda clase de discriminación.

Pra garantizar este derecho la Secretaria de Educación Pública (SEP) establece en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad. Menciona cuatro características necesarias para la inclusión de las personas con discapacidad: no discriminación, accesibilidad física, material especializado y capacitación al personal docente.

Artículos 35 a 37. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La Ley establece el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; sin embargo, no plasma como uno de sus objetivos la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema de educación regular.

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LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN de las Personas con Discapacidad.

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Ley Federal para Prevenir y Eliminar  la Discriminación (2003).

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Ley Federal para Prevenir y Eliminar  la Discriminación (2003).

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La Ley define la discriminación de la manera siguiente:

Artículo 4. Definición de discriminación. Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Artículo 5. Actos no discriminatorios. Este El artículo legitima, en su fracción I, las acciones positivas o compensatorias que realice el gobierno, “que sin afectar derechos de terceros establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades”.

Artículo 9. Discriminación en el acceso a la educación. En su fracción I, establece que será una práctica discriminatoria impedir el acceso a la educación, ya sea pública o privada, así como a becas o incentivos para la permanencia en centros educativos.

Artículo 10. La no discriminación con motivo del sexo de las personas. Determina que el Estado debe “incentivar” la educación mixta con la intención de que sea una medida positiva para la igualdad de oportunidades educativas del derecho a la educación de hombres y mujeres.

Artículo 13. Integración de las personas con discapacidad a la educación regular. Establece la obligación de las autoridades federales y órganos públicos de procurar la incorporación, permanencia y participación de las personas con discapacidad en las actividades educativas regulares.

Artículo 14. Medidas compensatorias para la educación de la población indígena. Determina que se deberán “establecer programas educativos bilingües y que promuevan el intercambio cultural” para la igualdad de oportunidades de la población indígena; también se promoverán becas para alfabetización, conclusión de los estudios y capacitación para el empleo.

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La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

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Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2000).

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Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2000).

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Artículo 2. Definición de la etapa de la niñez.

Esta Ley establece que son niños o niñas las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes, los que tienen entre 12 y 18 años incumplidos. La educación básica regular se imparte a niños y niñas de entre 4 y 16 años, por lo que son sujetos de las disposiciones de esta Ley.

Artículo 16 y 17. Derecho de los niños y niñas a la no discriminación y al ejercicio igualitario de sus derechos.

El artículo 16 determina la obligación del Estado de proteger el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la no discriminación; mientras que el artículo 17 legitima las medidas que beneficien o protejan a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en circunstancias particularmente difíciles, a fin de lograr el ejercicio igualitario de sus derechos.

Artículos 30 y 31. Derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad.

El artículo 30 define que esta población no podrá ser discriminada por ningún motivo. El artículo 31 establece que la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios fijarán normas tendientes a “fomentar centros educativos especiales y proyectos de educación especial que permitan a NNA con discapacidad, integrarse en la medida de su capacidad a los sistemas educativos regulares”.

Artículo 32. Atención personalizada a las necesidades educativas de niños, niñas y adolescentes.

El capítulo X “Derecho a la educación” menciona el principio de enseñanza personalizada a las circunstancias de cada alumno o alumna, que en un contexto de respeto y valoración de las diferencias, constituye la esencia de la educación inclusiva.

Artículo 37. Derecho de las niñas, niños y adolescentes indígenas de disfrutar su cultura.

Los NNA de grupos indígenas tienen derecho a disfrutar libremente de sus costumbres, tradiciones, lengua, organización social y demás elementos característicos del grupo indígena al que pertenezcan.

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Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

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Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003). 

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Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003). 

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"La educación deberá ser Intercultural"

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CUARTZO Artes Escénicas y Visuales (El Summum del Arte)

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Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. -Cápsula-

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Artículo 8. Derecho a la educación de las personas migrantes.

En el caso de las personas migrantes la ley otorga expresamente el derecho a acceder a los servicios educativos públicos o privados, independientemente de su situación migratoria, además de que ningún acto administrativo establecerá restricciones mayores a las establecidas para las y los mexicanos.

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Las políticas educativas en México se centran en la acción del Estado, mismas que se enfocan en mejorar la calidad de la educación, reducir la desigualdad social y garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes.  Por su parte, las políticas educativas internacionales se centran en principios y directrices que promueven la equidad y la inclusión, organismos internacionales, como la UNESCO y la OCDE influyen en las políticas educativas de los países facilitando el acceso a la educación y a fortalecer la planificación y la administración.

Sin embargo, aunque se pretende fortalecer la inclusión social y la equidad educativa, creo que los problemas sociales entre otras dificultades no han permitido del todo garantizar la inclusión en el sistema educativo mexicano, se requiere más que la actualización de reformas, un sentido de agencia por parte de todos dos los involucrados en la educación.

Actualmente, apesar de que la Nueva Escuela Mexicana tiene un enfoque humanista basado en los principios de los derechos humanos y valoración de la diversidad cultural, dista mucho de la realidad, empezando por la falta de capacitación docente a estos nuevos "cambios", la falta de recursos materiales y tecnológicos, falta de una infraestructura inadecuada y sobre todo la desconexión que existe entre los contenidos y la realidad de muchas escuelas, sobre todo en las zonas rurales, además sumo la resistencia de varios maestros a esta reforma y los recursos limitados, todo esto ha permeado el "avance" de la educación inclusiva. Sigo apelando al sentido de agencia.

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El mayor reto que enfrentan los sistemas educativos del mundo es el de desarrollar escuelas inclusivas de calidad para todos y todas; escuelas que acojan y atiendan la diversidad, y se hagan cargo del aprendizaje de todos sus estudiantes, sin exclusiones de ningún tipo. La educación inclusiva es un derecho y el fundamento de una sociedad más justa, equitativa y democrática.

Los profesores desempeñan un papel fundamental en la promoción de la inclusión educativa, por ello, se debe priorizar en su formación inicial. A través de la formación, los educadores adquieren la capacidad de comprender y valorar la diversidad, adaptar su práctica educativa a las necesidades individuales de los estudiantes y crear entornos educativos inclusivos.

Es por ello, que la renovación de la formación inicial y continua del profesorado es de primera importancia, tanto para aquellos que ejercen en los niveles de educación bpasica, como así también para los docentes de educación especial, cuyo rol y ámbito de intervención cambia sustantivamente.

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La renovación de la formación docente ante el desafío de la inclusión. 

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La renovación de la formación docente ante el desafío de la inclusión. 

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La formación docente inicial, como primer nivel de profesionalización, se debe preocupar de asegurar que todos los docentes alcancen una comprensión de los enfoques inclusivos y que la atención a la diversidad sea incorporada en los perfiles de egreso y en las mallas curriculares de las distintas carreras de pedagogía.

Es indispensable que los formadores cuenten con un marco conceptual compartido que se exprese en un lenguaje común y en un proyecto formativo que sea coherente con los fundamentos y principios de una pedagogía inclusiva.

Como menciona Florian (2010), la pedagogía inclusiva concibe la diversidad entre los alumnos como el estado natural de las cosas y como una fortaleza para el aprendizaje más que como un problema, promoviendo que los profesores canalicen y ajusten lo que normalmente se dispone para la mayoría de manera tal que sea accesible para todos, ofreciendo en el aula una gama de opciones que permita a los estudiantes trabajar juntos y aprender de la interacción con otros.

En este sentido, la atención a la diversidad debe constituirse en un eje transversal de la formación pedagógica, bajo el entendido de que todo profesor, al margen del nivel educativo en el que se desempeñe, de su especialidad o de la asignatura que imparta, necesita desarrollar a lo largo del ciclo formativo ciertas competencias básicas que le permitan:

Identificar las competencias iniciales, estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, y detectar oportunamente las dificultades que puedan presentar para proporcionarles el apoyo y las ayudas necesarias.

Diversificar el currículo, la evaluación y la enseñanza mediante el uso de un amplio repertorio de estrategias y recursos educativos.

Implementar estrategias que promuevan el reconocimiento y respeto de la lengua y cultura de origen de los estudiantes en los procesos educativos, fortaleciendo la propia identidad.

Crear un clima propicio para el aprendizaje y la convivencia basado en el respeto y valoración de las diferencias.

Generar redes y promover la colaboración entre los distintos actores de la comunidad escolar y con otros profesionales.

Del mismo modo, la la formación de los profesionales en educación especial tambien requiere ser replanteada. Estos profesionales precisan desarrollar competencias específicas que los habiliten para ejercer funciones de apoyo y asesoramiento tendientes a facilitar el acceso, la participación y el progreso en el aprendizaje de los estudiantes que enfrentan barreras de aprendizaje y la participación a lo largo de la trayectoria escolar, es esencial que sean capaces de:

Evaluar, desde una perspectiva interdisciplinaria y contextual, las dificultades de aprendizaje y participación, y llevar un seguimiento de los progresos alcanzados por los estudiantes, así como de los cambios y mejoras en la respuesta educativa.

Gestionar e implementar sistemas, recursos y modalidades de apoyo en sus múltiples formas, que faciliten el acceso al currículo y a las actividades escolares.

Diseñar y desarrollar, en colaboración con los profesores, propuestas y programaciones curriculares diversificadas que respondan a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes.

Orientar y apoyar a la familia comprometiendo su participación en la comunidad escolar y el proceso educativo de sus hijos.

Colaborar en la implementación, desarrollo y evaluación de proyectos educativos inclusivos y aportar a la mejora continua de la calidad de la respuesta educativa a la diversidad.

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¡10 Consejos para docentes sobre Educación Inclusiva!

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La formación continua y desarrollo profesional.

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La formación continua y desarrollo profesional.

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El desarrollo profesional docente supone un proceso continuo de reflexión, aprendizaje y acción para perfeccionar los conocimientos y habilidades del docente, lo que conlleva a prácticas mejoradas de enseñanza que impactan positivamente en el aprendizaje de los alumnos.

Según Ainscow (2001), la formación permanente es la base del desarrollo de la escuela en la perspectiva de la inclusión, pero para que esta consiga los efectos deseados es fundamental que los profesores tengan continuas oportunidades de aprender juntos a través de experiencias formativas planificadas y vinculadas con las prioridades establecidas por la comunidad escolar. En consecuencia, el logro de este propósito dependerá de la importancia que le otorgue la institución al desarrollo profesional de sus docentes y de las condiciones que genere para promover experiencias innovadoras de enseñanza.

La formación con base en el centro educativo, y que concita la participación del profesorado en su conjunto, ha demostrado tener ventajas comparativas con las ofertas individuales de formación y actualización en servicio, por lo que es deseable que los profesores reciban apoyo y retroalimentación cuando asumen el riesgo de cambiar sus prácticas e introducir nuevos enfoques y métodos enseñanza.

Una de las formas más efectivas de apoyo al desarrollo de prácticas inclusivas en el aula consiste en el trabajo conjunto de parejas de docentes, con el propósito de explorar nuevas estrategias de enseñanza y de apoyarse mutuamente durante los procesos de cambio y mejora.

En este sentido, el aprendizaje colaborativo entre docentes se releva como una estrategia con enorme potencialidad para promover el desarrollo profesional, por lo cual es altamente conveniente que se incorpore al trabajo habitual del equipo docente. Sin embargo, este proceso requiere que se preste especial atención al desarrollo individual de la docencia, con objeto de controlar el riesgo de que profesores que trabajan juntos terminen reforzando las prácticas existentes antes de enfrentarse a las dificultades que conlleva experimentar formas diferentes de enseñanza (Ainscow, 2005).

Algunas estrategias basadas en la colaboración, han demostrado ser efectivas para el desarrollo profesional docente, en particular cuando se utilizan de manera combinada en un plan de formación permanente a nivel de centro que ponga el foco en las prioridades de mejora definidas institucionalmente, tales como:

Actividades de capacitación focalizadas en la escuela, que se basan en los problemas y necesidades reales detectadas entre los propios docentes.

Instancias sistemáticas de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias sobre las prácticas pedagógicas entre docentes.

Planificación y enseñanza colaborativa entre docentes y profesionales de apoyo u otros especialistas para ampliar las oportunidades de aprendizaje y atender la diversidad.

Dinámicas de observación de clases, evaluación y retroalimentación entre colegas.

Grupos de apoyo interdisciplinario o de profesores de la misma disciplina para el abordaje de dilemas y la resolución de problemas comunes.

Asesoramiento externo para orientar y apoyar los procesos de cambio y mejoramiento educativo.

Trabajo en red como medio de enriquecer las prácticas, constituyendo redes de apoyo entre maestros y entre escuelas que promuevan el intercambio de conocimientos, experiencias y materiales educativos.

Tal como plantea Ángeles Parrilla (2003), la colaboración en distintos ámbitos y niveles refleja mucho más que un cambio de imagen en las formas de actuación de los centros educativos, ya que afecta a cuestiones y temas sustantivos relacionados con aspectos valóricos y formativos, de la organización de las escuelas y las aulas, de los enfoques y procedimientos de apoyo al aprendizaje, y de las relaciones sociales al interior de la comunidad escolar, así como con la comunidad externa. En este sentido, la colaboración como estrategia para responder a la diversidad en sentido amplio implica la adopción de un enfoque coherente con los principios de inclusión y acciones debidamente articuladas a distintos niveles que la favorezcan.

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La exclusión social y educativa son fenómenos crecientes en muchos países del mundo y objeto de preocupación de las políticas públicas, especialmente en América Latina, que se caracteriza por ser la región más desigual del mundo.

La inversión en políticas sociales en esa región se ha incrementado en cinco puntos porcentuales desde 1990. Estas políticas han tenido como consecuencia una baja importante de los índices de pobreza e indigencia, una reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso en la mayoría de los países y una mayor movilidad intergeneracional.

A las desigualdades estructurales de la región es preciso sumar la creciente diversidad cultural que genera mayor complejidad a los procesos de exclusión y fragmentación social (López, 2008).

De igual manera, el creciente aumento de población migrante y el surgimiento de nuevas culturas urbanas que muestran la heterogeneidad de las nuevas generaciones.

La desigualdad social en América Latina es un desafío persistente que requiere una combinación de políticas públicas efectivas, inversión en educación y salud, y un enfoque en la inclusión social para abordar las causas estructurales de la desigualdad.

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Las políticas educativas son fundamentales para el desarrollo social y económico de una nación, ya que una educación adecuada no solo forma individuos capacitados, sino que también contribuye a la cohesión social y al crecimiento sostenible. En el contexto global actual, las políticas educativas deben adaptarse a los cambios tecnológicos, las necesidades del mercado laboral y las demandas de una sociedad cada vez más diversa.

El concepto y la práctica de la educación inclusiva han cobrado importancia en los últimos años. En el plano internacional, la interpretación que se da del término es cada vez más amplia, entendiéndose como una reforma que apoya y acepta de buen grado la diversidad de todos los educandos.

Las reformas actuales buscan garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales, tengan acceso a una educación de calidad y equitativa. Sin embargo, estas reformas distan de la realidad que se vive en muchas escuelas del país.

En el presente proyecto se abordarán las directrices sobre estas políticas educativas, con especial enfásis en América Latina y priorizando la inclusión como derecho humano. Así como también se desarrollarán los diferemtes retos, desafíos y logros de los docentes frente a la inlcusión, la desigualdad y acceso a la permanencia, las barreras que limitan la inlcusión y por último sin ser menos importante, la importancia de la formación docente y desarrollo profesional somo clave fundamental para avanzar hacia la inlcusión educativa.

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La inclusión educativa implica que los docentes estén preparados para enseñar a todos los estudiantes, considerando sus necesidades, intereses y capacidades. Para ello, los docentes debemos desarrollar habilidades que nos permitan crear entornos inclusivos, debemos aprender a valorar la diversidad del alumnado.

El maestro tiene que ser inclusivo, para tener un aula inclusiva, pero no sólo de palabra o teóricamente hablando, sino con acciones que involucren a los estudiantes en el respeto, la sensibilización, la empatía, el aprendizaje y la enseñanza colaborativa, promoviendo un trabajo integrado.

Por lo anterior, la formación docente en temas de inclsuión es fundamental para que los profesores podamos atender a la diversidad de nuestros estudiantes, crear espacios de reflexión entre colegas donde podamos compartir experiencias, estrategias, metodologías, entre otros, y así avancemos hacia la inlcusión, es una tarea difícil, pero los maestros tenemos la responsabilidad de responder a los desafíos cotidianos en nuestra labor y una forma de ello es replantear la práctica docente.

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Duk Homad, c. (2014). En Marchesi, A., Blanco, R. y Hernández, L. (Coords.). Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica (pp. 61-70). OEI.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2013). Educación inclusiva, tomo III de la colección Legislar sin Discriminación. CONAPRED

Payà Rico, A. (2010). Políticas de educación inclusiva en América Latina. Propuestas, realidades y retos de futuro. Revista Educación Inclusiva, 3 (2), 125-142