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Hay un alto índice de robos y asaltos en la ciudad de cartagena. En lo que va corrido del año, se han vuelto constantes las noticias de hurtos, asesinatos y otros delitos.

La comunidad teme salir libremente a la calle sin miedo a ser hurtados. La seguridad es un componente esencial en la calidad de vida puesto que garantiza la buena convivencia y el buen ambiente en la ciudad.

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La inseguridad generada por la criminalidad y la violencia en Colombia constituye un grave problema donde está en juego la vigencia de los derechos humanos.  Las políticas sobre seguridad ciudadana deben ser evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos.  Por un lado las obligaciones negativas de abstención y respeto y, por otro, las obligaciones positivas vinculadas a la adopción de medidas de prevención.  Asimismo, la invocación efectiva de los derechos involucran obligaciones positivas y negativas en cuatro niveles: obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de asegurar y obligaciones de promover el derecho en cuestión. La obligación de respetar se define por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes. Las obligaciones de asegurar suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo. Las obligaciones de promover se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien.

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Contar con instituciones de seguridad y justicia fortalecidas, que gocen de legitimidad y confianza ciudadana; consolidar el Estado de Derecho, y reducir la vulnerabilidad de poblaciones en riesgo.

Crear grupos de apoyo para brindarles una buena educación y enseñarles a esas personas a ganarse las cosas con el sudo de su frente sin tener que hurtar ni hacerle daño a los ciudadanos.