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El siglo XXI demanda una educación para el desarrollo que vaya más allá de los límites de la educación institucional, tradicional y colonialista; sin embargo, no hay que distanciarse del tiempo histórico y de los espacios sociales en los que el ser humano y el conocimiento se desarrollan. Los países de América a través de sus diferentes sectores, enfrenta desafíos y retos en materia de políticas públicas, sobre todo cuando éstas van dirigidas a satisfacer las necesidades de la población; y con especial énfasis en los grupos históricamente excluidos en condición de vulnerabilidad a causa de múltiples factores de orden económico, social y cultural. Estos factores se han constituido en barreras, imposibilitando el acceso a la educación, la cual es un derecho humano que le corresponde a toda persona por la simple razón de pertenecer a la familia humana. Ante la situación que enfrenta el sistema educativo en sus diferentes componentes, niveles y modalidades, así como los índices de exclusión que se han venido reportando; se han realizado progresivamente diferentes esfuerzos en aras de mejorar la calidad educativa y superar las brechas existentes. El nuevo sistema educativo asegurará que todos puedan acceder a niveles óptimos de bienestar individual y social.

La Política de Educación Inclusiva bajo el enfoque de derechos, es culturalmente pertinente, ya que considera el respeto y la construcción de la convivencia en la diversidad así como la eliminación de toda acción discriminatoria que violente los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, a fin de contribuir a una comunidad que comparta por igual un conjunto de derechos democráticos de participación y comunicación, forjando a la vez una cultura de paz con principios democráticos. La Política de Educación Inclusiva viene a constituirse en avance significativo en materia educativa, sobre todo en lograr superar progresivamente las brechas existentes; la misma dará un fundamento a los diferentes cambios, ajustes, adaptaciones e innovaciones para que la educación inclusiva sea el paradigma que permita cumplir con el objetivo 4 del Desarrollo Sostenible. En tal sentido, la Política de Educación Inclusiva que hoy ponen a disposición las autoridades del sector educativo y de la ciudadanía comprometida por alcanzar la educación inclusiva que garantice el acceso, sostenibilidad y la permanencia; es el producto de un proceso de consulta ampliamente participativo, donde las necesidades y brechas en materia educativa de cada uno de los sectores en condición de vulnerabilidad han sido consideradas.

El presente muro virtual hace referencia en su primer apartado a las directrices sobre políticas de inclusión educativa, haciendo énfasis en el cambio de actitud como precursor de formulación de políticas eficaz, elaboración de planes y programas inclusivos, los docentes y el entorno de aprendizaje así como a la manera de apoyar el ciclo de las políticas. En el segundo apartado se refiere a los desafíos y oportunidades de la Inclusión Educativa en América Latina, logros, desafíos, patrones comunes, estrategias y acciones en relación con las políticas educativas de inclusión en América Latina. El tercer apartado, Políticas en Inclusión Educativa en México, describiendo el enfoque adaptado actualmente en la Política en Inclusión en México. El cuarto apartado se refiere las competencias transversales y específicas a desarrollarse entre el profesorado en un marco de inclusión educativa, Formación docente para la Inclusión Educativa.

Finalmente se hace una reflexión señalando la importancia de que “las Instituciones Educativas deben acoger a todos los niños, niñas y jóvenes, independiente de sus condiciones personales e impulsar prácticas efectivas para combatir actitudes discriminatorias, crear comunidades abiertas, construir una sociedad integrada y lograr educación para todos”.

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Directrices sobre políticas de inclusión en educación

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Directrices sobre políticas de inclusión en educación

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Los derechos humanos son instrumentos político-jurídicos con un sustrato moral que sirve de base para la promoción de que el mayor número de personas pueda diseñar su proyecto de vida y actuar para conseguirlo, desarrollando su personalidad en todo su potencial (Campoy, 2015). La educación juega un papel destacado en este objetivo, ya que es un derecho habilitante y necesario para el ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales.

La confluencia de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (UNESCO, 1960), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ONU, 1965) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) marcó el camino para proporcionar gradualmente una educación para todos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que la educación debe tener cuatro características fundamentales: las escuelas deben estar disponibles; deben ser accesibles física y económicamente, sin discriminación; su forma y su fondo deben ser aceptables; y las escuelas deben ser suficientemente adaptables para educar a todos los niños (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas [CDESC], 1999). La Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) consagra el derecho de todos los niños a recibir una educación sin discriminación de ningún tipo, destaca la obligación de los Estados de garantizar el cumplimiento efectivo de ese derecho, reconoce el interés superior del menor y desarrolla los objetivos de la educación. Estos objetivos refuerzan los ya establecidos en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales» (ONU, 1948).

El largo proceso aquí analizado también tuvo otros hitos importantes, como dos conferencias internacionales promovidas por la UNESCO en la década de 1990. La primera fue la Conferencia de Jomtien, en la que se aprobó la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (UNESCO, 1990). Esta Declaración señalaba la necesidad de identificar los obstáculos que impiden o limitan el acceso universal a la educación y la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje como un derecho que tienen todos los niños y jóvenes, sin excepción. Sin embargo, una vez más, la situación y las necesidades de los alumnos considerados como discapacitados quedaron un poco al margen en los documentos que dieron lugar al programa de Educación para Todos promovido por la organización. Cuatro años más tarde, se celebró otra conferencia en Salamanca en la que la comunidad internacional dio un nuevo impulso a la aspiración de la Educación para Todos. Esto se materializó en el lanzamiento del constructo Educación Inclusiva, que en aquella ocasión no se olvidó de nadie, aunque apoyó específicamente sus propuestas en la mejora de la educación de los entonces considerados alumnos con necesidades educativas especiales (NEE). La relación entre ambos movimientos se hizo finalmente evidente y surgieron sinergias muy oportunas. Mientras que el principio fundamental de la Educación para Todos es que todos los niños deben tener la oportunidad de aprender, la Educación Inclusiva se basa en el principio de que deben hacerlo todos juntos (Peters, 2003). La Declaración de Salamanca (y el Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales) representó un gran cambio en las políticas educativas. Marcó el inicio de una gran reforma de las escuelas ordinarias para permitir que aquellos que habían sido escolarizados en escuelas de educación especial se integraran en el sistema escolar ordinario. El propósito era combatir las actitudes discriminatorias y facilitar la tarea de construir sociedades más inclusivas (UNESCO, 1994). La Declaración de Salamanca fue un hito importante en la historia de la educación. Sus principales análisis y propuestas siguen siendo válidos y pertinentes hoy en día, y su valor añadido fue que marcaron el camino de las políticas públicas en este ámbito (UNESCO, 2020b).

Sin embargo, el desarrollo legal más significativo para la educación inclusiva se produjo cuando se incluyó el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) como un derecho (ONU, 2006), sustituyendo así la concepción del derecho a la educación que se tenía hasta entonces.

La CDPD y su Protocolo Facultativo (ONU, 2006) fueron aprobados en diciembre de 2006, abriéndose a la firma el 30 de marzo de 2007. Desde entonces, la educación inclusiva se ha formalizado como un derecho de todos los alumnos, con una Convención que ha sido ratificada por 184 países y que fue el primer instrumento jurídico vinculante que contenía una referencia explícita al concepto de educación inclusiva.

Sin duda, la indignación por la aplastante exclusión que han sufrido y siguen sufriendo las personas con discapacidad, especialmente en las escuelas, fue un importante impulso para la movilización mundial y el desarrollo de la CDPD (Palacios, 2008). Según el modelo social de la discapacidad que subyace en la CDPD, que la educación inclusiva asume y traslada a otras posibles situaciones de desventaja, la discapacidad es el resultado de una interacción entre las personas con deficiencias y las barreras sociales, que pueden ser físicas, legislativas, actitudinales, etc. (de Beco, 2014; Ngwena, 2013; Palacios, 2008). Esta noción de desventaja como una interacción entre el contexto y el individuo puede aplicarse a cualquier forma de vulnerabilidad. Esto introduce una epistemología transformadora de la discapacidad en el discurso dominante de los derechos humanos, así como un cambio en el paradigma educativo que afecta a toda la población y busca mejorar la forma en que los sistemas educativos atienden a todos los niños y jóvenes. Se centra especialmente en los colectivos desfavorecidos y pretende profundizar en el interés superior de los menores a lo largo de la infancia, así como en la participación efectiva de todos los niños en los contextos en los que viven (Campoy, 2017). Por tanto, cabe destacar que, si bien el debate sobre la educación inclusiva se originó en el discurso de la discapacidad, se ha ido entendiendo como parte de una transformación social y educativa más amplia (Lorna, 2017). Este importante paso que supone el reconocimiento de la educación inclusiva como un derecho para todos ha sido posible gracias a los esfuerzos de los movimientos asociativos de las personas con discapacidad y, sin embargo, esta población aún está lejos de disfrutar plenamente de sus beneficios (de Beco, 2016).

La educación inclusiva tiene un papel fundamental dentro de los compromisos de derechos humanos, ya que es necesaria para la inclusión social y económica y la plena participación en la sociedad. Es decir, el resto de los derechos humanos dependen del derecho a la educación inclusiva. No cabe duda de que la educación inclusiva está en la agenda política internacional y que la producción de investigación internacional sobre este tema ha aumentado en las últimas décadas para apoyar la lucha contra las persistentes barreras encontradas.

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La educación inclusiva se ha convertido, en la última década, en una de las ideas fuerza en el estudio de las políticas educativas en los sistemas educativos de los países que están transnacionalizados y su análisis se ha generalizado, encontrando publicaciones escritas y jornadas específicamente dedicadas a esta idea. Durante los últimos años, la agenda en educación se ha ido tejiendo a partir de una singular combinación entre pensamientos utópicos y planes próximos. Trabajar en el ámbito de la inclusión social significa trabajar para hacer efectivo aquel pensamiento y aquel plan, aquella idea de hacer realidad el Habermas utópico y trascendente en la vida diaria. En cuanto a la educación, la inclusión cumple en los pensamientos utópicos el deseo de ser una educación para una vida buena, para vivir una vida buena, entendida como la realización plural y variada de las posibilidades de cada sujeto. El camino de la inclusión supone así alejarse de todas aquellas posiciones utópicas opuestas a las orientadas hacia un futuro democrático desde la radicalización del mismo, bien sea a partir de postulados de la razón académica, de un particularismo fragmentador, de considerar la enfermedad como el único fundamento del orden, entre otros. La educación inclusiva debe ser concebida no sólo como una cuestión de acceso a los centros o a las escuelas, sino funciona como un conjunto de principios y prácticas que impulsan un cambio estructural en el sistema educativo, dotándolo de una flexibilidad tal que le permita orientar y garantizar tanto la igualdad de acceso de todos y cada uno de los alumnos, como el éxito en los aprendizajes de todos ellos. No se trata, por tanto, en este paradigma educativo, de un modo de responder mejor a las necesidades de determinados grupos de alumnos o de alumnos con ciertas características (discapacidad, pertenencia a una minoría, carencias), sino de construir un camino donde los propios alumnos y sus familias puedan aportar una visión educativa más amplia, con la institucionalidad educativa tal que el conjunto de las diferencias entre ambos se transforme, enriqueciéndose recíprocamente, en un elemento sustantivo del proceso educativo.

En el siglo XXI, los sistemas educativos se ven inmersos en procesos de transformación de legislaciones que apoyan la inclusión. En un primer momento, las administraciones públicas han de trabajar para conseguir un marco legislativo que no solo apoye la inclusión de todas las personas en las escuelas, sino que también promueva la creación de centros más inclusivos en los que cada alumnado reciba una atención más acorde a sus necesidades en un entorno que fomente la igualdad educativa. Con el fin de poder dar respuesta a esta situación, el profesorado necesita adquirir una serie de didácticas específicas que estén basadas en la diversidad de las personas, actividades para realizar un diagnóstico adecuado de las necesidades de todo el alumnado con el fin de poder organizar el currículum escolar de manera más efectiva y modos para evaluar dichas competencias. La educación moral ha sido una de las grandes olvidadas desde la llegada de la escuela denominada igualitaria en la que se priorizan los aprendizajes académicos. Lejos de lo que se piensa desde la sociedad, priorizar este punto no significa que el alumnado se vaya a educar de manera más integral. De este modo, orientamos nuestra enseñanza hacia la formación con valores de un conjunto de personas más que en el saber hacer de cada una de ellas para que aporte dentro de la sociedad. Es por ello que no debemos obviar el aprendizaje emocional y moral para dar respuesta a una educación verdaderamente inclusiva. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que una de las principales barreras para lograr el objetivo del acceso, la participación y el éxito del conjunto del alumnado radica en las aptitudes y actitudes profesionales.

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Educación, Consejo Nacional de. (abril de 2019). Plan Estrategico del Sector Educación 2018-2030.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Queremos que nos tengan en cuenta: Incorporar a niñas y niños en la toma de decisiones que afectan sus vidas, UNICEF, Nueva York, 2013

Naciones Unidas, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 35 de la Convención, Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CRPD/C/ESP/CO/1, Naciones Unidas, España, 19 de octubre de 2011.

UNESCO. (2009). Directrices sobre políticas de inclusión en educación. UNESCO.

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Logros, desafíos y recomendaciones de la política educativa para la inclusión educativa en América Latina.

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Logros, desafíos y recomendaciones de la política educativa para la inclusión educativa en América Latina.

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Las sociedades actuales han evolucionado considerablemente en materia de inclusión y la educación, como uno de los responsables del desarrollo de los individuos, no ha sido ajena a estos cambios. La inclusión educativa forma parte de la diversidad. Dicho concepto se extiende más allá de las aulas, incorporando aspectos como el currículo, los espacios, las metodologías y, por supuesto, el alumnado. A lo largo de la historia de la educación, la diversidad se ha considerado un problema, pero en esencia posee un gran valor. Los centros educativos deberían tomarla como fuente de aprendizaje mediante la motivación y el reconocimiento de que cada estudiante es diferente y posee capacidades para progresar. Pero para abordar con seriedad una cuestión de tal magnitud, se necesita ir mucho más allá de su simple postura individual, y mucho más allá también del marco tradicional de la educación. No basta con realizar un informe, por detallado que sea, ni con proponer "fórmulas de actuación", por buenos que sean sus principios. Hace falta una verdadera toma de conciencia social que vertebre las propuestas con lazos de adhesión y compromiso, conformando una verdadera opción pedagógica. Es necesario sobrepasar el ámbito de la escuela y tomar las medidas que proceden no sólo desde diversas instituciones que nos rodean, sino también a título de sociedad global.

Diversos autores coinciden en que escasas realidades humanas, dentro de tan dispares áreas del conocimiento como la política, la economía, la cultura o la educación, han cambiado tanto como la noción misma de la diversidad. Así, en el ámbito educativo, dicha complejidad se ha traducido en la paulatina pero ininterrumpida necesidad de repensar los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje y los entresijos de la organización escolar para dar respuesta a la diversidad del alumnado que demanda la escuela. De este modo, resulta interesante para el ámbito educativo analizar en qué consiste la inclusión educativa como forma específica de entender y actuar en pro de la diversidad. Kershner propone el desarrollo de un enfoque que conciba la diversidad y la inclusión en términos de oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo de todos los estudiantes. Se trata de construir un enfoque centrado en los estudiantes, no en las características de los propios estudiantes, y de buscar soluciones pedagógicas sostenibles frente a las capacidades y necesidades más diversas, lejos de la búsqueda de soluciones curriculares específicas para las diferentes dificultades. Según escuelas inclusivas, una escuela realmente inclusiva lo es para todo el alumnado, sin condiciones previas, donde todos los alumnos tienen acceso a un currículo común en un marco de aprendizaje personalizado, siendo los alumnos con necesidades especiales una parte del todo. Se trata de un término multidimensional construido a partir de la sociología y la equidad, aterrizando en un conjunto de estrategias centradas en los estudiantes para que logren el éxito.

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Infografía lluvia de ideas kawaii tierno morado

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Blanco, R. (2014). Inclusión educativa en América Latina: caminos recorridos y por recorrer. En Marchesi, A., Blanco, R. y Hernández, L. (Coords.). Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica (pp. 11

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Política en Inclusión Educativa en México

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Política en Inclusión Educativa en México

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México inició desde febrero de 2013 una profunda renovación del sistema educativo nacional. La Reforma Educativa estableció como mandato que la educación que imparta el Estado sea de calidad, de tal manera que “los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.” La Reforma Educativa reconoció igualmente que es obligación constitucional proporcionar una educación que conjugue calidad con equidad, ambas prioridades fundamentales e inseparables de la política y la acción educativa. Al respecto, se entiende que una educación no puede ser de calidad si no logra que todos los alumnos, y no sólo parte de ellos, adquieran las competencias necesarias para integrarse y participar activamente en la sociedad. Así, si el sistema educativo no es capaz de asegurar este propósito, las desigualdades educativas actuarán como mecanismo reproductor de las desigualdades sociales. Un sistema educativo justo e incluyente constituye una de las palancas más eficaces para la transformación de la sociedad. El objetivo es claro: convertir progresivamente el actual Sistema Educativo Nacional caracterizado por ser estandarizado, centralizado, poco flexible, inequitativo y fragmentado, en un sistema inclusivo, flexible y pertinente que favorezca el acceso, avance, permanencia, aprendizaje, participación y conclusión de los estudios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país, en su amplia diversidad, en igualdad de condiciones y oportunidades.

Las políticas públicas en México y América Latina han intentado enfrentar con intensidades diversas y grados variados de éxito las causas y manifestaciones de las desigualdades educativas. Una mirada a dichas políticas en las últimas seis o siete décadas permite identificar en la región latinoamericana tres etapas, claramente delineadas según la orientación predominante de las intervenciones. Dichas políticas se han ido superponiendo en el tiempo, como una suerte de capas geológicas:

1. La fase de la expansión de las oportunidades educativas. Entre 1950 y 1980 la prioridad fue la ampliación permanente de las oportunidades educativas, sobre todo de la educación primaria y más tarde de la secundaria, que incorporó a una proporción creciente de la población.

2. Políticas compensatorias. Durante casi todos los años ochenta, en plena crisis de la deuda, disminuyó el gasto público dedicado a la educación, con el consecuente deterioro en el funcionamiento de los sistemas educativos. Al iniciar la recuperación a principios de la década de los noventa, diversos países, incluido México, adoptaron políticas y diversos tipos de programas con el fin de mejorar y dar atención prioritaria a las oportunidades educativas de los hijos de los más pobres, fortaleciendo tanto la oferta educativa (rehabilitación de las escuelas, dotación de materiales educativos y capacitación de docentes, entre otros) como los esfuerzos de remoción de las barreras que afectan la demanda.

3. Acción afirmativa y discriminación positiva. Más tarde, se abrió la opción de instrumentar intervenciones y canalizar más recursos para favorecer la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad y/o en riesgo de exclusión, convirtiéndolos en prioritarios. Entre las acciones emblemáticas de este tipo se encuentran tanto las de elevar el gasto educativo per cápita y ofrecer una educación de calidad a los hijos de los más pobres, como la de discriminar positivamente a las escuelas de peor rendimiento. De manera paralela, las preocupaciones sustantivas por la inclusión educativa y la superación de las exclusiones han experimentado una notable evolución en las últimas décadas.

Al respecto, es muy ilustrativa y reveladora la identificación de tres etapas por las que típicamente atraviesan los países para hacer frente a los problemas de exclusión y desigualdad educativa:

• En la primera etapa (segregación) destacan los esfuerzos realizados para favorecer el acceso de los excluidos (pueblos indígenas, miembros de minorías y comunidades nómadas) a la educación, pero entraña habitualmente un proceso de segregación al confinar a niñas, niños y jóvenes de esos colectivos en escuelas o programas especiales.

• En la segunda etapa (integración) se busca encarar la segregación educativa por medio de la integración. En este proceso, los grupos que se incorporan a la educación tienen que ajustarse a las condiciones prevalecientes en las escuelas, independientemente de su lengua materna, su cultura, religión o sus capacidades. Es decir, niñas y niños tienen que adaptarse a las escuelas y no éstas a los alumnos.

• En la tercera etapa (inclusión) se inicia una adaptación de la enseñanza a la diversidad de las necesidades educativas de todos los estudiantes, fruto de su procedencia social, su cultura y características individuales. Así, ya no son ellos quienes tienen que adaptarse a la escuela, sino que ésta se adapta a sus necesidades y características para garantizar el derecho igualitario de todos a la educación y a los derechos paritarios en ese ámbito.

Como puede advertirse, se trata de un cambio paradigmático trascendental. Este cambio no supone sólo incluir a los educandos en la escuela sin que nada cambie, sino que implica fundamentalmente “transformar la cultura, la organización y las prácticas educativas de las escuelas regulares para atender la diversidad de necesidades educativas del alumnado, que son el resultado de su origen social y cultural y de sus características personales en cuanto a competencias, intereses y motivaciones”.

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Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2013). Educación inclusiva, tomo III de la colección Legislar sin Discriminación. CONAPRED.

Secretaría de Educación Pública. (2018). Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica: para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. SEP.

Secretaría de Educación Pública. (n.d.) Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. SEP.

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Formación Docente para la Inclusión Educativa

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Formación Docente para la Inclusión Educativa

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Sólo una formación docente sólida y enfocada en la inclusión educativa y la diversidad puede garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para alcanzar su máximo potencial como personas.

En un mundo cada vez más diverso, la inclusión educativa se ha convertido en un imperativo moral y pedagógico. Todos los estudiantes, sin importar sus diferencias o necesidades, tienen derecho a recibir una educación de calidad en un entorno inclusivo. En este sentido, la formación docente desempeña un papel crucial para garantizar que los educadores estén preparados y capacitados para atender a la diversidad y facilitar la inclusión educativa de manera efectiva.

La formación docente es un proceso continuo y dinámico que busca desarrollar las competencias y habilidades necesarias para ejercer la profesión educativa de manera efectiva. En el contexto de la inclusión educativa, implica adquirir conocimientos, estrategias y enfoques pedagógicos que permitan abordar las necesidades individuales de los estudiantes y crear entornos educativos inclusivos.

En primer lugar, la formación docente debe proporcionar a los educadores una comprensión profunda de la diversidad de los estudiantes. Esto implica conocer y valorar las diferencias culturales, lingüísticas, socioeconómicas, de género y de habilidades de los estudiantes. Los docentes deben reconocer y respetar la diversidad como un recurso en el aula, fomentando la participación activa de todos los estudiantes y promoviendo el respeto mutuo.

Además, es fundamental que la formación docente aborde específicamente las necesidades de los estudiantes con discapacidades, dificultades de aprendizaje o altas capacidades. Los educadores deben aprender a identificar y evaluar las necesidades individuales de estos estudiantes, y adquirir las habilidades necesarias para adaptar el currículo, los materiales y las estrategias de enseñanza en función de esas necesidades. Esto implica conocer y utilizar metodologías inclusivas, estrategias de diferenciación curricular y tecnologías de asistencia que faciliten la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes.

La formación docente también debe desarrollar las habilidades de los educadores para establecer un ambiente inclusivo en el aula. Esto implica fomentar la colaboración y la cooperación entre los estudiantes, promover la comunicación efectiva y facilitar la resolución de conflictos. Los docentes deben ser capaces de crear un clima de confianza y respeto mutuo, donde todos los estudiantes se sientan valorados y seguros para expresarse y participar activamente en el proceso de aprendizaje.

Además, la formación docente debe abordar la importancia de la participación activa de las familias en el proceso educativo. Los educadores deben aprender a establecer una relación de colaboración con las familias, escuchar sus perspectivas y experiencias, e involucrarlos en la toma de decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. La colaboración entre la escuela y la familia es fundamental para crear un entorno de apoyo y comprensión que favorezca el éxito educativo de todos los estudiantes.

La formación docente no solo implica adquirir conocimientos teóricos, sino también desarrollar habilidades prácticas. Los docentes deben tener la capacidad de reflexionar sobre su práctica, evaluar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes y realizar ajustes necesarios. La formación docente debe fomentar la reflexión crítica, el trabajo colaborativo y el aprendizaje continuo, para que los educadores estén preparados para enfrentar los desafíos cambiantes de la educación inclusiva.

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Duk Homad, c. (2014). En Marchesi, A., Blanco, R. y Hernández, L. (Coords.). Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica (pp. 61-70). OEI.

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Reconocemos la apertura que en los últimos años ha tenido el gobierno, en materia legislativa, en torno al tema de la inclusión e igualdad de derechos para los habitantes del pueblo mexicano. Algunos casos en concreto son la creación de leyes para prevenir y eliminar la discriminación, para la inclusión de las personas con discapacidad, para la igualdad entre mujeres y hombres; así como la creación de sistemas, consejos, programas instituciones, acciones educativas, fallos judiciales, mecanismos de protección, encuestas, campañas, estudios y muchas otras acciones para prevenir y eliminar la discriminación. Pero, no se ha logrado revertir el sistema de desigualdad de trato y de distinción en el ejercicio de derechos y libertades. Es probable que esto se deba a la fragmentación de los esfuerzos así como a la falta de coherencia y de sistematicidad con que las distintas instituciones responsables han conducido la política antidiscriminatoria.

En materia educativa se han realizado "constantes" actualizaciones a la Ley General de Educación, incluyendo la que se ha iniciado recientemente con motivo de la aprobación de la Reforma Educativa por parte del Congreso de la Unión, y a partir de 2006 la creación de programas compensatorios y de intervención dirigidos a grupos indígenas tendientes a una política de equidad y cohesión social. Sin embargo, el porcentaje de personas que ingresan a la educación no ha sido significativo, dato que nos lleva a preguntarnos si todas estas políticas están bien diseñadas, si son correctamente resignificadas en su puesta en marcha o qué está fallando.

Con respecto a la asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo del enfoque inclusivo en la escuela, resulta indispensable reflexionar cuánto se ha avanzado en la formación inicial de los docentes y la formación en servicio. En la formación inicial se requiere docentes de educación básica con una mirada inclusiva.

Son los docentes de la educación básica regular los llamados a contribuir significativamente a una educación democrática e inclusiva. Durante muchos años se ha pensado que es la Educación Básica Especial la que debe esforzarse para lograr la inclusión, “forzando” a la Educación Básica Regular a que acepte a los estudiantes con habilidades diferentes. Por el contrario, son los docentes de esta última los llamados a acoger e incluir a los niños, niñas y adolescentes con habilidades diferentes. El énfasis, por lo tanto, debe colocarse en la formación de los futuros docentes de la Educación Básica Regular y en los docentes que ya están en ejercicio. Esto, sin dejar de redoblar esfuerzos en la formación y capacitación de los profesionales en la multiplicación del número de ellos y en la descentralización.

La educación inclusiva es para todos los estudiantes en el aula y no solo para las personas con discapacidad o con habilidades diferentes. Hoy existen en el mundo pocos regímenes políticos que no respeten y que no aspiren a vivir en una sociedad democrática. Se puede afirmar que hoy en día la democracia es un valor compartido por las mayorías, es una forma de vida y es una aspiración. Si bien, en ocasiones, es criticada su imperfección, es hasta el momento un deseo y una necesidad defendida permanentemente. Decimos que es una sociedad democrática, aquella que nos incluye, no se trata de mayorías y minorías, pues la democracia es para todos, sino que se trata de dar oportunidades que se ajusten a las necesidades, características, potencial e intereses de los estudiantes para que todos puedan desarrollar su máximo potencial y se sientan incluidos en sus derechos y deberes.

No se concibe una escuela que excluya, una escuela que discrimine; no existen justificaciones para tales actitudes, porque no solo es un tema de derecho, sino un principio de humanidad. Todos somos humanos, defendemos tal condición y consideramos que no hay argumento que pueda sostenerse cuando se excluye o discrimina a cualquier persona. La esencia de la educación es la construcción de la autonomía personal, lo que implica reconocerse y reconocer a todos como personas humanas, sin ninguna excepción a este principio fundamental de la educación. Estas reflexiones nos llevan a preguntarnos cómo es nuestra escuela, y si ejerce y defiende la democracia; si nuestras actitudes son democráticas o no; o si nuestro ejercicio profesional es un reflejo de nuestras convicciones democráticas. Cuando se piensa en una educación democrática, se piensa en una educación inclusiva, que no excluye y no discrimina, que es consustancial al acto de educar, y naturalmente, que es un derecho para todos. En ese orden de cosas, la educación inclusiva es un modelo que implica que en toda aula el profesor respete la diferencia, las necesidades y los retos de cada uno de sus estudiantes, y que los prepare para la vida. Este modelo es distinto al que se tenía antes, que consistía únicamente en la inclusión de personas con habilidades diferentes. La educación inclusiva mejora la calidad educativa del conjunto del alumnado. Todos se benefician en una comunidad educativa inclusiva.

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Blanco, R. (2014). Inclusión educativa en América Latina: caminos recorridos y por recorrer. En Marchesi, A., Blanco, R. y Hernández, L. (Coords.). Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica (pp. 11-

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2013). Educación inclusiva, tomo III de la colección Legislar sin Discriminación. CONAPRED.

Duk Homad, c. (2014). En Marchesi, A., Blanco, R. y Hernández, L. (Coords.). Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica (pp. 61-70). OEI.

Secretaría de Educación Pública. (2018). Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica: para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. SEP.

Secretaría de Educación Pública. (n.d.) Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. SEP.

UNESCO. (2009). Directrices sobre políticas de inclusión en educación. UNESCO.

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No se concibe una escuela que excluye, una escuela que discrimine; no existe justificaciones para tales actitudes, porque no solo es un tema de derecho, sino un principio de humanidad.