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La verdad bajo la tierra, Guatemala el genocidio silenciado.

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Sepur Zarco fue el primer caso de violencia sexual relacionada con el conflicto impugnado en virtud del código penal de Guatemala. También fue la primera vez que un tribunal nacional en cualquier parte del mundo se pronuncia sobre acusaciones de esclavitud sexual durante un conflicto armado, que es un delito tipificado por el derecho internacional. En esta sentencia pionera, el tribunal guatemalteco señaló que la violencia sexual contra las indígenas maya q’eqchi’ formó parte de una estrategia deliberada por parte del ejército de Guatemala.

En una reciente entrevista con ONU Mujeres, la jueza Barrios Aguilar habló sobre la importante función que desempeñan los actores del sector de la justicia con miras a asegurar la paz, al afirmar que está “convencida de que se puede lograr la paz mediante la justicia. Como juezas y jueces, tenemos que ser agentes de cambio dentro de nuestras sociedades”.

Las sobrevivientes de Sepur Zarco fueron asistidas por la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad (UNAMG-MTM-ECAP) para radicar la demanda y hacer valer sus derechos. ONU Mujeres se asoció con la Alianza y con otras defensoras de los derechos humanos de las mujeres y con actores nacionales e internacionales, incluida la Procuradora General de la República y organismos de las Naciones Unidas, en apoyo a las sobrevivientes en su lucha en favor de la verdad, la justicia y la reparación.

Aguilar, presidenta del Tribunal “A” de Mayor Riesgo de Guatemala, anunció el veredicto mediante el cual las 11 mujeres q’eqchi’ sobrevivientes finalmente recibirían justicia. El tribunal condenó a dos exoficiales militares de crímenes de lesa humanidad por delitos de violación, asesinato y esclavitud en Sepur Zarco. Esteelmer Reyes Girón y Heriberto Valdez Asij recibieron una condena de 120 años y 240 años de cárcel, respectivamente. Lo que es más importante, el Tribunal resolvió, además, que se concedieran reparaciones a las Abuelas de Sepur Zarco y a sus comunidades en su conjunto.

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La Revolución de Guatemala de 1944, conocida también como Revolución de Octubre, fue un movimiento cívico-militar ocurrido en Guatemala el 20 de octubre de 1944,1​ efectuado por militares, estudiantes y trabajadores, que derrocó al Gobierno de facto de Federico Ponce Vaides,2​ dio lugar a las primeras elecciones libres en ese país, e inauguró un período de diez años de modernización del Estado en beneficio de las mayorías de clase trabajadora. Esta situación provocó el fin del régimen instaurado tras la Revolución liberal de 1871. La historiografía posterior ha denominado a dicho período como los «Diez años de primavera» o la «Edad de oro» de Guatemala, y actualmente el 20 de octubre es una fiesta nacional en ese país centroamericano, conmemorada como el Día de la Revolución de 1944.3​4​

Tras la serie de descontentos de muchos sectores de la población guatemalteca con el gobierno de Jorge Ubico, este se vio obligado a renunciar el 1 de julio de 1944, dejando en su lugar a un triunvirato militar conformado por los generales Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Vaides. El triunvirato debía convocar a elecciones, lo cual aprovecharon los activistas civiles que se habían movilizado para derrocar el Gobierno de Ubico, muchos se inclinaban porque se designara como presidente interino al Dr. Carlos Federico Mora, reconocido profesional universitario.5​ Al momento de que los diputados estaban discutiendo el tema, irrumpieron en el recinto legislativo un contingente de soldados enviados por Ponce al mando del coronel Alfredo Castañeda ordenaron a todos los presentes abandonar el recinto parlamentario, los diputados por la presión de los militares, en sesión cerrada nombraron a Ponce como presidente, el 4 de julio de 1944.5​ A los pocos días de haber llegado al poder, Ponce obligó a un numeroso grupo de indígenas traídos del interior del país a desfilar con garrotes para intimidar a la población civil.5​ Desde la irrupción del ejército en la Asamblea Legislativa Árbenz Guzmán, al darse cuenta de las intenciones de Ponce, pidió su baja inmediata como militar y se dedicó junto a su amigo Jorge Toriello Garrido a conspirar contra el Gobierno de Ponce. Árbenz junto a su amigo Jorge Toriello contactaron al mayor Francisco Javier Arana, quién puso a su disposición los 14 tanques de combate que disponía el ejército guatemalteco.. Entre la medianoche del 19 y el mediodía del 20 de octubre, universitarios, militares y trabajadores tras varias horas de lucha en las calles y cuarteles de la ciudad logran dominar la situación, los líderes de la revolución pusieron ultimátum al Gobierno de Ponce Vaides, el 20 de octubre a medio día se izó la bandera blanca de rendición en el Palacio Nacional. Tras la rendición del gobierno se formó la junta de gobierno, integrada por los militares Jacobo Árbenz, y Francisco Javier Arana además del civil Jorge Toriello.

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El conflicto armado interno y el proceso de paz El conflicto armado interno y el proceso de paz
mientras que grupos de poder económico y político cuestionaban la legitimidad y el carácter
vinculante de dichos acuerdos.
La comunidad internacional apoyó las negociaciones y la implementación de los acuerdos a
través de la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) que estuvo presente
en el país por 10 años (1994-2004).15 Algunos elementos de los acuerdos se cumplieron, como
la desmovilización de los grupos armados, algunas reformas legales y la modernización de las
instituciones estatales. Sin embargo, en temas sustantivos como la reforma agraria, la superación
de la pobreza, la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de la justicia
se logró muy poco. La paz no trajo los cambios esperados por muchos sectores. Las élites y los
grupos de poder mantuvieron sus privilegios y la desigualdad se profundizó en el post conflicto.
1.1 Las reparaciones en los acuerdos de paz
En los Acuerdos de Paz el Estado asumió compromisos específicos para reparar a las víctimas,
los cuales están contenidos en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo para el
Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, y el Acuerdo
sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.16
“Es un deber humanitario resarcir y/o asistir a las víctimas de violaciones a los derechos
humanos. Dicho resarcimiento o asistencia se hará efectivo a través de medidas y
programas gubernamentales de carácter civil y socioeconómico, dirigidos en forma
prioritaria a quienes más lo requieran, dada su condición económica y social”.17
“En el caso particular del abandono de tierras a causa del enfrentamiento armado, el
Gobierno promoverá la devolución de las tierras a los poseedores originarios y/o buscará
soluciones compensatorias adecuadas “.18
“Toda violación a un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima a obtener
reparación e impone al Estado el deber de reparar”.19
Asimismo, la Ley de Reconciliación Nacional señala que la Secretaría de la Paz (SEPAZ) hará efectivo
el resarcimiento a través de programas para las víctimas del enfrentamiento armado interno.20
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico también recomendó crear y poner en marcha,
15 Para mayores referencias sobre la labor de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
(MINUGUA) consultar: Asamblea General de la ONU, Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala,
Informe final del Secretario General No. A/59/746, marzo de 2005.
16 Secretaria de la Paz Presidencia de la República (SEPAZ), Compendio de los acuerdos de paz de Guatemala.
Disponible en https://www.sepaz.gob.gt/images/Descargas/Acuerdos-de-Paz.pdf
17 Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, Numeral 8. Suscrito por el Gobierno de Guatemala y la URNG, Ciudad
de México 29 de marzo de 1994.
18 Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, Punto 9,
Capitulo 2. Suscrito por el Gobierno de Guatemala y la URNG, Oslo, Noruega, 17 junio de 1994.
19 Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la vida Legal. Numeral 19. Suscrito por el Gobierno de
Guatemala y la URNG, Madrid, España, 12 diciembre de 1996.
20 Ley de Reconciliación Nacional, Decreto 145-96 del Congreso de la República.
La población que sobrevivió y permaneció en sus comunidades fue sometida al control y vigilancia
del Ejército. El Ejército forzó a los hombres de las comunidades a formar Patrullas de Autodefensa
Civil (PAC) y utilizó una red de comisionados militares para vigilar y controlar a sus propios vecinos.
Esto provocó profundas divisiones en las comunidades debido a que muchos comisionados y
patrulleros civiles cometieron abusos y crímenes contra los pobladores.10
Tanto en la capital como en las demás ciudades del país la violencia fue selectiva. Las fuerzas
de seguridad cometieron múltiples desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de
líderes políticos y sociales, estudiantes, sindicalistas y cualquier persona que cuestionara el
régimen dictatorial. Mientras los medios de comunicación apenas informaban sobre esto hechos,
la población de las ciudades vivía atemorizada y prácticamente desconocía la magnitud de los
crímenes que se estaban cometiendo contra los indígenas en las zonas rurales.11
La intensidad del enfrentamiento armado comenzó a disminuir en 1984 cuando los militares
iniciaron un proceso de transición para ceder el poder político a los civiles. Como parte de
este proceso, en 1985 se emitió una nueva Constitución y se llevaron a cabo elecciones con
observación internacional. En 1986 la presidencia fue asumida por un civil, Vinicio Cerezo,12 y se
instaló el Congreso con representatividad multipartidaria. Más que una respuesta a las demandas
de los sectores sociales, esta relativa apertura democrática obedeció a una decisión estratégica
militar para retraerse de las funciones administrativas y concentrarse en ganar la guerra, bajo un
obediente gobierno civil.13
En 1990 el Gobierno empezó a negociar un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros, agrupados
en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Las negociaciones se extendieron
por seis años debido a varios tropiezos políticos, hasta que finalmente se firmó la paz en diciembre
de 1996. En el proceso de negociación se firmaron 12 acuerdos sobre temas sustantivos para la
transformación del país, entre otros, los relacionados con el respeto a los derechos humanos,
particularmente aquellos de contenido socioeconómico; la resolución de la problemática agraria y
el desarrollo rural, la reforma del Estado, los derechos de los pueblos indígenas, la reforma militar
y la creación de una nueva policía, así como la instalación de la comisión de la verdad.14
Durante el proceso de negociación se realizaron consultas con diferentes sectores sociales:
empresarios, iglesias, organizaciones no gubernamentales, así como agrupaciones indígenas
y mujeres; sin embargo, la voz de las víctimas no fue tomada en cuenta. Para muchos sectores
los Acuerdos de Paz representaban una agenda para la transformación y desarrollo del país,

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En el marco de una guerra civil que duró 36 años y que dejó más de 200.000 muertos, Guatemala sufrió un golpe de Estado encabezado por el general Efraín Ríos Montt que recrudeció bestialmente la violencia.

Entre 1982 y 1983, 1771 indígenas de la etnia maya ixil fueron asesinados a manos de las Fuerzas Armadas con una intención de exterminio, según el fallo del pasado 27 de septiembre de un Tribunal de Mayor Riesgo, que concluyó que la masacre constituyó un genocidio y que las atrocidades a las que fue sometida esa comunidad se consideran crímenes de lesa humanidad.

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos acogió con beneplácito la sentencia y afirmó que sienta un precedente histórico para la justicia transicional en Guatemala, la región y el mundo.

"Celebramos este avance importante en la búsqueda de la verdad, la lucha contra la impunidad y la recuperación de la memoria histórica de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno", dijeron los relatores en un comunicado conjunto.

La sentencia estableció que el ejército guatemalteco utilizó las técnicas más brutales de violencia contra la población civil, incluyendo asesinatos, torturas y tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y desplazamiento forzado, causando la destrucción física parcial de la población Ixil.

El tribunal confirmó lo que había sido resuelto el 10 de mayo de 2013 por un tribunal de primera instancia que había condenado al exjefe de Estado de facto José Efraín Ríos Montt por los mismos delitos, y absolvió a su ex jefe de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez. Dicha decisión fue posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional por supuestos errores de procedimiento.

El juicio se reanudó en 2017, pero la muerte de Ríos Montt en abril de 2018 extinguió el proceso penal en su contra. El juicio contra el exjefe del Servicio de Inteligencia Militar continuó y concluyó con su absolución por mayoría de votos en la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2018 y leída y entregada el 18 de octubre.