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Existen instituciones que prestan sus servicios para incorporar seguridad y garantía de los derechos del trabajador en caso de que estos sean vulnerados dentro de la institución donde se está contratado.

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El trabajador y las organizaciones sindicales pueden presentar sus denuncias por vulneración de derechos fundamentales en la Inspección del trabajo (denuncia administrativa) o directamente en Tribunales de Justicia (denuncia judicial).

La Inspección del Trabajo citará a los involucrados a una mediación con el objeto de buscar medidas de reparación y así restablecer el derecho vulnerado. En caso de no llegar a acuerdo entre las partes en la mediación, la Inspección interpondrá la denuncia correspondiente ante el tribunal competente, acompañando el informe de fiscalización correspondiente, a fin de que sea el órgano jurisdiccional quien conozca y resuelva el conflicto.

Si la denuncia es puesta directamente en los Tribunales de Justicia (Juzgados del Trabajo) deberá hacerlo por escrito, con patrocinio de abogado, dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde que se produjo la vulneración del derecho o garantía que se alega.

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Se vulnera el derecho de los trabajadores, que, básicamente, son aquellos derechos y libertades que posee como persona, por el solo hecho de ser tal, y que se encuentran reconocidos y garantizados por la Constitución y las leyes respectivas, y deben ser respetados por el empleador en el ámbito de la relación laboral.

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Todo trabajador es persona, por lo tanto, es titular de derechos fundamentales al interior de la empresa. En esta calidad, el trabajador o la trabajadora podrá recurrir a los Juzgados del Trabajo cuando considere afectados uno o más de los derechos consignados en la legislación laboral chilena.

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Porque el empleador toma medidas que pasa por alto los derechos fundamentales del trabajador sin justificación suficiente, de forma injusta y sin respeto hacia el empleado.

Por ejemplo, en este caso, en el tiempo de la pandemia en las mayorías de las comunas se iban a cerrar las tiendas H&M por cuestión de crisis sanitarias, por lo tanto, los empleadores tomaron la injusta decisión de obligar a los trabajadores a firmar un pacto de suspensión de relación laboral, y los que no estaban de acuerdo los amenazaban con que no iban a contar con seguros de cesantía ni con sus debidas remuneraciones.

Hay ciertas falencias dentro de la empresa, la mayoría de las comunas no estaban con problemas de crisis sanitaria por lo tanto sí se podía trabajar normalmente, pero la empresa tomó dichas acciones injustas hacia los trabajadores quitándoles la libertad de elegir sobre firmar o no ese trato, además amenazaban con que no les iban a pagar por todo lo trabajado en el mes si estos se negaban.

Entonces todo derecho del trabajador fue reprimido partiendo por el simple hecho de anular la libertad de elección del empleado.

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Sí, en el caso descrito en la noticia si existe una controversia entre el derecho humano al trabajo y otros derechos humanos, en este caso en especifico el derecho a la libertad de trabajo y el derecho a condiciones laborales justas y equitativas.

En primer lugar, el sindicato de trabajadores argumenta que la empresa H&M está vulnerando el derecho de los trabajadores a la libertad de trabajo al hostigarlos para que firmen acuerdos de suspensión de la relación laboral, limitando así su capacidad de decisión y su libertad para elegir trabajar en condiciones que consideren adecuadas.

En segundo lugar, se refleja vulneración del derecho a condiciones laborales justas y equitativas. Los trabajadores argumentan que la empresa está presionando y hostigando a su personal para que firmen los acuerdos de suspensión de manera obligatoria, sin brindarles la opción de elegir libremente, lo que produce que las condiciones laborales sean desfavorables y ademas a una situación de desigualdad entre empleador y trabajador.

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Para finalizar podemos concluir que la noticia relata la denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores de H&M ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, acusando a la empresa de hostigar a sus empleados para que firmen acuerdos de suspensión de la relación laboral con el fin de acceder a los beneficios de la Ley de Protección del Empleo. Esta ley permite tres opciones para enfrentar la crisis sanitaria: suspensión de la relación laboral por acto de autoridad, acuerdos de suspensión de la relación laboral y reducción de la jornada laboral. Para las dos últimas, se requiere el acuerdo del trabajador.

El sindicato argumenta que los cierres de tiendas de H&M no se debieron a una orden de cuarentena, sino a un acuerdo entre la Cámara de Centros Comerciales y el Ministerio de Economía. Por lo tanto, la empresa debía negociar la suspensión con los trabajadores. Sin embargo, H&M habría impuesto la obligatoriedad de firmar los acuerdos, amenazando con no pagar salarios ni permitir el acceso a fondos de cesantía si no se firmaban.

La demanda destaca que algunas tiendas cerradas no estaban ubicadas en comunas con restricciones de cuarentena, cuestionando así la legalidad de la imposición de H&M. El sindicato solicita a la justicia que obligue a la empresa a respetar los derechos de los trabajadores, cesando cualquier presión u hostigamiento y garantizando que los acuerdos sean firmados libremente y con pleno conocimiento de los derechos.