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El desempleo juvenil es un fenómeno que afecta gravemente a los jóvenes, llevándolos a enfrentar no solo dificultades económicas, sino también frustración y pérdida de oportunidades educativas y sociales. La falta de empleo limita su desarrollo personal y profesional, y contribuye a la desintegración social.

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Grupo: Jóvenes (hombres y mujeres de entre 18 y 28 años)

Derechos constitucionales vulnerados:

Artículo 11: Derecho a la vida.

Artículo 13: Derecho a la igualdad y no discriminación.

Artículo 25: Derecho al trabajo.

Artículo 26: Derecho a la educación.

Artículo 44: Derechos de los niños y adolescentes.

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"Defendamos juntos la igualdad de oportunidades en el empleo juvenil, el primer paso hacia una sociedad más equitativa."

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Mecanismo constitucional de protección de derechos más adecuado:

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Mecanismo constitucional de protección de derechos más adecuado:

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Acción de tutela: Esta acción puede ser adecuada para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de los jóvenes que se ven afectados por la falta de oportunidades laborales. Se puede utilizar para reclamar el acceso a programas de empleo, educación y capacitación.

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"La acción ciudadana es clave: impulsemos políticas que aseguren el acceso de los jóvenes al mercado laboral."

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Fomentar programas de capacitación laboral y educación técnica.

Crear alianzas entre empresas y universidades para facilitar prácticas profesionales.

Impulsar políticas públicas que promuevan el empleo juvenil y la inclusión laboral.

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¿Qué mecanismo de protección de derecho podría aplicar en la problemática seleccionada?

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¿Qué mecanismo de protección de derecho podría aplicar en la problemática seleccionada?

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Para la problemática del desempleo juvenil, el mecanismo de protección de derechos más adecuado podría ser:

La Acción de Tutela

Este mecanismo constitucional protege los derechos fundamentales y es útil en situaciones en las que una persona o grupo se ve afectado de manera urgente y directa, como es el caso de los jóvenes en situación de desempleo que enfrentan vulneración en sus derechos a la igualdad (Art. 13), al trabajo (Art. 25), y a la educación (Art. 26). La acción de tutela permitiría, en situaciones específicas, reclamar el acceso a programas estatales de empleo, capacitación, y a políticas de inclusión laboral juvenil que garanticen estos derechos, promoviendo así una respuesta rápida y efectiva.