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La autoridad tradicional, o patriarcal, la autoridad racional o legal y la autoridad carismática.

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Importancia de la Autoridad Una persona con autoridad, influye en la actividad o comportamiento de otro individuo o de un grupo, pero se debe emplear sin excesos y atropellos contra los subordinados. Características de la Autoridad 2. Los subordinados aceptan la autoridad. Los

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Hay dos posiciones básicas en torno a la naturaleza del estado la primera deriva de la teoría pluralista y la segunda es sustentada por la teoría marxista

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Hobbes
Superar la naturaleza humana
En la teoría de Hobbes, se concibe al ser humano como un innato portador de necesidades y
deseos; el poder se materializa en el sujeto a través de los medios disponibles capaces de materializarlos.
Hobbes, en realidad, no sostuvo que su legendario “estado de naturaleza” existiera como estado histórico particular, sino que debe existir en cualquier lugar o tiempo en los que no funcione la sociedad civil. En este estado virtual de naturaleza, reina la guerra de “todos contra todos”, y en él no existe una noción institucionalizada del “bien y el mal”.
La competencia, la desconfianza y la gloria serían las tres principales causas de discordia entre los hombres abandonados a su naturaleza. Desde Hobbes, el concepto de poder superior radicaría en la posibilidad que tiene la sociedad civil para superar el estado de guerra de todos contra todos y entrar en algún tipo de organización moderna.
Bajo el punto de vista de Hobbes, el poder se organizaría para impedir que la naturaleza humana desborde los límites y reglas que la sociedad ha asumido. El estado en el papel de Leviatán que Hobbes le atribuye canaliza el lado violento de la sociedad para actuar en contra de la esencia de la naturaleza humana. En el estado de naturaleza no hay cabida para los conceptos de justicia o derecho, ya que no existe la sociedad civil capaz de fijar unos cánones. El altruismo básico no bastaría para garantizar la vida y los bienes de una sociedad civil; el Leviatán debe erigirse en el poder que defina el marco de justicia y legalidad y monopolice la violencia.

Montesquieu
Neutralizar el poder
Con anterioridad a Montesquieu (1689–1755), las relaciones entre individuo y estado habían sido consideradas a la luz del derecho natural. El estado era tenido por una creación arbitraria de la razón surgida de la necesidad de establecer un pacto que liquidara una primitiva situación de violencia y caos entre individuos. En El espíritu de las Leyes, Montesquieu elabora una física de las sociedades humanas. Creía que no hay casualidades o arbitrariedades sin fundamento, sino que las leyes proceden de la naturaleza de las cosas y de las relaciones sociales, que explican y son explicadas por las formas de gobierno y grados de liberta de cada país.
Cuando el ideal político que se persigue, como él lo concebía en los comienzos del XVIII, era la máxima libertad con la necesaria autoridad política, el análisis pragmático de la realidad le condujo a considerar imprescindible la separación de poderes –legislativo, ejecutivo, judicial– como una obvia herramienta de control que ninguna democracia posterior ha podido descalificar.

Nietzsche
El poder transformador
La manera más positiva de entender la “voluntad de poder” que proponía Nietzsche es asumiendo que solo un impulso mesiánico puede transformar la vida y el mundo. Solo aquella voluntad, sin origen conocido, que obliga al ser humano a reunir fuerzas y dirigirse hacia nuevos espacios es capaz de transformar la vida. De hecho, la vida progresa a golpes de poder de seres que asumen su predestinación para llevar a cabo esa tarea. Nietzsche, de forma no explícita, nos lleva a pensar que no todo poder tiene objetivos y resultados positivos para la vida, pero todos los saltos adelante que ha dado nuestra vida los ha dado el ejercicio de un poder asumido por hombres o mujeres con voluntad transformadora.
La filosofía de Nietzsche proclama la libertad y capacidad creativa del individuo. Ahí está el poder. La voluntad de poder transforma el mundo, cambia al que la ejerce y cambia a aquellos que viven y vivirán en esos mundos. Nietzsche identifica tres modalidades de poder; nos habla de la figura del camello que encarna la resistencia y la perseverancia; el poder del león, altivo, conquistador que fija límites a los demás; la tercera figura, encarnada en el niño, el poder de la curiosidad y la inocencia; el poder que construye castillos en la arena, y cuando las olas los derrumban, vuelve a construirlos, expresa el poder de la creación.

Foucault
El universo del poder
El filósofo francés hizo un profundo análisis del poder en el que su primera preocupación fue formular una noción de poder que no se limitara a lo estatal, sino que explicara la multiplicidad de poderes que conocemos en la escena social. Habla de una trama de poder microscópico, capilar, compuesto por el conjunto de pequeños poderes radicados en centros e instituciones igualmente pequeños.
Foucault ve múltiples relaciones de autoridad; son micropoderes que se apoyan mutuamente, se manifiestan de manera discreta y componen un equilibrio que sustenta a otras estructuras de la sociedad. De forma subyacente hay una relación de autoridad y dependencia entre marido y mujer o entre padres e hijos o, incluso, entre maestros y alumnos. Estas relaciones, sin embargo, son condicionantes para que exista el poder soberano, son el substrato del mismo.
El poder se construye y funciona a partir de otros poderes, de los efectos de estos, independientes del proceso económico. Las relaciones de poder están estrechamente ligadas a las relaciones familiares, sexuales, productivas; desarrollan un papel condicionante y al mismo tiempo condicionado.
“El poder no es un fenómeno de dominación masiva y homogénea de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre otros, de una clase sobre otras; el poder contemplado desde cerca no es algo dividido entre quienes lo poseen y los que no lo tienen y lo soportan. El poder tiene que ser analizado como algo que solo funciona en cadena. El poder funciona, se ejercita, a través de una organización reticular. Y en sus redes circulan los individuos que están siempre en situaciones de sufrir o ejercitar ese poder”.
Foucault percibía que el poder estatal era el más imponente, pero su meta fue revelar todos los restantes poderes que conviven con él.

Weber
Diferentes tipos de legitimidad
Weber distinguió tres modos en que los líderes políticos a lo largo de la historia han convencido a los ciudadanos de que acepten su autoridad como legítima:
■ Legitimidad tradicional: se fundamenta en la creencia de la santidad de las tradiciones inmemoriales, de las que son ejemplo las monarquías centenarias.
■ Legitimidad racional-legal: se basa en la creencia de la legalidad de las reglas y el derecho que emanan de los organismos sociales.
■ Legitimidad carismática: descansa en la devoción a un líder persuasivo por su heroicidad o ejemplaridad percibido como diferente del común de los mortales y dotado de cualidades sobrehumanas. Así se han creado las legitimidades de Mao, Napoleón, Lenin, Mussolini, Perón
o Castro, pero también de Roosevelt,
Churchill, De Gaulle o Mandela.
En definitiva, Weber señalaba que, si los ciudadanos creen que los regímenes son legítimos, lo son. Aún no se ha sofocado el incendio de críticas que le vinieron encima…

Platón
Ante una crisis de la democracia, ¿volvemos a Platón?
Algunos colectivos de nuestras sociedades se manifiestan desencantados con el procedimiento democrático; por déficit de representatividad y ausencia del debate necesario. A otros, la insatisfacción les llega por la ineficacia que creen ver en el sistema.
En ese descontento vuelven a la actualidad las tres fallas que Platón encontraba en un sistema que pretendiera dar el poder al pueblo: desorden, demagogia y fragilidad.
La primera, el desorden: la atracción por la libertad y la igualdad conducen al caos. Que “cada uno pueda arreglar su vida como quiera, según su impulso”, hace insostenible la vida. Rechazar toda jerarquía en nombre de la igualdad permite, desde la base, que los hijos, los alumnos, no encuentren razón alguna para obedecer a padres y maestros.
Segunda falla, la demagogia. Abandonado el pueblo a su libertad, privado de ideales, cae ebrio por los efectos delirantes de esa libertad y de los demagogos que ofrecen a los ciudadanos los discursos que quieren oír: la ley de la mediocridad se impone.
Tercera falla: la debilidad se adueña del cuerpo político. La democracia, según Platón, es un régimen inerte incapaz de tomar decisiones difíciles ni imponer necesarios sacrificios a los ciudadanos; está condenado a mutar hacia su contrario: ofrecer el poder a un hombre providencial con instituciones que garanticen el designio de una clase de propietarios o de sabios.

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El poder: Del estado de naturaleza a la división de poderes

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Hobbes Superar la naturaleza humana En la teoría de Hobbes, se concibe al ser humano como un innato portador de necesidades y deseos; el poder se materializa en el sujeto a través de los medios di…

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Existen 2 tipos de democracias
La democracia directa o participativa que es un sistema de gobierno en la cual los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones
Democracia liberal, representativa o indirecta en este sistema de gobierno los ciudadanos eligen funcionarios que actúan en representación de sus intereses teniendo como marco de referencia el imperio de la ley.

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No existen tipos de democracia; sin embargo la democracia se ha clasificado según el tipo de participación que tienen los ciudadanos en la toma de decisiones en un estado.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA:

En este tipo de democracia, las cúpulas del poder son elegidas por el pueblo, ademas dichas cúpulas son organizadas de tal manera que después de estar en el poder, no puedan hacer y deshacer según les convenga, por esto, se ha implantado el sistema de separación de poderes, baluarte principal de llamado "Estado Social de Derecho".

Los poderes de un estado, son los siguientes:

Legislativo: Es el poder del estado encargado de promulgar las leyes.

Ejecutivo: Es el poder del estado encargado de administrar los recursos del estado, manejar los ejércitos,etc.

Judicial: Es el poder del estado encargado de administrar justicia.

Estos poderes se regulan entre si, pues se vigilan entre si , para que no se presenten irregularidades en la administración de dichos poderes.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:

Aunque hablar de democracia participativa, es de por si ya una redundancia, pues el significado de democracia es "gobierno del pueblo", normalmente se utiliza para denunciar y/o criticar la falta de participación del pueblo en la democracia representativa, ya que las elecciones para presidente en un país democrático, es por lo general de unos 4 años, el pueblo incide en la toma de decisiones solo cuando elige a sus gobernantes.

Además se denomina como democracia participativa, a la toma de decisiones por parte de una asamblea de ciudadanos que se organizan a nivel local, dando voz y voto al total de ciudadanos mayores de edad de la comunidad.

En todos los países con organización democrática, se presenta este tipo de democracia, pues todos lo gobernantes de un estado democrático, son elegidos mediante este tipo de democracia. Ahora bien, nadie discute que los gobernantes son elegidos directamente por el pueblo; eso si, el caso en el que se evidencia de mejor forma de democracia directa es en el referéndum participativo.

En la democracia deliberativa se presenta con mayor evidencia, lo que es llamado el poder de las mayorías; pues en este tipo de democracia entra a jugar un papel importante el ya conocido dicho, la mitad + 1, pues cuando un candidato a cualquier puesto de poder en el estado alcanza mas del 50% de los votos en juego, este automáticamente es elegido.

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No existen tipos de democracia; sin embargo la democracia se ha clasificado según el tipo de participación que tienen los ciudadanos en la toma de decisiones en un estado.

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Requisitos mínimos para exista democracia

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Requisitos mínimos para exista democracia

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El concepto de democracia no se refiere únicamente a las esfera del estado o del gobierno como suele pensarse
Los requisitos para que exista una democracia son, la libertad el respeto a los derechos humanos fomentar los valores

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A raíz de la conmemoración en todo el mundo del Día Internacional de la Democracia, una fecha en la que se proponen reflexiones y acciones respecto al estado de las democracias en el mundo, la viabilidad de esta forma de gobierno y los desafíos que enfrenta respecto a los constantes riesgos y las amenazas a las que se enfrenta.
Read in english: What are the factors that threaten Latin American democracy?
Según la ONU, el Día Internacional de la Democracia es una oportunidad para proponer e implementar nuevas formas de vigorizar la democracia y buscar respuestas a los desafíos sistemáticos que enfrenta. Esto incluye abordar las desigualdades económicas y políticas, hacer que las democracias sean más inclusivas, atrayendo a los jóvenes y otros grupos marginados al sistema político, y haciendo que estas democracias sean más innovadoras en su respuesta a los retos emergentes, tales como la migración y el cambio climático.

En el caso de Latinoamérica, son de amplio conocimiento los conflictos que se viven en países como Venezuela y Nicaragua con los regímenes que allí gobiernan; Guatemala y Honduras con los actos de corrupción; México con la guerra entre los cárteles del narcotráfico y Colombia, igualmente, con los escándalos de corrupción y las muertes sistemáticas y selectivas de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Estos son sólo algunos ejemplos.
La fragilidad de la democracia latinoamericana
"Ojalá fuese tan fácil, entonces, pensar que los problemas de ausencia y deficiencias democráticas en la región se limitan a casos como los de Cuba y Venezuela. No es así. En la mayoría de los países de América Latina vemos una serie de fenómenos que han generado un debilitamiento de las instituciones y un creciente escepticismo con la democracia", aseguró el analista internacional Boris Yopo en el diario La Tercera de Chile.
Según Yopo, el destape de escandalosos casos de corrupción es una de las principales causas del debilitamiento de la democracia en el continente. Para el analista, si a ello se suman las amenazas a la libertad de expresión o la concentración de la información que hay en varios países, la expansión del narcotráfico, los problemas de seguridad pública, la polarización política creciente o la pugna entre poderes del Estado, no es de extrañar que la valoración pública de la democracia esté en declive y se encuentre en un momento delicado. Lee también: 25 películas que narran la desaparición forzada en América Latina
Es preciso señalar que, como bien lo dice Yopo, no se trata de un problema de derecha o izquierda, pues como él manifiesta: "Cualquier análisis imparcial revela que las prácticas antidemocráticas se encuentran en todo el espectro político".

Lo anterior, cobra sentido cuando se amplía la mirada a lo que sucede en toda la región y no sólo a aquellos casos que tienen mayor eco mediático, como sucede con Cuba, Nicaragua o Venezuela. La violencia, la corrupción, la censura, el autoritarismo y otras prácticas que amenazan la democracia, se pueden presentar de igual forma en cualquier gobierno, sin importar su tendencia u orientación política.

En ese sentido, el diario hace referencia a un estudio publicado a principios de 2018 por la fundación alemana Bertelsmann Stiftung. En este se analizan los acontecimientos ocurridos recientemente en Latinoamérica y cómo estos han repercutido en el incremento de la desconfianza de los ciudadanos. Por ejmplo, con respecto a la capacidad de los gobiernos de la región para ofrecer garantías a la ciudadanía y su legitimidad, generando desconfianza en la democracia misma:
Lee también: Brasil: Lula ya no será presidente
"Esta crisis de confianza, subrayan los especialistas de Bertelsmann Stiftung, está empezando a erosionar la propia legitimidad de los ejecutivos regionales, cuyos niveles de aprobación están -salvo en contadas excepciones- en niveles históricamente bajos. Más aún, hay una amenaza creciente sobre la legitimidad de la democracia en sí misma, que sigue perdiendo apoyo en la población. En Latinoamérica, la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia está amenazando con mutar a un descontento en la democracia como tal", asegura El País.

El diario español, con base en el informe de la fundación alemana, dice además que el consenso en torno al modelo democrático sigue siendo la nota predominante en Latinoamérica, pero su fuerza cada vez es menor. "En su diagnóstico, los especialistas de la organización alemana detectan un bajo estado de ánimo social alimentado por una creciente discrepancia entre las mayores demandas de los ciudadanos y la falta (real o percibida) de capacidad para resolver los problemas por parte de las élites políticas, cuya reputación se ha visto mermada por escándalos de corrupción en los últimos años", dice.

La democracia requiere una ciudadanía crítica y activa que permita ejercer control para ofrecer garantías en una sociedad que se considere democrática. No es una simple casualidad que muchas de las acciones que hoy amenazan la democracia en el continente, sean ejecutadas por gobiernos que a pesar de sus cuestionamientos, han sido elegidos por esos mismos ciudadanos que hoy sufren las repercusiones de dichas acciones.

LatinAmerican Post | Samuel Augusto Gallego Suárez
Copy edited by Marcela Peñaloza

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¿Cuáles son los factores que amenazan a la democracia en Latinoamérica?

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A raíz de la conmemoración en todo el mundo del Día Internacional de la Democracia, una fecha en la que se proponen reflexiones y acciones respecto al estado de las democracias en el mundo, la viabilidad de esta forma de gobierno y los desafíos que enfrenta respecto a los constantes riesgos y las amenazas a las que se enfrenta.

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Partidos políticos y medios de comunicación. 

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Partidos políticos y medios de comunicación. 

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Los partidos políticos desempeñan varias funciones contribuyen a simplificar las opciones que se presentan al electorado al ofrecerle posiciones ideológicas y programas de gobiernos entre los cuales se debe escoger, sin embargo los medios de comunicación no solo deben servir de canal para llevar propaganda gubernamental al pueblo es también parte de su responsabilidad investigar al gobierno.

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Es una herramienta para que medios de comunicación y partidos políticos propicien que las contiendas electorales, en los medios de comunicación, se realicen con un enfoque de igualdad, libres de estereotipos de género y mostrando la diversidad social en los mensajes dirigidos a la ciudadanía, y como un instrumento para que las instituciones públicas que participan en los procesos electorales estén en posibilidad de revisar los contenidos mediáticos a efecto de que contribuyan a una democracia igualitaria.

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Es una herramienta para que medios de comunicación y partidos políticos propicien que las contiendas electorales, en los medios de comunicación, se realicen con un enfoque de igualdad, libres de estereotipos de género y mostrando la diversidad social en los mensajes dirigidos a la ciudadanía, y como un instrumento para que las instituciones públicas que participan en los procesos electorales estén en posibilidad de revisar los contenidos mediáticos a efecto de que contribuyan a una democracia igualitaria.

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La inversión del estado es muy importante para un país empezando por invertir bien en su economía cuando los mercados operan de manera competitiva, algo que en muy pocas ocasiones sucede en la realidad, es posible optimizar el uso de los recursos y lograr mayor eficiencia en el sistema económico, por esta razón que resulta indispensable la intervención del estado para lograr una más equitativa distribución del esfuerzo productivo, compartido entre el capital y el trabajo, de tal manera que garantice niveles de vida decorosos para las familias y facilite una mayor cohesión social.

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Escrito por Antonio Caballero Ochoa, asociado del área de Derecho Público en el estudio Benites, Vargas & Ugaz
Las intervenciones muchas veces son necesarias. Intervenir significa tomar parte de dentro de una situación o actividad en la que es necesario que se sigan diferentes acciones para remediarla u obtener un resultado esperado. En ese sentido, sería acertado indicar que las intervenciones están destinadas a obtener una mejora por medio de una o diferentes acciones. No por nada se les llama "intervenciones" quirúrgicas a las operaciones que los médicos especializados efectúan sobre nosotros cuando padecemos de algún mal que afecta a nuestro cuerpo. Así, la Real Academia de la Lengua Española establece diferentes acepciones a esta palabra, siendo una de ellas la de dirigir, limitar o suspender el libre ejercicio de actividades o funciones, poniendo de ejemplo la siguiente oración: "El Estado de tal país interviene la economía privada o la producción industrial."[1]

A partir de este acercamiento al concepto de intervención cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿todas las intervenciones logran tener resultados positivos? Somos de la opinión que no, ya que intervenir sin medir las consecuencias o sin considerar el resultado de estas acciones puede generar, en muchos casos, resultados contrarios a los que son buscados. No es casualidad que exista la famosa frase "dejemos que todo fluya y que nada influya". En ese sentido, en el presente artículo, analizaremos si es que la intervención del Estado en la actividad económica de los particulares resulta ser eficiente a la hora de obtener resultados positivos y los efectos que esta intervención tiene sobre los derechos reconocidos por la Constitución de 1993.

¿Puede el Estado intervenir en las actividades económicas de los particulares? Claro que sí. Recordemos que el Estado es soberano sobre su territorio y tiene ciertas facultades que, como Administración Pública, puede efectuar sobre nosotros que somos sus administrados. A pesar de ello, para que el Estado pueda ejercer su facultad de intervenir en las actividades económicas de los particulares, la misma debe estar justificada y no vulnerar los derechos de los mismos.

Esta resulta ser una de las diferencias más marcadas entre el modelo económico postulado por la Constitución de 1993 y su predecesora, la Constitución de 1979. Mientas que la Constitución de 1979 priorizó la actividad empresarial del Estado, la prestación de los servicios públicos y alcanzar objetivos de desarrollo mediante la estatización e intervención de las actividades económicas de los particulares; la Constitución de 1993 da un giro completamente distinto a esta situación, estableciendo que el Estado si puede realizar actividad empresarial, pero solo subsidiariamente, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

Esto quiere decir que, mientras en el caso de la Constitución de 1979 la actividad empresarial es la regla, en el caso de la Constitución de 1993 esta resulta ser la excepción. Esto significa que se dejó de lado la intervención del Estado en las actividades económicas de los particulares y pasó a ser a tener un rol regulador, en la que establece "las reglas del juego" antes que tener un rol intervencionista, y actuar directamente en las actividades económicas.

Pero, ¿por qué hubo ese cambio tan radical entre las Constituciones? Durante aquella época y, entre los diferentes elementos que dieron luz verde a la aparición de la Constitución de 1993, la profunda crisis económica en la que nuestro país se encontraba por la inflación que resultaba ser secuela del gobierno de la década de 1980 fue mitigada por las medidas adoptadas en los primeros años del Gobierno fujimorista que consistieron en la venta de empresas nacionales, la preponderancia de la inversión privada y la liberación del mercado que redujeron el impacto de la inflación.

Así, dentro de las diferencias que ambas Constituciones ostentan, la privatización y la subsidiariedad como proceso de transición de la vida económica resultan ser mucho más acertadas que las funciones interventoras que antes correspondían al Estado.

El contraste aparece con mayor nitidez si se comparan dos artículos: mientras que el 113 de la Constitución de 1979 señalaba que el Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo, el segundo párrafo del artículo 60 de la Constitución de 1993 prescribe que "Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional".

En palabras de Raúl Chanamé Orbe, la Constitución Política de 1993 se impulsó con un modelo económico que permitió las inevitables reformas económicas, que en pocos años permitió la estabilidad, la privatización el crecimiento y una mejor redistribución. Con este marco regulatorio en dos décadas nuestro crecimiento promedio fue 5.5% del PBI, uno de los más altos de América ¿Milagro económico o normativo?

Así las cosas, somos de la opinión que un modelo económico donde la intervención estatal es la regla y no la excepción resulta ineficiente, dado que son los propios agentes económicos los que, a través de sus interacciones, ordenan y se desenvuelven dentro del mercado de una manera más adecuada y eficiente que cuando el Estado interviene directamente en el mercado.

Tomando en consideración la coyuntura actual, referida a la Emergencia Sanitaria originada por el COVID-19, el Estado ha buscado implementar diferentes normas que tienen un grado de intervención en las actividades económicas de los particulares. Siguiendo este orden de ideas, uno de los actos del Poder Ejecutivo fue la emisión del Decreto de Urgencia No. 066-2020, el cual dicta medidas extraordinarias para incrementar la producción y el acceso a sistemas de oxigeno medicinal para el tratamiento del Coronavirus y reforzar la respuesta sanitaria, en el marco del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19.

El artículo 2 de este Decreto de Urgencia indica que la producción y distribución de oxígeno medicinal a los establecimientos de salud públicos y privados, es de prioritaria atención, sobre la producción industrial, por parte de los productores de oxígeno como recurso estratégico en salud, durante el estado de Emergencia Sanitaria, conforme al requerimiento que efectúe la Autoridad Sanitaria.

Como podemos apreciar, esta medida conmina a los productos de oxigeno a darle atención prioritaria a los establecimientos de salud públicos y privados, dado que los tanques de oxigeno son completamente necesarios para salvaguardar la salud de los pacientes infectados con COVID-19. Mediante esta medida, entonces, el Estado busca asegurar el abastecimiento de los centros de salud para socorrer a los infectados de COVID-19, protegiendo así la salud de las personas salud y cumpliendo con las obligaciones que le corresponden.

A pesar de ello, nos surge la duda respecto de las obligaciones contractuales de abastecimiento que los productores de oxígeno tienen con empresas que utilizan este elemento para el desarrollo de sus actividades económicas ¿Podrán cumplir con estas obligaciones ahora que el Gobierno ha establecido la prioritaria atención a los establecimientos de salud públicos y privados? ¿Esta medida no varía el contenido de los contratos suscritos entre los productos de oxígeno y las empresas que no se desarrollan en el sector salud? ¿Se está acaso vulnerando la Libertad de Contratación? ¿Configura esto una medida intervencionista en las actividades económicas de los particulares?

Somos de la opinión que esta disposición del Decreto de Urgencia No. 066-2020 sí configura una intervención en la actividad económica de los particulares, toda vez que al conminar a los productores de oxígeno a darle atención prioritaria a los establecimientos de salud privados y públicos para su abastecimiento, incidiendo innegablemente en las actividades de suministro que -de manera previa a la Emergencia Sanitaria- venían prestando a terceros como parte de sus actividades económicas.

Ahora bien, de otro lado, el Poder Legislativo viene evaluando Proyectos de Ley que buscan mitigar el impacto económico que tuvo el aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto por el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM.

Así, es posible identificar 9[3] Proyectos de Ley por medio de los cuales se busca limitar el cobro de las pensiones a las Instituciones Educativas Privadas de Educación Superior de manera parcial y en algunos casos hasta total, entre otras medidas, considerando que una de las principales secuelas de la Emergencia Sanitaria que afrontamos es la falta de liquidez económica, buscando así asegurar la prestación del servicio de educación incluso cuando los alumnos no puedan hacer efectivo el pago de las pensiones correspondientes.

Si bien podría hablarse de una buena intención de los legisladores al momento de proponer estos Proyectos de Ley, el contenido de los mismos contravendría lo dispuesto en la Constitución de 1993 (específicamente, una vulneración a los derechos a la Libertad de Contratación, la Libertad de Empresa y a la propiedad).

Como es de nuestro conocimiento, el ordenamiento jurídico vigente contempla determinadas garantías al contenido de los contratos en el artículo 62 de la Constitución de 1993[4] referidos a la no alteración del contenido de los Contratos. Aunado a esto, el Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente que, a partir de una interpretación sistemática de los dos párrafos del artículo 62 de la Constitución de 1993 se establece una regla general, y es que no solo los términos contractuales contenidos en un contrato-ley, sino que, en general, todo término contractual, no pueden ser modificado por leyes u otras disposiciones de cualquier clase.

Específicamente, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente No. 005-2003-AI/TC, se ha señalado lo siguiente[5]:

" 35. En ese orden de ideas, este Tribunal precisa que no sólo gozan de inmodificabilidad las cláusulas que compongan el contrato-ley, cuando así se acuerde, sino también el estatuto jurídico particular fijado para su suscripción. Es decir, tanto la legislación a cuyo amparo se suscribe el contrato-ley, como las cláusulas de este último.

Ello es producto de una interpretación sistemática de los dos párrafos del artículo 62° de la Constitución. Por un lado, de conformidad con la primera parte de dicho precepto constitucional, y no sólo respecto a los términos contractuales que contenga el contrato-ley, sino, en general, para todo término contractual, éstos "no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase"." (El subrayado es nuestro).

Considerando lo indicado en los párrafos previos, pensamos que los Proyectos de Ley formulan disposiciones que incidirían directamente en las relaciones jurídicas contractuales existentes entre las Instituciones Educativas Privadas y de los estudiantes, conllevando una modificación de su contenido de manera posterior a la celebración de los Contratos celebrados entre ambas partes.

En efecto, como algunas de las disposiciones propuestas en los Proyectos de Ley, se aprecian las siguientes:

El Proyecto de Ley No. 5009/2020-CR indica en el numeral 2.1. de su artículo 2 que los institutos, escuelas superiores, universidades, escuelas de posgrado y demás entidades de educación superior que dispongan el inicio de su ciclo educativo del año 2020 de manera virtual, debido a la situación excepcional que atravesamos, deben ajustar el valor del crédito o de la pensión correspondiente, de manera proporcional a la reducción de sus gastos como consecuencia del uso de este modo de enseñanza. Asimismo, el artículo 5 de este Proyecto de Ley señala que los institutos, escuelas superiores, universidades, escuelas de posgrado y demás entidades de educación superior tienen la obligación de otorgar, a solicitud de los estudiantes el retiro de los cursos, asignaturas o del ciclo completo en los que se matricularon, sin costo o penalidad de por medio. De haberse efectuado algún pago del ciclo o cursos retirados, la institución educativa debe devolver el respectivo monto

El Proyecto de Ley No. 4884/2020-CR indica en su artículo 5 que en caso de declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, el INDECOPI, en coordinación con las instituciones educativas privadas y/o públicas que brindan servicios en educación básica, técno-productiva y educación superior, dispone la suspensión del cobro de las matrículas, pensiones u otras deudas por estudios contraídas antes o durante dicho régimen de excepción por personas naturales o jurídicas, sin que ello implique el cobro adicional de intereses, comisiones, penalidades y/o gasto administrativo alguno, bajo la supervisión del MINEDU y la SUNEDU, según corresponda.

El Proyecto de Ley No. 5061/2020-CR establece como su objeto la reducción de pensiones académicas y por trámites administrativos en los institutos y universidades debido a los efectos económicos generados por le emergencia sanitaria COVID-19, en beneficio de estudiantes en condición económica vulnerable a fin de garantizar la continuidad educativa en institutos y universidades durante el año académico 2020

A. En institutos y universidades privadas:

. Reducción del 50% de pago de pensiones académicas.

. Reducción completa de pago de pensiones académicas de pregrado para los hijos de policías, militares, personal de salud y limpieza fallecidos por atención a personas infectados con COVID-19.

B. En institutos y universidades públicas:

. Exoneración completa del pago de matrículas, carné universitario y emisión de grados y títulos para los estudiantes en general.

. Reducción al 50% de pagos por exámenes de admisión y otros costos por trámites administrativos.

El Proyecto de Ley No.5128/2020-CR indica en su artículo 3 que se modifica el contenido de la Ley No. 29947, especificando que las universidades privadas, Institutos, Escuelas Superiores y Escuelas de Posgrado Públicos y Privados no podrán efectuar el cobro de pensión completa en los meses atípicos, es decir en aquellos meses en los cuales no hay dictado presencial o efectivo de clases o no hay prestación efectiva o completa de servicios educativos tres o más días hábiles del mes. En estos casos, señala el proyecto, debe descontarse de la pensión la parte proporcional correspondiente.

El Proyecto de Ley No.5068/2020-CR indica en su artículo 6 que las Instituciones educativas privadas de educación básica y superior en todas sus modalidades, mientras se brinde el servicio educativo de manera presencial o remoto, deberán aplicar las siguientes reducciones en las pensiones:

i. Reducción de 25% en el pago mensual por concepto de pensión del servicio educativo brindado por instituciones educativas privadas de educación básica y/o superior en todas sus modalidades, cuya pensión educativa no supere los S/ 1000.00 en l forma presencial pactada.

ii. Reducción del 30% en el pago mensual por concepto de pensión del servicio educativo brindado por instituciones educativas privadas de educación básica y/o superior en todas sus modalidades, cuya pensión educativa no supere los S/ 1000.00 en la forma presencial pactada.

iii. Reducción de 40% en el pago mensual por concepto de pensión del servicio educativo brindado por instituciones educativas privadas de educación básica y/o superior en todas sus modalidades, cuya pensión educativa sea mayor a los S/ 2000.00 en la forma presencial pactada.

iv. Reducción del 40% en el pago mensual por concepto de pensión del servicio educativo brindado por instituciones educativas privadas de nivel de educación inicial, primando la aplicación del presente numeral para los efectos de Ley, sobre cualquiera de los numerales precedentes del presente artículo.

Como podemos apreciar a partir de la transcripción de diferentes párrafos de los Proyectos de Ley propuestos por los legisladores, consideramos que existe una alteración de la relación jurídica existente entre los alumnos, consumidores del servicio educativo, y las Instituciones Educativas Privadas que prestan este servicio, lo cual resultaría una intromisión por parte del Estado a través de estos cuerpos legales en el contenido de los Contratos regulados por las partes que suscribieron los mismos.

Ahora bien, de los Proyectos de Ley se aprecia que todos están dirigidos, a que las Instituciones Educativas Privadas de educación superior suspendan o exoneren a los estudiantes del pago de pensiones y/o que se reduzca el monto de estas.

Es decir, se pretende establecer por ley general una regulación a las formas en las cuales los agentes económicos en el sector educación efectúan el cobro de las contraprestaciones por sus servicios y/o la reducción de estas, las cuales han fijado libremente por dichas instituciones en su oportunidad.

Al respecto, el régimen económico asumido desde el marco constitucional es el de una economía social de mercado y ello supone, que el Estado tenga participación en la economía y no que sea un agente estrictamente pasivo, pero en modo alguno, eso significa que tenga la posibilidad de interferir arbitraria e injustificadamente en el ámbito de libertad reservado a los agentes económicos, puesto que los límites se los impone la misma Constitución.

Como se puede advertir, el Estado no puede convertirse en un ente que intervenga en la economía y proceda a tomar decisiones sustituyendo a las empresas y consumidores, o proceda a reformular los contratos, limitar o prohibir una actividad sin el debido sustento, o incorporar elementos que regulen la demanda o la oferta de bienes y servicios; ello supondría una interferencia arbitraria en el ámbito de las libertades.

Asimismo, como se puede apreciar, en lo que respecta a la libertad de empresa, los agentes económicos tienen la libertad de autoorganización y autodeterminación de ejecutar su actividad económica, por lo cual, que el Estado pretenda regular los precios que estos fijen en el mercado, implicaría una vulneración flagrante al contenido esencial de dicho derecho y, por ende, una medida ajena al principio de economía social de mercado, que debe regir la actividad del Estado.

Ahora bien, enfocándonos en una eventual afectación al derecho de propiedad, resulta pertinente tener en consideración que la Constitución de 1993 lo reconoce como un derecho fundamental en el inciso 16 del artículo 2 y en el artículo 70 de la CONSTITUCIÓN; disposiciones constitucionales que señalan que el derecho de propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza. Acerca de su contenido constitucionalmente protegido, el Tribunal Constitucional ha señalado:

"El derecho de propiedad privada, reconocido por el artículo 2° inciso 16 de la Constitución, constituye un derecho fundamental cuyo ámbito de protección o contenido garantiza las facultades de uso, usufructo y la libre disposición del bien. Pero, la comprensión constitucional de la propiedad es más amplia y, prima facie, comprende además la garantía de indemnidad o conservación de la integridad del patrimonio de la persona. La ´inviolabilidad´ de la propiedad a la que se refiere el artículo 70° de la Constitución debe interpretarse no solo como prohibición de intervenciones en el libre ejercicio o goce de los mencionados atributos clásicos del derecho de propiedad, sino también como garantía de indemnidad. Así las cosas, el derecho de propiedad garantiza la conservación de la integridad del patrimonio de la persona y, por consiguiente, prohíbe la indebida detracción del mismo" [7](El énfasis es nuestro).

Al respecto, el Tribunal Constitucional lo ha "(...) concebido como el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, la persona propietaria podrá servirse directamente de su bien, percibir sus frutos y productos, y darle destino o condición conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley; e incluso podrá recuperarlo si alguien se ha apoderado de él sin derecho alguno."[8] (El subrayado es nuestro).

Así, el contenido constitucionalmente protegido del derecho de propiedad incluye la garantía de indemnidad del patrimonio; esto es, protege al patrimonio de afectaciones indebidas tales como aquellas que se realicen o puedan realizarse sobre la base normas legales o de leyes.

Tomando en consideración lo señalado en los 9 Proyectos de Ley, consideramos que algunas disposiciones contempladas en los mismos afectarían el derecho de propiedad de las Instituciones Educativas Privadas, generando inestabilidad en los prestadores del servicio educativo privado y así, desincentivando la actividad privada en este sector.

Entre otros, podemos mencionar al Proyecto No. 5009/2020-CR que busca establecer medidas para asegurar la continuidad de los alumnos de educación superior ante las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 propone que, si el alumno solicitase su retiro, entonces la Institución Educativa Privada deberá proceder a la devolución de los pagos realizados.

En base a las propuestas normativas contempladas en el Proyecto No. 5009/2020-CR, el eventual retiro de alumnos implicará un desfase económico en perjuicio de las Instituciones Educativas Privadas, puesto que dichas entidades privadas tenían una expectativa de permanencia del alumno, para lo cual invirtió y efectuó gastos que ya no son líquidos y, por tanto, forman parte de los activos de la Institución Educativa Privada o incluso ya no forman parte del patrimonio del mismo.

En concreto, la medida podría implicar que las Instituciones Educativas Privadas deban desembolsar sumas de dinero correspondiente a pagos que ya habían sido invertidos en la propia institución para que el alumno pueda recibir una adecuada educación, así como gastos administrativos. Es decir, la norma en cuestión obligaría a devolverle al alumno montos de dinero que ya invirtieron a su favor.

De ese modo, se desembolsará dinero propio de las Instituciones Educativas Privadas, lo cual podría afectar su capacidad de pago de sus innumerables obligaciones, siendo de las más importantes, el pago de planilla, beneficios sociales, seguros de salud y otros de los trabajadores (docentes y personal administrativo), peligrando inclusive su propia subsistencia en el mercado, lo cual implica también una amenaza a su libertad de empresa.

A modo de conclusión, si bien el Estado se encuentra habilitado para intervenir en las actividades económicas de los particulares, esta intervención debe efectuarse dentro de los límites de la proporcionalidad y lo razonable, siendo siempre justificada y sin vulnerar el contenido de los derechos fundamentales que la Constitución protege.

[1] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. https://dle.rae.es/intervenir. Fecha de Consulta; 3 de julio de 2020DE JULIO DE 2020.

[2] CHANAMÉ ORBE, Raúl. Constitución Económica. En Derecho & Sociedad No. 40. Lima, 2003, pp 58-59.

[3] Proyectos de Ley No. 5009/2020-CR, 4980/2020-CR, 4884/2020-CR, 5053/2020-CR, 5061/2020-CR, 5128/2020-CR, 5068/2020-CR, 5224/2020-CR y 5230/2020-CR

[4] " La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente " [El subrayado es nuestro].

[5] Dicha posición ha sido asimismo reiterada en el Fundamento jurídico 13 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente No. 003-2004-AI/TC.

[6] Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00034-2004-PI/TC.
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0043-2007-PA/TC (Fundamento Nº 6). Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente No. 008-2003-AI/TC.

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Intervención Estatal durante el Estado de Emergencia Nacional | Antonio Caballero Ochoa - IUS 360

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Escrito por Antonio Caballero Ochoa, asociado del área de Derecho Público en el estudio Benites, Vargas & Ugaz Las intervenciones muchas veces son necesarias. Intervenir significa tomar parte de dentro de una situación o actividad en la que es necesario que se sigan diferentes acciones para remediarla u obtener un resultado esperado.

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Instrumentos de democracias directa en las democracias representativas

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Instrumentos de democracias directa en las democracias representativas

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La democracia directa es el sistema político en el que los ciudadanos tiene el derecho de tomar decisiones sobre los asuntos que les atañen y no solamente elegir a las personas que decidirán por ellos son instrumentos de democracia directa el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular legislativa o constitucional de derecho de petición y la revocación

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Plataformas digitales para la participación en el gobierno de tu ciudad, consultas ciudadanas, iniciativas legislativas y propuestas populares, consejos ciudadanos, asambleas locales virtuales, democracia digital, democracia 2.0... En los últimos meses, venimos escuchando con una intensidad considerable estas y otras expresiones relacionadas con el aumento de la participación y el protagonismo de los ciudadanos en la toma de decisiones que les afectan, en la generación de propuestas, iniciativas, en el debate y la aprobación de las mismas, etc. En resumen, la participación ciudadana en el gobierno de una comunidad.

El aumento y la facilitación de la Democracia Directa y la Participación Ciudadana a través de las nuevas tecnologías se ha posicionado tanto en el debate político como en el social.

Pero ¿Qué es la democracia directa? ¿Es posible? ¿Está contemplada por alguna ley? ¿Es algo nuevo? ¿Estamos preparados para participar? ¿Qué beneficios tiene?.¿Puede funcionar?. Estas y otras cuestiones surgen tanto para los escépticos y contrarios a estas iniciativas, como para los que están interesados y les gustaría que fueran una realidad.

A continuación, vamos a desarrollar algunas de estas cuestiones con la intención de contribuir a entender los aspectos que nos puedan ayudar a obtener alguna respuesta a estas preguntas:
¿QUE ES LA DEMOCRACIA DIRECTA?
La Democracia directa es la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, en la formulación y derogación de leyes a través de una asamblea formada por los ciudadanos.

La mayoría de los estados democráticos, entre ellos el Estado Español, tienen una democracia representativa, donde los ciudadanos eligen a sus representantes y estos son los que toman las decisiones y ejercen el poder legislativo en una asamblea o parlamento. La mayoría de los estados contemplan en sus leyes algunos supuestos para la Democracia directa.

La Constitución Española en su artículo 1.2 establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado", y en su artículo 23.1 que "los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes".

El artículo 92 solo permite referéndums consultivos. La posibilidad de un referéndum vinculante solo se contempla para la reforma constitucional.

La Petición Colectiva Legislativa (art.87) es la única herramienta de democracia directa contemplada en la Constitución. Para su registro en el parlamento, hace falta la recogida de 500.000 firmas por los promotores de una iniciativa legislativa. Pero la consecución de este respaldo popular tan solo implica la discusión de esta iniciativa en el Congreso de los diputados, sin existir siquiera obligación de aceptación de la iniciativa por el parlamento.

A nivel autonómico o local funciona de la misma manera. Es decir, la ciudadanía puede proponer iniciativas con el apoyo de un número determinado de ciudadanos. Pero la administración no tiene la obligación ni de su aceptación, ni tampoco de su toma en consideración.
¿ES LEGAL LA DEMOCRACIA DIRECTA?
Que no haya obligación por parte de la administración de tener en cuenta las iniciativas populares, no implica que no puedan hacerlo ni pueda favorecer la democracia directa.

Es decir, la administración puede establecer canales que favorezcan la generación y debate de propuestas por parte de la ciudadanía y manifestar el compromiso de tenerlas en cuenta a la hora de legislar y de gobernar. Siempre que estas favorezcan el interés general y su contenido no vaya en contra de la Constitución.

En resumen; la ley no obliga, pero es legal la voluntad política de favorecer la participación de la ciudadanía en el gobierno de su comunidad.
¿ES POSIBLE?
No solo es legal sino que es posible. Y es muy factible su implantación sobre todo en el ámbito local, donde los ciudadanos son más conscientes y conocedores de las necesidades de su comunidad. Al referirnos a un ámbito territorial más pequeño y a aspectos más directos de la realidad de una comunidad, es más fácil la organización, el debate y también la participación de un porcentaje considerable de la ciudadanía.

En otros países existe una larga tradición de democracia directa. El más conocido es el de Suiza, donde se viene desarrollando desde 1848 y aproximadamente se celebran unos 200 referéndum vinculantes al año en los diferentes niveles territoriales (municipal, cantonal y federal), siendo un referente en cuanto a participación democrática directa se refiere.

En Alemania y Estados unidos, a nivel regional existen también en diferentes regiones y ciudades sistemas de participación directa de generación o aceptación de iniciativas populares.

En los últimos años, países como Finlandia, Estonia e Islandia están apostando por la introducción de sistemas para el fomento de la generación de iniciativas populares y las consultas ciudadanas con un porcentaje de participación muy significativo, y que han llevado a la promulgación de leyes que amplían los derechos civiles.
¿EN QUÉ CONSISTE?
Algunas de las experiencias que se están planteando a nivel local o que se desarrollan en otros países, consisten en la implantación de instrumentos de participación directa (principalmente a través de las nuevas tecnologías) que se concretan en algunos de estos aspectos:

Foros de debate: donde se discute, se reflexiona, se debate, se generan ideas, sobre aspectos de interés general pero concretado por áreas. El tema puede ser propuesto voluntariamente por un particular o sobre aspectos ya concretos sobre los que la administración quiere que se debata.

Herramientas para la propuesta de iniciativas a partir de esas ideas.

Mecanismos para la difusión de las iniciativas y para la manifestación del apoyo o voto por esa iniciativa.

Para la asunción de estas iniciativas o propuestas por parte del gobierno local para su estudio y puesta en marcha, se requiere el apoyo de la misma por un número determinado de ciudadanos. Puede ser más o menos vinculante y también puede implicar, que aunque no sea aceptada, se tome en consideración una parte de la misma.

¿POR QUÉ AHORA?
¿Y por qué no? Se nos ocurren multitud de argumentos más o menos objetivos y subjetivos sobre porqué se ha situado ahora en el debate político el aumento de la democracia directa. Pero vamos a centrarnos en unos pocos que a nuestro juicio y desde nuestra experiencia, son bastante objetivos acerca de porqué si:

Porque la soberanía reside en el pueblo. Porque la democracia, en el estricto sentido de la palabra, implica directamente la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que le afectan. Porque es la democracia más pura tal y como lo concibieron los Atenienses en la Grecia Clásica, o como teorizaron pensadores modernos como Rousseau.

Porque es posible, como se demuestra en los lugares donde se ha desarrollado.

Porque el descontento y la falta de confianza de la ciudanía en las instituciones públicas es una realidad constatada en diferentes estudios y encuestas. Y es obligación de la administración tratar de recuperar está confianza.

Porque el debate social que ha surgido sobre el aumento de la participación ciudadana en la toma de decisiones, supone un momento de motivación o curiosidad muy beneficioso para que la puesta en marcha de mecanismos en está línea, tengan un nivel de participación inicial considerable, que favorezcan la puesta en marcha de experiencias piloto.

Porque el desarrollo de las nuevas tecnologías y el auge de su utilización permite una inmediatez y una libertad que favorece una implantación muy rápida de mecanismos de debate, consulta o propuesta de iniciativas.

¿ QUÉ VENTAJAS TIENE LA PARTICIPACIÓN Y LA DEMOCRACIA DIRECTA?

Favorecen un tipo de gobierno más cercano a la ciudadanía. Los dirigentes se ven en la necesidad de tomar en consideración el pulso de la opinión pública antes de tomar decisiones. Y también, a responder a las demandas populares siempre, no solamente en los momentos electorales.

Su aplicación conlleva a una apertura de los métodos de decisión pública, lo que se traduce, en caso de aprobación, en una mayor legitimidad de las leyes, al contar estas con un respaldo de la opinión pública

Permite la participación y decisión de cualquier aspecto de la vida pública y política más allá de las limitaciones e intereses de los partidos políticos, y de las limitaciones derivadas de las rivalidades partidistas.

Ayudan a definir con más precisión el contenido de las políticas públicas.

Estimulan la participación ciudadana e incrementan el sentimiento de eficacia del ciudadano. Contribuyen a la educación y a la socialización política, y son medios de expresión de la voluntad popular.

Favorecen el cumplimiento de las normas por la ciudadanía, al haber participado ésta de forma directa en su promulgación. Contribuyéndose así, a la autoconcienciación de la persona como sujeto de deberes y de derechos.

¿QUÉ POSIBILIDADES DE ÉXITO PUEDE TENER EN NUESTRA REALIDAD?
Es algo que no se puede saber. Pero lo que podemos hacer es presentar algunas de las amenazas a estos procesos. Siempre partiendo del supuesto del necesario e imprescindible compromiso y verdadera voluntad democrática de las administraciones que lo impulsen. Algunas de estás amenazas son:

Falta de difusión mediática de estos mecanismos, herramientas o experiencias, que disminuyan la cuota de participación.

Falta de accesibilidad principalmente cuando se realice a través de canales virtuales y a través de las nuevas tecnologías, a las que no toda la población puede acceder, favoreciendo la exclusión de parte de la ciudadanía. Lo que se conoce como brecha digital.

Criterios muy exigentes y restrictivos para la aceptación de las decisiones.

Falta de voluntad política para la aceptación y tratamiento del resultado de estas experiencias, provocando la desmotivación de la población y la falta de participación.

Y por último, la principal amenaza para nosotros y por tanto, la primera cuestión a tener en cuenta, la falta de CULTURA PARTICIPATIVA de la población.

DESARROLLO DE UNA CULTURA PARTICIPATIVA
Nuestro país tiene una historia democrática muy reciente. Esto no implica que nuestra sociedad no tenga voluntad o interés por la participación ciudadana y democrática. Todo lo contrario. El tejido social, asociativo y comunitario ha sido y es generador de cambios muy importantes en diferentes contextos comunitarios.

Pero desde el ámbito institucional, es evidente la ausencia de estructuras y de canales de participación de la población en la toma de decisiones. Igualmente son escasas las actuaciones de sensibilización y capacitación para la participación.

Siete Estrellas ha tenido la oportunidad de desarrollar, en estos 15 años de experiencia, la puesta en marcha de diferentes servicios y proyectos dirigidos al desarrollo de una cultura participativa en diferentes municipios.

Estamos convencidos que, paralelamente a la puesta en marcha de cualquier iniciativa que implique el aumento de la democracia participativa en la población, es fundamental la formación de la misma en habilidades comunitarias, participativas, asamblearias y de toma de decisiones.

Y cobra más importancia en la infancia y la adolescencia, puesto que la inversión en la formación y capacitación de los menores en la participación ciudadana, garantiza que la cultura participativa democrática sea una realidad en un futuro inmediato. Niños y jóvenes que ven como lo natural y lo habitual es el debate a través de Foros de participación infantil, la generación de propuestas a través de Comisiones de participación infantil, la experimentación de en qué consiste la democracia representativa a través de plenos infantiles o estructuras de participación como los Consejos de atención a la infancia, o la vivencia de la interlocución con cargos y representantes públicos a través de Audiencias Públicas.

Además, también estamos obligados a ello, al suscribir como estado la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que recoge el reconocimiento de los niños y niñas como ciudadanos, y promueve el deber de la administración de favorecer el protagonismo infantil en la toma de decisiones que les concierne.

JOSE LUIS PUEBLA
Director General de Siete Estrellas
Educador Social y experto en Participación Ciudadana

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¿ES POSIBLE DECIDIR LO QUE PASA EN TU CIUDAD A TRAVES DE UN TELÉFONO MÓVIL? Participación ciudadana y aumento de la Democracia Directa.

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Plataformas digitales para la participación en el gobierno de tu ciudad, consultas ciudadanas, iniciativas legislativas y propuestas populares, consejos ciudadanos, asambleas locales virtuales, democracia digital, democracia 2.0...