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Por medio de varios ciudadanos que se reúnan podrán presentar en el instituto electoral de participación ciudadana alguna idea o iniciativa que tenga la comunidad ante los entes locales. Ejemplo:

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Por medio de varios ciudadanos que se reúnan podrán presentar en el instituto electoral de participación ciudadana alguna idea o iniciativa que tenga la comunidad ante los entes locales. Ejemplo:

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Está fundamentada en los artículos 40, 103 y 106 y
está regulada por la ley 134 de 1994 y la ley 1757 de 2015.

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Comienza a debatirse la iniciativa popular en el Concejo de Cerrito, provincia de García Rovira.

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El Almorzadero, zona excluida de la actividad minera Hace un año, el primero de agosto de 2009, comenzó a andar una nueva iniciativa de la población del municipio de Cerrito para proteger El Almorzadero, páramo que se eleva en uno de sus co

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noticias-america-latiregulado por la Ley 134 de 1994na-45317930

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Es la consulta que el estado realiza a la población para aprobar o rechazar algún proyecto de norma jurídica o un proyecto ya existente y se puede decidir si está o no de acuerdo en algunas cosas. Ejemplo :

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Es la consulta que el estado realiza a la población para aprobar o rechazar algún proyecto de norma jurídica o un proyecto ya existente y se puede decidir si está o no de acuerdo en algunas cosas. Ejemplo :

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Está regulado por la Ley 134 de 1994

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El presidente convoca a los ciudadanos para dar su apoyo o rechazo a una decisión de tipo presidencial.  Ejemplo :

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El presidente convoca a los ciudadanos para dar su apoyo o rechazo a una decisión de tipo presidencial.  Ejemplo :

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El artículo 7 de la Ley 134 de 1994 se definió el plebiscito
como un pronunciamiento del pueblo

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Es cuando se reúnen públicamente los consejos distritales , municipales y los habitantes pueden asistir y discutir sobre temas de interés de la comunidad.  Ejemplo : Mira el link de un cabildo abierto. En Bogota.

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Es cuando se reúnen públicamente los consejos distritales , municipales y los habitantes pueden asistir y discutir sobre temas de interés de la comunidad.  Ejemplo : Mira el link de un cabildo abierto. En Bogota.

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Esta enunciado en el artículo 103  y reglamentado Ley 134 de 1994.

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Cumplimos la cita con la ciudadanía en el Cabildo Abierto del POT

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Home " Noticias " Cumplimos la cita con la ciudadanía en el Cabildo Abierto del POT Cumplimos la cita con la ciudadanía en el Cabildo Abierto del POT Por: dgarcia Publicado el: Miércoles 20 de Octubre 2021 Con la participación de los Secretarios de Planeación, Hacienda, Ambiente, Mujer, Educación, Movilidad, Salud, Cultura y Seguridad, Convivencia y Justicia, se llevó a cabo estar jornada que duró más de 12 horas en el Palacio de los Deportes.

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Los ciudadanos participan en la consulta sobre  la ejecución de propuestas o proyectos de tipo nacional, departamental, municipal, distrital o local y es interpuesta por el presidente alcalde o gobernador dependiendo del caso, estas consultas no pueden ser proyectos de tipo legislativo  y no pueden modificar la constitución política de Colombia. Ejemplo :  La consulta popular anticorrupción de Colombia fue un proceso electoral que se realizó el domingo 26 de agosto de 2018 en Colombia

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Los ciudadanos participan en la consulta sobre  la ejecución de propuestas o proyectos de tipo nacional, departamental, municipal, distrital o local y es interpuesta por el presidente alcalde o gobernador dependiendo del caso, estas consultas no pueden ser proyectos de tipo legislativo  y no pueden modificar la constitución política de Colombia. Ejemplo :  La consulta popular anticorrupción de Colombia fue un proceso electoral que se realizó el domingo 26 de agosto de 2018 en Colombia

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Estipulada en la ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015

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Es una iniciativa popular a la que los ciudadanos tenemos el derecho de participar de manera democrática para dar por terminado el mandato de algún dirigente político por ejemplo: el presidente, los alcaldes, gobernadores, ediles etc.. 

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Es una iniciativa popular a la que los ciudadanos tenemos el derecho de participar de manera democrática para dar por terminado el mandato de algún dirigente político por ejemplo: el presidente, los alcaldes, gobernadores, ediles etc.. 

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Le ley 134 de 1994 es la que  ampara este mecanismo de participación.

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Mientras que en Boyacá revocaron por primera vez a un alcalde, en Bogotá la revocatoria de Peñalosa se ve cada vez más lejana.

Clara Rocío Rodríguez*

Cambios en la legislación, ¿cambios en la tendencia?

El pasado 29 de julio en el municipio de Tasco, Boyacá, tuvo lugar la primera revocatoria del mandato de un alcalde en Colombia. El hecho dejó ver la posibilidad de que esta figura consagrada en la Constitución comenzara a tener una efectividad real, dos décadas después de haber sido creada.

Hasta entonces la revocatoria del mandato había sido una historia de constantes frustraciones. La mayoría de las iniciativas no lograban reunir los requisitos para llegar a ser votadas e, incluso si llegaban a las urnas, enfrentaban umbrales dificilísimos de obtener en un país abstencionista.

La revocatoria del mandato había sido una historia de constantes frustraciones.

Además, aunque la revocatoria es un mecanismo ciudadano, a menudo eran los opositores del mandatario (y no la ciudadanía) quienes impulsaban el proceso. Naturalmente, eso legitimaba la resistencia del mandatario involucrado.

Entonces, ¿por qué la revocatoria de Tasco sí fue exitosa? Parte de la respuesta está en el cambio de la legislación. Los requisitos se fueron flexibilizando de manera gradual, y en consecuencia facilitaron los procesos de revocatoria. La tabla siguiente resume estos cambios y sus efectos sobre la votación requerida:
Apoyos requeridos para iniciar el trámite de una revocatoria de mandato y su aplicación al caso Tasco en Boyacá

General para todo el país

40 por ciento del total de votos válidos, verificando que el ciudadano hubiese participado en las elecciones del alcalde a revocar.

40 por ciento de los votos que obtuvo el funcionario elegido.

30 por ciento de los votos que obtuvo el funcionario elegido.

Aplicado a Tasco

Votos requeridos: 1382

Votos válidos elección 2015: 3.455.

Votos requeridos: 449

Votos del mandatario elegido en 2015: 1.123.

Votos requeridos: 336,9

Votos del mandatario elegido en 2015: 1.123.

Ese cambio normativo también explica el aumento de los intentos de utilizar el mecanismo: segúnla Registraduría Nacional, en 2015 se dieron 114 iniciativas municipales, distritales o departamentales, orientadas exclusivamente a revocar el mandato de funcionarios electos. Para tener un punto de comparación, la Misión de Observación Electoral (MOE) registró 132 iniciativas de revocatoria del mandato entre 1991 y junio de 2012.

Pero lo ocurrido en Tasco no solo augura más iniciativas de revocatorias, sino también un mayor número de casos con resultados favorables. También en ese aspecto los requisitos se han flexibilizado notablemente:
Cambios legales en el umbral de participación en revocatorias de Alcaldes o Gobernadores y su aplicación al caso Tasco en Boyacá

Requisito general: umbral de participación (porcentaje requerido con respecto a la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario).

60 por ciento

(Verificando que el ciudadano hubiese participado en las elecciones del alcalde a revocar).

55 por ciento

40 por ciento

Nuevas exigencias

Exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Pese a que las normas y las cifras anteriores sugieren que las revocatorias se volverán más frecuentes y se anotarán más éxitos en el futuro, una sentencia de la Corte Constitucional del pasado 8 de agosto donde concede la tutela que había solicitado el alcalde Enrique Peñalosa envía otras señales.

Según el comunicado de la Corte, para proteger los derechos del alcalde al debido proceso, a la elección y a la defensa sería preciso llevar a cabo audiencias donde se presentara la información que sustente las razones que llevaron a solicitarla revocatoria y se permitiera la respuesta detallada por parte de mandatario.

En palabras del alto tribunal, "La revocatoria del mandato es un instrumento de participación estrechamente vinculado al instituto del voto programático, puesto que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobierno que se logra ( sic) un criterio objetivo que sustenta la insatisfacción de la ciudadanía (...) en esa medida no puede convertirse en un instrumento para desconocer la decisión popular que eligió al Alcalde o Gobernador, ni menos en una vía para reeditar el debate electoral concluido con la designación del mandatario local. Por ende, la revocatoria del mandato debe estar fundada en la exposición de razones objetivas que den cuenta del incumplimiento del plan de gobierno o la acreditación de la insatisfacción general de la ciudadanía".

La sentencia mencionada pone el acento sobre los derechos ciudadanos y no, como en el caso Peñalosa, sobre los del mandatario.

La decisión de la Corte Constitucional implica introducir una instancia o un ejercicio de deliberación que no se había considerado antes y que no está previsto en la legislación: que la demostración de incumplimiento del programa o insatisfacción generalizada de la ciudadanía esté respaldada más allá de las firmas que solicitan la inscripción de la iniciativa y la apertura del proceso.

Se establece, además, que las audiencias para garantizar la información y la deliberación se den tempranamente, entre la inscripción y el comienzo del proceso de recolección de apoyos. En el caso Peñalosa y considerando el estado del proceso, se menciona que pueden ser previas a la convocatoria a votación.

Sin dar ninguna pista sobre qué signifique una "valoración ciudadana objetiva" sobre el programa de gobierno de un mandatario, la Corte exhorta al Congreso para que adopte las normas estatutarias necesarias para proteger los derechos en cuestión y que se utilicen para ello "audiencias públicas, temáticas, transparentes y objetivas en que la ciudadanía pueda conocer las razones específicas que motivan la revocatoria, y el alcalde exprese los argumentos que la desvirtúan, de ser el caso".

El caso Petro: un fallo en otro sentido

No deja de ser contradictorio el hecho de que en un fallo de 2015, la Sala Quinta de Revisión de la misma Corte Constitucional haya tutelado los derechos fundamentales de un ciudadano y haya ordenado a la Registraduría Nacional del Estado Civil reanudar el proceso de revocatoria de Gustavo Petro, a pesar de que existía y estaba en discusión un acto administrativo de destitución del alcalde y de que estaba cerca el final de su período, lo cual hacía inocua la revocatoria.

La sentencia mencionada ( T066/15), pone el acento sobre los derechos ciudadanos y no, como en el caso Peñalosa, sobre los del mandatario. En el caso Petro, la Corte tutela los derechos de participación y el respeto al principio de democracia participativa incluidos en nuestra Constitución. Por eso esta sentencia le asigna al juez constitucional un papel preciso para promover la participación ciudadana y evitar que se desestimule:

"verificando que la regulación del derecho cobije los contenidos protegidos mínimos del derecho, que el procedimiento, los requisitos y las cargas que se imponen a los ciudadanos para su ejercicio sean razonables y proporcionados, que la ley no imponga requisitos imposibles, y que no contenga normas contradictorias que lo tornen ineficaz, o que desestimulen su ejercicio".

"exigirles a las autoridades administrativas y demás personas y entidades públicas y privadas, que protejan este derecho mediante la aplicación de la ley (...) En esa medida, el análisis constitucional debe estar encaminado a impedir que la administración, o los particulares, impongan excesos rituales, cargas desproporcionadas, u obstáculos que impidan el ejercicio eficaz de estos derechos. Máxime cuando en un sistema democrático caracterizado por elecciones periódicas, estos formalismos, cargas u obstáculos, hacen que los procedimientos para el ejercicio de los derechos políticos resulten excesivamente lentos, y, por lo tanto, inanes. El papel del juez constitucional no se contrae, entonces, únicamente a garantizar que se cumpla el procedimiento establecido en la ley. Su papel consiste en garantizar que el procedimiento sea eficaz, es decir, que permita el logro del resultado perseguido por el constituyente al establecer este mecanismo de participación política" (énfasis añadidos).

En síntesis...

Recolección de firmas para las Revocatorias del Mandato.
Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

Si bien desde el punto de vista normativo se ha tratado de facilitar el proceso para que la ciudadanía pueda revocar el mandato de un funcionario elegido, la sentencia de la Corte Constitucional a favor de Enrique Peñalosa puede obstaculizar de nuevo y de manera grave el ejercicio de un derecho que la propia Constitución establece: el derecho a cesar en sus funciones a los gobernantes que, en opinión de los representados, han incumplido su programa de gobierno.

No deja de ser llamativo que la Corte Constitucional haya cambiado tan radicalmente su doctrina sobre este asunto, pues con espacio de apenas tres años falló en un sentido frente al alcalde Petro y en el sentido opuesto frente a Peñalosa.

Pero el fondo del problema es la tensión entre la teoría y la realidad, entre la democracia ideal que se predica en la Constitución y los intentos de aplicar esos principios en la situación concreta de cada mandatario. En otras palabras: es otra prueba de que las buenas intenciones de los constituyentes de 1991 siguen están lejos de cumplirse en Colombia.
*Docente e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional.

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Revocatoria del mandato en Colombia: señales contradictorias - Razón Pública

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Clara Rocío Rodríguez* El pasado 29 de julio en el municipio de Tasco, Boyacá, tuvo lugar la primera revocatoria del mandato de un alcalde en Colombia. El hecho dejó ver la posibilidad de que esta figura consagrada en la Constitución comenzara a tener una efectividad real, dos décadas después de haber sido creada.

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Es el principal mecanismo de participación que tenemos los ciudadanos para elegir y ser elegidos en nuestro país.  un derecho y un deber donde el estado debe velar que se realice de manera transparente.  Es el medio por el que expresamos el apoyo a un candidato en los diferentes escenarios políticos: presidencia, alcaldías, gobernaciones, etc. 

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Es el principal mecanismo de participación que tenemos los ciudadanos para elegir y ser elegidos en nuestro país.  un derecho y un deber donde el estado debe velar que se realice de manera transparente.  Es el medio por el que expresamos el apoyo a un candidato en los diferentes escenarios políticos: presidencia, alcaldías, gobernaciones, etc. 

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Artículo 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano

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Gustavo Petro Urrego, candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico, fue elegido como nuevo presidente de la República para el período 2022-2026, tras ganar por un apretado margen las elecciones de segunda vuelta que se disputaron este domingo en Colombia.

La Registraduría Nacional informó que, escrutado el 99,25% de las urnas dispuestas en todo el país, Petro Urrego obtiene 11.226.150 votos, 711.760 más que su contendor, el candidato independiente Rodolfo Hernández, quien contabiliza 10.514.390 Votos sufragios.

El voto en blanco, en esta segunda y definitiva vuelta electoral, fue la opción de 490.118 ciudadanos, informó la Registraduría.

La victoria de Petro representa el primer triunfo de la izquierda colombiana, en 200 años de historia republicana.

Economista de profesión, Petro Urrego corona así, a sus 62 años de edad, una profusa y controvertida carrera política que lo llevó inicialmente a militar en su juventud en el desaparecido grupo guerrillero M-19.

La desmovilización de esta agrupación subversiva, en 1990, abrió paso a la creación del Movimiento Alianza Democrática M-19, con el que Petro logró llegar por primera vez al Congreso de la República, como representante a la Cámara.

Su experiencia en el legislativo la complementó a partir de 1994 como diplomático en la embajada colombiana en Bélgica, pero a partir de 1998 inició un largo trayecto como Congresista, que lo llevó de la Cámara al Senado, donde las denuncias contra la corrupción fueron su sello personal.

Ese recorrido lo motivó a postularse en el 2010 como candidato a la Presidencia de la República, votación en la que poco más de 1.300.000 votos.

En el año 2011 fue elegido alcalde mayor de Bogotá, cargo en el que fue protagonista de múltiples polémicas y que no pudo ejercer hasta el final del mandato, pues en el año 2013 la Procuraduría General de la Nación, en manos del hoy embajador colombiano ante la OEA, Alejandro Ordóñez, le impuso una drástica sanción de destitución e inhabilidad.

Pero la sanción fue revocada posteriormente en un largo pleito judicial y Petro logró ser objeto de un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que terminó catapultándolo como principal figura de la oposición al régimen.

En el 2018 lanzó su segunda candidatura presidencial, siendo derrotado en primera y segunda vuelta por el hoy jefe de Estado, Iván Duque.

Petro llega a la Presidencia de la República al final de una campaña marcada por una polarización extrema, en la que fue protagonista de varios escándalos protagonizados por políticos tradicionales que se sumaron a su coalición y también por miembros de su familia.

Fue severamente cuestionado por avalar a candidatos con serias acusaciones de corrupción; se le acusó de planear y desarrollar una campaña de guerra sucia para desprestigiar a otros candidatos a la Presidencia, especialmente de la coalición del centro político, y se develó un plan de su campaña para gestionar un posible "perdón social" a políticos corruptos hoy encarcelados, entre otros hechos.

Aún así, logró el favorecimiento en las urnas de una enorme masa de colombianos que ya en la primera vuelta habían expresado enfáticamente su deseo de cambio, al castigar duramente a la clase política tradicional y dar el paso a segunda vuelta tanto a Petro, como al candidato independiente Rodolfo Hernández.

Justamente, satisfacer ese reclamo de cambio en el rumbo del país será el mayor reto de Gustavo Petro a partir del próximo 7 de agosto, cuando asuma formalmente la Presidencia de la República.

Como telón de fondo tendrá no solo la fuerte polarización política que dejan estas elecciones, sino también el fantasma del denominado estallido social que vivió Colombia hace un año, y cuyas complejas causas, según muchos analistas, siguen latentes.

Recibe además una economía que, si bien ha mostrado en el último año fuertes síntomas de recuperación, aún no logra superar plenamente el profundo impacto de la pandemia de Covid-19, por lo que padece un grave problema de generación de empleo.

Las recetas que Petro propuso en su campaña para enfrentar ese panorama se basan fundamentalmente en mayor gasto público, robustecimiento del Estado, cobro de más impuestos a los más ricos y un polémico plan para sustituir gradualmente la industria petrolera por energías limpias, entre otras iniciativas sobre las que no existe consenso entre la opinión pública colombiana.

Aunque para sacar adelante su plan de gobierno Petro contará con una importante fuerza política en el Congreso, pues su partido obtuvo 20 escaños del Senado en las pasadas elecciones de Congreso, en el legislativo también deberá enfrentar una enorme fuerza opositora, integrada por todos los partidos y movimientos que se unieron en torno a la candidatura de Rodolfo Hernández.

Pero, por encima de todo, Gustavo Petro tendrá el reto de aplacar el enorme miedo y la indudable desconfianza de una amplia franja de la población colombiana, que lo ve como el hombre de izquierda que podría llevar a Colombia al abismo en el que quedó Venezuela tras la llegada al poder de Hugo Chávez.

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Gustavo Petro fue elegido como Presidente de Colombia para el período 2022-2026

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Gustavo Petro Urrego, candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico, fue elegido como nuevo presidente de la República para el período 2022-2026, tras ganar por un apretado margen las elecciones de segunda vuelta que se disputaron este domingo en Colombia.