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Sin embargo es claro que no es sencillo resolver el modo más adecuado de asignación de puestos en un sistema escolar tan polarizado en condiciones de trabajo y contextos socioculturales.
Ha logrado el propósito de someter a buena parte de los docentes del país a un proceso fatigoso de examinaciones, sin mucho mérito pues está fundada en la amenaza.

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Se disfraza de mérito un sistema que encomienda exámenes adecuados para conseguir una prelación académica razonable, pero no hay control de la calidad de las plazas en su ordenamiento.

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Estamos ante los graves límites del mérito medido por una evaluación perfecta que si funciona, mal profundiza la desigualdad. Los mejores docentes irían a los sitios en que se requieren meno apoyo y los malos, a los sitios en que se necesitarían más de los primeros.

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Los costos de la justicia laboral incluía prestaciones y obligaciones para ambas partes, que suele llamarse “ciudadanía laboral”, eran muy altos para los intereses del capital: hacer precaria la condición laboral era lo necesario para competir en este mundo globalizado.

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Se concluye  que el cambio legal estaba orientado de manera muy especial, a posibilitar un despido barato para los patrones y condiciones inestables para los trabajadores.

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También es importante señalar que la promoción de los docentes a nuevas posiciones y cargos tampoco estará ligada a ninguna evaluación, sino que se volverá al modelo anterior a la reforma del 2012, en el que se impulsaba el ascenso de acuerdo a las capacidades y aptitudes observadas. Se establece en el artículo tercero constitucional el concepto de niñas, niños y jóvenes, a quienes se les confiere el “interés supremo” de la educación que imparte el Estado. Asimismo, se agregan a los principios de educación gratuita, laica y obligatoria, los de universalidad, equidad y excelencia, para todos los niveles, incluyendo universidad.

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También es importante señalar que la promoción de los docentes a nuevas posiciones y cargos tampoco estará ligada a ninguna evaluación, sino que se volverá al modelo anterior a la reforma del 2012, en el que se impulsaba el ascenso de acuerdo a las capacidades y aptitudes observadas. Se establece en el artículo tercero constitucional el concepto de niñas, niños y jóvenes, a quienes se les confiere el “interés supremo” de la educación que imparte el Estado. Asimismo, se agregan a los principios de educación gratuita, laica y obligatoria, los de universalidad, equidad y excelencia, para todos los niveles, incluyendo universidad.

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Vale la pena señalar que la nueva reforma también menciona aspectos como la recuperación de estudios de civismo, valores, cultura, arte, música, deporte, y medio ambiente, así como menciona la importancia de las becas Benito Juárez, de nivel básico y para estudiantes universitarios. También se habla de una nueva política educativa diferenciada por zonas, lo que, afirman, permitirá una educación indígena, bilingüe y bicultural, además de que se plantea una autonomía para la elección de dirigentes en los sindicatos.

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Vale la pena señalar que la nueva reforma también menciona aspectos como la recuperación de estudios de civismo, valores, cultura, arte, música, deporte, y medio ambiente, así como menciona la importancia de las becas Benito Juárez, de nivel básico y para estudiantes universitarios. También se habla de una nueva política educativa diferenciada por zonas, lo que, afirman, permitirá una educación indígena, bilingüe y bicultural, además de que se plantea una autonomía para la elección de dirigentes en los sindicatos.

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Se concreta asimismo la abrogación de la Ley del Servicio Profesional Docente, la cual establecía los perfiles, indicadores y parámetros para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes en el servicio público educativo, incluyendo aquí la regulación de sus derechos y obligaciones. Derivado de los puntos anteriores, la nueva reforma educativa no contempla la realización de evaluaciones punitivas, tal y como viene estipulado y como lo ha mencionado el propio AMLO, es decir, no se determinará la permanencia de los docentes en sus puestos por los resultados que vayan teniendo en las pruebas que se les hagan.

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Se concreta asimismo la abrogación de la Ley del Servicio Profesional Docente, la cual establecía los perfiles, indicadores y parámetros para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes en el servicio público educativo, incluyendo aquí la regulación de sus derechos y obligaciones. Derivado de los puntos anteriores, la nueva reforma educativa no contempla la realización de evaluaciones punitivas, tal y como viene estipulado y como lo ha mencionado el propio AMLO, es decir, no se determinará la permanencia de los docentes en sus puestos por los resultados que vayan teniendo en las pruebas que se les hagan.

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 La lealtad a, o el vínculo adecuado con, las autoridades educativas y sindicales, por cada parteo combinadas, será la razón de que se asignen las plazas y horas de trabajo que los preferidos requieren. 

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 La lealtad a, o el vínculo adecuado con, las autoridades educativas y sindicales, por cada parteo combinadas, será la razón de que se asignen las plazas y horas de trabajo que los preferidos requieren. 

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1) Contempla la abrogación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un organismo creado durante la gestión del ex presidente Vicente Fox y al que la reforma de 2012 le otorgó autonomía constitucional, reconociendo el valor de la evaluación técnica, profesional e independiente de los docentes. Ahora este trabajo pasará a manos del Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.

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1) Contempla la abrogación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un organismo creado durante la gestión del ex presidente Vicente Fox y al que la reforma de 2012 le otorgó autonomía constitucional, reconociendo el valor de la evaluación técnica, profesional e independiente de los docentes. Ahora este trabajo pasará a manos del Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.

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Es un problema, cierto, que se debe discutir para encontrar mejores soluciones, pero la confianza en el mérito, sin seguridad en que sea medible,  puede generar desigualdad, y si no se tiene control de la prelación de plazas en los gobiernos locales, la reproducción del convenio político es muy factible.

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Es un problema, cierto, que se debe discutir para encontrar mejores soluciones, pero la confianza en el mérito, sin seguridad en que sea medible,  puede generar desigualdad, y si no se tiene control de la prelación de plazas en los gobiernos locales, la reproducción del convenio político es muy factible.

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Se trató, junto a las otras llamadas reformas estructurales, de uno de los mayores éxitos del presidente Enrique Peña Nieto, quien no sumaba en aquel entonces ni un año de haber asumido el Poder Ejecutivo. Sin embargo, seis años después de este evento, las cosas apuntan a cambiar drásticamente, toda vez que la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió trabajar en una nueva reforma educativa que borra la mayor parte de la columna vertebral de aquella avalada al inicio de la gestión pasada. “Qué bien que se está consiguiendo avanzar en este terreno, es sin duda un problema menos, porque para mejorar la educación lo que más se necesita es que se tome en cuenta a los maestros”, mencionó el presidente López Obrador sobre la que fuera una de sus propuesta de campaña durante su conferencia matutina del pasado 25 de abril.

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Se trató, junto a las otras llamadas reformas estructurales, de uno de los mayores éxitos del presidente Enrique Peña Nieto, quien no sumaba en aquel entonces ni un año de haber asumido el Poder Ejecutivo. Sin embargo, seis años después de este evento, las cosas apuntan a cambiar drásticamente, toda vez que la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió trabajar en una nueva reforma educativa que borra la mayor parte de la columna vertebral de aquella avalada al inicio de la gestión pasada. “Qué bien que se está consiguiendo avanzar en este terreno, es sin duda un problema menos, porque para mejorar la educación lo que más se necesita es que se tome en cuenta a los maestros”, mencionó el presidente López Obrador sobre la que fuera una de sus propuesta de campaña durante su conferencia matutina del pasado 25 de abril.

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La inminente aprobación final de la nueva reforma educativa, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, traerá consigo una serie de cambios y desapariciones importantes al modelo educativo establecido durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Uno de los mayores resultados que trajo consigo el llamado Pacto por México, acuerdo político de unidad que impulsaron en 2012 el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue la aprobación en su momento de la reforma educativa.

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La inminente aprobación final de la nueva reforma educativa, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, traerá consigo una serie de cambios y desapariciones importantes al modelo educativo establecido durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Uno de los mayores resultados que trajo consigo el llamado Pacto por México, acuerdo político de unidad que impulsaron en 2012 el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue la aprobación en su momento de la reforma educativa.

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La reforma educativa propone cambios profundos en todas las áreas de la educación primaria: reorganiza el sistema educativo, plantea una educación intercultural y bilingüe, pone el énfasis sobre el/la alumno/a y el aprendizaje, y busca reformar la formación de maestros.

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La reforma educativa propone cambios profundos en todas las áreas de la educación primaria: reorganiza el sistema educativo, plantea una educación intercultural y bilingüe, pone el énfasis sobre el/la alumno/a y el aprendizaje, y busca reformar la formación de maestros.

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AMLO celebra aval de reforma educativa; rechaza que maestros vayan a controlar plazas

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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las plazas se tienen que entregar de acuerdo a los méritos

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Recibe la información más relevante del gobierno y la sociedad.

El proceso considerará los contextos regionales, conocimientos, aptitudes y experiencias de los maestros; los egresados de normales y de la UPN tendrán prioridad para plazas.

Los profesores que aspiren a una plaza de trabajo deberán participar en un proceso de selección en el que se tomarán en cuenta elementos multifactoriales como los contextos regionales, la valoración de los conocimientos, aptitudes y experiencias de cada uno.

La Ley General del Sistema de Carrera de Maestras y Maestros, aprobada en ambas Cámaras, será la que regule el ingreso y promoción de los docentes en el país.

La evaluación será sustituida por un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes del aspirante, su formación docente pedagógica, la acreditación de estudios mínimos de licenciatura, el promedio general de carrera y el dominio de una lengua extranjera, entre otros.

Aquí los detalles de los procesos:

¿Para quién aplica la Ley?

La ley aplica para docentes, asesores técnico pedagógicos y el personal con funciones de dirección y de supervisión, en la educación básica y media superior que imparta el Estado.

La ley le da a la SEP las atribuciones de establecer y coordinar el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas para la ocupación de las vacantes de personal; determinar los puestos del personal técnico docente que formarán parte del sistema, establecer mecanismos mediante los cuales madres y padres de familia o tutores, sistemas anticorrupción locales y la comunidad que participarán como observadores en los procesos de selección.

La Secretaría también definirá los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento; emitirá las disposiciones bajo las cuales se desarrollarán estos procesos, los cuales tomarán en cuenta los contextos regionales del servicio educativo y la valoración de los conocimientos, aptitudes y experiencia de los maestros.
Recomendamos: Los puntos clave (y concesiones a la CNTE) de la reforma educativa
¿Cómo serán los procesos?

Para el caso de la admisión y promoción en educación básica, el artículo 39 establece que los procesos anuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, además se indica que los aspirantes tendrán igualdad de condiciones, aunque los egresados de las normales y de la Universidad Pedagógica Nacional tendrán prioridad.

Los procesos de selección considerarán los contextos regionales del servicio educativo y la valoración de los conocimientos, aptitudes y experiencia de los maestros, con la finalidad de mejorar el nivel de aprendizaje y desarrollo integral de los educandos.

¿Cuáles son los pasos que se seguirán?

La directora, director o equivalente donde se haya generado una vacante, deberá notificarla al titular del nivel educativo o del subsistema en un plazo no mayor de cinco días hábiles para zonas urbanas y de diez días hábiles para zonas rurales, y en los mismos plazos se deberá registrar en el Sistema Abierto.

Las convocatorias se publicarán con un plazo mínimo de 30 días naturales a la realización de los procesos de selección para la admisión.

Posteriormente la SEP celebrará un proceso público en el que participarán las autoridades educativas de las entidades federativas y representaciones sindicales, en una mesa tripartita en cada uno de los estados y la CDMX.

La asignación se realizará de acuerdo con los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales, en caso de que alguna persona no acuda al evento de asignación o no acepte la plaza, se recorrerá el listado de manera progresiva.

¿Qué elementos se tomarán en cuenta?

Los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta son:

Un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos.

La formación docente pedagógica

La acreditación de estudios mínimos de licenciatura

El promedio general de carrera

Los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial

Los programas de movilidad académica

Dominio de una lengua distinta a la propia

En el caso de admisión al sistema de educación media superior, se contará también el manejo y dominio del lenguaje y la cultura digitales. El personal que sea admitido, tendrá el acompañamiento de un tutor cuando menos por dos ciclos escolares.

#ComoCuando Le dan otros datos a #AMLO sobre la Reforma Educativa...

¿Cómo serán los procesos de promoción?

En el caso de la promoción, puede ser vertical u horizontal. En el primer caso es para acceder a un nivel superior, mientras que en el horizontal se podrá acceder a incentivos sin cambiar de actividades. En este caso se respetará el nivel que se tenga de Carrera Magisterial.

El personal docente con experiencia mínima de cuatro años podrá participar en un proceso de selección a la categoría inmediata superior, mientras que el personal directivo o de supervisión que ejerza la función, cuente con experiencia mínima de cinco años en la gestión directiva, podrá participar en el proceso de selección a la categoría inmediata superior.

Para la promoción en el nivel medio superior, se tomará en cuenta la antigüedad en el servicio, experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, el reconocimiento al buen desempeño para la comunidad educativa, la formación académica de posgrado, la capacitación y actualización, las aportaciones en materia de mejora continua y la participación en eventos y actividades de fortalecimiento académico y formación integral del educando.

¿Cómo se darán los reconocimientos?

En el caso de los reconocimientos por el desempeño de funciones, que consisten en distinciones, estímulos y opciones de desarrollo profesional, se otorgarán en un proceso público en el que se pondrá a disposición de las autoridades educativas de las entidades y las representaciones sindicales en una mesa tripartita, en donde se valorarán los resultados de los elementos multifactoriales.

Los reconocimientos podrán consistir en estímulos económicos, programas de movilidad académica, cursos extracurriculares fuera de su localidad, estudios de posgrado o incentivos para los procesos de promoción.

Estos se darán al personal docente y directivo que destaquen por sus prácticas innovadoras y sus estrategias de vinculación social que incida en el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.

En el caso del reconocimiento en nivel medio superior, se considerarán las aportaciones que haya realizado para la mejora continua en la educación, la docencia, la investigación y la tutoría, las publicaciones académicas o de investigación, la formación académica o de posgrado o el desempeño en el plantel.

¿Cuándo serán los primeros procesos?

De acuerdo con el transitorio séptimo, dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor de la ley, se publicará el calendario en el que se precisen las fechas y plazos para la operación de los procesos de selección previstos en la ley.

Recibe la información más relevante del gobierno y la sociedad.

Los profesores que aspiren a una plaza de trabajo deberán participar en un proceso de selección en el que se tomarán en cuenta elementos multifactoriales como los contextos regionales, la valoración de los conocimientos, aptitudes y experiencias de cada uno.

La Ley General del Sistema de Carrera de Maestras y Maestros, aprobada en ambas Cámaras, será la que regule el ingreso y promoción de los docentes en el país.

La evaluación será sustituida por un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes del aspirante, su formación docente pedagógica, la acreditación de estudios mínimos de licenciatura, el promedio general de carrera y el dominio de una lengua extranjera, entre otros.

Aquí los detalles de los procesos:

¿Para quién aplica la Ley?

La ley aplica para docentes, asesores técnico pedagógicos y el personal con funciones de dirección y de supervisión, en la educación básica y media superior que imparta el Estado.

La ley le da a la SEP las atribuciones de establecer y coordinar el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas para la ocupación de las vacantes de personal; determinar los puestos del personal técnico docente que formarán parte del sistema, establecer mecanismos mediante los cuales madres y padres de familia o tutores, sistemas anticorrupción locales y la comunidad que participarán como observadores en los procesos de selección.

La Secretaría también definirá los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento; emitirá las disposiciones bajo las cuales se desarrollarán estos procesos, los cuales tomarán en cuenta los contextos regionales del servicio educativo y la valoración de los conocimientos, aptitudes y experiencia de los maestros.
Recomendamos: Los puntos clave (y concesiones a la CNTE) de la reforma educativa
¿Cómo serán los procesos?

Para el caso de la admisión y promoción en educación básica, el artículo 39 establece que los procesos anuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, además se indica que los aspirantes tendrán igualdad de condiciones, aunque los egresados de las normales y de la Universidad Pedagógica Nacional tendrán prioridad.

Los procesos de selección considerarán los contextos regionales del servicio educativo y la valoración de los conocimientos, aptitudes y experiencia de los maestros, con la finalidad de mejorar el nivel de aprendizaje y desarrollo integral de los educandos.

¿Cuáles son los pasos que se seguirán?

La directora, director o equivalente donde se haya generado una vacante, deberá notificarla al titular del nivel educativo o del subsistema en un plazo no mayor de cinco días hábiles para zonas urbanas y de diez días hábiles para zonas rurales, y en los mismos plazos se deberá registrar en el Sistema Abierto.

Las convocatorias se publicarán con un plazo mínimo de 30 días naturales a la realización de los procesos de selección para la admisión.

Posteriormente la SEP celebrará un proceso público en el que participarán las autoridades educativas de las entidades federativas y representaciones sindicales, en una mesa tripartita en cada uno de los estados y la CDMX.

La asignación se realizará de acuerdo con los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales, en caso de que alguna persona no acuda al evento de asignación o no acepte la plaza, se recorrerá el listado de manera progresiva.

¿Qué elementos se tomarán en cuenta?

Los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta son:

Un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos.

La formación docente pedagógica

La acreditación de estudios mínimos de licenciatura

El promedio general de carrera

Los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial

Los programas de movilidad académica

Dominio de una lengua distinta a la propia

En el caso de admisión al sistema de educación media superior, se contará también el manejo y dominio del lenguaje y la cultura digitales. El personal que sea admitido, tendrá el acompañamiento de un tutor cuando menos por dos ciclos escolares.

#ComoCuando Le dan otros datos a #AMLO sobre la Reforma Educativa...

¿Cómo serán los procesos de promoción?

En el caso de la promoción, puede ser vertical u horizontal. En el primer caso es para acceder a un nivel superior, mientras que en el horizontal se podrá acceder a incentivos sin cambiar de actividades. En este caso se respetará el nivel que se tenga de Carrera Magisterial.

El personal docente con experiencia mínima de cuatro años podrá participar en un proceso de selección a la categoría inmediata superior, mientras que el personal directivo o de supervisión que ejerza la función, cuente con experiencia mínima de cinco años en la gestión directiva, podrá participar en el proceso de selección a la categoría inmediata superior.

Para la promoción en el nivel medio superior, se tomará en cuenta la antigüedad en el servicio, experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, el reconocimiento al buen desempeño para la comunidad educativa, la formación académica de posgrado, la capacitación y actualización, las aportaciones en materia de mejora continua y la participación en eventos y actividades de fortalecimiento académico y formación integral del educando.

¿Cómo se darán los reconocimientos?

En el caso de los reconocimientos por el desempeño de funciones, que consisten en distinciones, estímulos y opciones de desarrollo profesional, se otorgarán en un proceso público en el que se pondrá a disposición de las autoridades educativas de las entidades y las representaciones sindicales en una mesa tripartita, en donde se valorarán los resultados de los elementos multifactoriales.

Los reconocimientos podrán consistir en estímulos económicos, programas de movilidad académica, cursos extracurriculares fuera de su localidad, estudios de posgrado o incentivos para los procesos de promoción.

Estos se darán al personal docente y directivo que destaquen por sus prácticas innovadoras y sus estrategias de vinculación social que incida en el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.

En el caso del reconocimiento en nivel medio superior, se considerarán las aportaciones que haya realizado para la mejora continua en la educación, la docencia, la investigación y la tutoría, las publicaciones académicas o de investigación, la formación académica o de posgrado o el desempeño en el plantel.

¿Cuándo serán los primeros procesos?

De acuerdo con el transitorio séptimo, dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor de la ley, se publicará el calendario en el que se precisen las fechas y plazos para la operación de los procesos de selección previstos en la ley.

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leyes secundarias reforma educativa 2019

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Así será el acceso a las plazas educativas con la reforma educativa de AMLO

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Recibe la información más relevante del gobierno y la sociedad. El proceso considerará los contextos regionales, conocimientos, aptitudes y experiencias de los maestros; los egresados de normales y de la UPN tendrán prioridad para plazas.

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 La administración del servicio y el gobierno del sistema; la escala en que es posible generar diálogo entre los maestros; la evaluación del aprendizaje, así como la valoración de las capacidades pedagógicas y los conocimientos de los docentes con el fin de acotar los diversos problemas a atender tanto en las Normales como en los cursos o talleres cuando ya se está en servicio; una visión ordenada de las características de los docentes actuales y su diversidad por edad, sexo, antigüedad en el oficio, con el fin de tener un panorama claro, dado que toda reforma es engarzar una serie de reformas específicas…

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 La administración del servicio y el gobierno del sistema; la escala en que es posible generar diálogo entre los maestros; la evaluación del aprendizaje, así como la valoración de las capacidades pedagógicas y los conocimientos de los docentes con el fin de acotar los diversos problemas a atender tanto en las Normales como en los cursos o talleres cuando ya se está en servicio; una visión ordenada de las características de los docentes actuales y su diversidad por edad, sexo, antigüedad en el oficio, con el fin de tener un panorama claro, dado que toda reforma es engarzar una serie de reformas específicas…

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Sin pretender exhaustividad, hay muchos factores a atender con el propósito de mejorar el aprendizaje en el sen: sin orden de prioridad, podemos enunciar la formación inicial del magisterio (las escuelas Normales); la formación continua para los docentes en servicio, la infraestructura y los servicios en las escuelas; la relevancia y claridad de los planes y programas de estudio, su relación con los libros de texto y el vínculo entre lo que de ellos se deriva como capacidad docente y la formación inicial y continua; la organización territorial y por sectores, tipos y modalidades educativas.

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Sin pretender exhaustividad, hay muchos factores a atender con el propósito de mejorar el aprendizaje en el sen: sin orden de prioridad, podemos enunciar la formación inicial del magisterio (las escuelas Normales); la formación continua para los docentes en servicio, la infraestructura y los servicios en las escuelas; la relevancia y claridad de los planes y programas de estudio, su relación con los libros de texto y el vínculo entre lo que de ellos se deriva como capacidad docente y la formación inicial y continua; la organización territorial y por sectores, tipos y modalidades educativas.

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 Estamos, pues, ante los graves límites del mérito medido por una evaluación perfecta y el listado depuestos transparente, siempre completo y con vacantes en todos los niveles de calidad en las plazas docentes. Si funciona, mal: porque profundiza la desigualdad.

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 Estamos, pues, ante los graves límites del mérito medido por una evaluación perfecta y el listado depuestos transparente, siempre completo y con vacantes en todos los niveles de calidad en las plazas docentes. Si funciona, mal: porque profundiza la desigualdad.

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Bajo estos supuestos, la Reforma, si funciona bien, generará un sistema educativo más desigual: sería una reforma regresiva, pues se asignaría al mejor profesor a la plaza situada en una escuela capitalina de organización completa, cercana a su hogar o al sitio donde quiere vivir.

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Bajo estos supuestos, la Reforma, si funciona bien, generará un sistema educativo más desigual: sería una reforma regresiva, pues se asignaría al mejor profesor a la plaza situada en una escuela capitalina de organización completa, cercana a su hogar o al sitio donde quiere vivir.

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CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Organizaciones civiles relacionadas con la educación dieron el visto bueno al dictamen de reforma educativa aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados, aunque consideraron que todavía hay puntos que se tienen que resolver, como el ingreso y la promoción de los docentes.

"Vemos con buenos ojos la propuesta aprobada y vemos que ha hecho grandes mejoras en comparación con la iniciativa inicial (...) Si sabemos aprovechar la oportunidad, veremos mejoras", señaló Daniel López, de Suma por la Educación, en conferencia de prensa con la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

En tanto, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reconoció en un comunicado que, gracias al trabajo con los grupos parlamentarios, a los diálogos de la sociedad y a la participación de investigadores y especialistas, se avanzó mucho a partir de la iniciativa presentada el 12 de diciembre .
Recomendamos: México llega al momento clave para la nueva reforma educativa
¿Cuáles son los pros?

El INEE señaló que se incorporó la educación inicial y se incluyó la autonomía universitaria, así como el concepto de educación como un derecho de igualdad sustantiva.

Por su parte, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) celebró que se incorpore la educación superior como obligatoria y gratuita, aunque advirtió de las presiones a las finanzas públicas que esto puede tener.

David Calderón, de Mexicanos Primero, coincidió en que quedan pendientes importantes, como la situación presupuestal, y consideró positivo que se garantice inclusión a estudiantes con discapacidad y que ya no se vayan a realizar evaluaciones estandarizadas, sino que se llame a concurso para el ingreso y la promoción.

¿Cuáles son los contras?

El INEE señaló que no se justifica su desaparición y, además, advirtió que la reforma no da autonomía constitucional al nuevo organismo que lo reemplazaría; la nueva institución ya no estaría bajo el control de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino del Poder Ejecutivo, pero esto puede menguar su papel independiente.
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Añadió que la propuesta excluye asignaturas, por ejemplo, español y matemáticas, además de una serie de materias innovadoras a nivel mundial que ayudan a construir una sociedad más sensible, justa, sustentable e igualitaria.

La petición, no ceder ante la CNTE

Los organismos también coincidieron en la necesidad de no volver a prácticas del pasado y dejarse presionar por la CNTE, que por cuarta ocasión impidió el acceso a la Cámara de Diputados. También exigieron continuar con un proceso transparente y equitativo en la elaboración de las normas en la materia.

"En las leyes secundarias que queden claros los procesos de selección de maestros, mediante concursos públicos, transparentes, equitativos e imparciales, en el sistema de carrera magisterial, y (que) los nombramientos sean únicamente otorgados conforme a la ley", afirmó Carlos Aguirre, director de Alianzas de Maestros, en la conferencia de prensa con la UNPF y Suma por la Educación.
Conoce más: Gobierno y CNTE acuerdan "diálogo permanente" en reforma educativa
El INEE señaló que el Estado debe continuar al frente de la rectoría y conducción del Sistema Educativo Nacional, evitando que este vuelva a ser presa de intereses de pocos y relegue la calidad de la educación pública.

"Una iniciativa con los retos como la que hoy se ha acordado nunca debe privilegiar a grupos particulares que solo ven en esta una forma de promover sus intereses y no los de la niñez del país", planteó.

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Los pros y contras de la nueva reforma educativa, según el INEE y organizaciones

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CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Organizaciones civiles relacionadas con la educación dieron el visto bueno al dictamen de reforma educativa aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados, aunque consideraron que todavía hay puntos que se tienen que resolver, como el ingreso y la promoción de los docentes.

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Descentralización-recentralización y su aplicación a la Reforma Educativa

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Descentralización-recentralización y su aplicación a la Reforma Educativa

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Durante las últimas décadas del siglo XX los países de América Latina experimentaron profundos procesos de descentralización en aspectos administrativos, políticos y fiscales. Más recientemente, sin embargo, los ejecutivos nacionales en varios países de la región han impulsado políticas de recentralización con la intención de recuperar prerrogativas y responsabilidades. El objetivo de este artículo es analizar estas dinámicas de la recentralización, considerando la creciente literatura que en los últimos años ha proliferado para explicar dichos procesos. Con base en dichos trabajos se identifican tres hipótesis que permiten explicar la recentralización. De acuerdo con dichas hipótesis estaría motivada, respectivamente, por existencia de gobierno unificado, por la estabilización de la economía luego de una crisis hiperinflacionaria o por la intención de ejecutivo federal de castigar a gobiernos subnacionales controlados por la oposición. A estas se podría agregar una cuarta, que propone a la recentralización como una respuesta frente a la incapacidad de los gobiernos subnacionales de prestar correctamente los servicios que le fueron transferidos. Con base en este marco se analiza el reciente proceso recentralizador observado actualmente en el sector educativo en México.

Palabras clave: Descentralización, recentralización, México, Peña Nieto, educación
Abstract
During the last decades of the XX century, Latin American countries experienced significant decentralization processes in terms of administrative, political and fiscal affairs. More recently, however, national executives in many countries in the region encouraged recentralization policies with the goal of regaining prerrogatives and responsibilities. The goal of this article is to study this recentralization trend, building on the literature that during the last years has attempted to explain these recentralization dynamics. Three hypothesis can be derived from those works in order to identify the reasons behind recentralization. According to these hypothesis, recentralization could be the result of the existence of unified government, the consequence of a stabilized economy after a hyperinflationary crisis or the result of national executive's intention to punish subnational government controlled by the opposition. A fourth additional hypothesis states that recentralization can emerge as a result of the imposibility of subnational governments to deliver those services previously decentralized. Taking into account this conceptual framework the article analizes some recent recentralization measures observed nowadays in Mexico in relation to the education sector.

Key words: Decentralization, recentralization, Mexico, Peña Nieto, education
Resumo
Durante as últimas décadas do século XX os países da América Latina experimentaram uma profunda descentralização em aspectos administrativos, políticos e fiscais. Mais recentemente, no entanto, os executivos nacionais em vários países da região têm impulsionado políticas de recentralização com a intenção de recuperar as prerrogativas e responsabilidades. O objetivo deste trabalho é analisar essas dinâmicas de recentralização, considerando a crescente literatura que nos últimos anos tem proliferado para, assim, explicar esses processos. Com base nestes trabalhos, identificam-se três hipóteses que possibilitam explicar a recentralização. De acordo com estas hipóteses ela estaria motivada, respetivamente, pela existência de um governo unificado, pela estabilidade da economia após uma crise hiperinflacionária ou pela intenção do executivo federal de castigar governos subnacionais controlados pela oposição. Também podese adicionar uma quarta, que propõe a recentralização como uma resposta à incapacidade dos governos subnacionais para fornecer adequadamente os serviços que lhes foram transferidos. Com base neste quadro, analisa-se o recente processo recentralizador observado atualmente no setor educacional do México.

Palavras-chave: Descentralização, recentralização, México, Peña Nieto, educação
INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas del siglo XX, los países latinoamericanos experimentaron importantes transformaciones políticas y económicas. En muchos casos se dieron transiciones de gobiernos autoritarios a regímenes democráticos. En otros se hizo también visible la adopción de reformas económicas inspiradas en las recetas emanadas del "Consenso de Washington" y orientadas al mercado. En este contexto, casi todos los países citados implementaron políticas de descentralización en los ámbitos administrativo, fiscal y político que redefinieron de manera importante la relación entre niveles de gobierno e hicieron ganar poder a nuevos actores en la política nacional. Dicho proceso ha sido estudiado de manera sustantiva por una amplia literatura que ha florecido desde entonces.

Más recientemente, sin embargo, diferentes autores han comenzado a señalar la puesta en marcha de procesos de recentralización, orientados en la mayoría de los casos a revertir la particular distribución de poder, autonomía y facultades consolidadas en las décadas anteriores. El objetivo del presente artículo es realizar un análisis de estos emergentes procesos de recentralización en la región y considerar las razones a partir de las cuales se explican. Asimismo, se propone aplicar algunas de las nociones presentadas en la creciente literatura acerca de la recentralización para analizar una serie de dinámicas que están teniendo lugar actualmente en México, en particular en el ámbito de la provisión de educación. Argumentamos que, a diferencia de lo propuesto en la literatura sobre la temática, para el caso mexicano una de las hipótesis que mejor parece explicar los intentos recentralizadores es la incapacidad de los estados (desde la perspectiva del centro) de llevar a cabo de manera adecuada la provisión de los servicios públicos que les fueron transferidos en décadas anteriores. Finalmente, proponemos algunas conclusiones y posibles escenarios pensando en el futuro próximo.
1. CONCEPTUALIZANDO LA RECENTRALIZACIÓN
Como ya ha sido señalado, en el período entre 1980 y 2000 los procesos de descentralización dominaron en la agenda de reformas de los países de América Latina, en un contexto en el que dichas políticas eran incentivadas por organismos internacionales y se estaban desarrollando también en otras partes del planeta. En el caso de la región latinoamericana, dicha descentralización coincidió en muchos países con procesos paralelos de democratización y de reforma económica, por lo que algunos autores postularon la existencia de estrechos vínculos entre estos diferentes procesos y la existencia de dinámicas de reforzamiento mutuo. Dichos procesos de descentralización implicaron en concreto la transferencia de responsabilidades, recursos y potestades políticas desde el gobierno central hacia los niveles de gobierno inferiores (estados y municipios) y tuvieron lugar tanto en países federales como unitarios. El resultado fue, en términos generales, una ampliación del poder y la autonomía de las unidades de gobierno subnacionales y, en muchos casos, la emergencia de las autoridades políticas subnacionales (gobernadores y alcaldes) como nuevos actores de peso en la política nacional.

Ya adentrados en el siglo XXI la ola descentralizadora ha perdido vigor y parece haber dado paso, en un movimiento pendular, a intentos por parte de los gobiernos nacionales de recentralizar el poder, generando como consecuencia una limitación en la autonomía de las unidades subnacionales. Dichos intentos recentralizadores han tenido lugar en diferentes países latinoamericanos, pero también en algunos otros de África y, siendo casos paradigmáticos, también en Rusia y China.

Siendo el eje del presente trabajo, resulta sin embargo necesario ensayar una breve conceptualización sobre lo que entendemos por la idea de recentralización. En este caso, se sigue lo planteado por Eaton y Dickovick, quienes definen la recentralización como "... una serie de cambios diseñados para revertir reformas previas que expandieron la autonomía de los gobiernos subnacionales y, por lo tanto, limitaron las prerrogativas del gobierno nacional" (2004, p.94). Para que resulte claro, las políticas de recentralización son puestas en práctica cuando las autoridades nacionales (los presidentes, en la mayoría de los casos) actúan con la intención de reconquistar el poder sobre recursos y prerrogativas en los ámbitos administrativos, fiscales y políticos que hasta el momento se encontraban bajo el control de las autoridades subnacionales como resultado de procesos descentralizadores ocurridos con anterioridad. A partir de la presente definición debe quedar claro que la recentralización no es intrínsecamente equivalente a la centralización per se, dado que en el caso de la primera existe la intención de regresar a un statu-quo que se vio alterado cuando las políticas descentralizadoras fueron puestas en práctica (Eaton and Dickovick, 2004; Dickovick, 2011a). También puede argumentarse que, desde el punto de vista conceptual, y dado que las políticas recentralizadoras suponen una reducción en los niveles de autonomía de las unidades subnacionales, estas tenderán a ser resistidas por las autoridades subnacionales, ya que suponen una amenaza directa a su poder. Por eso, dichos intentos pueden llevar a un conflicto abierto entre niveles de gobierno y/o a procesos de negociación entre las partes como resultado de los cuales los actores subnacionales acepten dichas limitaciones a sus poderes a cambio de beneficios de otro tipo.

En este último caso, la autonomía subnacional solo se ve afectada de una manera indirecta: si bien no resulta restringida en el plano legal, sí aparece limitada en términos de su ejercicio efectivo como consecuencia de rol más "central" que asume el gobierno nacional. En este sentido, la recentralización debe entenderse tanto como la reversión de un proceso de devolución de poder a las autoridades subnacionales (Dickovick, 2011a), así como la modificación en el balance de poder en favor del centro en un contexto de post-descentralización.

Así como en el caso de las políticas de descentralización, las políticas recentralizadoras pueden afectar los tres aspectos que moldean la relación entre niveles de gobierno: fiscal, administrativo y político (Falleti, 2010).

La mayoría de las experiencias de recentralización fiscal suponen algún tipo de redefinición acerca de cómo los recursos son distribuidos entre el centro y las unidades subnacionales. Las autoridades nacionales pueden tratar de recentralizar recursos, sea recuperando el control sobre fondos previamente bajo la tutela de los gobiernos subnacionales o bien creando nuevas fuentes de ingresos no compartidos con otros niveles de gobierno. Ejemplos de políticas de recentralización fiscal pueden incluir la creación de nuevos impuestos cuyos ingresos por recaudación se encuentran bajo exclusiva potestad de las autoridades nacionales, cambios en el sistema de transferencias con el objetivo de ampliar la porción correspondiente al centro, la transferencia a los niveles subnacionales de gastos antes erogados por el gobierno nacional sin la descentralización concurrente de los recursos requeridos para financiar dichos pagos, una recentralización de impuestos o recursos previamente descentralizados, un incremento en el uso discrecional de recursos por parte del gobierno nacional, entre otros.

En relación con el plano administrativo, como consecuencia de la recentralización, las autoridades nacionales ganan nuevamente control sobre prerrogativas relacionadas con el diseño e implementación de políticas públicas que se encontraban previamente bajo el control de las autoridades subnacionales y, por lo tanto, aumentan su influencia tanto en relación con la provisión de servicios como en términos de la hechura de las políticas. Esfuerzos recentralizadores en este plano pueden incluir la creación de programas nacionales con impacto directo en la provisión de servicios en el territorio, la fijación de estándares comunes que deben ser cumplimentados por las administraciones provinciales en diferentes áreas de política (como educación, seguridad, salud, etc.), la recentralización de la nómina salarial de los trabajadores provinciales, entre otros.

Finalmente, en términos políticos las políticas de recentralización apuntan a de alguna manera a restringir el espacio de maniobra de las autoridades locales (gobernadores, alcaldes) o a producir "...cambios que limiten la autoridad gubernamental de los funcionarios locales que han llegado al poder como resultado de elecciones" (Eaton, en prensa). En este sentido, ejemplos de recentralización política pueden incluir desde medidas drásticas, como la suspensión de las elecciones locales y el nombramiento de las autoridades subnacionales directamente por orden presidencial o la disolución de unidades subnacionales y su inclusión en regiones autónomas bajo la autoridad directa del gobierno nacional, hasta medidas más sutiles, como la introducción de cambios en las instituciones electorales para limitar el influjo de las autoridades subnacionales en las elecciones locales o para "vetar" a ciertos candidatos dispuestos a competir en dichas comicios, el nombramiento de comisionados presidenciales con atribuciones sobre aspectos particulares de la política local, la creación de macro-regiones que crean un nuevo nivel de gobierno intermedio entre el presidente y las autoridades provinciales, entre otros.

Luego de esta breve caracterización de lo que aquí se entiende por recentralización, la siguiente sección propone una revisión algo más detallada de los análisis que en tiempos más recientes han comenzado a surgir sobre las políticas de recentralización y sus causas.
2. UNA BREVE REVISIÓN DE LA LITERATURA Y ALGUNAS HIPÓTESIS QUE EXPLICAN LA RECENTRALIZACIÓN
Siguiendo una tendencia similar a lo observado hacia finales del siglo pasado con los trabajos sobre descentralización, la literatura sobre recentralización ha experimentado un crecimiento sustantivo durante años recientes como consecuencia de la recurrencia de procesos de este tipo, aun cuando todavía no ha alcanzado la envergadura de la primera. Una serie importante de análisis se ha enfocado en experiencias observadas en América Latina, tratando de entender las razones, dinámicas y estrategias que subyacen a los intentos recentralizadores.

Intentos recentralizadores han sido también analizados en relación a la región de los Andes (Ecuador, Bolivia y Venezuela), considerando tanto el discurso desplegado por las autoridades nacionales para justificar dichos intentos (Eaton, en prensa) como las razones que explican que en algunos casos las autoridades subnacionales hayan sido capaces de resistir la agenda recentralizadora del presidente (Eaton, 2013). Presidentes como Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia han promovido políticas recentralizadoras orientadas a revertir medidas descentralizadoras anteriores e identificadas por dichos líderes como parte de una agenda neoliberal impulsada por administraciones previas con una visión pro-mercado. Más allá de dicho discurso público, dichos presidentes perseguían además otros objetivos derivados de sus cálculos políticos: apuntaban a reducir las perspectivas electorales de los partidos de oposición que, en todos los casos, eran más poderosos a nivel subnacional y controlaban unidades subnacionales que por sus cualidades económicas tienen peso propio en la vida de dichos países. De hecho, tal como argumenta Eaton (en prensa), la mayoría de las medidas recentralizadoras fueron específicamente dirigidas a unidades subnacionales controladas por la oposición. En un giro interesante, mientras que las políticas recentralizadoras resultaron exitosas en los casos de Ecuador y Venezuela no tuvieron los resultados esperados en Bolivia. De acuerdo con el planteo de Eaton (2013), esta diferencia fue el resultado de la manera en la que los gobiernos subnacionales afectados por estas medidas reaccionarias frente a los intentos recentralizadores: mientras que en el caso de Bolivia los gobernadores de la oposición fueron capaces de movilizar a un número significativo de actores sociales tras el discurso de que la recentralización constituía una amenaza a la identidad regional, este no fue el caso ni en Ecuador ni en Venezuela, en donde la oposición se encontraba más dispersa y tenía posturas contrapuestas en torno a los supuestos beneficios de la descentralización.

Además de buscar explicar las razones detrás de los intentos recentralizadores, una línea paralela de trabajo en la literatura sobre el tema ha intentado categorizar el tipo de estrategias utilizadas por las autoridades nacionales para recentralizar o al menos para buscar mover la balanza de poder a su favor. Así por ejemplo, Dickovick (2011b) argumenta que muchas de las políticas de recentralización son implementadas a partir de la creación de nuevas capas en las instituciones existentes (institutional layering), mientras que Dickovick y Eaton (2013) presentan una tipología de estrategias observadas en países latinoamericanos, orientadas a reforzar el rol del centro en el contexto de escenarios de pos-descentralización. En resumidas cuentas, dichos autores identifican cuatro tipos de estrategias. En primer lugar, las estrategias de política pública hacen referencia a la implementación de programas sociales nacionales con el objetivo de evitar a las autoridades subnacionales y establecer un vínculo directo entre el gobierno nacional y los beneficiarios, lo cual a su vez permite a las autoridades nacionales más fácilmente arrogarse el crédito por las acciones. En segundo lugar, las estrategias burocráticas refieren al uso de la burocracia nacional para impulsar objetivos recentralizadores. En tercer lugar, el gobierno nacional adopta estrategias institucionales cuando intenta "usar instituciones nacionales como las cortes electorales, los cuerpos judiciales y las fuerzas armadas para limitar la autonomía de los gobiernos subnacionales" (Dickovick & Eaton, 2013, p.1454). Finalmente, las estrategias societales se hacen presente cuando los gobiernos nacionales buscan movilizar actores sociales a nivel subnacional en apoyo a medidas recentralizadoras.

El énfasis puesto en los casos latinoamericanos no debe sin embargo llevarnos a pensar que este tipo de literatura solo se ha enfocado en nuestra región. Por ejemplo, diferentes análisis han intentado explicar la ola de recentralización que ha tenido lugar en Rusia una vez que Putin ascendió al poder (Konitzer & Wegren, 2006; Ross, 2005; Sharafutdinova, 2009). En este caso, se argumenta, el crecimiento y extensión territorial del partido de Putin ("Rusia Unida") fue central para reducir el gobierno dividido en términos verticales y crear un ambiente propicio para las medidas recentralizadoras impulsadas por las autoridades nacionales en el plano fiscal, administrativo y, especialmente, político. Asimismo, el estudio de dinámicas similares ha dado también lugar a una extendida literatura para el caso de China, en donde diferentes políticas de recentralización fiscal llevadas adelante durante los años 90 revirtieron la tendencia previa hacia un rol más activo de las aldeas y las ciudades en la economía (Oi et. al., 2012; Ahmad et al, 2002). En su momento, la recentralización fiscal fue utilizada por las autoridades nacionales chinas para incrementar el control administrativo y la vigilancia financiera sobre los funcionarios de las aldeas y las ciudades (Oi et al, 2012).

Tomando en cuenta la literatura sobre el tema, diferentes hipótesis pueden ser identificadas para entender las razones que llevan al éxito de las políticas de recentralización. Al menos existen tres que pueden ser enunciadas. La primera sugiere que los gobiernos unificados (tanto en términos verticales como horizontales), así como la disciplina partidaria, determinan la existencia de un campo propicio para el desarrollo de políticas recentralizadoras. Tomando en cuenta el aspecto horizontal, Eaton y Dickovick (2004) argumentan que el control por parte del presidente del órgano legislativo a través de un partido cohesivo facilita el apoyo a una agenda recentralizadora y explica el éxito de medidas tomadas en dicha dirección. En relación con el aspecto vertical, la recentralización es más probable cuando el mismo partido que controla el gobierno nacional tiene bajo su órbita a una mayoría de las unidades subnacionales. Tal como Eaton (en prensa, p.9) pone en palabras bien claras, "alcaldes y gobernadores que comparten la afiliación partidaria con el presidente se encuentran en un dilema: o bien aceptan la política recentralizadora del presidente y pierden prerrogativas de gobierno por el tiempo que dura su mandato, o bien tratan de defender dichas prerrogativas, se arriesgan a su enojo y enfrentan reprimendas en relación con sus carreras políticas". La experiencia reciente de Rusia provee una evidencia clara de esta situación: las políticas recentralizadoras adquirieron centralidad una vez que el partido de Putin incrementó el control ejercido sobre las unidades subnacionales, lo cual permitió alinear a los funcionarios locales con los deseos del presidente.

Una segunda hipótesis se relaciona con el contexto económico y propone que los presidentes son capaces de recentralizar una vez que han estabilizado la economía luego de una crisis económica (hiperinflacionaria). Atribuyéndose el éxito y presentándose como los salvadores económicos, lo cual en general se traduce en un aumento en sus niveles de popularidad, los presidentes logran en estos contextos incrementar sus poderes para imponer una agenda recentralizadora a actores subnacionales que pueden incluso ser identificados por la población como en parte responsables de la crisis ya superada. Tanto Eaton y Dickovick (2004) como Dickovick (2013) han utilizado esta hipótesis para explicar diferentes experiencias de recentralización tanto en América Latina como en África.

Por último, una tercera hipótesis alega que las autoridades nacionales estarán más dispuestas a recentralizar cuando creen que las perspectivas de su partido a nivel subnacional son peores que aquellas a nivel nacional o cuando intentan castigar a partidos de oposición que se encuentran en control de uno o varios gobiernos subnacionales.

Más allá del diferente énfasis que cada una de las hipótesis explicativas pone en diferentes factores, todas estas explicaciones comparten dos supuestos básicos. El primero se refiere a los actores identificados como iniciadores de los procesos de recentralización. En este sentido, la premisa asumida es que dado que la recentralización beneficiará con más recursos y prerrogativas al nivel nacional, dichos procesos serán impulsados por las autoridades ejecutivas de dicho nivel de gobierno, en particular por los presidentes. El segundo supuesto se refiere a la particular reacción esperada de quienes son identificados como los principales perdedores de dichos procesos, las autoridades subnacionales (alcaldes, gobernadores). En este caso, la premisa es que dichos actores invariablemente, y por definición, se opondrán a dichos procesos recentralizadores.

A las hipótesis anteriores puede agregarse una cuarta que, sin embargo, no se deriva directamente de la literatura revisada. La misma propone que la recentralización puede tener lugar ante un escenario en el que los gobiernos subnacionales resultan incapaces de brindar de manera efectiva los servicios que en el pasado les fueron transferidos y el gobierno central decide asumir, en parte por necesidad, pero también previendo réditos políticos a futuro, dichas responsabilidades.

Un elemento importante ligado a esta hipótesis es que en este caso la segunda premisa de las expuestas anteriormente puede quedar sin efecto. En otras palabras, bajo estos nuevos preceptos es posible que las autoridades subnacionales no solo no se opongan sino que vean con buenos ojos los intentos recentralizadores.

A partir del marco conceptual expuesto hasta aquí, en la segunda parte de este trabajo se analizan una serie de reformas llevadas adelante recientemente en México que expresan un intento por recentralizar aspectos medulares de la política educativa.
3. MÉXICO RECIENTE: DESCENTRALIZACIÓN Y RECENTRALIZACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 3.1 EL CONTEXTO
Durante las últimas décadas del siglo XX, un significativo proceso de descentralización tuvo lugar en México, con efectos importantes en los tres aspectos que regulan las interacciones entre niveles de gobierno: administrativo, fiscal y político (Falleti, 2010; Rodríguez, 1999).

Algunos autores identifican a la reforma constitucional que en los años 80s modificó el artículo 115 de la Constitución y redefinió el rol de los municipios, incrementando la autonomía de los mismos y garantizando que recibirían de parte de los estados suficientes recursos a través de transferencias fiscales institucionalizadas, como el primer paso hacia la descentralización.

Sin embargo, las reformas más importantes tuvieron lugar en los años 90s cuando se llevó adelante la transferencia de servicios y fueron asignadas a los gobiernos estatales nuevas responsabilidades en la provisión de educación y salud (aspecto administrativo) y las autoridades nacionales decidieron descentralizar una porción significativa del gasto a partir de la creación de un nuevo tipo de transferencias federales (las aportaciones -transferencias federales condicionadas- a ser canalizadas a través del recientemente creado Ramo 33), otorgando a las autoridades subnacionales importantes responsabilidades en la ejecución de una considerable porción del gasto social (aspecto fiscal) (Falleti 2010, Rodriguez 1999).

El Gráfico 1 muestra el impacto sustantivo que esta última reforma generó en la evolución de las transferencias federales a las entidades federativas.

Tal como puede observarse, a partir de 1998, cuando se crea el Ramo 33, las transferencias recibidas por las entidades federativas se duplicaron, mostrando desde entonces una tendencia ascendente hasta bien entrada la década de los años 2000 cuando se estabilizan. Para 2013, las transferencias federales hacia las entidades federativas por diferentes vías representaban el 8% del PIB.

Similares tendencias descentralizadoras pudieron observarse en los 90s en relación con el aspecto político. Por ejemplo, se estableció que autoridades subnacionales que anteriormente eran nombradas por el presidente (en particular el alcalde de la Ciudad de México) pasaran a ser electos por la ciudadanía. Así, en la primera elección para elegir a dicha autoridad resultó victorioso Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del opositor PRD, convalidando las autoridades nacionales dichos resultados. Asimismo, se avanzó en la creación, en consonancia con el fortalecimiento a nivel nacional del Instituto Federal Electoral - IFE, de institutos electorales locales encargados de asegurar el desarrollo de elecciones limpias y transparentes. Esto último sin duda contribuyó para que durante la última década del siglo XX creciera de manera significativa el número de candidatos victoriosos de la oposición (principalmente de los dos principales partidos que en ese momento se ubicaban en dicho espacio, PAN y PRD) tanto en contiendas a nivel municipal como estatal.

La combinación de las tendencias observadas en los tres aspectos referidos tuvo como uno de sus efectos más significativos el empoderamiento sustantivo de los gobernadores, quienes pasaron a ser figuras centrales en la vida política nacional. (Hernández Rodríguez, 2008).

La dinámica descentralizadora y el rol cada vez más activo de los gobiernos subnacionales continuó una vez que el PRI perdió las elecciones presidenciales en el año 2000, en parte como resultado del particular escenario que debieron enfrentar los presidentes que siguieron: tanto durante la presidencia de Fox como durante la de Calderón el partido del presidente no logró controlar ni la Cámara de Diputados ni el Senado, teniendo además que lidiar con una mayoría de gobernadores pertenecientes a la oposición.

Fox solo pudo hacer frente de manera parcial a esta dinámica descentralizadora adoptando lo que, como ya se ha señalado, Dickovick y Eaton (2013) conceptualizan como estrategias recentralizadoras de políticas públicas y burocráticas. En el caso de las primeras, esto se materializó a través del despliegue de un ambicioso programa social de carácter nacional (programa Oportunidades, un rediseño del programa Progresa desarrollado durante la presidencia de Zedillo), y la implementación del programa Escuelas de Calidad, que canalizaba una importante cantidad de recursos a un número de escuelas seleccionadas alrededor del país (la mayoría en zonas pobres) con el objetivo de mejorar la calidad de la educación.

Calderón (2006-2012) continuó usando el mismo tipo de estrategias recentralizadoras, especialmente en los sectores de salud y seguridad. En relación con el primero, un nuevo programa diseñado por el gobierno nacional (Seguro Popular) apuntó a proveer cobertura a la población no asegurada, coordinando esfuerzos y recursos tanto del gobierno nacional como de los gobiernos estatales.

En el área de seguridad, la mayoría de los esfuerzos fueron resultado de la llamada "guerra contra el crimen organizado" que se convirtió en una marca registrada de la administración calderonista. La estrategia incluyó un involucramiento activo de las fuerzas armadas en la prevención del delito y la lucha contra los carteles. Además, el gobierno federal promovió el crecimiento de la policía federal y su presencia a lo largo del territorio, al tiempo que se establecieron estándares comunes a ser cumplimentados por todas las fuerzas de seguridad locales.

Finalmente, al igual que lo acontecido durante el gobierno de Fox, el gobierno federal también intentó incrementar su capacidad para supervisar el gasto a nivel subnacional de las transferencias federales condicionadas. Como resultado, diferentes reformas fueron introducidas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la intención de forzar a los gobiernos subnacionales a hacer sus gastos más transparentes.

Este tipo de dinámica confirmaría que México no ha sido inmune al tipo de tendencias recentralizadoras observadas en otros países latinoamericanos por la literatura detallada en secciones anteriores. Resulta llamativo, sin embargo, que todavía no existan trabajos académicos que analicen la experiencia recentralizadora en México en tiempos recientes de una manera sistemática y profunda. Con la intención de ilustrar la manera en la que opera esta dinámica pendular es que en la siguiente sección se analiza de manera más detallada su materialización en el plano del sector educativo.

4. EL PÉNDULO DESCENTRALIZACIÓN-RECENTRALIZACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La descentralización de la educación constituyó una de las medidas de política más importantes operadas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), en el marco de una agenda reformista más amplia que se tradujo en transformaciones sustantivas en el ámbito económico, político, de la política social, y hasta de las vinculaciones internacionales de México.

La transferencia se materializó con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal en mayo de 1992, por parte de todos los gobernadores de los estados de la república (exceptuando al Distrito Federal, cuya educación básica y normal aún continúa siendo administrada por el gobierno federal), teniendo como testigos de honor a la entonces líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación - SNTE, Elba Esther Gordillo, y al presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari. A partir de dicho Acuerdo y los convenios específicos que se firmaron entre las partes, los gobiernos estatales se hicieron cargo de las escuelas y el personal docente que en ella prestaba sus servicios, mientras que el gobierno federal asumió el compromiso de transferir los fondos necesarios para financiar su funcionamiento. Al hacerse cargo de estas nuevas responsabilidades los estados debieron fusionar la porción del sistema educativo transferido con aquellos servicios que ya prestaban en sus territorios. El nuevo balance de responsabilidades y facultades se plasmó asimismo en una nueva Ley General de Educación expedida en 1993, determinando qué potestades serían exclusivas de cada una de las parte y cuáles otras resultarían concurrentes. Mientras que, como ya se ha dicho, la operación se proponía como responsabilidad de los estados, el gobierno federal se reservaba la rectoría general del sistema, asumiendo facultades para la evaluación, la regulación normativa y curricular, así como la implementación de políticas compensatorias que contrarrestasen potenciales disparidades territoriales (Ornelas, 1998). Desde entonces, y con diferente grado de éxito, los presidentes subsiguientes intentaron hacer un ejercicio efectivo de dicho rol rector asignado al gobierno federal. Esto se tradujo en iniciativas que resultaron efectivas en el campo de las políticas compensatorias y el intento de mejora en los modelos de gestión escolar, con la creación, por ejemplo, del programa de Escuelas de Calidad, pero fracasaron de manera continuada en la intención de evaluar con estándares comunes la preparación y labor de los maestros del sistema.

Por otra parte, los estados asumieron la responsabilidad por la gestión cotidiana, debiendo hacerse cargo la administración tanto de los recursos materiales como humanos que hacen posible la prestación del servicio.

Dicho balance, sin embargo, parece estar modificándose a partir de una serie de movimientos recentralizadores impulsados por el gobierno de Peña Nieto, con importantes y aún inciertas consecuencias en las relaciones de poder entre los niveles de gobierno.

Desde que la provisión de la educación fuera transferida a los estados, la potestad para "contratar y despedir" en el ámbito educativo pasó al ámbito exclusivo de los gobiernos estatales. Dado el significativo peso político del sindicato de los maestros, estas facultades daban a los gobernadores una herramienta importante para negociar con las secciones locales del SNTE beneficios especiales a cambio de apoyo político. La práctica común desde que la educación fuera descentralizada era que las negociaciones entre los representantes de los maestros y las autoridades tuviesen lugar en dos rondas. Primero, el SNTE negociaba con las autoridades nacionales un salario básico común para todos los docentes a lo largo del país. En una segunda ronda, las secciones locales del SNTE negociaban con cada gobernador condiciones de trabajo particulares y beneficios extras para los maestros en cada estado en especial.

La consolidación de esta dinámica de negociación parecía generar intercambios que beneficiaban a las partes involucradas: los afiliados al sindicato lograban importantes concesiones en sus condiciones laborales, mientras que la SNTE ampliaba su influencia en el funcionamiento de la burocracia educativa y la definición de las políticas del sector, entretanto los gobernadores eran capaces de ganar apoyo para reforzar sus maquinarias políticas. El resultado agregado, sin embargo, era un aumento injustificado de la cantidad de plazas y su asignación a partir de criterios de patronazgo antes que de mérito, así como el crecimiento sostenido de la cantidad de maestros en carácter de comisionados, es decir, que no prestan funciones frente a clases.

En paralelo, el uso de criterios formales e informales en la distribución de las transferencias condicionadas para financiar el gasto educativo había comenzado a generar distorsiones que pervertían los objetivos para los que estas habían sido creadas. Desde 2007, la fórmula utilizada para la distribución de las transferencias consideraba, entre otros indicadores, la matrícula escolar, que era medida a partir de un cuestionario completado por los directores de las escuelas. De acuerdo con ciertas críticas, los directores tenían incentivos para "inflar" el número de estudiantes con la intención de justificar plazas y turnos adicionales. Desde el punto de vista informal, se ha documentado que los gobiernos estatales destinaban recursos a actividades que no cumplían con criterios de legalidad (como pagar salarios a maestros con más de una plaza) y que el gobierno federal transfería más recursos a estados en los que se contaba mayor cantidad de movilizaciones de maestros.

Las reformas recentralizadoras ahora implementadas, sin embargo, generarán una redefinición de estas dinámicas: dado que las reformas reforzarán el rol del nivel central, las autoridades nacionales aumentarán su influencia en detrimento de los gobernadores, asumiendo una posición medular en las negociaciones y adquiriendo capacidad para promover una política de beneficios dirigidos a favorecer a determinadas unidades subnacionales.

CONCLUSIONES

El análisis anterior parece confirmar que con la llegada de Peña Nieto a la Presidencia el ámbito de la educación ha comenzado a experimentar un proceso de recentralización que estaría trastocando las relaciones entre niveles de gobierno y la dinámica política que ha caracterizado a dicha área desde la descentralización experimentada en la década del 90 del siglo pasado.

Dicha recentralización aparenta estar motivada principalmente por consideraciones de eficacia y eficiencia en la gestión del sistema, lo cual explica el papel central asumido por la Secretaría de Hacienda en el impulso a algunas de las medidas referidas.

Retomando las hipótesis derivadas de la reciente literatura sobre recentralización, es posible realizar una rápida revisión para valorar si alguna de ellas permite explicar el tipo de dinámicas observadas en México. A primera vista, algunas de las hipótesis pueden ser rápidamente descartadas. Así, por ejemplo, no es posible argumentar que la recentralización haya coincidido con la salida de una crisis económica que ubicó en una posición fortalecida al presidente. Si bien es cierto que México experimentó una importante contracción en su economía en el período 2008-2010, dicha crisis no compartió el tipo de cualidades observadas en los casos analizados por Eaton y Dickovick (2004) y Dickovick (2011a). En otras palabras, si bien se constató una brusca caída en la actividad, otras variables macroeconómicas (especialmente la inflación) permanecieron relativamente estables. Asimismo, la recuperación económica comenzó años antes de que Peña Nieto asumiera la Presidencia y ciertamente el actual presidente no puede reclamar ningún crédito por dicha evolución favorable (de hecho, durante el primer año de Peña Nieto en la Presidencia el crecimiento del PIB fue menor que el experimentado durante los últimos años de Calderón).

De la misma manera, es posible desestimar la idea de que los movimientos recentralizadores hayan apuntado a castigar de manera estratégica a los gobernadores de la oposición. Efectivamente, las medidas referidas han afectado a las unidades subnacionales como un todo antes que a algunas de ellas en lo particular, al tiempo que el presidente no ha mostrado una actitud confrontativa en relación con los gobernadores de la oposición. Por el contrario, Peña Nieto ha fortalecido su relación con gobernadores prominentes como, por ejemplo, Rafael Moreno Valle, de Puebla (perteneciente al PAN), Miguel Mancera, de la Ciudad de México (perteneciente al PRD), y Manuel Velasco, de Chiapas (perteneciente al Partido Verde). De hecho, después de varios años de demandarlo, la ciudad de México ha conseguido que se le concediera un fondo especial (Fondo de Capitalidad) para compensar los gastos generados por ser la capital del país y que en ella residan los poderes federales y fuese incluida en el Fondo para Infraestructura Social, del que no participaba.

Las dos últimas hipótesis parecen, por el contrario, proveer mejores elementos explicativos. En verdad, el hecho de que el partido del presidente (el PRI) controla una mayoría de las gubernaturas, podría servir para entender por qué los gobernadores no solo desistieron de oponerse a las medidas recentralizadoras sino que actuaron rápidamente cuando las legislaturas locales debieron aprobar la reforma educativa para que esta tuviera efectos constitucionales. Como ya se ha argumentado, los gobernadores oficialistas parece priorizar una buena relación con el ejecutivo federal como condición para potenciar las perspectivas electorales de su partido y, como resultado, hacer avanzar sus carreras políticas en el futuro. Por el otro lado, una resistencia parcial a las reformas parece haber provenido de estados (como Oaxaca y Guerrero) que no solo son gobernados por la oposición sino en los que además se constataron importantes movilizaciones sociales en contra de las reformas motorizadas por las combativas secciones locales del sindicato.

Sin embargo, la hipótesis que mayor fuerza explicativa parece tener es la que pregona que la recentralización obedece a la necesidad del gobierno federal de intervenir a partir de una deficiencia en los servicios prestados. Tal como se adelantó, desde la descentralización se han profundizado en los estados prácticas de reclutamiento del personal docente que no privilegian la calidad y el mérito sino que obedecen a acuerdos poco claros entre las secciones locales del sindicato y las autoridades de los gobiernos estatales. Esto no solo ha llevado a un crecimiento injustificado de los privilegios e influencia del sindicato docente sino también al estancamiento de la calidad de la educación que se brinda en las escuelas mexicanas, tal como evaluaciones nacionales como ENLACE o internacionales como PISA parecen atestiguar.

El carácter aún reciente de las reformas aquí analizadas no permite todavía vislumbrar cuáles serán los efectos a largo plazo de estas redefiniciones. Los próximos años permitirán confirmar si la recentralización impacta de manera significativa o no en las dinámicas políticas que hasta hoy día atraviesan la relación entre los niveles de gobierno en México.
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EL PÉNDULO DESCENTRALIZACIÓN-RECENTRALIZACIÓN Y SU APLICACIÓN A LA REFORMA EDUCATIVA EN MÉXICO

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Durante las últimas décadas del siglo XX los países de América Latina experimentaron profundos procesos de descentralización en aspectos administrativos, políticos y fiscales. Más recientemente, sin embargo, los ejecutivos nacionales en varios países de la región han impulsado políticas de recentralización con la intención de recuperar prerrogativas y responsabilidades.

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La segunda falla estructural de la Reforma fue hacer descansar su estructura en una relación insostenible: evaluar produce calidad, ergo, entre más evaluación, más calidad.

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La segunda falla estructural de la Reforma fue hacer descansar su estructura en una relación insostenible: evaluar produce calidad, ergo, entre más evaluación, más calidad.

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La Reforma Educativa ha dañado no solo las condiciones para el aprendizaje que se tenían, sino a la educación en su conjunto.

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La Reforma Educativa ha dañado no solo las condiciones para el aprendizaje que se tenían, sino a la educación en su conjunto.

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El objetivo de la Reforma por medio de la evaluación no solo es mecanismo laboral para el ingreso a la profesión, asignación de plaza y la promoción, sino el instrumento del que depende, cada cuatro años el despido o la conservación del empleo. 

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El objetivo de la Reforma por medio de la evaluación no solo es mecanismo laboral para el ingreso a la profesión, asignación de plaza y la promoción, sino el instrumento del que depende, cada cuatro años el despido o la conservación del empleo. 

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La evaluación no solo es mecanismo laboral para el ingreso a la profesión, asignación de plaza y la promoción, sino el instrumento del que depende, cada cuatro años y sin cesar nunca el despido o la conservación del empleo.

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La evaluación no solo es mecanismo laboral para el ingreso a la profesión, asignación de plaza y la promoción, sino el instrumento del que depende, cada cuatro años y sin cesar nunca el despido o la conservación del empleo.

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La evaluación no solo se planteó para ver el conocimiento del docente, sino que se adoptó a la evaluación como el proceso para determinar, vía méritos “medidos” en las examinaciones, los procesos de ingreso, promoción y, sobre todo, permanencia. 

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La evaluación no solo se planteó para ver el conocimiento del docente, sino que se adoptó a la evaluación como el proceso para determinar, vía méritos “medidos” en las examinaciones, los procesos de ingreso, promoción y, sobre todo, permanencia. 

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Se vio la necesidad de aplicar la evaluación, aplicando la Reforma Educativa la cual señalo al magisterio acusando a todo profesor o profesora como ignorante e incapaz, hasta que demostrara lo contrario.

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Se vio la necesidad de aplicar la evaluación, aplicando la Reforma Educativa la cual señalo al magisterio acusando a todo profesor o profesora como ignorante e incapaz, hasta que demostrara lo contrario.

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Esta reforma no considero en absoluto a nadie del sistema educativo pues a los profesores se les negó el uso de la palabra, los alumnos, los estudiantes, ni siquiera fueron vistos.

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Esta reforma no considero en absoluto a nadie del sistema educativo pues a los profesores se les negó el uso de la palabra, los alumnos, los estudiantes, ni siquiera fueron vistos.

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Ante la reforma los docentes enfrentaron una situación difícil  ya que se les prohibió el hablar o alzar la voz para defenderse ante esta nueva reforma  

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Ante la reforma los docentes enfrentaron una situación difícil  ya que se les prohibió el hablar o alzar la voz para defenderse ante esta nueva reforma  

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la Reforma Educativa ha producido profundas transformaciones en el sistema educativo nacional

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la Reforma Educativa ha producido profundas transformaciones en el sistema educativo nacional

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Docentes del CNTE en contra de la Reforma educativa

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Docentes del CNTE en contra de la Reforma educativa

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Las razones de los maestros de la CNTE contra la reforma educativa

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Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no se oponen a la evaluación, sino a la estandarización de la misma, señalan diversos integrantes del magisterio disidente entrevistados por La Jornada.

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Lo que trae la aplicación de la Reforma  

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Lo que trae la aplicación de la Reforma  

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Ideas de la Reforma Educativa

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Arcelia Maya

¿Cuántas veces has oído mencionar en los medios la 'Reforma Educativa? Si aún sientes que no logras entender qué es exactamente y cómo podría afectarte --directa o indirectamente-- platicamos con Pedro Flores Crespo, investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INDE), de la Universidad Iberoamericana.

Recuerda que la reforma educativa es considerada como una reforma prioritaria para la administración de Enrique Peña Nieto. Consta de muchas ideas, aquí te presentamos 5 de las más relevantes.

Los 5 puntos más destacados

1.- Dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE): este organismo será el encargado de evaluar obligatoriamente a los docentes. Los resultados serán la base para que los maestros mantengan su plaza o accedan a puestos de directivos. El INEE será el encargado de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Lo malo: Pueden existir negociaciones políticas para nombrar al personal que dirigirá el INNE. Se puede politizar el instituto al grado de existir mayor poder político que rigor académico o técnico.
Lo bueno: INNE ya es autónomo así que el mecanismo se hará con un rigor técnico. El Estado le concede al INNE liderazgo con base a un marco jurídico.
Lo feo: El riesgo que se corre es que las expectativas no se lleguen a cumplir. La 'autonomía' puede ser una máscara de los grupos fácticos para que aflojen la estructura del INNE.

2.- Creación del Sistema de Operación y Gestión Educativas: Se establece que el INEGI realice un censo de maestros, escuelas y alumnos para que el país cuente con un registro nominal.

Lo malo: Puede haber repetición de conteos con los que ya existen, tal es el caso del Registro Nacional de Alumnos Maestros y Escuelas (RENAME) o con datos que tienen las entidades federativas.
Lo bueno: Se podrá conocer la situación de los alumnos y maestros por grado. De llegar a funcionar, se contará con datos básicos y confiables (el experto asegura que la labor del INEGI es muy buena).
Lo feo: De no realizarse, se dejaría de tener información robusta y la toma de decisiones sería sin elementos.

3.- Se dota de autonomía a las escuelas: Cada plantel educativo organizará las mejoras en infraestructura y compra de materiales educativos. Los directores incentivarán la participación de los alumnos, maestros y padres de familia para enfrentar los retos de cada escuela.

Lo malo: Se debe dar autonomía a las escuelas para contratar y despedir maestros pero no se debe dar 'en papel', sino garantizar que en los hechos cada plantel practique su autonomía.
Lo bueno: Las escuelas tendrán el reconocimiento para operar de manera autónoma sin tutela de un poder central.
Lo feo: Existe una ausencia de los 3 niveles de gobierno en las escuelas, que visitan los planteles sólo para cuestiones clientelares.Es decir, las escuelas no tienen autonomía para aspectos curriculares. Se debe especificar qué papel jugará el sindicato de maestros.

4.- Promueve el crecimiento del Programa Escuelas de Tiempo Completo: Se establece la creación de hasta 40,000 escuelas de tiempo completo durante el sexenio. Las jornadas serán de 6 a 8 horas.

Lo malo: El presupuesto. Nos deben decir cuánto costará la jornada de tiempo completo. ¿Cuánto más se les pagará a los maestros? ¿El gasto correrá a cuenta de los papás o del estado?
Lo bueno: Con esta idea, se puede lograr un mejoramiento escolar, pero siempre y cuando los modelos curriculares y pedagógicos sean los adecuados; otra ventaja: liberaría a las madres trabajadoras.
Lo feo: De no contar con la adecuación de los planes de estudio, el programa podría ocasionar desgano a los alumnos y podría resultar perjudicial para su aprendizaje.

5.- Se prohibirá la venta de comida 'chatarra' en escuelas: Se plantea que esta idea abarque a todas las escuelas del país, y que no permita, constitucionalmente, el expendio de alimentos que no favorezcan la salud de los alumnos.

Lo malo: Los hábitos alimenticios están desarrollados en las casas, no en las escuelas. Existen empresas que buscarán vender sus productos a como dé lugar en las escuelas.
Lo bueno: Se evitará que los niños ingieran en las escuelas, comida que perjudique su salud.
Lo feo: Es posible que el gobierno doble las manos con la iniciativa privada cuando pidan expender sus productos en los planteles.

Otras consideraciones:

Para el especialista, cuya línea de investigación es el Análisis de Políticas Públicas en Educación, las modificaciones planteadas no corresponden a una reforma educativa sino una rectificación de la gobernabilidad del sistema educativo y, por lo tanto, "es el mismo discurso del sexenio panista".

El doctor en política por la Universidad de York en Inglaterra, afirma también, que con esta reforma, el Ejecutivo Federal excluye temas como el analfabetismo y el rezago educativo; tampoco se habla del mejoramiento a los programas de educación para jóvenes y adultos.

Ver reforma educativa presentada por el Ejecutivo (no olviden darle clic izquierdo y ejecutar este complemento para poder leer el pdf)

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Lo bueno, lo malo y lo feo de la Reforma Educativa

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Lo bueno, lo malo y lo feo de la Reforma Educativa

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Presidente Peña Nieto promulgó la Reforma Educativa

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Esta Reforma se considera una reforma agresiva que dará un fuerte impacto a la educación en México, lo triste en esta reforma es que el gobierno se centró, solo, en los resultados de los exámenes estandarizados como prueba de la necesidad de la reforma dejando de lado, otros factores que inciden condicionan y producen las trabas a una mejor educación para todos los mexicanos.

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Esta Reforma se considera una reforma agresiva que dará un fuerte impacto a la educación en México, lo triste en esta reforma es que el gobierno se centró, solo, en los resultados de los exámenes estandarizados como prueba de la necesidad de la reforma dejando de lado, otros factores que inciden condicionan y producen las trabas a una mejor educación para todos los mexicanos.

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Diferencia entre Reforma Educativa de Peña Nieto y la Contrarreforma de López Obrador | Paco Zea

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Reforma Educativa