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Alumnos canguro: niños que asisten a clase mientras cuidan a sus hermanos

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Alumnos canguro: niños que asisten a clase mientras cuidan a sus hermanos

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Justin es un niño de siete años que no quiere dejar de asistir a clase, pero tampoco quiere dejar de lado su obligación de cuidar de su hermana pequeña. Para compatibilizar ambas tareas.

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Justin es un niño de siete años que no quiere dejar de asistir a clase, pero tampoco quiere dejar de lado su obligación de cuidar de su hermana pequeña. Para compatibilizar ambas tareas, el chico, como ocurre con otros pequeños en Filipinas, acude al colegio con la niña de un año colgada del brazo izquierdo y sentada en sus rodillas, mientras toma apuntes atento con la otra mano. La imagen de los dos en el colegio ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, donde ha recopilado un sinfín de mensajes de apoyo, que ven en Justin un ejemplo y una motivación para que los chavales sigan estudiando.

Una de sus profesores fue la que quiso retratar el momento, algo cotidiano en su aula, y la que lo compartió en la página de Facebook del colegio a mediados de enero. Mam Lei, la docente de la Escuela de Primaria Salvación de Filipinas, en la zona de Magallanes (600 kilómetros al sureste de Manila) reveló además el demoledor argumento del pequeño para llevar a su hermana a cuestas. "No quiero ausentarme, señorita", arguyó el niño. "Tengo que traer a mi hermana porque mi abuela tiene que trabajar en la granja y nadie se puede ocupar de ella", le dijo Justin a su maestra. Lei añadió en su post que era "muy impresionante" la actitud del niño para seguir aprendiendo cada día.

El caso de Justin y su hermana no es el primer caso que recorre las redes por causas parecidas. En enero de 2017 los protagonistas fueron Mateo, de nueve años, y su hermano de dos, huérfanos de madre desde 2016. Ambos asistían al colegio juntos, enganchados el uno al otro, ya que su padre trabajaba como carpintero para mantenerles y no podía cuidar del más pequeño. Su historia también fue revelada por una profesora del centro. Shyla Mie Brillantes Blasico compartió la imagen en su cuenta de Facebook con la intención de que la historia de Mateo sirviese de inspiración para otros chavales, según aclaró ella misma en esa red social. La publicación despertó entonces toda una ola de solidaridad con los hermanos, que empezaron a recibir ayuda de otras profesoras y del Gobierno filipino.

En Filipinas uno de cada cuatro habitantes vive con menos de 175 euros al mes, el umbral nacional de pobreza. El INB (ingreso nacional bruto) per cápita del país en 2016 fue de 3.580 euros al año (en España es de 27.600 euros), lo que le coloca en el puesto 130 (de 195), según los datos del Banco Mundial. Estas condiciones obligan a muchos chavales a renunciar a los estudios en edades muy tempranas, por lo que los ejemplos de Justin y Mateo han sido especialmente halagados y son un ejemplo para el resto de niños filipinos.

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Alumnos canguro: niños que asisten a clase mientras cuidan a sus hermanos

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Justin es un niño de siete años que no quiere dejar de asistir a clase, pero tampoco quiere dejar de lado su obligación de cuidar de su hermana pequeña. Para compatibilizar ambas tareas, el chico, como ocurre con otros pequeños en Filipinas, acude al colegio con la niña de un año colgada del brazo izquierdo y sentada en sus rodillas, mientras toma apuntes atento con la otra mano.

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Ciudad del Cabo, la agonía de quedarse sin agua

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Ciudad del Cabo, la agonía de quedarse sin agua

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La mayor sequía de la historia, la rápida urbanización y la corrupción podrían convertir a la urbe más austral de África en la primera del mundo actual en quedarse seca. En tres meses se cierran los grifos. Así está sufriendo la ciudad esta pesadilla

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Hace 30 años, diagnosticaron a Bridgetti Lim Banda un problema crónico en la espalda. Una parte de su terapia consistía en darse una ducha muy caliente para relajar los músculos, pero es un lujo que ya no puede permitirse. Sus espasmos son cada vez peores y ya no puede conducir. Ahora se lava tres días seguidos con una palangana para ahorrar agua. Al cuarto día se permite una ducha de tan solo un par de minutos.

No lavar el coche, llevar el pelo sucio o no tirar de la cadena se han convertido en muestras de fortaleza en Ciudad del Cabo, la ciudad más austral de África. Ahora, Lim Banda se dedica a liderar la resistencia desde su chalé en Constantia Village, un suburbio de clase media. Desde allí creó en marzo del año pasado la ONG Cape Town Water Crisis, con la que emite vídeos en directo a través de Facebook en los que entrevista a expertos. La finalidad es educar a la población acerca de los problemas de abastecimiento que vive su ciudad. La página cuenta con miles de seguidores y cada vez más capenses acuden a ella preocupados para informarse sobre cómo sobrevivir a la catástrofe natural que se les aproxima

Los niveles de agua en las presas de la región son críticos y el Gobierno municipal lleva meses intentando controlar el consumo. Desde el 1 de febrero, el límite es de 50 litros por persona al día. Si te pasas o no cuentas con el medidor correspondiente en tu casa, la multa puede ser de hasta 700 euros.

Pero ni con esas se puede evitar ya el Día Cero: según las últimas previsiones, el 11 de mayo se cerrarán los grifos. Las presas estarán a un 13.5% de su capacidad y todas las personas tendrán que hacer fila en uno de 180 puntos de agua localizados por toda la ciudad para recibir su ración de 25 litros de agua al día.

Tirar de la cadena son nueve litros de agua y una ducha de dos minutos son 20 litros. A ello hay que añadir un mínimo de dos más para beber, otros dos para cocinar para una persona y tres para la higiene personal. "Una lavadora en modo económico gasta entre 60 y 70 litros al día. Si tu ración es de 50 o 25, ¿cómo vas a lavar tu ropa?", dice Lim Banda.

Los expertos pronostican una ciudad caótica. "Se prevé que un cuarto de la población local, un millón de personas, dejen la ciudad en las próximas semanas. El Parlamento tendrá que cerrar, la economía colapsará y el turismo huirá", explica Benoit Le Roy, ingeniero ambiental y director de la ONG Water Shortage South Africa. "No hay ninguna ciudad moderna en el mundo que haya conseguido manejarse con 25 litros de agua por persona al día".

Dúchense juntos

"Me gustaría recordarles que estamos sufriendo una gran crisis de falta de agua. Por favor, no malgasten, dúchense juntos", comunica por el altavoz del avión el capitán Steve Mahau al aterrizar. Ciudad del Cabo es una ciudad eminentemente turística, con más de cinco millones de visitantes cada año. Desde 2011 acoge una de las siete maravillas naturales del mundo, la Montaña de La Mesa. A partir de 2018 se le conocerá también como la primera ciudad del mundo que se queda sin agua. Literalmente seca.

La metrópolis vive la mayor sequía que jamás ha experimentado. Los últimos tres años han sido los más secos desde que se tienen registros, y 2017 el peor con tan solo 153,5 milímetros de lluvia acumulada, según los datos del Climate System Analysis Group de la Universidad de Ciudad del Cabo. Hace años las primeras precipitaciones llegaban en abril, pero el cambio climático ha retrasado y reducido la temporada de lluvia, que comienza en junio y se reduce a los tres meses de verano europeos.

Las opciones que se plantean para solucionar este panorama son dos: invertir en plantas de desalinización o extraer recursos de los acuíferos. El Gobierno local ha optado por la segunda al ser más la económica a corto plazo, pero ni aun juntando los tres acuíferos con los que cuenta Ciudad del Cabo se solucionaría la crisis. "La ciudad consume actualmente 600 millones de litros al día y entre todos los acuíferos se podría extraer un máximo de 140 millones de litros de agua. Puede ayudar, pero no nos va a salvar", analiza Peter Rosewarne, hidrogeólogo local.

Los sudafricanos no solo miran al cielo, sino también a los despachos. "La situación actual es una combinación de la sequía, la mala planificación y la crecida de la población debido a la urbanización", asegura Rosewarne. En la misma dirección apunta Le Roy: "La población se ha multiplicado por dos en las últimas tres décadas y la urbanización ha pasado de un 30% a un 60%. En ese tiempo no ha habido inversiones en infraestructuras y en las ciudades las fugas son ya de casi el 40% del agua", lamenta.

La práctica totalidad del agua se suministra desde seis presas que abastecen la ciudad. Theewaterskloof es la más grande. Tiene una capacidad de almacenamiento de 480 millones de metros cúbicos, tres veces más que la siguiente. Llena podría abastecer a más de la mitad de la población, pero está a un 12,5% de capacidad y a días de quedarse inutilizable, ya que con la maquinaria actual es imposible extraer el último 10% de las reservas

La falta de inversión pública ha provocado una situación de no retorno. La celebrada Constitución sudafricana de 1996 establece que el Estado debe garantizar un suficiente acceso a agua a sus ciudadanos, pero las arcas del Estado están más secas que las presas. El presupuesto del Departamento de Agua y Saneamiento es de 15 billones de rands sudafricanos este año (mil millones de euros al cambio). "Debería invertirse alrededor de 80 billones de rands al año, seis veces más", critica Le Roy. "Se puede intentar de todo, pero aún así nos llevaría unos diez años volver a una situación normal, algo impensable hoy en día porque el país está en bancarrota", dice el ingeniero ambiental.

Dos motivos sobresalen para explicar la sequía monetaria: la corrupción y el alto nivel de pobreza. "No hay dinero para invertir simplemente porque ha sido robado por nuestro presidente y una red criminal muy sofisticada", asegura Anthony Thurton, científico y profesor en el Center for Environmental Management de la University of Free State.

El presidente de Sudáfrica es Jacob Zuma, quien se enfrenta a 783 cargos por corrupción, fraude y crimen organizado. Durante su periplo la economía del país se ha estancado y actualmente un 55% de la población vive en la pobreza, o lo que es lo mismo, más de 30 millones de sudafricanos viven con menos de 66 euros al mes. "La pobreza extrema hace que sólo tengamos 6 millones de contribuyentes y casi 18 millones de personas recibiendo beneficios: no hay dinero para invertir en infraestructura", relata Le Roy.

El Día Cero, realidad inevitable

"Soy una afortunada por vivir en Johannesburgo. Al menos puedo disfrutar de una ducha de 15 minutos", comenta Khensani, taxista. Sin embargo, la crisis del agua no es ajena al resto de Sudáfrica. Hace dos años, la ciudad costera de Durban sufrió una grave falta de abastecimiento de la que aún se recupera, y en Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y la capital, Pretoria, se esperan serios problemas si no reducen el consumo. "En Gauteng nos quedaremos sin agua en 2022 al cien por cien. Los proyectos de renovación se han ido retrasando y, aunque empezasen mañana, no acabarían hasta 2025", espeta Le Roy.

Los capenses ya se preparan para el día en el que no salga agua del grifo. La fecha concreta baila días arribas o abajo, pero la situación es irreversible. "La única manera de salvar esta catástrofe sería con otra catástrofe", asegura Rosewarne. "Tendría que caer un diluvio histórico, una inundación histórica que sería una tragedia porque se llevaría por delante muchos asentamientos". La última previsión del Día Cero se ha retrasado 20 días, ahora data del 11 de mayo gracias a la aportación de agua de los agricultores desde sus reservas de agua privadas.

Salvar agua es clave. La ONG Water Shortage South Africa, que dirige Le Roy, lleva semanas encargándose de llevar botellas a los barrios más pobres: "Queremos intentar mantener a los más vulnerables hidratados para cuando llegue el Día Cero ", dice. La solidaridad aflora en estos momentos duros. Compañías nacionales de agua están donando productos y otras de transporte se ofrecen a llevarla hasta Ciudad del Cabo. Pero no solo son empresas, sino también cientos de ciudadanos sudafricanos se han ofrecido a donar y transportar agua hasta la ciudad. A estos ya se les conoce como "ángeles del agua".

La incertidumbre de cómo será la vida a partir del Día Cero es alta. Cada uno de los 180 puntos de distribución albergará a más de 20.000 personas cada día esperando sus 25 litros por persona. "No sé cómo lo van a hacer. Imagina que trabajas a las ocho de la mañana, ¿cuántas horas tendrás que esperar en una cola?", se pregunta Rosewarne. A dos meses vista surgen muchas dudas sobre el método. Por el momento, el Gobierno ya ha movilizado al Ejército. "Se dice que puede haber distribución a domicilio para ancianos y personas con movilidad reducida e, incluso, que podrías ir a recoger tu parte en coche, pero son todo rumores ya que no hay aún directrices oficiales", critica el hidrogeólogo.

Bridgetti Lim Banda coloca una palangana bajo de la ducha, un bol debajo del grifo de la pila y coloca el tubo que recogerá el agua de dentro de la lavadora. Acto seguido sale al jardín a colgar la ropa usada al sol para que se airee el sudor. En su casa ya no se lava la ropa tras cada puesta, sino que la estiran todo lo que pueden hasta pasar por la lavadora. Hasta en el retrete ahorra. Si lo que cae es amarillo no tiran de la cadena, pero si es marrón no les queda otro remedio. Aun así han empezado a probar un váter seco con arena. En casa de Bridgetti ya se preparan para dejar de utilizar agua. Del todo.

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Ciudad del Cabo, la agonía de quedarse sin agua

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La mayor sequía de la historia, la rápida urbanización y la corrupción podrían convertir a la urbe más austral de África en la primera del mundo actual en quedarse seca. En tres meses se cierran los grifos. Así está sufriendo la ciudad esta pesadilla

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El Consejo de la Juventud advierte de los riesgos de la precariedad laboral

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El Consejo de la Juventud advierte de los riesgos de la precariedad laboral

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Julia Chica Linares insta a la sociedad a preocuparse por los problemas de los menores de 30 años, el 30% de la población

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Un grupo de jóvenes se manifiesta contra la precariedad laboral. Álvaro García

La presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), Julia Chica Linares, insta a la sociedad, al Gobierno y a los partidos políticos a "empezar a preocuparse" por el paro, la precariedad y la pobreza laboral de los jóvenes, que representan el 30,3% de la población.

En el Día Internacional de la Juventud, Chica Linares, de 25 años, pide que se tenga en cuenta a la población juvenil con el fin de evitar el 'pinchazo' de la 'burbuja de bienestar social' que, advierte, tendrá como consecuencia que 'no se puedan pagar las pensiones y el colapso demográfico'.

El empleo, la educación y la vivienda figuran entre las principales preocupaciones de los menores de 30 años en España (14.108.397 personas a 1 de enero de 2016) para poder tener un proyecto de vida e involucrarse en la vida social, asegura.

A pesar de la anunciada recuperación económica, Chica Linares señala que hay datos alarmantes: la tasa de paro juvenil se sitúa en el 41 %, el 92 % de los nuevos contratos son temporales y el 38,2 % está en situación de pobreza o exclusión social.

Solo uno de cada cinco jóvenes en España puede abandonar el hogar familiar (un 19,5 %), como consecuencia del paro, la precariedad, la mala calidad del empleo y el aumento de los precios de la vivienda en alquiler, lamenta la presidenta del CJE, nacida en Granada y afincada en Madrid.

"El paro se está reduciendo a costa de que los jóvenes estén en una situación de mayor precariedad y tengan peores condiciones laborales y de vida", subraya.

Antes de la crisis, había preocupación por la precariedad de los mileuristas, mientras que, ahora, el salario medio es de ochocientos euros, asevera.

Las políticas de juventud que se han promovido en los últimos años "no han ido a la raíz de los problemas", según Chica Linares, quien pone como ejemplo el programa europeo de empleo y formación Plan de Garantía Juvenil, que, en su opinión, no está consiguiendo el objetivo de reinsertar a los jóvenes en el mercado laboral y en el sistema educativo.

En este contexto, reclama la puesta en marcha de un plan de retorno de los jóvenes que se han visto obligados a buscar oportunidades en el extranjero para paliar la "catástrofe" que supone la pérdida de la inversión que ha hecho la sociedad en su educación.

"Somos realistas, somos la generación mejor preparada, somos conscientes de las consecuencias de la crisis y sabemos que no vamos a conseguir que la situación cambie con un aplauso", reconoce la presidenta del CJE.

Muestra su deseo de que la situación mejore, pero "no a costa de tener dos trabajos para poder pagar un piso pequeño y comer carne dos veces por semana".

Chica Linares exige un aumento de las inversiones en políticas de juventud que tengan un efecto "más allá de los números" y permitan mejorar las condiciones de vida de este colectivo.

Entre otras medidas, destaca la importancia de erradicar los contratos temporales, además de regular las becas y las prácticas extra curriculares para impedir la "usurpación de un puesto de trabajo por estudiantes".

Otras de sus reivindicaciones son un programa de alquileres de Viviendas de Protección Oficial (VPO) para favorecer que los jóvenes se puedan ir del hogar familiar, un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un aumento de las becas para facilitar que un mayor número de personas pueda acceder a una educación gratuita en las enseñanzas medias y en la Universidad.

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El Consejo de la Juventud advierte de los riesgos de la precariedad laboral

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La presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), Julia Chica Linares, insta a la sociedad, al Gobierno y a los partidos políticos a "empezar a preocuparse" por el paro, la precariedad y la pobreza laboral de los jóvenes, que representan el 30,3% de la población.

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Las quejas por el bajo salario mínimo en México llegan a la CIDH

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Las quejas por el bajo salario mínimo en México llegan a la CIDH

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Casi 70 organizaciones civiles denuncian que el suelo salarial, de menos de cinco dólares al día, tiene a más de siete millones de mexicanos por debajo del umbral de la pobreza

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Un trabajador de la construcción en la Ciudad de México. Cuartoscuro

El salario mínimo en México no alcanza para vivir. Esta fue la demanda que María de la Luz Gregorio llevó ante el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2016. La mujer, que estaba a punto de cumplir los 50 años y limpiaba en un hostal restaurante de la Ciudad de México, presentó una demanda en contra del decreto que fijaba el salario mínimo diario: en aquel entonces, 73 pesos (3,9 dólares). Ese era su sueldo, que no le permitía mantenerse económicamente. Ni ella misma ni, por supuesto, su familia.

El camino en los juzgados fue una carrera de obstáculos que se prolongó durante meses. Los tribunales locales sobreseyeron la petición por considerar que fue presentado fuera de tiempo y, como respuesta, ella presentó un recurso de revisión. Finalmente, en mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia le negó el amparo, aunque reconociendo en su resolución que el salario mínimo mexicano es un "derecho social".

En el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos y Sociales se consagra el derecho de obtener los medios para una vida digna y decorosa a través de una actividad lícita y una remuneración que asegure condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo por trabajo igual, sin distinción.

Con este antecedente, casi 70 organizaciones civiles han pedido este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que atienda el caso de Luz y revise el nivel del salario mínimo en México, que este año supera por poco los 88 pesos (4,7 dólares) diarios, una cantidad que inferior al coste de la canasta básica de consumo. Los colectivos también entregarán un informe al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU con el acento especial en los riesgos de mantener este nivel de sueldos para los trabajadores.

Los representantes de la sociedad civil entre los que figura el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Unión Social de Empresarios de México, el Centro de Análisis e Investigaciones Fundar, entre otras, aseguran que, pese a las más recientes alzas decretadas por el Gobierno mexicano, el salario mínimo contraviene la Constitución al ser insuficiente para garantizar un sustento mínimo para los empleados y sus familias. En América Latina, México es el tercer país con el salario mínimo más bajo, solo por detrás de El Salvador y Nicaragua.

Las cifras oficiales confirman la realidad de escasez a la que se enfrentan unos siete millones de trabajadores que reciben este sueldo en México. Según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), un mexicano necesita un ingreso de al menos 99 pesos (5,25 dólares) diarios para cubrir sus necesidades básicas: alimentación, aseo, vivienda, transporte, vestido y educación. Una cifra que solo tiene en cuenta el coste de mantenerse una persona -y no una familia, como tiene a su cargo la mayoría de trabajadores- y que supera en un 11% al suelo salarial vigente hoy.

Rogelio Gómez,integrante de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, cree que el salario mínimo atrapa a los trabajadores en una "espiral de pobreza" que se ha agudizado en los últimos años. En 2012, según las cifras del Coneval, había 60,6 millones de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar. En 2016 esa cifra se había incrementado hasta los 62,2 millones de mexicanos.

Las citadas organizaciones sociales ya habían acudido anteriormente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la ONU. "Son acciones ante instancias internacionales que le exigen al Estado mexicano una respuesta concreta y que, por tanto, no solo resolvería el caso de Luz: también resolverían un caso generalizado de todas aquellas personas que ganan el salario mínimo", apunta Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Lejos de las voces opositoras, que advierten de un riesgo de inflación de o una pérdida de competitividad en México derivado de un alza en los sueldos de los trabajadores, los representantes de las organizaciones civiles han indicado que personas con mejores condiciones de vida podrán incidir en otros sectores productivos y generarían una mayor cohesión social. Entre los colectivos que respaldan la petición hecha a la CIDH también están el Patronato Pro Mazahua, Oxfam, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), la Alianza Fundaciones Comunitarias México, Youthbuild Internacional México, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadac), entre otros.

Todo un frente social que inició con una sola voz: la de María de la Luz Gregorio. Las organizaciones sociales en favor de un salario mínimo más alto esperan en que esta primera demanda se convierta en una bola de nieve que culmine en un nuevo ajuste al alza en una figura clave para erradicar la pobreza. Luz ya hizo su parte, un buen número de organizaciones civiles la respaldan y ahora le toca el turno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las manecillas del reloj siguen su marcha.

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Las quejas por el bajo salario mínimo en México llegan a la CIDH

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El salario mínimo en México no alcanza para vivir. Esta fue la demanda que María de la Luz Gregorio llevó ante el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2016.

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Así sobrevive un refugiado sirio en Turquía con 200 euros mensuales

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Así sobrevive un refugiado sirio en Turquía con 200 euros mensuales

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El 90% de refugiados sirios en el país se aloja en poblaciones. Visitamos Gaziantep, una de las que más recibe. El sistema de atención apoyado por la UE les proporciona dinero en metálico, un pequeño alivio

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Nahla (49 años) no recuerda nada de la noche en la que por fin pudo abandonar Alepo (Siria), ciudad muy afectada por la guerra que asola el país desde hace ya siete años. Fue poco después de la muerte de su marido, Mohamed, quien pisó una mina cuando volvía a casa de su trabajo como obrero. Ella se marchó por la seguridad de sus nueve hijos, que después de esta pérdida no podían ni dormir. A finales de 2013 pagaron a un contrabandista, y recorrieron junto a él la frontera norte durante varias horas. Al llegar a un punto, un coche les estaba esperando y les condujo a Gaziantep, una de las ciudades del sur de Turquía que más exiliados recibe desde que comenzó el conflicto, que ya ha expulsado del país a cinco millones de personas. El país acoge a 3,7 millones de personas refugiadas o solicitantes, de los que 3,4 son sirios, y 325.000 están registrados en esta provincia a 100 kilómetros de la frontera. "Estaba tan traumatizada que no recuerdo nada de los primeros días aquí", explica sentada en el sofá de su casa junto a sus hijos pequeños, Isra, de 11 años y Nuri, de nueve.

El 90% de los refugiados que vive en Turquía habita en pisos alquilados. Lo prefieren porque les da más libertad y seguridad que permanecer en un campo. "Primero llegaron los que tenían más posibilidades económicas y se instalaron en zonas acomodadas, lo que hizo que se inflaran los precios. Después, cuando comenzaron a salir en masa del país, se quedaron con las casas más humildes", explica Abdullah, propietario de un pequeño supermercado y que tiene un vecino sirio. La inmensa mayoría se concentra en las provincias de Hatay, Kilis, Gaziantep, Sanliurfa, Mardin y también en Ankara y Estambul. En los 21 campos que hay en suelo turco viven unas 230.000 personas. "No tengo ninguna intención de irme de aquí, este sitio me recuerda a Alepo y además estamos cerca de nuestro país", apunta Nahla. Su casa tiene tres habitaciones, aunque viven principalmente en la única que se calienta gracias a una estufa de carbón. Está llena de humedades, pero a ella le basta con tal de garantizar seguridad a su familia. Algunos parientes de su difunto marido viven cerca.

Nahla, en su casa con sus dos hijos pequeños. El retrato en la pared es de su difunto marido. Sinan Çakmak

El polémico acuerdo por el que la Unión Europea se comprometía a aportar hasta 6.000 millones de euros a Turquía para contener el flujo migratorio y que los refugiados no salieran de ese país ha garantizado ingentes recursos a los organismos y ONG que operan en la zona. La mitad ya se ha invertido. "Creo que es la primera vez en mi vida en la que no tememos quedarnos cortos de fondos, estamos aprovechando para ofrecer todo lo que podemos", reconoce Bülent Öztürk, coordinador de la Media Luna Roja turca en Gaziantep. "Europa nos da dinero para que paremos la salida de inmigrantes y eso es lo que hacemos. El acuerdo está siendo un éxito. Estamos aquí para ayudar, pero no somos un país rico, así que necesitamos los fondos de la UE a largo plazo", apunta Levent Yuncu, que dirige una de las oficinas de servicios sociales del Gobierno turco. Estas se coordinan con las ONG y organismos internacionales sobre el terreno para atender a los refugiados.

Jane Lewis es la directora de la oficina en Ankara de ECHO (la agencia europea de ayuda humanitaria y protección civil) y ha sido una de las artífices del protocolo de atención a los refugiados denominado Red de Emergencia Social (ESSN por sus siglas en inglés), que se aplica solo para aquellos que viven en pisos (los de los campos tienen otro sistema). Lewis explica que en algunas de sus experiencias de auxilio en otros países ha constatado cómo un refugiado llega a recibir de los diferentes organismos y ONG hasta 15 tarjetas diferentes para recibir ayuda y que su objetivo en esta crisis fue mejorar la eficiencia centralizando toda la ayuda en una sola cartilla. "Las entidades trabajamos por sectores. Por ejemplo, en cada caso hay una organización que se encarga de la protección a la infancia, otra que proporciona alimento, otros, ropa, otros, medicamentos... Eso hace que las familias pasen por decenas de evaluaciones y entrevistas".

Desde finales de 2016 los refugiados reciben una tarjeta de débito por unidad familiar en la que cada mes se les ingresa una determinada cantidad en función del número de hijos, de si estos van al colegio y de si la familia cuenta con personas dependientes. No todos reciben esta ayuda, si no cumplen los criterios de vulnerabilidad, se les deniega. Pueden retirar el dinero de los cajeros o bien pagar con la tarjeta en los comercios. La creadora del sistema asegura que el hecho de que puedan gestionar sus propias finanzas "mejora su dignidad de vida". Nils Grede, director de la misión del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Turquía tiene el mismo punto de vista: "Llevamos siete años así, y al finalizar cada uno nos damos cuenta de que la situación no ha mejorado, así que había que buscar una fórmula para dignificar su estancia aquí una vez que se suplieron las carencias básicas".

La cantidad que se les ingresa de media son 720 liras turcas mensuales (unos 156 euros) que muchos complementan con empleos informales (es casi imposible para ellos obtener un contrato de trabajo). Hay que tener en cuenta factores como que si hay niños yendo a la escuela, Unicef ingresa un dinero extra en la tarjeta cada mes. El salario mínimo en Turquía son 2.057 liras turcas (443 euros). "Con este sistema garantizamos que el 85% del presupuesto que recibimos acabe directamente en las manos de los solicitantes", asegura Lewis. En algo más de año y medio que lleva en marcha se han distribuido alrededor de un millón de estas tarjetas (144.000 en Gaziantep). El presupuesto de este programa fue en 2017 de 348 millones de euros, y hasta el primer trimestre de 2019 se destinarán más de 600 millones. Los fondos provienen de Echo y el organismo encargado de implantarlo es el Programa Mundial de Alimentos.

Otra de las características de este sistema, cuyos promotores ahora quieren exportar a otros países y otras crisis, es la implicación del Gobierno. Esto garantiza que no hay que empezar de cero, sino que ya existen las infraestructuras educativas, de salud, trabajadores sociales y, en general, todos los elementos del sistema de ayuda que ya funcionaban en el país para atender a los más vulnerables. Como ejemplo, el Ejecutivo turco reparte cada año entre los hogares más desfavorecidos carbón para las estufas en los meses invernales y desde 2017 incorporaron a las familias de refugiados a este reparto. Otra muestra es que los niños sirios pueden ir a las escuelas turcas desde hace más de un año.

Una familia formada por un matrimonio o un solo progenitor con cuatro hijos ingresará de media, por tanto, unos 200 euros mensuales: la ayuda proporcionada en la tarjeta más los ingresos por trabajos no oficiales. ¿Cómo los administran? "La mayor parte de ese dinero lo invertimos en el alquiler, desde que la tenemos hemos perdido el miedo a que el casero nos eche del piso en cualquier momento", comenta Ahmed, de 30 años. Vive en un piso de dos habitaciones y cocina junto a su mujer Rukye (25 años) y sus hijos Lujain (siete), Orjuan (seis), Omar (cuatro) y Hadija (ocho meses). La menor nació en Turquía y la madre cuenta que solo fue una vez al médico para recibir atención prenatal y que tuvo suerte porque tanto el embarazo como el parto fueron "muy buenos".

En general, todas las familias sirias consultadas coinciden en que este dinero ha servido para quitarles de encima el peso de pagar cada mes el alquiler. "Muchos turcos no quieren alquilar sus casas a los refugiados, antes de estar aquí vivimos en una tienda y un sótano", detalla Ahmed. Ellos pagan 560 liras turcas (120,5 euros) cada mes entre el alquiler y las facturas. Con el poco dinero que resta, compran productos de primera necesidad como alimentos, leche en polvo para los bebés y pañales. El sistema social turco les proporciona gratis algunos medicamentos. Ahmed tiene trabajos esporádicos en la construcción.

Para obtener la tarjeta es necesario un proceso burocrático que en ocasiones se puede complicar. El hecho de que muy pocos sirios hablen turco dificulta las gestiones. Los solicitantes deben acudir primero a uno de los centros gubernamentales para registrarse como inmigrantes y, en segundo lugar, acudir a una de las oficinas preparadas por la Media Luna Roja para empadronarse y solicitar la ayuda. Este sistema ha conseguido que muchos de los exiliados que antes no tenían ningún aliciente para registrarse, lo hagan y así exista un mayor control y conocimiento de cuántos son y dónde están. El tiempo entre el que se solicita la tarjeta y se concede es de, al menos, 45 días. Huda llegó a Gaziantep hace dos años y medio. Su hijo mayor está en la escuela y ella ha ido a hacer la compra a un mercado en compañía de sus otros hijos: María, de tres años, y Mahmoud, de ocho meses. "En la dirección en la que nosotros estamos vivía antes otra familia que no comunicó que se iba a mudar, por eso cuando nos inscribimos tuvimos algunos problemas y por eso el proceso se alargó", detalla.

"Dios no se lleva a la gente que quiero de mi lado", reza una pintada que ha hecho uno de los hijos de Nahla en su vivienda de Gaziantep. Encima de una mesa, un montón de suelas de calzado que ella elabora para proporcionárselas a una empresa local. Con este trabajo puede estar en casa cuidando a sus hijos y, a la vez, aportar unos pequeños ingresos a la economía familiar. "Echo de menos mi hogar y a mi gente, pero hasta que no sea completamente seguro, no volveremos".

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Así sobrevive un refugiado sirio en Turquía con 200 euros mensuales

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Nahla (49 años) no recuerda nada de la noche en la que por fin pudo abandonar Alepo (Siria), ciudad muy afectada por la guerra que asola el país desde hace ya siete años. Fue poco después de la muerte de su marido, Mohamed, quien pisó una mina cuando volvía a casa de su trabajo como obrero.

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Ciudad del Cabo, la agonía de quedarse sin agua

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Ciudad del Cabo, la agonía de quedarse sin agua

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La mayor sequía de la historia, la rápida urbanización y la corrupción podrían convertir a la urbe más austral de África en la primera del mundo actual en quedarse seca. En tres meses se cierran los grifos. Así está sufriendo la ciudad esta pesadilla.

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Hace 30 años, diagnosticaron a Bridgetti Lim Banda un problema crónico en la espalda. Una parte de su terapia consistía en darse una ducha muy caliente para relajar los músculos, pero es un lujo que ya no puede permitirse. Sus espasmos son cada vez peores y ya no puede conducir. Ahora se lava tres días seguidos con una palangana para ahorrar agua. Al cuarto día se permite una ducha de tan solo un par de minutos.

No lavar el coche, llevar el pelo sucio o no tirar de la cadena se han convertido en muestras de fortaleza en Ciudad del Cabo, la ciudad más austral de África. Ahora, Lim Banda se dedica a liderar la resistencia desde su chalé en Constantia Village, un suburbio de clase media. Desde allí creó en marzo del año pasado la ONG Cape Town Water Crisis, con la que emite vídeos en directo a través de Facebook en los que entrevista a expertos. La finalidad es educar a la población acerca de los problemas de abastecimiento que vive su ciudad. La página cuenta con miles de seguidores y cada vez más capenses acuden a ella preocupados para informarse sobre cómo sobrevivir a la catástrofe natural que se les aproxima

Los niveles de agua en las presas de la región son críticos y el Gobierno municipal lleva meses intentando controlar el consumo. Desde el 1 de febrero, el límite es de 50 litros por persona al día. Si te pasas o no cuentas con el medidor correspondiente en tu casa, la multa puede ser de hasta 700 euros.

Pero ni con esas se puede evitar ya el Día Cero: según las últimas previsiones, el 11 de mayo se cerrarán los grifos. Las presas estarán a un 13.5% de su capacidad y todas las personas tendrán que hacer fila en uno de 180 puntos de agua localizados por toda la ciudad para recibir su ración de 25 litros de agua al día.

Tirar de la cadena son nueve litros de agua y una ducha de dos minutos son 20 litros. A ello hay que añadir un mínimo de dos más para beber, otros dos para cocinar para una persona y tres para la higiene personal. "Una lavadora en modo económico gasta entre 60 y 70 litros al día. Si tu ración es de 50 o 25, ¿cómo vas a lavar tu ropa?", dice Lim Banda.

Los expertos pronostican una ciudad caótica. "Se prevé que un cuarto de la población local, un millón de personas, dejen la ciudad en las próximas semanas. El Parlamento tendrá que cerrar, la economía colapsará y el turismo huirá", explica Benoit Le Roy, ingeniero ambiental y director de la ONG Water Shortage South Africa. "No hay ninguna ciudad moderna en el mundo que haya conseguido manejarse con 25 litros de agua por persona al día".

Dúchense juntos

"Me gustaría recordarles que estamos sufriendo una gran crisis de falta de agua. Por favor, no malgasten, dúchense juntos", comunica por el altavoz del avión el capitán Steve Mahau al aterrizar. Ciudad del Cabo es una ciudad eminentemente turística, con más de cinco millones de visitantes cada año. Desde 2011 acoge una de las siete maravillas naturales del mundo, la Montaña de La Mesa. A partir de 2018 se le conocerá también como la primera ciudad del mundo que se queda sin agua. Literalmente seca.

La metrópolis vive la mayor sequía que jamás ha experimentado. Los últimos tres años han sido los más secos desde que se tienen registros, y 2017 el peor con tan solo 153,5 milímetros de lluvia acumulada, según los datos del Climate System Analysis Group de la Universidad de Ciudad del Cabo. Hace años las primeras precipitaciones llegaban en abril, pero el cambio climático ha retrasado y reducido la temporada de lluvia, que comienza en junio y se reduce a los tres meses de verano europeos.

Las opciones que se plantean para solucionar este panorama son dos: invertir en plantas de desalinización o extraer recursos de los acuíferos. El Gobierno local ha optado por la segunda al ser más la económica a corto plazo, pero ni aun juntando los tres acuíferos con los que cuenta Ciudad del Cabo se solucionaría la crisis. "La ciudad consume actualmente 600 millones de litros al día y entre todos los acuíferos se podría extraer un máximo de 140 millones de litros de agua. Puede ayudar, pero no nos va a salvar", analiza Peter Rosewarne, hidrogeólogo local.

Los sudafricanos no solo miran al cielo, sino también a los despachos. "La situación actual es una combinación de la sequía, la mala planificación y la crecida de la población debido a la urbanización", asegura Rosewarne. En la misma dirección apunta Le Roy: "La población se ha multiplicado por dos en las últimas tres décadas y la urbanización ha pasado de un 30% a un 60%. En ese tiempo no ha habido inversiones en infraestructuras y en las ciudades las fugas son ya de casi el 40% del agua", lamenta.

La práctica totalidad del agua se suministra desde seis presas que abastecen la ciudad. Theewaterskloof es la más grande. Tiene una capacidad de almacenamiento de 480 millones de metros cúbicos, tres veces más que la siguiente. Llena podría abastecer a más de la mitad de la población, pero está a un 12,5% de capacidad y a días de quedarse inutilizable, ya que con la maquinaria actual es imposible extraer el último 10% de las reservas

La falta de inversión pública ha provocado una situación de no retorno. La celebrada Constitución sudafricana de 1996 establece que el Estado debe garantizar un suficiente acceso a agua a sus ciudadanos, pero las arcas del Estado están más secas que las presas. El presupuesto del Departamento de Agua y Saneamiento es de 15 billones de rands sudafricanos este año (mil millones de euros al cambio). "Debería invertirse alrededor de 80 billones de rands al año, seis veces más", critica Le Roy. "Se puede intentar de todo, pero aún así nos llevaría unos diez años volver a una situación normal, algo impensable hoy en día porque el país está en bancarrota", dice el ingeniero ambiental.

Dos motivos sobresalen para explicar la sequía monetaria: la corrupción y el alto nivel de pobreza. "No hay dinero para invertir simplemente porque ha sido robado por nuestro presidente y una red criminal muy sofisticada", asegura Anthony Thurton, científico y profesor en el Center for Environmental Management de la University of Free State.

El presidente de Sudáfrica es Jacob Zuma, quien se enfrenta a 783 cargos por corrupción, fraude y crimen organizado. Durante su periplo la economía del país se ha estancado y actualmente un 55% de la población vive en la pobreza, o lo que es lo mismo, más de 30 millones de sudafricanos viven con menos de 66 euros al mes. "La pobreza extrema hace que sólo tengamos 6 millones de contribuyentes y casi 18 millones de personas recibiendo beneficios: no hay dinero para invertir en infraestructura", relata Le Roy.

El Día Cero, realidad inevitable

"Soy una afortunada por vivir en Johannesburgo. Al menos puedo disfrutar de una ducha de 15 minutos", comenta Khensani, taxista. Sin embargo, la crisis del agua no es ajena al resto de Sudáfrica. Hace dos años, la ciudad costera de Durban sufrió una grave falta de abastecimiento de la que aún se recupera, y en Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y la capital, Pretoria, se esperan serios problemas si no reducen el consumo. "En Gauteng nos quedaremos sin agua en 2022 al cien por cien. Los proyectos de renovación se han ido retrasando y, aunque empezasen mañana, no acabarían hasta 2025", espeta Le Roy.

Los capenses ya se preparan para el día en el que no salga agua del grifo. La fecha concreta baila días arribas o abajo, pero la situación es irreversible. "La única manera de salvar esta catástrofe sería con otra catástrofe", asegura Rosewarne. "Tendría que caer un diluvio histórico, una inundación histórica que sería una tragedia porque se llevaría por delante muchos asentamientos". La última previsión del Día Cero se ha retrasado 20 días, ahora data del 11 de mayo gracias a la aportación de agua de los agricultores desde sus reservas de agua privadas.

Salvar agua es clave. La ONG Water Shortage South Africa, que dirige Le Roy, lleva semanas encargándose de llevar botellas a los barrios más pobres: "Queremos intentar mantener a los más vulnerables hidratados para cuando llegue el Día Cero ", dice. La solidaridad aflora en estos momentos duros. Compañías nacionales de agua están donando productos y otras de transporte se ofrecen a llevarla hasta Ciudad del Cabo. Pero no solo son empresas, sino también cientos de ciudadanos sudafricanos se han ofrecido a donar y transportar agua hasta la ciudad. A estos ya se les conoce como "ángeles del agua".

La incertidumbre de cómo será la vida a partir del Día Cero es alta. Cada uno de los 180 puntos de distribución albergará a más de 20.000 personas cada día esperando sus 25 litros por persona. "No sé cómo lo van a hacer. Imagina que trabajas a las ocho de la mañana, ¿cuántas horas tendrás que esperar en una cola?", se pregunta Rosewarne. A dos meses vista surgen muchas dudas sobre el método. Por el momento, el Gobierno ya ha movilizado al Ejército. "Se dice que puede haber distribución a domicilio para ancianos y personas con movilidad reducida e, incluso, que podrías ir a recoger tu parte en coche, pero son todo rumores ya que no hay aún directrices oficiales", critica el hidrogeólogo.

Bridgetti Lim Banda coloca una palangana bajo de la ducha, un bol debajo del grifo de la pila y coloca el tubo que recogerá el agua de dentro de la lavadora. Acto seguido sale al jardín a colgar la ropa usada al sol para que se airee el sudor. En su casa ya no se lava la ropa tras cada puesta, sino que la estiran todo lo que pueden hasta pasar por la lavadora. Hasta en el retrete ahorra. Si lo que cae es amarillo no tiran de la cadena, pero si es marrón no les queda otro remedio. Aun así han empezado a probar un váter seco con arena. En casa de Bridgetti ya se preparan para dejar de utilizar agua. Del todo.

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Ciudad del Cabo, la agonía de quedarse sin agua

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La mayor sequía de la historia, la rápida urbanización y la corrupción podrían convertir a la urbe más austral de África en la primera del mundo actual en quedarse seca. En tres meses se cierran los grifos. Así está sufriendo la ciudad esta pesadilla

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Entre 150 y 300 euros por vivir en una caseta de obra en Madrid.

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Entre 150 y 300 euros por vivir en una caseta de obra en Madrid.

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El Ayuntamiento de la capital aflora un creciente número de alquileres ilegales, algunos en infraviviendas, en la Cañada Real. En las cuales gran numero de inmigrantes malviven en una chabola, se estima que estos paguen entre 150-300 euros al mes

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Casetas de obra en las que viven familias en un terreno privado ocupado en la Cañada Real. Álvaro García

Los alquileres ilegales siempre han sido algo común en la Cañada Real Galiana, el gigantesco asentamiento irregular que desde hace más de 40 años crece sin control a base de ocupaciones de la antigua vía pecuaria a su paso por los municipios de Coslada, Madrid y Rivas. De hecho, es muy conocido un gran edificio del sector 5 (la urbanización, que ocupa una línea de 14,4 kilómetros, está dividida en seis zonas) en el que viven arrendadas decenas de inmigrantes. Pero, aunque no hay una cifra exacta porque son casos difíciles de detectar, la dimensión del problema es mayor de lo que parecía, según va constatando el Ayuntamiento de Madrid a medida que va aflorando más y más. Y una parte importante s e localiza en auténticas infraviviendas, chabolas o contenedores colocados en cualquier parte, incluso, en el interior de naves industriales.

El precio puede oscilar entre 150 y 300 euros al mes. Al menos, en el caso de las seis casetas de obra que el Consistorio tiró el pasado martes en un extremo del sector 5, muy cerca de la confluencia entre la M-50 y la A-3. La excavadora municipal -que derribó también dos viviendas a medio hacer y unos huertos- causó gran revuelo entre vecinos y ONG, porque las demoliciones en Cañada se producen con cuentagotas desde hace tiempo. Sobre todo desde que se firmó en mayo el pacto regional que trata de solucionar la situación del asentamiento, regularizando y dando servicios a las viviendas que se pueda, eliminando las que no y realojando después a sus ocupantes (esto ocurrirá con todo el sector 6, el más conflictivo, que incluye un importante núcleo de venta de droga). Las ONG calculan que en el asentamiento viven 8.000 personas, mientras que el censo oficial reduce la cifra a 7.283.

"Hay mucha población vulnerable en Cañada que necesita la ayuda de las administraciones y se la vamos a dar, pero también hay muchos especuladores que se aprovechan y eso no lo vamos a consentir", asegura el Comisionado del Ayuntamiento de Madrid para la Cañada, Pedro Navarrete, que opera desde el Área de Coordinación Territorial. Eso significa combatir los alquileres ilegales o, al menos, conseguir que no sigan proliferando. El derribo es probablemente el recurso más delicado y problemático, tanto socialmente, ya que hay una instrucción municipal que impide tirar una casa si está viviendo en ella una familia que no tenga alternativa residencial, como administrativa y judicialmente.

El Ayuntamiento espera poder clausurar pronto la actividad de un edificio ilegal de varias plantas que alquila ocho viviendas por unos 500 euros al mes en el sector 1, muy cerca de Coslada. Este tipo de expedientes y denuncias se combinan con otros métodos: por ejemplo, explicar a los inquilinos que no tienen por qué pagar el alquiler, ya que el terreno no es propiedad de la persona que les cobra, algo que ya aplican dos familias que ocupan viviendas en el jardín de una casa.Los arrendadores son personas muchas veces desavisadas, inmigrantes sin papeles y en situaciones de exclusión muy grave que no acceden al mercado de la vivienda. En el terreno particular ocupado junto al sector 6 que se quemó el pasado diciembre se ve la absoluta precariedad del grupo de familias que vive -alquiladas, según el Ayuntamiento- en medio de un impracticable barrizal en casetas de obra, grandes contenedores y otras chabolas.

Aunque lo cierto es que este espacio donde conviven esas infraviviendas con auténticos chalés de lujo, prósperas cuadras de caballos, bares o talleres mecánicos no deja de dar sorpresas. Como aquel joven inglés que había alquilado por 200 euros al mes la recepción de una nave del sector 2, entre la R-3 y Coslada, y que resultó ser, según indagaron los técnicos municipales, un estudiante de Erasmus encantado con el precio y la ubicación.

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Entre 150 y 300 euros por vivir en una caseta de obra en Madrid

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Los alquileres ilegales siempre han sido algo común en la Cañada Real Galiana, el gigantesco asentamiento irregular que desde hace más de 40 años crece sin control a base de ocupaciones de la antigua vía pecuaria a su paso por los municipios de Coslada, Madrid y Rivas.

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Un reciente estudio de la Universidad de Oxford señala que, de China al Reino Unido, las personas que sufren penurias económicas sufren casi el mismo menoscabo en su orgullo y autoestima.

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Ser pobre es una experiencia sumamente vergonzosa que degrada la dignidad y la sensación de autoestima de la persona. Aunque las manifestaciones y las causas de la pobreza son variadas, la humillación que la acompaña es universal. Un reciente estudio de la Universidad de Oxford señala que, de China al Reino Unido, las personas que sufren penurias económicas también los niños-sufren casi el mismo menoscabo en su orgullo y autoestima.

Pero, pese a esta evidente relación entre la pobreza y la angustia psicológica, las políticas que se ocupan de la primera no suelen tener en cuenta la vergüenza. Los esfuerzos por reducir la pobreza tienden más bien a centrarse en los efectos tangibles de la privación, como la falta de ingresos o de acceso a la educación. En consecuencia, las soluciones suelen asumir implícitamente que una mayor riqueza material o unas mejores condiciones de vida se traducirán automáticamente en beneficios intangibles como un mayor bienestar mental.

Esta falta de atención al lado psicosocial de la pobreza es un error. Si queremos aliviar el sufrimiento humano y alcanzar el principal Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas - acabar con la pobreza "en todas sus formas" para 2030- atacar el papel que juega la vergüenza debe ser un punto central y prioritario en nuestros esfuerzos.

La devastadora sensación de deshonra que acompaña a la pobreza e impide que la gente adopte una acción positiva para mejorar su situación se percibe en todo el mundo. En India, la vergüenza asociada con la pérdidas de cultivos y las dificultades financieras han llevado muchos agricultores a un abuso de sustancias narcóticas y, en casos extremos, al suicidio. En Tanzania, investigadores que estudiaron la educación bilingüe determinaron que el miedo a las burlas puede llevar a los alumnos con menos facilidad para aprender inglés a no participar en clase. Y en Uganda, los estudiantes pobres de secundaria dicen que la imposibilidad de pagar las cuotas, comprar uniformes o conseguir útiles escolares es una constante causa de humillación.

Para abordar esta vergüenza y explicar de forma adecuada el papel que desempeña en la perpetuación de la pobreza, deben tomarse varias medidas:

Para empezar, los responsables de las políticas públicas deberían reconocer el problema. En lugar de ver tal sentimiento como una consecuencia desafortunada, los planificadores del desarrollo humano deberían reflexionar sobre la manera en que la pobreza mina la dignidad humana. El premio Nobel de Economía Amartya Sen, una de las voces más influyentes en la lucha contra la pobreza, viene sosteniendo desde hace mucho tiempo que la vergüenza es un motor de la pobreza "absoluta". Tomársela en serio debe ser parte de cualquier estrategia.

Es más, la falta de autoestima y de confianza en uno mismo pueden tener un impacto negativo en cómo la gente ve su capacidad para conseguir un cambio, apoyando una percepción de incompetencia que puede debilitarlos y dejarlos atrapadas en la pobreza. Para ayudar a estas personas a salir de ella, las estrategias de desarrollo humano deben considerar cómo impulsar la acción, la aspiración y la autoeficacia personal, esto es, la fe en la capacidad propia para influir en los acontecimientos que afectan nuestra vida.

Finalmente, los responsables de las políticas deben ser conscientes de que, si no se aplican correctamente, los programas destinados a reducir la pobreza pueden en verdad aumentar los sentimientos de vergüenza. Por ejemplo, investigadores que trabajaron en India en 2005 determinaron que muchas mujeres dejaban de ir a clínicas médicas para evitar un trato denigrante por parte de los trabajadores de la salud, en detrimento de su propio bienestar y el de sus hijos. Y mujeres sudafricanas que se postularon para recibir préstamos de ayuda infantil han atestigüado experiencias similares, al igual que muchos usuarios de bancos de alimentos en el Reino Unido. Por cierto, muchos participantes de las encuestas realizadas en Gran Bretaña dijeron que el estigma de recibir alimentos gratis les hacía sentir "miedo" e "incomodidad".

La cuestión de la vergüenza, y la necesidad de tomársela más en serio en las políticas para acabar con la pobreza, cobra fuerza lentamente. Los académicos que investigan el sufrimiento humano han reconocido que la "dignidad de los receptores" es un componente esencial para el éxito en esta batalla. En 2016, por ejemplo, una revisión de los programas de transferencias de efectivo en África determinó que la falta de estrés y de vergüenza mejoraba la confianza de los receptores, lo que derivaba en una mejor toma de decisiones y una mayor productividad. De acuerdo con esto, la Universidad de Oxford está ampliando su investigación sobre el nexo entre vergüenza y pobreza para estudiar cómo el sector de desarrollo internacional puede adoptar políticas antipobreza "a prueba de vergüenza".

Los programas destinados a reducir la pobreza están avanzando en la dirección correcta, pero todavía hay mucho trabajo por hacer para integrar el componente psicosocial de aquella a las políticas y la planificación. Cuando los responsables de las políticas entiendan verdaderamente que la dignidad y el respeto por uno mismo son prerrequisitos inevitables en la lucha contra la privación -y no los resultados de su alivio- el mundo tendrá una buena oportunidad de erradicar la pobreza en todas sus formas.

Keetie Roelen es investigadora y codirectora del Centro para la Protección Social del Institute of Development Studies.

Copyright: Project Syndicate, 2017

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Opinión | La vergüenza encadena a los pobres

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Ser pobre es una experiencia sumamente vergonzosa que degrada la dignidad y la sensación de autoestima de la persona. Aunque las manifestaciones y las causas de la pobreza son variadas, la humillación que la acompaña es universal.

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“Limitado, lento y caro”. Así es Internet en Latinoamérica.

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“Limitado, lento y caro”. Así es Internet en Latinoamérica.

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El jefe de la división de Conectividad del Banco Interamericano de Desarrollo, Juan Ketterer, analiza las conexiones de la región y su repercusión en el desarrollo

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Cuando se le pregunta cómo describiría la conexión a Internet en América Latina, Juan Ketterer, jefe de la División de Conectividad, Mercado y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo, es tajante: "La cobertura es limitada, de mala calidad y cara". Los datos le respaldan: la mitad de la población no está conectada, la velocidad en promedio es cuatro veces más lenta que en la OCDE y los ciudadanos pagan un 43% más. Si se mira en términos relativos, resulta todavía más costoso: los habitantes de este club de países tienen que destinar un 2% del ingreso a conectarse, porcentaje que sube a un 10% en América Latina y el Caribe. Esto es un gran problema para la región: Internet no es un capricho, sino un requisito para el desarrollo y la competitividad.

Pregunta. ¿Por qué este rezago de América Latina con respecto al resto de países de la OCDE?

Respuesta. La explicación es muy simple: como en muchos sitios del mundo, la mayor parte del despliegue de infraestructura de este tipo la ha ejecutado el sector privado, que hace lo que puede. Invierte para obtener rentabilidad, cuando no lo consigue, deja de hacerlo. No es una crítica al sector privado, sino una constatación de que las cosas son así.

P. ¿Por qué el sector privado no llega tan lejos en la región como en otros países?

R. En primer lugar, existe una serie de factores que hacen que el entorno regulatorio sea percibido como menos adecuado para la inversión privada. Hay aspectos de la regulación bastante obsoletos. En otras ocasiones es inestable y no ofrece todas las garantías de seguridad jurídica que la inversión privada necesita.

P. ¿Puede poner algún ejemplo de este marco regulatorio desfasado?

R. Una de las cosas que todavía ocurren con mucha frecuencia es que la regulación para servicios de Internet es totalmente distinta de los de telefonía, cuando hoy día están totalmente ligados. También es muy importante el hecho de que en la mayoría de los países de Latinoamérica no hay claridad en la distribución y adjudicación del espectro radioeléctrico en las operadoras de telefonía. Ese vacío, esa inseguridad, disuade a los operadores de hacer inversiones en antenas y cableado que quizás no van a rentabilizar. Otro aspecto que puede parecer anecdótico, pero no lo es, es la capacidad de cavar zanjas. Hacerlo en la región resulta infinitamente más complejo en todos los sentidos que en otros países de la OCDE, porque en ellos las reglas están claras, mientras que en América Latina hay cierta incertidumbre con respecto a los derechos.

P. ¿Cómo se puede revertir esta situación?

R. Hay tres grandes conjuntos de medidas. El primero, que los países hagan un esfuerzo para armonizar y modernizar los marcos regulatorios y legales. Es fundamental para aumentar el atractivo en tu país para la inversión privada. Segundo: inversiones públicas en algún tramo estratégico de la red. Típicamente se hace en la troncal o en conexiones internacionales, muchas veces aliándose con otros países, por ejemplo, en un cable submarino. Existen una serie de inversiones estratégicas que si el sector público aborda, el privado podría continuar el negocio sin tener que amortizarlas. Lo que no creemos una buena idea es que los Estados hagan todo lo que no alcanzan las empresas. Eso típicamente lleva a exceso de gasto e ineficiencias. Lo tercero es financiar las inversiones de infraestructura de conectividad digital usando tecnología o asociaciones público-privadas. Por ejemplo, el sector privado construye infraestructuras y el público le transfiere flujos para completar la rentabilidad. Imaginemos que decimos a un operador: haga una inversión para conectar esta región y explótela comercialmente. Como sabemos que no va a ser rentable porque no va a haber capacidad de pago, establecemos que sector público haga unos pagos por disponibilidad, por tener la red funcionando; así, los Gobiernos aportan lo que no se consigue ingresar como tarifa y se garantiza cierta rentabilidad.

P. ¿Qué buenas prácticas existen en la región de las que se puedan aprender?

R. Algunos países ya están haciendo esto. México realizó un cambio muy importante al principio del Gobierno que ahora termina que llevó a una gran inversión; el programa Red Compartida. Con ella, cuentan con una red básica sobre la cual dar servicio a la mayoría del país. Colombia hace unos años implantó la gran iniciativa Vive Digital, que consiguió extender el uso y acceso a Internet en la mayoría de las municipalidades del país. Consistió en facilitar banda ancha. Se podía acceder en unos centros comunitarios que eran como grandes cibercafés con un precio ajustado a las posibilidades de los vecinos. Extendió mucho la adopción de la economía digital. La mayoría de países están aplicando modelos con más o menos intensidad y fuerza, pero hoy en día empieza a haber la conciencia de que el sector público tiene que desempeñar un papel fundamental en todo esto. Se habla mucho de fomentar campañas de educación digital, eso está bien, pero hay que ir con cuidado porque si se aplican y los ciudadanos no tienen manera de aprender, es como enseñar a conducir a la gente en un país sin carreteras.

P. ¿Cómo pueden afectar al desarrollo estas carencias en la conectividad?

R. Si no se toman medidas, la separación que hay entre Latinoamérica y los países más desarrollados irá aumentando; esto no es nada bueno, porque estamos muy cerca de la concreción de muchas tecnologías que tienen que ver con la cuarta revolución industrial, basadas en tres patas: Internet de las cosas, inteligencia artificial y capacidad de computación de gran capacidad. Todo esto será la base para que coches sin conductor, drones, salud digital y servicios públicos funcionen perfectamente. Y para ello es necesaria buena conectividad.

P. ¿Algo de lo que Latinoamérica se pueda ver especialmente beneficiada?

R. La agricultura de precisión, por ejemplo, que se basa en imágenes de los campos segmentados en miniparcelas para poder regar y aplicar abono en cada sitio en cantidad exacta. Eso requiere o imágenes por satélite, que son muy caras y no tan precisas, o drones que vayan recorriendo y mandando fotos en tiempo real. Para eso necesitas conectividad. Solo aplicando estas técnicas la productividad puede aumentar entre un 20% y un 30%. También en servicios públicos: estimamos que en salud se podrían disminuir costes en un 25%, y educación hasta en un 90% mediante teleconsultas y clases a distancia.

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conectividad de el banco interamericano de desarrollo

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"Limitado, lento y caro". Así es Internet en Latinoamérica

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