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Los movimientos migratorios, además de un rasgo definitorio e ineludible de nuestro mundo globalizado, son un importante desafío que entraña, a su vez, una oportunidad. Desarrollar esa oportunidad, hacerla real, exige adoptar y aplicar decisiones complejas, adecuadamente formuladas, que apuesten por una visión de largo alcance, que implica un cálculo a corto, medio y largo. Esas decisiones, que deben basarse en criterios de legitimidad, de justicia y de eficacia, conducirán a la obtención de importantes beneficios para todas las partes implicadas.

Es el porvenir de España el que está en juego, tanto como potencia demográfica como económica en su entorno geoestratégico. Hoy día, todas las sociedades del mundo sufren transformaciones vinculadas a los desplazamientos de poblaciones. No hay ni un solo país que pueda pretender quedarse al margen de esa tendencia histórica. La realidad del siglo XXI está marcada por potentes movimientos de emigración, inmigración, intercambios y enriquecimientos identitarios. Nuestro país debe saber gestionar este reto con serenidad, realismo, madurez, solidaridad y proyección hacia el futuro.

La crisis ha debilitado cruelmente, más allá de la estructura económica y social, el componente orgánico y demográfico del país. El saldo migratorio viene siendo negativo desde el año 2010, afectando tanto a las personas españolas como extranjeras. Centenares de miles de hombres y mujeres jóvenes, educados, formados y competitivos, han dejado el país. Nuestro primer deber es restablecer las condiciones globales para que regresen a España.

Esta crisis también ha generado movimientos significativos en el seno de las mismas inmigraciones en España. Una parte de la población inmigrante, sobre todo euro-comunitaria, ante una situación de desempleo duradero, ha decidido regresar -temporal o definitivamente- a sus países de origen, o bien volver a emigrar a otros países de Europa. Cabe decir aquí que estas reorientaciones han sido posibles precisamente porque la población inmigrante europea disponía del derecho a la libre circulación en el espacio europeo.

En cambio, una parte de las otras migraciones, las no comunitarias, tras largos periodos en los que contribuyeron a nuestro desarrollo económico y social, han perdido su estatus en nuestro país y han visto sus derechos reducidos, negados por medidas injustas, e incluso inhumanas (así, los efectos devastadores sobre el derecho a la salud de la población inmigrante irregular a partir del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril).

Si una parte de la población inmigrante acepta en silencio esta dramática situación es porque, entre otras razones, sabe que, al volver a su país de origen o cambiar de país de acogida, perderá la posibilidad de reasentarse en España: el bloqueo de la libre residencia durante varios años fuera de España disuade a este perfil de inmigrantes de la alternativa de emprender otra suerte en otra parte.

Aunque el fondo humano de la solidaridad es inmenso en nuestro país, hay que decir claramente que, a la hora de combatir los efectos de la crisis, las autoridades políticas no han dado siempre ejemplo de respeto al derecho de los extranjeros. Nuestra obligación moral y humana es restablecer la realidad de una España digna y civilizada, propia de un Estado social y democrático de Derecho.

Por otro lado, las guerras civiles que ensangrientan el Mediterráneo (desde Siria -Irak hasta Libia), así como el continente subsahariano (desde Somalia-Eritrea hasta Mali), provocan una inevitable y descontrolada huida de personas refugiadas hacia Europa, dando lugar a tragedias humanas que han convertido el mar Mediterráneo en el primer cementerio marítimo del mundo; al tiempo, este escenario ha fomentado el auge de redes criminales organizadas dedicadas a la trata de seres humanos.

Este panorama desolador ha dibujado, tal y como lo ha diagnosticado justamente la Comisión europea, una situación de emergencia humanitaria directamente relacionada con la obligación internacional de prestar auxilio a personas en peligro de muerte, y no con asuntos de inmigración. Al mismo tiempo, afrontar este reto obliga a emprender estrategias de lucha contra las mafias que sacan provecho de la desesperanza humana. Cabe añadir aquí que los países que más pagan el tributo a este reto no son los europeos sino los del sur del Mediterráneo (Magreb y Oriente Medio), que tienen muchos menos medios para hacerlo.

Ahora bien, las políticas migratorias de la Unión Europea, tal y como están formuladas hoy, no están a la altura de esta situación. Y eso es así porque se inscriben en una perspectiva global errónea: consideran que, al fin y al cabo, es el mercado de trabajo desregulado el que debe, en relación con sus inputs, gestionar centralmente la inmigración y luego decidir por sí mismo las necesidades del país, lo que, en realidad, conduce al debilitamiento de los derechos globales de las personas asalariadas. Esta confusión, equiparada a la que se produce entre las personas refugiadas y peticionarias de asilo y la inmigración económica irregular, está fundamentando un tratamiento predominantemente de naturaleza represiva (policial y penal), y no civil y administrativo de la diversas facetas de la inmigración y desde los derechos fundamentales de las personas extranjeras.

En consecuencia, las estrategias de lucha contra la inmigración ilegal han condicionado la gestión de los cauces legales migratorios, de tal modo que hemos asistido a un endurecimiento paulatino del modelo de entrada y de las condiciones de permanencia de extranjeros y extranjeras que ha revertido contra la población inmigrante económica no cualificada.

La finalidad de neutralizar el comúnmente recurrente "efecto llamada", o factor de atracción para flujos migratorios ilegales, ha sido el pretexto para restringir sobremanera los canales de la inmigración legal en todas sus etapas (entrada, estancia, permanencia). Todo eso desemboca en la utilización de la presencia de las personas inmigrantes como chivo expiatorio, munición electoral desde una visión cortoplacista, partidista, instrumental, cuando deberían ser parte del proyecto básico de convivencia social y, por tanto, ser objeto de un verdadero pacto de Estado. Debemos escarmentar en cabeza ajena y aprender que esa instrumentalización alimenta pulsiones racistas, xenófobas y beneficia la proliferación de opciones sociales y políticas no democráticas.

También debe señalarse una situación de déficit político fruto del desmantelamiento de la política de integración por parte del Gobierno Popular. Dejando sin presupuesto el Fondo estatal para la integración y sin aprobar el plan estratégico de ciudadanía e integración que habría correspondido a partir del año 2015, se ha vaciado de contenido este eje fundamental de la política migratoria. Además, la última reforma del Código civil en materia de nacionalidad, aprobada por enmienda y sin debate, ha incorporado un examen de idioma e integración para todas las personas inmigrantes que quieran adquirir la nacionalidad española que resulta injusto, porque impedirá el acceso a personas que no alcancen niveles culturales que no suponen un estándar en la población española, y es arbitrario, porque no va a valorar la verdadera trayectoria de integración.

Necesitamos una política basada en el realismo, la solidaridad, y desconectada de las luchas partidistas. Necesitamos buscar el consenso más amplio posible porque se trata del porvenir humano del país, y, a menudo, de futuros nacionales españoles y españolas.

En lo que sigue, presentaremos tres líneas básicas de actuación propias de un modelo de política migratoria, subrayando, por otra parte, una exigencia que es un deber inaplazable en materia de política de refugio y asilo. A partir de esas bases, formularemos nuestras propuestas.

1. El primer pilar es una ordenación de las políticas migratorias conforme a los principios y exigencias del Estado democrático de Derecho, el respeto a la dignidad de todo ser humano y la garantía de los derechos humanos como prioridad de toda política pública, también de inmigración. Cabe resaltar dos consecuencias de este principio:

1.1. La primera exigencia es restablecer una política justa de y en las fronteras. Eso supone una política conforme al Estado de Derecho, presidida por los criterios de imperio de la ley, seguridad jurídica y respeto de los derechos humanos y fundamentales.

Partimos del rechazo de concepciones no realistas y enunciadas, la mayor parte de las veces, en términos demagógicos, como la de "fronteras abiertas". Pero eso no impide reconocer que, en el tránsito de la frontera, es absolutamente prioritario, además de una obligación, garantizar el respeto de la dignidad de todas las personas que llegan y el reconocimiento de sus derechos fundamentales.

Al mismo tiempo, esos principios no son incompatibles con un sistema de tratamiento diferenciado en las fronteras. Más concretamente, con el establecimiento de un régimen específico en relación con los que denominamos "inmigrantes irregulares", esto es, con quienes tratan de alcanzar el territorio de soberanía española sin contar con la documentación requerida y/o eludiendo el procedimiento legalmente establecido para el cruce de nuestras fronteras. En todo caso, es preciso analizar la diversificación terminológica especialmente compleja que contempla la legislación de extranjería vigente (denegación de entrada, devolución, expulsión) y, sobre todo, evidenciar las malas prácticas en la gestión del tránsito de fronteras que posibilitan un trato que, en varias ocasiones, ha alcanzado las características de inhumano, y que ha sido objeto de denuncias y de evaluación negativa por instituciones internacionales y por la propia Comisión Europea. Hemos de corregir las razones (y las bases) que hacen posible ese trato incompatible con el respeto a la dignidad y los derechos humanos. En consecuencia, debe ser objeto de profunda revisión el sistema de tratamiento de la persona extranjera que pretende cruzar irregularmente la frontera y que es interceptada en el intento (el denominado modelo de devolución). Eso exige, de un lado, procedimientos administrativos ágiles y compatibles con los derechos fundamentales, la revisión de los convenios bilaterales de retorno y repatriación y, en particular, del régimen de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

1.2 La segunda exigencia es apostar por una política migratoria que flexibilice las vías de la inmigración legal. Hay que reconocer y declarar públicamente, tal y como se hace en todos los demás países europeos, que España necesita, en varios sectores, inmigrantes legales: el concepto demagógico de inmigración "cero" es xenófobo, irreal y además ruinoso para los intereses nacionales del país. Ahora bien, los canales de la inmigración legal han sido estos últimos años seriamente dificultados y los propios residentes han visto sus derechos restringidos. Por ello, es necesario implementar cauces de acceso legales y seguros.

Es urgente volver a la situación anterior a determinadas reformas de la legislación de extranjería y apostar por una política migratoria que flexibilice las vías de la inmigración legal en todas sus etapas, previendo también las posibilidades de ir y volver (visados de ida y vuelta).

2. El segundo pilar es la toma de conciencia del principio de responsabilidad ciudadana como ingrediente básico de una política de integración.

Tras años de derrumbe de las políticas de integración con el pretexto de la crisis económica es necesario establecer un impulso que sitúe la integración y la gestión de la diversidad de nuevo en la agenda política. Entendemos la integración como un proceso bidireccional de adaptación mutua que requiere la participación activa de toda la ciudadanía: inmigrantes y españoles; entendemos la integración como una responsabilidad compartida con un enfoque integral ya que afecta a todas las facetas de la vida cívica, social, económica, cultural y política de la personas y de los grupos sociales. Por tanto las políticas de integración y gestión de la diversidad deben incorporarse de modo transversal a todas las políticas públicas orientadas a la ciudadanía. Sin embargo, las políticas de integración deben tener un capítulo especial dedicado a lo que se conoce como segundas generaciones. La Unión Europea defiende el papel que tiene la educación para hacer factibles el principio de equidad y la participación activa de los miembros de la sociedad. La diversidad cultural es una realidad y los centros educativos han realizado un esfuerzo importante para adaptarse y ser referentes de una sociedad plural e inclusiva. Además diferentes estudios han confirmado cómo los niños y niñas, hijos e hijas de inmigrantes que cursan estudios en las diferentes etapas educativas tienen un grado de identificación con el resto de estudiantes que nos hace ser optimistas en la percepción de la educación como vehículo de inclusión. Sin embargo, los estudios publicados también identifican dificultades de algunos colectivos que es necesario corregir con un refuerzo positivo para garantizar que a todos alcance la igualdad de oportunidades.

Flexibilizar los canales de la inmigración legal no significa solo reconocer que la persona inmigrante es sujeto de derechos, sino también de obligaciones. Estas obligaciones (así, en el ámbito tributario o de la Seguridad Social, o la escolarización de los hijos e hijas menores que se encuentren a su cargo), junto a la necesidad de realizar esfuerzos tendentes a la integración en la comunidad de acogida deben valorarse a la hora de promover su estabilidad en el territorio español. En este sentido, la legislación de extranjería recurre a tales parámetros valorativos para el disfrute de determinadas situaciones, por ejemplo, para la renovación de las autorizaciones de residencia temporal, o para la renovación de una autorización de residencia por reagrupación familiar. Flexibilizar debe significar asimismo atender otras realidades, como por ejemplo, la de los y las estudiantes procedentes de terceros países. La legislación debe ofrecer alternativas relacionadas con la realidad, que hagan compatibles las autorizaciones con los períodos de estancia autorizados y con unas exigencias económicas acordes con su capacidad.

La integración, para no ser mera y simple asimilación, ha de ser bilateral, esto es, no va dirigida sólo a los y las inmigrantes, sino que debe contemplar acciones que favorezcan en nuestra ciudadanía la sensibilización ante las exigencias de una política de igualdad inclusiva, desde la información y formación en el respeto primordial a los derechos y la exigencia de cumplimiento de los deberes de toda la ciudadanía y también de los residentes en nuestro país. Una política de integración que se corresponde con las exigencias formuladas en los informes nacionales e internacionales sobre indicadores de integración (entre estos últimos, por ejemplo, los informes anuales MIPEX o el reciente informe de la OCDE).

España, como país de inmigración, tiene un papel eminentemente pedagógico. Debe dejar claro a la ciudadanía el reconocimiento del derecho a la integración, a la movilidad social de los y las inmigrantes, y éstos a su vez, también deben respetar las reglas de vida en común, los principios fundamentales del Estado de derecho, la necesaria separación de lo confesional y de lo político en el espacio público, de la igualdad de los géneros (principio innegociable bajo ningún concepto) y de la libertad confesional y personal.

El acceso a la nacionalidad española por residencia, debe ser visto como corolario de un proceso de integración de las personas extranjeras en España. A través de una Ley de nacionalidad que se plantea también como una propuesta para abordar en lo que atañe a las y los españoles en el exterior, debe adecuarse el acceso a la nacionalidad por residencia de las personas extranjeras residentes en nuestro país, pues la adquisición de la nacionalidad comporta la plenitud de derechos de ciudadanía.

3. El tercer pilar que debe orientar la actuación básica en política migratoria para que sus programas e iniciativas permitan una gestión proactiva y mutuamente beneficiosa, es, evidentemente, el diseño de una política de cooperación y codesarrollo con los países de origen de los flujos migratorios y los de tránsito, que no esté supeditada a los intereses de las élites de esos países, ni tampoco a nudos intereses de mercado o geoestratégicos, y que tenga, más allá de los agentes fundamentales de las administraciones públicas, a los propios inmigrantes y a los agentes de las sociedades civiles de los países de origen y de nuestro propio país. Es decir, una verdadera cooperación descentralizada en materia de gestión de los flujos migratorios.

Este apartado de la política migratoria, por ser el último, no es el menos importante. En realidad, pone en juego nuestra capacidad, dentro del marco europeo, latino-americano, africano o de otras áreas del mundo, de proponer una estrategia a largo plazo de gestión de la demanda migratoria. Implica nuestra capacidad de vincular la regulación de los flujos migratorios al desarrollo de los países productores de estos flujos y, por consiguiente, cuestiona nuestra política global de cooperación con estos países.

La relación entre cooperación e inmigración no es una invención abstracta: corresponde a la realidad de los hechos. Primero porque, a través de sus remesas, las personas inmigrantes están contribuyendo al desarrollo de sus países de origen y al mantenimiento, allí, de sus familiares próximos, lo que es una forma, ciertamente no ordenada económicamente, pero potente, de cooperación positiva.

Aquí, además, hay que denunciar una hipocresía cuidadosamente escondida en las estrategias de los países receptores de inmigración: si a menudo recuerdan su ayuda a la cooperación, no dudan, desde la decisión tomada bajo las iniciativas británica y española, en junio de 2002, en el Consejo europeo de Sevilla, de condicionar la readmisión obligatoria de las personas inmigrantes ilegales a todos los acuerdos de cooperación que celebre la Unión Europea. Eso es lo que podremos llamar la cooperación negativa.

Todos los Informes de ACNUR, de las propias Naciones Unidas y de las principales Agencias, Centros e Institutos de investigación y ONG's implicadas, coinciden en señalar que vivimos hoy la mayor crisis de personas refugiadas de los últimos 25 años. En la actual crisis, el mayor problema ha sido la ausencia de voluntad política por parte de los Estados de la Unión Europea para cumplir sus obligaciones jurídicas respecto a las personas refugiadas.

En efecto, en esta crisis, los Gobiernos europeos dan muestra de su falta de voluntad para asumir el cumplimiento de los deberes jurídicos que les vinculan como la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, es decir, del Derecho Internacional de los refugiados. Desde el principio de "non-refoulement" (no devolución) hasta la garantía del derecho a solicitar asilo o, en su caso, la protección subsidiaria, la práctica demuestra el alejamiento de nuestras administraciones del principio de sujeción al imperio de la ley.

Necesitamos un sistema común europeo de asilo para reconocer y garantizar a estas personas el ejercicio de su derecho al asilo, no para restringirlo y dificultar su acceso. Una política basada en el deber de solidaridad al que se refiere, por ejemplo, el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ante emergencias como la que vivimos hoy. Y ello inevitablemente comporta el establecimiento de cuotas, en la línea de la propuesta presentada por la Comisión europea. Necesitamos unos criterios comunes que identifiquen la autoridad que debe actuar para decidir quiénes tienen, y en qué condiciones, derecho al asilo y quién debe hacerse cargo de las prestaciones que este derecho implica. No podemos pretender, a la vez y sin contradicción, un verdadero sistema europeo de asilo que comporte fondos de ayuda de la UE para los Estados que lo necesiten a fin de atender a las personas refugiadas, y, a continuación, negarnos a asumir el deber de solidaridad, nuestra obligación de hacernos cargo de una cuota de los refugiados que arriban a Europa.

Impulsar la política común europea de asilo e inmigración. Elaboraremos un Informe marco sobre inmigración, protección internacional y cooperación, para analizar y orientar la política migratoria exterior española y, a la vez, presentar iniciativas dirigidas a la Unión Europea, pues el reto es común y se ha demostrado imprescindible para un tratamiento adecuado a la dimensión global del fenómeno.

Dotar a la gestión de la inmigración de una posición política y una estructura en la Administración General del Estado adecuadas para llevar a cabo un tratamiento eficaz e integrado de los flujos migratorios y de las políticas de integración.

Recuperar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y tránsito de los flujos de inmigrantes, abandonada en la última legislatura, y que debe constituir un instrumento crucial para la ordenación y gestión legal de los movimientos de personas.

Derogar de manera inmediata el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que impuso graves restricciones en el reconocimiento y garantía efectiva del derecho a la salud para inmigrantes irregulares.

Eliminar el principio de reciprocidad del derecho de sufragio en las elecciones municipales de los extranjeros residentes en España.

Crear un Fondo para la financiación de las políticas de integración que, a su vez, represente un marco de cooperación y concertación con administraciones de los ámbitos regional y local, y también con la iniciativa social para la gestión coordinada y concertada de las mismas.

Fomentar la plena integración y la igualdad de oportunidades de las llamadas segundas generaciones, dedicando especial atención al refuerzo de la formación educativa: reactivando los programas de acogida educativa para paliar las carencias y necesidades del alumnado extranjero, especialmente en niños y niñas procedentes de la reagrupación familiar; previniendo el abandono temprano y el absentismo escolar en centros de educación primaria y secundaria, incluyendo el apoyo a profesionales de la educación, vinculando, en colaboración con los Ayuntamientos, la escuela a su entorno y favorecer la creación de redes de colaboración para generar espacios de convivencia, socialización y pertenencia; apoyando y formando al profesorado en la gestión de la diversidad y en identificación de incidentes o actitudes racistas, xenófobas o discriminatorias.

Abordar una reforma de la nacionalidad por residencia, procurando el máximo consenso, que incorpore una reducción sensible de los plazos máximos establecidos actualmente, la revisión de los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior y la valoración de la trayectoria de integración, más allá de un examen, como elemento preeminente a la hora de evaluar las condiciones del acceso. Asimismo, impulsaremos la firma de Acuerdos de doble nacionalidad.

Derogar la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que pretende legalizar las denominadas "devoluciones en caliente" en el espacio fronterizo entre Ceuta y Melilla y el territorio del Reino de Marruecos.

Retirar las denominadas concertinas en las vallas fronterizas que producen graves riesgos para la integridad física de las personas.

Modificar el actual modelo de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). De acuerdo con el principio de proporcionalidad, en cada propuesta de internamiento se tendrán en cuenta las circunstancias individuales y, en especial, el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Para salvaguardar el carácter no penitenciario de los CIE, así como los derechos de las personas internas, se revisará el Reglamento de funcionamiento y régimen interior, y se reforzarán los medios que permitan el adecuado control judicial de los mismos. Se revisará la composición exclusivamente policial del personal de los CIE y se garantizarán las condiciones necesarias de higiene y salud, así como la atención a las personas internos mediante servicios de intérprete, asistencia psicosocial y sanitaria y acceso de los servicios de defensa jurídica. Eliminaremos las trabas al acceso a los CIE por parte de las ONG's de apoyo a inmigrantes acreditadas por la administración.

Recuperar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y tránsito de los flujos de inmigrantes, abandonada en la última legislatura, y que debe constituir un instrumento crucial para la ordenación y gestión legal de los movimientos de personas: Revisar la política de visados y autorizaciones para flexibilizar la movilidad de los flujos migratorios, en especial la regulación de los flujos migratorios circulares o estacionales, introduciendo mecanismos de decisión descentralizada en la tramitación y concesión de autorizaciones, que facilite la circulación legal de las personas, su entrada y el retorno y las autorizaciones para estancias formativas.

Priorizar los países de América y África con los que España debe llevar a cabo sus políticas de Cooperación, Cooperación triangular, Desarrollo y Codesarrollo.

Impulsar acciones positivas en relación con las mujeres inmigrantes y refugiadas en situación de especial vulnerabilidad como las mujeres solas con cargas familiares.

Mejorar procedimientos administrativos que permitan agilizar las concesiones y renovaciones de autorizaciones, especialmente las de arraigo y reagrupación familiar.

Transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la prevención de las víctimas.

Impulsar una estrategia contra el racismo y la xenofobia, que aúne políticas públicas e iniciativas no gubernamentales, incidiendo especialmente en las acciones en materia educativa y políticas de comunicación y sensibilización. Se creará un programa específico de formación en estas materias para empleados públicos.

Dar respuesta efectiva y urgente a la crisis de las personas refugiadas mediante el apoyo a los países vecinos, el incremento del número de acogidos, la dotación de los programas de reasentamiento, la aceptación de admisiones humanitarias y la concesión de visados a personas con necesidades de protección internacional.

Reforzar las oficinas de Asilo y la presencia en ellas de la representación oficial de ACNUR, eliminando las malas prácticas y corrigiendo las instrucciones ministeriales que restringen de facto la posibilidad de solicitar asilo.

Elaborar una estrategia de acogida e integración de personas refugiadas en coordinación y colaboración con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

Aprobaremos el Reglamento de desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, "reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria", permitiendo de esta manera que se puedan aplicar todas las figuras jurídicas que están pendiente de desarrollo. Así mismo supondrá la incorporación de las novedades introducidas por la modificación de las Directivas que conforman el sistema común de asilo europeo.

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Los movimientos migratorios, además de un rasgo definitorio e ineludible de nuestro mundo globalizado, son un importante desafío que entraña, a su vez, una oportunidad. Desarrollar esa oportunidad, hacerla real, exige adoptar y aplicar decisiones complejas, adecuadamente formuladas, que apuesten por una visión de largo alcance, que implica un cálculo a corto, medio y largo.

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Programa Electoral | VOX Partido Político España

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Empleo

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Déficit público

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inmigración

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Así llegaron unas 50 personas en patera a una playa de Tarifa | España

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sanidad

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Varias decenas de miles de andaluces han llenado este sábado las calles del centro de Sevilla bajo el lema 'Por una sanidad pública digna y completa, sin privatización, no más recortes y fuera corruptos'.

La marcha ha sido convocada por la asociación 'Justicia por la Sanidad', presidida por el doctor Jesús Candel, que ha indicado que espera que la movilización marque "un antes y un después en la lucha que se inició en Granada ante un seguimiento que ha sido "increíble e impresionante". Así, deja claro que se seguirá "luchando los días que haga falta hasta que los responsables políticos se vayan y la justicia los meta en la cárcel".

Candel insiste en la necesidad de luchar "contra la corrupción, en especial la sanitaria", y pone en valor que "era hora de que Andalucía despertara ante el sinvergonzonerío y el choricerío de la Junta de Andalucía, y en especial de la presidenta, Susana Díaz".

"No para de mentir y engañar y nos ha llevado intencionadamente a la quiebra sanitaria, a la privatización, a los recortes y a una ley para tapar las corruptelas", sentencia, tras recordar que ha presentado distintas denuncias por "prevaricación continuada, mientras existen más de mil sentencias judiciales sobre las irregularidades existentes, el nepotismo y el enchufismo en la Administración andaluza".

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Manifestación en Sevilla por una "Sanidad Pública digna, de calidad y sin recortes"

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Miles de personas se han manifestado en Sevilla para exigir a la Junta más inversión en salud. Denuncian que mientras la media de España en gasto en Sanidad por persona llega a los 1.300 euros, en Andalucía es de 1.100 euros.

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Casado, con Feijóo, este sábado en Ferrol. | David Mudarra.

Pablo Casado sigue desgranando su contrato con España de cara a las elecciones generales del 28 de abril. En el capítulo económico, garantizará el blindaje fiscal del ahorro de los españoles para la jubilación, según anunció en Ferrol. El líder del PP estuvo acompañado de Fátima Báñez, que previsiblemente formará parte de las listas y a la que puso de ejemplo frente al "ministro del paro" Celestino Corbacho, el nuevo fichaje de Ciudadanos. "Las comparaciones son odiosas", dijo.

La propuesta de Casado, que será incluida en su programa, es abrir el ahorro privado para la jubilación de todos los españoles, y no sólo a los que "tengan capacidad económica de contratar un plan de pensiones". Con el modelo actual, según el equipo económico del PP, los españoles únicamente pueden ahorrar para su jubilación en planes de pensiones, lo cual "no sólo es una barrera a la libertad económica sino una limitación del bienestar".

La medida incluye una novedad importante: "La jubilación no será otra oportunidad para que Hacienda se coma el ahorro de los españoles", según las fuentes consultadas. Por eso, a la hora de rescatar todo el ahorro, al jubilarse, Casado se compromete a que " no se tendrá que pagar ningún impuesto ni por lo que se invirtió, ni por los intereses, rendimientos y ganancias que haya generado".

En síntesis, si se cumplen los planes del PP, se extenderán los beneficios fiscales que hoy tienen los planes de pensiones a cualquier otro tipo de activo, como acciones o depósitos de fondo de inversión. "Y si a lo largo de la vida, se decide cambiar de producto de ahorro, no tendrá que pagar impuestos por hacerlo", según quedará por escrito en el programa electoral.

En el PP ponen un ejemplo: "Si una pareja en la que ambos trabajan y cada uno gana 20.000 euros al año que pague una hipoteca de 758 euros al mes, podrá ahorrarse al año más de 2.000 euros". El pago de la hipoteca se convertiría así en un producto de ahorro, además de compra.

"En vez de constreñir las oportunidades de ahorro, el PP quiere ampliarlas, dando a los españoles todas las opciones posibles para que, junto a la pensión pública y sin detrimento de esta, pueda complementarla", remataron las fuentes consultadas del equipo económico de Casado.

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Casado propone blindar el ahorro de los españoles para la jubilación

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Pablo Casado sigue desgranando su contrato con España de cara a las elecciones generales del 28 de abril. En el capítulo económico, garantizará el blindaje fiscal del ahorro de los españoles para la jubilación, según anunció en Ferrol.

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Reindustrialización

Un modelo que priorice la productividad debe extenderse a partir de un claro refuerzo del papel de la industria en la economía ya que su aportación a los incrementos de productividad es superior a la de los demás sectores.

Sin embargo en lo que llevamos transcurrido del Siglo XXI, se ha intensificado la disminución del peso de la industria en Europa, especialmente como consecuencia del efecto negativo de la crisis financiera de 2008. Cinco años después de iniciada la crisis, la aportación del sector industrial al PIB de la UE-28 fue del 15% y del 14% la aportación al empleo total, cifras muy por debajo de lo deseable. En el caso español este fenómeno se ha agudizado y, así, en los últimos 15 años el porcentaje del empleo industrial respecto al total pasó del 20% al 13% y el valor añadido del sector del 19% al 12%.

Es necesario implementar políticas para cumplir con el objetivo de la Estrategia Europea 2020 de aumentar al 20% el peso del sector industrial en el PIB.

No es extraño, por tanto, que crezca la reivindicación de un esfuerzo público mayor en favor de políticas que impulsen una reindustrialización de España entendida en un sentido moderno que incorpore actividades económicas amplias y procesos productivos basados en el impulso a la innovación tecnológica. De hecho reindustrializar es hoy concentrar en las empresas todas las mejoras disponibles para que eleven su productividad y competitividad. Reindustrializar es hoy la mejor garantía para atraer talento e I+D, desarrollo y diseño tecnológico y empleo de calidad.

Poco a poco en más actividades se está tendiendo a economías de coste marginal cero. Esto hace que el concepto industrial predominante hasta ahora vaya transformándose en otro que posiblemente irá en aumento en los próximos años. Los grandes centros de producción que centralizan la fabricación de productos y después lo distribuyen a centros de consumo en la mayoría de los casos alejados, es previsible que pueda pasar a un nuevo concepto con centros más pequeños que dispongan de herramientas que permitan producir mucho más cerca del consumidor final.

Los y las socialistas no somos ajenos a estos nuevos paradigmas y por ello crearemos las condiciones para que España pueda afrontar estos cambios con éxito, y coloque a nuestra economía en los puestos de salida ante estos cambios.

También, será decisiva la creación de un sistema de inteligencia económica, que elimine asimetrías de información, aspecto donde las pymes actualmente se ven desfavorecidas frente a las multinacionales con más medios para acceder a esa información estratégica. Esta información facilitará también la toma de decisiones de los actores públicos en materia económica.

Un mercado laboral más eficiente

España tiene un problema estructural en relación al empleo, tanto en términos cuantitativos, como de calidad. Nuestro modelo productivo es poco intensivo en trabajo como demuestra el hecho de que solo en plena burbuja inmobiliaria fuéramos capaces de alcanzar el nivel medio de desempleo de los países de la Unión Europea. Para crear empleo suficiente y de calidad necesitamos mucho más que reformas en el mercado laboral. Necesitamos una transición en la oferta productiva, como la propuesta en este programa.

La crisis económica y las medidas adoptadas por el gobierno conservador para hacer frente a la misma han dejado una preocupante secuela en nuestro mercado laboral en términos de un nivel de paro muy elevado, rebajas salariales, precariedad inaceptable e inseguridad en las condiciones laborales y deterioro de la negociación colectiva.

La primera medida que adoptó el PP cuando llegó al poder fue su reforma laboral. Cuatro años después el paisaje es desolador. Hoy tenemos casi 5 millones de personas en nuestro país que quieren trabajar y no pueden. De ellas, más de 2,1 millones llevan más de 2 años en situación de desempleo, 1 millón de las cuales tienen más de 45 años. Estas son las grandes víctimas de esta crisis, las grandes olvidadas. Más de 400.000 jóvenes han tenido que abandonar su país porque aquí no hay ni futuro ni esperanza y 2 millones de menores de 34 años están en el paro: España ostenta el vergonzoso record de ser el país con la tasa de desempleo juvenil más alta de todos los países de la Unión Europea.

La situación no es menos dramática para los que trabajan. La marca España de empleo con el Gobierno del PP es la precariedad y el subempleo: trabajo a tiempo parcial no querido, ultra-temporalidad, salarios de pobreza, degradación de las condiciones de trabajo y muerte de la negociación colectiva. 9 de cada 10 contratos de trabajo que se celebran en nuestro país son temporales, con una duración media de menos de 54 días, y un tercio de los cuales es, además, a tiempo parcial.

Desde que gobierna el PP, los salarios de los trabajadores y trabajadoras han caído cerca de un 5% y su poder adquisitivo es hoy el mismo que tenían a principios de los años 90. No es extraño, pues, que en nuestro país existan hoy más de 2,5 millones de trabajadores pobres y que más del 13% vivan en hogares por debajo del umbral de la pobreza.

España es el país de la Unión Europea con mayores diferencias salariales entre los que más y menos ganan y la brecha salarial entre mujeres y hombres es de un 24%, lo que significa que una mujer tiene que trabajar 80 días más que un hombre para ganar lo mismo que él. En nuestro país se realizan cada semana más de 10 millones de horas extraordinarias ilegales, la mayoría de las cuales ni siquiera se cobra, y la explotación laboral se ha vuelto una práctica común en cientos de centros de trabajo.

Finalmente, desde que entró en vigor la reforma laboral del PP, el número de convenios colectivos se ha reducido prácticamente a la mitad, y quienes están protegidos por la negociación colectiva que antes eran casi 11 millones, hoy son menos de 6 millones.

El empeoramiento de las condiciones laborales y la destrucción de empleo son fruto de una política gubernamental que apostó por un ajuste económico vía devaluación de las condiciones laborales, la desprotección frente al desempleo y el vaciamiento de las políticas públicas de empleo.

Frente a esta realidad, los y las socialistas nos reconocemos en el reto fundamental de nuestra sociedad: promover empleos de calidad que garanticen una vida digna, aumentar las oportunidades para los y las jóvenes, garantizar de forma real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres tanto en la distribución social de los cuidados y trabajos domésticos, como en la retribución por el desempeño de un trabajo de igual valor y, por tanto, garantizar la igualdad de género en el empleo, en su acceso y permanencia, en la formación y en la promoción interna en las empresas, removiendo los obstáculos que la impiden o dificultan.

Dada la magnitud de este reto, nuestro compromiso es afrontarlo desde una perspectiva integral. La precarización del empleo y de las relaciones laborales no responde exclusivamente a los aspectos institucionales y legales de nuestro mercado laboral, sino que hunde sus raíces en nuestro patrón de crecimiento económico, la baja productividad, el pequeño tamaño empresarial, el carácter estacional de nuestro sistema productivo, la debilidad, en definitiva, de una economía centrada en la competencia vía costes y con poco músculo innovador y tecnológico.

La profundidad y duración de la crisis han generado un cuello de botella, especialmente dramático, en el mercado laboral: personas paradas de larga duración. Un drama que se complica conforme se avanza en edad, y que aún se complica más en familias con todos sus miembros en paro.

Economía verde: prosperidad más allá del PIB

España necesita salir del estancamiento en el que ha estado inmersa en los últimos años y recuperar su capacidad de cohesión social. Necesita redefinir un modelo económico y de convivencia que asegure prosperidad y empleo sostenible, prosperidad y empleo de calidad para todos ahora y en el futuro, con respuestas inclusivas que no dejen atrás a nadie, ancladas en un diagnóstico correcto de los retos de nuestros días y en la voluntad de construir un proyecto común.

Un "mejor crecimiento y un mejor clima" y la reorientación de nuestro modelo tradicional de desarrollo hacia premisas de mayor eficiencia en la producción y consumo de recursos facilitan una recuperación económica sostenida en el tiempo, generando prosperidad y empleo. Favorece la innovación en la producción de bienes y servicios y libera rentas hoy despilfarradas que podrán ser reinvertidas en objetivos que merecen mayor prioridad: políticas sociales, servicios públicos, investigación e innovación.

En coherencia con los esfuerzos de la comunidad internacional en la Cumbre de París para coordinar la transición colectiva a una economía baja en carbono y resiliente a los efectos del cambio climático, España ha de aprender a conocer sus vulnerabilidades y fortalezas, a definir la hoja de ruta que le permita invertir en su propio futuro contribuyendo al esfuerzo global de forma solidaria.

Sectores

España cuenta con sectores maduros, que por su peso en el PIB, por estar ligados a la demanda pública, por su influencia en la ordenación del territorio, precisan de una revisión de sus políticas de apoyo.

Nos referimos a sectores como el turismo, que aporta el 10,9% de nuestro PIB, la industria de defensa, los contenidos digitales, la industria del automóvil o los sectores ligados a la agricultura y la pesca.

La primera es que parte del esfuerzo inversor no resulta productivo, no genera valor.

Una segunda es la especialización productiva en actividades con poca capacidad de generar bienes y servicios que adquieran valor en los mercados por su contenido tecnológico e innovador y por su calidad.

La tercera es el pequeño tamaño de muchas empresas.

Una cuarta son los conocimientos y competencias de los y las trabajadoras.

La quinta es el escaso peso de las inversiones de las empresas en formación, en mejoras organizativas, en uso intensivo de las nuevas tecnologías para producir y comercializar bienes y servicios, en innovación, marca, publicidad y reputación, factores todos ellos que ayudan a las empresas a generar valor.

Aunque España tiene un gran número de empresas que compiten con éxito en los mercados internacionales, en comparación con los países más prósperos, el número de empresas es menor y nuestro tejido empresarial está más atomizado.

Por otra parte, y relacionado con lo anterior, España gastó en I+D el 1,24% del PIB en 2013, muy lejos del 2,02% del promedio de la UE y por debajo del máximo histórico del 1,40% del PIB del año 2010 y adicionalmente a esto, solo el 52% de esa I+D supone inversión privada, cuando la recomendación de la UE sería del 67%.

Además, las empresas españolas se concentran en ramas de menor intensidad tecnológica que las de los países más desarrollados de la UE, así como utilizan menos las denominadas tecnologías facilitadoras relacionadas con la nueva revolución industrial 4.0, tales como las tecnologías digitales, la supercomputación, la nanotecnología, etc..

Asimismo, España -también Europa- tiene un problema de natalidad de empresas innovadoras que con el tiempo se conviertan en líderes mundiales: desde 1975, solo ha nacido una compañía en la zona euro que actualmente esté entre las 500 más grandes del mundo: la española Inditex. En el mismo intervalo de tiempo, por ejemplo, el Estado de California (que tiene menos habitantes que España) ha producido 26 empresas de este tipo.

Nuestros objetivos

La economía 4.0 es la plasmación del cambio de modelo de crecimiento que necesita España para asegurar más empleo y de mayor calidad.

Un cambio que tiene como primer objetivo mejorar la productividad de la economía, impulsando los sectores industriales y sectores avanzados de alto valor añadido.

Para conseguirlo es absolutamente prioritario incrementar el tamaño medio de nuestras empresas y robustecerlas de manera que todo su crecimiento no se base en uso de fondos propios o apalancamiento privado y público.

Es necesario impulsar la digitalización de todos los sectores económicos y de la sociedad en general.

La economía 4.0 tiene que ser más global, más internacionalizada. Con mayores niveles de inversión en I+D y con mayor absorción tecnológica de las empresas.

La economía 4.0 es dinámica, con más actividad emprendedora y mayores niveles de natalidad empresarial. Una economía que también se propone actualizar las políticas dirigidas a los sectores industriales maduros.

La mejora del tejido empresarial y del modelo económico de nuestro país ha de incorporar, necesariamente, las limitaciones y oportunidades que ofrecen nuestros recursos naturales.

Nos marcamos como un objetivo irrenunciable apostar por un modelo eficiente en el uso de los recursos, capaz de generar riqueza y bienestar sin destruirlos. Es el momento de mejorar la productividad mediante un modelo capaz de ofrecer industria, servicios y bienes de equipo para sociedades que, conocedoras de la limitación de los recursos, buscan la eficiencia y la reducción drástica de externalidades negativas.

Vamos a facilitar una transición responsable, a sabiendas de que, si no reaccionamos urgentemente, llegaremos tarde, despilfarraremos recursos y deberemos afrontar mayores costes no sólo ambientales: también sociales y económicos.

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Un modelo que priorice la productividad debe extenderse a partir de un claro refuerzo del papel de la industria en la economía ya que su aportación a los incrementos de productividad es superior a la de los demás sectores.

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PP: Partido Popular - Página web del Partido Popular.

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Los indicadores de convergencia europea, que valoran el grado de cumplimiento de los Objetivos de Educación y Formación 2020, constatan que nuestro sistema educativo ha logrado resultados académicos similares al resto de los sistemas educativos y, en algunos casos, los ha superado.

Nuestra juventud es la mejor formada de la historia. Muy pocos países han logrado que la nieta de unos abuelos analfabetos haya llegado a ser médica. Este es el mejor indicativo de lo que ha ocurrido en España en las últimas décadas. Por ello debemos continuar mejorando el sistema educativo, haciendo posible que las limitaciones económicas y sociales de partida no sean obstáculo en el acceso a la educación.

Sin embargo, debemos prestar una atención especial a las tasas de abandono escolar temprano, porque, pese a que hemos logrado reducirla significativamente en los últimos años, e incluso ya hay Comunidades Autónomas que han alcanzado el objetivo previsto, todavía no cumplimos con el objetivo de la Estrategia Europa 2020.

El sistema educativo español es uno de los más equitativos de Europa y, a la vez, uno de los más homogéneos. Las diferencias de resultados entre el alumnado de un mismo centro es mayor que la diferencia de resultados entre el alumnado de distintas Comunidades Autónomas.

El Partido Popular, amparado en alteración sustancial del derecho a la educación, tal y como aparece definido en la Constitución, y en una visión sesgada del sistema educativo, ha desarrollado una política cuyas consecuencias ha padecido toda la comunidad educativa, retrocediendo en equidad de nuestro sistema educativo. Nunca antes el sistema educativo estuvo tan desordenado, ni las familias habían tenido que compensar con sus propios recursos y los de las organizaciones sociales, los recortes del Estado, ni el futuro del alumnado había sido tan incierto (como consecuencia de la obligación de aprobar unas reválidas para obtener la correspondiente titulación aunque hubiera aprobado todas las asignaturas) y todavía se agravará más si llega a hacerse efectivo el principio de demanda previsto en la LOMCE. La política de recortes ha reducido de forma alarmante los medios humanos y materiales en todo el sistema de educación pública, poniendo en grave peligro el nivel de calidad alcanzado con el esfuerzo de toda la sociedad española en los últimos 30 años. El PSOE tendrá como prioridad en su gobierno, restablecer esta situación dotando de nuevo al sistema de educación público de los medios necesarios para alcanzar el nivel de calidad óptimo, garantizando de esta manera de nuevo el principio de igualdad de oportunidades.

La respuesta que desde el PSOE ofrecemos para acabar con esta situación no puede ser más clara: hemos construido un sistema educativo que tenemos la obligación de preservar y mejorar para las generaciones posteriores, por eso, en la próxima legislatura vamos a reforzar y ampliar el derecho a la educación a lo largo de la vida.

Ampliar y reforzar el derecho a la educación recuperando su sentido constitucional y su carácter de derecho humano universal de modo que signifique no solo igualdad de oportunidades en el acceso, sino ante todo, el derecho a una equitativa distribución de oportunidades de aprendizaje y el éxito escolar de todos y todas.

Construir un sistema educativo estable basado en la equidad y orientado a la excelencia que garantice la igualdad de oportunidades de aprendizaje, la coeducación, y el logro de los mejores resultados educativos.

Promoveremos la suficiente oferta en centros públicos en todas las etapas para garantizar el derecho a la educación. Asimismo garantizaremos una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el sistema educativo.

Reconocimiento público y social del hecho diferencial de las cooperativas de enseñanza. Que en el reglamento de conciertos educativos se tenga en cuenta la especificidad de las cooperativas de enseñanza y centros educativos de economía social.

Reducir la tasa de abandono escolar temprano y mejorar las tasas de titulación en todas las enseñanzas así como los resultados en las evaluaciones nacionales e internacionales. Establecer un progresivo descenso de las ratios de alumnado por clase como factor de atención individualizada y de éxito escolar. Trabajar con el horizonte de la clase de 20 alumnos y alumnas en Primaria y la clase de 25 en Secundaria.

Universalizar la educación desde los 0 hasta los 18 años, evitando todo tipo de segregación y facilitando que todas las personas puedan obtener el título correspondiente a la educación obligatoria y ampliando la oferta pública de formación profesional.

Fortalecer la cooperación institucional entre todas las administraciones públicas, los agentes sociales y la comunidad educativa para construir un sistema educativo dotado de capacidad para mejorar permanentemente sus resultados.

Diseñar y desarrollar marcos curriculares orientados al aprendizaje de capacidades y competencias que sean adaptables a las características de las personas y a las singularidades propias de cada centro educativo y que respondan al mayor reto que tiene la educación del siglo XXI (UNESCO), el aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser, dentro de un contexto de alfabetización múltiple.

Impulsar un nuevo modelo eficaz y garante de Escuela inclusiva, comprometida con los valores constitucionales y democráticos, con la igualdad entre mujeres y hombres, la interculturalidad, la coeducación, la atención a la diversidad, el bilingüismo, los estilos de vida saludables y que promueva la participación activa de toda la comunidad educativa.

Definir un modelo de profesionalización docente acorde con las exigencias que plantea el ejercicio efectivo del derecho a la educación y las características de un sistema educativo abierto y en permanente proceso de mejora.

Establecer una financiación pública y unos servicios comunes adecuados para todo el sistema educativo hasta alcanzar un suelo común de financiación del 5% del PIB en dos legislaturas, y con la aspiración de alcanzar el 7% a medio plazo.

Derogar la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) así como la normativa que ha contribuido a recortar la inversión en educación, dificultando la contratación del profesorado vulnerando el derecho de acceder a la educación por parte de un sector de la población y deteriorando todos los servicios (comedores, transportes, libros de texto, entre otros).

Derogar o paralizar las normas reguladoras de las evaluaciones externas, evitando que puedan tener consecuencias directas sobre el expediente del alumnado.

Alcanzar un acuerdo político y social mediante el diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa una Ley básica de educación, con vocación de permanencia, que, además de garantizar un sistema educativo estable, basado en la equidad, la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusividad, permita mejorar el aprendizaje, la formación educativa y la adquisición de competencias en todas las enseñanzas.

Promover la igualdad de oportunidades para el aprendizaje en todas las enseñanzas independientemente del lugar de residencia, situación personal, sociocultural y económica, para lo que habrá que garantizar la excelencia en todos y cada uno de los centros educativos públicos y dedicar una especial atención al medio rural y aquellos situados en zonas de desventaja social.

Elaborar un Plan de Cooperación Territorial específico apoyo a la escuela rural en el seno de la Conferencia Sectorial, con la colaboración de los Ayuntamientos, en el que se analice los recursos necesarios, la formación específica del profesorado, los servicios complementarios y con especial atención las necesidades de transporte y apoyo material al alumnado.

Presentar en el seno de la Conferencia Sectorial y en coordinación con las medidas vinculadas a la Ley de dependencia, un programa de apoyo para la escolarización, apoyo al alumnado y apoyo directo a las familias y personas encargadas del cuidado de los alumnos y alumnas con necesidades especiales que así lo precisen. Dotar a los centros con los recursos necesarios para atender a la diversidad de su alumnado.

Recuperar el verdadero sentido de las becas como un derecho, de manera que el estudiante que cumpla los nuevos umbrales de renta y patrimonio que estableceremos en las convocatorias, tendrá derecho a la misma. Además, agilizaremos todo lo referente a la tramitación de becas para asegurarnos de que el alumnado perciba las cantidades asignadas durante el primer trimestre de estudio.

Permitir el acceso o la continuidad de los estudios al alumnado con independencia de su situación económica, estableciendo unos precios públicos (incluidos los de tasas universitarias) asequibles.

Además promoveremos mecanismos adecuados para establecer una gratuidad real de los libros de texto.

Ampliar el índice de escolarización desde los 0 a los 18 años, impulsando y facilitando la ampliación de la oferta pública de plazas y de servicios en todas las enseñanzas, especialmente, en la Educación Infantil y la Formación Profesional. Este proceso de ampliación de la escolarización debe constituir un objetivo prioritario compartido por todas las administraciones públicas. Nuestro objetivo es que de forma progresiva se extienda la obligación de las administraciones educativas de ofertar plazas públicas hasta los 18 años, en esta legislatura. No se trata de aumentar los años de escolaridad obligatoria, sino de garantizar y ampliar las oportunidades de educación y formación sin discriminaciones desde la temprana infancia hasta la mayoría de edad, así como facilitando que todas las personas puedan obtener el título correspondiente. Para ello, buscaremos fortalecer y priorizar la escuela pública así como el mantenimiento de las líneas existentes en la misma.

Potenciar la educación de personas adultas fomentando su desarrollo integral a lo largo de la vida.

Fortalecer la cooperación entre las Comunidades Autónomas dotando a la Conferencia Sectorial de Educación de una mayor capacidad operativa y haciendo de los Programas de Cooperación Territorial instrumentos de política educativa que nos comprometan a todos en la búsqueda de soluciones eficaces a problemas comunes.

Definir un modelo de diseño y desarrollo del currículo, elaborado por personas expertas y la participación educativa, acorde con la sociedad del conocimiento, que facilite la adaptación de la respuesta educativa en cada centro, con atención a la igualdad y la diversidad, que permita al alumnado y profesionales de la educación superar los retos educativos que plantea una alfabetización múltiple.

Promover un acuerdo con las CCAA, y la participación de la comunidad educativa, para incorporar la enseñanza de técnicas y hábitos de estudio y fomentar que el trabajo del alumno fuera del aula busque adquirir habilidades útiles a lo largo de su vida: la creatividad, recursos sociales, deportivos, autoaprendizaje, artísticos. Promovernos así, que las tareas extraescolares de estudio respeten el tiempo y las necesidades del alumnado, asegurando que sean un complemento adecuado de la actividad lectiva sin convertirse nunca en una brecha social en función de los recursos.

Promover un modelo de educación integral, adecuada a la nueva ciudadanía del siglo XXI, en la que se combinen la cultura científica y las humanidades, que se complete con las artes y el deporte, con un aprendizaje a lo largo de la vida y en la que se dote al alumnado de una visión crítica y transformadora de la realidad.

Promover una escuela pública laica donde no quepa la integración de enseñanzas confesionales, ni en el currículum ni en el horario escolar. Para ello se promoverá las reformas del marco legal actual necesarias, así como de los acuerdos internacionales. Promover la incorporación de la enseñanza cultural sobre el hecho religioso en términos de integración y convivencia, como parte de nuestro patrimonio cultural, evitando, por ignorancia, los riesgos de los fundamentalismos.

Promover una escuela que defienda la ética pública y los valores democráticos, para lo que recuperaremos la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que, entre otros contenidos, recoja el conocimiento de la Constitución Española, de las instituciones Europeas e internacionales y los derechos humanos.

Construir un modelo común para el aprendizaje de idiomas y un Programa de Cooperación Territorial que, teniendo en cuenta las singularidades de las Comunidades con lengua propia y las protegidas estatutariamente, y respetando las distintas competencias atribuidas a las Comunidades, permita dominar el uso de al menos un idioma extranjero, preferiblemente el inglés, en el que el alumnado pueda alcanzar, semejantes niveles de competencia comunicativa mínimos de acuerdo con los niveles de dominio del idioma establecidos dentro del Marco Común Europeo de Referencia para los Idiomas. Además, promoveremos planes de mejora para las Escuelas Oficiales de Idiomas y que así puedan cumplir todos los fines por las que fueron creadas.

Revitalizar y dotar de mayores competencias los Consejos Escolares, así como crear nuevas mecanismos que permitan articular la participación de la comunidad educativa. Poner en valor el papel del Claustro como órgano imprescindible para la toma de decisiones en el ámbito pedagógico y en la elección de los y las directoras. Elaboración del Estatuto del Estudiante similar a la Ley del Estudiante Universitario pero en educación obligatoria.

Crear un Plan Estatal de Convivencia Escolar que garantice que todo centro escolar tendrá unas líneas básicas para el desarrollo de la vida escolar con especial atención la prevención y la detección de los casos de "bullying" o acoso, la homofobia, la xenofobia y también los ocasionados por la diferencia de género. Un sistema coeducativo que garantice la igualdad entre los sexos en todos las etapas educativas, que proporcione una formación afectivo-sexual que contemple la perspectiva de género y la diversidad LGTB y enseñe a resolver los conflictos de forma pacífica y no sexista, de manera que sea la mejor prevención contra la violencia de género.

Potenciar el desarrollo de Planes de Igualdad en los Centros educativos y la formación para la Igualdad del profesorado y de los equipos de orientación.

Desarrollar programas para una información y educación integral, igualitaria y respetuosa, que sea una herramienta fundamental para promover la salud sexual y el bienestar de las personas en todas las etapas evolutivas y que posibilite la construcción de referentes culturales y simbólicos que favorezcan un concepto de la sexualidad integral que genere un espacio para una sexualidad saludable.

Aprobar un Estatuto del Personal Docente que impulse su profesionalización, dignifique la función docente, regule sus condiciones de trabajo, asegure su formación permanente, establezca los criterios para su promoción, derogue los Decretos que han deteriorado sus condiciones laborales e incorpore un sistema de acceso a la docencia similar al MIR sanitario. Incluir en el ámbito de las posibilidades de formación del profesorado la enseñanza del lenguaje de signos, al menos como optativa, con el objetivo de reforzar la integración de personas con necesidades especiales de este tipo.

Promover una evaluación sistemática y global de la educación. El sistema educativo, tanto en su totalidad como en sus subsistemas o componentes, será objeto de evaluación. En el sistema educativo no deben ser evaluado solo el alumnado sino también el profesorado, los centros, el currículum y la planificación y gestión de los recursos que son responsabilidad de las Administraciones educativas, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.

Actualizaremos la Acción Educativa en el Exterior para que facilite el acceso a la educación a las personas de nacionalidad española que residen en el extranjero y al tiempo potencie y desarrolle la difusión de la educación, la cultura y la investigación españolas, desde la trasparencia de la gestión y la rentabilidad de sus actuaciones, siempre con el objetivo de situar a España en el espacio socio-educativo-cultural que le corresponde en el marco de la sociedad global. Promovernos la agilización del proceso de convalidación y reconocimiento de títulos para españoles y españolas que viven en el extranjero

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Educación: Programa Electoral del PSOE 2015

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Los indicadores de convergencia europea, que valoran el grado de cumplimiento de los Objetivos de Educación y Formación 2020, constatan que nuestro sistema educativo ha logrado resultados académicos similares al resto de los sistemas educativos y, en algunos casos, los ha superado. Nuestra juventud es la mejor formada de la historia.

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La extensión de la pobreza y de la carencia de ingresos que se ha producido durante la crisis tiene en buena medida como origen la falta de empleo y la falta de cobertura por desempleo.

Tenemos un sistema de protección por desempleo que es eficaz con tasas de desempleo por debajo del 15% y que si bien ofrece una protección contributiva homologable con las de los países de la UE, tiene una protección asistencial o no contributiva más pobre y de menor intensidad que la de esos países.

Con estas características en una crisis que ha resultado ser muy profunda y demasiado larga, los recortes que el Gobierno del PP ha practicado en relación con la protección por desempleo (rebaja del porcentaje de la base en la prestación contributiva junto al endurecimiento de los requisitos para la percepción del subsidio por desempleo para mayores de 52 años), han producido una situación grave de desprotección y de carencia de rentas de millones de personas.

El objetivo fundamental pasa, por tanto, por mejorar y ampliar el sistema de protección por desempleo. Los trabajadores que pierden su empleo deben quedar dentro del sistema de protección por desempleo y vincularse a políticas de activación, la finalidad es la reincorporación al mercado laboral para lo que reforzaremos las políticas activas de empleo y de intermediación laboral y su cobertura económica mientras ello no suceda.

Para las personas desempleadas demandantes de empleo, la alternativa a no tener empleo debe consistir en un ingreso procedente de la propia protección por desempleo, porque es la única fórmula que permite la "activación" de esos trabajadores de cara a la aplicación de políticas activas de empleo.

Modificar la regulación del subsidio por desempleo para dar cobertura a todas aquellas personas en situación de desempleo que tengan responsabilidades familiares, las mayores de 45 años, aunque no tengan dichas responsabilidades, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad. Este subsidio por desempleo no podrá parcializarse y tendrá una duración máxima de 24 meses, salvo para los parados mayores de 52 años, en cuyo caso el umbral de renta se situará exclusivamente en la correspondiente a la persona beneficiaria y no en la unidad familiar, la cotización será del 125% de las rentas y la duración se extenderá hasta que encuentren un nuevo puesto de trabajo o accedan a la pensión de jubilación.

Junto a ello, es necesario impulsar en el ámbito de la UE un marco europeo de subsidios por desempleo.

Ayudas económicas para personas desempleadas que siguen procesos de formación y los concluyen con éxito. La única forma plausible de integrar a las personas en situación de desempleo al nuevo mercado de trabajo es mediante el reciclaje profesional, bien a través de formación profesional del sistema educativo, formación profesional del sistema de empleo o estudios universitarios. Para los desempleados que no estén bajo la cobertura del subsidio para personas con responsabilidades familiares, proponemos un modelo de "formación con éxito". El diseño de este modelo sería el siguiente: la persona que, estando en situación de desempleo emprenda un proceso formativo para mejorar sus oportunidades de encontrar trabajo, tendrá una ayuda económica durante el tiempo que dure el proceso formativo. Esta ayuda económica se modulará en función del éxito de cada etapa del proceso formativo, previa evaluación.

Establecer un criterio unificado para la calificación de parados de larga duración, que impida que se pierda dicha calificación salvo por la incorporación a un empleo estable.

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Profundizar en el sistema de protección por desempleo

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La extensión de la pobreza y de la carencia de ingresos que se ha producido durante la crisis tiene en buena medida como origen la falta de empleo y la falta de cobertura por desempleo.

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La aprobación de la Ley 14/1986 General de Sanidad significó un hito en la protección social y sentó las bases para uno de los pilares del Estado de Bienestar más apreciados por la ciudadanía española. El concepto de atención integral a la salud, la universalidad en el acceso y la planificación de los centros y servicios sanitarios orientados a la cohesión social y territorial constituyen los grandes paradigmas de un Sistema Nacional de Salud que se ha revelado como uno de los grandes aciertos de nuestra reciente democracia. De forma que en la clasificación de Índice de Justicia Social de la Unión Europea, la sanidad es el servicio público español con más alta clasificación; por tanto, un extraordinario instrumento al servicio de la justicia social.

Estas características del modelo han logrado que la sanidad se comporte como un buen instrumento redistributivo, a la vez que ha logrado unos niveles de calidad de entre los mejores del mundo; lo que hace de nuestro Sistema Nacional de Salud uno de los más eficientes del mundo en términos relativos, tanto en resultados en salud, como económicos o de cohesión social. Estos resultados son percibidos con claridad por la ciudadanía de forma que en torno al 97 % se opone a cualquier recorte en los presupuestos destinados a sanidad.

Por ello, la eliminación del acceso universal como derecho de ciudadanía, la pérdida de calidad por los recortes y las sucesivas tentativas de privatización llevadas a cabo por los Gobiernos del PP, han tenido una consecuencia lógica en la percepción de la ciudadanía, de forma que en las últimas encuestas del CIS empieza a aparecer la sanidad como preocupación de nuestra ciudadanía.

A pesar de resultar una política exitosa en términos de modelo, en nuestro SNS predominan los servicios asistenciales, especialmente orientados al tratamiento de procesos agudos; quedando las medidas preventivas, de promoción de la salud y la rehabilitación y el tratamiento de pacientes con procesos crónicos en un segundo plano, lo que introduce al sistema en una tendencia de aumento de gasto sin que incremente la eficacia.

Ahora, esta debilidad se hace más evidente como consecuencia de los cambios demográficos que se están produciendo, con un considerable incremento de la esperanza de vida combinado con una baja natalidad, lo que conlleva una mayor prevalencia de la cronicidad. Y el sistema sanitario debe ser capaz de adaptarse a las nuevas necesidades reorientando su enfoque para ser capaz de dar las respuestas que la sociedad del momento necesita y, a la vez, garantizar la sostenibilidad futura. Reorientación hacia medidas más vinculadas a las políticas de salud pública, la rehabilitación y la atención a la cronicidad.

El Estado de Bienestar se enfrenta a considerables retos. La crisis económica ha evidenciado algunas carencias que exigen plantearse la reconfiguración de las bases que lo han sustentado. Ello, además, se suma a los cambios demográficos en nuestro país y los desafíos que ellos comportan.

La población española envejece después de décadas de bajas tasas de natalidad. Una quinta parte de la población tenía 60 años o más en 2013. En 2050, ese porcentaje será del 36%; es decir uno de cada tres españoles.

Una tercera parte de la población española tiene por lo menos una enfermedad crónica: diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, mentales, infecciosas como la hepatitis C, o reumáticas, entre otras.

El 5% de la población tiene varias enfermedades crónicas, que suponen ya en nuestro país el 80% de las consultas de Atención Primaria, el 60% de los ingresos hospitalarios y más del 70% del gasto sanitario total.

En la actualidad, hay en torno a 500.000 personas con demencia senil en España. Habrá un millón en 2025. Se estima que una de cada cuatro personas de más de 65 años desarrollará esa enfermedad antes de morir. La consecuencia será que la demanda asistencial y de servicios sociales crecerá un 20% en los próximos 5 años.

Con las personas mayores y especialmente con aquellas más vulnerables, no se trata solo de aportar pensiones dignas, sino de complementarlas con servicios dignos. Sostener la atención continuada a las personas que van perdiendo su autonomía y su capacidad funcional, a medida que envejecen, es un gran reto que debe afrontarse desde los sistemas sanitario y social.

Sostener y mejorar la atención a todas estas necesidades en Sanidad y Servicios Sociales requiere un sistema fiscal justo, progresivo y solidario y ese será uno de los principales retos de país; ya que la Sanidad hoy consume aproximadamente 1 de cada 5 euros de gasto público.

Nuestros sistemas de Salud y de Servicios Sociales no están adaptados a las necesidades de este siglo: demográficas, sociales y tecnológicas. Estos retos de salud del siglo XXI requieren de enfoques novedosos e innovadores que trascienda al propio sector sanitario. Hoy conocemos que la mejora de la salud y el bienestar de los pueblos se obtienen con políticas que integren diseños y acciones desde todos los sectores de un gobierno, como desde la propia ciudadanía, de manera que actuemos sobre los determinantes de la salud y las condiciones de vida que inciden directamente sobre la salud y el bienestar de las personas. La salud y el bienestar como elementos clave van de la mano, unidas, y además son considerados parte esencial de una "economía vital" de nuestro Siglo, cuadrando un círculo en el que el único gobierno posible, por efectividad y justicia, es aquel que deja claro que la salud debe ser entendida, no como la ausencia de enfermedad, sino como el desarrollo óptimo y posible de las potencialidades de cada persona en el seno de su proyecto vital. Este es probablemente el mayor reto de la historia para nuestro Estado de Bienestar, un reto sanitario, económico y social.

Numerosos informes internacionales indican que la Sanidad y el Medio Ambiente son los dos principales retos económicos de los países modernos, a la vez que son responsables como determinantes de salud de la ciudadanía.

Estos retos se han visto negativamente acentuados en esta última legislatura, no solo por la lógica de recortes y austeridad, sino por la falta de modernización del concepto de bienestar y de gobernanza de lo público. El Gobierno del PP no solo no ha protegido la sanidad y los servicios sociales, sino que no los ha preparado para afrontar los desafíos sanitarios, sociales y económicos mencionados anteriormente.

El PP ha modificado unilateralmente el modelo sanitario acabando con el carácter universal de la sanidad pública que pasó de reconocerse por razón de ciudadanía a ser un sistema de cobertura en función de estar asegurado.

Ha desinvertido en sanidad y servicios sociales mientras que otros países europeos los han protegido en época de crisis. Ello ha supuesto la privatización de servicios públicos y el retraso en la incorporación de tecnologías; en definitiva, el debilitamiento del sistema sanitario público a favor de la asistencia y el aseguramiento sanitarios privados. En este sentido, se impone recuperar el carácter público, universal y de calidad del Sistema Nacional de Salud, estableciendo elementos claros de equidad y solidaridad en las políticas públicas que neutralicen estas situaciones de desventajas y lucha contra la desigualdad e inequidad.

Esta lógica ha creado grandes desigualdades en salud, así como un crecimiento de las listas de espera hasta cifras record. Las consecuencias han sido muy negativas para la ciudadanía y han supuesto una ralentización de la modernización del país. Se han creado condiciones para una recesión social, la recesión social que siente la España real.

Más aún, la continua deslealtad del gobierno del PP con las autonomías, centrifugando el gasto en nuevas terapias sin aportar los fondos necesarios, como en el caso de los tratamientos contra la hepatitis C, ha puesto en grave riesgo la sostenibilidad económica de sus sistemas sanitarios, y por lo tanto la igualdad entre los españoles. Es necesario avanzar en un modelo territorial donde los principios de subsidiariedad, lealtad institucional e igualdad rijan las actuaciones del gobierno en materia de salud, y blindarlo para evitar en el futuro situaciones parecidas a las provocadas por el PP en los últimos años.

En el caso de continuar la actual situación, ocasionada por la reforma del PP con el Real Decreto Ley 16/2012, la insuficiencia financiera del sistema sanitario público y las iniciativas privatizadoras, el sistema sanitario público seguirá deteriorándose y puede peligrar.

El país necesita por tanto una nueva visión. Un impulso modernizador que lo adapte a estos nuevos tiempos.

El Estado debe seguir interviniendo en la lucha contra la desigualdad y crear condiciones dignas para la ciudadanía. El Estado de Bienestar español en su diseño original ha sido un éxito aunque hoy necesita modernizarse, ya que las condiciones han cambiado: las expectativas ciudadanas, el coste creciente de las tecnologías, la innovación, la demografía y las enfermedades crónicas, el reto climático y las desigualdades exigen un modelo nuevo, un modelo que busca una nueva relación con la ciudadanía, una ciudadanía que exige una gestión rigurosa y eficiente, que está bien informada, es activa y responsable, y no solo receptora pasiva de servicios.

Los objetivos específicos para avanzar en la Sanidad en la dirección de un nuevo Estado Social son los siguientes:
Asegurar una Sanidad Pública, Universal, Sostenible y de Calidad La naturaleza de los retos a los que nos enfrentamos requiere servicios con acceso universal e intervenciones desde la perspectiva de salud en todas las políticas.
El objetivo del PSOE es ofrecer a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios políticas capaces de asegurar un Sistema Nacional de Salud sostenible desde el punto de vista social, asistencial, profesional y financiero. Y que sea público, universal, gratuito en el acceso, equitativo y de calidad, con una misma cartera básica de servicios para toda la ciudadanía en un marco de amplia descentralización
Vivimos más años pero no estamos más sanos
Dar calidad de vida a la prolongación de la vida exige ejercer la gobernanza para la salud en todas las políticas públicas. La existencia de los grandes desafíos de la salud y su anclaje con soluciones que se encuentran interconectadas exigen respuestas multinivel. El enfoque ha de ser cada vez más amplio, ancho y profundo. Aplicando la estrategia de salud en todas las políticas públicas, de modo que todos los sectores y grupos políticos y sociales junto a la ciudadanía contribuyan a la mejora de la salud y el bienestar de la población.

Los responsables políticos de un país tienen en sus manos promover una cultura de salud por medio de la regulación y la política sanitaria y tienen la obligación de intervenir sobre los determinantes de la salud tanto sociales como económicos y ambientales. Se trata de colocar la prevención y la promoción de la salud como prioridad de gobierno, mejorando los estilos de vida, cosa que tiene que ver con el sistema educativo, los medios de comunicación, la industria agroalimentaria y también lógicamente con el sistema sanitario.

Los servicios actuales son insuficientes para prevenir ciertos problemas sociales. Han sido diseñados para reaccionar que es la forma más cara de responder. El aumento incesante de la esperanza de vida unido a la ausencia de políticas de salud pública - especialmente en prevención de enfermedades ligadas a los estilos de vida están generando un incremento de las enfermedades crónicas y el número de personas con dependencia (mayores frágiles, gran dependencia, personas con enfermedad mental severa crónica, etc.). Estos colectivos, con necesidades múltiples y cada vez más complejas de abordar, plantean enormes retos a los sistemas de salud y de servicios sociales que el modelo tradicional de atención es incapaz de afrontar. Se trata, por tanto, de que las políticas de salud pública tengan carácter transversal y se conviertan en un instrumento de cohesión y justicia social.

Asimismo, es necesario desarrollar mecanismos que movilicen a las empresas y a los profesionales de salud ocupacional para que se incorporen intervenciones preventivas en el lugar de trabajo.

Al Igual que se hizo una buena política de control del tabaco hay que extender esta práctica a otros ámbitos. Por ejemplo, la obesidad infantil crece dramáticamente, cosa que quiere decir más cáncer, más diabetes y más enfermedades cardiovasculares en esas edades. Por ejemplo, los cuidados tempranos y la alfabetización en salud en la infancia ofrecen un retorno a la inversión entre 5 y 7 euros por cada euro invertido.
Considerar la sanidad como una inversión, no como un gasto Una sanidad pública fuerte es un activo que ayuda a un país a ser más competitivo y un pilar para desarrollar un espacio importante generador de actividad económica, que ayuda a un país a avanzar por una doble vía, la que supone una población más sana, y su contribución a la economía del conocimiento.

La ciudadanía española considera la salud como el principal elemento que interviene en su bienestar y en sus condiciones de vida. La concepción que el PSOE tiene de la sanidad pública es de elemento esencial para esa calidad de vida, la cohesión territorial y el impulso a la I+D+i. Para ello, hay que asegurar una visión estratégica al desarrollo futuro del Sistema Nacional de Salud.

El Sistema Nacional de Salud tiene una insuficiente financiación. Por ello, en la reforma fiscal que promoverá el PSOE la sanidad pública será un ámbito prioritario para el aumento de la inversión.

Existe un creciente reconocimiento de que la sanidad no debe ser concebida como un gasto sino como una inversión en bienestar y un elemento de tracción económica en un país, tanto en lo que concierne a la investigación como al impulso del mercado laboral, ya que serán necesarias nuevas profesiones para atender en la comunidad a las personas con necesidades tanto sanitarias como de servicios sociales.

La cobertura social que proporcione la sanidad pública española es una inversión social en tanto da calidad de vida a la ciudadanía, contribuyendo también al crecimiento económico, ya que existe una relación entre la salud de los trabajadores y trabajadoras y su productividad. La gente sana crea ventajas competitivas para las empresas y la sociedad en general gracias a mejoras de productividad y la consiguiente reducción del gasto.

También, es vital invertir en los profesionales de la salud, tanto en cuanto a su mayor participación en las decisiones del sector como en el apoyo en sus propuestas de mejora en la calidad y seguridad de los pacientes, con el objetivo de garantizar una atención sanitaria adecuada en cualquier ámbito.

Debemos reconocer que el sistema sanitario ha sido capaz de aguantar los continuos recortes llevados a cabo por los gobiernos del PP, en gran medida por la profesionalidad y el compromiso de los profesionales de la salud, que a pesar del incremento de la presión asistencial y la precariedad laboral, han mantenido la calidad asistencial del sistema.
Desarrollar organizaciones asistenciales y de cuidados con la personas en el centro Situar a las personas y sus necesidades como el eje central de la atención de salud y a los y las profesionales liderando el Sistema.
Situar a las personas en el centro de todo lo que hagamos y reconfigurar nuestro Sistema de Salud para centrarlo en sus necesidades reales y que mantenga una alerta constante de la forma en la que éstas están siendo atendidas. Los socialistas apostamos por el empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones compartidas. Queremos construir un "nosotros" entre la ciudadanía, los profesionales y las políticas.

En la actualidad, las estructuras y procesos que componen el Sistema Nacional de Salud no funcionan de forma óptima. La consecuencia es que muchos pacientes no están siendo atendidos en la parte del sistema de salud que corresponde a sus problemas.

Las estructuras de atención integral a la ciudadanía están desconectadas entre sí resultando en una atención fragmentada y cara. Es necesario reforzar la mejor coordinación entre los hospitales y la atención primaria y progresivamente crear sistemas locales integrados en los que los diferentes prestadores de servicios colaboran y se coordinan, de manera que alcancemos un modelo más integrado y más eficiente.

Esto implica reforzar la atención primaria, integrar la atención primaria y hospitalaria y expandir los servicios en la comunidad.
Migrar de un modelo paternalista a uno basado en la confianza mutua y la corresponsabilidad
Debemos asegurar que los ciudadanos y ciudadanas jueguen un papel activo en la gestión de su enfermedad.
Todo ciudadano y toda ciudadana antes o después se convierte en paciente. Debemos conseguir que se sientan implicados con su propia salud, no solo consumidores de servicios. Esto debe suponer el acceso virtual a su historia clínica individual, la formación en la auto-gestión por los pacientes de sus enfermedades, promoviendo mecanismo de codecisión con el personal sanitario que le atiende o decisiones sobre cuidados en la fase del fin de la vida.

Los estudios indican que proporcionar a los pacientes acceso a su historia clínica personal online disminuye la presión de trabajo de los médicos de atención primaria en un 11% y educar a los pacientes con sistemas de autocuidados supone un ahorro entre el 8-21%. Los pacientes auto-gestionados acuden menos al sistema y se adhieren mejor a la medicación y comportamientos saludables. Para garantizar la igualdad de la ciudadanía en estos autocuidados, será fundamental trabajar para evitar la brecha digital.

Por otro lado los ciudadanos y ciudadanas deben tener acceso a la información relativa a los resultados de los centros asistenciales, y participar de manera corresponsable en la gobernanza del sistema.

En el marco de dar más voz a los pacientes y familiares es necesaria la regulación entorno a la muerte digna en España.
Ser responsable y eficiente en la inversión sanitaria
Garantizar la sostenibilidad del Sistema de Salud que preserve y mejore para las nuevas generaciones el patrimonio de un Sistema de Salud universal, público y gratuito, construido con el esfuerzo colectivo de la población durante un extenso proceso histórico, basando la sostenibilidad en una revisión ética, social y financiera de las bases que lo configuran.

Los problemas inflacionistas de gasto seguirán presionando sobre el sistema e incluso se agudizarán, pero esta situación no se resuelve simplemente con más recursos. Se requiere una gestión más eficiente basada en la evidencia científica.

En el corto plazo, hay que mejorar la calidad y la eficiencia simultáneamente. La eficiencia es parte consustancial con la calidad de los servicios y viceversa. Por ello, una gestión activa del gasto es fundamental en la sanidad. Esta gestión en el corto plazo creará condiciones de mejor sostenibilidad en el sector a medio y largo plazo.

Será necesario aportar una parte mayor de los impuestos y más recursos para la sanidad, a la vez que transformamos el modelo asistencial para que sea mucho más sostenible. Y hacerlo con instrumentos que lo modernicen para que gane en agilidad. Es mejor transformar que racionar.
Acelerar la revolución digital y tecnológica en la Sanidad Estamos en plena sociedad de la información.
Su penetración en la sanidad ha sido desigual, y la falta de coordinación ha creado sistemas no interoperables que dificultan la libre circulación de los ciudadanos y ciudadanas y el trabajo de los profesionales.

La ciencia y las tecnologías han transformado radicalmente la realidad. No podemos pensar que debemos comunicar y organizar nuestras respuestas en la sanidad como hace 35 años. La tecnología es un medio que ofrece una plataforma de colaboración para organizar nuevos modelos de cuidados y tele-cuidados. Por ejemplo, algunas personas con enfermedadescrónicas pueden hoy en día ser monitorizadas tecnológicamente a domicilio evitando así numerosos ingresos al hospital y sufrimiento innecesario. También existen experiencias muy positivas en menores diabéticos y asmáticos.
Activar la responsabilidad con el medio ambiente en la Sanidad
Lo más importante en relación con el medio ambiente tiene que ver con la seguridad del entorno y su impacto en la salud, lo que hace imprescindible un Plan de Salud y Medio Ambiente. Deberá tener un seguimiento de los impactos del medio ambiente sobre la salud de la población.

En dicho Plan se debe priorizar el ahorro en consumo de agua, la gestión de residuos o la eficiencia energética. Queremos que los 15.000 hospitales en Europa sigan funcionando 24 horas durante 365 días, pero para ello el sector deberá participar en la reducción de emisiones de CO2.

Promover que las empresas privadas sean socialmente responsables participando en proyectos sociales.

Asimismo las empresas privadas deberán participar de forma mucho más responsable en ciertos problemas en la salud de las personas, especialmente afectada por el deterioro del medio ambiente. Por ejemplo, enfermedades como el cáncer, la obesidad o la diabetes afectan a un cuarto de la población española y son un reto que no depende de un solo sector. Solo un modelo realmente centrado en la prevención y la participación de varios sectores permitirá controlar estas enfermedades. Igualmente se deberá regular la participación de la industria farmacéutica en el sostenimiento del sistema avanzando en una responsabilidad social corporativa de las mismas real y efectiva.
La Salud en todas las políticas Considerar a la Sanidad como una inversión, no como un gasto

Reorientar el modelo de atención en salud, no sólo hacia la cronicidad y el envejecimiento, sino además hacia la promoción de la salud bajo el paradigma de la salud positiva, hacia una medicina predictiva y preventiva adaptada a los avances biotecnológicos y de la genómica, además de reforzar el abordaje psicológico y emocional de la atención sanitaria que se presta.

La población infantil tiene que ser objeto de absoluta prioridad para asegurar un presente y un futuro saludable a la sociedad. Ellos y sus familias han de ser objeto de especial protección y de atención en las políticas que instauremos los socialistas. Para ello, desarrollaremos un Plan Integral de Atención a la Infancia y la adolescencia hasta los 14 años de edad. Asimismo, daremos un abordaje prioritario a aquellos niños y niñas que presenten un trastorno del desarrollo o riesgo de tenerlo, contemplando una Atención Temprana Universal como elemento de la cartera básica de salud, con criterios de equidad, proximidad y gratuidad en el acceso.

El PSOE se compromete a desarrollar la normativa de salud laboral y crear los dispositivos necesarios en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, contribuyendo así a fortalecer las intervenciones preventivas de detección de riesgos laborales y de promoción de la salud en el lugar de trabajo. y ofertar a los trabajadores los servicios y prestaciones sanitarias que se requieran. Elaborar un Plan con medidas concretas para la integración real de la prevención, fomentando un clima psicosocial beneficioso y luchando contra cualquier tipo de acoso, laboral o sexual.

Promover de acuerdo con las CCAA un proyecto de impulso de las investigaciones y las innovaciones. Promover la investigación científica y la innovación conectándola con los servicios reales que necesitan los pacientes tanto en tratamientos como en las mejoras de calidad, asegurando la eliminación de aquellas barreras de acceso que perjudiquen a los pacientes. Potenciar el trabajo cooperativo en investigación entre Comunidades Autónomas. Potenciar la investigación pública y privada biomédica a escala europea y nacional desarrollando planes estratégicos de investigación de forma integrada.

Invertir en los profesionales de la Sanidad: reforzando la formación continuada; reconociendo la calidad asistencial; fomentando la autonomía de gestión; implantando la evaluación y acreditación periódica.

Crear un marco de las políticas de investigación y formación de los profesionales sanitarios que garantice su permanencia en el sistema público a través de la creación de estructuras que retengan el talento y éste revierta sobre la mejora del SNS. El esfuerzo inversor se hará desde la perspectiva del retorno a la sociedad, con un doble objetivo:

a) Transferencia a la práctica clínica.

b) Transferencia al sector biotecnológico e industrial.

Potenciar la Carrera Investigadora tanto de los profesionales, en general, como de los profesionales especialistas internos residentes en particular, estableciendo unos criterios básicos para el reconocimiento de las carreras profesionales que permitan la movilidad de los trabajadores; elaborando un plan de recursos humanos con el objetivo de reducir la precariedad y la temporalidad.

Potenciar el triple perfil de los profesionales: asistencial, docente e investigador. Para ello, se realizará un esfuerzo inversor que se plasmará en líneas presupuestarias finalistas y específicas en base capitativa a destinar a todas las Comunidades Autónomas, incorporando más profesionales de enfermería, trabajo social, técnicos y especialistas.

Vamos a trabajar para definir la planificación de necesidades de profesionales y apostamos por desarrollar y potenciar nuevos roles para los profesionales de enfermería en el sistema público de salud para la asunción de mayores competencias clínicas, de atención a la cronicidad y de gestión para la mejora de la eficiencia del sistema. Desarrollaremos un proceso basado en el consenso profesional e institucional para reparar los errores del Gobierno de Rajoy con una nueva regulación de la prescripción enfermera, acorde con los pronunciamientos de todos los grupos políticos en las Cortes Generales.

Reconocer las competencias, generar posibilidades de promoción profesional e incrementar la participación en la gestión del sistema a colectivos profesionales como técnicos, auxiliares, etc.

Promover el liderazgo de los profesionales de la salud en los cambios de modelo.

Promoveremos medidas que fomenten la autonomía de gestión, el desarrollo de medidas que potencien y reconozcan la aportación a la calidad asistencial, el refuerzo en la formación sobre la gestión, la evaluación y acreditación profesional periódica, los planes de formación y desarrollo profesional, reforzando especialmente la perspectiva de género y la especificidad en violencia contra las mujeres.

Desarrollar organizaciones asistenciales con la persona en el centro

Migrar de un modelo paternalista a uno basado en la confianza mutua y la corresponsabilidad

Impulsar que los centros de salud sean la base para una mayor autoconciencia de la ciudadanía en la toma de medidas que mantengan y cuiden su salud. Se establecerán medidas de educación para salud y capacitación, dirigidas a la ciudadanía, para mejorar el conocimiento en materia de medicamentos y productos sanitarios, evitando su consumo innecesario.

Apoyar activamente el desarrollo de escuelas y procesos para educar a los pacientes en el autocuidado de sus enfermedades.

Dotar de una tarjeta sanitaria común para todo el territorio nacional que permita el acceso a la historia sanitaria y la receta electrónica.

Activar mecanismos para dar más voz a la ciudadanía convirtiendo el Sistema Nacional de Salud en un sistema conectado con los pacientes.

Facilitar el acceso a e-health y m-health para la ciudadanía y los/as pacientes.

Promulgar una ley de muerte digna y de cuidados paliativos. Si en la próxima legislatura hay un consenso al respecto, abriremos el debate sobre la eutanasia.

Ser responsable y eficiente en la inversión sanitaria Acelerar la revolución digital y tecnológica en la Sanidad

Desarrollar un Plan estratégico para la renovación tecnológica del Sistema Nacional de Salud con criterios de eficiencia, mediante acuerdos con la industria y las CCAA, para la aplicación de un proceso de compra planificada que permita una inversión que asegure la mejor calidad asistencial.

Reorientar la inversión digital hacia el apoyo de los clínicos con el fin de mejorar la calidad de cuidados.

Facilitar el acceso a sistemas de apoyo a la decisión clínica a los profesionales.

Promover la utilización a escala de avances tecnológicos como los tele-cuidados y la tele-monitorización.

Extender la prescripción electrónica interoperable en todo el territorio nacional.

Promover la responsabilidad con el medio ambiente en la Sanidad

Impulsar en el SNS un Plan de Salud y Medio Ambiente, con especial atención en el ahorro del agua, la gestión de residuos y la eficiencia energética en los centros sanitarios. Cooperar en el control medioambiental y en la evaluación de Impacto en Salud de las actuaciones medioambientales.

Desarrollar el proyecto "El hospital verde", para disminuir la emisión de CO2, y mejorar la gestión de los residuos.

Promover que las empresas privadas sean socialmente responsables participando en proyectos sociales

Establecer procedimientos que regulen las relaciones de partenariado de la industria con las instituciones sanitarias, sus centros, servicios y profesionales, así como la publicidad de los medicamentos y productos sanitarios y la actividad promocional en los centros y las aportaciones que dicha industria realice, para avanzar en un sistema de responsabilidad social corporativa real y efectivo.

Ampliar la posibilidad de que las farmacias participen en programas preventivos. Desde el apoyo al actual modelo de farmacia que permite el acceso de la población a los medicamentos, trabajaremos para ampliar la posibilidad de que las farmacias participen en programas preventivos y de salud pública potenciando la actual colaboración del sector con él SNS.

Desarrollar la normativa de salud laboral y crear los dispositivos necesarios en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, contribuyendo así a fortalecer las intervenciones preventivas de detección de riesgos laborales y de promoción de la salud en el lugar de trabajo. Fortalecer el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual:

Se adoptará una nueva regulación de las enfermedades profesionales a fin de considerar como tales las que se ocasionen o agraven en el centro de trabajo y se tenga en cuenta el criterio epidemiológico para declarar su existencia.

Se potenciará la integración de la prevención en la empresa y se facilitará la existencia de servicios de prevención propios. Nuestro objetivo será que, en el plazo de una legislatura, todas las empresas de más de 100 trabajadores tengan integrada la prevención.

Se aprobará un protocolo para situaciones de protección de los profesionales frente a las agresiones.

Se impulsará la detección, declaración, registro y evaluación de enfermedades relacionadas con el trabajo desde el Sistema Nacional de Salud.

Luchar contra la desigualdad e inequidad en salud

De común todas las sociedades tienden a relegar las necesidades e intereses de las personas más vulnerables, y este fenómeno se agudiza en los períodos de crisis e inestabilidad económica o política. Para salvaguardar la pérdida de calidad de vida de las personas, en especial la de los más vulnerables, las políticas públicas de salud que propondremos irán encaminadas a promover la igualdad de oportunidades, y a medidas dirigidas a mitigar las desigualdades e inequidad, preservando las necesidades básicas y evitando las situaciones de riesgo y desprotección.

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La aprobación de la Ley 14/1986 General de Sanidad significó un hito en la protección social y sentó las bases para uno de los pilares del Estado de Bienestar más apreciados por la ciudadanía española.

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El sistema público de Seguridad Social y, dentro de él las pensiones, constituyen la pieza más importante de nuestro Estado de Bienestar como plasmación de una acción solidaria y redistributiva garante de la cohesión social. Desde 2012, la política aplicada por el Gobierno del PP amenaza seriamente este conjunto de prestaciones sociales públicas en un triple sentido.
Amenaza para la sostenibilidad financiera
La Seguridad Social sufre un importante desequilibrio entre ingresos y gastos (en torno al 1% en cada uno de los ejercicios) como consecuencia de la intensísima reducción del número de cotizantes entre 2008 y 2013, y la consiguiente caída de los ingresos, así como por otras medidas adoptadas por el PP, que han acentuado la minoración de los ingresos disponibles por la Seguridad Social ("tarifas planas"; exclusión de una parte del salario de la cotización, y otras medidas de fomento del empleo con cargo a cotizaciones; congelación del SMI; cambios laborales que favorecen la devaluación salarial, entre otros).

Tal circunstancia ha llevado al Gobierno a recurrir al Fondo de Reserva, cuyo volumen se ha reducido en un 40% (actualmente asciende a 39.500 millones de euros). Previsiblemente, este desequilibrio se mantendrá hasta el principio de la próxima década, lo que podría suponer el agotamiento del Fondo.

Cosa distinta son los retos a los que ha de hacer frente el sistema de Seguridad Social en el medio y largo plazo. Más allá de la evolución de la productividad, se producirán tensiones financieras derivadas de la intensificación del gasto de la Seguridad Social por el progresivo incremento del número de pensionistas vinculado a la jubilación de la generación del baby boom y al alargamiento de la esperanza de vida.
Insuficiencia protectora (inadecuación) en la articulación jurídica
En la etapa de gobierno del PP se han introducido algunas modificaciones de gran intensidad que, de llegar a consolidarse, producirán una desfiguración del sistema público de pensiones. Además del endurecimiento de la jubilación anticipada, los dos principales cambios son los contenidos en la Ley 23/2013: el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se desvincula de la garantía del poder adquisitivo y condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento, que se ha visto agravado por la incidencia del copago farmacéutico de los mismos y la introducción de un factor de sostenibilidad, a partir de 2019, del que resultarán pensiones menguantes en función de la evolución -previsiblemente al alza- de la esperanza de vida.

Los expertos estiman que el impacto de esta medida es el equivalente a 3,5 puntos porcentuales de PIB en 2050. Es decir que, en lugar de gastar en esa fecha un 14-15% de PIB -una cuantía importante, pero inferior a la que hoy gastan Francia, Italia o Austria-, gastaremos un 12,3% muy similar al nivel de gasto actual. Con una importantísima diferencia: entonces la población jubilada se habrá prácticamente doblado, lo que implica una rebaja sustancial de las pensiones públicas.

Al mismo tiempo, persisten importantes deficiencias -insuficiencias protectoras-, entre las que destacan la que afecta a las pensiones de las mujeres, cuya cuantía es casi un 40% inferior a las de los hombres, y la que deriva de la interrupción de la política de dignificación de las pensiones más bajas que se llevó a cabo entre 2004 y 2011.
El desprecio por el diálogo
Resulta particularmente grave que la actuación del Gobierno del PP en esta materia haya estado marcada por la unilateralidad: los cambios estructurales introducidos por la Ley 23/2013 se han impuesto a pesar del rechazo frontal de todos los grupos políticos de la oposición y de los sindicatos. Pero además, se ha producido la quiebra de un doble cauce de diálogo: el Pacto de Toledo, foro parlamentario que ha servido de cauce para abordar las reformas necesarias en materia de pensiones desde 1995 hasta la segunda renovación del pacto en 2011 y que representa la expresión de un consenso básico en la defensa del sistema público de pensiones; y el acuerdo social, que incrementa la legitimidad de las medidas que se han acordado para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El gran objetivo es la defensa de la Seguridad Social y, en particular, de un sistema público de pensiones basado en un régimen de reparto y articulado en torno a los principios de solidaridad, contributividad y gestión pública. La consecución de ese objetivo se encauza a través de un triple compromiso:

Un compromiso político, que implica recuperar la centralidad del Pacto de Toledo como expresión de un consenso básico en la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones.

Un compromiso social, entendido como la apuesta por el diálogo y participación real de los interlocutores sociales, expresión de la institucionalización de un gran acuerdo entre generaciones, entre trabajadores activos y jubilados, para garantizar su mutuo bienestar.

Un compromiso jurídico-constitucional, que pasa por trasladar al ámbito jurídico los consensos sociales alcanzados en materia de pensiones. Ello implica reforzar el marco constitucional del derecho a las pensiones públicas y recuperar en lo sustancial el marco legal vigente hasta la llegada del PP al gobierno.

En lo que se refiere a la sostenibilidad financiera, queremos corregir el actual y coyuntural desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social sin merma de derechos para la ciudadanía, pero también hacer frente a la intensificación del gasto en pensiones en el medio y largo plazo provocado por el progresivo incremento del número de pensionistas que resulta de la jubilación de la generación del baby boom y del alargamiento de la esperanza de vida.

La consecución de estos dos objetivos pasa por una reformulación y una ampliación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social para incrementar los recursos del sistema. Ello implica:

Incrementar el número de afiliados como directriz prioritaria de la política económica. El buen funcionamiento del mercado laboral contribuye de forma decisiva a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

Introducir ajustes en la regulación de las cotizaciones sociales y otras medidas que permitan mejorar la recaudación:

Recuperación de la lucha contra el fraude como política prioritaria.

Atribución al Estado de la financiación de los gastos que escapan de la lógica contributiva, así como el coste de todas las medidas de fomento del empleo.

Incrementar progresivamente la aportación del Estado, vía impuestos, para hacer frente el previsible incremento del gasto ligado al envejecimiento sin alterar la configuración del sistema. De esta forma se equilibran las fuentes de financiación en la línea de la mayoría de los países de nuestro entorno.

En relación con la sostenibilidad social del sistema, queremos garantizar la adecuación de la acción protectora de las pensiones y del resto de prestaciones de la Seguridad Social para hacer posible la realización del mandato constitucional de promoción de la igualdad y de suficiencia económica de las pensiones de jubilación. Cinco son los ámbitos en los que queremos actuar:

Las pensiones de las mujeres. Son un 38% inferiores a las de los hombres, en buena medida, por la discriminación que sufren las trabajadoras en el mercado laboral. Además, el propio diseño del sistema de pensiones penaliza a las mujeres al vincular la cuantía de la pensión exclusivamente a la trayectoria profesional, ignorando otro tipo de circunstancias y hechos de gran trascendencia social.

Las pensiones más bajas. La lucha contra la pobreza y el reforzamiento de la equidad exige una ambiciosa política de mejora de las pensiones mínimas del nivel contributivo y la elevación del umbral de rentas establecido para el acceso a las prestaciones no contributivas y, en consecuencia, su cuantía.

La mejora de las prestaciones familiares. La dignificación de la política familiar debe constituir una prioridad política no solo por nuestro irrisorio nivel de gasto en términos comparados, sino sobre todo por las cifras insoportables de pobreza infantil.

Creación de una nueva prestación no contributiva para la implantación del Ingreso Mínimo Vital.

Incrementar la prestación por hijo a cargo.

Precariedad en el mercado de trabajo. El paro de larga duración, la irregularidad de las carreras profesionales o la devaluación de los salarios son circunstancias que lastran las cotizaciones y que pueden perjudicar los futuros derechos generados en el sistema de pensiones.

Penosidad. El reforzamiento de la contributividad y su efecto (in)directo en la edad efectiva de jubilación no incide de la misma forma en todos los trabajadores, sino que varía en función del tipo de actividad profesional. Por razones de equidad hay que modular los mecanismos que compensan la más reducida esperanza de vida cuando ésta deriva de una determinada actividad profesional, aplicando coeficientes reductores de la edad de jubilación.

Como objetivo complementario, hay que concienciar a la ciudadanía de las implicaciones sociales, económicas y políticas del cambio demográfico que va a suponer el envejecimiento de la población.

Queremos plantearnos la progresiva ampliación de la población activa mediante la plena incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo; un cambio de la política migratoria; la plena integración de colectivos excluidos o marginados en el mercado laboral (especial atención a jóvenes y trabajadores mayores); el incentivo de la prolongación voluntaria de la vida laboral; y actuaciones ambiciosas en favor de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en los cuidados familiares.

Y aspiramos a favorecer el incremento de la natalidad, para corregir la anomalía que supone que España sea uno de los países del mundo con la tasa de fertilidad más baja como consecuencia, entre otros factores, de la precariedad y de la discriminación laboral de las mujeres.
Marco general del modelo de pensiones públicas

Reforzar el marco constitucional del derecho a la Seguridad Social.

Derogar todos los cambios legales introducidos a lo largo de esta legislatura: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, así como la nueva regulación de las Mutuas (Ley 35/2014). Debe recuperarse también la centralidad del Pacto de Toledo y del diálogo con los interlocutores sociales.

Sostenibilidad financiera

Mejorar los ingresos provenientes de cotizaciones sociales a través de la elevación gradual de la base máxima de cotización y de la mejora progresiva de las bases mínimas (vinculada al incremento del SMI).

Establecer la cotización de los trabajadores autónomos en función de sus rentas o ingresos.

Incrementar progresivamente la financiación del Estado a través de la creación de una nueva figura impositiva que tendrá carácter finalista y vinculado a la financiación de las pensiones.

Reforzar el Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación.

Adecuación y suficiencia de las prestaciones

Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.

Incrementar las pensiones mínimas para garantizar los parámetros fijados por el Convenio 102 de la OIT.

Elevar hasta el IPREM anual el umbral de rentas establecido para el acceso a las prestaciones no contributivas y, en consecuencia, su cuantía.

Recuperar la cotización por jubilación en los supuestos de percepción del subsidio asistencial por desempleo hasta el 125% del salario mínimo.

Mejorar la cotización de los trabajadores más jóvenes a través de la posibilidad de 'adquirir' periodos de cotización mediante la suscripción de un Convenio Especial, e incrementar las bases mensuales de cotización de los contratos de aprendizaje y de formación.

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Pensiones públicas económica y socialmente sostenibles: Una oferta de seguridad social para la ciudadanía

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El sistema público de Seguridad Social y, dentro de él las pensiones, constituyen la pieza más importante de nuestro Estado de Bienestar como plasmación de una acción solidaria y redistributiva garante de la cohesión social. Desde 2012, la política aplicada por el Gobierno del PP amenaza seriamente este conjunto de prestaciones sociales públicas en un triple sentido.

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El artículo 135 de la Constitución, antes y después de la reforma de 2011

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El PSOE y el PP pactaron la estabilidad presupuestaria en la Ley Fundamental sin referéndum

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- Terminar con la política de devaluación salarial, o recorte salarial, que persigue una mejora de la competitividad externa mediante la reducción continuada de los salarios y el debilitamiento del poder de negociación de las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores. Esta estrategia pone a la economía en una senda de crecimiento centrada en la parte baja del valor añadido, es la primera razón que se encuentra detrás del incremento histórico de la pobreza y desigualdad en España y solo beneficia a una pequeña parte de la población.

- Reducir el endeudamiento público y privado. El endeudamiento público necesita ser reducido democráticamente (auditoría de la deuda) de forma que se puedan liberar recursos que permitan reforzar las políticas sociales, generar un nuevo modelo productivo y una nueva dinámica de crecimiento sostenible. Por su parte el endeudamiento privado, en particular aquel asociado a créditos hipotecarios en familias con problemas para hacer frente a los pagos de sus préstamos, ha de ser atajado de forma urgente.

- Generar una nueva matriz productiva, que supere las rémoras del pasado y permita abrir un nuevo horizonte de desarrollo y transformación económica. Para ello estamos trabajando mano a mano con círculos sectoriales (como el 3E) y territoriales así como con expertos internacionales (como Robert Pollin) para ofrecer un nuevo modelo energético que permita reducir las emisiones de CO2, fomentar las energías renovables y reducir nuestra dependencia energética.

- Reformar el sistema de pensiones público, principalmente en lo que se refiere a su financiación con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pensionistas y evitando cualquier reducción en la cuantía percibida. Frente a las políticas de recortes, defendemos que tenemos derecho a un sistema público de pensiones que permita mantener unas condiciones de vida digna.

- Apoyar a las pequeñas y medianas, apostando por una tributación societaria más justa. Apostamos por promover el emprendimiento innovador apoyando la creación de start ups en sectores de vanguardia que nos permitan competir en calidad. Por otro lado, los trabajadores autónomos necesitan un modelo más flexible que agilice los trámites y garantice una tributación progresiva en función de la facturación. Con respecto a la economía social el objetivo será establecer medidas que promuevan el emprendimiento bajo este tipo de formas jurídicas.

- Defender un modelo económico y social más solidario y corresponsable. Reorganizar el sistema de cuidados con el objetivo de lograr un sistema que pueda ser suficiente y justo. Se trata de afianzar las bases de los sistemas de bienestar y de eliminar los sesgos del pasado, para conseguir una política social integradora. Para ello, las tres líneas fundamentales de trabajo son logar una atención a la dependencia, Reformar el sistema de permisos por nacimiento o adopción, para lograr que el permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad y ampliar la red de guarderías para garantizar que ningún bebé entre 0 y 3 años.

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Terminar con la política de devaluación salarial, o recorte salarial, que persigue una mejora de la competitividad externa mediante la reducción continuada de los salarios y el debilitamiento del poder de negociación de las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores.

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España va a registrar un incremento del peso de la población mayor como consecuencia de la reducción de la tasa de natalidad, el aumento de la esperanza de vida a los 65 años y la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby-boom. Esto va a suponer un mayor gasto en pensiones en proporción con el producto interior bruto (PIB). Este reto se puede abordar de dos formas: garantizando los ingresos -para que el sistema público de pensiones pueda hacer frente al incremento transitorio del coste asociado a esta situación- o recortando las prestaciones que reciben y recibirán los y las pensionistas. Las dos últimas reformas del sistema de pensiones (2011 y 2013) han optado por la segunda de las vías, un hecho que impulsa las medidas de recorte de las pensiones.

Una de las medidas en las que se percibe con mayor claridad este recorte es el índice de revalorización elegido para actualizar las pensiones. El nuevo índice de revalorización adoptado en la reforma de 2013 congela prácticamente el crecimiento de las pensiones mientras haya déficit, pues provoca una reducción de su capacidad adquisitiva, que puede llegar a ser del 30%, tal y como han indicado diversas instituciones (Banco de España, AIReF, OCDE).

Además, la reforma de 2013 estableció un mecanismo adicional de ajuste automático -el denominado "factor de sostenibilidad" -, según el cual la pensión inicial en el momento de la jubilación queda vinculada a la esperanza de vida de la población. Su aplicación temprana, a partir del año 2019, y su revisión cada cinco años supondrán -apuntan diversas estimaciones- una reducción adicional de las pensiones que podría llegar a ser del 5% por década, hasta alcanzar una reducción del 20 por ciento en el año 2050.

No revalorizar las pensiones es socialmente insostenible. El artículo 50 de la Constitución establece que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Este mandato debe guiar la política de pensiones en nuestro país, y exige volver a vincular el crecimiento de las prestaciones con el índice de precios al consumo (IPC).

Revalorizar las pensiones es económicamente sostenible con medidas razonables de aumento de los recursos públicos destinados a su financiación. Esta exigencia de suficiencia económica y sostenibilidad social supone mejorar las fuentes de financiación del sistema de pensiones. Además, este aumento del gasto en pensiones no solo es sostenible desde un punto de vista financiero, sino que también está perfectamente justificado (véase el anexo 1). Puesto que la población mayor de 65 años aumenta, también debe hacerlo el porcentaje de renta que se dedica a su supervivencia (el gasto en pensiones). De lo contrario, se produciría un empobrecimiento relativo de los mayores, e incluso una reducción de la pensión media (en términos reales) respecto a la actual.

A continuación, presentamos una comparativa entre la evolución de la pensión media en el caso de que esta se actualizase con el IPC, frente al actual modelo de revalorización con el índice marcado por la reforma de 2013, y sin actuar por el lado de los ingresos, que evidencia hasta qué punto la situación es preocupante.

Si las pensiones se revalorizasen nuevamente con el IPC, la pensión media crecería en términos reales a una tasa media anual del 1,2%, mientras que el PIB per cápita podría hacerlo al 1,7%. Es decir, el cociente entre la pensión media y el PIB per cápita pasaría de 0,54% a 0,47%. En cambio, si las pensiones se revalorizasen al mínimo legal actualmente existente hasta llegar al equilibrio del sistema (suponiendo que el porcentaje de ingresos sobre el PIB no aumente), el índice de revalorización sería del 0,25% hasta 2040, y solo a partir de entonces se podrían empezar a revalorizar las pensiones lo mismo que la inflación. En 2050, la pensión media sería prácticamente igual a la de 2017 (véase el gráfico 1), a pesar de que el PIB per cápita se habría multiplicado por 1,7%. El cociente entre la pensión media y el PIB per cápita habría bajado de 0,54% a 0,33%.

Respecto a la pensión que habría en 2050 en el caso de que sí se revalorizasen, esto supondría una disminución del 29% de la pensión media.

Si nos fijamos en una persona que se haya jubilado en 2017, su pensión se revalorizaría al mínimo legal durante toda su esperanza de vida, y tendría una pérdida de poder adquisitivo del 26% (véase el gráfico 2).

2. Gasto comprometido en la Proposición de Ley sobre la Revalorización de las Pensiones y Supresión del Factor de Sostenibilidad presentada por Unidos Podemos

El cálculo del gasto comprometido en la Proposición de Ley sobre la Revalorización de las Pensiones y Supresión del Factor de Sostenibilidad presentada por Unidos Podemos se desarrolla también a partir de los datos suministrados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a la Comisión Permanente del Pacto de Toledo.

En dicha estimación se establece cuál sería el aumento del gasto en pensiones contributivas, en porcentaje del PIB y entre 2018 y 2050, en el caso en que se llevara a cabo su actualización de acuerdo con la evolución de los precios. Sus resultados permiten afirmar que dicha actualización sería perfectamente asumible en términos económicos.

El cálculo del gasto comprometido en nuestra Proposición de Ley sobre la Revalorización de las Pensiones y Supresión del Factor de Sostenibilidad presenta las siguientes características:

Dados la evolución prevista del número de pensiones y un supuesto sobre el factor de sustitución (crecimiento del importe de las nuevas pensiones iniciales respecto a las pensiones que causan baja), puede calcularse cómo evolucionará el gasto nominal en pensiones. Su peso en el PIB depende de cuál sea el crecimiento medio de la economía en los próximos 33 años. Lógicamente, esta estimación está sujeta a un cierto grado de incertidumbre, como el propio Gobierno reconoce.

En función de los distintos escenarios de crecimiento, el gasto en pensiones sobre el PIB se verá alterado y podrá ser menor o mayor. El Gobierno presenta distintos escenarios, que irían desde un crecimiento real medio del 1% de media hasta un crecimiento del 3%. En el peor de los escenarios, el gasto en pensiones sobre el PIB se elevaría en 2050 hasta el 19%, desde el 11,7% actual, mientras que en el mejor de los escenarios contemplados este porcentaje se reduciría, de hecho, hasta el 10,2%.

En este escenario, el gasto en pensiones en 2050, volviendo a un modelo de revalorización de las pensiones vinculado al IPC, sería del 14,2%, es decir, 2,5 puntos porcentuales superior al gasto actual de 2017 (véase el gráfico 3). Incluso si la tasa de crecimiento de las próximas tres décadas fuera solo del 1,6%, el aumento del gasto supondría un 4% más del PIB, y se situaría en el 15,7%. Hay que tener en cuenta que el crecimiento medio de las 15 economías más avanzadas de la UE en los 30 años anteriores a la Gran Recesión (1975-2007) fue del 2,3%, y que en ese periodo ninguna de esas 15 economías creció por debajo del 2,1%. En esos años, el crecimiento anual medio de España fue del 2,8% (véase la tabla 3 en el anexo 2).

3. Medidas de ingresos para financiar la Proposición de Ley sobre la Revalorización de las Pensiones y Supresión del Factor de Sostenibilidad presentada por Unidos Podemos

Mantener el gasto en pensiones estable en torno al 12% del PIB -o, más aún, reducirlo hasta el nivel actual de ingresos- cuando se prevé que el porcentaje de población mayor de 65 años va a aumentar considerablemente solo puede lograrse con una reducción drástica de las prestaciones.

Nuestra propuesta consiste en invertir la forma de abordar el problema: para solucionar los problemas de sostenibilidad y envejecimiento poblacional, si no queremos reducir drásticamente las pensiones en el medio plazo debemos actuar sobre el lado de los ingresos, y garantizar a largo plazo los recursos necesarios para financiar las pensiones.

En el escenario central de esta memoria económica, estimamos que el aumento de gasto asociado a revalorizar las pensiones con el IPC y a suprimir el factor de sostenibilidad se sitúa en el entorno de los 2,5 puntos porcentuales del PIB, lo que elevaría en el año 2050 el gasto en pensiones hasta el 14,5% del PIB aproximadamente -una cifra perfectamente financiable, similar a la que hoy ya tienen otros países europeos-.

Como es de lógica, esto requiere complementar la financiación actual a partir de medidas adicionales. Nuestra proposición de ley se financiaría del siguiente modo:

Plan de choque contra la precariedad, con el objetivo de propiciar una significativa reducción de la temporalidad injustificada a partir de, entre otras, las siguientes medidas:

Establecimiento de un límite máximo en la proporción entre las personas trabajadoras que tienen modalidades de contratación atípicas (temporal o parcial) y aquellas con contrato indefinido.

Fijación de un desincentivo (malus) en la cotización a la Seguridad Social para aquellas empresas que presenten una rotación excesiva en su plantilla, y para aquellas que tengan una ratio elevada de trabajadores temporales. Dicho desincentivo elevará entre 2 y 3 puntos la cuota patronal de las empresas a las que se le aplique el malus.

Prohibición del encadenamiento de contratos de duración determinada para la cobertura de un mismo puesto de trabajo (ya sea con la misma persona o con otra distinta), y garantizar la conversión de contratos temporales en indefinidos pasado el año de duración.

Este plan debería incluir también una progresiva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros/mes, para situarse de forma estructural en el 60% del sueldo medio.

Si en la actualidad contásemos con los ingresos asociados al nivel salarial que existía en nuestro país antes de la crisis, la caja de la Seguridad Social tendría unos ingresos adicionales de aproximadamente 4.500 millones de euros. Por ello, estimamos que la recuperación de dichos niveles salariales permitiría obtener -junto con la aplicación del Plan de hoque contra la precariedad aquí contemplado-recursos adicionales para la Seguridad Social por valor de 0,7 puntos del PIB.

Asegurar la financiación del sistema de pensiones a medio plazo exige también seguir ampliando, mediante impuestos, la financiación de las pensiones con los Presupuestos Generales del Estado. Nuestro país sigue manteniendo una brecha fiscal muy importante respecto a Europa: nuestra recaudación está 8 puntos del PIB por debajo de la media de la eurozona, es decir, nuestro país tiene todavía mucho margen fiscal. Una reforma fiscal permitiría financiar los 0,8 puntos del PIB restantes para cubrir el aumento de gasto derivado de nuestra propuesta.

De todo lo planteado en esta memoria se derivan al menos tres conclusiones de política económica fundamentales:

Intentar resolver el desajuste actual entre ingresos y gastos actuando exclusivamente con el recorte de las pensiones (a través del índice de revalorización o de cualquier otra medida) y renunciando a mejorar los ingresos del sistema daría lugar a un empobrecimiento de la población mayor, a pesar de que el PIB per cápita crecerá durante las próximas décadas. Esto es socialmente injusto e insostenible.

No debe olvidarse que la solución a la sostenibilidad de las pensiones es global, e incluye sobre todo medidas que permiten un aumento de la tasa de participación femenina y una demanda de empleo suficiente, para reducir la tasa de paro, así como medidas que elevan la productividad y apuntalan el crecimiento económico.

Anexo 1: El aumento de la población mayor requiere necesariamente un aumento del gasto en pensiones y, por tanto, de los ingresos que se dedican a financiarlas (una primera aproximación a los problemas distributivos intergeneracionales e intrageneracionales)

Aunque las previsiones demográficas están sujetas a una cierta incertidumbre, con bastante seguridad hasta 2050 se va a producir un aumento del peso de la población mayor de 64 años, y es evidente que -si se quiere seguir asegurando a las personas mayores un determinado nivel de renta- esto tiene que tener como consecuencia un aumento del gasto en pensiones, expresado como porcentaje del PIB. Intentar compensar ese efecto del aumento de la población con recortes en la pensión media no es sostenible socialmente, y provocaría un cambio en la distribución intergeneracional de la renta que no tiene justificación.

Para verlo, conviene empezar recordando que, en cualquier época y sociedad se ha podido dividir a la población en dos grupos, según cuál sea su participación en las actividades productivas:

El primer grupo es la población ocupada, que es aquella que participa directamente en actividades productivas que permiten obtener bienes y servicios. En 2016, en España el número medio de ocupados fue de 18.341.400 personas, que produjeron un PIB igual a 1.118,5 miles de millones de euros.

El segundo grupo no participa en la generación de bienes y servicios, pero sí los utiliza. Por eso podemos llamarla población económicamente dependiente. En ella incluimos a la población menor de 16 años, que aún no ha alcanzado la edad legal para trabajar; la población que ya ha alcanzado la edad legal de jubilación y ha dejado efectivamente de trabajar; y la población entre 16 y 64 que o bien está inactiva (porque está formándose, porque realiza tareas de cuidados no recogidas en el PIB o por cualquier otra razón) o está desempleada (querría trabajar, pero no puede). En el caso de España, la suma de estos tres grupos ofreció, en 2016, un total de 28.097.024 personas económicamente dependientes.

De acuerdo con estas cifras, el PIB por ocupado fue de 60.983 euros, mientras el PIB por habitante fue de 24.086 euros. Lógicamente, este último es menor, porque cada persona ocupada contribuyó a generar bienes y servicios que, en media, debían servir para cubrir sus necesidades y las de 1,5 dependientes. Este cociente entre no ocupados y ocupados se denomina tasa de dependencia económica total.

Este proceso de distribución de rentas desde las personas ocupadas a las no ocupadas se desarrolla a través de distintos mecanismos, que fundamentalmente pueden ser privados (los ingresos que reciben las personas de una familia que están ocupadas se utilizan para sostener a todos sus miembros) o públicos (a través del sistema de protección social y, de forma destacada, de las prestaciones y subsidios por desempleo y las pensiones).

Si la productividad por ocupado no cambia y por alguna razón cambia la composición de la población y aumenta esta tasa de dependencia económica (hay más personas económicamente dependientes y menos ocupadas), el PIB per cápita se reducirá (habrá menos recursos para repartir entre la misma población) y seguramente aparecerán tensiones distributivas.

Aparentemente esto es lo que se derivaría del proceso de envejecimiento que las previsiones demográficas anticipan para España en las próximas décadas, ya que estaría aumentando el número de mayores de 64 años (dependientes) y disminuyendo el número de personas entre 16 y 64 años (potencialmente ocupadas). Y la expresión de esas tensiones sería la supuesta necesidad de reducir (en media) las pensiones, porque de ellas tendrían que hacerse cargo ahora una proporción menor de la población.

Por ejemplo, Eurostat prevé que en 2050 haya 4,9 millones menos de personas en edad de trabajar y 7,1 personas más en edad de jubilarse, con lo que tasa de dependencia de la población mayor (cociente entre la segunda cifra y la primera) pasaría de 0,29% en 2016 a 0,62% en 2050.

Sin embargo, este cociente no es el indicador más relevante, sino la anterior tasa de dependencia económica total, y esta se mantendría prácticamente constante en 2050 si se cumpliese el objetivo anterior en términos de empleo (75% en 2050):

El numerador (dependientes económicamente) se incrementaría solo en 1,9 millones, porque el aumento de los mayores de 64 años (7,7 millones) y de los menores de 16 años (700.000 personas) se vería parcialmente compensado por la reducción en 5,9 millones del número de personas en edad de trabajar que permanecen inactivas o paradas.

El denominador se incrementaría en casi 1 millón (los nuevos empleos).

Por tanto, la tasa de dependencia económica total sería de 1,56% en 2050, frente a 1,53% en 2016. Cada ocupado tendría que sostener a 1,5 dependientes, pero con la particularidad añadida de que ahora contaría con el aumento de la productividad registrado en todos estos años: es perfectamente posible aumentar tanto la renta media de los ocupados como la de los dependientes, incluidos los pensionistas.

Planteado de esta forma, los efectos económicos del envejecimiento serán importantes, pero perfectamente asumibles desde un punto de vista colectivo para una sociedad como la española.

También es importante insistir en que el gasto en pensiones de jubilación puede interpretarse como la transferencia de renta que se hace a la población mayor para asegurarle un nivel de renta suficiente. Expresado como porcentaje del PIB, este gasto será mayor cuanto más alta sea la pensión media que se quiere garantizar y el número de jubilados con derecho a pensión; y menor cuanto mayores sean los niveles de empleo y productividad. Dada la evolución de estas dos variables, el aumento del número de dependientes mayores de 64 años exigirá también un aumento del porcentaje del PIB total que se dedica al pago de pensiones por jubilación, salvo que se compense con una reducción de la pensión media. Pero esto supondría, en definitiva, excluir a las personas jubiladas del aumento general del nivel de vida medio de la población que se producirá en los próximos años.

Es decir, precisamente como el PIB per cápita está creciendo, el aumento del gasto en pensiones como porcentaje del PIB no tiene por qué suponer un juego de suma cero (unos ganan y otros pierden), y es por ello que la discusión del futuro del sistema público de pensiones no puede centrarse en torno a la idea absurda de que el objetivo deba ser asegurar que el porcentaje del PIB que se destina a este gasto no supere un determinado límite establecido a priori.

Formalmente:

Fijarse como limitación el porcentaje actual del gasto en el PIB conduce a mantener constante el peso en la renta de un grupo social cuyo peso demográfico aumenta sustancialmente. O este es el resultado que se espera -con un deterioro importante de las condiciones de vida de la población mayor- o se está proponiendo de forma implícita, y a veces explícita, sustituir el mecanismo público de transferencia de rentas que conlleva el sistema de pensiones por otros mecanismos privados.

Por tanto, no revalorizar las pensiones tendría efectos redistributivos en términos intergeneracionales muy fuertes, mientras que su revalorización dejaría este reparto prácticamente constante.

Evidentemente, también hay efectos distributivos importantes en términos intrageneracionales. En primer lugar, la diferente capacidad para ahorrar y acceder a fondos privados de pensiones daría lugar a grandes diferencias en el momento de la jubilación. En segundo lugar, y en dirección contraria, los recursos para financiar el aumento del gasto en pensiones deberían obtenerse reforzando la progresividad del sistema fiscal.
Tabla 1: Gasto en pensiones, % del PIB, en función de los distintos escenarios de crecimiento (aportada por el Gobierno a la Comisión Permanente del Pacto de Toledo en la sesión del 24 de octubre de 2017) Tabla 2: Proyección del número de pensiones 2017-2050 (aportada por el Gobierno a la Comisión Permanente del Pacto de Toledo en la sesión del 24 de octubre de 2017)
Anexo 2: ¿Cuánto puede crecer España hasta 2050?

El documento del Gobierno señala acertadamente que "el ejercicio de simulación muestra la extrema importancia que tiene la evolución del PIB para medir la intensidad del esfuerzo real necesario para hacer frente a las obligaciones de un sistema de pensiones". Por eso, es muy importante reflexionar sobre cuál es el escenario más factible de los presentados.

Como hemos señalado antes, no podemos "prever" con precisión cuál será el crecimiento de España en las próximas tres décadas, pero sí podemos "establecer una meta razonable" y diseñar las políticas económicas adecuadas para alcanzarla. Es decir: el "escenario más probable" depende de las decisiones políticas que se adopten, no es una variable exógena.

Estas políticas deberían ser aquellas que permitiesen alcanzar cifras realistas, pero ambiciosas, en términos de crecimiento del empleo y de crecimiento de la productividad, que son los dos factores en que podemos descomponer el crecimiento del PIB. Por tanto, incluyen medidas de política macroeconómica para asegurar suficiente demanda agregada, y de políticas de oferta -particularmente una política industrial activa- para modificar el comportamiento deficiente de nuestra productividad.

Aquí nos centramos en definir cuál debería ser la meta en términos del crecimiento del empleo y de la productividad, y por tanto del PIB, para los próximos años:

El crecimiento posible del empleo en los próximos años depende en primer lugar de la evolución de la población en edad de trabajar (16-64 años). Podemos partir de las previsiones que acaba de publicar Eurostat ( Ageing Report 2018, que son las que el Gobierno suele utilizar en sus programas de estabilidad), que espera que, para los próximos años, esta población se reduzca en 4,9 millones de personas.

Sin embargo, esta reducción puede verse compensada por la evolución de la tasa de empleo, donde España tiene un gran margen de mejora. Actualmente, solo un 61% de la población en edad de trabajar está ocupada en España, mientras que en países europeos como Dinamarca, Suecia, Alemania o Reino Unido, esta tasa alcanza el 75%. Esta diferencia se explica porque la tasa de actividad es más baja (sobre todo la femenina) y la tasa de paro mucho más elevada. Si España asumiera como un objetivo principal de su política económica alcanzar esta tasa de empleo del 75%, en 2050 podríamos tener casi 1 millón más de empleos que en la actualidad, a pesar de la reducción de la población, lo que supondría, en promedio, un crecimiento anual del empleo del 0,16%.

Respecto a la productividad, Eurostat prevé un crecimiento medio del 1,3% al año hasta 2050, una tasa inferior a la que se estima para la media de la zona euro (1,5%). Teniendo en cuenta que actualmente la productividad por ocupado en España es inferior a la media (el 83,75%), este escenario supondría aceptar que España no solo no va a recortar sus diferencias en productividad, sino que las va a ampliar. Obviamente, el objetivo de una política económica con ambición de ganar el futuro tiene que ser muy distinto. Por ejemplo, si en los próximos años España adoptase medidas activas para impulsar su productividad y la acercara hasta el 90% de la media de la zona euro, esta crecería a una tasa media del 1,7%.

Tabla 3: Tasa de crecimiento media del PIB entre 1975-2007
2018_01_25_memoria_economica_Ley_Pensiones

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Memoria económica. Proposición de Ley sobre la Revalorización de las Pensiones y Supresión del Factor de Sostenibilidad

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Comparador de programas - Elecciones generales del 26J - RTVE.es

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¿No sabes a quién votar? Compara los programas electorales de los partidos y decide. Contrasta los puntos que más te interesan en estas elecciones generales del 26J.

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El programa electoral del Partido Popular vuelve a priorizar la economía - ÁNGEL DE ANTONIO

Este es el programa electoral con el que el Partido Popular concurre a las elecciones del 26 de junio de 2016:

Las medidas económicas que recoge el programa electoral del Partido Popular

Empleo: todos los esfuerzos para crear empleo. Subvenciones, exenciones a contratos fijos e incentivos a quien contrate a mujeres que vuelven a trabajar tras la maternidad. Exención de las cotizaciones a los contratos fijos en los primeros 500 euros de salario y durante cuatro años.Todo aquél que encuentre su primer empleo no pagará IRPF el primer año. Los parados de larga duración que inicien un negocio no van a pagar IRPF los 2 primeros años. Quienes trabajen más allá de su edad de jubilación no pagarán IRPF.

Pymes y Autónomos: flexibilizar el régimen de aplazamientos en sus cotizaciones, e impulsar una nueva regulación del régimen especial de trabajadores autónomos. Cuando una pyme crezca y revierta sus beneficios podrá duplicar, hasta 10 puntos, su rebaja en el Impuesto de Sociedades.

Impuestos: bajada de dos puntos en todos los tramos del IRPF, dejando el mínimo en el 17% y el máximo en el 43%.

Déficit: sin mención específica en el programa. Mantenimiento de las medidas tomadas esta legislatura para el control del déficit.

Pensiones: Mantenimiento y fortalecimiento del sistema de pensiones.

Parados larga duración: atención especial, seguimiento individualizado para su reincorporación en el mercado laboral.

Política, justicia y seguridad en el programa electoral del Partido Popular

Organización territorial: apoyo al sistema de autonomías tal y como se recoge en la Constitución de 1978.

Cataluña: unidad de España y defensa de la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles y respeto a la ley.

Sistema electoral: Para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada: prima de gobernabilidad para el partido más votado y, si no se alcanzan determinados porcentajes, segunda vuelta entre las dos formaciones con más apoyos. Facilitar el voto de los residentes en el extranjero.

Reforma Senado: reforma del reglamento para darle más competencias en leyes relacionadas con las autonomías.

Lucha contra la corrupción: obligación de cesar en el cargo a aquel a quien se le abra juicio oral por un delito de corrupción. Ilegibilidad de esa misma persona. Nunca concederemos indultos a los condenados por corrupción. Nos aseguraremos de recuperar hasta el último euro robado.

Transparencia: fomentar el desarrollo de la ley de Transparencia.

Puertas giratorias: No se menciona, aunque sí hay referencias a seguir potenciando el papel de la Oficina de Conflicto de Intereses en el control sobre los altos cargos, según los nuevos requisitos fijados en la ley de Transparencia y el Estatuto del Alto Cargo.

Terrorismo yihadista: Aplicación de todas las herramientas que permita el Estado de Derecho para combatirlo.

Justicia: Avanzar en la aplicación de nuevas tecnologías para agilizar procesos. Acuerdo de todas las fuerzas políticas que garanticen la independencia del Consejo General del Poder Judicial.

Violencia de género: Gran acuerdo social para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Campañas de sensibilización, con especial incidencia en los jóvenes.

Educación, Sanidad y ayudas en el programa electoral del Partido Popular

Educación: pacto nacional por la Educación. Fomento de la enseñanza en lenguas extranjeras, con más auxiliares de conversación. Fomento de la figura del docente, creando el Estatuto del Docente. Todos los colegios, centros de salud y bibliotecas públicos van a disponer de conexión a Internet ultrarrápida gratis y financiaremos la mochila digital, con libros y dispositivos, para todos los alumnos. Apostaremos por la libertad de elección de las familias y seguiremos apoyando a la educación pública, incluida la concertada. Vamos luchar contra el acoso escolar y a partir del próximo curso empezará a funcionar el teléfono contra el acoso, público, gratuito, disponible los 365 días y que no deja rastro.

Universidades: plan nacional por la Universidad, que garantice el estatuto del investigador y una financiación adecuada y estable.

Ayudas sociales: aprobación de una ley básica de Servicios Sociales de ámbito nacional. Cheques para familias numerosas, con discapacitados al cargo o para discapacitados que tributen IRPF. Vamos a congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno y reforzaremos el bono social de la energía. Crearemos el bono joven con tarifas especiales en el AVE.

Familias: daremos un apoyo específico a las familias con hijos con discapacidad o enfermedades raras y otorgaremos la condición de Familia Numerosa de Categoría Especial a partir del cuarto hijo.

Conciliación: aumentaremos la duración del periodo de excedencia por cuidado de hijos en el caso de familias numerosas y ampliaremos 10 días el permiso de paternidad para personas con discapacidad. Impulsaremos el cambio del huso horario y promoveremos que la jornada laboral termine a las 18 horas.

Dependencia: pacto de Estado por los servicios sociales que incluya la evaluación de la ley de Dependencia y su sistema de financiación.

Vivienda: sin novedades en el programa.

Sanidad: Igual cobertura sanitaria para todos los españoles. Nueva financiación que garantice la atención de las necesidades sanitarias. Plan para reducir las listas de espera.

Cultura y ciencia en el programa electoral del Partido Popular para el 26-J

Cultura: Por primera vez introduce el concepto de patrimonio subacuático. Fomento del mecenazgo. Protección del patrimonio cultural.

Religión: Sin mención específica en el programa. Mantenimiento del estado actual en las relaciones Iglesia-Estado.

Memoria histórica: Sin mención específica en el programa.

Medio ambiente: Potenciar la penetración de las energías renovables en el mix energético; cumplir las obligaciones internacionales en materia de reducción de gases de efecto invernadero.

Ciencia: Acuerdo sobre ciencia para fomentar la investigación y facilitar el trabajo de quienes se dediquen a ella.

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Así es el programa electoral del Partido Popular

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Este es el programa electoral con el que el Partido Popular concurre a las elecciones del 26 de junio de 2016: Empleo: todos los esfuerzos para crear empleo. Subvenciones, exenciones a contratos fijos e incentivos a quien contrate a mujeres que vuelven a trabajar tras la maternidad.

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Contigo, construimos el cambio político en nuestro país. Sí se puede. ¡Podemos!

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El presidente del PP se aleja de Cs y de Vox acusando a Rivera de querer pactar otra vez con Sánchez y a Abascal de abogar por la salida de España de la UE.

El presidente del Partido Popular ha abierto un acto con los alcaldes y candidatos del PP en la sierra norte de Madrid. En Torrelaguna, Pablo Casado ha instado a sus militantes y votantes a que entiendan bien de qué van estas elecciones el 28 de abril. "Hay que elegir entre el Partido Popular y el Frente Popular" del PSOE con los comunistas y los independentistas.

Para Casado, la decisión de los electores se juega entre "quienes creaban 7.900 empleos cada día y quienes destruyen 6.900 diarios", entre quienes quieren "defender la Constitución y quienes venden España a los que la quieren destruir". Casado ha defendido las medidas de los Gobiernos de Mariano Rajoy y José María Aznar, la "España moderna y de igualdad de oportunidades". Y es que "si no queremos que gobierne Torra de facto", según Casado, es necesario que los votos vayan al PP.

El líder popular ha confrontado además a su partido con Ciudadanos y con Vox. "Unos porque no saben lo que quieren, incluso están dispuestos otra vez a echarse en brazos del PSOE". Según Casado, la formación de Albert Rivera "trata de diferencia entre socialismo y sanchismo, pero no se dan cuenta de que es lo mismo". Porque para el popular la clave es que el PSOE "siempre acaba hundiendo España y tiene que venir el PP a solucionarlo".

Con respecto a la formación de Santiago Abascal, el presidente del PP la ha acusado de poner en riesgo la presencia de España en la UE, de querer que nuestro país salga del club europeo, "cuando lo que tiene que hacer España es liderar la construcción europea".

La "revolución fiscal" y la "autopista administrativa"

Casado insistió en su anuncio de este sábado, lo que ha llamado la "revolución fiscal" que quiso comparar "sólo a la de 1998, cuando bajamos todos los impuestos" con José María Aznar en el Gobierno. El presidente del PP ha propuesto "reducir el IRPF por debajo del 40%, el impuesto de sociedades a menos del 20% y suprimir Sucesiones, Donaciones, PAtrimonio y Actos Jurídicos Documentados".

Porque el plan del PP para estos primeros días de precampaña es centrar el discurso en la liberalización de la economía, frente "al empeño del PSOE en hundirla para que la tengamos que rescatar los populares después". Así, presentó la idea de la "autopista administrativa" que agilice la creación de empresas "en menos de cinco días", como ocurre en Reino Unido, dijo.

Casado quiere "recaudar más bajando impuestos y generando actividad" gracias al "silencio positivo", para que los emprendedores puedan abrir un negocio con rapidez. "Así es como se consagra el estado del bienestar, así y no con subsidios".

En ese punto ha acusado al PSOE de Pedro Sánchez de "reconocer que se está cargando la economía" al proponer "más subvenciones y subsidios". Y, de nuevo, recordó la frase "genial" de Ronald Reagan para definir la política de izquierdas. "Si algo se mueve, ponle un impuesto; si se sigue moviendo, regúlalo; si deja de moverse, ponle un subsidio".

Así, de nuevo volvió al enfrentamiento de bloques. "Ésta es la alternativa: o el Partido popular o Frente Popular, o que el PP ponga orden o que Torra imponga el desorden; el PP que quiere eje atlántico o los que no condenan a un dictador genocida como Maduro".

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Casado plantea que "las elecciones van de elegir entre el Partido Popular y el Frente Popular"

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El presidente del PP se aleja de Cs y de Vox acusando a Rivera de querer pactar otra vez con Sánchez y a Abascal de abogar por la salida de España de la UE. El presidente del Partido Popular ha abierto un acto con los alcaldes y candidatos del PP en la sierra norte de Madrid.