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La Reforma Agraria de El Salvador es, sobre el papel, una de las más radicales que se hayan planteado en América Latina, según lo considera la diputada Nidia Díaz.

Sin embargo, esta reforma quedó en letra muerta, porque el contexto en el que se aprueba es en pleno inicio de la guerra civil que se prolongó por 12 años.

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Luego de ser aprobada la ley de la Reforma Agraria el ejército ocupó militarmente todas las fincas de café que tenían una superficie superior a las quinientas hectáreas justamente la extensión  que contemplaba la reforma para ser expropiada. El Gobierno justificó el despliegue militar argumentando que era necesario proteger a los campesinos de los anteriores propietarios, según una publicación del periódico El País en diciembre de 1980.

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Las cooperativas que se formaran no tenían experiencia en la administración de los recursos, la falta de capacitación técnica y la carencia de bases educativas influyeron en gran medida, un gran porcentaje de los campesinos no sabían leer ni escribir y esto dificultaba contar con respaldo para competir con los grandes capitales nacionales. Después en 1989 se privatiza la banca y los créditos fueron exigidos de forma inescrupulosa y las asociaciones tuvieron que pagar con las mismas tierras que habían recibido.

No se contaba con una base legal que respaldara los intereses de las grandes mayorías, ya que el poder político seguía siendo controlado por el poder económico del país. Los avances del a extrema derecha dieron justificaciones para detener la reforma agraria. Entre el 26 de abril y el 18 de mayo de 1982, los Decretos 3 y 6 de la Asamblea Constituyente revocaron la base legal de la segunda y tercera fase de la reforma agraria salvadoreña, que actualmente está detenida, pues sigue siendo rechazada por la poderosa burguesía del país

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La aprobación de la Ley de la Reforma Agraria el 5 de marzo de 1980,  establecía la implementación de la misma en tres fases: La expropiación de 238 latifundios mayores de 500 hectáreas que ocupaban 218, 000 hectáreas es decir un 15% de la tierra agrícola del país.

La segunda fase contemplaba la expropiación de 1,750 hectáreas (23% de la tierra cultivable) que representaba las dos terceras partes de la tierra destinada a la producción de café.

Y la última fase era la implementación del programa “La tierra a los que la trabajan” que implicaba que los patronos dieran a los campesinos la tierra que estos habían trabajado en arrendamiento por muchos años

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Palabras de Arturo Armando Molina sobre la Reforma Agraria

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Palabras de Arturo Armando Molina sobre la Reforma Agraria

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Se entenderá por reforma agraria la transformación de la estructura agraria del país y la incorporación de su población rural al desarrollo económico, social y político de la nación mediante la sustitución del sistema latifundista por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra, basada en la equitativa distribución de la misma, la adecuada organización del crédito y la asistencia integral para los productores del campo a fin de que la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad”.

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Mejoramientos en el Gobierno de Arturo Armando Molina

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Mejoramientos en el Gobierno de Arturo Armando Molina

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+Mejoramiento de las condiciones sociales de vida de la población. (Plan de Desarrollo Economico y Social) Este plan propondria trasladar una parte de las ganancias de la agro-exportación a pequeñas y medianas empresas y así mejorar la economía nacional, temas como:
- EXPANSIÓN DE LAS “ZONAS FRANCAS” Y FINANCIAMIENTO EXTERNO POR MEDIO DE PRESTAMOS.
-INCREMENTO DEL (ISI)
-PROMOCIÓN DEL TURISMO.
-REGULACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA; CON EL PROPÓSITO DE PROTEGER AL EMPRESARIO SALVADOREÑO.
-LEYES DE SALARIO MÍNIMO.
-REFORMA AGRARIA PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS Y EL BIENESTAR DE LAS CLASES POBRES.

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La actual reforma agraria salvadoreña fue originalmente anunciada como el eje central del programa de reformas lanzado por el grupo de oficiales jóvenes y progresistas que con el apoyo de la embajada norteamericana tomaron el poder el 15 de octubre de 1979 constituyendo una junta cívico-militar con representantes de algunos partidos progresistas y de la universidad.