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FUNCIÓN: La función general de la rama ejecutiva del poder público es administrar al Estado mediante la aplicación de la ley. Es la institución estatal que, por medio de sus diferentes órganos, convierte en realidad las decisiones estatales de carácter general o particular; es, en definitiva, la que hace efectiva la ley, objetivo que logra emitiendo actos administrativos.

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FUNCIÓN: La función general de la rama ejecutiva del poder público es administrar al Estado mediante la aplicación de la ley. Es la institución estatal que, por medio de sus diferentes órganos, convierte en realidad las decisiones estatales de carácter general o particular; es, en definitiva, la que hace efectiva la ley, objetivo que logra emitiendo actos administrativos.

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Funciones del presidente
1. Jefe de Estado-> Se da cuando el presidente representa al país ante el exterior (fuero externo)

2. Jefe de Gobierno->  Se da cuando el presidente dirige y nombra a los ministros (gabinete presidencial) (fuero interno)

3. Jefe de las fuerzas armadas -> Sucede cuando algún país declara la guerra a Colombia y el presidente debe asumirlo

4. Máxima autoridad administrativa-> Son las gestiones cotidianas de políticas públicas, contratación pública.

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FUNCIÓN CONSTITUYENTE

Reformar la constitución

FUNCIONES LEGISLATIVAS

Hacer, modificar o derogar las leyes ( las normas )

FUNCIÓN NOMINATIVA

Elige ciertos funcionarios para ciertas funciones públicas con el fin de mantener el equilibrio de poderes.

Elige a los magistrados de la corte constitucional

Eligen a quien va a supervisar su proceso de construcción de leyes.

Elige al procurador, contralor y defensor del pueblo.

FUNCIONES DE CONTROL POLÍTICO

Realizar control a los funcionarios de la rama ejecutiva.

FUNCIÓN JUDICIAL

Sanción política a funcionarios ejecutivos por incompetencia o por vicios administrativos.

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FUNCIÓN DE LEGISLAR - NUEVO PROYECTO DE LEY ORDINARIA

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FUNCIÓN DE LEGISLAR - NUEVO PROYECTO DE LEY ORDINARIA

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A la espera de que se radique su ponencia en el Senado está un proyecto de ley mediante el cual se busca generar un alivio económico para los usuarios que necesiten ceder su tiquete aéreo a otra persona. Es decir, que no tengan que pagar una cuantiosa multa a la aerolínea por hacerlo.

La iniciativa de la senadora conservadora Nadia Blel establece que el pasajero no deberá pagar un costo más alto que la tarifa administrativa aplicable al boleto, la cual se encuentra actualmente en 31 mil pesos por trayecto.

"El billete o boleto de pasaje que se origine en Colombia podrá ser transferido libremente por su titular a un tercero. El cambio de pasajero, podrá generar un pago adicional fijo, cuyo monto no podrá ser superior al vigente para tarifa administrativa aplicable al billete o boleto, al momento de la transferencia", señala el proyecto.

Eso sí, establece que el titular deberá informar la transferencia al transportador con una antelación no menor a 36 horas para vuelos nacionales y 48 para internacionales, al horario fijado para la salida del vuelo.

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En uno de los parágrafos se establece que la transferencia podrá realizarse sobre uno o varios trayectos indicados en el pasaje y que cuando se haga sobre uno de los recorridos contenidos en el pasaje, el cambio de pasajero no será impedimento para realizar el siguiente por el titular inicial.

"En ningún caso la aerolínea podrá negar el embarque a un vuelo por no haber
utilizado los segmentos del trayecto total", dice la iniciativa.

Paralelo a lo anterior, en la iniciativa, que debe surtir un trámite de cuatro debates en el Congreso, se le fija un plazo de seis meses a la Aeronáutica Civil para regular lo concerniente a los cambios de rutas en los tiquetes aéreos.

En la exposición de motivos del proyecto se señala que muchas veces la persona que contrata dicho servicio, no puede hacer uso de su vuelo por cualquier motivo, y las condiciones de la tarifa que adquirió no admiten cambio de hora ni de día, lo que ocasiona la pérdida del boleto.

Por eso se establece que "es necesario actualizar y concretar algunos derechos mínimos con los que los pasajeros".

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Para la senadora autora del proyecto, "es extraño como algunas líneas aéreas y muchos aeropuertos, no tienen departamento de servicio al cliente, y si lo tienen, estos se reducen solamente a recibir reclamos o dar las garantías de los productos. Generalmente tienen poco personal, con un escaso conocimiento del producto y de los procedimientos administrativos de la empresa".

Pero también señala que las compañías redactan de manera unilateral
los términos del contrato, reservando para sí todos los derechos y a veces hasta se
eximen de responsabilidades frente a los pasajeros.

Igualmente se asegura en la exposición de motivos que algunas empresas se permiten la sobreventa o suspensiones de vuelos, limitan su responsabilidad por pérdida de equipajes, cobran cargos por cantidad de equipaje, por comida a bordo, mientras que si el pasajero no puede viajar en la fecha prevista "le aplican enormes y abusivas penalidades, o hacen malabares para obtener respuesta a reclamos o recibir reembolsos"

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Listo proyecto para que pasajes aéreos se puedan ceder sin pagar multa

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A la espera de que se radique su ponencia en el Senado está un proyecto de ley mediante el cual se busca generar un alivio económico para los usuarios que necesiten ceder su tiquete aéreo a otra persona. Es decir, que no tengan que pagar una cuantiosa multa a la aerolínea por hacerlo.

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Congreso elige al nuevo magistrado de Corte Constitucional

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Colombia: Senado realiza debate de control político al min. de Defensa

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Presidente Iván Duque decreta cuarentena en todo el territorio colombiano por coronavirus COVID-19

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Entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia.

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Autoridad administrativa y cumplimiento de leyes

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Autoridad administrativa y cumplimiento de leyes

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La Época- Con sentido de momento histórico

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La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso colombiano abrió una investigación preliminar contra Duque por las declaraciones de la excongresista Aída Merlano, que, desde Venezuela, aseguró que Duque era consciente de la red de compra de votos a su favor para las elecciones de 2018 en la región del Caribe.

Se han formulado dos denuncias contra el actual presidente: una por los delitos de coacción contra los votantes, por tráfico de votos y por tentativa de homicidio; y otra por denegación de funciones y presunto prevaricato.

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar en relación con las denuncias de Merlano, que aseguró que su fuga fue planeada por el empresario Julio Gerlein, personaje que habría financiado la red de compra de votos, y por miembros de la familia Char (un poderoso clan político del Caribe colombiano).

En los primeros días de febrero, Venezuela anunció que Merlano, acusada y condenada a 15 años de prisión por comprar votos para lograr un escaño en su país, fue detenida en la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia, por falsificación de documentos y usurpación de identidad, así como por la entrada ilegal en el territorio.

En una comparecencia ante la Justicia venezolana, Merlano, por voluntad propia, denunció que estaba siendo "perseguida" por orden de Duque, debido a que disponía de pruebas suficientes para hacer "caer" a varias figuras destacadas de la clase política de su país.

La exlegisladora colombiana solicitó protección a las autoridades venezolanas, tras afirmar que entró de manera ilegal en Venezuela ante la seguridad de que en Colombia iba a ser asesinada.

Su retorno a Colombia no ha sido posible debido a que Bogotá hizo la solicitud formal de extradición al diputado Juan Guaidó, al que reconoce como "presidente interino" de Venezuela, y no al Gobierno del mandatario Nicolás Maduro, que exigió a las autoridades colombianas a reactivar las relaciones consulares para ejecutar el procedimiento de extradición.

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Congreso de Colombia investiga a Iván Duque por compra de votos | La Época- Con sentido de momento histórico

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La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso colombiano abrió una investigación preliminar contra Duque por las declaraciones de la excongresista Aída Merlano, que, desde Venezuela, aseguró que Duque era consciente de la red de compra de votos a su favor para las elecciones de 2018 en la región del Caribe.

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La rama judicial del poder público constituye una pieza central en el funcionamiento del Estado y está encargada fundamentalmente de aplicar las normas para proteger los derechos, el cumplimiento de obligaciones y en general de solucionar conflictos para garantizar una convivencia pacífica.
Está constituida por:

1. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones:

1. De la Jurisdicción Ordinaria:

1. Corte Suprema de Justicia.

2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

3. Juzgados civiles, laborales, penales, penales para adolescentes, de familia, de ejecución de penas, de pequeñas causas y de competencia múltiple, y los demás especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley;

2. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo:

1. Consejo de Estado

2. Tribunales Administrativos

3. Juzgados Administrativos

4. De la Jurisdicción Constitucional:

1. Corte Constitucional;

5. De la Jurisdicción de Paz: Jueces de Paz.

2. La Fiscalía General de la Nación.

3. El Consejo Superior de la Judicatura.

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1. Jurisdicción Ordinaria, compuesta por la Corte Suprema de Justicia , los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Juzgados según su especialidad: busca dirimir conflictos y decidir controversias entre particulares a partir del derecho.

2. Jurisdicción Contenciosa Administrativa compuesta por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos, los Juzgados Administrativos: soluciona los conflictos que se presentan entre particulares y el Estado y al interior del Estado mismo.

3. Jurisdicción Constitucional, compuesta por la Corte Constitucional: vela por la supremacía de la Constitución Política Colombiana y el Estado de Derecho en todo el territorio Nacional.

4. Jurisdicción Disciplinaria , compuesta por el órgano de gobierno Judicial, El consejo Superior de la Judicatura : ejerce la función principal del (i) Consejo de Gobierno Judicial como el órgano de gobierno de la Rama Judicial, encargado de la definición de políticas públicas y (ii) la Gerencia de la Rama Judicial como órgano de administración, técnico y de ejecución, entre ellas de la actividad disciplinaria cuando se presenten faltas de esta índole por parte de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y también se encarga de administrar el presupuesto y la organización de la Rama Judicial. Véase el apartado: “REFORMA A LA JUSTICIA” APROBADA

5. Jurisdicción Especial conformada por jueces indígenas y jueces de paz. Sin embargo y de acuerdo con la sentencia C-713 de 2008 indica que la Jurisdicción penal militar y la jurisdicción indígena ejercen jurisdicción pero no hacen parte de la Rama Judicial.

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José David Castilla miércoles, 3 de abril de 2019

Penalizar la evasión fiscal habría dado facultades indebidas a la Dian.

El área gestión de conocimiento, de Mauricio Pava abogados, demandó por inconstitucional dos delitos que se crearon con la ley de financiamiento: omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes y el de defraudación o evasión tributaria.

Según argumentó el jurista, se le otorgaron facultades excesivas de discrecionalidad a la Dian; bajo la lógica argumentativa del derecho penal esto es inconstitucional.

Por otra parte, Mauricio Pava aseguró que se incumplió el requisito de contar con el concepto previo del Consejo de Política Criminal para una expedición técnica y responsable de las leyes penales.

El primer cargo de inconstitucionalidad de la demanda se fundamenta en que la norma fue aprobada sin que el Congreso hubiera solicitado un concepto previo al Consejo Superior de Política Criminal. En la sección 2, donde se desarrolla el primer cargo, se explica que dicho concepto debe ser solicitado por el Congreso, de acuerdo con la Ley 1709 de 2014 y la sentencia T-762 de 2015, que impartió una orden estructural al Congreso de la República. La omisión de ese concepto vulnera el artículo 151 de la Constitución, que señala la obligatoriedad de las leyes orgánicas en el trámite legislativo, y el artículo 243 de la misma, que establece la cosa juzgada constitucional.

Según informó el bufete penalista "el trámite de leyes que crean tipos penales, endurecen penas, e incluso, de manera novedosa, trasladan la titularidad de la acción penal a la DIAN, requiere de un concepto técnico del órgano rector de la política crimina en el país". Pava alerta que la ausencia de este requerimiento puede llevar al país para recaer en el llamado "populismo punitivo", con lo que se agravaría el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria, constatado por las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015.

En segundo lugar, la norma traslada la titularidad de la acción penal a la Dian y le otorga a dicha entidad la facultad omnímoda de decidir cuándo es o no "razonable" y "proporcional" ejercer la acción penal contra un contribuyente que ha incurrido en omisión de activos o defraudación.

En la sección 3, donde se desarrolla el segundo cargo, se recuerda que en Colombia rige el principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal, con apenas dos precisas excepciones: el principio de oportunidad y las facultades de selección y priorización en justicia transicional.

La norma demandada pretende crear un principio de oportunidad en cabeza de la DIAN, sin cumplir los requisitos de legalidad en la definición de las causales del principio de oportunidad y trasladando inconstitucionalmente la renuncia a la acción penal a una entidad de la Rama Ejecutiva. Además, crea unas facultades de selección y priorización por fuera del contexto de la justicia transicional.

Con esto, se vulneran el principio de separación de poderes, contenido en el artículo 113 de la Constitución, los requisitos del principio de oportunidad contemplados en el artículo 250 de la misma, y las estrictas condiciones para recurrir a los principios de selección y priorización de acuerdo con el artículo transitorio 66.

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Ante la Corte Constitucional demandaron contenido penal de la ley de financiamiento

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José David Castilla miércoles, 3 de abril de 2019 Penalizar la evasión fiscal habría dado facultades indebidas a la Dian. El área gestión de conocimiento, de Mauricio Pava abogados, demandó por inconstitucional dos delitos que se crearon con la ley de financiamiento: omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes y el de defraudación o evasión tributaria.

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La Procuraduría General de la Nación es la Entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías.
Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace a través de sus tres funciones misionales principales:
-Función preventiva:
Considerada la principal responsabilidad de la Procuraduría que esta empeñada en “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales.
-Función de intervención:
En su calidad de sujeto procesal la Procuraduría General de la Nación interviene ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa, Constitucional y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía. Su facultad de intervención no es facultativa sino imperativa y se desarrolla de forma selectiva cuando el Procurador General de la Nación lo considere necesario y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías fundamentales.
-Función disciplinaria:
La Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del estado, de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario ó Ley 734 de 2002.

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Alcalde local de Cartagena suspendido por compras irregulares

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Procuraduría suspendió a alcalde local de Cartagena por compras irregulares

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La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo por cuatro meses al alcalde de la localidad Histórica y del Caribe Norte de Cartagena, Luis Hernán Negrete, por irregularidades en la compra de insumos sanitarios y de protección durante la emergencia sanitaria generada por la covid-19.

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Además de los más de 6.000 muertos y cerca de 40.000 heridos que cada año dejan los accidentes de transporte en el país, según cifras de Medicinal Legal, estos siniestros también son causa de demandas y condenas contra el Estado.

La Nación enfrenta 1.579 demandas -con pretensiones por más de 2 billones de pesos- por accidentes causados por vías en mal estado y falta de señalización, según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), con corte al 31 de mayo.

(Lea también: Colombia enfrenta demandas por 424 billones de pesos)

La mayoría de estos procesos son contra el Invías, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por muertes, lesiones y daños a bienes ocasionados por falta de señalización, iluminación y vías en mal estado.

Aunque en el universo total de demandas contra la Nación -cerca de 400.000- los procesos por siniestros viales no son tantos, para el director de la Andje, Camilo Gómez Alzate, no deja de ser preocupante que la Nación termine demandada por situaciones evitables.

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Además, si bien la tasa de éxito de la Nación en las 1.055 demandas que ya terminaron es del 66,5 por ciento, con 702 procesos ganados y 353 perdidos, cada condena por estos hechos le sale al Estado entre 393 y 807 millones de pesos, según estadísticas de la Andje.

"Lo ideal es que no hubiera demandas por estas situaciones, pero esto depende de que la Nación o los concesionarios hagan mantenimiento vial, en ambos casos son temas que se pueden prevenir", dijo Gómez.

Alejandro Maya, exviceministro de Transporte y exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), explicó que el país viene haciendo grandes esfuerzos para garantizar el mejor estado vial, pero que aún falta más trabajo en tener infraestructura segura.

Comentó que las vías deberían estar en perfecto estado, pero que, ante accidentes porque no lo estén, la Nación es vulnerable a condenas que pagan todos los colombianos con recursos del presupuesto. "En la medida que las vías estén con mantenimiento adecuado, el país se podría ahorrar recursos importantes por estas demandas que llegan a diario", expresó.

Las estadísticas muestran que las demandas por accidentes viales por mal estado de vías o mala señalización vienen en aumento, pasando de 39 demandas interpuestas en 2011 a 191, en 2019; y además de los procesos actuales, con base en el estado de las vías del país, podrían llegar más casos.

La red vial nacional -sin contar vías secundarias y terciarias- está conformada por 16.575 kilómetros, de los cuales 10.580 km (63,8 por ciento) están a cargo del Invías, mientras que 5.995 km (36,2 %) los tiene la ANI, concesionados.

Juan Esteban Gil, director general del Invías, explicó que de las vías a cargo de esa entidad, a marzo de este año, solo el 41 por ciento de los 7.993 kilómetros que están pavimentados estaban en buen estado, mientras que el 59 por ciento restante se hallaba en estado regular o malo. Por otro lado, dijo que de los 2.582 km que no están pavimentados, el 90 por ciento se encontraba en estado regular o malo.

Las vías terciarias, que suman 142.284 km a lo largo del país, están en un 19,4 por ciento a cargo del Invías, y 80,6 por ciento, de los municipios. En este caso, de las vías a cargo del Invías, el 94 por ciento están en mal estado.

(Además: CICR alerta por aumento de agresiones a médicos que atienden pandemia)

Sobre esto, Gil dijo que el Gobierno trabaja en recuperar la transitabilidad en las vías rurales con la estrategia 'Colombia Rural', "enfocada en mantener y mejorar las condiciones de las vías terciarias, priorizando corredores que incrementen la productividad del campo en las regiones, al tiempo permite apoyar la red secundaria que está a cargo de las gobernaciones", comentó.

Añadió que se han intervenido más de 1.200 kilómetros en obras de mejoramiento de vías terciarias, distribuidos en el 70 por ciento de los municipios del país, con una inversión de $ 2,9 billones en estos casi dos años del gobierno actual.

Por su parte, en la ANI explicaron que de las vías a su cargo se destacan las buenas condiciones "gracias al mantenimiento y monitoreo permanente que los concesionarios realizan a las vías nacionales y que hace parte de su responsabilidad contractual".

Destacaron que algunas vías en las que hay actualmente mantenimiento para garantizar vías en perfectas condiciones son los proyectos 1G y 3G. También dijeron que en las vías 4G hay 22 proyectos en fase de construcción y avanzan en reactivar los proyectos pendientes "para mejorar las condiciones de algunos corredores con tramos que requieren pronta intervención".

En todo caso, aparte de una buena insfraestructura vial, tanto Maya como el director de la Andje concluyeron que se requieren otras medidas, como una educación vial adecuada, vehículos seguros, entre otros, que conjuntamente ayuden a reducir los incidentes que a diario ocurren en las vías del país y que, además de daños, heridos y muertos, le cuestan al país miles de millones en demandas.

Agencia Nacional de Seguridad Vial y municipios trabajan por bajar accidentes

La Agencia Nacional de Seguridad Vial adelanta varias estrategias para disminuir la accidentalidad. Una es 'Pequeñas grandes obras', programa de intervenciones de bajo costo y alto impacto en vías urbanas y rurales para disminuir el riesgo de lesiones y muertes en accidentes.

Este año, los entes territoriales postularon 1.284 puntos críticos distribuidos en 196 municipios y 24 departamentos para el programa.

Además, a través de consejos territoriales de seguridad vial se trabaja para que los departamentos y municipios gestionen sus políticas públicas en esta materia. Igualmente, se realizan acciones de sensibilización con actores viales como motociclistas, que según las estadísticas son los que más están involucrados en siniestros viales.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
Redactora de Justicia
En Twitter: @MIOF_
justicia@eltiempo.com

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Por accidentes viales, Estado enfrenta demandas por $ 2 billones

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Además de los más de 6.000 muertos y cerca de 40.000 heridos que cada año dejan los accidentes de transporte en el país, según cifras de Medicinal Legal, estos siniestros también son causa de demandas y condenas contra el Estado.

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Un mes después de la muerte de Javier Ordóñez, se resolvió el conflicto sobre si la investigación contra dos patrulleros del CAI Villa Luz en Bogotá se quedaba en la justicia penal militar o en la ordinaria. La Fiscalía ganó el pulso.

La investigación de los hechos en los que murió el estudiante de derecho Javier Ordóñez, el pasado 9 de septiembre, en Bogotá, estará en cabeza de la Fiscalía 94 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, es decir, se resolverán en la justicia ordinaria. Así lo determinó la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura este viernes cuando se cumple exactamente un mes desde que se efectuó el procedimiento policial que habría provocado la muerte del ciudadano.

La Judicatura resolvió así el conflicto de jurisdicciones que había surgido entre esa Fiscalía y el Juzgado143 de Instrucción Penal Militar de Bogotá para conocer el proceso penal que se adelanta en contra de los patrulleros Harby Damian Rodríguez y Juan Camilo Lloreda Cubillos adscritos a la Policía Nacional - CAI Villa Luz por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada contra Javier Ordóñez. La actuación de los uniformados quedó registrada en videos que fueron conocidos por todo el país y despertó una ola de indignación social que terminó en jornadas de protestas, movilizaciones violentas y exceso de fuerza por parte de la Policía Nacional.

En la madrugada del 9 de septiembre, Javier Ordóñez fue requerido por dichos uniformados quienes, según testigos y grabaciones de ciudadanos, le propinaron descargas eléctricas en reiteradas oportunidades hasta ser reducido y trasladado al CAI Villa Luz, ubicado en el occidente de Bogotá (Engativá). En ese lugar Ordóñez habría recibido más golpes y agresiones por parte de los uniformados hasta quedar en un estado de salud de tal gravedad que tuvo que ser trasladado por urgencias a una clínica cercana donde llegó sin signos vitales. Minutos después de su llegada se confirmó su muerte.

"se observaba una actuación inicial por parte de los uniformados consistente en propinarle descargas eléctricas al ciudadano Javier Ordóñez, existiendo un claro uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes involucrados, pues no obstante estar este ciudadano ya controlado por los uniformados continuaron propinándole dichas descargas, excediendo totalmente el ámbito de sus funciones constitucionales y legales y es precisamente ese actuar desproporcionado el que rompe cualquier nexo de causalidad con el servicio que para el día 9 de septiembre de 2020 prestaban los uniformados Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda", consideró la Judicatura. (Lea también: "Le dije a mi compañero que no le pegara más a Javier Ordóñez", admite patrullero)

En ese sentido, señaló esa corporación que con las pruebas que fueron entregadas al proceso se evidencia con claridad que no existe la relación del hecho investigado penalmente con la prestación del servicio y que no puede admitirse que una actuación "totalmente desproporcionada, excesiva y alejada de las funciones constitucionales legales de los miembros de la Fuerza Pública, se considere como un acto de servicio". Insistió la Judicatura que, por el contrario, el procedimiento va en contravía de los derechos de los ciudadanos y desconoce por completo los protocolos para el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado que, bajo ninguna circunstancia, pueden ser asignadas a la justicia Castrense.

La Sala fue enfática al manifestar que no hay ninguna prueba en el expediente que conecte la conducta que desplegaron los uniformados esa noche, con el servicio, tareas o funciones que se les encomendaron. Finalmente, la Judicatura aclaró que no es aplicable como precedente la decisión que se tomó por la muerte de Dilan Cruz Medina, porque "los hechos en los que resultó lesionado el joven Dilan Cruz tuvieron como génesis una manifestación que se tornó violenta y que requirió de la participación de la Policía Nacional para dispersarla, luego la actuación del uniformado involucrado en los hechos sí se dio como consecuencia de un acto del servicio".

Concluyó que en, por el contrario, en este caso la actuación de los uniformados traspasó esa línea que existe para poder asignar un asunto a la justicia penal militar, pues "al atacar de manera reiterada a un ciudadano desarmado, esposado y reducido, golpeándolo y propinándole descargas eléctricas pese a sus súplicas para que se detuvieran, se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones y justamente ese uso excesivo de la fuerza desproporcionado e irracional es lo que rompe cualquier nexo con el servicio que como miembros de la Policía prestaban". (Le puede interesar: Los patrulleros actuaron aunque Javier Ordóñez decía "por favor, no más": Procuraduría)

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El caso Javier Ordóñez lo investigará la justicia ordinaria

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Un mes después de la muerte de Javier Ordóñez, se resolvió el conflicto sobre si la investigación contra dos patrulleros del CAI Villa Luz en Bogotá se quedaba en la justicia penal militar o en la ordinaria. La Fiscalía ganó el pulso.

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En una sesión extraordinaria, cuatro de los magistrados de la corporación decidieron que la justicia penal militar debe juzgar al general Yanine y a otros tres militares, investigados por incurrir presuntamente en los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado.

Se trata, además del general Yanine, del coronel (r) Hernando Navas Rubio, del mayor (r) Oscar Jesús Echandía Sánchez y el sargento (r) Otoniel Hernández Arciniegas.

La tesis de los juristas Miryam Donato, Rómulo González, Leovigildo Bernal y Enrique Camilo Noguera es que los miembros de las Fuerzas Militares deben ser juzgados por la justicia castrense.

En su criterio, la Carta señala que de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar .

Según los cuatro juristas, está demostrado en el proceso que las supuestas irregularidades por las cuales se investiga al general (r) Yanine, y a los otros tres militares, ocurrieron cuando se desempeñaba como militar activo.

Las investigaciones contra Yanine se iniciaron después de que el señalado paramilitar Alonso de Jesús Baquero, Vladimir , lo vinculó como presunto promotor de grupos paramilitares y masacres en el Magdalena Medio, cuando el oficial era comandante de la Segunda División del Ejército.

La Fiscalía dictó la medida contra el general Yanine por los hechos que rodearon la muerte de 19 comerciantes en 1987. En esa época, Yanine se desempeñaba como director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.

El debate Ahora, tras la determinación de la Sala Disciplinaria, la Fiscalía deberá dejar a disposición de la justicia penal militar al general (r) Yanine.

La decisión en el caso del general (r) Yanine la adoptó la corporación ayer en la mañana. A la deliberación, según la presidenta de la Sala Disciplinaria, Miryam Donato, no asistieron los magistrados Edgardo Maya y Alvaro Echeverry.

La doctora Amelia Mantilla que estaba ahí en la sala cuando fuimos a tratar ese caso, pues dijo que se retiraba y que volvía al siguiente, que eran tutelas , explicó Donato a EL TIEMPO.

Consultada por este diario, la magistrada Mantilla explicó que se retiró de la sesión porque de manera sorpresiva se incluyó en el orden del día un tema que no estaba previsto (ver nota anexa).

En la práctica, Mantilla, Echeverry y Maya son los magistrados que no estaban de acuerdo con entregar el proceso del general (r) Yanine a la justicia penal militar. El caso, a su juicio, debía mantenerlo la Fiscalía.

Los argumentos La tesis de los juristas Amelia Mantilla, Edgardo Maya y Alvaro Echeverry es que la justicia penal militar es competente para juzgar a los militares en servicio activo, pero sólo cuando se trate de hechos que tengan directa relación con el servicio.

El criterio de Mantilla, Maya y Echeverry se apoya, incluso, en una providencia de la Corte Suprema de Justicia de julio de 1995.

El concepto de la Corte Suprema es que el fuero militar sólo cobija a los miembros de la Fuerza Pública cuando el delito imputado se haya realizado en actividades que guarden relación con el mismo servicio . Invocar el fuero castrense en forma diferente equivale a suplantar el orden constitucional .

Según la Corte Suprema, el fuero sólo se debe aplicar y justificar en el campo estricto del servicio militar . Aquellas conductas cubiertas por el fuero, dijo, están determinadas por las reglas del servicio que la Carta estableció para cada institución armada, lo demás debe considerarse como delitos comunes de competencia de la justicia ordinaria.

La suerte del expediente del general Yanine se definió en uno de los momentos más críticos entre los magistrados. Divididos en dos bandos: cuatro a tres, se acusan unos a otros o de dejarse manipular por las organizaciones de derechos humanos o de favorecer a militares a quienes se les acusa de pertenecer al paramilitarismo.

Los argumentos de los magistrados Mantilla, Maya y Echeverry suscitaron un enfrentamiento en la Sala Disciplinaria. Incluso uno de sus colegas, Enrique Camilo Noguera, se fue lanza en ristre contra el bloque minoritario.

En una constancia, divulgada en su momento por EL TIEMPO, Noguera indicó que la Sala Disciplinaria no puede ser objeto de presiones indebidas, ni muchos menos ser colocada en una posición de aparente parcialidad en favor de los miembros de las Fuerzas Militares .

No asistieron tres magistrados Doctora Donato, cómo interpreta la ausencia de tres magistrados a la sesión del caso Yanine? El doctor Alvaro Echeverry no asistió a las dos salas que hemos citado para estudiar el caso del general Yanine; él se ha disculpado, no sé la razón. En el caso del doctor Edgardo Maya, él fue el que convocó la sala y hoy alguien dijo que estaba enfermo, pero no me ha informado ninguna excusa. La doctora Amelia Mantilla que estaba ahí en la sala cuando fuimos a tratar ese caso, pues dijo que se retiraba y que volvía al siguiente, que eran tutelas. De manera que no puedo saber qué piensan, pero me parece que no es el mejor camino. No creo que haya sido por sabotear la sesión.

Por qué tanta división sobre el fuero militar? Cada caso hay que contemplarlo de modo aparte. Es muy común que en toda corporación haya salvamentos. En su momento hubo una constancia de un magistrado, creo que en este momento fue un mal entendido y fue de parte y parte; no podemos decir que fue una sola parte. Eso no volverá a ocurrir.

Cada uno asume su proyecto como propio, pero lo pierde como ajeno; eso es un dicho, pero la Sala sigue igual de unida como siempre.

No sé cuál es la prisa : Mantilla Doctora Mantilla, por qué se ausentó de la sesión cuando se iba a discutir el caso Yanine? De acuerdo con el reglamento, se necesita cuatro votos para aprobar un proyecto. También según el reglamento se pueden pedir adiciones de otros temas, pero lo que me parece es que para un caso de tanta trascendencia, como el del general Yanine, había que analizar las cosas con más cuidado.

Hubo prisa? No sé cuál es la prisa para haber fallado ese caso hoy sin haber sido convocado para sala.

Pero por qué se salió de la sala? En las convocatorias no está el tema del general Yanine. Yo me salí de la sala porque no estuve de acuerdo con que se incluyera en la sesión un negocio que no estaba en el orden del día y, segundo, porque no estaban todos los magistrados para decidir un caso de esa trascendencia. Faltaban los magistrados Alvaro Echeverry y Edgardo Maya.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Juan Carlos Esguerra, dijo ayer que no puede aceptar la insinuación de que la justicia penal militar es síntoma o sinónimo de impunidad, por el contrario es una justicia especializada y obedece a una serie de razones y tan respetable como cualquiera otra .

Respecto al fallo, Esguerra dijo que es el resultado de lo que señala la Constitución. La Carta dice que en cuanto se trate de militares y de policías y de actos relacionados con el servicio su juzgamiento le corresponde a la justicia penal militar. De manera que lo que ha definido el Consejo Superior de la Judicatura ha sido definido en los procesos términos consagrados en la Constitución .

El magistrado Edgardo Maya advierte que los conflictos de competencia que resuelve la corporación no tienen carácter antimilitar ni militarista, sino que son verdaderas decisiones judiciales .

Según Maya, es normal que en una corporación se registren diferencias de criterios.

Esto, dijo, no significa bajo ningún aspecto que la toma de decisiones implique pugnacidad o controversia diferentes a las de carácter estrictamente jurídico, propias de los jueces en un Estado Social Democrático .

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CASO DE FARUK YANINE PASÓ A JUSTICIA MILITAR

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La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura remitió ayer el caso del general Faruk Yanine a la justicia penal militar, sin que los tres magistrados que se oponían a la decisión hubiesen tomado parte en el debate. | Archivo | ElTiempo.com

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La Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que: "El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación".
¿Cuáles son las funciones de la contraloría?
Evalúa los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado, al determinar si adquieren, manejan y/o usan los recursos públicos dentro del marco legal, sujetos a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad ambiental.

Examina la razonabilidad de los estados financieros de los sujetos de control fiscal y determina en qué medida logran sus objetivos y cumplen sus planes, programas y proyectos.

Tiene a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares que causen, por acción o por omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado.

Impone las sanciones pecuniarias que correspondan y las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal. Procura, igualmente, el resarcimiento del patrimonio público.
En ejercicio de la denominada jurisdicción coactiva, intenta recuperar los recursos y bienes públicos que han sido objeto de deterioro como resultado de su mala administración o que han sido apropiados en forma indebida por los funcionarios o por los particulares. Adicionalmente, la Contraloría General de la República genera una cultura de control del patrimonio del Estado y de la gestión pública. El organismo fiscalizador promueve la transparencia en el uso de los recursos públicos, mediante un proceso estratégico y focalizado en aquellas entidades y/o áreas de alto riesgo previamente identificadas .La CGR vincula activamente a la ciudadanía en el control de la gestión pública y apoya técnicamente al Congreso de la República para el ejercicio del control político y el desarrollo de la función legislativa.

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La Contraloría General de la República encontró en una auditoría que los diseños contratados no corresponden a lo ejecutado.

La Contraloría General adelanta una investigación en el municipio El Rosal (Cundinamarca), pues en una jornada de auditoría encontró que hay una presunta incidencia fiscal y disciplinaria en la construcción de un centro de salud.

De acuerdo con el ente de control, el proyecto de infraestructura contaba con un presupuesto de $2.453 millones, producto de las regalías. Sin embargo, hay incongruencias en la ejecución de $1.906 millones.

Lo anterior es porque posiblemente los diseños contratados para la construcción no corresponden con los que se están haciendo, por lo que, supuestamente, habría detrimento de los recursos públicos debido a que hay deterioro prematuro de los trabajos adelantados.

>>> Lea: Procuraduría investiga a dos funcionarias de la Secretaría de Hacienda de Pulí (Cundinamarca)

"El informe de auditoría menciona los ajustes y modificaciones realizados al proyecto y las versiones secuenciales de los diseños, (planos) con aprobación de las autoridades competentes, (Secretaria de Planeación municipal, Secretaría de Salud del departamento, el OCAD, etc.)", aseguró la Contraloría.

En esa línea, la conclusión a la que se llegó luego de cuatro visitas y controles es que " la obra es antieconómica, ineficaz e ineficiente ", según la entidad. Ahora, la infraestructura del centro se encuentra avanzada en un 65%, pero por las presuntas ejecuciones irregulares, no está operando.

* * *
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Investigan irregularidades en construcción de centro de salud en El Rosal (Cundinamarca)

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La Contraloría General de la República encontró en una auditoría que los diseños contratados no corresponden a lo ejecutado. La Contraloría General adelanta una investigación en el municipio El Rosal (Cundinamarca), pues en una jornada de auditoría encontró que hay una presunta incidencia fiscal y disciplinaria en la construcción de un centro de salud.

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2020-09-14 23:52:19

El procurador general de la nación Fernando Carrillo Flórez dijo que Colombia está viviendo momentos oscuros en orden público y en materia social, que pueden llevar a naufragar a la institucionalidad colombiana. Exhortó al Gobierno para que lidere consensos y permitan lograr las reformas políticas, económicas y sociales que preserven el Estado Social de Derecho instaurado en la Constitución.

"Esta es una gran prueba de fuego para la democracia, para el Estado de Derecho y si nos seguimos equivocando, pensando en los extremismos y los radicalismos, en esta tormenta tan salvaje que estamos viviendo, no vamos a llegar a puerto seguro, vamos a naufragar", advirtió el jefe del Ministerio Público Fernando Carrillo Flórez, a través de 6 A M Hoy por Hoy de Caracol Radio y que dirige Gustavo Gómez.

Fue contundente en cuestionar el destino que el Gobierno le está dando a los casi $30 billones destinados para atender la pandemia del coronavirus y advirtió que en Colombia ya hay más de 8 millones más de pobres, "y uno se pregunta a dónde están llegando los recursos de la pandemia?", se interrogó el procurador Carrillo Flórez.

Destacó el jefe del Ministerio Público que "el país necesita en estas horas aciagas grandes acuerdos nacionales. El Gobierno debe interpretar el momento histórico que se está viviendo y convocar a actores sociales y políticos a consensos. Requiere por lo menos intentarlo, suena como utópico por la radicalización de las posiciones frente a todo, pero es la única fórmula para salir adelante".
Reforma no es debilitar la Policía
El Procurador Carrillo Flórez dijo que se adelanta la investigación por los hechos de la fuerza policial y que llevaron no solo la muerte del abogado Javier Ordoñez, sino también a 13 personas más por los hechos vandálicos en las manifestaciones la semana anterior.

Dijo que la alcaldesa de Bogotá al visitarlo en su despacho le entregó 119 denuncias donde hay más o menos 65 hechos donde hubo utilización de arma de fuego, lo que es absolutamente preocupante", afirmó Carrillo quien señaló que no se puede anticipar a los resultados de dicha investigación, pero agregó que se debe minimizar el daño que se le hace a otra persona utilizando ese tipo de armas y que causaron la muerte al ciudadano Ordoñez.

Al insistir en buscar la necesidad de consensos para resolver cómo pueden salir fortalecidas las instituciones, el procurador Carrillo Flórez fue enfático en manifestar que "Lo mínimo que se quiere es no debilitar la policía y lo mínimo que se quiere es una policía mucho más civil, más moderna, más humana, más transparente y mucho más dispuesta a responder".

El jefe del Ministerio Público afirmó que no ha recibido el informe de la necropsia y dijo que esos informes forenses son esenciales. "Además de la carta al Ministro de Defensa se le solicitó al Director de la Policía, por parte de nuestro Procurador Delegado de la Fuerza Pública, la relación pormenorizada del inventario de todas esas armas que se usaron esa noche, cómo se usaron, de qué munición, de qué tipo de proyectiles, qué explosivos, en fin, de lo que fue ese despliegue, quiénes lo usaron, dónde los reclamaron y qué relación tiene de causalidad con las muertes de ese 9 de septiembre, es decir, definir si hubo uso arbitrario o abusivo de la fuerza o en algunos casos si fue en legítima defensa".

Carrillo Flórez dijo que la reforma a la institución policial se ha tratado desde hace 30 años en la Asamblea Nacional Constituyente para que fuera un cuerpo civil. "La policía tiene naturaleza civil y por ende cualquier tipo de relación con lo militar tiene que ser absolutamente excepcional", afirmó tras destacar que en el caso particular de acciones que se salen de la prestación del servicio, que no tiene una relación de causalidad con el ejercicio, por supuesto no tiene por qué cobijarlo la justicia penal militar. Eso nos remite, a la necesidad de reformas".

Agregó que la policía es una institución capital para la democracia, por eso dijo que es la hora de armar un espacio, convocar a las fuerzas sociales, políticas, a examinar y definir si debe pertenecer al ministerio del interior o al de defensa, o como lo han hecho en otros países, creando un Ministerio de Seguridad Ciudadana.

"Darle el tono y naturaleza de carácter civil porque no es una fuerza militar, es una fuerza que debe estar al lado de la ciudadanía, respetando los DH HH, cumpliendo a cabalidad con todos esos compromisos internacionales", manifestó el Jefe del Ministerio Público, quien fue categórico en afirmar que la policía "no está preparada para manejar la protesta social".
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2020 Redacción Ecos Nacional.

El procurador general de la nación Fernando Carrillo Flórez dijo que Colombia está viviendo momentos oscuros en orden público y en materia social, que pueden llevar a naufragar a la institucionalidad colombiana. Exhortó al Gobierno para que lidere consensos y permitan lograr las reformas políticas, económicas y sociales que preserven el Estado Social de Derecho instaurado en la Constitución.

"Esta es una gran prueba de fuego para la democracia, para el Estado de Derecho y si nos seguimos equivocando, pensando en los extremismos y los radicalismos, en esta tormenta tan salvaje que estamos viviendo, no vamos a llegar a puerto seguro, vamos a naufragar", advirtió el jefe del Ministerio Público Fernando Carrillo Flórez, a través de 6 A M Hoy por Hoy de Caracol Radio y que dirige Gustavo Gómez.

Fue contundente en cuestionar el destino que el Gobierno le está dando a los casi $30 billones destinados para atender la pandemia del coronavirus y advirtió que en Colombia ya hay más de 8 millones más de pobres, "y uno se pregunta a dónde están llegando los recursos de la pandemia?", se interrogó el procurador Carrillo Flórez.

Destacó el jefe del Ministerio Público que "el país necesita en estas horas aciagas grandes acuerdos nacionales. El Gobierno debe interpretar el momento histórico que se está viviendo y convocar a actores sociales y políticos a consensos. Requiere por lo menos intentarlo, suena como utópico por la radicalización de las posiciones frente a todo, pero es la única fórmula para salir adelante".
Reforma no es debilitar la Policía
El Procurador Carrillo Flórez dijo que se adelanta la investigación por los hechos de la fuerza policial y que llevaron no solo la muerte del abogado Javier Ordoñez, sino también a 13 personas más por los hechos vandálicos en las manifestaciones la semana anterior.

Dijo que la alcaldesa de Bogotá al visitarlo en su despacho le entregó 119 denuncias donde hay más o menos 65 hechos donde hubo utilización de arma de fuego, lo que es absolutamente preocupante", afirmó Carrillo quien señaló que no se puede anticipar a los resultados de dicha investigación, pero agregó que se debe minimizar el daño que se le hace a otra persona utilizando ese tipo de armas y que causaron la muerte al ciudadano Ordoñez.

Al insistir en buscar la necesidad de consensos para resolver cómo pueden salir fortalecidas las instituciones, el procurador Carrillo Flórez fue enfático en manifestar que "Lo mínimo que se quiere es no debilitar la policía y lo mínimo que se quiere es una policía mucho más civil, más moderna, más humana, más transparente y mucho más dispuesta a responder".

El jefe del Ministerio Público afirmó que no ha recibido el informe de la necropsia y dijo que esos informes forenses son esenciales. "Además de la carta al Ministro de Defensa se le solicitó al Director de la Policía, por parte de nuestro Procurador Delegado de la Fuerza Pública, la relación pormenorizada del inventario de todas esas armas que se usaron esa noche, cómo se usaron, de qué munición, de qué tipo de proyectiles, qué explosivos, en fin, de lo que fue ese despliegue, quiénes lo usaron, dónde los reclamaron y qué relación tiene de causalidad con las muertes de ese 9 de septiembre, es decir, definir si hubo uso arbitrario o abusivo de la fuerza o en algunos casos si fue en legítima defensa".

Carrillo Flórez dijo que la reforma a la institución policial se ha tratado desde hace 30 años en la Asamblea Nacional Constituyente para que fuera un cuerpo civil. "La policía tiene naturaleza civil y por ende cualquier tipo de relación con lo militar tiene que ser absolutamente excepcional", afirmó tras destacar que en el caso particular de acciones que se salen de la prestación del servicio, que no tiene una relación de causalidad con el ejercicio, por supuesto no tiene por qué cobijarlo la justicia penal militar. Eso nos remite, a la necesidad de reformas".

Agregó que la policía es una institución capital para la democracia, por eso dijo que es la hora de armar un espacio, convocar a las fuerzas sociales, políticas, a examinar y definir si debe pertenecer al ministerio del interior o al de defensa, o como lo han hecho en otros países, creando un Ministerio de Seguridad Ciudadana.

"Darle el tono y naturaleza de carácter civil porque no es una fuerza militar, es una fuerza que debe estar al lado de la ciudadanía, respetando los DH HH, cumpliendo a cabalidad con todos esos compromisos internacionales", manifestó el Jefe del Ministerio Público, quien fue categórico en afirmar que la policía "no está preparada para manejar la protesta social".
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2020 Redacción Ecos Nacional.

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Procurador Carrillo advierte el peligro que corre la institucionalidad colombiana

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Agregó que la policía es una institución capital para la democracia, por eso dijo que es la hora de armar un espacio, convocar a las fuerzas sociales, políticas, a examinar y definir si debe pertenecer al ministerio del interior o al de defensa, o como lo han hecho en otros países, creando un Ministerio de Seguridad Ciudadana.

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Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

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Contraloría no encontró sobrecostos en pruebas de covid-19 en Bogotá

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En la plenaria de la Cámara se había hecho la denuncia por un supuesto detrimento patrimonial pero las pruebas nunca llegaron y por eso la Contraloría cerró la indagación.

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Faltó la función de máxima autoridad de las fuerzas armadas

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Faltó la función de máxima autoridad de las fuerzas armadas

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Faltó la función de revisión discrecional de tutela

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Faltó la función de revisión discrecional de tutela