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Personas solteras
Los conjugues conjuntamente
El guardador al pupilo o ex pupilo etc

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Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

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Ser plenamente capaz. Tener mínimo 25 años cumplidos. Tener al menos 15 años más que el adoptable.

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José González Bell - jgonzalez@larepublica.com.co sábado, 23 de noviembre de 2019

Lo que debe saber es que la cuota de alimentos se puede fijar por la vía del diálogo o a través de un juzgado.

Una de las consecuencias de la separación de una pareja es determinar su responsabilidad frente a los hijos. En este sentido, quien no viva con el menor, deberá pagar mensualmente una cuota alimentaria, que debe cobijar todo lo necesario para el desarrollo y formación integral del niño, es decir, comida, educación, atención médica, vestuario, recreación y habitación.

De acuerdo con los expertos consultados, es muy común que los padres de familia sean quienes evaden esta responsabilidad. Por esto, Asuntos Legales indicó cuál es el proceso para establecer la cuota alimentaria de os menores y qué hacer en caso de incumplimiento.

Lo que debe saber es que la cuota de alimentos se puede fijar por la vía del diálogo o a través de un juzgado. La primera se puede hacer en una defensoría o comisaría de familia donde se establece el acuerdo de manera legal y queda registrado.

Si decide entablar una demanda para fijar la cuota lo debe hacer ante el juzgado de familia, o un juez civil. Para establecer el monto que se deberá entregar mensualmente, el juez evaluará los gastos reales y actuales del menor, así como también analizará los ingresos del padre, su sueldo, su patrimonio, su estilo de vida, entre otros factores. La ley colombiana no exige un monto mínimo para la cuota alimentaria. Sin embargo, el año pasado un proyecto de ley pretendía establecer $260.000 como piso.

Ahora bien, en ese análisis también entran los ingresos de la madre. Según Jimmy Jiménez, abogado de familia de Integrity Legal, la cuota debe ser justa y no puede estar orientada hacia el enriquecimiento de quien tiene la custodia.
"Si un niño gasta $1 millón mensualmente, no se puede pretender que la cuota alimentaria sea más que eso. Hay abogados que dicen que la cuota de alimentos debe ser 50/50. Sin embargo, esto vulnera el criterio de equidad y es que quien más gana debe hacer un aporte mayor. En promedio, la cuota es de entre 20% y 30% del nivel de ingresos del padre o la madre, he visto de 50%, pero es muy raro", expresó el experto.

La cuota deberá ser ajustada cada año a partir del primero de enero, a través del porcentaje del índice de precios al consumidor (IPC) y se tendrá que pagar hasta los 25 años de edad, al menos de que se demuestre que el hijo puede mantenerse por sí solo.

Ahora bien, si alguna de las dos partes no quiere pagar la cuota alimentaria, se puede usar dos tipos de acciones. Una demanda ejecutiva de alimentos ante el juez de familia, quien podrá embargar los bienes y hasta 50% del salario, e incluso impedir la salida del país.

Así mismo, se puede hacer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. En Colombia, no pagar lo establecido es un delito llamado inasistencia alimentaria.

Jorge Enrique Peralta, director de la firma Peralta y Asociados Abogados, indicó que por cometer este acto la persona será condenado a pena privativa de la libertad. "La pena será de prisión de 32 a 72 meses y multa de 20 a 37,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor", establece el Código Penal.

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Conozca cómo se fija una cuota alimentaria de un hijo y las sanciones si la incumple

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José González Bell - jgonzalez@larepublica.com.co sábado, 23 de noviembre de 2019 Lo que debe saber es que la cuota de alimentos se puede fijar por la vía del diálogo o a través de un juzgado. Una de las consecuencias de la separación de una pareja es determinar su responsabilidad frente a los hijos.

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Finalidad  del sistema de responsabilidad penal

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Finalidad  del sistema de responsabilidad penal

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Debe garantizar
Justicia restaurativa
Verdad
Reparación del daño

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(diciembre 19)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

MEMORANDO

10400/

PARA:

Director Regional ICBF Cauca

ASUNTO:

Consulta sobre mayores de 18 años que cumplieron pena impuesta por Juez Penal en establecimiento carcelario y son remitidos al ICBF para cumplir sanción pendiente en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

De manera atenta, en relación con el asunto de la referencia, en los términos previstos en los artículos 26 del Código Civil, 13 y ss. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 6 o, numeral 4, del Decreto 987 de 2012, se responde la solicitud de concepto definitivo sobre el caso en cuestión, en los siguientes términos:

1. PROBLEMA JURÍDICO

¿Deben los mayores de 18 años que cumplieron pena impuesta por el Juez Penal en establecimiento carcelario cumplir la sanción que tienen pendiente en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes?

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO

Se abordara el tema analizando: 2.1. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 2.2. La finalidad de las sanciones y del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 2.3. Adolescentes que cumplen la mayoría de edad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 2.4. Caso concreto.

2.1 El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Con la aprobación de la Convención Internacional sobre los derechos del niño por parte del Estado Colombiano, mediante Ley 12 de 1991, se modifica la perspectiva de la infancia y adolescencia en Colombia, y se introduce una filosofía garantista y proteccionista, teniendo como horizonte el interés superior del niño, "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". [1]

Así las cosas, el Estado Colombiano vio la necesidad de armonizar su legislación interna con la Convención Internacional sobre los derechos del niño, por lo cual, el artículo 44 de la Constitución Política estableció los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, y una protección reforzada para éstos; en este mismo sentido, el Código de Infancia y Adolescencia,[2] consolida la protección integral para niños, niñas y adolescentes, estableciendo principios rectores como son la naturaleza e interpretación de las normas, el interés superior del niño, niña y adolescente, la corresponsabilidad de la familia la sociedad y el estado, y la prevalencia y exigibilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Bajo esta premisa se constituye en Colombia el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes como "el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.[3]

Con respecto al procedimiento judicial aplicable para los adolescentes el Código de Infancia y Adolescencia estableció en su artículo 144 que salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en ese Código, el procedimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (sistema penal acusatorio), exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente.

Así las cosas, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes propone un cambio de paradigma en el sistema jurídico penal para los menores de edad que implica transformaciones institucionales y comportamentales para desarrollar su naturaleza y armonizar la oferta institucional, haciendo prevalecer una nueva comprensión de los niños, niñas y adolescentes como sujetos responsables de derechos y ciudadanos activos; así como la familia, la sociedad y las instituciones como actores corresponsables de este ejercicio.

2.2 La finalidad de las sanciones y del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes tiene como finalidad la aplicación de un proceso penal pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de adultos, garantizando así una justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño por parte del adolescente, teniendo como principio rector de las autoridades judiciales la aplicación preferente del principio de oportunidad, acorde con el principio de protección integral.

En éste sistema la sanción impuesta al adolescente no tiene una finalidad retributiva sino pedagógica. Su ejecución debe contribuir a la formación de un ciudadano responsable, razón por la cual, el sentido de la sentencia y la imposición de la misma sanción no tienen otra finalidad que restablecer sus derechos vulnerados y su inclusión social, por lo anterior, los Jueces tienen en cuenta las condiciones particulares y diferenciales de cada adolescente, como del conflicto, con el fin de favorecer la finalidad pedagógica, protectora y restaurativa del sistema, contando con la corresponsabilidad de la familia.

Los adolescentes en conflicto con la ley penal gozan de la misma protección a la que tienen derecho todos los niños, las niñas y los adolescentes, por parte de la familia, la sociedad y el Estado, y en tal virtud, el Defensor de Familia conserva la potestad para dictar las medidas de protección que considere pertinentes para lograr la protección o el restablecimiento de los derechos de los adolescentes, y adicionalmente, tiene el deber de velar por el cumplimiento de los fines propios del sistema de justicia penal especial y diferenciado, incluyendo la observancia de las garantías penales establecidas en la constitución y en la ley, tales como la presunción de inocencia, el debido proceso, el indubio pro reo, la prevalencia de la aplicación del principio de oportunidad, entre otros.

En este mismo sentido, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes tiene un carácter sistémico y mixto, ya que no comprende un solo sector o entidad sino que implica el concurso de diferentes ramas del poder público, sectores institucionales y niveles de gobierno. Al no referirse exclusivamente a un proceso judicial, no se limita a la administración de justicia para adolescentes sino también a la verificación y restablecimiento de sus derechos aunque tenga la calidad de presunto victimario y sin perjuicio de las sanciones que le imponga el Juez o su absolución, según el caso, por lo anterior, el Código de Infancia y Adolescencia, desde una perspectiva del interés superior del adolescente, establece la necesidad de verificar sus derechos desde el inicio del proceso y de ser necesario su restablecimiento.

Es por lo anterior que, una vez concluida la sanción, la expectativa del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es que el adolescente haga un ejercicio responsable de su ciudadanía y de su vida individual, familiar y de relaciones sociales.

Adolescentes que cumplen su mayoría de edad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, de conformidad con el artículo 139 del Código de Infancia y Adolescencia, solo investiga y juzga los delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.

Sin embargo, el artículo "(...) Parágrafo. Si estando vigente la sanción de privación de libertad el adolescente cumpliere los dieciocho años de edad continuará cumpliéndola hasta su terminación en el Centro de Atención Especializada de acuerdo con las finalidades protectora, educativa y restaurativa establecidas en la presente ley para las sanciones." 187 del citado Código establece, [4]

Conforme con lo anterior, si bien la edad para el ingreso al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible, si en su juzgamiento o cumplimiento de sanción cumple la mayoría de edad éste debe continuar en el sistema hasta la terminación de la sanción impuesta por el Juez.

Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter pedagógico, específico y diferenciado del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el Código de Infancia y Adolescencia también previo la separación de los adolescentes y de los jóvenes que cumplieron la mayoría de edad en la misma institución, así, "Los Centros de Atención Especializada prestarán una atención pedagógica, específica y diferenciada entre los adolescentes menores de dieciocho años de edad y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento de la sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del Centro, así como las demás garantías contenidas en la Constitución Política y en los Tratados o Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial, la Convención sobre los Derechos del Niño"

Así las cosas, el carácter diferenciado del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, implica que los adolescentes y los jóvenes que alcanzaron su mayoría de edad deben estar separados en la misma institución, con la finalidad de llevar a cabo un proceso de resocialización, rehabilitación e inclusión social exitoso teniendo en cuenta su edad, experiencia vivida y modo de adaptación al proceso, de conformidad con los principios y normas contenidas en la Constitución Política y en los Tratados o Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia.

2.4 Caso Concreto

La consultante plantea si es procedente que los mayores de 18 años que cumplieron pena impuesta por el Juez Penal en establecimiento carcelario deban cumplir la sanción que tenían pendiente en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en caso positivo, sí ésta decisión contradice los principios orientadores y la finalidad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y sus sanciones.

En primer punto, debe tenerse en cuenta que el Código de la Infancia y la Adolescencia establece que los adolescentes que cumplieren su mayoría de edad en Centro de Atención Especializada continuaran el cumplimiento de su sanción en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, de acuerdo con la finalidad protectora, educativa y restaurativa del sistema.

Sin embargo, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes guarda silencio con respecto a aquellos adolescentes que cometieron un delito siendo menores de edad y son vinculados posteriormente al cumplir la edad de 18 años, no obstante, no puede desconocerse que se trata de una orden judicial pendiente de cumplimiento de sanción y que conforme la naturaleza del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes puede ejecutarse en el mismo.

Así las cosas, debe tenerse en cuenta que en el sistema penal acusatorio, cuando el contumaz o renuente no acude voluntariamente al cumplimiento de la pena, es el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el encargado de velar por el cumplimiento efectivo de la sentencia, lo cual, implica en algunos casos hasta emitir orden de captura.

En este orden de ideas, si el Juez Penal remite al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a una persona mayor de edad para que cumpla con su sanción pendiente en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, dicha pretensión debe ser trasladada al Juez de Conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 177 de la Ley 1098 de 2006, es la autoridad competente para controlar el cumplimiento de la sanción, por consiguiente, no es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien puede decidir sobre su ingreso o no al sistema, toda vez que no es el Juez de Ejecución de Penas.

3. CONCLUSIONES

Primero: El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes pretende la aplicación de un proceso penal pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de adultos, garantizando una justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño por parte del adolescente y teniendo como principio rector de las autoridades judiciales la aplicación preferente del principio de oportunidad, acorde con el principio de protección integral.

Segundo: El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes investiga y juzga los delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible y si en su juzgamiento c cumplimiento de sanción cumple la mayoría de edad éste debe continuar en el sistema hasta la terminación de la sanción impuesta por el Juez.

Tercero: En el caso concreto, la solicitud del Juez de Conocimiento del Sistema Penal Acusatorio debe ser trasladada por competencia al Juez de Conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, quien es la única autoridad competente para decidir sobre el cumplimiento de la sanción del adolescente.

Para finalizar le recordamos que las solicitudes de concepto que se sometan a consideración de la Oficina Asesora Jurídica, deben cumplir los requisitos señalados en la Circular No. 002 del 19 de enero del 2012. Reiteramos nuestra disposición y colaboración con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones y obligaciones para la garantía y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y su contexto familiar.

El presente concepto[5] no es de obligatorio cumplimiento o ejecución para particulares o agentes externos, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. No obstante lo anterior, tiene carácter vinculante para las dependencias internas del Instituto y terceros que colaboren en la prestación del servicio público o en el desarrollo de la función administrativa de competencia del ICBF, en virtud de la función asignada a la Oficina Asesora Jurídica de mantener la unidad doctrinaria e impartir las directrices jurídicas necesarias para el desarrollo de las funciones del Instituto, de conformidad con los numerales 8 y 15 del Decreto 987 de 2012.

Cordialmente,

JORGE EDUARDO VALDERRAMA BELTRÁN

Jefe Oficina Asesora Jurídica

* * *

1. Convención Internacional de los derechos del niño, artículo 3 o.

2. Ley 1098 de 2006.

3. Ley 1098 de 2006, artículo 139.

4. Ley 1098 de 2006, artículo 187.

5. "Como al realizar las referidas intervenciones la Administración debe aplicar el derecho, no siempre a través de funcionarios con conocimientos jurídicos, o cuando la debida ejecución de la ley requiere precisiones de orden técnico, se hace necesario que aquélla haga uso del poder de instrucción, a través de las llamadas circulares del servicio, o de conceptos u opiniones, y determine el modo o la forma como debe aplicarse la ley en los distintos niveles decisorios. Con ello se busca, la unidad de la acción administrativa, la coordinación de las actividades que desarrollan los funcionarios pertenecientes a un conjunto administrativo, la uniformidad de las decisiones administrativas e igualmente, la unidad en el desarrollo de las políticas y directrices generales trazadas por los órganos superiores de la Administración, con lo cual se cumple el mandato del Constituyente contenido en el art. 209 de la Constitución, en el sentido de que la función administrativa se desarrolle con fundamentos en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia e Imparcialidad.(...) cuando el concepto tiene un carácter autorregulador de la actividad administrativa y se impone su exigencia a terceros, bien puede considerarse como un acto decisorio de la Administración, con las consecuencias jurídicas que ello apareja, en tal virtud, deja de ser un concepto y se convierte en un acto administrativo, de una naturaleza igual o similar a las llamadas circulares o instrucciones de servicio. Corte Constitucional. Sentencia C - 677 de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonel.

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(diciembre 19) INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF MEMORANDO 10400/ PARA: Director Regional ICBF Cauca ASUNTO: Consulta sobre mayores de 18 años que cumplieron pena impuesta por Juez Penal en establecimiento carcelario y son remitidos al ICBF para cumplir sanción pendiente en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

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Sistema de responsabilidad penal para adolescentes

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Sistema de responsabilidad penal para adolescentes

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conjunto de principios normas procedimiento autoridades judiciales especializadas y antes administrativos

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Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

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Usted está en:

El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece que "el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18) años al momento de cometer un hecho punible" (Art. 139.)

El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño (Art.140). Se trata de un Sistema especializado para administrar justicia en los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal; si bien remite al procedimiento penal acusatorio, es un Sistema diferenciado del sistema de justicia penal para adultos, por lo cual su aplicación está a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia.

Las sanciones dentro del SRPA cumplen una finalidad protectora, educativa y restaurativa y deben aplicarse con el apoyo de la familia y de especialistas; así mismo pretenden restablecer los derechos vulnerados tanto de la víctima como del adolescente que incurrió en la conducta punible. Cuando un adolescente es declarado responsable penalmente y se observa que hay lugar a la imposición de una sanción, la autoridad judicial puede aplicarle alguna de las sanciones establecidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Las sanciones no privativas de libertad son: amonestaciones (no tiene duración establecida), imposición de reglas de conducta (no podrá exceder los dos años), prestación de servicios a la comunidad (por un periodo que no exceda de seis meses), libertad vigilada (no podrá durar más de dos años), internación en medio semicerrado (no podrá ser superior a tres años), y la sanción de privación de la libertad se cumple en un Centro de Atención Especializada (por un periodo de dos a ocho años).

No Norma Fecha de Expedición Tema que regula

27

Resolución No. 2200 A (XXI), de 1966

16/12/1966
En vigor desde el 23 de marzo de 1976

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

28

Resolución No. 2200 A (XXI), de 1966

16/12/1966
En vigor desde el 03 de enero de 1976

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

45

Radicado No. 11001-03-06-000-2014-0024-00 del 4/12/2014,
Radicado No. 11001-03-06-000-2014-0045-00 del 4/12/2014
Radicado No. 1100103-06-000-2014-00216-00 del 27/11/2014

27/11/2014
4/12/2014

Reiteró la competencia subsidiaria de los comisarios de Familia.

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Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA

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Usted está en: El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece que "el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18) años al momento de cometer un hecho punible" (Art.

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es la obligación a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños

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La responsabilidad parental, corresponsabilidad parental o responsabilidad parental mancomunada es una institución del derecho de familia que regula las relaciones entre padres y madres, con sus hijos e hijas, así como otras relaciones equivalentes destinadas a cuidar, atender y educar a los niños y niñas. En algunos casos la denominación fue adoptada para diferenciar el régimen de responsabilidad parental, del régimen de patria potestad, especialmente con respecto al origen y muchas veces el contenido patriarcal que tiene esta última institución jurídica.

La responsabilidad parental está fundada en la noción de coparentalidad de las personas reconocidas como responsables parentales del niño, así como en los derechos de la niñez, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.​

Las normas que integran la responsabilidad parental se pueden agrupar en tres grandes grupos de derechos, deberes, facultades y funciones: a) el cuidado personal; b) la educación; c) la representación legal. Estos grandes grupos incluyen derechos-deberes clásicos de la relación parental-filial, como la vigilancia, la corrección y la asistencia, tanto material como espiritual, campo que a su vez incluye la responsabilidad alimentaria.

Situación por países

Argentina estableció un sistema de responsabilidad parental al entrar en vigencia en 2015 el Código Civil y Comercial, dejando sin efecto el viejo sistema de patria potestad, que había estado vigente desde tiempos coloniales.

El sistema de responsabilidad parental está regulado en el Título VII (Responsabilidad parental) del Libro Segundo (Relaciones de familia), desde el artículo 638 al artículo 704. El título se organiza a su vez en varios capítulos: 1) Principios generales; 2) Titularidad y ejercicio; 3) Deberes y derechos de los progenitores; 4) Cuidado de los hijos; 5) Obligación de alimentos; 6) Deberes de los hijos; 7) Progenitores e hijos afines; 8) Representación y administración de los bienes del hijo menor de edad; 9) Extinción y suspensión de la responsabilidad parental.

Los principios generales que rigen la responsabilidad parental son tres:

1. el interés superior del niño;

2. la autonomía progresiva del hijo;

3. el derecho del niño a ser oído.

El Código establece la corresponsabilidad parental entre el padre y la madre, en igualdad de condiciones, admitiendo la posibilidad de que también sea ejercida por dos hombres o dos mujeres. También establece algunos deberes de responsabilidad parental a cargo de progenitor afín (cónyuge o conviviente del progenitor titular), incluso en materia alimentaria.​

En caso de falta de convivencia de los progenitores, el Código establece que el deber-derecho de cuidado personal del hijo o hija, seguirá siendo compartido por ambos, pudiendo optar por una modalidad de cuidado compartido indistinto, o de cuidado compartido alterno, prefiriéndose judicialmente en caso de discrepancia la primera modalidad.​

En cuanto al deber alimentario, el mismo se extiende más allá de la mayoría de edad legal (18 años), hasta los 21 años, y hasta los 25 años cuando el hijo o la hija se encuentre estudiando.​

Véase también

Referencias

Bibliografía

Para Argentina: Herrera, Marisa (2015). Manual de Derecho de las Familias. Buenos Aires: Abeledo Perrot. .

Enlaces externos

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La responsabilidad parental, corresponsabilidad parental o responsabilidad parental mancomunada es una institución del derecho de familia que regula las relaciones entre padres y madres, con sus hijos e hijas, así como otras relaciones equivalentes destinadas a cuidar, atender y educar a los niños y niñas.

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El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.

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10 derechos fundamentales de los niños, por Quino

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El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

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Sujetos titulares de derecho menores de 18 años

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Sujetos titulares de derecho menores de 18 años

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Niños: 0-12
Adolescentes: 12-18

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Diccionario panhispánico del español jurídico - Real Academia Española

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Definición de ámbito de aplicación - Diccionario panhispánico del español jurídico - RAE

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1. Adm., Const. Sujeto obligado por lo establecido en una norma jurídica, u objetivo o fin perseguido por ella.

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reconocimiento como sujetos de derechos

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En Colombia, la protección integral de la familia se define como en la Constitución Política de Colombia en Artículo 42:

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.

Derecho Internacional

Según la Convención de los Derechos del Niño de 1989, "Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención."

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En Colombia, la protección integral de la familia se define como en la Constitución Política de Colombia en Artículo 42: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

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Finalidad: garantizar a los niños a adolescentes su pleno y armonioso desarrollo
objetivo: establecer normas para la protección integral de los niños