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Toda persona tiene derecho a la educación. 

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Toda persona tiene derecho a la educación. 

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El Estado (Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios) impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

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Artículo 1.

Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

Artículo 2.

Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Artículo 3.

El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Artículo 4.

Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Artículo 5.

La educación que el Estado imparta será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

Artículo 6.

La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

Artículo 7.

La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 8.

El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños.

Artículo 9.

Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá  todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 10.

La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.

Artículo 11.

La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece.

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SECCIÓN 1.
De la distribución de la función social educativa

Artículo 12.

Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

1. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48.

2. Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

3. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

4. Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primaria y la secundaria;

5. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, primaria y la secundaria;

6. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica;

7. Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial que, en su caso, formulen los particulares;

8. Regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias, que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro;

9. Llevar un registro nacional de instituciones pertenecientes al sistema educativo nacional;

10. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la constitución y el funcionamiento de los consejos de participación social a que se refiere el capítulo VII de esta Ley;

11. Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar;

12. Fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo Federal, las relaciones de orden cultural con otros países, e intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte, y

13. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 13.

Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

1. Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros,

2. Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;

3. Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con respeto al calendario fijado por la Secretaría;

4. Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determine;

5. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida;

6. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, y

7. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 14.

Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

1. Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y IV del artículo 13, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;

2. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 12;

3. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo 13, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida;

4. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares;

5. Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los señalados en la fracción III del artículo 12;

6. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística;

7. Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa;

8. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica;

9. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones;

10. Promover e impulsar en el ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el libro, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia;

11. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias;

12. Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares, y

13. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 15.

El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a VIII del artículo 14.

El gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa del ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales.

El gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.

Artículo 16.

Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal al gobierno de dicho Distrito y a las entidades que, en su caso, establezca. En el ejercicio de estas atribuciones no será aplicable el artículo 18.

Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán prestados, en el Distrito Federal, por la Secretaría.

El gobierno del Distrito Federal concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en el propio Distrito, en términos de los artículos 25 y 27.

Artículo 17.

Las autoridades educativas federal y locales, se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del sistema educativo nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la función social educativa. Estas reuniones serán presididas por la Secretaría.

SECCIÓN 2.
De los servicios educativos.

Artículo 18.

El establecimiento de instituciones educativas que realice el Poder Ejecutivo Federal por conducto de otras dependencias de la Administración Pública Federal, así como la formulación de planes y programas de estudio para dichas instituciones, se harán en coordinación con la Secretaría. Dichas dependencias expedirán constancias, certificados, diplomas y títulos que tendrán la validez correspondiente a los estudios realizados.

Artículo 19.

Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione.

Artículo 20.

Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros que tendrá las finalidades siguientes:

1. La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de educación inicial, básica -incluyendo la de aquéllos para la atención de la educación indígena- especial y de educación física;

2. La actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio, citados en la fracción anterior;

3. La realización de programas de especialización, maestría y doctorado, adecuados a las necesidades y recursos educativos de la entidad, y

4. El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa.

Artículo 21.

El educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Deben proporcionársele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes.

El Estado otorgará un salario profesional para que los educadores de los planteles del propio Estado alcancen un nivel de vida decoroso para su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como para que dispongan del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para su perfeccionamiento profesional.

Artículo 22.

Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y de manera más eficiente.

En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán preferencia, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente.

Artículo 23.

Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción XII del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están obligadas a establecer y sostener escuelas cuando el número de educandos que las requiera sea mayor de veinte. Estos planteles quedarán bajo la dirección administrativa de la autoridad educativa local.

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, contarán con edificio, instalaciones y demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 24.

Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico

SECCIÓN 3.
Del financiamiento a la educación

Artículo 25.

El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos.

Artículo 26.

El gobierno de cada entidad federativa, de conformidad con las disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos para el cumplimiento de las responsabilidades que en términos del artículo 15 estén a cargo de la autoridad municipal.

Articulo 27.

En el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de esta sección, el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional.

Artículo 28

Son de interés social las inversiones que en materia educativa realicen el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares.

SECCIÓN 4.
De la evaluación del sistema educativo nacional.

Artículo 29

Corresponde a la Secretaría la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias.

Dicha evaluación, y la de las autoridades educativas locales, serán sistemáticas y permanentes. Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.

Artículo 30.

Las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgarán a las autoridades educativas todas las facilidades y colaboración para la evaluación a que esta sección se refiere.

Artículo 31.

Las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en cada entidad federativa.

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Se consideraba a la educación como un proceso importante para el individuo y la sociedad, aunque para otros era tan solo la oportunidad de mantener su estatus social como privilegiado.
Alamán, L. (1823) mencionaba que: "sin instrucción no puede haber libertad, y la base de la igualdad política y social es la enseñanza elemental" y distintos patriotas hacían mención al mismo ideal, que todo era con fin de mejorar la perspectiva ignorante del país en aquél entonces, previo a la revolución. Incluso, en las primeras versiones de la Constitución Mexicana, se trataba de aislar a la religión y la iglesia en sí de toda relación con la enseñanza, justificándose con la libertad.
Para entonces, ya tenían una organización certera que administraba a todas las escuelas creadas en aquél entonces, a manos de Antonio Martínez de Castro, quien encomendó a Gabino Barreda la formulación de un plan de educación. Los cambios del antes al ahora son pocos: se mantuvo la gratuidad, laicidad y obligatoriedad incluso en esos tiempos, que se sostuvo después de la revolución. Los cambios que se han generado, han sido a beneficio de la nación y sus miembros, con el fin de erradicar el analfabetismo que, para entonces, era del 85%. Partiendo de ahí, las reformas siguientes, lograron el avance que hoy en día hay.

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DE LOS PRIVILEGIOS Y LOS CAMBIOS:
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ARTÍCULO 3º CONSTITUCIONAL

Salvador Hernández Mejía*

I. Introducción
La búsqueda nacional de un régimen de instituciones jurídicas ha sido difícil y complicada. En el siglo XIX, cuando el país nace a la vida independiente, esa búsqueda estuvo caracterizada por las constantes pugnas entre aquellos grupos que deseaban conservar sus ancestrales fueros y privilegios y los que pretendían cambios sustanciales en favor de la sociedad. Aún ahora, las mismas viejas contradicciones sociales y económicas persisten.

Las ideas de Hidalgo plasmadas en los documentos publicados en Guadalajara en 1810; los conceptos de Morelos que apasionadamente rubricó en Chilpancingo y Apatzingán y que demandaban transformaciones estructurales profundas para el país, no modificaron la situación prevaleciente entonces; sin embargo, sacudieron la conciencia nacional.

Más adelante, cuando se inicia la Reforma, Valentín Gómez Farías, con el apoyo intelectual del Dr. José Ma. Luis Mora, llevó a cabo modificaciones constitucionales que aun cuando duraron poco tiempo, tendían a minar el centralismo político autoritario; así como a establecer el principio de una filosofía educativa como base de la libertad personal y del derecho social, que debería ser, por otra parte, el primer paso del desarrollo del país.

Todo este proceso de integración nacional encuentra múltiples obstáculos, pero no se detiene. La Revolución de Ayutla y la brillantísima generación de la Reforma, con Juárez al frente, proclaman la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma cuyos fines concretos eran destruir las caducas estructuras coloniales y erigir un estado jurídico-político de corte moderno, de acuerdo con las corrientes liberales predominantes en el mundo de entonces.

Y aunque este sacudimiento nacional provocó reacciones negativas como la Guerra de Tres Años, la intervención extranjera y el Segundo Imperio; logró la separación de la Iglesia y el Estado y la legitimación y consolidación de México como nación independiente. Las Leyes de Reforma y su incorporación al texto constitucional reafirman estos momentos históricos en la configuración política del país.

Lamentablemente después de la Reforma, se instaló en México el régimen porfirista que degeneró en una férrea y feroz dictadura, apoyada por los sectores reaccionarios del país y por el capital extranjero; aunque, justo es decirlo, en materia de política educativa hubo aportes importantes y sustanciales.

Al iniciarse el siglo XX, México no tiene las bases de sustentación que el liberalismo decimonónico requiere para propiciar su desarrollo; carece de capitales para promover una economía propia, su producción industrial y el comercio son casi inexistentes y la agricultura languidece entre formas rudimentarias de explotación. Y con una gran masa de la población sumida en las sombras de un negro pasado, el esfuerzo liberal se abate en el transcurso de la dictadura, aprisionado entre el latifundismo que obstaculiza las vías del progreso y las nuevas formas del capitalismo que deforman el desarrollo del país en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX.

El progreso material del porfiriato fue aprovechado por una minoría privilegiada de la sociedad; el pueblo en general se hundió en el atraso, en la miseria y en la ignorancia.

Durante todas estas etapas de la historia nacional, el plano de la educación fue una preocupación constante de los hombres y de los sectores liberales del país, dado que consideraban que la influencia educativa y la acción de la escuela, debían estar estrechamente vinculados a la organización política, económica y social de los pueblos; y que el Estado como representante de la sociedad debería orientar y dirigir la educación pública.

"Toca a la Revolución, como producto de las contradicciones en que se debate la dictadura, plantear la solución de los problemas que el país carga a cuestas desde la caída de Tenochtitlan y entre los cuales el de la tierra y el de la educación se llerguen con dimensiones inconmensurables"¹

En efecto, uno de los principales objetivos de la Revolución será resolver el problema de la educación en México.

II. Antecedentes históricos del artículo 3º constitucional

Desde el punto de vista contemporáneo de los fines de la educación, en el siglo XIX, todos los grupos en pugna del país, consideraban a la educación como un proceso importante para el individuo y la sociedad; pero mientras para unos significaba mantener el "statu quo" de que disfrutaban los grupos privilegiados; para otros era el camino para lograr los cambios que necesitaba la nación, si quería incorporarse a las transformaciones del mundo moderno en un ámbito de libertad.

Así, por ejemplo, Lucas Alamán, el ideólogo más destacado del partido conservador una vez consumada la Independencia, expresaba en la Memoria presentada al Congreso el 7 de noviembre de 1823: "Sin instrucción no puede haber libertad, y la base de la igualdad política y social es la enseñanza elemental". ²

Por otra parte, el Dr. Mora, en el vigoroso discurso que pronunció ante el Congreso del Estado de México, el 17 de noviembre de 1824, decía: "nada es más importante para el Estado que la instrucción de la juventud. Ella es la base sobre la cual descansan las instituciones sociales" ³; y Mora fue el ideólogo más importante en la primera etapa de la Reforma Liberal.

La Constitución de 1824, que es nuestro primer documento legislativo con vigencia jurídica, arrastra vicios y tradiciones de la Colonia como la intolerancia religiosa y los privilegios del clero y el ejército. En su Artículo 50, Fracción I, dispone en materia de educación lo siguiente:

"Promover la ilustración: asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de Marina, Artillería e Ingenieros; erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas, sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública de los respectivos estados"⁴

De este ordenamiento se desprende que aunque a los constituyentes del 24 les preocupaba la instrucción, todavía no se atrevieron a llamar la atención respecto a la necesidad de intervenir en ella para organizarla de acuerdo con los intereses de la nueva República; más aún, parecía existir el temor de que el Estado buscara las fórmulas para organizarla en beneficio de todos los mexicanos.

Fue la Reforma Liberal de 1833-1834 la que a través de sus lineamientos en materia educativa, estableció las condiciones históricas que han caracterizado la educación pública del país.

En esa Reforma, en la que Gómez Farías consideraba que "la instrucción del niño es la base de la ciudadanía y de la moral social", y que "la enseñanza primaria, que es lo principal de todo, está desatendida y se le debe dispensar toda protección si se quiere que en la República haya buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos que conozcan y cumplan sus deberes" ⁵, se sentaron las bases fundamentales de las futuras políticas en materia educativa.

Entre las más importantes de las medidas adoptadas por Gómez Farías como jefe del gobierno, en ausencia de Santa Anna, destacan las siguientes:

1. Sustraer la enseñanza de las manos del clero.
2. Dejar el control de la educación al Estado, organizando y coordinando las tareas educativas del gobierno.

3. Crear la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios Federales.

4. Instituir la enseñanza libre.

5. Promover la fundación de escuelas normales.

6. Fomentar la instrucción elemental para hombres, mujeres, niños y adultos analfabetos, y

7. Suprimir la Universidad.

"La gran aportación político-educativa de Gómez Farías reside en haber dado al Estado la importancia debida en la tarea de la educación del pueblo, haciendo interve-nir al Gobierno en el control y adminis-tración de ésta, y en haber modernizado, mediante normas legislativas, las viejas instituciones docentes, ya en trance de descomposición"⁶

A partir de 1833 y durante más de veinte años no existieron las condiciones para legislar de acuerdo a las aspiraciones de los grupos progresistas; fue necesario esperar el triunfo de la Revolución de Ayutla de 1855 para que se dieran a conocer diversas medidas jurídicas, que modificaban las instituciones nacionales y preparaban la organización del país de acuerdo a los requerimientos de la época.

A continuación se hace una síntesis de los tópicos que sobre legislación educativa se promovieron desde el momento del triunfo liberal hasta la promulgación de la Constitución de 1917.

1. El 15 de mayo de 1856 el gobierno de Ignacio Comonfort expidió el Estatuto Orgánico Provisional, mientras se elaboraba y promulgaba la Constitución que se estaba discutiendo. En este documento se declaró por primera vez en nuestro derecho constitucional el principio de la libertad de enseñanza. El Artículo 38 decía: "Quedan prohibidos todos los monopolios relativos a la enseñanza y ejercicio de las profesiones" ⁷, con lo que se trataba de limitar la participación exclusiva de la iglesia en esta tarea. En el Artículo 39 del mismo estatuto se disponía: "La enseñanza privada es libre: el poder público no tiene más intervención que la de cuidar que no ataque la moral. Mas para el ejercicio de las profesiones científicas y literarias, se sujetarán las que a é1 aspiren a lo que determinen las leyes generales acerca de estudios y exámenes". ⁸

2. La Constitución promulgada el 15 de febrero de 1857 en su Artículo 3º. estableció que: "La enseñanza es libre. La ley determinará que profesiones necesitan título para su ejercicio." ⁹ En los debates que se dieron acerca del contenido de este Artículo se tergiversa el sentido del precepto "La enseñanza es libre"; pero Ignacio Ramírez aclaró la disputa cuando menciona que "si todo hombre tiene derecho de emitir su pensamiento, todo hombre tiene derecho de enseñar y de ser enseñado." ¹⁰

3. El 15 de abril de 1861, Benito Juárez, expidió una ley en la que se proponía "la unificación del plan de estudios de instrucción elemental y la creación del mayor número posible de escuelas primarias para que, bajo la dirección del gobierno nacional, se pudieran atender las necesidades educativas del pueblo." ¹¹

4. La política educativa durante la intervención francesa coincidió notablemente con las medidas dispuestas por el gobierno juarista. La actitud de Maximiliano de Habsburgo justificó plenamente las leyes de Reforma. No trató de ganarse la simpatía del grupo liberal ni enemistarse con los conservadores, sino que simplemente consideró que dicha legislación era una necesidad inalcanzable para lograr el desarrollo del país.

Expidió la Ley de Instrucción Pública de fecha 27 de diciembre de 1865, en la que entre otros aspectos destacan los siguientes: acerca de la educación elemental estableció que sería gratuita, obligatoria y se dejaba bajo la vigilancia de los ayuntamientos y la conducción del Ministerio de Instrucción Pública (en realidad lo de la gratuitidad de la educación era relativa pues sólo se limitaba a todos aquellos niños que demostraran que no podían pagar una cuota mensual de un peso); reformó la enseñanza secundaria al estilo de los liceos franceses para cursarse en siete u ocho años; y suprimió de nueva cuenta a la Universidad de México.

Lo que destaca de esta ley es que trataba de unificar la educación, ya que al no reconocer la estructura federal de la República, las disposiciones que se dieron tenían supuestamente aplicación nacional; además se le restaba, también, injerencia al clero en este servicio, como lo señalaba el artículo 105 de la citada Ley: "Desde el lº de enero de 1866 quedarían suprimidas en todos los establecimientos las plazas de capellanes y de sacristanes. No habrá en ningún establecimiento público rezos ni misas diarias de obligación." ¹²

5. Derrumbado el segundo imperio, toca al presidente Juárez la reorganización de la República, que por obvias razones había sido desquiciada en todas sus actividades.

En 1867, Juárez se propuso convertir a la educación en una función pública, como lo había expresado el 7 de julio de 1859, estando radicado el gobierno en Veracruz:

"En materia, de instrucción pública, el gobierno procurará, con el mayor empeño, que se aumenten los establecimientos de enseñanza primaria gratuita, y que todos ellos sean dirigidos por personas que reúnan la instrucción y moralidad que se requieren, para desempeñar con acierto el cargo de preceptores de la juventud, porque tiene el convencimiento de que la instrucción, es la primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder..."¹³

Para lograr su propósito Juárez nombró como ministro de Justicia e Instrucción Pública al Lic. Antonio Martínez de Castro, quien a su vez encomendó la formulación de un plan de educación a una comisión en la que figura de manera prominente Don Gabino Barreda, introductor del positivismo en México.

Como resultado de los trabajos de esta comisión, el 2 de diciembre de 1867, el Presidente Juárez .promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal y Territorios.

Con esta ley se pretendía reorganizar la educación en el país, pero se debe señalar que el profundo respeto que se tenía en aquella época al régimen federal determinaba que esta legislación sólo tuviera vigencia en los espacios territoriales que dependían directamente del ejecutivo federal, dejando en libertad a los estados para que dispusieran ordenamientos semejantes.

La ley proponía la unificación de la instrucción primaria, a la vez que declaraba a ésta obligatoria y gratuita; organizaba la enseñanza secundaria sobre bases sólidas; establecía la Escuela Nacional Preparatoria, a la que su inspirador Gabino Barreda consideraba como el más sólido cimiento de la enseñanza superior; y a ésta la reglamentaba.

6. En consideración a las modificaciones que en su aplicación iba teniendo la ley de 1867, el 15 de mayo de 1869 el gobierno del presidente Juárez expidió una nueva Ley Orgánica de Instrucción Pública, que también sólo era aplicable al Distrito Federal y a los Territorios Federales.

Se mantuvieron la gratuidad y la obligatoriedad de la instrucción elemental. No disponía expresamente que ésta fuera laica, pero al suprimir de entre las materias la religión, adquirió las características de la instrucción pública que se conserva hasta nuestros días: gratuita, obligatoria y laica.

Se dispuso que en el Distrito Federal se creara el número de escuelas necesario para atender los requerimientos de la población de niños y niñas; que se fundaran escuelas nocturnas para adultos, sujetas a un reglamento y a las disposiciones que diera a conocer el Ministerio de Instrucción Pública.

En la segunda enseñanza se prepararon cuidadosamente los planes de estudio para hombres y para mujeres, incluyendo para éstas, materias de métodos de enseñanza para las que quisieran desempeñar funciones de profesoras. Se revisaron también los planes de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria y se introdujeron nuevas asignaturas.

En materia de educación superior, si bien se mantuvo suprimida la Universidad, se legisló sobre ella indicando qué escuelas podían ofrecerla, así como las carreras y los planes de estudio a que tenían que sujetarse.

El 9 de noviembre de ese mismo año se expidió el reglamento de esta Ley Orgánica, en el que destaca:

"haber señalado las obligaciones concretas de los ayuntamientos respecto del número de escuelas primarias que debían fundar; excitar a los terratenientes a fin de que establecieran a sus expensas en cada una de las fincas rústicas de su propiedad una escuela de primeras letras; sugerir procedi-mientos para hacer cumplir la obligatorie-dad de la instrucción elemental"¹⁴

7. En diciembre de 1874, durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, se prohibió la enseñanza religiosa en los planteles oficiales, imponiendo en su lugar la enseñanza de una moral laica." ¹⁵

8. Siete años después, estando Ezequiel Montes como encargado de la instrucción pública, en el mes de abril de 1881 se publica en el Diario Oficial una nueva ley que deroga la de 1869.

9. El propósito del gobierno federal de unificar y conducir la enseñanza en todo el país, lo llevó a promulgar la Ley de Instrucción Obligatoria el 23 de mayo de 1888. "Esta ley dividía a la instrucción primaria en elemental y superior; señalaba la manera de subvencionar a las escuelas municipales y establecía que la instrucción primaria dada por el Estado sería gratuita, al pronto tiempo que prohibía que la impartieran ministros de cualquier culto religioso"; ¹⁶ además se incluían las sanciones (multas o arrestos) que se aplicarían por el incumplimiento de este mandato.

10. Por la importancia política y pedagógica que tuvieron, y por su trascendencia histórica, son de mencionarse los Congresos Nacionales de Instrucción Pública realizados al finalizar la década de los años ochenta. El primero se inauguró el día lº de diciembre de 1889 y el segundo el lº de diciembre de 1890.

Sus conclusiones ratificaron la necesidad de integrar un sistema nacional de educación popular que sostuviera los principios de obligatoriedad, gratuidad y laicidad; además de buscar la unidad en la legislación y reglamentos escolares.

Un aspecto que destaca se refiere a la educación rural; por primera vez se manifiesta la preocupación por fomentar la creación de escuelas rurales, así como por definir su organización y las funciones que deberían cumplir.

11. El 21 de marzo de 1891 se promulga la Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria en el Distrito Federal y Territorios que establece "normas precisas acerca de los planes y programas de enseñanza, de los tipos de escuela, de los derechos y obligaciones de los maestros, de la forma de practicar los exámenes, etc." ¹⁷ Esta ley institucionaliza las más importantes conclusiones de los congresos nacionales de instrucción pública de 1889 y 1890.

12. El 19 de mayo de 1896 el poder legislativo aprueba una iniciativa de ley que autoriza al ejecutivo a legislar sobre educación pública; esto es, a llevar a cabo reformas en la enseñanza en todos los grados e instituciones.

13. Siendo ministro de Instrucción Pública Justino Fernández, por ley del 12 de octubre de 1901 se sustituyó la Junta Directiva de Instrucción Pública, por un Consejo Superior de Educación Pública.

14. Por ley del 16 de mayo de 1905 se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, conforme a las ideas y al proyecto del maestro Justo Sierra, primer titular de dicha secretaría.

15. El lo. de julio de 1906 el Partido Liberal Mexicano da a conocer su programa y manifiesto contra la dictadura porfirista, presentando en é1 demandas radicales sobre educación, tales como "la urgencia de aumentar considerablemente las escuelas primarias, mejorar los sueldos de los maestros, y una radical aplicación de los principios de la enseñanza laica, obligatoria y gratuita." ¹⁸

16. El 15 de agosto de 1908 el Secretario de Instrucción, Justo Sierra, después de obtener del Congreso que se concedan facultades extraordinarias al Ejecutivo para revisar todas las disposiciones vigentes en materia de enseñanza, promulga la Ley de Educación Primaria para el Distrito y los Territorios Federales. En ella, entre otros aspectos, destaca lo que se asienta en el Artículo 2º de que la educación además de ser gratuita, laica y obligatoria debería ser integral y nacional.

17. El Congreso de la Unión, el 24 de mayo de 1910, expidió el Decreto por medio del cual se restablecía el funcionamiento de la Universidad que se había suprimido desde 1865. El 22 de septiembre de 1910, en un acto solemne que inaugura la Universidad Nacional de México, el maestro Justo Sierra pronunció un extraordinario discurso que sienta las bases de lo que sería la filosofía de la nueva universidad.

El anterior resumen de lo que se considera como más importante en la legislación educativa del país durante el periodo 1824-1910, refleja una labor constante de los grupos progresistas por estructurar un sistema educativo nacional que respaldara al pueblo de México, en sus esfuerzos por incorporarse a niveles superiores de vida en lo social, económico, político y cultural.

Lamentablemente, estas medidas legislativas, aunque fueron pensadas para toda la nación esperando que en los Estados también se aplicaran, en su mayoría sólo tuvieron efecto en la capital de la República y en una minoría de la población. Para 1900, de 12.5 millones de habitantes del país, 2.5 millones estaban en edad escolar y de ellos únicamente disfrutaban de instrucción primaria alrededor de 800,000 niños, de suerte que no más de un 32% recibían esta clase de servicios. ¹⁹

Por otra parte, el analfabetismo era un grave problema social pues más del 85% de la población no sabía ni leer ni escribir. ²⁰

Las realizaciones educativas en el régimen porfirista son evidentes sobre todo en lo que concierne a la construcción de una gigantesca teoría pedagógica; en la práctica sólo beneficiaron a las poblaciones urbanas más importantes del país.

En todo caso, el panorama educativo en México al iniciarse el siglo XX, respondía con exactitud a los intereses del régimen político en el poder: tener a la mayor parte de la población sumida en la ignorancia para que no pudiera exigir sus derechos.

Sin embargo, las mismas influencias de un sistema educativo nacional que pregonaba una educación laica, gratuita y obligatoria; que bosquejaba una educación popular, integral, nacional y para el progreso; repercutían ampliamente en una generación que desechaba el "orden y progreso" que, a través de la filosofía positivista, promovió la generación que hizo posible el régimen dictatorial del presidente Díaz.

Los cimientos políticos y económicos de la dictadura se resquebrajaban, a pesar de los intentos educativos de Joaquín Baranda, Justino Fernández y de Justo Sierra quien "penetra hasta sus más radicales consecuencias la pedagogía del liberalismo y, gracias a ello, es el primer político de la educación en el país, que advierte las tareas modernas de una pedagogía social, las cuales muy pronto se manifestarían en los ideales políticos de la Revolución de 1910." ²¹

La Revolución Mexicana terminó con un periodo de treinta años de oprobiosa dictadura, de una paz fincada en la fuerza de las armas y de la represión; en la que se mediatizó la capacidad cívica del pueblo; y el progreso radicó en la enajenación de los recursos naturales que se pusieron en manos del capital extranjero, apoyado en lo interno por los sectores reaccionarios del país.

La Revolución se caracterizó por el decidido esfuerzo del pueblo para lograr, aun de manera violenta, el cambio radical de las estructuras económicas, políticas y sociales del país con el fin de obtener mejores condiciones de vida. Este movimiento, además, muestra como rasgos fundamentales un sentimiento nacionalista, un sentido popular y una definida proyección social.

Al triunfo de la Revolución Mexicana y sobre todo al imponerse políticamente el grupo carrancista, se consideró necesario volver a una etapa constitucional, que se había soslayado en el porfiriato, para lo cual había que reformar la Constitución de 1857. Pero se pretendía respetar escrupulosamente su espíritu liberal.

El 14 de septiembre de 1916, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista lanzó la convocatoria a elecciones del Congreso Constituyente que se encargaría de restaurar la Constitución.

III. El Congreso Constituyente de 1916

El Congreso Constituyente se instaló en el teatro de la República de la ciudad de Querétaro, el lº de diciembre de 1916; y en el acto de inauguración don Venustiano Carranza presentó a los congresistas un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. Grande fue la sorpresa de los diputados constituyentes, sobre todo de aquellos que formaban el grupo revolucionario, cuando "se encontraron con que en el proyecto de Carranza no aparecía artículo alguno sobre garantías concretas a los trabajadores y el artículo tercero, referente a la educación, mantenía la idea del laicismo que había permitido al régimen porfirista hacer concesiones al clero en este campo." ²² Según el Sr. Carranza, "el derecho social no debía formar parte de la ley suprema, sino de los ordenamientos reglamentarios" ²³

La reacción del grupo radical era explicable ya que consideraban que no sólo debería respetarse el espíritu liberal de la Constitución de 1857, sino que por sentido histórico era necesario darle carácter constitucional a las demandas sociales por las que había luchado el pueblo en la Revolución.

La intención de los grupos revolucionarios era establecer una legislación social impresa en la Constitución, que estuviera integrada por un conjunto de disposiciones jurídicas sobre la propiedad de la tierra, el trabajo y la educación, tendientes en lo fundamental a proteger a los económicamente débiles y marginados.

En esta situación el escenario del Congreso Constituyente pronto quedó listo para las confrontaciones entre dos grupos bien definidos: el de los liberales o liberales moderados, casi todos exdiputados maderistas y profesionistas "con vieja práctica parlamentaria, duchos en las maniobras legalistas y en la polémica, habilísimos contendientes y magníficos oradores"; ²⁴ y el grupo de radicales o revolucionarios, que estaba formado por "hombres del campo y del taller, hijos del pueblo, que habían vivido la dura batalla del pan contra un capitalismo voraz apoyado abiertamente por el gobierno y el clero." ²⁵

Fueron duras batallas verbales las que se dieron entre los integrantes del Congreso; unos apoyando el proyecto de Carranza y otros tratando de imponer en el texto constitucional medidas de carácter social que en verdad beneficiaran al pueblo; sobre todo aquellas que rompieran con las condiciones que crearon las desigualdades y desequilibrios propios de la dictadura porfirista.

En donde se hicieron más patentes las diferencias entre los grupos de diputados fue en lo que correspondió al terreno educativo.

El proyecto presentado por Carranza decía: "Habrá libertad de enseñanza, pero será laica la que se de en los establecimientos oficiales de educación, y gratuita la enseñanza primaria, superior elemental, que se imparta en los mismos establecimientos." ²⁶ El principio de obligatoridad lo remitía el proyecto a la fracción I del artículo 31, dentro de lo relativo a las obligaciones de los mexicanos:

"Concurrir a las escuelas públicas o privadas, los menores de 10 años, durante el tiempo que marque la Ley de Instrucción Pública en cada Estado, a recibir la educación primaria elemental." ²⁷

En realidad lo que establecía el proyecto eran principios que ya existían en la legislación hasta esos momentos vigente, sólo se elevaban a rango constitucional.

Pero no era eso lo que en materia de educación deseaban los representantes que buscaban cambios sustanciales. Su propósito era transformar el espíritu liberal tradicional de abstención en el campo ideológico ya inadecuado para la realidad de entonces en el país.

El proyecto se turnó a una comisión integrada por Francisco J. Mújica, Alberto Román, Enrique Recio, Enrique Colunga y Luis G. Monzón.

El 11 de diciembre de 1916 se dieron a conocer los acuerdos de la comisión, la que dictaminó en contra del proyecto de Carranza. El diputado Luis G. Monzón aprobó la decisión en contra del proyecto, pero estuvo en desacuerdo con el término "laico", por lo que propuso que se sustituyera por "racional". Este voto particular no fue tomado en cuenta por la asamblea, por lo que en definitiva se colocaron frente a frente las dos posiciones: la que defendía el proyecto y la que defendía el dictamen.

El texto del artículo propuesto por la comisión, después de exponer las razones de su rechazo al proyecto carrancista, decía: "Habrá libertad de enseñanza, pero será laica la que se de en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que se impartan en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa o semejante podrá establecer o dirigir escuela de instrucción primaria ni impartir enseñanza personal en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente." ²⁸

A los ojos de algún observador que no conociera la realidad política mexicana, podría parecer exagerada la discusión que se generó con motivo del artículo tercero, sobre todo en lo que se refiere a la libertad de enseñanza y al principio de la laicidad; pero para quienes, como los diputados radicales del Congreso de 1916, la historia de México les era una lección viva y permanente de cómo los grupos reaccionarios y religiosos habían aprovechado las leyes del país para satisfacer sus particulares intereses y sojuzgar al pueblo durante cerca de 400 años (criterio que compartían los mexicanos preocupados por la suerte del país a raíz de la Revolución de 1910), era vital prevenir en el texto constitucional cualquier injerencia del clero católico. Sabían por experiencia que éste siempre había estado aliado a los intereses y privilegios de las clases dominantes y explotadoras del pueblo, culpables del atraso y la ignorancia que se abatían sobre el país.

En esta discusión en torno al artículo tercero, los grupos de diputados defensores del proyecto presentado por Carranza, más por una posición idealista acerca de la concepción tradicional del liberalismo político, que por una conducta que pudiera parecer antirrevolucionaria, "insistieron en rechazar el proyecto de la comisión en nombre de la libertad. Mientras los neoliberales sostenían su punto de vista de la obligatoriedad de una educación liberal y democrática obligatoria para todos los mexicanos, aunque esta obligatoriedad limitase una libertad que, de hecho, no existía." ²⁹

En el fondo de la controversia, cuyos discursos por fortuna para la historia quedaron inscritos en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados de la época, se discutía un hecho histórico que se había resuelto al triunfo de la Reforma en 1861: la no intromisión de la iglesia en los aspectos que son competencia directa del Estado. El eje de los argumentos fue no sólo la separación jurídica entre la iglesia y el estado, sino algo que para los congresistas radicales debería quedar bastante claro: que siendo la educación un bien público, limitar la libertad de enseñanza y extender el laicismo a las escuelas particulares por disposición constitucional, era la única manera de evitar la intromisión de la iglesia en la educación y que siguiera manipulando la conciencia del pueblo.

Son históricos los debates que se suscitaron en torno a los -principios de la educación pública en México en el Congreso de 1916. Por una parte hombres de la talla intelectual de Luis Manuel Rojas, Félix F. Palavicini, Alfonso Cravioto, J. Natividad Macías y Fernando Lizardi apoyando el proyecto; y, por otro lado, revolucionarios de la categoría de Francisco J. Mújica, Heriberto Jara, Juan de Dios Bojórquez, Esteban B. Calderón, Enrique Colunga, Jesús Romero Flores, Jesús López Lira y Rafael Martínez de Escobar, defendiendo el dictamen de la comisión.

El 16 de diciembre de 1916, cuando se dio por terminada la discusión, por 99 votos contra 58, la asamblea legislativa aprobó el texto del dictamen de la comisión, ya reformado de su original, en los siguientes términos:

"Artículo 3o. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparta en los establecimientos particulares.
"Ninguna corporación religiosa, ni ministro de ningún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.

"Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.

"En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria."

Al defender este dictamen final, el diputado Alfonso Romero dijo entre otras cosas: "Vengo a apoyar el dictamen de la comisión...porque para mi entraña un criterio revolucionario, porque ese artículo cierra las puertas que los ilustres constituyentes del 57 dejaron de par en par a la reacción y a las hordas del clero..." ³⁰

Estas palabras cerraban por un tiempo, la polémica entre las ideas del liberalismo tradicional y las nuevas corrientes ideológicas. Las dos posturas, buscaban la integración de nuestro país como una nación moderna, pero con diferente concepción acerca de los medios para lograrlo.

Félix F. Palavicini selló el término de la asamblea diciendo: "Mis primeras frases, ahora que la indignación del debate ha pasado, tienen que ser y deben ser para felicitar a los que han sostenido el dictamen por su triunfo en el parlamento. Ninguna objeción hay que hacer a los hechos consumados, y yo uno mis aplausos a los de ustedes y celebraré que nosotros hayamos sido los equivocados; si así fuere, que sea para bien de la patria..." ³¹

Las discusiones de los hombres del Congreso Constituyente de 1916, fueron la génesis del artículo 3º de la Constitución de la República. En é1 se compendiaron los esfuerzos de una generación de revolucionarios, que veía en la educación el factor esencial para la transformación de la sociedad.

Al discutirse el problema de la educación en el congreso, de hecho se discutió toda la problemática del proceso de la historia de México, se analizaron los casos que provocaban el atraso del pueblo, las contradicciones a que durante un siglo se enfrentó la sociedad mexicana y se expusieron las razones de la propia Revolución que, precisamente, los diputados allí reunidos representaban.

Hubo también otras importantes disposiciones legislativas en materia de educación que quedaron contenidas en la Constitución: La obligatoriedad de la educación en la Fracción I del artículo 31; las facultades que tiene el Congreso para legislar en materia educativa de acuerdo con las fracciones X y XXV del Artículo 73; la obligación de los municipios a quienes también se confía la instrucción primaria en el Artículo 115; la obligación que ordena la fracción XII del Artículo 123 y, el Artículo 130 que invalida los estudios hechos en establecimientos destinados a los ministros de cultos.

El camino de la educación popular en México se trazó en el Constituyente de 1916 y se plasmó en la Constitución de 1917.

Finalmente diremos que el texto original del artículo 3º redactado en la Constitución de 1917, ha tenido, hasta la fecha, varias reformas y modificaciones; pero en esencia el espíritu que animó a los constituyentes del 16, en cuanto a las aspiraciones del pueblo mexicano por tener una educación popular, democrática, nacionalista, gratuita, obligatoria y laica, no ha cambiado; debemos recordar, o no olvidar, que ese espíritu es producto de un movimiento social revolucionario que se inició en noviembre de 1910.

Notas

* Catedrático de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana.
¹ MEJÍA Zúiga, Raúl. "La escuela que surge de la Revolución"; en Solana, Fernando, Cardiel Reyes Raúl y otros. Historia de la Educación Pública en México. Edit. SEP. México, 1982. p. 185.
² Citado en Bolaos martínez, Raúl. Origen de la Educación Pública en México. Historia de la Educación Pública en México. Edit. SEP. p. 18.
³ Ibídem. p. 19.
⁴ Ibídem. p. 19.
⁵ Citado en Larroyo, Francisco. Historia comparada de la Educación en México. Edit. Porrua. México. p. 246.
⁶ LARROYO, Francisco. Op. cit. p. 248.
⁷ BOLAOS Martínez, Raúl. Op. cit. p. 24.
⁸ Ibídem. p. 24.
⁹ LARROYO, Francisco. Op. cit. p. 261.
¹⁰ Ibídem. p. 261.
¹¹ BOLAOS Martínez, Raúl. Op. cit. p. 22.
¹² Transcrito en Bolaos Martínez, Raúl. Op. cit. p. 30.
¹³ Citado en Rivera Rodríguez, J. Ventura. Disposiciones Legales en Materia de Educación a través de la Historia de México. Edit. SNTE. México, 1970. p. 29.
¹⁴ LARROYO, Francisco. Op. cit. p. 279.
¹⁵ Ibídem. p. 302.
¹⁶ Ibídem. p. 344.
¹⁷ RIVERA, Rodríguez, J. Ventura. Op. cit. p. 38.
¹⁸ LARROYO, Francisco. Op. cit. p. 365.
¹⁹ MORENO y Kalbtk, Salvador. El porfiriato. 1a. etapa (1876-1901); en Historia de la Educación Pública en México. p. 80.
²⁰ ROBLES, Martha. Educación y Sociedad en la Historia de México. Edit Siglo XXI. México, 1979.. p. 75.
²¹ LARROYO, Francisco. Op. cit. p. 373.
²² ZEA, Leopoldo. Del liberalismo a la Revolución en la Educación Mexicana. p. 200.
²³ GÓMEZ Navas, Leonardo. "La Revolución Mexicana y la Educación Popular" en Historia de la Educación Pública en México. p. 141.
²⁴ LISZT Arzubide, Germán. Citado en Zea, Leopoldo. Op. cit. p. 200.
²⁵ Ibídem. p. 200.
²⁶ GÓMEZ Navas, Leonardo. Op. cit. p. 141.
²⁷ Ibídem. p. 141.
²⁸ ZEA, Leopoldo. Op. cit. p. 203.
²⁹ Ibídem. p. 205.
³⁰ ZEA, Leopoldo. Op. cit. p. 209.
³¹ ZEA, Leopoldo. Op. cit. p. 210.

Referencias bibliográficas

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De los privilegios y los cambios: Antecedentes históricos del Artículo 3º Constitucional.

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DE LOS PRIVILEGIOS Y LOS CAMBIOS: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ARTÍCULO 3º CONSTITUCIONAL Salvador Hernández Mejía* I. Introducción La búsqueda nacional de un régimen de instituciones jurídicas ha sido difícil y complicada.

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Capítulo III. De la equidad en la educación.

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Capítulo III. De la equidad en la educación.

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Artículo 32.

Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Artículo 33.

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

1. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades;

2. Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que realicen su servicio en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades;

3. Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje y el aprovechamiento de los alumnos;

4. Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular, que faciliten la terminación de la educación preescolar, primaria y la secundaria, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres;

5. Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos;

6. Establecerán sistemas de educación a distancia;

7. Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación comunitaria;

8. Desarrollarán programas con perspectiva de género para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos;

9. Efectuarán programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención a sus hijos;

10. Otorgarán estímulos a las asociaciones civiles y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza;

11. Promoverán mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a las actividades a que se refiere este capítulo;

12. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior, y

13. Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior.

14. Apoyarán y desarrollarán programas destinados a que los padres y/o tutores apoyen en circunstancias de igualdad los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a la necesidad de que aquellos tomen conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir las mismas oportunidades educativas que los varones.

Artículo 34.

Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.

Artículo 35.

En el ejercicio de su función compensatoria, y sólo tratándose de actividades que permitan mayor equidad educativa, la Secretaría podrá en forma temporal impartir de manera concurrente educación básica y normal en las entidades federativas.

Artículo 36.

El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos, podrán celebrar convenios para coordinar las actividades a que el presente capítulo se refiere.

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SECCIÓN 1.
De los tipos y modalidades de educación

Artículo 37.

La educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria. Párrafo reformado El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo. Párrafo reformado El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades.

Artículo 38.

- La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios.

 Artículo 39.

- En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos. De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades.

 Artículo 40.

- La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos.

  Artículo 41.

- La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Artículo 42.

En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

Artículo 43.

La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. La misma se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como la formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población.

Artículo 44.

Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá prestar servicios que conforme a la presente Ley corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.

Artículo 45.

La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados.

Artículo 46

La educación a que se refiere la presente sección tendrá las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta.

SECCIÓN 2.
De los planes y programas de estudio.

 Artículo 47.

- Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio. En los planes de estudio deberán establecerse:
I.- Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo; Fracción reformada
II.- Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo;
III.- Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y IV.- Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo.

Artículo 48.

La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley.

Artículo 49.

El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas.

Artículo 50.

La evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio.

SECCIÓN 3.
Del Calendario Escolar.

Artículo 51.

La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener doscientos días de clase para los educandos. Párrafo reformado DOF 10-12-2004 La autoridad educativa local podrá ajustar el calendario escolar respecto al establecido por la Secretaría, cuando ello resulte necesario en atención a requerimientos específicos de la propia entidad federativa. Los maestros serán debidamente remunerados si la modificación al calendario escolar implica más días de clase para los educandos que los citados en el párrafo anterior

Artículo 52.

En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica docente y a las actividades educativas con los educandos, conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables.

Artículo 53.

El calendario que la Secretaría determine para cada ciclo lectivo de educación preescolar, de primaria, de secundaria, de normal y demás para la formación de maestros de educación básica, se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

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Capítulo V. De la educación que impartan los particulares.

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Capítulo V. De la educación que impartan los particulares.

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Artículo 54

Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades.

Por lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

Artículo 55

Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

1. Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21;

2. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

3. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.

Artículo 56.

Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos.

Artículo 57.

Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

1. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Ley;

2. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes;

3. Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado;

4. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55, y

5. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen.

Artículo 58.

Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos.

Artículo 59.

Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.

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Capítulo VI. De la validez oficial de estudios y de la certificación de conocimientos.

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Capítulo VI. De la validez oficial de estudios y de la certificación de conocimientos.

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Artículo 60.

Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la República.

Articulo 61

Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su re validación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que
determine la Secretaría conforme a lo previsto en el artículo 63 de esta Ley.

Artículo 62

Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos académicos,
asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito de educandos en el sistema educativo nacional.

 Artículo 63

La Secretaría determinará las normas y criterios generales, aplicables en toda la República, a que se ajustarán la re validación, así como la declaración de estudios equivalentes.  La Secretaría podrá revalidar y otorgar equivalencias de estudios distintos a los mencionados en la fracción V del artículo 13.
Las autoridades educativas podrán autorizar o delegar, según sea el caso, que las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios y las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida

 Artículo 64

La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos.  Los acuerdos secretariales respectivos señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos.

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Capítulo VII. De la participación social en la educación.

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Capítulo VII. De la participación social en la educación.

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SECCIÓN 1.
De los padres de familia.

Artículo 65

Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

II.- Participar con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos.

III.- Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos.

IV.- Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social a que se refiere este capítulo.

V.- Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen.

VI.- Conocer la capacidad profesional de la planta docente, así como el resultado de las evaluaciones realizadas.

VII.- Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar.

VIII.- Ser observadores en las evaluaciones de docentes y directivos, para lo cual deberán cumplir con los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

IX.- Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijos o pupilos.

X.- Opinar a través de los Consejos de Participación respecto a las actualizaciones y revisiones de los planes y programas de estudio.

XI.- Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución,

XII.- Presentar quejas ante las autoridades educativas correspondientes, en los términos establecidos en el artículo 14, fracción XII Quintus, sobre el desempeño de docentes, directores, supervisores y asesores técnico pedagógicos de sus hijos o pupilos menores de edad y sobre las condiciones de la escuela a la que asisten.

 Artículo 66.

Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

II.- Apoyar el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos.

III.- Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen.

IV.- Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios.

V.- Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico, que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los educandos.

 Artículo 67.

Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I.- Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados.

II.- Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles.

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar.

IV.- Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores.

V.- Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos.

Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.

Sección 2.- De los consejos de participación social

 Artículo 68.

Las autoridades educativas promoverán, de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos.

 Artículo 69.

Será responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de educación básica vincular a ésta, activa y constantemente, con la comunidad.

La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

Este consejo:

Opinará sobre los ajustes al calendario escolar aplicable a cada escuela y conocerá las metas educativas, así como el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización

Conocerá y dará seguimiento de las acciones que realicen las y los educadores y autoridades educativas señaladas en el segundo párrafo del artículo 42 de la presente ley

Conocerá de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que puedan perjudicar al educando

Sensibilizará a la comunidad, mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de las y los educandos. Así como también, de elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos

Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas

Propiciará la colaboración de maestros y padres de familia para salvaguardar la integridad y educación plena de las y los educandos.

Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela, para ser considerados por los programas de reconocimiento que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás programas que al efecto determine la Secretaría y las autoridades competentes .

Conocerá los nombres de las y los educadores señalados en el segundo párrafo del artículo 56 de la presente ley.

Estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos.

Llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar.

Alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del educando.

Opinará en asuntos pedagógicos y en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de las y los educandos.

Contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación; estará facultado para realizar convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares.

Respaldará las labores cotidianas de la escuela.

En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

 Artículo 70.

En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación
Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local:

El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio .

Conocerá de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas.

Llevará a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de educación básica del propio municipio.

Estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales

Establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos consagrados en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Hará aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a la formulación de contenidos locales a ser propuestos para los planes y programas de estudio.

Podrá opinar en asuntos pedagógicos.

Coadyuvará a nivel municipal en actividades de protección civil y emergencia escolar

Promoverá la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares.

Promoverá actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa

Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados escolares.

Procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública.

Proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales preponderantes e impulsen el desarrollo integral de las comunidades.

En general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

 Artículo 71.

En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo.

Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar; sistematizará los elementos y aportaciones relativos a las particularidades de la entidad federativa que contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborará con ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación.

 Artículo 72.

La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo especialmente interesados en la educación.

Artículo 73.
Los consejos de participación social a que se refiere esta sección se abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos y no deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas

Sección 3.- De los medios de comunicación

 Artículo 74.

Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7, conforme a los criterios establecidos en el artículo 80.

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Capítulo VII. De las infracciones, las sanciones y el recurso administrativo.

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Capítulo VII. De las infracciones, las sanciones y el recurso administrativo.

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SECCIÓN 1.
De las infracciones y sanciones.

Artículo 75.

Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

1. Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 57;

2. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

3. Suspender clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

4. No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y secundaria;

5. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, la primaria y la secundaria;

6. Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos;

7. Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;

8. Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos;

9. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos;

10. Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos que notoriamente deban ser de su conocimiento;

11. Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna, e .

12. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.

13. Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

14. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes, y

15. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos.

Artículo 76.

Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

1. Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, o .

2. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente.

3. En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIII y XIV del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

Artículo 77.

Además de las previstas en el artículo 75, también son infracciones a esta Ley:

1. Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;

2. Incumplir con lo dispuesto en el artículo 59, e .

3. Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente.

Artículo 78.

Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio, o que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto infractor para que, dentro de un plazo de quince días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos.

Artículo 79.

La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate.

SECCIÓN 2.
Del recurso administrativo.

Artículo 80.

En contra de las resoluciones de las autoridades educativas dictadas con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás derivadas de ésta, podrá interponerse recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Artículo 81.

El recurso se interpondrá, por escrito, ante la autoridad inmediata superior a la que emitió el acto recurrido u omitió responder la solicitud correspondiente.

Artículo 82.

En el recurso deberán expresarse el nombre y el domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente.

Artículo 83.

Al interponerse el recurso podrá ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional, y acompañarse con los documentos relativos. Si se ofrecen pruebas que requieran desahogo, se abrirá un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta días hábiles para tales efectos.

Artículo 84.

La autoridad educativa dictará resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, a partir de la fecha:

1. Del acuerdo de admisión del recurso, cuando no se hubiesen ofrecido pruebas o las ofrecidas no requieran plazo especial de desahogo, y

2. De la conclusión del desahogo de las pruebas o, en su caso, cuando haya transcurrido el plazo concedido para ello y no se hubieren desahogado.

Las resoluciones del recurso se notificarán a los interesados, o a sus representantes legales, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

Artículo 85.

La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada en cuanto al pago de multas.

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Desde el año de 1917, se hablaba de una enseñanza libre y laica. Ninguna institución religiosa ni personal interno a ella puede participar en actividades escolares. Esto se ha mantenido en todas las cinco reformulaciones que se han generado con los años.

En la primera reforma (12 de diciembre de 1934), a manos del presidente Lázaro Cárdenas, se decide integrar el término "socialista", con el fin de crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Se dice también que, las actividades y enseñanzas de los planteles, deberán ajustarse, sin excepciones, por personas que tengan la preparación profesional para ello.

"II.- La formación de planes, programas y métodos de enseñanza corresponderá en todo caso al Estado.
III.- No podrán funcionar los planes particulares sin haber obtenido plenamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público.
IV.- El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las autorizaciones concedidas. Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno.
Estas mismas normas regirán la educación de cualquier tipo o grado que imparta a obreros o campesinos".

La educación se vuelve gratuita y el Estado la impartirá gratuitamente.

En la tercera reforma (30 de diciembre de 1946), por parte del presidente José López Portillo, se le brinda autonomía a la educación superior, teniendo la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, con el mismo fin: educar, investigar y difundir la cultura.

La cuarta reforma (28 de enero de 1992), presentada por el presidente en turno: Carlos Salinas de Gortari, se le anexa la libertad de creencias, pero la pertenencia a la laicidad. Se orientará a una educación basada en resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, fanatismos y los prejuicios. Asimismo, comienza a fomentarse el humanismo dentro de la educación, con el fin de generar una mejor convivencia humana.

La quinta reforma (5 de marzo de 1993), de nuevo, propuesta por el presidente Carlos Salinas de Gortari, enaltece y enlista al ser democrático con el fin de mejorar la economía, la sociedad y la cultura del pueblo; hasta llegar a la educación con el concepto de "calidad" integrado que se busca fomentar en la actualidad.

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(TEXTO ORIGINAL, CINCO REFORMAS)

Fecha de Publicación: 5 de Febrero de 1917

Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos.

Fecha de Publicación: 12 de Diciembre de 1934.

Presidente en Turno: Lázaro Cárdenas

"Artículo 3o. "La educación será socialista Y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.

Soló el Estado – Federación, Estados, Municipios- impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo en todo caso con las siguientes normas:

I.- Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo, y estarán a cargo de personas que en concepto de Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad e ideología acorde con este precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas, y las asociaciones ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas económicamente.

II.- La formación de planes, programas y métodos de enseñanza corresponderá en todo caso al Estado.

III.- No podrán funcionar los planes particulares sin haber obtenido plenamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público.

IV.- El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las autorizaciones concedidas. Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno.

Estas mismas normas regirán la educación de cualquier tipo o grado que imparta a obreros o campesinos.

El Estado podrá retirar discrecionalmente en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planes particulares.

El Congreso de la Unión con el fin de unificar y coordinar la educación de toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a este servicio público y señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo a todos aquellos que las infrinjan".

Fecha de Publicación: 30 de Diciembre de 1946.

Presidente en Turno: Manuel Ávila Camacho

"Artículo 3o.. La educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia;

I.- Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:

"a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

"b) Será nacional, en cuanto - sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

"c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte, a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupo, de sexo o de individuos.

"II. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne a la educación primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a campesinos) deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno;

"III. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior deberán ajustarse, sin excepción, a lo dispuesto en los párrafos I y II del presente artículo y, además, deberán cumplir los planes y los programas oficiales.

"IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente, realicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso no intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros o a campesinos;

"V. El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares;

"VI. La educación primaria será obligatoria;

"VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan".

Fecha de Publicación: 9 de Junio de 1980

Presidente en turno: José López Portillo,

Artículo 3o.- ...

VIII.- Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.

IX.- El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

Fecha de Publicación: 28 de Enero de 1992.

Presidente en Turno: Carlos Salinas de Gortari

"ARTICULO 3o.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los anatismos y los prejuicios. Además:

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

III. Los particulares podrán impartir educación

IV. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el primer párrafo y la fracción II del presente artículo; además cumplirán los planes y programas oficiales y se ajustarán a lo dispuesto en la fracción anterior;

V a IX... "VII. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, y

Fecha de Publicación: 5 de Marzo de 1993.

Presidente en Turno: Carlos Salinas de Gortari.

"Artículo 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale;

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley;

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan".

Aviso Legal - Septiembre 2000.................................................................................................................................................................. Servicios de Biblioteca

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Artículo 3o. Constitucional Gratuidad de la Educación Superior - V.- Evolución Jurídica del Artículo 3o. Constitucional -

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(TEXTO ORIGINAL, CINCO REFORMAS) Fecha de Publicación: 5 de Febrero de 1917 Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de Publicación: 12 de Diciembre de 1934. Presidente en Turno: Lázaro Cárdenas "Artículo 3o.

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Promotor de la Constitución de 1917.

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Art. 3° fracción II

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

Art. 3° fracción III

Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

Art. 3° fracc. IX

Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

La coordinación de dicho Sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Art. 3° fracción IX

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Art. 3° fracc. IX

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

b)Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden,

c)Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

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¿Sabes qué dice el articulo Tercero de la Constitución?

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Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993

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Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993

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📖🍎 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN EN MÉXICO || DERECHO A LA EDUCACIÓN 📜✍

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"Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social."

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"La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva"

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📖🍎 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN EN MÉXICO || DERECHO A LA EDUCACIÓN 📜✍