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El caso La Cantuta ocurrió en 1992 y 1993 en Perú, donde un grupo de estudiantes y un profesor desaparecieron tras una intervención militar en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta. Fueron encontrados meses después en fosas clandestinas en Cieneguilla, con evidencia de ejecuciones y posterior incineración de los cuerpos para ocultar su identidad. El grupo responsable, conocido como Colina, era un escuadrón de la muerte del Ejército Peruano, actuando bajo la dirección y conocimiento de Alberto Fujimori, entonces presidente del país.

A pesar de las condenas internacionales y judiciales, incluida una sentencia contra Fujimori en 2009 por su responsabilidad en estos crímenes, muchas de las víctimas siguen sin ser identificadas y algunas aún están desaparecidas. Familiares y activistas han luchado durante décadas por justicia y memoria, enfrentando obstáculos como leyes de amnistía que intentaron proteger a los responsables. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una condena contra el Estado Peruano en 2006.

La búsqueda de verdad y justicia ha sido una lucha constante para las familias de las víctimas, quienes demandan que los responsables sean llevados completamente ante la justicia y que se preserve la memoria de aquellos que perdieron la vida en este trágico episodio de la historia peruana.

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La Masacre de La Cantuta representa una violación flagrante e imperdonable de los derechos humanos, perpetrada por el Estado bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Mi postura es de condena absoluta hacia las acciones del gobierno de Alberto Fujimori y el Grupo Colina, quienes, en su afán de eliminar la disidencia, cometieron crímenes atroces contra inocentes. Este caso no solo revela la brutalidad de un régimen autoritario, sino que también subraya la necesidad imperiosa de justicia, reparación y memoria para las víctimas y sus familias. Es esencial que se mantenga viva la exigencia de justicia. La lucha contra el olvido es vital para asegurar que tales atrocidades no se repitan y para fortalecer el compromiso con los derechos humanos y la democracia en el Perú.

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La Masacre de La Cantuta se erige como un monumento sombrío en la historia peruana, un recordatorio tangible de las sombras que pueden proyectar quienes ostentan el poder cuando la impunidad se convierte en su escudo. El régimen de Fujimori, en su cruzada contra el terrorismo, terminó por engendrar su propio monstruo de terror estatal, dejando cicatrices indelebles en el tejido social del país.

Como señala Salomón Lerner Febres, presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación:

"La matanza de La Cantuta no fue un exceso aislado de las fuerzas del orden sino parte de una estrategia contrasubversiva que violó sistemáticamente los derechos humanos" (Lerner Febres, 2003, p. 234).

Referencia bibliografíca

Lerner Febres, S. (2003). La rebelión de la memoria. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones. https://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/la_rebelion_de_la_memoria.pdf

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Esta afirmación subraya la naturaleza sistemática de la violencia estatal, revelando que la masacre no fue un acto aislado, sino parte de una estrategia deliberada que socavó los mismos fundamentos del estado de derecho.

La lucha contra el olvido y por la justicia se convierte así en un imperativo moral y cívico. Cada memoria preservada, cada testimonio compartido, es un acto de resistencia contra la impunidad y una afirmación de la dignidad humana. Como lo expresa Jo-Marie Burt en su análisis del caso:

"La búsqueda de justicia por parte de los familiares de las víctimas de La Cantuta no solo ha sido una lucha por la verdad y la reparación, sino también un proceso de reconstrucción de la ciudadanía y fortalecimiento de la democracia en el Perú" (Burt, 2009, pág.13)

Referencia bibliografíca

Burt, JM (2009). Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori. Lima: IEP, Asociación SER. https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/603

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Derecho vulnerado 1: El derecho a la vida

La noche del 18 de julio de 1992, nueve estudiantes y un profesor fueron arrancados de sus vidas, sus sueños truncados por la violencia del Estado. Como granos de arena escurriendo entre los dedos, sus existencias se desvanecieron en la oscuridad de la noche limeña. El derecho más fundamental, aquel que nos permite experimentar todos los demás, les fue arrebatado con brutal indiferencia. Sus familias quedaron con un vacío imposible de llenar, como un libro al que le han arrancado sus páginas más preciadas. La impunidad que siguió al crimen fue como una segunda muerte, negando a las víctimas incluso el derecho a la justicia póstuma.

Derecho vulnerado 2: El derecho a la libertad y seguridad personal

Los muros de la universidad, otro refugio del conocimiento, se convirtieron en testigos mudos de un secuestro atroz. La libertad de los estudiantes y el profesor fue cercenada por quienes debían protegerla. Sus cuerpos, templos de sus espíritus inquietos, fueron profanados y reducidos a cifras en un macabro recuento. La seguridad, ese manto protector que el Estado debe proporcionar, se transformó en una amenaza letal. Como personajes de una novela distópica, las víctimas se vieron atrapadas en un sistema que las consideraba prescindibles, sus vidas sacrificadas en el altar de una supuesta seguridad nacional que solo engendró terror.

Referencia bibliográfica:

Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2003). Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo VII, Capítulo 2: Los casos investigados por la CVR, 2.22 https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-UIE/2.22%20LA%20CANTUTA.pdf Las ejecuciones extrajudiciales de universitarios de La Cantuta (1992). Lima: CVR.

https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-UIE/2.22%20LA%20CANTUTA.pdf

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La masacre de La Cantuta es un símbolo de la brutalidad y abusos cometidos por las fuerzas armadas peruanas bajo el régimen de Fujimori. A pesar de las condenas de algunos responsables, la justicia no ha sido plenamente alcanzada, con cuerpos aún desaparecidos y muchos culpables impunes. El caso resalta la importancia de la memoria histórica y la lucha continua por la verdad y justicia por parte de las familias de las víctimas y activistas.

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Garantizar que todos los responsables, incluidos los de mayor jerarquía, sean llevados ante la justicia ya que es fundamental que todos los responsables de la masacre de La Cantuta, incluidos los de mayor jerarquía, sean sometidos a procesos judiciales imparciales y reciban sanciones adecuadas. Esto garantiza la rendición de cuentas, envía un claro mensaje contra la impunidad y refuerza el estado de derecho. Requiere una investigación exhaustiva, libre de influencias políticas, y la aplicación de las penas pertinentes.

Brindar apoyo psicológico y económico a las familias afectadas ya que las familias de las víctimas necesitan apoyo psicológico para superar el trauma y las secuelas emocionales de la pérdida violenta de sus seres queridos. También es crucial proporcionarles asistencia económica, ya que muchas pueden haber perdido a sus principales proveedores o incurrido en altos costos en su búsqueda de justicia. Este apoyo debe ser completo y constante, incluyendo acceso a recursos terapéuticos, becas educativas y compensaciones financieras.