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Conductas o actividades de aprovechamiento de servidores públicos

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Conductas o actividades de aprovechamiento de servidores públicos

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Uso indebido de bienes y recursos públicos

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Uso indebido de bienes y recursos públicos

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Algunos servidores públicos utilizan los bienes institucionales (vehículos, equipos, materiales de oficina, combustible, etc.) para fines personales. Este comportamiento implica un aprovechamiento indebido del cargo, ya que los recursos destinados al servicio público se desvían para satisfacer intereses individuales.

Desde la teoría Principal–Agente, esta conducta se explica por la asimetría de información: el agente (servidor) tiene control sobre los recursos y el principal (Estado o ciudadanía) no puede supervisar constantemente su uso. Además, la falta de controles internos efectivos y sanciones poco severas facilitan que esta práctica continúe sin consecuencias.

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Nepotismo o favoritismo en contrataciones

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Nepotismo o favoritismo en contrataciones

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Otra forma de aprovechamiento ocurre cuando un servidor público interviene en procesos de contratación o selección para favorecer a familiares o allegados, sin respetar los principios de mérito y capacidad. Esto deteriora la calidad del servicio público y genera desconfianza ciudadana.

Desde la teoría Principal–Agente, esta conducta surge cuando el agente utiliza su poder discrecional para maximizar beneficios personales (lealtad o gratitud de allegados) en lugar de cumplir los objetivos del principal (seleccionar al mejor talento). Factores como la falta de transparencia en los procesos y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas incrementan el riesgo de nepotismo.

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Retraso o manipulación de trámites administrativos

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Retraso o manipulación de trámites administrativos

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Algunos servidores públicos retrasan deliberadamente trámites o exigen pagos informales para acelerar procesos. Este abuso de autoridad se traduce en un aprovechamiento económico o político del cargo.

En términos de la teoría Principal–Agente, el agente se beneficia de la asimetría de información y el poder de decisión que posee, mientras el principal carece de mecanismos para verificar la legitimidad de los retrasos. Factores que facilitan esta conducta incluyen procesos burocráticos complejos, baja digitalización y limitada supervisión de desempeño.

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Existen casos en los que funcionarios públicos revelan o venden información sensible (licitaciones, datos personales o internos) para obtener beneficios personales o favorecer a terceros. Esta práctica vulnera la ética y la normativa del SAGRH.

Según la teoría Principal–Agente, este comportamiento refleja la ruptura de confianza entre el principal y el agente. La asimetría informativa (el agente posee información privilegiada) y la ausencia de mecanismos de control tecnológico o auditorías periódicas facilitan que el servidor use esa información en su favor sin ser detectado.

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Factores comunes que facilitan estas conductas (según la teoría Principal–Agente)

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Factores comunes que facilitan estas conductas (según la teoría Principal–Agente)

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El agente posee más información que el principal, lo que le permite ocultar sus acciones.

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El agente posee más información que el principal, lo que le permite ocultar sus acciones.

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La ausencia de monitoreo constante permite comportamientos oportunistas.

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Si las sanciones no son proporcionales o no se aplican, el riesgo percibido es bajo.

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La tolerancia al incumplimiento de normas fomenta la repetición de conductas indebidas.