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NOTICIA _ A través de acciones de garantías constitucionales, Poder Judicial garantiza defensa de los ciudadanos en Estado de Emergencia - Dianira 

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NOTICIA _ A través de acciones de garantías constitucionales, Poder Judicial garantiza defensa de los ciudadanos en Estado de Emergencia - Dianira 

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Todo ciudadano que se consideraba afectado en sus derechos por el exceso o abuso de las facultades excepcionales otorgadas a las fuerzas del orden eran respaldados por el Código Procesal Constitucional con garantías constitucionales como hábeas corpus, recursos de amparo; entre otros.

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El juez supremo Ricardo Brousset Salas señaló que en las zonas declaradas en Estado de Emergencia se mantienen las acciones de garantías constitucionales ante el Poder Judicial en defensa de cualquier ciudadano que se considere afectado en sus derechos por el exceso o abuso de las facultades excepcionales otorgadas a las fuerzas del orden.

El magistrado precisó que los jueces constitucionales mantienen intactas las facultades que les otorga el Código Procesal Constitucional para dictar las medidas provisionales previstas en favor de los ciudadanos afectados.

En ese sentido, explicó que entre las garantías constitucionales con que cuenta la población se encuentra la presentación de hábeas corpus, recursos de amparo; entre otros.

En esa misma línea, señaló que las garantías constitucionales forman parte de los mecanismos legales que cuenta el Poder Judicial y que le permite ejercer un control de las acciones desplegadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante el Estado de Emergencia.

ESTADO DE EMERGENCIA DE BAJA INTENSIDAD

Sin embargo, el magistrado calificó de baja intensidad el Estado de Emergencia decretado por el Poder Ejecutivo debido a que este ha sido impuesto solo en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, en Lima; así como en determinados distritos de Piura.

Recordó, asimismo, que los Estados de Emergencia decretados en gestiones anteriores incluían toques de queda o restricciones en los órganos de justicia, medidas que no han sido incluidas en esta oportunidad.

"En algunos momentos de nuestra historia han habido Estados de Emergencia con toques de queda y con restricciones de los órganos de justicia pero en este caso no. Por lo cual, estamos hablando de un Estado de Emergencia de baja intensidad", estimó.

Respecto a los derechos que se restringen, el magistrado explicó que se encuentra la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la reunión y a la libertad de tránsito.

"En caso la ciudadanía no cumpla con algunas de estas restricciones dentro de la hora establecida, el Poder Judicial puede ordenar la detención de la persona por un plazo de 24 horas para descartar que la reunión no fue realizada con un fin delictivo", detalló.

FUERZAS ARMADAS VAN DE APOYO

Por último, aclaró que la Policía Nacional es el encargado de las detenciones en el Estado de Emergencia y que las Fuerzas Armadas van de apoyo, por lo cual descartó que exista una militarización.

"La policía es la que realiza las operaciones y las fuerzas armadas van de apoyo para las intervenciones, detenciones, allanamientos pero siempre bajo la dirección de la Policía Nacional. No hay desvío de competencia, las Fuerzas Armadas van de apoyo como tema de seguridad", dijo.

Lima, 3 de octubre del 2023

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A través de acciones de garantías constitucionales, Poder Judicial garantiza defensa de los ciudadanos en Estado de Emergencia

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Perú: Muerte de manifestantes violó los derechos a la vida y de reunión pacífica, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU

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Perú: Muerte de manifestantes violó los derechos a la vida y de reunión pacífica, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU

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Cabe recalcar que las víctimas de esta tragedia fueron manifestantes pacíficos que simplemente estaban ejerciendo su derecho a la libertad de reunión. El hecho de que fueran asesinados a tiros por la policía demuestra un desprecio flagrante por la vida humana y por los principios básicos del derecho internacional, violando así el Derecho a la vida. Alvarado Acosta Yunni

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El caso de Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano, es un ejemplo emblemático de la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas.       El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha determinado que Perú violó los derechos a la vida y de reunión pacífica de las víctimas, y que no investigó adecuadamente las muertes ni enjuició a los responsables.              

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https://revistalex.org/index.php/revistalex/article/view/174

Realizado por: Catherine Colchado Ugaldez

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Perú cometió "violaciones de derechos humanos graves" en las protestas por la destitución del presidente Castillo, dice la CIDH

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Perú cometió "violaciones de derechos humanos graves" en las protestas por la destitución del presidente Castillo, dice la CIDH

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Es inaceptable que las fuerzas del orden recurran a la violencia letal para reprimir la disidencia pacífica. El derecho a la protesta y a la libertad de expresión son fundamentales en una democracia, y las autoridades deben garantizar que estos derechos se ejerzan sin temor a represalias. Huaman Vera Ronald

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Fuente de la imagen, Getty Images

Pie de foto, Familiares han denunciado la muerte y arresto de manifestantes durante las protestas tras la destitución de Pedro Castillo.

"Violaciones de derechos humanos graves".

Esta es la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este miércoles presentó su informe sobre la actuación del Estado peruano durante las protestas antigubernamentales por la destitución en diciembre de 2022 del presidente Pedro Castillo.

La CIDH afirmó que un uso excesivo de la fuerza frente a manifestantes causó un alto número de muertos y heridos por "impactos de armas de fuergo".

En las protestas que estallaron tras la destitución el 7 de diciembre del entonces presidente Castillo, que horas antes había intentado disolver el Congreso, murieron más de 60 personas por choques entre la policía y militares con los manifestantes, uno de los episodios más violentos en las últimas dos décadas en Perú.

El mayor número de víctimas se registró en las regiones andinas de Ayacucho y Puno, focos de las protestas en demanda de nuevas elecciones y la renuncia de la presidenta que sustituyó a Castillo, Dina Boluarte.

"Hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico racial, perpetuada por agentes estatales las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", dijo la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en un resumen del informe.

"Además, como estas son de privaciones múltiples de derecho a la vida, teniendo en cuenta la circunstancia, tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre", manifestó en una conferencia virtual dando las conclusiones del informe.

Para este reporte la comisión visitó Perú entre el 11 y 13 de enero, cuando se reunió con familiares de las víctimas, entidades autónomas de la sociedad civil y el gobierno.

El informe de la comisión sigue a otro reciente de Human Rights Watch, que concluyó también que el Ejército y la policía de Perú fueron responsables de las muertes en las protestas.

La fiscalía peruana ha iniciado una investigación preliminar contra Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las protestas, en la que incluyó también a parte de su gabinete de ministros.

Fuente de la imagen, Getty Images

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Perú cometió "violaciones de derechos humanos graves" en las protestas por la destitución del presidente Castillo, dice la CIDH - BBC News Mundo

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas antigubernamentales de diciembre del año pasado.

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La muerte de 10 civiles durante el operativo policial constituyó una clara violación del derecho a la vida, consagrado en el artículo 2 de la Constitución peruana y en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Observamos también el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú provocó lesiones graves a varios manifestantes, violando su derecho a la integridad personal, establecido en el artículo 2 de la Constitución peruana y en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La represión violenta de la protesta indígena impidió el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión, garantizados en los artículos 2 y 13 de la Constitución peruana y en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El gobierno peruano no consultó adecuadamente a las comunidades indígenas afectadas por los proyectos extractivos, violando su derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La falta de una investigación exhaustiva e independiente sobre la masacre y el enjuiciamiento de los responsables ha generado un clima de impunidad que socava el Estado de derecho y el acceso a la justicia para las víctimas.

En conclusión el caso de Bagua puso de manifiesto la fragilidad de las garantías constitucionales en Perú, especialmente en contextos de conflicto social y vulnerabilidad de los derechos de los pueblos indígenas. Es fundamental fortalecer las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, garantizar la rendición de cuentas por las violaciones y promover el diálogo y la reconciliación para evitar que sucesos similares se repitan.

FUENTES LAZO LAURA XIMENA (PSICOLOGÍA

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Este conflicto social dejó 33 personas muertas. Aún se desconoce el paradero del mayor PNP Felipe Bazán.

El 5 de junio del 2009 se registraron incidentes en Bagua (Amazonas) que dejaron como saldo la muerte de 33 personas, incluidos 23 policías, y graves violaciones de los derechos humanos. Pasaron ocho años y solo uno de varios procesos penales que se abrieron tras el ' Baguazo' fue resulto.

El día del 'Baguazo', agentes de la DINOES (dirección Nacional de Operativos Especiales) con apoyo de las Fuerzas Armadas se enfrentaron a cientos de nativos que estaban atrincherados más de 50 días en la zona conocida como 'Curva del diablo'.

La orden era despejar la carretera Fernando Belaunde Terry. En un inicio lanzaron bombas lacrimógenas y después usaron armas de fuego, agravando la situación. Los manifestantes tomaron rehenes entre los que se encontraba el mayor Felipe Bazán, de quien hasta ahora se desconoce su paradero. La versión oficial dijo que hubo 33 muertos.

Causa del conflicto. El 'Baguazo' se originó porque el segundo Gobierno de Alan García (2006 - 2011) promovió una política de inversiones como parte de la ejecución del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Varios decretos legislativos suscritos afectaban directamente a las comunidades indígenas de la Amazonía. La ira de los nativos fue debido a que la minera Afrodita pretendía ocupar una zona protegida legalmente; después del conflicto social, la compañía transnacional suspendió sus actividades.

'Curva del diablo'. El proceso duró más de siete años y culminó el 22 de septiembre de 2016 con la absolución de todos los casos a los nativos. Entre quienes están los dirigentes Alberto Pizango y Santiago Manuin, acusados de haber sido los instigadores. El fallo fue emitido de manera unánime.

Otros casos. Los casos que aún se encuentran en desarrollo son 'Estación 6 de Petroperú', en Imasita, donde los indígenas tomaron como rehenes a 39 personas (38 policías y un ingeniero), a quienes golpearon con sus lanzas. Diez de ellos fueron asesinados, entre los que se encontraba el comandante PNP Miguel Montenegro. También falta resolver la desaparición del mayor Felipe Bazán.

Las protestas surgieron luego que el Gobierno promoviera una política de inversiones en el marco de la ejecución del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. | Fuente: La República

El 'Baguazo' ocurrió durante el segundo gobierno del expresidente Alan García, el 5 de junio del 2009. | Fuente: Perú 21

El mayor Felipe Bazán fue tomado como rehén y despojado de sus prendas. Aún se desconoce su paradero. | Fuente: La República

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¿Qué fue el Baguazo? Causas y consecuencias de una matanza | RPP Noticias

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Este conflicto social dejó 33 personas muertas. Aún se desconoce el paradero del mayor PNP Felipe Bazán.