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Preciado concibe los principios generales del derecho, como los principios más generales de ética social, derecho natural o axiología jurídica, descubiertos por la razón humana, fundados en la naturaleza racional y libre del hombre, los cuales constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible o actual.

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Para Burgoa los principios generales del derecho, pueden considerarse como fuente de colmación de lagunas de la ley, o como supletoria de la falta de ésta para resolver los conflictos jurídicos

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Consiste en la imposibilidad de observancia o aplicación simultanea de dos normas. Para Kelsen es imposible que coexistan normas en conflicto y nos explica que la doctrina tradicional, manteniendo el dogma de la consistencia ‘lógica’ del orden jurídico, trata las normas en conflicto como si estas constituyeran una contradicción lógica; sostiene que en todo orden jurídico es lógicamente imposible que coexistan dos normas válidas en conflicto.

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García Máynez señala que cabe observar que la validez de una norma sólo se anula mediante un acto de derogación. La solución del conflicto de normas sólo se realiza mediante una norma positiva

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el requisito de que se hayan agotado todos los recursos ordinarios para que proceda la acción pretendida. Este término se utiliza en el juicio de amparo y en derecho administrativo

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Este requisito de procedibilidad de la pretensión de amparo está contemplado por el artículo 107 de la Constitución, fracciones III y IV, la primera referente a actos jurisdiccionales y la segunda a actos administrativos.

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El principio de legalidad se encuentra consagrado como derecho fundamental en el orden jurídico mexicano (artículos 103 y 107 de la propia Constitución).91 Y nos brinda certidumbre jurídica.

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Es conveniente advertir que el principio de legalidad alude a la conformidad o regularidad entre toda norma o acto inferior con respecto a la norma superior que le sirve de fundamento de validez, por lo que opera en todos los niveles o grados de la estructura jerárquica del orden jurídico

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Manifestación democrática de la voluntad mayoritaria del organismo, al no existir unanimidad en la votación. Aplicando el término al lenguaje forense, por voto debe entenderse el parecer o dictamen manifestado en una junta o ente corporativo para la decisión de algún punto o elección de algún sujeto.

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En las juntas o asambleas de las sociedades las opiniones y voluntades de las personas que las integran se unifican por medio de particulares principios jurídicos establecidos por el legislador, que generalmente consisten en atribuir a la corporación la voluntad de la mayoría de sus componentes para la decisión de un asunto sujeto a debate y que vinculan a todos ellos, incluso a los ausentes y disidentes.

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Obligación de contribuir fiscalmente como miembros del colectivo. En el derecho tributario, este principio exige que la carga impositiva derivada de los gastos públicos se ajuste a la capacidad contributiva de los sujetos obligados.” Es decir, que todos los miembros de la sociedad tenemos la obligación de contribuir al gasto público.

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Este concepto de proporcionalidad se encuentra en el artículo 31 fracción IV de la Constitución de 1917, al expresar que: ‘Son obligaciones de los mexicanos…IV. Contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

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Este principio, tenido por regulador de la aplicación extraterritorial de la ley penal junto al de personalidad y al principio real o de defensa, se conoce también como principio de la administración de la justicia mundial. En su virtud, el Estado sujeta a su ley penal hechos que atentan contra los intereses de todos los Estados, independientemente de quienes los cometan, contra quienes se cometen y donde sean cometidos.

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Desde el punto de vista de administración del impuesto, un sistema fiscal así estructurado tiene la ventaja de ser funcional, porque existen varias medidas de la capacidad contributiva o bienestar económico, que son el ingreso, la riqueza personal y el consumo.

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Se trata de la aplicación de la ley penal patria al delincuente. El Código Penal da acogida limitada al principio de nacionalidad o personalidad, al disponer que los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano, sea contra mexicanos o extranjeros, serán penados en la República conforme a las leyes federales si en ellas se encuentra el acusado sin haber sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió, por una infracción que es delictuosa tanto en la República como en el país del delito.

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Punibilidad de acciones graves cometidas contra intereses fundamentales del Estado fuera de su territorio. El reconocimiento del principio real, primeramente, en la regla del artículo 2° fracción II del Código Penal, en cuanto tiene por punibles conforme a ese Código los delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal, cuando no hubieren sido juzgados en el país donde se cometieron, y, en seguida, en la del artículo 4°, en cuanto castiga de acuerdo con las leyes federales mexicanas

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Son aquellos que orientan el procedimiento según la materia. Existen dos conceptos sobre los principios procesales, el primero de carácter amplio comprende, los lineamientos esenciales que deben canalizar tanto el ejercicio de la acción (principios dispositivo o inquisitivo, de contradicción, igualdad de las partes)