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Este artículo establece que los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, ejidos, comunidades, sociedades y demás personas que sean titulares o poseedores de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, tienen el derecho de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales concesionadas. Es fundamental para agrónomos, ya que regula el uso del agua, un recurso esencial para la agricultura y la ganadería.

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Define que los derechos de explotación, uso o aprovechamiento del agua con fines agrícolas, ganaderos o forestales pueden ser transmitidos bajo las condiciones establecidas en la Ley y sus reglamentos. Para un agrónomo, este artículo es clave porque permite la continuidad en el uso de recursos hídricos a través de la transferencia de derechos.

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Regula la concesión de derechos sobre aguas nacionales, especificando que pueden ser otorgados a personas físicas o morales, ya sea para el uso individual de aguas nacionales con fines agrícolas o para administrar sistemas de riego. Esto es vital para agrónomos involucrados en la gestión de recursos hídricos o en proyectos agrícolas de gran escala.

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Detalla los requisitos que deben cumplir las personas morales que administran y operan sistemas de riego. Incluye la distribución y administración del agua, la protección de derechos individuales de los usuarios, la operación y mantenimiento de la infraestructura, y la recuperación de costos mediante cuotas. Es crucial para un agrónomo, ya que establece las bases para una gestión eficiente y equitativa del agua en sistemas agrícolas.

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Permite a las unidades o distritos de riego variar parcial o totalmente el uso del agua, siempre que se cumpla con lo dispuesto en los reglamentos respectivos y bajo la supervisión de la Autoridad del Agua. Este artículo es importante para agrónomos que buscan adaptar el uso del agua a las necesidades cambiantes de los cultivos o del clima.

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Regula la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas en ejidos y comunidades para el asentamiento humano o para tierras de uso común, según lo disponga el reglamento interno de cada ejido o comunidad. Establece que los ejidatarios son los únicos que pueden autorizar el uso del agua para sus parcelas, lo que es esencial para garantizar la autonomía de las comunidades agrarias.

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Establece que, cuando un ejidatario adopta el dominio pleno de su parcela, también se le transmiten los derechos sobre el uso de agua necesario para el riego de su tierra. Además, la Autoridad del Agua debe otorgar la concesión respectiva sin más requisito que la constancia de la cancelación de la inscripción de la parcela en el registro ejidal. Este artículo es clave para agrónomos, ya que asegura el acceso continuo al agua para la producción agrícola.

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Explica que, cuando se transmita el dominio de tierras ejidales o de uso común a personas morales o a sociedades, estos adquirentes conservan los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes. La Autoridad del Agua debe otorgar la concesión respectiva. Es esencial para agrónomos involucrados en la transición de tierras y la continuidad de los derechos hídricos.

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Los productores rurales pueden asociarse para constituir personas morales con el fin de integrar sistemas que proporcionen servicios de riego agrícola a diversos usuarios, formando así unidades de riego. Estas unidades son esenciales para organizar el acceso al agua y la gestión de la infraestructura necesaria para el riego, un aspecto fundamental en la agricultura.

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Detalla los objetivos de las unidades de riego, como la construcción y operación de infraestructura de riego, la coinversión con recursos públicos y la operación de infraestructura pública. Estos objetivos son fundamentales para agrónomos que buscan mejorar la eficiencia y la cobertura del riego en áreas rurales.

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En el título de concesión de aguas nacionales otorgado a las unidades de riego se incorpora el permiso de construcción y, en su caso, la concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de bienes públicos. Además, el estatuto social de la persona moral y el reglamento de las unidades de riego deben cumplir con lo establecido en la Ley. Este artículo es crucial para asegurar que las unidades de riego operen de acuerdo con la normativa vigente.

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Las personas morales que operan unidades de riego están obligadas a pagar la parte recuperable de la inversión federal en infraestructura y a garantizar su cumplimiento. Además, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emitirá la normatividad para la construcción, conservación y mantenimiento de las obras de infraestructura. Este artículo es importante para agrónomos involucrados en la planificación y gestión de proyectos de riego financiados con recursos públicos.

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Permite a las unidades de riego integrarse en distritos de riego o asociarse entre sí para efectos de la Ley. Las unidades que se integren mantendrán su autonomía, pero deberán cumplir con las disposiciones aplicables a los distritos de riego. Este artículo es vital para agrónomos que buscan consolidar esfuerzos y recursos para mejorar la eficiencia en la gestión del agua.

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Los distritos de riego se conforman por áreas dentro de su perímetro, obras de infraestructura hidráulica, aguas superficiales y subterráneas, y las instalaciones necesarias para su operación. Este artículo define la estructura básica de un distrito de riego, lo cual es esencial para la planificación y administración de grandes sistemas de riego en la agricultura.

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En ciclos agrícolas donde el agua sea insuficiente para atender la demanda del distrito de riego, la distribución del agua disponible será responsabilidad del Organismo de Cuenca correspondiente, de acuerdo con el reglamento del distrito. Este artículo es fundamental para agrónomos, ya que establece los procedimientos en situaciones de escasez de agua, un factor crítico para la sostenibilidad agrícola.