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El cuatro de febrero la Gobernación del Valle dio a conocer que la Universidad que lleva el mismo nombre del departamento expulsó a tres estudiantes por casos de violencia de género. Apenas cuatro días después otro antiguo estudiante, a quien la Universidad del Valle expulsó en marzo de 2020 por lo mismo, la demandó para volver a ingresar.

Esa acción legal es un paso más del expulsado, Carlos Rocha, para evitar sanciones por una conducta que, según ocho entrevistados, lo caracteriza desde hace casi una década, y que ha dejado más de cinco víctimas, no solo en Cali sino también en Bogotá.

Una forma de actuar que conoció y no sancionó la Universidad Nacional en Bogotá, lo que permitió que cambiara de ciudad y, según las fuentes, produjera nuevas víctimas.

Además, víctimas de las dos ciudades dicen que han denunciado a Rocha ante la Fiscalía, pero hasta ahora no han avanzado los procesos.

El rector de Univalle dijo en marzo de 2020 que había un proceso penal y La Silla confirmó que está activo, pero la Fiscalía no revela detalles. Interpusimos un derecho de petición para conocer más de ese y cualquier otro proceso. Hasta el momento de publicar esta nota no hemos tenido respuesta.

Las ocho personas que nos contaron su versión de lo sucedido solicitaron no ser nombradas, porque no quieren ser identificadas o porque sus testimonios hacen parte de procesos judiciales que no quieren afectar. Por esta razón todos los nombres fueron cambiados.

La Silla intentó comunicarse con Carlos Rocha a varios números telefónicos y a su correo electrónico de la universidad para conocer su versión. Hasta la publicación de esta nota no obtuvimos respuesta.

Las denuncias de Bogotá (2011-2013)

Daniel conoció a Rocha en 2011 en las inducciones de derecho, carrera a la que habían entrado en la Universidad Nacional. Dos años después, acompañó un proceso disciplinario en su contra por violencia de género.

En primer semestre se hicieron cercanos, pero Daniel se alejó cuando Rocha apagó un cigarrillo en su brazo para despertarlo una noche que cayó dormido en un bar.

En 2012 Daniel estaba en una campaña de visibilización de violencias de género en su facultad, y tres mujeres se le acercaron y cuestionaron su activismo. "Es muy hipócrita de tu parte hablar de acoso sexual cuando eres tan amigo de un acosador sexual", cuenta que le dijeron.

Dos de ellas decían ser víctimas de Rocha.

Al conocer los casos, Daniel decidió acompañarlas. Cuenta que los cuatro acudieron a las instancias de la facultad.

El proceso era poner la queja en el comité de resolución de conflictos y aspectos disciplinarios, que debía abrir un proceso y enviarlo eventualmente al consejo de bienestar. Este establecía si merecía sanción y el consejo de la facultad debía decidir.

Daniel cuenta que el caso nunca pasó del consejo de bienestar, porque se dilató y a mitad de 2013, Rocha viajó definitivamente a Cali.

La Silla verificó que en la Facultad no hubo ninguna sanción disciplinaria contra Rocha. Le preguntamos oficialmente a la Universidad pero hasta el momento de publicar no nos han confirmado en qué quedó la queja.

Daniel cuenta que fue testigo presente en uno de los tres casos.

Según él, en 2011 Estefanía -una amiga cercana al grupo de amigos que compartía entonces con Rocha- ofreció su casa en el centro de Bogotá para que todos se asearan después de una marcha.

"Ella me cuenta, y yo siempre le creo, que Carlos [Rocha] al salir del baño que quedaba en el cuarto de ella se quitó la ropa, se quitó la toalla, se presionó contra ella y le metió las manos debajo de la blusa. A cogerle los senos a la fuerza. Ella lo empujó y le dijo '¡¿Qué le pasa?!'. Y él empezó a jalarla del cabello", cuenta.

Daniel recuerda que ella gritó su nombre y que cuando entró al cuarto la encontró en la esquina, cubriendo con los brazos su pecho.

Rocha se estaba riendo. "Tenía un gesto horrible", dice. "Él se reía en la cara de uno y se reía en la cara de ellas".
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Otro caso es el de Sara, en una relación más vertical.

Ella le contó a La Silla que también en 2011, cuando tenía 17 años, Rocha la contactó por Facebook. A la semana de conocerse personalmente, le preguntó si querían ser novios y ella dijo que sí. Pero cuenta que terminaron a los pocos días, porque a él le molestó que no publicara en sus redes sociales que tenían una relación.

Después la volvió a contactar, le pedía que fuera a su casa porque su tío estaba enfermo y se sentía mal. Sara se negaba y él respondía que eso mostraba que ella nunca lo quiso y que no le importaba su estado.

Él insistió y le pidió que se vieran en la Universidad Nacional. "Estábamos en un salón vacío. De pronto me besó, yo me sentí incómoda y traté de apartarlo. Él se la sacó. Me empezó a refregar su pene. Luego me cogía la cabeza para que yo le hiciera sexo oral pero me resisitía. Él quería tener sexo, pero al final pude salir corriendo".

Después Rocha le escribió a Sara por Facebook y le dijo "lo que pasó en el salón no significó nada para mí. Usted no vale nada y yo en realidad no quiero nada con usted".

Sara nunca denunció. "Tenía 17 años y no entendía que lo que me pasaba era así de grave", explica.

Él la siguió buscando porque los dos estudiaban en la Nacional. "Me daba tanto miedo que yo trataba de llevarlo por las buenas, pero eso solo hacía que mi odio por él creciera", recuerda ella.
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Fernanda conoció a Rocha por Facebook en el 2013, cuando ella apenas cumplía 18 años y estaba en el colegio. Denuncia que él la acosó durante cuatro años.

Él le envió una solicitud de amistad que ella aceptó confundiéndolo con alguien más. Cuenta que no era claro de quién era el perfil.

"Lo que más me perturba cuando recuerdo todo con él es que a las pocas horas de hablar me dedicó una canción horrorosa. En ese momento la encontré incluso interesante. Hoy soy consciente que es una canción que relata una violación".

Se trata de ' Hoy ten miedo de mí ', de Fernando Delgadillo, que tiene versos como "Porque no vaya a ser que cansado de verte/Me meta en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas/Y te bese los pies/Y te llame mi diosa/Y no pueda mirarte de frente/Y te diga llorando después/Por favor tenme miedo/Tiembla mucho de miedo mujer".

A Fernanda le resultó interesante hablar con alguien que mostraba saber de poesía, fotografía y política. Pero, con una desconfianza que persistió, rechazaba las constantes invitaciones de Rocha para conocerse.

"Era muy insistente para vernos, llamaba llorando", explica.

Muchas veces él le escribió por Facebook que la había visto sin que ella lo notara, le habló sobre su cuerpo, le dijo que la deseaba y le reprochó su rechazo. Meses después, lo conoció en una aparente casualidad.

Fernanda reconoce que hubo una agresión física. Ella aceptó ir al cine con él, "y no caí en cuenta que era grave ir entre semana a las 11 de la noche". Cuando llegaron al centro comercial y lo encontraron cerrado, ella le pidió que la acompañara a coger el bus, pero se quedaron hablando en unas escaleras del parque de Usaquén.

Fernanda recuerda que Rocha intentó besarla, pero ella no quería.

"Yo tenía una camisa con los hombros descubiertos y un topcito de tiras. Me bajó toda la blusa, yo caí sobre el último escalón de las escaleras", cuenta y agrega que Rocha trató de jalarle el pantalón, pero no pudo.

"No entendía lo que pasaba, él se reía, pensé que era un juego. Estaba acostada en el suelo, desnuda en el torso y con los pantalones más abajo de las nalgas", narra.

Fernanda lo bloqueó en redes sociales. Asegura que Rocha la buscó desde perfiles con otros nombres hasta 2017, cuando él ya estaba en Cali.
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La Silla habló con dos mujeres más que dicen haber sido víctimas de Rocha en Bogotá y que no quisieron dar detalles.

"No quiero revivir lo que que me pasó con Rocha porque me afecta emocionalmente. He tratado de olvidarme de todo esto", dijo una de ellas.

La otra dice que denunció ante la Fiscalía que él la obligó a hacerle sexo oral, pero que nunca la llamaron para hacer seguimiento. Siente que eso ha sido desgastante.

Nidia Olaya, miembro de la Red Jurídica Feminista y quien las acompañó en el caso, le dijo a La Silla Vacía que muchas víctimas desisten de estos procesos al ver pocos resultados.

Sara Yaneth Fernández, profesora de la Universidad de Antioquia y vocera de la Red Nacional de Universidades por la Equidad de Género, explica que esas demoras se pueden dar porque los procesos internos de las universidades, en especial los disciplinarios, son muy lentos.

Más aún cuando se trata de violencias de género que no están tipificadas.

"Las universidades deben modificar los estatutos por medio de acuerdos que tipifiquen las violencias de género como faltas disciplinarias. Si no está tipificado, la universidad no tiene cómo resolver", dice.

Aclara que modificar los estatutos no es tan fácil y que las violencias de género se deben tipificar con sanciones graduales, pues van desde una frase sexista hasta el abuso sexual.

"A esto se suma el tiempo que tarda revisar un caso, que no siempre sucede por voluntad propia sino por presión de colectivos, estudiantes, profesores y demás", agrega la académica.

Una presión que no hubo en la Nacional contra Rocha: según Daniel, sólo él, las tres víctimas y Rocha, sabían de este proceso. Es decir, fue algo privado y sin presión.

Isabel Rincón, abogada que conoce los procesos en la Nacional porque acompañó quejas de violencia de género de otras estudiantes, le dijo a La Silla que si la institución "hubiera hecho algo a tiempo, si por ejemplo en lugar de dejarlo retirar, lo expulsan y se va con una anotación en su hoja de vida, en Univalle hubiesen podido saber a qué se estaban enfrentando".

Rincón también dijo que a la universidad le hace falta un órgano independiente y central que pueda tratar los temas de violencia de género: "la universidad tiene que entender que esto es diferente a un disciplinario. Hacer copia o fraude es grave, pero no se le está tirando la vida a nadie", comentó.

Nada de eso pasó, y Rocha se fue a Cali.

Cali: Casos de acoso y abuso sexual (2013-2019)

Andrea es una egresada de la Universidad del Valle que le dijo a La Silla que Carlos Rocha la violó en 2015, cuando estudiaba allá.

Andrea aclara que hay muchas cosas que no recuerda porque el proceso de superar la violación y empezar a denunciarla la dejó agotada mentalmente. "No sé cómo sigo cuerda", dice.

La primera vez que supo de Rocha fue porque él la agregó a Facebook, igual que había pasado antes en Bogotá. Empezaron hablando de literatura, y luego él le dedicó poemas y la invitó a salir, pero ella se negó. Rocha le reclamó.

Después de discutir y de cortar la comunicación, Andrea cuenta que Rocha le escribió proponiéndole una amistad, aclarando que entendía que ella no estaba interesada en él.

Casi una semana después Andrea llegó de un viaje corto de Tuluá a Cali. Estaba triste porque se había caído la idea de un proyecto con una colega, y para colmo olvidó las llaves de la casa. No había nadie que pudiera abrirle la puerta, no tenía minutos y estaba corta de dinero. Empezó a escribirle a amigos para preguntarles si podía quedarse en casa de ellos, hasta que Rocha le escribió a Facebook.

Ella, confiada en sus acuerdos de amistad, le pidió que la dejara quedarse donde él esa noche. Así, llegó hasta La Buitrera, un corregimiento al sur de Cali donde vivía Rocha. No sabe expresar qué tan lejos quedaba la casa, pero sentía que estaba en medio de la nada.

Cuando llegó el momento de dormir, Andrea dice que él le preguntó si podrían estar en la misma cama o si él debía dormir en el sillón. Convencida de la madurez de ambos, le respondió que podían dormir juntos sin que esto tuviera implicaciones sexuales.

"Estábamos durmiendo y él me empezó a abrazar, me empezó a restregar su pene y luego me empezó a besar. Yo me paralicé. No sabía qué hacer, pero me sentía incómoda y le dije varias veces que no quería", recuerda Andrea y aclara que a pesar de eso, él la violó.

Narra que mientras pasaba Rocha le decía que él era diferente a otros hombres con los que ella había estado y cuenta que sólo se detuvo cuando ella empezó a llorar.
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Marcela estaba en primer semestre de Comunicación Social en 2015 cuando los estudiantes de la Universidad del Valle entraron en paro. Rocha estuvo en la movilización, y cuenta ella, lideraba su cubrimiento fotográfico (como se ve en esta nota de Contagio Radio). Las fotos fueron justamente uno de los temas de conversación cuando empezaron a conocerse.

"Nos agregamos a Facebook, no fue nada especial, todos nos estábamos conociendo", cuenta.

Dice que un día, cerca de las 12 de la noche, Rocha le escribió preguntándole qué hacía despierta. Después de una charla, él le preguntó si podía mostrarle algo que estaba haciendo. Marcela accedió, le contestó una videollamada y vio una mano masturbando un pene.

"Le dije 'ok, a mí no me gusta eso, no lo hagas, no me interesa' y él siguió diciendo que nos podíamos divertir". Recuerda que él sabía que ella era gay.

Lo borró de las redes sociales y no volvieron a hablar. "Lo ignoraba cuando lo veía. De ahí en adelante fue toda la situación incómoda de tener que presenciar los lugares que él frecuentaba en la universidad", concluye.
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Marta conoció a Rocha por una solicitud en Facebook, en julio de 2015. Un mes después se conocieron personalmente y en 2016 iniciaron una relación.

Ella dice que sólo ahora, después de año y medio de terapia psicológica, puede hablar con tranquilidad de lo que vivió: se alejó de sus amigos, redujo su círculo social a Rocha y dos compañeros con los que hablaba personalmente en la universidad, dejó de comer y perdió 6 kilos.

Cuenta que su primera alarma debió ser el día en que su cuenta de Facebook se cerró y alguien cambió la contraseña; el mismo día en que Rocha empezó a enviarle al Whatsapp pantallazos de sus conversaciones por esa red con amigos.

Desde entonces Marta dejó de usar esa red porque sabía que Rocha tenía acceso. Cuenta que si cambiaba la contraseña discutían, y que él argumentaba que ella no lo quería, o aceptaba que tenía una inseguridad que ella debía ayudarle a superar, permitiéndole entrar a su Facebook.

Luego perdió la cuenta de Gmail y, como si no fuera suficiente, Rocha le hacía reclamos, con imágenes incluidas, por el historial de Google que mostraba las búsquedas que hacía.

Marta dice que también soportó cuestionamientos de Rocha por no dejarse grabar teniendo sexo y que aceptó relaciones con él para evitar discusiones, incluso entre quejas y llanto de ella que no lo detenían.

Cuenta que una noche despertó y vio que Rocha intentaba abrirle las piernas y estaba a punto de penetrarla. Dice que lo rechazó y empezaron a discutir. Fue la última vez que tuvieron algún contacto sexual.

En 2018, después de que en medio de una discusión Rocha amenazó con ir al nuevo trabajo de ella para aparentemente armar un escándalo, decidió terminar. Optó por llamar al papá de Rocha para advertirle que habían terminado y que no quería que él fuera a su trabajo.

"Creo que en ese sentido me adelanté. El papá fue muy comprensivo", dice Marta. A pesar de esto, siguió buscándola hasta mediados del siguiente año, cuando todo estalló.

Finalmente, una sanción

El 15 de noviembre de 2019 la escuela de comunicación social de Univalle, donde Rocha cursaba el último semestre, amaneció grafiteada. " ¿Pa cuándo el grado de Rocha por violador?", " Rocha: ya sabemos lo de la Nacho ", decían las pintadas.

Ese fue el empujón que muchas necesitaron para hablar.

El colectivo feminista Tamboras Insurrectas publicó los grafitis en Instagram y el colectivo Red Amaranta convocó un plantón para rechazar los casos de violencia de género.

Días después, una imagen anónima con la foto de Rocha y un texto que invitaba a denunciar agresiones de su parte empezó a rotar en las redes.

Uno de los perfiles que la compartió fue Tamboras y, a raíz de esto, recibió más de 20 mensajes directos a su cuenta en Instagram y los publicaron. Los relatos iban desde insinuaciones sexuales hasta un caso de violación.

Probablemente acá cambió la vida de Rocha: el grafiti más las redes sociales generaron una avalancha de denuncias, movilizaciones de colectivos que duraron hasta marzo, y exigencias de expulsión.

"Esto se volvió viral y empezó a llegar mucha gente que quería ayudar o denunciar", dice Andrea, la mujer que denunció la violación en la casa de él.

Andrea cuenta que con la visibilización de Rocha en pocos días tenía un grupo de Whatsapp de unas 15 mujeres, contando tres que estaban en Bogotá, dispuestas a hablar y a tomar acciones.

Entre ellas estaba Fernanda, quien cuenta que para ella fue un alivio porque por fin alguna institución estaba dispuesta a escucharla. Cree que pasó "porque nos presentamos muchas. Como 20 en su momento. Y eso es triste, porque con una sola debería bastar".

El grupo revisó todos los casos y las pruebas de cada una y, con el acompañamiento de una abogada de la Defensoría, definieron poner una denuncia penal apoyada en siete testimonios.

A la par, a pocos días de que Rocha logró la aprobación de su tesis para graduarse, pusieron cuatro quejas en la universidad por acoso y abuso sexual, con seis testimonios como prueba.

A diferencia de la Nacional, el caso era un asunto público por las movilizaciones. Y la universidad paralizó el proceso de aprobación de la tesis y llevó el caso a las más altas instancias.

En el acta del 18 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la Universidad consta que Rocha "rindió descargos, rechaza los hechos y se presenta como víctima de persecución por parte de las estudiantes".

Después de discutir el caso, con seis votos a favor y una abstención, el Consejo lo expulsó.

Dos meses después su abogado interpuso un recurso de reposición, argumentando que tenía derecho a su grado y al buen nombre e imagen personal, y pidiendo revocar la sanción. El Consejo se lo negó por unanimidad.

Esa es la decisión que hace tres semanas demandó Rocha, a través de un abogado, ante un juez administrativo.

Tres de las mujeres que hicieron parte del proceso en Cali nos dijeron que sólo hace dos semanas recibieron noticias de la Fiscalía en la que pusieron la denuncia en 2019. Con el fin de no afectar ese proceso, solo le dijeron a La Silla que un funcionario de la Fiscalía llamó a la denunciante y le dio una noticia que puede significar un gran paso.

El primero de la justicia tras un año y medio de la primera denuncia contra Rocha, y nueve años después de la primera queja que recibió la Universidad Nacional sobre sus agresiones, según pudo rastrear La Silla.

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Nueve años acosando mujeres en Unal y Univalle, solo sancionado cuando se iba a graduar

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El cuatro de febrero la Gobernación del Valle dio a conocer que la Universidad que lleva el mismo nombre del departamento expulsó a tres estudiantes por casos de violencia de género. Apenas cuatro días después otro antiguo estudiante, a quien la Universidad del Valle expulsó en marzo de 2020 por lo mismo, la demandó para volver a ingresar.

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¿Cómo detener la violencia sexual en las universidades de Colombia?

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¿Cómo detener la violencia sexual en las universidades de Colombia?

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Algunos campus están creando metodologías para abordar el problema. MinEducación debe tomar medidas.

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Las denuncias formuladas durante los últimos meses demuestran la gravedad del problema de la violencia sexual dentro de los campus de las universidades y en el ámbito de la vida universitaria.

Aunque en Colombia aún no existen estudios o información suficientes, algunas universidades han realizado diagnósticos sobre la situación y las dimensiones del problema. Universidades como las de Antioquia, Caldas y Nariño fueron pioneras en diseñar metodologías para el diagnóstico de violencias basadas en género dentro de sus instituciones.

La Universidad de Nariño, por ejemplo, cuenta, desde el 2014, con un observatorio de género que ha llevado a cabo un importante trabajo de alertas y contribuye al estudio de este tipo de violencias de la mano de organismos internacionales. Por su parte, la Universidad de Antioquia realizó su primer diagnóstico en 2015 y ha promovido la investigación sobre el tema, pero aún no ha podido concretar un protocolo específico de atención y prevención, que es el paso siguiente.

En eso ha sido pionera la Universidad Nacional, que mediante la Resolución 1215 de 2017 estableció un protocolo para la prevención y atención de casos de violencias basadas en género y violencias sexuales. El logro es producto del trabajo de los colectivos feministas y espacios académicos como el Observatorio de Género y la Escuela de Estudios de Género y de la política institucional de equidad de género e igualdad de oportunidades que incorporó la universidad desde el 2012.

Otras, como la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Pedagógica Nacional, cuentan con protocolos de atención. En el caso de la Pedagógica, fue incorporado en el 2018 el plan de transversalización de la igualdad y equidad de género. En él se identifican cinco líneas de acción:

-Gestión del conocimiento no androcéntrico.

-Prevención de violencias basadas en género.

-Participación y representación con equidad.

-Cultura y comunicación libre de sexismo.

-Planeación institucional con enfoque de género.

Se trata de una propuesta que no se limita a la prevención y atención de violencias basadas en género, sino que plantea un análisis más amplio de la situación y sus posibles soluciones.

Algunas universidades privadas también cuentan con protocolos de prevención y atención. Sin embargo, aunque las estudiantes y profesoras ejercen presión para ser tenidas en cuenta en los procesos de discusión y demás etapas del proceso, las disputas acaban por anular la participación de las directamente afectadas por la situación. En ese sentido, los mecanismos se diferencian de sus pares en las universidades públicas.

Todo lo anterior permite concluir que las instituciones de educación superior y sus directivas deben:

-Asumir el compromiso y la voluntad política para diagnosticar e identificar las violencias basadas en género.

-Incorporar políticas institucionales de igualdad y equidad que permitan combatir la discriminación basada en género en todos los ámbitos de la institución.

-Adoptar protocolos de prevención y atención participativos que permitan la discusión abierta sobre la situación y que garanticen la apropiación de parte de todos los miembros de la comunidad.

La obligación del Estado

Pero la urgencia de soluciones no se limita a las instituciones educativas.

El Estado colombiano ha ratificado varios instrumentos internacionales en los que se ha comprometido a superar la discriminación que las mujeres han sufrido históricamente. Estos instrumentos le imponen obligaciones tales como adoptar políticas y adelantar acciones concretas para que las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres y puedan vivir sus vidas libres de violencias.

Entre ellos se encuentra la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación (Cedaw) -un tratado de la ONU- y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer (también conocida como Convención Belém do Pará) -que se firmó en el marco de la OEA-.

El comité de Cedaw ha manifestado que la persistencia de condiciones que únicamente o en mayor medida afectan o sufren las mujeres -como la violencia sexual- se considera un acto de discriminación y por ello los Estados pueden incurrir en responsabilidad internacional.

Por su parte, la Convención Belém do Pará establece que se debe proteger a la mujer de la violencia física, sexual y psicológica que pueda generarse en lugares diversos, y menciona específicamente la violación, el abuso sexual y el acoso sexual que pueda ocurrir en instituciones educativas.

Adicionalmente, en su artículo 6, establece que "el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia" incluye "el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación". Esto refuerza la idea de que el problema va más allá de la violencia sexual.

Lo que dice la Corte

A pesar de esos compromisos internacionales, el Estado colombiano sigue ignorando las situaciones que sufren estudiantes, profesoras, trabajadoras y mujeres en general.

Los incumplimientos del Estado se ponen de presente en el fallo de la Corte Constitucional -Sentencia T-239 de 2018- sobre el caso de una profesora de la Universidad de Ibagué que fue acosada laboralmente y luego fue despedida por poner en conocimiento y exigir un trámite adecuado para las denuncias por acoso y violencia sexual que reportaron algunas mujeres que hacían parte de la comunidad universitaria.

La sentencia llama la atención sobre la falta de políticas encaminadas a atender, sancionar y erradicar la violencia sexual en las instituciones de educación superior.

También consideró que estas prácticas están normalizadas o naturalizadas, fomentando condiciones de discriminación contra las mujeres, sometiéndolas a vivir violencia sexual y laboral, y reduciéndolas a tener un papel secundario o inferior en el ámbito de la educación superior.

La Corte Constitucional también hizo un llamado al Ministerio de Educación Nacional para que establezca lineamientos institucionales en relación con las obligaciones de las universidades en casos de violencia sexual y de género contra la mujer que ocurran en las instituciones.

Dentro del ordenamiento jurídico contamos con la Ley 1257 de 2008, "ley para vivir una vida libre de violencias", según la cual el Ministerio de Educación Nacional debe:

-Velar por que las instituciones educativas incorporen la formación en el respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres como parte de la cátedra en Derechos Humanos.

-Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y padres de familia, en el tema de la violencia contra las mujeres.

Pero la Corte también recuerda que en la realidad nada de esto ha ocurrido y que continúan ignorándose los llamados de las víctimas dentro de las instituciones.

¿Qué debe hacer el Ministerio de Educación Nacional?

Hasta el momento, el Ministerio no ha atendido el llamado hecho por la Corte Constitucional. No ha divulgado unos lineamientos para que las instituciones de educación superior creen mecanismos de atención, sanción, prevención y erradicación de la violencia sexual y para que den a las víctimas una atención adecuada e integral que no revictimice y haga más grave y dolorosa la situación.

La protección de los derechos humanos de las comunidades universitarias debe ser reconocida como un criterio de calidad de las instituciones de educación superior a la par de las demás medidas sobre el desempeño académico. El Ministerio debe exigir a las universidades la adopción y ejecución de políticas de igualdad y equidad de género, solicitar informes periódicos sobre indicadores de inclusión, de identificación de violencias basadas en género y de reporte de prevención y atención de casos.

LUZ ÁNGELA GÓMEZ*
Razón Pública
* Investigadora de la Universidad Libre. Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.

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¿Cómo detener la violencia sexual en las universidades de Colombia?

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Las denuncias formuladas durante los últimos meses demuestran la gravedad del problema de la violencia sexual dentro de los campus de las universidades y en el ámbito de la vida universitaria. Aunque en Colombia aún no existen estudios o información suficientes, algunas universidades han realizado diagnósticos sobre la situación y las dimensiones del problema.