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Las leyes intervencionistas legítimas son aquellas que tienen por objetivo demarcar la conducta de los particulares en la constitución de actos jurídicos, mediante la repercusión inmediata sobre la voluntad privada, bajo la égida del interés colectivo mayor, como la defensa de la economía popular, la regulación de las relaciones de consumo, control sanitario etc.

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La función primaria del Estado es la realización del bienestar del ciudadano en sectores considerados como prioritarios y fundamentales, incumbiéndole para alcanzar ese fin, intervenir en las relaciones inter-subjetivas, como instrumento de garantía de una convivencia social armoniosa, en los términos de cuanto autoriza la propia Constitución.

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Y siendo la Constitución el texto jurídico en el cual se concretan los principios fundamentales que orientan jurídicamente a la sociedad a la que sirve, la autonomía privada ha de ser producto de la composición de todos los derechos y garantías que definen la ciudadanía.

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Todo el estudio de la autonomía privada es un estudio sobre las fuentes del Derecho, en la acepción estricta que comporta éste término, del ejercicio del poder para crear normas jurídicas, en el campo de las relaciones privadas.

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Los negocios jurídicos derivan de la aplicación de principios constitucionales que confieren derecho a la dignidad, a la libertad, a la propiedad, a la libre iniciativa y al trabajo. Por eso, en los Estados contemporáneos, con el surgimiento de la Constitución, se hace adecuado hablar de un derecho al ejercicio de la autonomía privada.

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En el constitucionalismo contemporáneo, dos poderes creadores de normas coexisten: la autonomía privada, el poder privado apto para la producción de normas entre particulares, y el poder público, mediante órganos habilitados para ese fin, pudiendo el legislador crear normas limitadoras.

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Afirma: "Repugna, además, reconocer a los simples particulares, específicamente a las empresas privadas, el poder de crear normas jurídicas, usurpando las funciones propias de las cámaras legislativas, aunque no cueste aceptar su legitimidad para regular libremente sus intereses. En tanto que el Estado no es más que un producto de la cultura humana, y la ley es el auto-consentimiento de los individuos, en cuanto a las limitaciones que contemple sobre la vida privada".

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La autonomía privada no es aplicación de leyes, como la providencia, sino una auto-regulación de intereses, que se realiza en la vida social por iniciativa espontánea de los propios sujetos que de ellos son los gestores; es una actividad preceptiva, que el orden jurídico estatal toma bajo su protección, acogiendo los preceptos en su órbita mediante la recepción y es traducida en términos de relaciones jurídicas disciplinadas y configuradas por sus normas.

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Empleaba el término autonomía como siendo el espacio de libertad dejado por el ordenamiento para cada persona.

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La autonomía privada se presenta como un principio del Derecho constitucional civil que consiste en el poder atribuido por la Constitución a las personas individual o colectivamente, para determinar consecuencias jurídicas como la realización de comportamientos libremente asumidos.

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Se debe tener en cuenta que no puede reducirse a recortar la autodeterminación y la responsabilidad individuales, en la medida que la autonomía privada comprende también la posibilidad de contraer, por decisiones libres, obligaciones que los poderes públicos no podrían imponer a los ciudadanos.

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El legislador del Derecho Privado tiene la tarea de transformar el contenido de los derechos fundamentales, de modo diferenciado y concreto.

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Una de las grandes dificultades del estudio de la autonomía privada gravita precisamente en la relación entre autonomía privada y ordenamiento jurídico, buscando saber si aquella preexiste a la formación del sistema jurídico o si es una consecuencia de éste, en una especie de autorización estatal, o como espacio que el ordenamiento deja libre para que los particulares puedan crear sus propias reglas.

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El Estado encuentra justificación para el ejercicio de su poder normativo, internamente, imponiendo deberes y obligaciones por intermedio de sus tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, en nombre del interés público que lo legitima; y, externamente, en la relación con las demás órdenes soberanas y organismos internacionales, mediante tratados y convenios internacionales.

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El Derecho Civil fue finalmente constitucionalizado por la doctrina. Jurídicamente siempre estuvo, con todas las protecciones de los derechos de los hombres, pero los civilistas cerraban la vista hacia tal evidencia.

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En eso consiste el principio de autonomía privada, en cuanto poder que los particulares reciben originalmente de la Constitución para crear normas negociables, cuyo producto ha de ser respetado por todos, inclusive el propio Estado, como expresión del derecho adquirido o acto jurídico perfecto.