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Los códigos mencionados de la Ley 842 de 2003 pueden aplicarse a las infracciones éticas cometidas en el caso de la UNGRD descrito en la noticia, especialmente en el contexto de la ética profesional en ingeniería:

Artículo 46 - Definición de falta disciplinaria:

Las irregularidades en la adjudicación de contratos, como los sobornos y sobrecostos, violan el correcto ejercicio de la profesión y las obligaciones éticas de los ingenieros responsables.

Artículo 47 - Sanciones aplicables:

Las prácticas descubiertas, como la manipulación de contratos, podrían llevar a sanciones como la suspensión o cancelación de la matrícula profesional para los ingenieros implicados.

Artículo 48 - Escala de sanciones:

Dado que las faltas involucran actos graves y posiblemente gravísimos, las sanciones podrían ir desde la suspensión hasta la cancelación de la matrícula, dependiendo de los antecedentes de los implicados.

Artículo 49 - Faltas susceptibles de sanción disciplinaria:

La conducta observada, como el desvío de recursos y la falta de transparencia, encaja dentro de las acciones susceptibles de sanción disciplinaria según este artículo.

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Para mayor información, he consultado y me baso en la siguiente fuente:

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Bogotá (EFE).- El escándalo de corrupción en Colombia toma vuelo con indicios de otros posibles malos manejos del dinero público en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la petición del presidente Gustavo Petro a la Fiscalía de que investigue los contratos de esa entidad en los últimos ocho años.

El director general de la UNGRD, Carlos Carrillo, que llegó hace menos de dos meses al cargo decidido a limpiar la entidad, definió este miércoles como un "saqueo" lo sucedido en los últimos tiempos, incluso desde antes de la gestión de su antecesor, Olmedo López, que está en el centro del escándalo.

"El saqueo de la UNGRD no nació con Olmedo López, la Unidad ha sido víctima de una organización criminal que se ha adaptado a varios directores. Espero que la Fiscalía y la Corte Suprema lleven a la cárcel a todos los involucrados en esto a lo largo de los últimos 12 años", dijo Carrillo en su cuenta de X.

Caso de corrupción sacude a Colombia

Justamente este miércoles la Corte Suprema de Justicia citó al ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, que fue director encargado de la UNGRD por un mes el año pasado, y a otras personas, a declarar por la supuesta utilización indebida de recursos de esa entidad.

Velasco tendrá que acudir a la Corte el 31 de mayo "en desarrollo de la indagación previa abierta de oficio tras las declaraciones de los exfuncionarios Sneyder Pinilla y Olmedo López", explicó el alto tribunal.

Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad estatal y segundo gran implicado, declaró este miércoles en la Fiscalía por los presuntos sobrecostos en la compra de carros cisternas para llevar agua potable al departamento caribeño de La Guajira.

Sobornos en el Congreso

El exfuncionario dijo el viernes pasado que el dinero de la Unidad se utilizó también para dar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, del partido Alianza Verde, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal, a cambio del apoyo a las reformas de Petro.

La declaración de Pinilla siguió a la Olmedo López, quien fue el martes a la Fiscalía a la que prometió contar toda la verdad de la corrupción en esa entidad adscrita a la Presidencia colombiana que tiene un presupuesto anual de 657.727 millones de pesos (unos 173,3 millones de dólares).

Foco de escándalos

Se espera que luego de escuchar a los dos principales implicados en la trama de corrupción y sobornos, la Fiscalía comience a averiguar otros escándalos en la Unidad mencionados por Petro.

"Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos ocho años con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi Gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentran en la Fiscalía", expresó el mandatario anoche en una alocución al país.

Incluso el director de la UNGRD denunció hoy la posible malversación de dinero público en las 'ollas comunitarias', programa de esa entidad para llevar alimentos durante 90 días a personas afectadas por algún desastre.

Los pedidos de Petro

Los contratos con presunta corrupción en Colombia que Petro pide investigar en la UNGRD incluyen los dos últimos años de Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuatro de Iván Duque (2018-2022) y los casi dos que él lleva en el poder.

En esos años hubo actuaciones de la Unidad muy cuestionadas. Una de ellas es la reconstrucción de la ciudad de Mocoa, capital del departamento del Putumayo (sur), destruida parcialmente en 2017 por una avalancha que dejó 335 muertos y 400 heridos.

Igualmente está lo ocurrido con la isla de Providencia, que hace parte del archipiélago de San Andrés, arrasada por el huracán Iota en noviembre de 2020 y donde, según el propio Petro denunció en 2022, hubo posibles sobrecostos en las viviendas reconstruidas.

Por otro lado, la Procuraduría (Ministerio Público) pidió hoy "todos los contratos y el monto de los mismos" firmados durante la emergencia económica declarada mediante el Decreto 2113 de 2022 por el Gobierno de Petro para atender las necesidades en salud, agua y educación en La Guajira, que dio pie a la compra de los camiones cisterna.

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El escándalo de corrupción crece en Colombia

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El escándalo de corrupción en Colombia toma vuelo con indicios de otros posibles malos manejos del dinero público en la UNGRD.

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Actualmente, la Fiscalía está investigando a los involucrados, y se esperan cargos formales por delitos como peculado por apropiación, cohecho y concierto para delinquir. De confirmarse las acusaciones, los responsables enfrentarían penas que podrían incluir prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La UNGRD ha sido señalada por su vulnerabilidad ante redes de corrupción, lo que subraya la necesidad de reformas estructurales para prevenir casos similares en el futuro.

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Este caso afecta directamente a comunidades indígenas de La Guajira, quienes dependen del acceso a agua potable para su subsistencia. Las fallas en la ejecución de los contratos no solo perpetúan las condiciones de vulnerabilidad, sino que también reflejan un patrón sistémico de corrupción en el manejo de recursos para emergencias.

Además, este escándalo ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para gestionar crisis y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

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El principal denunciante, Sneyder Pinilla, no solo detalló las irregularidades, sino que también ofreció pruebas documentales. Según sus declaraciones, los fondos destinados a las comunidades indígenas fueron desviados a través de intermediarios políticos. También mencionó a figuras del gobierno actual, como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, implicado en reuniones clave sobre estos contratos.

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El caso comenzó con una investigación sobre la adquisición de carrotanques para mitigar la crisis hídrica en La Guajira. Las denuncias apuntan a que el proceso de licitación estuvo plagado de irregularidades, incluyendo el pago de sobornos para beneficiar a ciertos contratistas.

El exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, proporcionó a la Fiscalía General de la Nación una lista de nombres de funcionarios y congresistas presuntamente involucrados. Entre ellos, figuran Víctor Andrés Meza y Luis Carlos Barreto, quienes habrían desempeñado papeles clave en la ejecución de los contratos fraudulentos.