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En Panamá, los puertos y las actividades portuarias son de gran importancia debido a su posición estratégica como un país con dos costas, el mar Caribe y el océano Pacífico. Las funciones de los puertos en Panamá y los organismos responsables están regulados por varias instituciones y leyes.

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Garantizar la seguridad para los buques en el arribo, durante la operación y al salir del puerto.

Proporcionar las instalaciones y equipos necesarios para los buques en el fondeo, arribo, carga y descarga, así como embarcar y desembarcar pasajeros.

Proporcionar el transporte de mercancías, de carga y descarga, almacenaje y servicio de mantenimiento en el puerto.

Proporcionar refugio, reparación, mantenimiento de los servicios necesarios a buques y otras naves en casos de emergencia.

Proporcionar otros servicios a los buques, personas y de carga.

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La Autoridad Marítima de Panamá es la entidad encargada de supervisar y regular las actividades marítimas y portuarias en el país. Entre sus funciones se encuentran la emisión de licencias y registros de naves, la inspección de buques, la promulgación de normativas de seguridad marítima y la gestión de los puertos estatales.

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La ACP es la entidad responsable de la operación y administración del Canal de Panamá, uno de los pasos de navegación más importantes del mundo. Aunque no tiene jurisdicción sobre todos los puertos del país, desempeña un papel crucial en la gestión de la navegación y el tráfico marítimo en la región.

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Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)

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Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)

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La ARAP es la entidad encargada de la administración y regulación de los recursos marinos y acuáticos en Panamá, incluidos los puertos pesqueros y las áreas marinas protegidas.

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En Panamá, existen varias empresas privadas y estatales que operan los puertos. Entre las empresas más importantes se encuentran la Empresa Nacional de Puertos (ENAP), que gestiona los puertos estatales, y empresas privadas que operan terminales portuarias especializadas.

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Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

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Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

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El MICI es el organismo gubernamental responsable de promover el comercio y la inversión en el país. Si bien no administra directamente los puertos, desempeña un papel importante en la promoción del comercio internacional y la inversión en infraestructura portuaria.

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El marco administrativo de los puertos en Panamá está compuesto por una serie de instituciones, regulaciones y procesos que rigen la gestión y operación de los puertos en el país. A continuación, se describen los elementos clave del marco administrativo de los puertos en Panamá:

1. Autoridad Marítima de Panamá (AMP): La AMP es la entidad gubernamental responsable de supervisar y regular todas las actividades marítimas y portuarias en Panamá. Esta entidad emite licencias y permisos para operar puertos y embarcaciones, establece regulaciones de seguridad marítima y promueve el cumplimiento de estándares internacionales.

2. Empresa Nacional de Puertos (ENAP): La ENAP es una empresa estatal que opera y administra los puertos públicos en Panamá. Su objetivo es garantizar la eficiencia y la competitividad de las instalaciones portuarias bajo su control.

3. Concesiones Portuarias: En el caso de los puertos privados, la administración y operación están a menudo a cargo de empresas privadas o concesionarios. Estos concesionarios deben cumplir con regulaciones y acuerdos establecidos por la AMP y otras autoridades gubernamentales.

4. Zonas Económicas Especiales (ZEE): Panamá ha establecido Zonas Económicas Especiales en áreas estratégicas, incluidas las cercanías de puertos, con el objetivo de promover la inversión y el desarrollo económico. Estas zonas ofrecen incentivos fiscales y regulaciones favorables para atraer a empresas relacionadas con la logística, el comercio y la manufactura.

5. Autoridad del Canal de Panamá (ACP): Aunque no es una entidad directamente relacionada con la administración de los puertos, la ACP desempeña un papel importante en la gestión del tráfico marítimo, ya que opera el Canal de Panamá. Coopera estrechamente con otras autoridades para coordinar el movimiento de embarcaciones que pasan por el canal y acceden a los puertos panameños.

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El marco de dominio de los puertos en Panamá se refiere a la regulación y la gestión de los puertos y las áreas adyacentes en el país. En Panamá, los puertos se dividen en dos categorías principales en términos de dominio:

1. Puertos Públicos: Estos puertos son propiedad del Estado panameño y están bajo la administración de la Empresa Nacional de Puertos (ENAP), una entidad estatal. Los puertos públicos en Panamá son áreas estratégicas de importancia nacional y están sujetos a regulaciones gubernamentales e inversiones para mejorar su infraestructura y operatividad. Algunos de los puertos públicos más importantes incluyen el Puerto de Balboa, el Puerto de Colón, el Puerto de Cristóbal, el Puerto de Manzanillo, entre otros.

2. Puertos Privados: Además de los puertos públicos, existen puertos privados que son propiedad y operados por empresas privadas o concesionarios. Estos puertos pueden servir para actividades específicas, como carga a granel, contenedores, cruceros o actividades industriales. Los puertos privados están sujetos a regulaciones gubernamentales, pero la administración y la inversión en infraestructura dependen en gran medida de las empresas propietarias.

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Las autoridades portuarias en todos los sistemas portuarios, cumplen un rol fundamental en lo normativo o regulador y en el plano operativo. El concepto de autoridad portuaria, y sus objetivos, se perciben de manera distinta en los diversos modelos portuarios, explica el abogado, árbitro y profesor de Derecho Marítimo, José Antonio Pejovés.

Según detalla, tradicionalmente la autoridad portuaria estaba inmersa en la gestión directa de las infraestructuras y en la prestación de los servicios portuarios. Sin embargo, " en la actualidad desempeñan un papel más vinculado con lo normativo y supervisor, y en su mayoría han dejado de lado las funciones ejecutivas u operativas -la gestión directa- dentro de los puertos, cediendo la administración a empresas públicas o a concesionarios ".

Pejovés explica que los ordenamientos portuarios que desarrollan la organización, objetivos y funciones de la autoridad portuaria, identifican al organismo público responsable y rector del sistema portuario, es así que los diversos agentes y operadores que integran la comunidad portuaria pueden visualizar a la entidad que tendrán como correlato en el ejercicio de sus actividades y en la prestación de sus servicios portuarios. En este sentido destaca que " las normas que identifican bien las funciones de la autoridad portuaria, permiten evitar potenciales problemas que podrían surgir por la superposición de competencias en aquellos sistemas portuarios donde existe más de una entidad pública con jurisdicción sobre los puertos, e incluso se pueden evitar eventuales conflictos de competencia entre organismos públicos ".

El abogado plantea que sin tener el carácter de una numeración exhaustiva, como se menciona en el desarrollo de la Guía de la Ley Modelo de Puertos para los Estados Miembros de la CIP-OEA, se podrían reservar a las autoridades portuarias, las siguientes funciones: a) Desarrollar normas reglamentarias que permitan el mejor funcionamiento del sistema portuario y asimismo velar por la seguridad en las relaciones jurídicas que se den en la zona portuaria; b) Promover la participación privada en el sistema portuario, mediante asociaciones público privadas y los mecanismos que las leyes nacionales contemplen; c) Proteger los derechos de los usuarios, neutralizando potenciales prácticas monopólicas de los operadores portuarios que vulneren la libre competencia; y asegurando la naturaleza de los servicios portuarios como servicios públicos -universales, continuados, no discriminantes- y cuidando que se respeten los estándares establecidos. De allí- continúa Pejovés- que deba promover y cuidar la competencia en el mercado portuario; d) Vigilar que se respeten las tarifas portuarias y los accesos a las terminales portuarias, dictando mandatos de acceso a las facilidades esenciales cuando las circunstancias lo requieran; e) Cuidar que se respete el medio ambiente, en el marco de un desarrollo portuario sostenible; f) Liderar el establecimiento de comunidades y clusters portuarios; g) Promover el establecimiento de mecanismos alternativos de solución de controversias en la zona portuaria, respecto a las disputas generadas por las actividades y los servicios portuarios; y h) Velar por los derechos de los trabajadores portuarios.

" Las funciones descritas, configuran el accionar de una autoridad portuaria adecuada a los tiempos modernos, un rol proactivo en la búsqueda de instaurar las mejores prácticas de gobernanza en el sector portuario, que atañen a las funciones, las actividades y los servicios portuarios ", sostiene el abogado.

En ese plano, observa Pejovés, los países de América Latina cuentan con organismos públicos que cumplen el rol de autoridades portuarias y cada uno tiene su propio modelo de estructuración gubernamental en materia portuaria. " En algunos países se ejerce la autoridad portuaria a través de una dirección integrada a algún ministerio o secretaría. Otros países cuentan con organismos autónomos -o semi autónomos-, aunque adscritos a algún ministerio u órgano del Poder Ejecutivo; así por ejemplo: la Administración General de Puertos (AGP) en Argentina, dependiente del Ministerio de Transportes-; la Autoridad Portuaria Nacional (APN) en el Perú, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Autoridad Portuaria de Dominicana (Apordom) en República Dominicana, que depende de la Presidencia de la República; o la Administración Nacional de Puertos (ANP) en el Uruguay, vinculada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas", concluye el abogado.
Por MundoMarítimo

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Autoridades Portuarias: ¿Cuáles son las funciones de estas entidades?

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Si bien originalmente gestionaban los puertos, hoy desempeñan un papel normativo