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TRABAJO INFANTIL

García Luana, Roldán Pilar, Larlus Josefina

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tyc trabajo infantil 6B TERMINADO(SOLO LECTURA)

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Perspectivas sociales y del empleo en el mundo - Tendencias 2020

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La falta de trabajo decente asociada al aumento del desempleo y a la persistencia de las desigualdades, hacen cada vez más difícil que las personas se construyan una vida mejor gracias a su trabajo, según la edición más reciente del informe mundial de la OIT sobre las tendencias sociales y del empleo.

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SEGUIR

Los detalles de la reforma laboral del Gobierno

16:29

Los principales conceptos

El Gobierno, además de lo que ya había acordado de la reforma laboral con la CGT: el blanqueo, para bajar el índice de informalidad que llega al 40%, la capacitación y el servicio médico, que no presentan inconvenientes, pretende avanzar en otros puntos más conflictivos.

¿Cuál es un punto conflictivo? La propuesta de excluir del cálculo indemnizatorio algunos beneficios: por lo pronto, el aguinaldo; que no se calculen los premios y bonos y todos los gastos que el empleador efectúa hacia el trabajador.

Otro punto que despierta más polémica aún es el de crear un fondo de cese laboral, es decir, sacar el sistema de indemnizaciones que existe hasta hoy. Habría una indemnización base y se crearía un fondo para sumar como compensaciones adicionales. El fondo se compondría del aporte empresario.

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los detalles de la reforma laboral que impulsa el gobierno - análisis pm

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Los detalles de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

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SEGUIR 16:29 El Gobierno, además de lo que ya había acordado de la reforma laboral con la CGT: el blanqueo, para bajar el índice de informalidad que llega al 40%, la capacitación y el servicio médico, que no presentan inconvenientes, pretende avanzar en otros puntos más conflictivos. ¿Cuál es un punto conflictivo?

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Cómo preparar la entrevista laboral

Antes de la entrevista

Conviene tener información sobre el puesto vacante, sobre lo que está buscando el empleador, por ejemplo: cuáles son las tareas y responsabilidades del puesto, cuáles son los conocimientos necesarios, si tiene personal a cargo, si tiene jefe directo o a quién responde y cuánto se paga en el mercado por un puesto similar. También, si fuera posible, obtener información general del empleador, por ejemplo: a qué se dedica la empresa, los productos o servicios que brinda, la cantidad de empleados que tiene, si posee sucursales, etcétera. Recomendamos que tengas presente lo escrito en tu Currículum vitae, analizá tus fortalezas, tus puntos débiles, y pensá argumentos para explicarlos. Toda esta información te ayudará a estar más tranquilo y a manejarte mejor en el momento de la entrevista.

Durante la entrevista

El entrevistador tiene el objetivo de comprobar si tenés los conocimientos o habilidades que el puesto de trabajo requieren. Para darse cuenta de esto te pedirá que hables de vos, te hará preguntas sobre datos de tu Currículum vitae, te preguntará si sabés hacer las tareas requeridas, quizás indage en algunas cuestiones de tu vida personal, tu disponibilidad y tus intereses. Ese será el eje de la entrevista, nada que no puedas contestar de manera sencilla y cómoda.

??Las preguntas pueden ser de distinto tipo:??

Directas: ¿Sabe usted hacer X tarea? ¿Sabe usted operar X máquina? ¿Maneja el Excell?

Hipotéticas: ¿Qué haría usted si ocurre X situación? ¿Si no funciona X, usted cómo lo reemplazaría?

Sobre su historia: ¿Qué hacía usted en X empresa? ¿Por qué dejó ese trabajo? ¿Por qué estudia?

Sobre sus proyectos: ¿Qué es lo que espera usted de sus estudios?

Vos necesitás conocer claramente lo que ofrece el empleador, es decir, las condiciones laborales (salario, horario, premios, capacitación, etc.) y cuáles son las tareas que él necesita cubrir (las responsabilidades, herramientas que se usan, a quien reporta, etc.). Preguntá lo que necesites para poder tomar una decisión.
Recordá:

Estás ahí porque te interesa el trabajo.

Te citaron a una entrevista porque eligieron tu Currículum vitae y te querían conocer más.

Tal vez obtuviste la entrevista pero aún no sabes si le gusta ese trabajo o si podés realizarlo y necesitás tener más información sobre lo que ofrecen o sobre la tarea.

Posibles preguntas de una entrevista

Posibles preguntas que te pueden realizar durante la entrevista y ejemplos de respuestas. Aquí encontrarás ejemplos que le ayudarán a pensar posibles argumentaciones.

Motivación y expectativas

¿Por qué ha respondido a nuestro anuncio? (Porque pienso que voy a hacer bien el trabajo, porque tengo experiencia y conocimientos sobre ese puesto, porque es algo que me interesa, porque me permitirá aprender nuevos temas, etc.)

¿Qué sabe de nuestra empresa? (Conozco a qué se dedica, que hace años que es la más importante de la zona, que es nueva, etc.)

¿Cree que puede realizar este trabajo? ¿Cuáles pueden ser serán las ventajas y los inconvenientes para poder realizar este trabajo? (Es similar a mi trabajo anterior, no creo que vaya a tener dificultades, y lo que me resulte nuevo podré aprenderlo. Está relacionado con mis estudios y tengo capacidad para aprender cosas nuevas).

¿Cree que se adaptará a este trabajo? (Si, porque trabajé en tareas similares; si, porque me entusiasma aprender; si, porque me interesa incorporarme en esta empresa, etc.)

¿Qué puede aportar a nuestra empresa? (Conocimientos, experiencia, entusiasmo, ganas de aprender y de progresar).

Experiencia laboral

¿Por qué dejó su último trabajo? (No me convenía económicamente, porque me mudé, porque hubo una reducción de personal, porque mis intereses no coincidían con las tareas que desarrollaba ahí).

Cuénteme sobre su último trabajo, ¿qué tareas hacía?

Describa un día típico en su último trabajo.

¿Cuáles eran las tareas más difíciles? ¿Cuáles las de mayor responsabilidad?

De todos sus trabajos, ¿cuál fue el que más le gustó? ¿Cuál fue en el que más aprendió?

¿Qué es lo que más y lo que menos le agradó de su trabajo anterior? (Lo que más me agradaba eran los compañeros, lo que aprendí; lo que menos: el sueldo, la distancia, el desaprovechamiento de mis habilidades).

¿Qué piensa que me dirían sobre usted en su último trabajo? ¿Qué piensa que fue valorado de usted en sus últimos trabajos? (soy trabajador y cumplidor, soy innovador o creativo, soy muy puntual y respetuoso, etc.)

Cuénteme sobre sus jefes anteriores (Evitá las críticas, sobre todo personales).

¿De lo que estudia, qué ha utilizado más en sus puestos de trabajo?

Formación

Recordá lo que escribiste en tu Currículum vitae. No dejes de lado cursos de oficios, talleres, pasantías, jornadas, seminarios, etc. que estén vinculados con el puesto a cubrir.

¿Cuáles son sus estudios?

¿Por qué eligió estos estudios? ¿Por qué eligió ese oficio?

¿Piensa seguir estudiando? ¿Por qué?

¿Puede trabajar y continuar sus estudios? ¿Sus estudios le restan tiempo a su rendimiento laboral?

¿Cómo maneja los horarios para poder estudiar y trabajar?

¿En qué momentos estudia?

¿Cuántos días pide por examen al año?

¿Qué influyó en la elección de sus estudios?

¿En qué materias se destaca más? ¿Por qué?

¿Cuáles son las materias más complejas para usted?

¿Qué rama de su profesión u oficio le interesa más?

Si pudiera volver a empezar, ¿elegiría lo mismo?

¿Qué es lo más útil para sus trabajos de lo que ha aprendido en sus estudios?

De lo que estudia, ¿qué ha utilizado más en sus puestos de trabajo?

¿Cuál es el grado de conocimiento sobre idiomas, computación, maquinarias especiales, oficios, etc.?

Aspectos de la vida personal

Estas preguntas le permiten al entrevistador obtener datos sobre algunas características personales del postulante, entre ellas responsabilidad, dinamismo, carácter, disposición para aprender, iniciativa, creatividad, tenacidad, seguridad.

Cuénteme un poco sobre usted mismo (relatar aspectos positivos de su vida personal: familia, actividades sociales).

¿Qué otras actividades realiza además de trabajar?

¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles? (soy trabajador, soy honesto, tengo buena relación con la gente. Débiles: no me gusta equivocarme, soy demasiado exigente conmigo mismo, soy muy obsesivo).

¿Cómo se desempeña mejor, en equipo o solo?

Laboralmente, ¿qué objetivos tiene? ¿Cuál es su proyecto?

Las preguntas que puede hacer el postulante

¿Cuáles serán mis responsabilidades?

¿Qué tareas tendría que realizar?

¿Cuál será el horario de trabajo?

¿Qué beneficios me ofrece la empresa: capacitaciones, plus de dinero por presentismo, progreso en el puesto de trabajo, viajes, horas extras?

¿Con cuántas personas voy a trabajar?

¿Quién será mi jefe?

¿Por qué está este puesto vacante?

¿Cuál será la remuneración para este puesto?

¿Existe un período de prueba?

¿Podría describirme un día típico de trabajo?

¿Cuándo tiene pensado tomar una decisión sobre la contratación?

El entrevistador puede ser el dueño del lugar, el encargado de personal o el jefe del área donde está la vacante. Puede ocurrir que el entrevistador te explique primero los detalles de la vacante disponible, luego te haga preguntas sobre tu historia laboral, o bien comience con preguntas sobre tu Currículum vitae, luego te informe las condiciones laborales y al final vos hagas las preguntas que necesites. Existe la posibilidad de que se incluya una prueba de trabajo, directamente realizando una tarea.

También existen entrevistas grupales. En esos casos un entrevistador reúne a varios postulantes y les realiza las mismas preguntas, por lo general serán sobre situaciones hipotéticas de resolución de tareas (¿qué haría usted para solucionar este problema?) Seguramente se harán repreguntas sobre las respuestas de los demás (¿Qué opina usted de lo que respondió ella?)

Recomendaciones

La entrevista es un espacio para contar tu historia laboral "real". Mostráte natural sin perder de vista la formalidad.

Tratá de llegar con tiempo a la entrevista.

Siempre se recomienda "buena presencia", esto quiere decir que la vestimenta debe ser acorde al puesto al que te postulás.

Pensá un momento antes de responder, no te apures.

Si hay preguntas que no comprendés, pedí aclaraciones antes de responder, tal vez la pregunta no haya sido lo suficientemente clara.

Recordá lo que escribiste en el Currículum vitae o en la carta de presentación, esto te aportará claridad y confianza.

Conocer los requerimientos del puesto te dará más seguridad para responder.

Si tu experiencia anterior se compone en gran medida por empleos poco duraderos, es recomendable contar con argumentos claros para explicar cómo fue este proceso, recuperando de cada puesto lo aprendido y los desarrollos obtenidos.

No trates de sostener actitudes que no te son propias. La entrevista implica contar tu historia laboral "real" desde un lugar de naturalidad.

No se debe tomar la edad como un impedimento: la experiencia puede ser necesaria para ese puesto de trabajo o bien, en el caso de los más jóvenes, se puede necesitar alguien sin experiencia para ser formado en el puesto de trabajo.

Es válido preguntar cuáles son los tiempos que tardará el proceso de selección y acordar cuándo podrá recibir una respuesta.

Muchas veces no son los conocimientos o la experiencia laboral lo que define la búsqueda, sino características personales observadas en una entrevista.

El seguimiento posterior

Preguntá de qué forma y en qué plazos tomarán una decisión sobre la vacante. Informate del resultado dentro de los plazos que te indiquen. Esta sección se propuso darte una idea general sobre los mecanismos de una entrevista de trabajo, cada uno sabrá incorporar para sí aquello que le es útil. Recordá que en cada Oficina de Empleo podrán brindarte acompañamiento en este proceso.

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Cómo preparar la entrevista laboral ##### Antes de la entrevista Conviene tener información sobre el puesto vacante, sobre lo que está buscando el empleador, por ejemplo: cuáles son las tareas y responsabilidades del puesto, cuáles son los conocimientos necesarios, si tiene personal a cargo, si tiene jefe directo o a quién responde y cuánto se paga en el mercado por un puesto similar.

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares (AICESIS) y el Consejo Económico y Social de Grecia (OKE) organizan conjuntamente una Conferencia sobre "El papel del diálogo social y sus instituciones en la lucha contra las desigualdades en el mundo del trabajo".

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The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, commonly known as the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

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LUZ EVELYN

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PARÍS (Noticias de la OIT) - En Francia, casi una de cada cuatro personas declaró haber sido víctima de acoso laboral debido a su género, orientación sexual, raza, religión, discapacidad o estado de salud.

Las conclusiones del Barómetro sobre la discriminación en el lugar de trabajo (Baromètre de la perception des discriminations dans l'emploi) publicado cada año se dieron a conocer el jueves a través de la Oficina del Defensor de los Derechos (Défenseur des droits) del Gobierno de Francia y la Oficina de País de la OIT para Francia.

El estudio, realizado en 2016 por el Defensor de los Derechos, constató que las mujeres y los hombres se ven afectados casi de la misma manera por conductas y lenguaje degradantes en el trabajo: 33 por ciento de los hombres y 32 por ciento de las mujeres encuestadas declararon haberse sentido denigradas en los últimos cinco años.

La encuesta se basó en una muestra representativa de la población francesa.

El informe muestra que ciertos grupos sociales son más vulnerables ante palabras o acciones denigrantes. Por ejemplo, un 54 por ciento de las mujeres entre 18 y 44 años que no eran caucásicas y un 43 por ciento de las mujeres con discapacidad declararon haber sido víctimas de lenguaje y comportamiento degradantes.

Por otra parte, mientras los hombres caucásicos entre 35 y 44 años se vieron menos afectados (11 por ciento), un 40 por ciento de los hombres homosexuales o bisexuales y un 40 por ciento de los hombres jóvenes de piel oscura o árabes también fueron víctimas de lenguaje y conducta degradante al igual que las mujeres.

El estudio constató que este acoso discriminatorio tiene lugar en todos los sectores. Un 27 por ciento de los trabajadores del sector público informaron haberlo experimentado, al igual que un 25 por ciento de los trabajadores del sector privado y un 22 por ciento de los trabajadores autónomos.

"No estamos hablando de casos aislados", explicó Cyril Cosme, Director de la Oficina de la OIT en Francia quien, junto al Defensor de los Derechos Jacques Toubon, presentó las principales conclusiones del estudio.

"La mayoría de las veces, los incidentes tienen lugar en un ambiente de trabajo hostil. Estos incluyen una conducta discriminatoria y degradante habitual que da lugar al acoso discriminatorio".

"Era solo una broma"

Según este estudio, este tipo de incidentes en el trabajo muchas veces son minimizados y los acosadores con frecuencia aducen que "era sólo una broma".

Las conclusiones del Barómetro establecen además una relación entre el acoso y la discriminación, lo que permite que las víctimas exijan una compensación ante los tribunales o la Oficina del Defensor de los Derechos. El autor del informe explica que la conducta y el lenguaje ofensivos relacionados con el género, la orientación sexual, la raza, la religión, la discapacidad o el estado de salud deben ser abordados a través de una estrategia de prevención integral.

Un fenómeno mundial

La OIT ha iniciado un proceso dirigido a establecer una nueva normativa internacional ... a fin de ayudar a los gobiernos a luchar contra la violencia y el acoso laboral."
Cyril Cosme, Director de la Oficina de la OIT en Francia

"Los casos notificados en nuestro Barómetro se refieren a Francia, pero esta conducta no se limita solo a un país", señaló Cyril Cosme. "La OIT ha iniciado un proceso dirigido a establecer una nueva normativa internacional, mediante un convenio vinculante y una recomendación, a fin de ayudar a los gobiernos a luchar contra la violencia y el acoso laboral".

"El Gobierno de Francia y los interlocutores sociales franceses (organizaciones de trabajadores y de empleadores) participan activamente en el proceso de implementación de la normativa de la OIT para terminar con la violencia y el acoso. Confiamos en que estas normas serán adoptadas con éxito en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. Este es un momento muy oportuno para extender la protección de los trabajadores, ya que en 2019 se celebra el centenario de la OIT ", concluyó Cosme.

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Incluir al acoso laboral en la lucha contra la discriminación

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PARÍS (Noticias de la OIT) - En Francia, casi una de cada cuatro personas declaró haber sido víctima de acoso laboral debido a su género, orientación sexual, raza, religión, discapacidad o estado de salud.

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Trabajo Infantil Trabajo forzoso | Gerardo Martinez UOCRA

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Trabajo Forzoso

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Radiohead ALL I NEED video for MTV's EXIT CAMPAIGN

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Mitos y verdades sobre el trabajo infantil

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25 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna. Apoya el tratado internacional para poner fin a la esclavitud moderna de una vez por todas.

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A pesar de la condena universal, las estimaciones de la OIT muestran que 20,9 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo. Del total de víctimas, 18,7 millones (90 por ciento) son explotadas en la economía privada, por individuos o empresas, y los 2,2 millones restantes (10 por ciento) están sujetas a modalidades de trabajo forzoso impuestas por el Estado. Entre los trabajadores explotados por personas o empresas privadas, 4,5 millones (22 por ciento) son víctimas de explotación sexual forzada y 14,2 millones (68 por ciento) lo son de explotación laboral forzada. El trabajo forzoso en la economía privada genera al año ganancias ilegales por valor de US$ 150 mil millones: dos tercios del total estimado (es decir, US$ 99 mil millones) provienen de la explotación sexual comercial, mientras 51 mil millones resultan de la explotación económica forzosa, incluidos el trabajo doméstico, la agricultura y otras actividades económicas ().

Aún se encuentran vestigios de esclavitud en algunas regiones de África y el trabajo forzoso bajo la forma de reclutamiento coercitivo y engañoso existe en muchos países de América Latina y en otros lugares. En muchos países, los trabajadores domésticos se ven atrapados en situaciones de trabajo forzoso y en muchos casos se les impide, mediante amenazas o verdadera violencia, dejar la casa de sus empleadores. La servidumbre por deudas persiste en el sur de Asia, donde millones de hombres, mujeres y niños están atados a su trabajo, a través de un círculo vicioso de deudas. En Europa y América del Norte, un número cada vez mayor de mujeres y niños son víctimas de tráfico para explotación sexual y laboral. La trata de personas ha sido objeto de una atención internacional creciente en los últimos años. Por último, el Estado sigue imponiendo trabajo forzoso con objetivos de desarrollo económico o como castigo, incluso por la expresión de opiniones políticas.

Para muchos gobiernos del mundo, la eliminación del trabajo forzoso sigue constituyendo un importante desafío para el siglo XXI. Además de representar una grave violación de un derecho humano fundamental, el trabajo forzoso es causa de pobreza primordial y un obstáculo para el desarrollo económico. Las normas de la OIT sobre el trabajo forzoso y los comentarios de los órganos de control, combinados con la experiencia de la asistencia y cooperación técnicas, han ofrecido una importante orientación a los Estados Miembros para desarrollar una respuesta integral a esta cuestión.

Selección de instrumentos pertinentes de la OIT

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - [ratificaciones]
Este Convenio fundamental prohíbe todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, definido como "todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente".
Se prevén excepciones para los trabajos exigidos por el servicio militar obligatorio, las obligaciones cívicas normales, en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial (a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y el control de las autoridades públicas y de que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado), en casos de fuerza mayor, o para pequeños trabajos comunales realizados por los miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma. Asimismo, este Convenio dispone que el hecho de exigir ilegalmente un trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales, y que todo Miembro que ratifique este Convenio tendrá la obligación de cerciorarse de que las sanciones impuestas por la ley sean realmente eficaces y se apliquen estrictamente.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - [ratificaciones]
Este Convenio fundamental prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio como medio de coerción o de educación políticas o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido; como método de movilización y de utilización de la mano de obra con fines de fomento económico; como medida de disciplina en el trabajo; como castigo por haber participado en huelgas; y como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.

Además, el trabajo forzoso u obligatorio es considerado como una de las peores formas de trabajo infantil en el Convenio núm. 182.

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobr e el trabajo forzoso, 1930 y Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203)
En junio de 2014, la OIT adoptó un Protocolo vinculante sobre trabajo forzoso complementado por una Recomendación (núm. 203) con vistas a incluir medidas de prevención, protección y reparación, así como a intensificar los esfuerzos para eliminar todas las formas de trabajo forzoso.

Otros instrumentos pertinentes

Más información

Eventos

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A pesar de la condena universal, las estimaciones de la OIT muestran que 20,9 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo. Del total de víctimas, 18,7 millones (90 por ciento) son explotadas en la economía privada, por individuos o empresas, y los 2,2 millones restantes (10 por ciento) están sujetas a modalidades de trabajo forzoso impuestas por el Estado.

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Duración: 00:56:02

Documental realizado por ConstruirTV y OIT Argentina, en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, realizada en Buenos Aires en noviembre de 2017.

El video hace visibles las causas y consecuencias de este flagelo que afecta a más de 715.000 niños entre 5 y 15 años en Argentina, según la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EANNA) 2017, realizada por el Minsterio de Trabajo.

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Duración: 00:56:02 Documental realizado por ConstruirTV y OIT Argentina, en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, realizada en Buenos Aires en noviembre de 2017.

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El material de capacitación que aquí se presenta está pensado desde una perspectiva integral de derechos y tiene el propósito fundamental de contribuir a dotar de estrategias y herramientas concretas para involucrar a los agentes de los Equipos de salud e integrantes de las COPRETI en acciones de promoción, prevención, detección, atención, registro, notificación y contribución a la erradicación de los casos de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo que demanden acciones desde el campo de la salud en conjunto con otros sectores.

Con el apoyo técnico de UNICEF y OIT, los ministerios de Trabajo y Salud, nucleados en la Subcomisión de Salud y Trabajo infantil de la CONAETI, fueron los encargados de desarrollar los instrumentos y argumentos que fundamentan la prevención y erradicación. Así se fueron definiendo líneas de abordaje para sensibilizar e impulsar la concientización a fin de mejorar la detección de los casos de niñas, niños y adolescentes que llegan al sistema de salud con problemas asociados con el trabajo, una situación que históricamente permanecía invisibilizada.

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Trabajo infantil y su impacto sobre la salud. Manual de formación para equipos de salud en el marco de la estrategia de prevención y erradicación del trabajo infantil en la Argentina

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El material de capacitación que aquí se presenta está pensado desde una perspectiva integral de derechos y tiene el propósito fundamental de contribuir a dotar de estrategias y herramientas concretas para involucrar a los agentes de los Equipos de salud e integrantes de las COPRETI en acciones de promoción, prevención, detección, atención, registro, notificación y contribución a la erradicación de los casos de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo que demanden acciones desde el campo de la salud en conjunto con otros sectores.

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La incorporación de la problemática del trabajo infantil entre los temas que deben ser considerados durante un proceso de integración regional, su progresiva visibilidad e importancia en la agenda Mercosur y la construcción de políticas regionales que permitan su abordaje, implicaron un proceso sostenido y complejo que justifica el esfuerzo de reconstrucción y reflexión que se propuso la OIT al desarrollar este documento.

Esta sistematización de la experiencia regional tiene como objetivos la recuperación histórica del proceso de regionalización del abordaje del trabajo infantil en el marco de integración del Mercosur, así como la reconstrucción de la experiencia desde la perspectiva de los actores involucrados.

El período bajo estudio se extiende desde el inicio del Mercosur en 1991, hasta noviembre de 2015.

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Abordaje contra el trabajo infantil desde el Mercosur

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La incorporación de la problemática del trabajo infantil entre los temas que deben ser considerados durante un proceso de integración regional, su progresiva visibilidad e importancia en la agenda Mercosur y la construcción de políticas regionales que permitan su abordaje, implicaron un proceso sostenido y complejo que justifica el esfuerzo de reconstrucción y reflexión que se propuso la OIT al desarrollar este documento.

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Día mundial contra el trabajo infantil - 12 de junio de 2018: Generación segura y saludable

Este año, el Día mundial contra el trabajo infantil y el Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo se unen en una campaña conjunta con el fin de mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores adolescentes y jóvenes y poner fin al trabajo infantil.

La campaña tiene como fin el acelerar la acción para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8, en particular la Meta 8.7 que busca poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para 2025, y la Meta 8.8 que busca promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores para 2030.

Para alcanzar estas metas, es necesario adoptar un enfoque que integre las políticas de erradicación del trabajo infantil con aquellas que promueven una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) entre los adolescentes en edad de trabajar y los jóvenes que trabajan, que sufren accidentes y lesiones con más frecuencia que los adultos.

Muchos factores pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas jóvenes a los riesgos en el trabajo, tales como su etapa de desarrollo físico y psicológico, la falta de experiencia laboral y de capacitación, la limitada conciencia de los peligros relacionados con el trabajo y la falta de poder de negociación que puede llevar a los trabajadores jóvenes a aceptar tareas peligrosas o condiciones de trabajo inaceptables.

En la Argentina el trabajo infantil está prohibido. De acuerdo a datos de la EANNA 2017, 715.484 niños y niñas entre 5 y 15 años, trabajan. El país cuenta con un plan nacional para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente. Además, el plan nacional permite coordinar la política pública con las iniciativas que en este ámbito llevan a cabo las organizaciones de trabajadores y empleadores.

La eliminación del trabajo infantil peligroso y la mejora de la seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores jóvenes harán posible que la próxima generación inicie su vida laboral como trabajadores productivos y razonablemente bien remunerados, capaces de contribuir a la justicia social y al crecimiento económico.

Ello también contribuirá́ a mejorar la seguridad y la salud de todos los trabajadores y ayudará a asegurar los medios de vida de los padres y demás miembros de las familias, contribuyendo con ello a prevenir el trabajo infantil. Todos los niños tienen derecho a ser libres de toda forma de trabajo infantil y todos los trabajadores tienen derecho a un lugar de trabajo seguro y saludable.

Todos los trabajadores adolescentes entre 16 y 17 años, tienen derecho a terminar la escuela y a tener un ambiente de trabajo sano.

Cuidemos a nuestros jóvenes trabajadores. Por una generación segura y saludable.

Para mayor información:

Campaña global "Generación segura y saludable"
/safework/events/safeday/lang--es/index.htm

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Día Mundial contra el Trabajo Infantil - Generación Segura y Saludable

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En 2018, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se centrarán en la necesidad de acabar con el trabajo infantil y mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes.

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GINEBRA (OIT Noticias) - La protección social es esencial para ayudar a los niños a escapar de la pobreza y de sus efectos devastadores, sin embargo, la gran mayoría de los niños no cuenta con protección social, señalan UNICEF y la OIT en su informe.

La evidencia muestra claramente que el dinero desempeña un papel vital en la ruptura del círculo vicioso de la pobreza y vulnerabilidad. No obstante, solo 35 por ciento de los niños goza de protección social; con cifras que oscilan desde 87 por ciento en Europa y Asia Central, 66 por ciento en las Américas, 28 por ciento en Asia y hasta 16 por ciento en África.

Al mismo tiempo, uno de cada cinco niños vive en las formas más extremas de pobreza (menos de 1,9 dólares al día), y casi la mitad de los niños del mundo vive en situación de pobreza "moderada" (menos de 3,10 dólares al día). En casi todas las regiones, la pobreza afecta a los niños de manera desproporcionada; ellos tienen el doble de probabilidades que los adultos de vivir en pobreza extrema.

La pobreza infantil puede ser reducida de la noche a la mañana con una protección social adecuada."
Isabel Ortiz, Directora del Departamento de Protección Social de la OIT

El informe hace un llamado a favor de la rápida expansión de las prestaciones para la familia y los hijos, con el objetivo de alcanzar la protección social universal de los niños y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este tipo de prestaciones son un elemento vital de las políticas dirigidas a mejorar el acceso a la nutrición, la salud y la educación, así como a reducir el trabajo infantil, la pobreza y la vulnerabilidad de los niños.

El informe señala que la protección social universal de los niños no es un privilegio de los países ricos. Varios países en desarrollo han alcanzado o están por alcanzar la cobertura universal, como Argentina, Brasil, Chile, Mongolia y Sudáfrica.

Pero en varios países, los programas de protección social dirigidos a los niños cuentan con una cobertura limitada, niveles de prestaciones inadecuados, fragmentación y una pobre institucionalización. Algunos países sujetos a un proceso de consolidación fiscal están reduciendo los subsidios, en lugar de extender las prestaciones, como fue acordado por los países en los ODS.

"La pobreza infantil puede ser reducida de la noche a la mañana con una protección social adecuada", declaró Isabel Ortiz, Directora del Departamento de Protección Social de la OIT. "Mejorar la vida de todos los niños es una cuestión de prioridades y de voluntad política. Aún los países más pobres poseen un espacio fiscal para extender los pisos de protección social."

"La pobreza afecta a los niños de manera particularmente grave, ya que sus consecuencias pueden hacerse sentir a lo largo de toda la vida. La malnutrición y la pérdida de años de educación, que con frecuencia derivan de la pobreza, son una tragedia para el individuo, su comunidad y la sociedad", declaró Alexandra Yuster, Directora Asociada y Jefa de Inclusión Social y Políticas de UNICEF. "Los países deben priorizar a los niños y deben lograr que todos ellos cuenten con protección social para que, de esta manera, se termine la pobreza para siempre."

Los países deben priorizar a los niños y deben lograr que todos ellos cuenten con protección social para que, de esta manera, se termine la pobreza para siempre."
Alexandra Yuster, Directora Asociada y Jefa de Inclusión Social y Políticas de UNICEF

Francesca Bastagli, Directora del programa de Protección Social y de Política Social de ODI, dijo: "Sabemos que las políticas y los sistemas de protección social pueden marcar una gran diferencia y son uno de los principales instrumentos disponibles para los gobiernos para enfrentar la pobreza y la desigualdad y cumplir con los ODS."

"Es vital que los gobiernos y las organizaciones internacionales reconozcan la evidencia clara que emerge en esta área. Al reunir a líderes gubernamentales, investigadores y profesionales de todo el mundo, la Conferencia Internacional sobre el subsidio universal a la infancia es una oportunidad ideal para que se comprometan con este importante instrumento de políticas."

Este tema es tratado en la Conferencia Internacional sobre el subsidio universal a la infancia, convocada por , la OIT y el Instituto de Desarrollo de Ultramar. La conferencia tiene lugar en la sede de la OT en Ginebra del 6 al 8 de febrero.

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En el mundo, solo una tercera parte de los niños recibe protección social, según la OIT y UNICEF

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GINEBRA (OIT Noticias) - La protección social es esencial para ayudar a los niños a escapar de la pobreza y de sus efectos devastadores, sin embargo, la gran mayoría de los niños no cuenta con protección social, señalan UNICEF y la OIT en su informe.

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Los temas a tratar en la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil incluyen problemáticas asociadas y pendientes de abordaje en la agenda pública, como el trabajo forzoso y la generación de empleo joven de calidad.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible da énfasis a la integralidad e indivisibilidad de las estrategias de desarrollo que deben brindar respuestas a las necesidades sociales, económicas y ambientales. La Declaración adoptada por los países en septiembre de 2015 dio lugar a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a 169 metas conexas que representan enormes desafíos para las realidades nacionales de todos los estados miembros, en tanto se propone no dejar a nadie atrás, es decir, continuar con las políticas de erradicación de la pobreza y profundizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos.

El presente documento ha sido producido en el marco de un trabajo mancomunado del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, como un aporte que facilite la reflexión sobre los desafíos que enfrenta Argentina en cada uno de los temas que abordará la IV Conferencia, contribuya al mejoramiento de las políticas que se vienen desarrollando, promueva el diseño de nuevas intervenciones, y vislumbre áreas de intervención para lograr una cooperación fructífera de las agencias, los fondos y los programas que actúan en el país.

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Trabajo infantil, trabajo forzoso y empleo joven de calidad en Argentina: aportes del Sistema de las Naciones Unidas 2000-2017

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Los temas a tratar en la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil incluyen problemáticas asociadas y pendientes de abordaje en la agenda pública, como el trabajo forzoso y la generación de empleo joven de calidad.

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En la Argentina durante el período del año 2007 al 2017, del total de denuncias recibidas por la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral que dependía del Ministerio de Trabajo (hoy Secretaría), el 62% fueron realizadas por mujeres, en su mayoría de entre 26 y 45 años (1) . En el mismo sentido, una encuesta realizada por Accenture a más de 22.000 personas en 34 países, incluyendo Argentina, indica que las mujeres son nueve veces más proclives a sufrir discriminación o acoso sexual en las organizaciones en las que no existe una política que promueva la igualdad de género y la inclusión.

Es por esto que nos propusimos revisar cómo está legislado el acoso sexual y la violencia de género en el ámbito laboral.
Derecho Internacional
En el marco del Derecho Internacional, el tema ha sido abordado por diversos instrumentos entre los que se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 7º, párrafo a) i); por la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), artículo 11, y por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará), todos ellos con jerarquía constitucional.

De la normativa citada surge que el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias incluye, además del derecho a la igualdad salarial, de oportunidades y no discriminación; la protección contra la violencia y acoso físico y psicológico, incluido el acoso sexual. Asimismo, a partir de estos instrumentos puede concluirse que la violencia contra las mujeres en ámbitos laborales comprende aquélla que sea física, sexual psicológica, y toda forma de discriminación.
Legislación Local
En Argentina si bien no existe una norma específica a nivel nacional que trate la problemática de la violencia laboral, la violencia de género en el ámbito laboral ha sido abordada legislativamente como una de las modalidades de violencia contra las mujeres previstas en la Ley 26.485. Allí se establece de modo particular en su artículo 6 inc. c) que la violencia laboral contra las mujeres es "aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral" .

Posteriormente, su decreto reglamentario 1011/2010 introdujo la interpretación amplia que debe hacerse de su lectura, estableciendo que "en ningún caso pueden interpretarse en sentido restrictivo ni taxativo" y agrega que "se considera discriminación en el ámbito laboral cualquier omisión, acción consumada o amenaza que tenga por fin o por resultado provocar distinción, exclusión o preferencia basada en los motivos mencionados en la ley que se reglamenta o en cualquier otro motivo que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato, empleo u ocupación de las mujeres. En el mismo sentido, se entiende discriminatoria la exigencia, tanto sea para acceder como para mantener un contrato de trabajo, de cualquier requisito inherente a la pertenencia de género."
Otras identidades de género
Si bien esta ley no prevé sanciones ante su incumplimiento y sólo se refiere a violencia contra las "mujeres", sin contemplar otras identidades de género que también son vulneradas en ámbitos laborales, esta norma debe ser interpretada por los jueces de la justicia del trabajo en armonía con la Ley del Contrato de Trabajo.
Participación de la Justicia: la Prueba Compartida
En este contexto, son los jueces del fuero laboral, los responsables de determinar la existencia del acoso denunciado. Sin embargo, es cierto también que las situaciones de violencia suelen resultar difíciles de acreditar por suceder generalmente cuando no hay testigos y porque, a la vez, los acosadores tienen en cuenta esta dificultad y se aprovechan de ella.

Si bien la justicia del trabajo, está comenzando a advertir que la víctima de violencia de género se encuentran en una situación de desigualdad propia de la relación de dependencia laboral, agravada por la desigualdad estructural en cuanto al género, y la posibilidad de perder su fuente de ingresos, en el último Boletín de "Género y Justicia" editado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de un total de quince casos reseñados, ocho de ellos fueron rechazados por dificultades probatorias (2) .

En materia general, el que alega un hecho debe probarlo. Sin embargo, en el ámbito laboral, se aplica el concepto de "la carga dinámica de la prueba" o "prueba compartida", que hace recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo. Si bien esto es positivo, para los casos de violencia de género en el ámbito laboral, no es suficiente. Los estándares probatorios que se exigen en estos supuestos deben ser modificados legislativamente, estableciéndose la inversión de la carga probatoria, como es el caso de España.
El rol de las organizaciones
Más allá de las dificultades probatorias, es positivo que, una vez que se determinaron la existencia de los comportamientos que caracterizan el acoso, el juez puede considerar responsables tanto a la organización que no actuó para apartar al acosador del espacio de trabajo y evitar el acoso, como al acosador. Esto incentiva a las organizaciones a hacer su mejor esfuerzo para evitar que se den situaciones de acoso dentro de su espacio de trabajo.

Si bien aún queda mucho por hacerse, conociendo la dificultad en la que se encuentra quien ha sufrido una situación de acoso y los aún escasos precedentes judiciales que existen en esta materia, es importante que las organizaciones trabajen en pos de cumplir la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a través de la implementación de políticas contra el acoso y protocolos que ofrezca información sobre el proceso y el canal de denuncia para la víctima.
Reforma del código penal
Por último, corresponde tener en cuenta que si bien la figura del acoso sexual no configura un delito en la legislación penal actual, el proyecto de reforma del código penal incluye, dentro del título XXI, la figura del acoso laboral. Aunque aún el proyecto no fue enviado al Congreso, de aprobarse, la persona que "en el ámbito de una relación laboral o contractual, y prevaliéndose de su situación de superioridad, realizare contra otra persona, en forma reiterada, actos hostiles o humillantes orientados a que deje su puesto de trabajo, renuncie a condiciones o pretensiones laborales legítimas o deba realizar o tolerar conductas indeseadas" será pasible de una pena de prisión o de multa. Siempre que el hecho no importare un delito más severamente penado.

En este sentido, tanto lo que está sucediendo a nivel legislativo como a nivel jurisprudencial es muestra de que las cosas están cambiando. Si bien estamos lejos de revertir la situación de vulnerabilidad de las víctimas, existen cada vez más miradas con perspectiva de género sobre esta problemática estructural en el ámbito de la justicia.

Notas al pie:

(1) https://drive.google.com/file/d/19hLicJmdPOH-zCb9VMHOSOgNyw-IzTjJ/view

(2) http://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=125932&CI=INDEX100

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Legislación sobre acoso sexual laboral en Argentina

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Legislación sobre acoso sexual laboral en Argentina Por Kathrin Ecke En la Argentina durante el período del año 2007 al 2017, del total de denuncias recibidas por la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral que dependía del Ministerio de Trabajo (hoy Secretaría), el 62% fueron realizadas

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El término trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo que es física, mental, social o moralmente perjudicial para el niño, afecta su escolaridad y le impide jugar. Se les niega la oportunidad de ser niños.

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LEY DE PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES

Ley 26.485

Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales

Sancionada: Marzo 11 de 2009.

Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º - Ambito de aplicación. Orden Público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal establecidas en el Capítulo II del Título III de la presente.

ARTICULO 2º - Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar:

a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida;

b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;

c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos;

d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres;

e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;

f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;

g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.

ARTICULO 3º - Derechos Protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a:

a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones;

b) La salud, la educación y la seguridad personal;

c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial;

d) Que se respete su dignidad;

e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;

f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento;

g) Recibir información y asesoramiento adecuado;

h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad;

i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley;

j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres;

k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización.

ARTICULO 4º - Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

ARTICULO 5º - Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer:

1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física.

2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.

3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:

a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;

b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;

c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;

d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

ARTICULO 6º - Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:

a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia;

b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil;

c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral;

d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;

e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929.

f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

TITULO II

POLITICAS PUBLICAS

CAPITULO I

PRECEPTOS RECTORES

ARTICULO 7º - Preceptos rectores. Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. Para el cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores:

a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres;

b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres;

c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia;

d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las medidas así como en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios;

e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo a entidades privadas y actores públicos no estatales;

f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece;

g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;

h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

CAPITULO II

ORGANISMO COMPETENTE

ARTICULO 8º - Organismo competente. El Consejo Nacional de la Mujer será el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la presente ley.

ARTICULO 9º - Facultades. El Consejo Nacional de la Mujer, para garantizar el logro de los objetivos de la presente ley, deberá:

a) Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

b) Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia;

c) Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad honórem, integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas, que tendrá por función asesorar y recomendar sobre los cursos de acción y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia;

d) Promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para las mujeres que padecen violencia;

e) Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación;

f) Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones de violencia;

g) Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones destinados a la prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención;

h) Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y las Fuerzas Armadas, las que se impartirán de manera integral y específica según cada área de actuación, a partir de un módulo básico respetando los principios consagrados en esta ley;

i) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada, en materia de violencia contra las mujeres e implementación de los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres destinada a legisladores/as y asesores/as;

j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del personal de los servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las mujeres;

k) Diseñar e implementar Registros de situaciones de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los indicadores básicos aprobados por todos los Ministerios y Secretarías competentes, independientemente de los que determine cada área a los fines específicos, y acordados en el marco de los Consejos Federales con competencia en la materia;

l) Desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados -como mínimo- por edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la mujer que padece violencia y el hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas a la persona violenta. Se deberá asegurar la reserva en relación con la identidad de las mujeres que padecen violencias;

m) Coordinar con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de Registro e indicadores que lo integren que obren en ambos poderes, independientemente de los que defina cada uno a los fines que le son propios;

n) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través del Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres;

ñ) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa;

o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen;

p) Establecer y mantener un Registro de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de actividades preventivas, de control y ejecución de medidas de asistencia a las mujeres que padecen violencia y la rehabilitación de los hombres que la ejercen;

q) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza e instalando la condena social a toda forma de violencia contra las mujeres. Publicar materiales de difusión para apoyar las acciones de las distintas áreas;

r) Celebrar convenios con organismos públicos y/o instituciones privadas para toda acción conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos de la presente ley;

s) Convocar y poner en funciones al Consejo, Consultivo de organizaciones de la sociedad civil y redactar su reglamento de funcionamiento interno;

t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo en red, con el fin de desarrollar modelos de atención y prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas;

u) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad.

CAPITULO III

LINEAMIENTOS BASICOS PARA LAS POLITICAS ESTATALES

ARTICULO 10. - Fortalecimiento técnico a las jurisdicciones. El Estado nacional deberá promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen, debiendo garantizar:

1.- Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

2.- Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia, las que coordinarán sus actividades según los estándares, protocolos y registros establecidos y tendrán un abordaje integral de las siguientes actividades:

a) Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de estrategias de abordaje;

b) Grupos de ayuda mutua;

c) Asistencia y patrocinio jurídico gratuito;

d) Atención coordinada con el área de salud que brinde asistencia médica y psicológica;

e) Atención coordinada con el área social que brinde los programas de asistencia destinados a promover el desarrollo humano.

3.- Programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer.

4.- Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer.

5.- Centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer.

6.- Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral.

7.- Programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.

ARTICULO 11. - Políticas públicas. El Estado nacional implementará el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia:

1.- Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de Gabinete y Gestión Pública:

a) Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia de acoso sexual en la administración pública nacional y garanticen la efectiva vigencia de los principios de no discriminación e igualdad de derechos, oportunidades y trato en el empleo público;

b) Promover, a través del Consejo Federal de la Función Pública, acciones semejantes en el ámbito de las jurisdicciones provinciales.

2.- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:

a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que padecen violencia;

b) Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en los planes y programas de fortalecimiento y promoción social y en los planes de asistencia a la emergencia;

c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de las mujeres en procesos de asistencia por violencia;

d) Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas para atención de la emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de sus hijas/os;

e) Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres que padecen violencia;

f) Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los criterios de atención que se fijen para las niñas y adolescentes que padecen violencia.

3.- Ministerio de Educación de la Nación:

a) Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos;

b) Promover medidas para que se incluya en los planes de formación docente la detección precoz de la violencia contra las mujeres;

c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las/os niñas/os y adolescentes que se vean afectadas/os, por un cambio de residencia derivada de una situación de violencia, hasta que se sustancie la exclusión del agresor del hogar;

d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en las currículas terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado como de post grado;

e) Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones;

f) Las medidas anteriormente propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo Federal de Educación.

4.- Ministerio de Salud de la Nación:

a) Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los programas de salud integral de la mujer;

b) Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito del Consejo Federal de Salud;

c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría, y salud mental, que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de las mujeres que padecen violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento deberá asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios;

d) Promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la ejerzan con la utilización de protocolos de atención y derivación;

e) Impulsar la aplicación de un Registro de las personas asistidas por situaciones de violencia contra las mujeres, que coordine los niveles nacionales y provinciales.

f) Asegurar la asistencia especializada de los/ as hijos/as testigos de violencia;

g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que en un futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres, en los establecimientos médico-asistenciales, de la seguridad social y las entidades de medicina prepaga, los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de condiciones con otras prestaciones;

h) Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de mejorar el diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de género;

i) Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo de la aplicación de los protocolos. Para ello, los organismos nacionales y provinciales podrán celebrar convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

5.- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación:

5.1. Secretaría de Justicia:

a) Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia mediante la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito;

b) Promover la aplicación de convenios con Colegios Profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita;

c) Promover la unificación de criterios para la elaboración de los informes judiciales sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen violencia;

d) Promover la articulación y cooperación entre las distintas instancias judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales;

e) Promover la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de violencia contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos que requieran de otro tipo de abordaje;

f) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para incentivar en los distintos niveles del Poder Judicial la capacitación específica referida al tema;

g) Alentar la conformación de espacios de formación específica para profesionales del derecho;

h) Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, difundiendo periódicamente los resultados;

i) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad.

5.2. Secretaría de Seguridad:

a) Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad, el desarrollo de servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales;

b) Elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los procedimientos básicos para el diseño de protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial;

c) Promover la articulación de las fuerzas policial y de seguridad que intervengan en la atención de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil;

d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial y de seguridad en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;

e) Incluir en los programas de formación de las fuerzas policial y de seguridad asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género.

5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI):

a) Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del INADI, en articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos.

6.- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación:

a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el principio de no discriminación en:

1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección;

2. La carrera profesional, en materia de promoción y formación;

3. La permanencia en el puesto de trabajo;

4. El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función.

b) Promover, a través de programas específicos la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos;

c) Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que padecen violencia;

d) Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia, en particular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como las emanadas de las decisiones judiciales.

7.- Ministerio de Defensa de la Nación:

a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las Fuerzas Armadas a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

b) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas Armadas para el ingreso, promoción y permanencia en las mismas;

c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;

d) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia con perspectiva de género.

8.- Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación:

a) Impulsar desde el Sistema Nacional de Medios la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general y en particular a las mujeres sobre el derecho de las mismas a vivir una vida libre de violencias;

b) Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género;

c) Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación en violencia contra las mujeres;

d) Alentar la eliminación del sexismo en la información;

e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

CAPITULO IV

OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ARTICULO 12. - Creación. Créase el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres.

ARTICULO 13. - Misión. El Observatorio tendrá por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

ARTICULO 14. - Funciones. Serán funciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres:

a) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática y comparable diacrónica y sincrónicamente sobre violencia contra las mujeres;

b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir causal de violencia;

c) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes que el Estado nacional eleve a los organismos regionales e internacionales en materia de violencia contra las mujeres;

d) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;

e) Crear una red de información y difundir a la ciudadanía los datos relevados, estudios y actividades del Observatorio, mediante una página web propia o vinculada al portal del Consejo Nacional de la Mujer. Crear y mantener una base documental actualizada permanentemente y abierta a la ciudadanía;

f) Examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras en la materia y difundirlas a los fines de ser adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales que lo consideren;

g) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos de las mujeres a los fines de monitorear la implementación de políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar propuestas de actuaciones o reformas;

h) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, con participación de centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de experiencias e identificando temas y problemas relevantes para la agenda pública;

i) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para la puesta en marcha de los Registros y los protocolos;

j) Articular las acciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres con otros Observatorios que existan a nivel provincial, nacional e internacional;

k) Publicar el informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones realizadas y propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será difundido a la ciudadanía y elevado a las autoridades con competencia en la materia para que adopten las medidas que corresponda.

ARTICULO 15. - Integración. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres estará integrado por:

a) Una persona designada por la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, quien ejercerá la Dirección del Observatorio, debiendo tener acreditada formación en investigación social y derechos humanos;

b) Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia.

TITULO III

PROCEDIMIENTOS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 16. - Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrati- vos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

a) A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente especializado;

b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva;

c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente;

d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte;

e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3º de la presente ley;

f) A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones;

g) A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa;

h) A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización;

i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos;

j) A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes judiciales tiene derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional especializado y formado con perspectiva de género;

k) A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.

ARTICULO 17. - Procedimientos Administrativos. Las jurisdicciones locales podrán fijar los procedimientos previos o posteriores a la instancia judicial para el cumplimiento de esta ley, la que será aplicada por los municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas, delegaciones de los Consejos Provinciales de la Mujer o áreas descentralizadas, juzgados de paz u organismos que estimen convenientes.

ARTICULO 18. - Denuncia. Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO

ARTICULO 19. - Ambito de aplicación. Las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen procesal previsto en la presente ley.

ARTICULO 20. - Características del procedimiento. El procedimiento será gratuito y sumarísimo.

ARTICULO 21. - Presentación de la denuncia. La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita.

Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante.

ARTICULO 22. - Competencia. Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate.

Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente.

ARTICULO 23. - Exposición policial. En el supuesto que al concurrir a un servicio policial sólo se labrase exposición y de ella surgiere la posible existencia de violencia contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las VEINTICUATRO (24) horas.

ARTICULO 24. - Personas que pueden efectuar la denuncia. Las denuncias podrán ser efectuadas:

a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción alguna;

b) La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales de acuerdo lo establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

c) Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla;

d) En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada para hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en VEINTICUATRO (24) horas. La autoridad judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado público.

e) La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de que una mujer padece violencia siempre que los hechos pudieran constituir un delito.

ARTICULO 25. - Asistencia protectora. En toda instancia del proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda protectora ad honórem, siempre que la mujer que padece violencia lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y psicológica de la misma.

ARTICULO 26. - Medidas preventivas urgentes.

a) Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres definidas en los artículos 5º y 6º de la presente ley:

a. 1. Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia;

a.2. Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer;

a.3. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos;

a.4. Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que estuvieren en su posesión;

a.5. Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres;

a.6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer;

a.7. Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer.

b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en el inciso a) del presente artículo, en los casos de la modalidad de violencia doméstica contra las mujeres, el/la juez/a podrá ordenar las siguientes medidas preventivas urgentes:

b.1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente;

b.2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma;

b.3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor;

b.4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales;

b.5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia;

b.6. En caso que la víctima fuere menor de edad, el/la juez/a, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser oída de la niña o de la adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro de su grupo familiar, por consanguinidad o afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad.

b.7. Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas;

b.8. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/ as;

b.9. Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas convivientes se dispondrá el inventario de los bienes de cada uno;

b.10. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que estime conveniente, del mobiliario de la casa.

ARTICULO 27. - Facultades del/la juez/a. El/ la juez/a podrá dictar más de una medida a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado.

ARTICULO 28. - Audiencia. El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de CUARENTA Y OCHO (48) horas de ordenadas las medidas del artículo 26, o si no se adoptara ninguna de ellas, desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia.

El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública.

En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, y ordenará las medidas que estime pertinentes.

Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo estipulado por la Ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación.

ARTICULO 29. - Informes. Siempre que fuere posible el/la juez/a interviniente podrá requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro en la que se encuentre.

Dicho informe será remitido en un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, a efectos de que pueda aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las mencionadas en el artículo 26.

El/la juez/a interviniente también podrá considerar los informes que se elaboren por los equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro, evitando producir nuevos informes que la revictimicen.

También podrá considerar informes de profesionales de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de la violencia contra las mujeres.

ARTICULO 30. - Prueba, principios y medidas. El/la juez/a tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor, y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de obtención de la verdad material.

ARTICULO 31. - Resoluciones. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.

ARTICULO 32. - Sanciones. Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, el/la juez/a podrá evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo ampliarlas u ordenar otras.

Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el/la Juez/a deberá aplicar alguna/s de las siguientes sanciones:

a) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido;

b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del agresor;

c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas.

Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal.

ARTICULO 33. - Apelación. Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, serán apelables dentro del plazo de TRES (3) días hábiles.

La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se concederá en relación y con efecto devolutivo.

La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas se concederá en relación y con efecto suspensivo.

ARTICULO 34. - Seguimiento. Durante el trámite de la causa, por el tiempo que se juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante la intervención del equipo interdisciplinario, quienes elaborarán informes periódicos acerca de la situación.

ARTICULO 35. - Reparación. La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia.

ARTICULO 36. - Obligaciones de los/as funcionarios/ as. Los/as funcionarios/as policiales, judiciales, agentes sanitarios, y cualquier otro/a funcionario/a público/a a quien acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre:

a) Los derechos que la legislación le confiere a la mujer que padece violencia, y sobre los servicios gubernamentales disponibles para su atención;

b) Cómo y dónde conducirse para ser asistida en el proceso;

c) Cómo preservar las evidencias.

ARTICULO 37. - Registros. La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la mujer que padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor.

Los juzgados que intervienen en los casos de violencia previstos en esta ley deberán remitir anualmente la información pertinente para dicho registro.

El acceso a los registros requiere motivos fundados y previa autorización judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso público que permitan conocer, como mínimo, las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas.

ARTICULO 38. - Colaboración de organizaciones públicas o privadas. El/la juez/a podrán solicitar o aceptar en carácter de amicus curiae la colaboración de organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.

ARTICULO 39. - Exención de cargas. Las actuaciones fundadas en la presente ley estarán exentas del pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro impuesto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación en materia de costas.

ARTICULO 40. - Normas supletorias. Serán de aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de violencia denunciados.

TITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 41. - En ningún caso las conductas, actos u omisiones previstas en la presente ley importarán la creación de nuevos tipos penales, ni la modificación o derogación de los vigentes.

ARTICULO 42. - La Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, será de aplicación en aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente ley.

ARTICULO 43. - Las partidas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTICULO 44. - La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.

ARTICULO 45. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

- REGISTRADO BAJO EL Nº 26.485 -

JULIO C. C. COBOS. - EDUARDO A. FELLNER. - Enrique Hidalgo. - Juan H. Estrada.

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Ir a texto actualizado y otros datos LEY DE PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES Ley 26.485 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales Sancionada: Marzo 11 de 2009. Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.

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PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS

Ley 26.364

Disposiciones Generales. Derechos de las Víctimas. Disposiciones Penales y Procesales. Disposiciones Finales.

Sancionada: Abril 9 de 2008

Promulgada: Abril 29 de 2008

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. Sancionan con fuerza de Ley:

PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º - Objeto. La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.

ARTICULO 2º - Trata de mayores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas mayores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta.

ARTICULO 3º - Trata de menores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación.

Existe trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.

El asentimiento de la víctima de trata de personas menores de DIECIOCHO (18) años no tendrá efecto alguno.

ARTICULO 4º - Explotación. A los efectos de la presente ley, existe explotación en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas;

b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;

c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual;

d) Cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.

ARTICULO 5º - No punibilidad. Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.

Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara.

TITULO II

DERECHOS DE LAS VICTIMAS

ARTICULO 6º - Derechos. Las víctimas de la trata de personas tienen derecho a:

a) Recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez;

b) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada;

c) Contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas;

d) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;

e) La protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las condiciones previstas en la Ley Nº 25.764.

f) La adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica;

g) Ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;

h) Ser oídas en todas las etapas del proceso;

i) La protección de su identidad e intimidad;

j) Permanecer en el país, de conformidad con la legislación vigente, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia;

k) Que se les facilite el retorno al lugar en el que estuviera asentado su domicilio;

l) Acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. En ningún caso podrán ser sometidos a careos. Las medidas de protección de derechos aplicables no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reintegración a su familia nuclear o ampliada o a su comunidad.

ARTICULO 7º - Alojamiento de las víctimas. En ningún caso se alojará a las víctimas de la trata de personas en cárceles, establecimientos penitenciarios, policiales o destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas.

ARTICULO 8º - Derecho a la privacidad y reserva de identidad. En ningún caso se dictarán normas que dispongan la inscripción de las víctimas de la trata de personas en un registro especial, o que les obligue a poseer un documento especial, o a cumplir algún requisito con fines de vigilancia o notificación.

Se protegerá la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de personas. Las actuaciones judiciales serán confidenciales. Los funcionarios intervinientes deberán preservar la reserva de la identidad de aquéllas.

ARTICULO 9º - Representantes diplomáticos y consulares. Es obligación de los representantes diplomáticos y consulares de la Nación en el extranjero proveer a la asistencia de los ciudadanos argentinos que, hallándose fuera del país, resultaren víctimas de los delitos descriptos en la presente ley, y facilitar su retorno al país, si así lo pidieren.

TITULO III

DISPOSICIONES PENALES Y PROCESALES

ARTICULO 10. - Incorpórase como artículo 145 bis del Código Penal, el siguiente:

Artículo 145 bis: El que captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, será reprimido con prisión de TRES (3) a SEIS (6) años.

La pena será de CUATRO (4) a DIEZ (10) años de prisión cuando:

1. El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público;

2. El hecho fuere cometido por TRES (3) o más personas en forma organizada;

3. Las víctimas fueren TRES (3) o más.

ARTICULO 11. - Incorpórase como artículo 145 ter del Código Penal, el siguiente:

Artículo 145 ter: El que ofreciere, captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, será reprimido con prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años.

La pena será de SEIS (6) a QUINCE (15) años de prisión cuando la víctima fuere menor de TRECE (13) años.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la pena será de DIEZ (10) a QUINCE (15) años de prisión, cuando:

1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima;

2. El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público;

3. El hecho fuere cometido por TRES (3) o más personas en forma organizada;

4. Las víctimas fueren TRES (3) o más.

ARTICULO 12. - Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 41 ter: Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad, o la identidad de otros partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento.

En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de OCHO (8) a QUINCE (15) años.

Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penal inferior a la de las personas a quienes identificasen.

ARTICULO 13. - Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:

e) Los previstos por los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212 y 213 bis del Código Penal.

ARTICULO 14. - Serán aplicables las disposiciones de los artículos 132 bis, 250 bis y 250 ter del Código Procesal Penal de la Nación.

ARTICULO 15. - Sustitúyese el artículo 119 de la Ley Nº 25.871, por el siguiente:

Artículo 119: Será reprimido con prisión o reclusión de DOS (2) a OCHO (8) años el que realice las conductas descriptas en el presente capítulo empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de la necesidad o inexperiencia de la víctima.

ARTICULO 16. - Sustitúyese el artículo 121 de la Ley Nº 25.871, por el siguiente:

Artículo 121: Las penas establecidas en el presente capítulo se agravarán de CINCO (5) a QUINCE (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de OCHO (8) a VEINTE (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero.

ARTICULO 17. - Deróganse los artículos 127 bis y 127 ter del Código Penal.

TITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 18. - Presupuesto. El Presupuesto General de la Nación incluirá las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

ARTICULO 19. - Reglamentación. Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de SESENTA (60) días contados a partir de su promulgación.

ARTICULO 20. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DIA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL OCHO.

- REGISTRADO BAJO EL Nº 26.364 -

EDUARDO A. FELLNER. - JULIO CESAR C. COBOS. - Marta A. Luchetta. - Juan J. Canals.

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PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS Ley 26.364 Disposiciones Generales. Derechos de las Víctimas. Disposiciones Penales y Procesales. Disposiciones Finales. Sancionada: Abril 9 de 2008 Promulgada: Abril 29 de 2008 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.

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Trabajo forzoso, formas modernas de esclavitud y trata de seres humanos (Trabajo forzoso, formas modernas de esclavitud y trata de seres humanos)

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El nuevo Protocolo de la OIT sobre el trabajo forzoso, legalmente vinculante, tiene por objetivo fortalecer los esfuerzos mundiales para combatir el trabajo forzoso, la trata y las prácticas análogas a la esclavitud. Los gobiernos tienen ahora la oportunidad de ratificar el Protocolo e integrar nuev…

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Informe para la discusión en la Reunión tripartita de expertos sobre la posible adopción de un instrumento de la OIT que complemente el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Ginebra, 11 a 15 febrero de 2013

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Informe para Reunión tripartita de expertos sobre trabajo forzoso y trata de personas con fines de explotación laboral

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Informe para la discusión en la Reunión tripartita de expertos sobre la posible adopción de un instrumento de la OIT que complemente el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Ginebra, 11 a 15 febrero de 2013

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Qué es el trabajo forzoso?

Por trabajo forzoso puede entenderse el trabajo que se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera. Se refiere a situaciones en las cuales personas están forzadas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración.

La definición del trabajo forzoso

Según el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) de la OIT, el trabajo forzoso u obligatorio designa:

"todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente".

El Protocolo relativo al trabajo forzoso (artículo 1, párrafo 3) reafirma explícitamente esta definición.

Esta definición consiste en tres elementos:

1. Trabajo o servicio hace referencia a todo tipo de trabajo que tenga lugar en cualquier actividad, industria o sector, incluida la economía informal.

2. Amenaza de una pena cualquiera abarca una amplia gama de sanciones utilizadas para obligar a alguien a trabajar.

3. Involuntariedad: La expresión "se ofrece voluntariamente" se refiere al consentimiento otorgado libremente y con conocimiento de causa por un trabajador para empezar un trabajo y a su libertad para renunciar a su empleo en cualquier momento. No es el caso por ejemplo cuando un empleador o un reclutador hacen falsas promesas con el fin de inducir a un trabajador a aceptar un empleo que de otro modo no habría aceptado.

Excepciones a la definición de "trabajo forzoso"

En el artículo 2, párrafo 2, del Convenio núm. 29 se describen cinco situaciones que constituyen excepciones a la definición de "trabajo forzoso" bajo ciertas condiciones. (Véase OIT: Estudio general sobre el trabajo forzoso, Comisión de Expertos de la OIT, 2007):

Servicio militar obligatorio.

Obligaciones cívicas normales.

Trabajo penitenciario (bajo ciertas condiciones).

Trabajo realizado en casos de fuerza mayor, es decir, guerra, siniestros o amenaza de siniestros (como incendios, inundaciones, hambre y temblores).

Pequeños trabajos comunales (dentro de una comunidad).

Trabajo forzoso impuesto por las autoridades estatales

El Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), adoptado por la OIT en 1957, trata principalmente del trabajo forzoso impuesto por las autoridades estatales. Prohíbe el uso del trabajo forzoso:

como castigo por la expresión de opiniones políticas

con fines de fomento económico

por la participación en huelgas

como medida de discriminación racial, religiosa o de otro tipo

como disciplina laboral.

El alcance de los instrumentos de la OIT sobre trabajo forzoso

Ambos Convenios cuentan con la ratificación casi universal, lo cual significa que casi todos los países están obligados por ley a respetar sus disposiciones y a informar periódicamente sobre su aplicación a los órganos de control de las normas de la OIT. No estar sometido al trabajo forzoso es un derecho humano: todos los Estados miembros de la OIT deben respetar el principio de la eliminación del trabajo forzoso, que hayan o no ratificado los Convenios.

En junio de 2014, gobiernos, empleadores y trabajadores reunidos en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT (CIT) decidieron dar un nuevo impulso a la lucha mundial contra el trabajo forzoso, incluidas la trata de personas y las prácticas análogas a la esclavitud.

Por una mayoría abrumadora votaron a favor de adoptar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203), que complementan el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), así como los instrumentos internacionales existentes proporcionando una orientación específica sobre las medidas relativas a la prevención, protección y a acciones jurídicas y de reparación que han de adoptarse para eliminar todas las formas de trabajo forzoso.

La realidad del trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna

El trabajo forzoso puede ser impuesto a adultos y niños, por autoridades estatales, empresas privadas o individuos. Se encuentra en todos los tipos de actividades económicas tales como trabajo domestico, construcción, agricultura, manufactura, explotación sexual, mendicidad forzada, etc. y en todos los paises.

La definición del trabajo forzoso abarca:

"las prácticas tradicionales del trabajo forzoso, por ejemplo, las secuelas de la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud y las diversas formas de servidumbre por deudas, así como las nuevas formas de trabajo forzoso que han hecho su aparición en décadas recientes, tales como la trata de personas. ¹" también llamadas "esclavitud-moderna" para echar luz sobre condiciones de vida y trabajo que son contrarias a la dignidad humana.

El trabajo forzoso es distinto a las condiciones de trabajo explotadoras o por debajo de la norma. Diversos indicadores pueden ser utilizados para determinar cuando una situación equivale a trabajo forzoso, como la limitación de la libertad de movimiento de los trabajadores, la retención de los salarios o de los documentos de identidad, la violencia física o sexual, las amenazas e intimidaciones, o deudas fraudulentas de las cuales los trabajadores no pueden escapar.

Además de ser una violación grave de los derechos humanos, exigir trabajo forzoso también constituye un delito penal.

¹ OIT, Estudio General sobre los convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo a la luz de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 2012, CIT.101/III/1B, párrafo 272.

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Qué es el trabajo forzoso, las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos

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Por trabajo forzoso puede entenderse el trabajo que se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera. Se refiere a situaciones en las cuales personas están forzadas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración.

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Esta carta, elaborada por la Confederación sindical internacional (CSI), con el apoyo del Programa de acción especial para combatir el trabajo forzoso de la OIT, brinda información sobre a Alianza de los trabajadores contra el trabajo forzoso y la trata de personas y ejemplos de buenas prácticas.

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Carta 'Alianza de los trabajadores contra el trabajo forzoso y la trata de personas'

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Esta carta, elaborada por la Confederación sindical internacional (CSI), con el apoyo del Programa de acción especial para combatir el trabajo forzoso de la OIT, brinda información sobre a Alianza de los trabajadores contra el trabajo forzoso y la trata de personas y ejemplos de buenas prácticas.

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Desde su nacimiento, la OIT incorporó al trabajo forzoso como una de sus principales preocupaciones y uno de los ejes de su actividad. Las estimaciones globales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), elaboradas junto con Walk Free Foundation y la Organización Internacional de Migraciones, muestran que actualmente más de 40 millones de personas son víctimas de diversas formas de sometimiento y explotación. Del total de víctimas, 7 de cada 10 se corresponden con mujeres y niñas, mientras que el 25 por ciento representa a menores de 18 años. A su vez, más de 25 millones de personas son forzadas a trabajar y otras 15 millones a contraer matrimonio.

La esclavitud moderna también es un negocio: los ingresos superan los 150.000 millones de dólares anuales. En América Latina, sus beneficios suman U$D 12.000 millones: por cada individuo forzado a trabajar, embolsan 7.500 dólares de ganancias ilegales.

En los últimos años, Argentina tomó medidas significativas para erradicar la trata y el trabajo forzoso. La sanción de la ley 26.842 y la creación del Consejo Federal de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas son ejemplo de ello. Asimismo, Argentina es uno de los 25 países que ratificaron el protocolo de 2014 relativo al Convenio 29 de la OIT sobre trabajo forzoso, y fue el segundo en hacerlo en el continente americano, después de Panamá. En esa misma línea, la OIT mantiene su campaña internacional "50 for Freedom", con el objetivo de que al menos 50 países ratifiquen ese protocolo.

Con este impulso, ahora toca redoblar esfuerzos para que los logros sean más rápidos e inclusivos y cumplir con las metas definidas por la Agenda 2030. Los estados, junto con las organizaciones de trabajadores y empleadores, deben formular una política y un plan de acción nacionales para suprimir el trabajo forzoso y la trata de personas.

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Desde su nacimiento, la OIT incorporó al trabajo forzoso como una de sus principales preocupaciones y uno de los ejes de su actividad. Las estimaciones globales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), elaboradas junto con Walk Free Foundation y la Organización Internacional de Migraciones, muestran que actualmente más de 40 millones de personas son víctimas de diversas formas de sometimiento y explotación.