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Mensaje introductorio

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Explicación a groso modo de los principios de vigilancia del control fiscal

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TÍTULO II, COMPETENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES

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TÍTULO II, COMPETENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES

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Se se desarrollan las disposiciones de los artículos 267, 268, 271, 272 y 274 de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019, para el fortalecimiento del control fiscal,

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Descripción general de las actividades desarrolladas por las Contralorías Territoriales y Mecanismos para el Ejercicio

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Artículo 60. Articulación con el control social

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Artículo 60. Articulación con el control social

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En la vigilancia y seguimiento permanente al recurso público se promoverán sinergias con el control ciudadano para articular la gestión preventiva de la Contraloría General de la República con las alertas generadas por la ciudadanía, en relación con los riesgos a los que se exponen los recursos, bienes y servicios públicos.

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Desde los desarrollos que se han dado en el Control Interno la información se convierte en un punto central de su funcionamiento y transformación

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SINACOF Y SINERGIA ENTRE Contraloría nacionales y territoriales

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SINACOF Y SINERGIA ENTRE Contraloría nacionales y territoriales

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El SINACOF ayuda a la gestión y a la sinergia entre todas las contralorías a nivel nacional

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El control fiscal Unido al control interno

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El control fiscal Unido al control interno

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Servir como instancia de gestión sistémica del control fiscal a nivel nacional, que incremente el desempeño y los resultados de los órganos de control fiscal que lo integran.

Y se apoyo el el DIARI

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Video explicativo de la contraloria sobre cómo funciona la DIARI.

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Así funciona la DIARI  de la Contraloría General de la República

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SISTEMAS DE CONTROL FISCAL

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Sistemas de control fiscal | Created using Powtoon - The Visual Communication Platform

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CONTROL FISCAL POSTERIOR Y SELECTIVO - CONTROL FÍSCAL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO

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Podcast Control fiscal posterior y selectivo concomitante y preventivo

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EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO

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Ejercicio de control físcal concomitante y preventivo

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Otras herramientas de control fiscal y sus procedimientos técnicos - Actuación especial de fiscalización. Espacios de diálogo institucional y social.

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Otras herramientas de control fiscal y sus procedimientos técnicos - Actuación especial de fiscalización. Espacios de diálogo institucional y social.

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NOTICIAS,  relacionadas con los artículos transversales (Art 60. Articulación con el control social -  61. Articulación con el control interno - 62. Sistemas de Alertas del control interno)

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NOTICIAS,  relacionadas con los artículos transversales (Art 60. Articulación con el control social -  61. Articulación con el control interno - 62. Sistemas de Alertas del control interno)

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El Contralor General señaló que su trabajo mancomunado con la sociedad ha ayudado a vigilar obras inconclusas que sumaban $20 billones.

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El Contralor General señaló que su trabajo mancomunado con la sociedad ha ayudado a vigilar obras inconclusas que sumaban $20 billones.

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Gabriel Forero Oliveros - gforero@larepublica.com.co

La pandemia ha generado no solo retos económicos, sino de vigilancia para los entes como la Contraloría General.

En diálogo con LR, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, describió la importancia de las veedurías ciudadanas como herramientas de ayuda y su importancia para recuperar cerca de $20 billones en obras que eran "elefantes blancos".

¿Cuál es la importancia de las veedurías ciudadanas para el manejo de los recursos públicos?
Las veedurías son el motor del control social que hemos venido impulsando. Gracias a ellas hemos impulsado proyectos, con resultados formidables, de nuestra estrategia Compromiso Colombia que nos ha permitido estimular el rescate de "elefantes blancos" y obras inconclusas que ponían en peligro recursos públicos por cerca de $20 billones. Sin el concurso de la ciudadanía organizada habría sido imposible poner al servicio el Túnel de La Línea y haber inaugurado una fase importante del tercer tramo de la Ruta del Sol III.

Hace dos años, al iniciar mi gestión, anuncié que la ciudadanía y la tecnología serían los dos bastiones principales de la gestión de la Contraloría. Los resultados obtenidos demuestran que hemos ido mucho más allá de los lemas y consignas.

¿Cuántas veedurías participan en la Red Institucional de Apoyo a ella de la Contraloría General?
Sin perjuicio de las organizaciones que participan en ejercicios de control fiscal con la CGR, en los dos últimos años hemos promovido 350 veedurías que acompañan proyectos y obras fundamentales en los frentes de educación, infraestructura, salud y sostenibilidad ambiental.

¿Cuál es el respaldo que la Contraloría les da a estas instituciones para que no se politicen?
Nuestra Contraloría delegada para la participación ciudadana entiende que evitar la posible politización de organizaciones de esta índole no es un trabajo fácil en la medida en que son dueñas de su autonomía. Sin embargo, la posibilidad de conformar y observar las calidades de sus miembros con rigor y el acompañamiento permanente a sus iniciativas son ejercicios que contribuyen al establecimiento de filtros para evitar parcialidad o subjetividad en el control social a lo público. A ese ejercicio pedagógico siempre ha estado dispuesta la Contraloría General .

¿Cómo pueden las veedurías ayudar en la revisión y alertas tempranas sobre la contratación en firmas mixtas y públicas?
El principal insumo que les ofrecemos para facilitar su trabajo es el acceso a la información calificada sobre la contratación pública. Por ejemplo, nuestra estrategia Compromiso Colombia abre un amplio espectro para que la ciudadanía organizada pueda acompañar a los contratistas y a la administración pública en la reactivación de esas iniciativas. Su ánimo vigilante es un apoyo esencial a la tarea fiscalizadora de la Contraloría. En la medida en que las circunstancias lo aconsejen, esas veedurías pueden estar al tanto de las alertas tempranas emitidas por nuestra Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata en aquellos casos en que se presenten retrasos y trastornos en la ejecución de recursos públicos. Así, vamos más allá de los hitos señalados por figuras como el derecho de petición o por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Está en boga la creación de una Veeduría en Medellín para la revisión de EPM. ¿Qué es lo que puede y no puede hacer?
En honor a la verdad el surgimiento de veedurías alrededor de los proyectos de EPM no es un fenómeno social nuevo. Es preciso recordar que, antes de la entrada en vigor el nuevo Sistema de Control Fiscal, fue una veeduría ciudadana la que pidió la intervención excepcional de la Contraloría General en el caso de Hidroituango. De otra manera, la competencia inicial hubiera quedado en cabeza de la Contraloría Departamental de Antioquia.

El nuevo régimen les da mayor visibilidad a las obras públicas y genera un marco garantista para la participación ciudadana en la vigilancia. Basta con que las veedurías sean creadas de acuerdo con los parámetros señalados por la ley y que sus integrantes cuenten con la habilitación técnica necesaria para el libre ejercicio de la fiscalización. Los límites de su ejercicio son estrictamente legales y en el caso de nuestras investigaciones solo existen restricciones temporales relacionadas con la reserva propia de los procesos. Sin embargo, esa reserva no es limitante para aquellas veedurías que tienen la calidad de sujetos procesales.

A raíz de los problemas que hubo de gobierno corporativo, y ante los líos sobre si se cometieron o no errores para hacer una demanda del proyecto Hidroituango, ¿cómo avanza su revisión?
Hay unas actuaciones abiertas y el ejercicio auditor ha sido riguroso. No vamos a pasar por alto ninguna de las evidencias recabadas. Hoy tenemos 34 presuntos responsables e investigamos una posible afectación de recursos por casi $4,1 billones.

Entre los presuntos responsables hay miembros de la junta directiva, tres representantes legales de EPM, dos exalcaldes de Medellín y dos exgobernadores de Antioquia, lo mismo que representantes de aseguradores y reaseguradoras. No hemos dado margen alguno a la improvisación e incluso nos hemos apoyado en expertos de la Universidad Nacional. Actuamos de manera desprevenida y sin sesgos.

Si los incidentes generados por nuevas demandas tienen consecuencias fiscales, la Contraloría estará presente y presta a actuar sin dilaciones.

¿Cuáles han sido los principales hallazgos relacionados con la corrupción en medio de la pandemia?
Es importante aclarar que la mayoría de los ordenadores del gasto son personas bien intencionadas que buscan acertar y entregar resultados a sus comunidades. En cuanto a los otros hemos atacado a fondo y de manera oportuna esa perniciosa costumbre de sacar partido del dolor de nuestros semejantes. Activamos todos nuestros mecanismos de control para frenar sobrecostos en contratos que, por vía de urgencia manifiesta, han sido celebrados por la administración pública en todos sus niveles para garantizar la seguridad alimentaria y dotar al sistema de salud de los recursos necesarios en estos tiempos.

En desarrollo de un trabajo ininterrumpido, independientemente de los ciclos de la pandemia, nuestra Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -Diari- ha revisado 96.154 contratos por $9,5 billones. A través de ella hemos emitido 419 alertas sobre presuntos sobrecostos en contratos por $511.000 millones.

Gracias al impacto de este ejercicio preventivo, ha sido posible que las administraciones renegocien contratos por $129.226 millones. Los beneficios logrados en los casos de esos contratos llegan a $33.112 millones.

¿Se vienen nuevos anuncios o decisiones con hallazgos fiscales, e incluso presuntos hallazgos penales y administrativos por contratos públicos?
Hemos venido realizando Actuaciones Especiales de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías en algunos departamentos y será fundamental conocer sus resultados en momentos en que el Congreso acaba de aprobar la ley que reglamenta que el nuevo Sistema General de Regalías.

Estamos mirando con lupa proyectos pertenecientes a los sectores de salud y protección social; transporte; vivienda; deporte; educación; ciencia, entro otros. En este ámbito hay mucha tela de donde cortar. Ya hemos establecido que de $33,9 billones, del total de recursos contratados a 15 de junio de 2019, $4,2 billones fueron manejados mediante la modalidad de contratación directa. De hecho, 12% de la contratación total realizada en el Sistema General de Regalías se ha hecho de manera directa.

¿Cuáles son las prioridades de la Contraloría para el cierre del año y para 2021?
Una de nuestras prioridades es impulsar el cumplimiento a la Ley 2020 de 2020 que establece la creación del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas . Gracias a la estrategia Compromiso Colombia hemos consolidado un inventario de más 1.400 obras, que comprometen recursos públicos por $20 billones, que venían sumidas en el abandono. Los retos son enormes. Es preciso vigilar $1.096 millones proyectos en el Plan Nacional de Desarrollo.

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"Gracias a las veedurías de los ciudadanos estimulamos el rescate de los 'elefantes blancos'"

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Gabriel Forero Oliveros - gforero@larepublica.com.co La pandemia ha generado no solo retos económicos, sino de vigilancia para los entes como la Contraloría General. En diálogo con LR, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, describió la importancia de las veedurías ciudadanas como herramientas de ayuda y su importancia para recuperar cerca de $20 billones en obras que eran "elefantes blancos".

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Acceso a los sistemas de información y bases de datos Dirección de información, análisis y reacción inmediata -DIARL Fortalecimiento del control fiscal interno. Organización del control interno. Artículo 150. Dependencia de control interno. Artículo 151. Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno.

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Acceso a los sistemas de información y bases de datos Dirección de información, análisis y reacción inmediata -DIARL Fortalecimiento del control fiscal interno. Organización del control interno. Artículo 150. Dependencia de control interno. Artículo 151. Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno.

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Este espacio se encuentra destinado a crear un debate y un dialogo de como los sistemas de información y las bases de datos son elementos claves dentro del funcionamiento de la administración pública y como esta ayuda en los procesos de control preventivo en el funcionamiento interno de las organizaciones. Dado que la información es tan importante en la mayoría de las organizaciones para agilizar procesos de planeación, evaluación, seguimiento que se ligan a la seguridad y a la legitimidad de la información.

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Sistemas de información y bases de datos en las entidades Colombianas 

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Sistemas de información y bases de datos en las entidades Colombianas 

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Los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización.

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Responsabilidad del revisor fiscal frente a la evaluación del control interno.

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Responsabilidad del revisor fiscal frente a la evaluación del control interno.

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Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas. Si detecta algún error, por favor avísenos haciendo click en "Reportar un error" (más abajo en esta misma página). Mil gracias.

En este editorial analizamos cuál es la responsabilidad del revisor fiscal frente a la evaluación del control interno, y cómo incide dicha responsabilidad en el dictamen que debe emitir sobre los estados financieros de fin de ejercicio.

"El revisor fiscal, en el desarrollo de sus encargos, está obligado a evaluar el sistema de control interno de la entidad, a comunicar las deficiencias que identifique en su funcionamiento y a emitir una opinión sobre este. "

El revisor fiscal, en el desarrollo de sus encargos, está obligado a evaluar el sistema de control interno de la entidad, a comunicar las deficiencias que identifique en su funcionamiento y a emitir una opinión sobre este. . A continuación, profundizamos en estas responsabilidades.

1. Evaluación del control interno

El revisor fiscal, según la NIA 315, está obligado a obtener conocimiento del entorno y del control interno de la entidad en la que desarrolla su encargo, con el fin de identificar y valorar los riesgos de fraude o error que puedan afectar la elaboración de los estados financieros.

De esta forma, es posible que diseñe y aplique los procedimientos de auditoría que considere necesarios para responder a dichos riesgos y para obtener la evidencia válida y suficiente en la cual pueda basar su opinión sobre los estados financieros.

2. Comunicación de las deficiencias del control interno

El revisor fiscal también está obligado, según la NIA 265, a comunicar a los responsables del gobierno de la entidad las deficiencias en el control interno que identifique durante la realización de su encargo, cuando estas sean significativas.

Esta obligación es congruente con lo dispuesto en el artículo 207 del Código de Comercio -CCo-, que establece que es una función del revisor fiscal dar oportuna cuenta, y por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según corresponda, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.

3. Pronunciarse acerca de la efectividad del control interno

El artículo 209 del CCo señala que el revisor fiscal debe presentar a la asamblea o junta de socios un informe en el que se pronuncie sobre los siguientes puntos:
"1) Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la asamblea o junta de socios; 2) Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones, en su caso, se llevan y se conservan debidamente, y
3) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía".

(El subrayado es nuestro)

De lo anterior podemos deducir que es responsabilidad del revisor fiscal pronunciarse acerca de la efectividad del control interno, en el informe que presenta a la asamblea o junta de socios.

Normatividad aplicable a la evaluación del control interno

El artículo 1.2.1.1 del DUR 2420 de 2015 explica que los revisores fiscales deben aplicar las siguientes normas para cumplir con su responsabilidad de evaluar el control interno:

Las Normas Internacionales de Trabajo para Atestiguar -ISAE-, cuando se trate de los revisores fiscales de entidades del grupo 1, y del grupo 2 con más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes -smmlv- o más de 200 trabajadores.

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas -Naga- contenidas en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, cuando se trate de revisores fiscales de los grupos 2 (con menos de 30.000 smmlv y menos de 200 trabajadores) y del grupo 3.

Limitación de la responsabilidad del revisor fiscal frente al control interno

Es conveniente aclarar que la responsabilidad del revisor fiscal se limita a evaluar el funcionamiento y la implementación del sistema de control interno en la entidad, para posteriormente pronunciarse sobre este en su informe a la asamblea de accionistas o junta de socios.

"En ningún caso el revisor fiscal está obligado a implementar el sistema de control interno en la entidad donde desarrolle su labor"

En ningún caso el revisor fiscal está obligado a implementar el sistema de control interno en la entidad donde desarrolle su labor. Esta responsabilidad es exclusiva de la administración de la entidad.

Material relacionado:

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evaluación control interno del revisor fiscal

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informe del control interno del revisor fiscal

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Responsabilidad del revisor fiscal frente a la evaluación del control interno

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Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas. Si detecta algún error, por favor avísenos haciendo click en "Reportar un error" (más abajo en esta misma página). Mil gracias.

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¿Cómo interviene la contraloría General de la República y las contralorías territoriales cuando hay situaciones de irregularidad? 

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¿Cómo interviene la contraloría General de la República y las contralorías territoriales cuando hay situaciones de irregularidad? 

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1.intervención administrstiva

2. Intervención funcional de oficio

3. Intervención funcional excepcional

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¿Cuál es la importancia de estos sistemas de información en el fortalecimiento de la gestión pública?

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¿Cuál es la importancia de estos sistemas de información en el fortalecimiento de la gestión pública?

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Para soportar los procesos misionales y de apoyo en una organización es importante contar con sistemas de información que se conviertan en fuente única de datos útiles para apoyar o argumentar las decisiones corporativas.

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Se genera cuando la contraloría General de la República interviene a una delegación de la contraloría por las siguientes causales

a) Bajo rendimiento de la gestión y/o de los resultados en los procesos misionales y/o administrativos.

b) Insuficiencia de capacidad operativa o de capacidad instalada para cumplir sus funciones eficientemente.

c) Inobservancia de las directrices de unificación y estandarización de procedimientos de vigilancia y control, dictadas por el Contralor General de la República.

d) Incumplimiento de los planes de mejoramiento que hayan sido formulados como resultado de las acciones de control realizadas por la Auditoría General de la República.

e) Identificación de hallazgos que involucren posibles actos de corrupción.

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Es la facultad que tiene la Contraloría General de la República para ejercer control sobre la gestión fiscal de cualquier entidad territorial, sin perjuicio del control que les corresponde a las contralorías departamentales y municipales, a solicitud del gobierno departamental, distrital o municipal, de cualquier comisión permanente del Congreso de la República o de la mitad más uno de los miembros de las corporaciones públicas territoriales, y también a solicitud de la ciudadanía, organizada en veedurías, tal como lo establece la Ley 850 de 2003.

La solicitud debe expresar los motivos por los cuales considera que el control fiscal no debe ser asumido por la contraloría territorial que ostenta la competencia ordinaria lo que busca es proteger la idoneidad de la función de control fiscal, para salvaguardar de esa manera los recursos públicos (...)

En efecto ese control excepcional se justifica por cuanto, ya como se señaló, se trata de eventos en que puede dudarse de la imparcialidad del órgano territorial de control, debido a presiones o injerencias locales que puedan afectar su idoneidad",

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Tras conocerse por parte se algunos concejales que se han declarado en oposición al gobierno municipal, se logró conocer que iniciará una intervención funcional excepcional al contrato por los kits nutricionales que ayudaría a las personas más vulnerables a causa de la pandemia por el Covid-19.

Esto surge luego de que la Contraloría General de la República expresa en una rueda de prensa que no se evidenció en las auditorías realizadas a los contratos que la Alcaldía de Ibagué suscribió durante la emergencia para atender la misma, algún tipo de sobrecosto o irregularidad.

Sin embargo, los concejales que han denunciado los presuntos sobrecostos solicitaron al ente de control nacional abrir nuevamente la investigación.

La respuesta que finalmente recibe hoy ese grupo de oposición es que se abrirá una investigación para conocer si hay alguna irregularidad en este contrato específicamente.

Según Javier Mora, concejal de Ibagué, con esto se podrá dar claridad no solo a ese informe del ente de control nacional, además también a la Contraloría Municipal.

Por: María Lucía Ortega, periodista local.

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Contraloría General de la República decretó intervención funcional excepcional al contrato de kits nutricionales de la Alcaldía

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Tras conocerse por parte se algunos concejales que se han declarado en oposición al gobierno municipal, se logró conocer que iniciará una intervención funcional excepcional al contrato por los kits nutricionales que ayudaría a las personas más vulnerables a causa de la pandemia por el Covid-19.

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Es la posibilidad que tiene la Contraloría General de la República de desplazar en sus competencias de vigilancia y control fiscal a las contralorías territoriales,  asumiendo así directamente los asuntos objeto de intervención

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La decisión del máximo órgano de control del Estado deja sin facultades al contralor del departamento para continuar al frente de las actividades de vigilancia que venía realizando sobre el objeto contractual y en su defecto se apodera del control de la investigación.
El contralor general de la República decretó la intervención funcional de oficio sobre un contrato de suministro de elementos médicos para el hospital de la isla y asignó la responsabilidad de su conocimiento y trámite a la Contraloría Delegada para el sector salud y dispuso apartar a la Contraloría del archipiélago de continuar adelante con el proceso de auditoría que venía llevando a cabo.

El contralor delegado asumirá directamente el conocimiento del contrato n.º 362, adjudicado a la empresa DM MEDICAL HEALTH CARE SAS por un valor de 3.524.624.752 pesos, para el suministro de elementos médicos destinados al hospital departamental para hacer frente a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del covid-19.

La determinación obliga a la Contraloría General del departamento a suspender las actividades de vigilancia y control que venía desarrollando sobre este objeto contractual y enviar los documentos o resultados de la auditoría, en los plazos dispuestos, a la Contraloría Delegada para el sector de la salud.

Explica la entidad fiscalizadora que tomó la decisión de desplazar a la Contraloría General del departamento de continuar al frente de la auditoría del contrato n.º 362 por la falta de su capacidad técnica, operativa o logística para ejercer la vigilancia sobre el objeto de control fiscal.

Dice el organismo de control que así lo presume por la carencia de personal especializado, de tecnologías o equipos técnicos que tiene el ente de la isla para realizar acciones de control fiscal de alta complejidad, o por el bajo nivel de avance en los ejercicios o investigaciones correspondientes.

La Contraloría tomó esta decisión para garantizar la observancia de los principios de la vigilancia y control fiscal, y su debido ejercicio, con base en alguno de los siguientes criterios: Objetos de control que, por su trascendencia o impacto social, ambiental, económico o político en el ámbito nacional, regional o local, ameriten el conocimiento de la Contraloría General de la República.

Expone que después de un análisis previo realizado por la dirección de información, análisis y reacción inmediata, esta unidad decidió solicitar al contralor general de la República decretar una intervención funcional de oficio sobre el contrato suscrito entre la Gobernación y la empresa DM MEDICAL HEALTH CARE SAS.

La intervención operará sobre todas las etapas que ha recorrido el contrato hasta el momento: la precontractual, contractual y poscontractual y sobre los modificatorios suscritos, si los hubiere, dijo la Contraloría General de la República.

De acuerdo con la Resolución n.º 80112-0812, que dispuso hacer a un lado a la Contraloría del archipiélago, la intervención funcional de oficio, en este caso, deberá versar sobre ejercicios de vigilancia y control fiscal previamente definidos, los cuales estarán en concordancia con lo dispuesto en dicha disposición.

Explica el texto que corresponde al contralor general de la República ordenar la intervención funcional de oficio, mediante acto administrativo no susceptible de recurso.

La Contraloría General de la República podrá intervenir en cualquier tiempo en los ejercicios de vigilancia y control fiscal a cargo de las contralorías territoriales de manera oficiosa, desplazándolas en sus competencias y asumiendo directamente el conocimiento de los asuntos objeto de intervención, en virtud de la prevalencia que ostenta sobre aquella.

El máximo órgano de control fiscal del Estado sentencia que tendrá competencia prevalente para ejercer control sobre la gestión de cualquier entidad territorial, de acuerdo y de conformidad con la Ley.

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Criterios que tuvo la Contraloría para decretar la intervención funcional de oficio

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La decisión del máximo órgano de control del Estado deja sin facultades al contralor del departamento para continuar al frente de las actividades de vigilancia que venía realizando sobre el objeto contractual y en su defecto se apodera del control de la investigación.

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Entre las funciones esenciales de los sistemas de información se encuentram:

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Entre las funciones esenciales de los sistemas de información se encuentram:

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- Garantizar la calidad de la información.
- Disponer de recursos de consulta para los públicos de interés.
- Permitir transacciones desde los procesos que generan la información.
-Ser escalables, interoperables, seguros, funcionales y sostenibles financiera y técnicamente

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Normatividad Asociada al desarrollo de Sistemas de Información

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Normatividad Asociada al desarrollo de Sistemas de Información

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Ley de transparencia (Ley 1712 de 2014)  

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Ley de transparencia (Ley 1712 de 2014)  

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"Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, también tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos".

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Ley sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos

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Ley sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos

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El objeto de la ley 962de 2005 es "Este instrumento jurídico se fundamenta en la construcción de una gestión pública moderna y transparente, mediante el fortalecimiento tecnológico, permiten al ciudadano acceder a los servicios públicos de forma ágil y efectiva, genera ahorros en costos y tiempo, evita exigencias injustificadas a los colombianos. Todo requisito, para que sea exigible al administrado, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, que opera a través del Portal del Estado Colombiano, PEC".
Pretensiones de esta ley:

"Mejorar la calidad de vida del ciudadano en sus relaciones con la Administración Pública (menos filas, mayor agilidad, menos costos, mayor efectividad y menos trámites).

Contar con un Estado eficiente, eficaz y transparente (mayor agilidad en los procedimientos y mayor coordinación interinstitucional). Para tal efecto y atendiendo el principio de colaboración, las entidades están obligadas a realizar alianzas con el objetivo de intercambiar información y no trasladar al usuario esta carga operativa".

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Articulo 151 Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno.

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Articulo 151 Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno.

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La oficina de control interno podrá solicitar la información que considere necesaria para realizar el control fiscal, los funcionarios encargados de suministrar la información deberán suministrarla de manera clara y oportuna