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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aseguró este viernes que el ELN violó el derecho internacional humanitario al perpetrar los atentados contra las estaciones de policía en las localidades de Barranquilla y Santa Rosa del Sur.

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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aseguró este viernes que el ELN violó el derecho internacional humanitario al perpetrar los atentados contra las estaciones de policía en las localidades de Barranquilla y Santa Rosa del Sur.

Tras llevar a cabo una investigación sobre los atentados, la Oficina ha concluido que los policías que murieron y los que resultaron heridos por el ataque a la estación de Barranquilla simplemente se encargaban de mantener el orden público en la zona urbana.

"Además, estaban ubicados en una zona lejana de donde se producen hostilidades y en un barrio donde hay presencia cercana de población civil", señalan en un comunicado. Por ello, " no pueden ser considerados como combatientes, ni ser un blanco y gozan, junto con los civiles que resultaron heridos en este ataque, de la protección establecida en el marco del derecho internacional humanitario". Por eso, dicen que el atentado supone "una violación de los derechos a la vida e integridad personal de las víctimas".

En el caso del ataque a la estación policial en el corregimiento Buenavista en Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, la Oficina señala que no está claro que los agentes y oficiales participaran en acciones militares.

"Es necesario que las autoridades judiciales puedan verificar esta información en el marco de una investigación pronta y exhaustiva", señalan.

La Oficina pide a las partes que respeten las normas internacionales y los derechos humano s y recomendó al Estado que traslade a la Policía Nacional, un cuerpo de naturaleza civil, del Ministerio de Defensa en el que se encuentra al del Interior para separar las funciones.

"Esta decisión ratificaría que la policía es la institución encargada de desarrollar tareas de seguridad ciudadana y reforzaría el carácter civil de esta institución, posicionándola para que cumpla de manera más eficaz y con mayores garantías con su misión institucional en el contexto del postconflicto", explican.

La ONU pide al Gobierno y al ELN que sigan intentando alcanzar un acuerdo de paz "basado en el respeto y garantía de derechos humanos, a través del cual se puedan lograr transformaciones estructurales en el acceso y goce de derechos de la población en las zonas con presencia del ELN".

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Los atentados del ELN en Colombia violaron el derecho internacional humanitario

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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aseguró este viernes que el ELN violó el derecho internacional humanitario al perpetrar los atentados contra las estaciones de policía en las localidades de Barranquilla y Santa Rosa del Sur.

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El desenlace es sombrío: ‘Pese a importantes esfuerzos emprendidos, como la firma del Acuerdo de paz con las Farc y el diálogo con el Eln, en Colombia continúan cometiéndose graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que permanecen en la impunidad. El Estado no coopera y esto dificulta el monitoreo de los países examinadores y limita la posibilidad del Examen Periódico Universal de contribuir a la construcción de paz en el país’.

El informe, de 51 páginas, refleja el panorama que encontraron 24 organizaciones que escribieron el documento con el aporte de 500 organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos del país. Todas ellas encargadas de hacerle seguimiento a las recomendaciones formuladas en 2008 y 2013 por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas en su Examen Periódico Universal, el mecanismo con el que cada 5 años examina la situación de derechos humanos de los 193 países miembros.

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La impunidad sigue disparada, así como las violencias hacia las mujeres líderes, el paramilitarismo, el reclutamiento de menores de edad, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento interno y la enorme desigualdad. Todo, a la luz de un Estado que parece inoperante. Esas son las duras conclusiones del informe que se presentó este miércoles en Bogotá.

El desenlace es sombrío: 'Pese a importantes esfuerzos emprendidos, como la firma del Acuerdo de paz con las Farc y el diálogo con el Eln, en Colombia continúan cometiéndose graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que permanecen en la impunidad. El Estado no coopera y esto dificulta el monitoreo de los países examinadores y limita la posibilidad del Examen Periódico Universal de contribuir a la construcción de paz en el país'.

El informe, de 51 páginas, refleja el panorama que encontraron 24 organizaciones que escribieron el documento con el aporte de 500 organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos del país. Todas ellas encargadas de hacerle seguimiento a las recomendaciones formuladas en 2008 y 2013 por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas en su Examen Periódico Universal, el mecanismo con el que cada 5 años examina la situación de derechos humanos de los 193 países miembros.

Este documento será entregado a las Naciones Unidas y será un insumo importante para el Examen Periódico Universal que se llevará a cabo en Ginebra en mayo.

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Sobre el acuerdo de paz

El documento es claro en advertir que la reglamentación del acuerdo de paz progresa lentamente y tiene serios problemas para evitar un escenario de impunidad. Uno de los ejemplos que da para entender esta afirmación reitera que el tratamiento penal establecido "dificulta la comparecencia de miembros de las Fuerzas Armadas ante la Jurisdicción Especial de Paz porque desconoce la normatividad internacional sobre responsabilidad de mando, al establecer cuatro condiciones que deben acumularse y que hacen muy difícil probar esta responsabilidad".

Asimismo, el informe menciona que el Decreto 706 de 2017 ordenó la suspensión de las órdenes de captura de los miembros de las Fuerzas Armadas implicados en graves violaciones a los derechos humanos, así como modificó las medidas de aseguramiento privativas de la libertad de aquellos que estaban detenidos, "omitiendo cualquier medida cautelar para la protección de las víctimas y su comparecencia ante la JEP para el reconocimiento de verdad y responsabilidad".

A esto súmese que los terceros solo comparecerán voluntariamente, a menos que se demuestre su participación "activa y determinante" en crímenes internacionales. Y que, según el documento, existen restricciones para el acceso y uso de los archivos de inteligencia en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. "Se ha tenido información acerca de la destrucción, ocultamiento o falta de medidas para la preservación de estos archivos por parte de entidades militares y organismos de inteligencia, según el informe de 2017 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

Otra de las preocupaciones es que, de acuerdo con este documento, se incumplió el mandato del Acuerdo de Paz de crear una Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas autónoma y con un régimen legal propio y que se ha regulado de manera insuficiente la participación de las víctimas en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

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Presencia paramilitar

Pese a la negativa estatal de reconocer el paramilitarismo como tal, para estas organizaciones esa realidad es inocultable. Aseguran que un número significativo de mandos medios y estructuras continuaron delinquiendo en el territorio. De hecho, señalan que para 2016 los paramilitares estaban organizados en 13 estructuras que actuaban en 344 municipios de 31 departamentos. Y mencionan a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que surgieron en el 2007, comandadas por Darío Antonio Úsuga, "Otoniel", desmovilizado del bloque centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Pese a la existencia de mecanismos para el desmonte del paramilitarismo en el Acuerdo de paz con las Farc, "la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no ha avanzado en la elaboración de políticas públicas, el Cuerpo élite de la Policía está implementando dos programas piloto en Buenaventura y Tumaco pero sus resultados son escasos y la Unidad Especial de la Fiscalía no ha empezado a operar.

También expresan que los financiadores y terceros beneficiados por el paramilitarismo siguen sin ser investigados, juzgados y sancionados y que en 15.669 compulsas de copias repartidas por todo el país quedaron pendientes las investigaciones a empresarios, militares y políticos que, según la versión de los desmovilizados, patrocinaron a los grupos armados.

Y el conflicto armado nunca se detuvo

Al tiempo que se dio la desmovilización de las Farc, grupos paramilitares, guerrillas del Eln y el Epl, grupos disidentes de las Farc y otros con diversas denominaciones,"se han expandido y reconfigurado territorialmente". "El desplazamiento forzado persiste y presenta una tendencia al aumento. Colombia sigue siendo el país con más víctimas de desplazamiento forzado en el mundo, el 63% vive en situación pobreza y el 33 % en extrema pobreza", sostiene el informe.

Esto sin hablar de que persiste el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. Paramilitares, Eln, Epl y disidencias de las Farc continúan reclutando. Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre octubre del 2015 y agosto del 2016, el frente primero y otros grupos disidentes de las Farc, por ejemplo, reclutaron menores en el departamento del Vaupés. Entre 2011 y 2016, la Defensoría emitió aproximadamente 105 alertas de riesgo por reclutamiento de niños en 30 departamentos.

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Pero eso no es todo. En el primer semestre de 2017 se registraron 19 acciones cívico-militares que vincularon menores por parte de la Fuerza Pública. Estas acciones son denominadas formalmente "acciones de apoyo al desarrollo". Las acciones reportadas durante el primer semestre del 2017, se llevaron a cabo especialmente en zonas donde salieron combatientes de las Farc. Esta información es el resultado del monitoreo del Observatorio de la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia. La Coalico registró, por ejemplo, que el 14 de marzo de 2017 se llevó a cabo una acción cívico militar en la cancha de microfútbol del corregimiento de San Juan del municipio de Puerto Libertador, en Córdoba. "Durante la actividad, las familias y los niños, niñas y adolescentes recibieron regalos, atención médica, y actividades de recreación organizadas por el grupo especial de operaciones psicológicas GEOS de la Brigada Móvil No. 16 y de la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo. Esto, aunque en la zona hay presencia y acción de grupos armados ilegales que exponen en peligro a la comunidad".

La violencia sexual arrecia

Otra de las grandes preocupaciones es que continúan presentándose casos de violencia sexual. Entre enero 2013 y julio 2017 se registraron 3.989 delitos contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres. Solo en 2016 se realizaron 120 exámenes médico-legales por delitos sexuales, cuyos presuntos agresores fueron grupos armados. "En el 85,83% de los casos las víctimas eran mujeres. El 43,7% de estos se atribuyeron a las Fuerzas Armadas y otros actores, 26,2% a guerrillas y 30,1% a grupos paramilitares", detalla el documento.

Siguen las ejecuciones extrajudiciales

Según el documento de las organizaciones sociales, luego de la firma del acuerdo de paz, las ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública habrían continuado. "En 2015 se documentaron 65 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas. De los casos registrados, 16 fueron bajo modalidad de "falsos positivos" (civiles asesinados y presentados como bajas en combate). El 66% de estas muertes fueron perpetradas por la Policía y el 33% por miembros del Ejército. De las víctimas, 58 eran hombres y siete mujeres, dos se reconocían parte de la comunidad LGBT". La gran mayoría de estas muertes, según el informe, se presentaron por uso excesivo o indebido de la fuerza, intolerancia social contra sectores marginados o presuntos transgresores de la ley y casos de persecución política.

Los asesinatos continúan

Las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos han aumentado. El documento explica que entre 2013-2017 se registraron al menos 276 asesinatos y 164 atentados. Y que, durante ese periodo, fueron asesinadas 29 personas LGBTI, 61 indígenas, 20 afrodescendientes y 41 mujeres. "La situación es tan preocupante que la Defensoría elaboró un informe de riesgo que reportó 156 homicidios, 33 atentados, entre el primero de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2017.

En este escenario, hay riesgos desproporcionados sobre las mujeres, como ya ha reconocido la Corte Constitucional. Y una evidencia de esto son los incrementos de las agresiones contra defensoras y lideresas, así como contra mujeres trans. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ha informado que entre 2016 y el primer semestre de 2017 ha acompañado a 129 lideresas y defensoras en situación de riesgo, de las cuales 21 fueron víctimas de violencia sexual.

De otro lado, de acuerdo con los informes anuales del programa Somos Defensores, en el periodo 2013-2016 se registraron 732 agresiones contra mujeres defensoras de Derechos Humanos, registrando un incremento de 219% para 2015 y de 82% para 2016; tomando como base el 2013. De esos, 38 correspondieron a asesinatos.

Los crímenes de odio y discriminación también siguen presentes. Para el período 2013-2016, las organizaciones LGTBI reportaron 26 asesinatos y 31 amenazas contra esta población, de acuerdo con Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación.

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Las debilidades de la UNP

Un panorama que no se compadece con las medidas de protección que brinda el Estado. "La Unidad Nacional de Protección (UNP) mantiene trámites burocráticos que obstaculizan la implementación de las medidas", dice el documento y recuerda como ejemplo el asesinato de Bernardo Cuero, líder de la Asociación de Afrodescendientes Desplazados, AFRODES, e integrante de la Mesa Departamental de Víctimas, en Malambo (Atlántico) el 7 de junio de 2017. Cuero, pese a tener reiteradas amenazas, no ameritó protección estatal pues los estudios de la UNP calificaron su riesgo como "ordinario", "en evidente desconocimiento del riesgo acumulado desde al menos el año 2000 cuando los paramilitares lo obligaron a abandonar el litoral Pacífico nariñense y a iniciar una ardua lucha por los derechos de las víctimas".

Además, "el servicio de escoltas continúa bajo la modalidad de contratos temporales suscritos por la UNP con empresas de seguridad privada, constituidas o dirigidas en su mayoría por exintegrantes de las Fuerzas Armadas y del extinto DAS, respecto de quienes subsisten dudas sobre algún tipo de contribución con el paramilitarismo y la persecución a defensores", explican. El informe detalla que se refieren al conglomerado SGM (7 empresas), encabezado por Jorge Moreno Ojeda, conocido como el 'zar de la seguridad privada', investigado y sancionado administrativamente por ganar licitaciones de forma corrupta. Adicionalmente, recordaron que Julián Marulanda, exsecretario general de la UNP fue procesado desde mediados de 2014 por hechos relacionados con la compra de armas y municiones y que tras la denuncia huyó a Estados Unidos, donde se encuentra asilado.

Impunidad

"La impunidad continúa siendo un problema estructural en Colombia, especialmente la relacionada con violaciones de derechos humanos, lo que evidencia que las recomendaciones del Examen Periódica Universal de 2013 no han sido implementadas". Es es otra de las duras aseveraciones de este informe.

"Desde el 2005 existen 838 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas, de las cuales solo el 3,22% se encuentran en ejecución de pena y el 8,35% en etapa de juicio". La desaparición forzada es otro tema crítico. De los 4.578 procesos reporatdos, solo el 0.9% se encuentran en juicio y el 0,42% en ejecución de penas. Esto sin hablar de la "impunidad generalizada en las investigaciones de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. De los 627.214 casos reconocidos por la Corte Constitucional en 2008 y 2015, a junio de 2017, solo el 2,18% de los casos del Auto 092 de 2008 y el 1,13% del Auto 009 de 2015 tuvieron sentencia.

La preocupación, en términos de la posible impunidad, se extiende a la Jurisdicción Especial para la Paz, por el tratamiento diferenciado para el juzgamiento y sanción que tienen agentes del Estado y particulares, "que dificulta su juzgamiento". Según el concepto de la Comisión Colombiana de Juristas, este tratamiento "establece la posibilidad de conceder amnistía a delitos conexos con los delitos políticos, sin que exista una claridad sobre este asunto, y sobre delitos relacionados con el proceso de dejación de armas. Adicionalmente en el caso de los crímenes de guerra no podrán ser amnistiables u obtener tratamientos penales especiales aquellos que cumplan dos categorías: graves y sistemáticos, es decir, los demás crímenes de guerra podrán ser objeto de amnistía y tratamientos penales especiales como podría suceder con la masacre de Bojayá, perpetrada por las Farc.

Si a todo esto se suma la desigualdad en la tenencia de la tierra, donde según el Censo Agropecuario el 40.1% del área censada está ocupada por el 0,4% de unidades productivas, mayores a las 500 hectáreas; la mortalidad por hambre en el país, donde sólo en La Guajira, entre enero y noviembre de 2016, murieron por hambre 66 niños indígenas wayúu; la desregulación y debilitamiento de la institucionalidad ambiental, pese a que en 2016 se registraron 115 conflictos ambientales; la precaria situación carcelaria del país, con un hacinamiento del 50,1%; la continuación de las batidas ilegales de jóvenes que no tienen libreta militar; la falta de mecanismos eficaces de prevención y protección de la discriminación en los colegios, que siguen sin reglamentarse; la poca articulación y preparación que tienen las instituciones para atender y acompañar a las mujeres víctimas de violencia; y la represión violenta y criminalización del ejercicio de la protesta social, el panorama presentado es crítico.

El Estado colombiano se enorgullece de cooperar con los mecanismos internacionales. De hecho, cuenta con la presencia de numerosas agencias de la ONU, y hasta una Misión Política de paz de la ONU. Pero el balance en cooperación con los mecanismos de derechos humanos es precario: "En seguimiento a recomendaciones Colombia ha retrocedido. En 2010 se eliminó el escenario tripartito de diálogo sobre la implementación de las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Colombia (OACNUDH). En 2015 la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia Sexual en contextos de conflictos armados visitó Colombia nuevamente pero no se han implementado sus recomendaciones. Frente a las recomendaciones del Examen Periódico Universal, el Estado se comprometió en 2013 con la sociedad civil y la OACNUDH a establecer un mecanismo de seguimiento conjunto, pero nunca cumplió. Casi todas las recomendaciones sobre ratificación de tratados o protocolos facultativos fueron rechazadas (seis en 2008 y 18 en 2013)".

Por eso el llamado es enérgico y requiere de transformaciones estructurales de parte del Estado que ya no esperan más. Tomarse en serio la implementación del Acuerdo de paz y las recomendaciones que en pasadas ocasiones han resultado del Examen Periódico Universal es un muy buen y necesario comienzo que deberá asumir el próximo gobierno que llegue a la Presidencia. De lo contrario, una vez más la paz (esa que no se firma, sino que se vive) seguirá muy lejana para los colombianos.

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Colombia se raja en derechos humanos: las organizaciones sociales denuncian

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La impunidad sigue disparada, así como las violencias hacia las mujeres líderes, el paramilitarismo, el reclutamiento de menores de edad, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento interno y la enorme desigualdad. Todo, a la luz de un Estado que parece inoperante. Esas son las duras conclusiones del informe que se presentó este miércoles en Bogotá.

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Tres días después del atentado contra la Escuela de Policía General Santander que dejó 20 cadetes muertos, además del terrorista que perpetró el ataque, y de las investigaciones que demostraron en tiempo récord sus nexos con el crimen, el Eln admitió a la medianoche de este domingo su responsabilidad en los hechos. (...) A través de un comunicado difundido en su página de internet, el Comando Central de esa guerrilla justifica el ataque con explosivos asegurando que, supuestamente, el gobierno del presidente Iván Duque "no le dio la dimensión necesaria al gesto de paz que el Ejército de Liberación Nacional realizó para las fechas de navidad y fin de año", y asegura que el atentado, rechazado por todo el país a través de las multitudinarias marchas de este domingo, es una acción de "legítima defensa".

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Tres días después del atentado contra la Escuela de Policía General Santander que dejó 20 cadetes muertos, además del terrorista que perpetró el ataque, y de las investigaciones que demostraron en tiempo récord sus nexos con el crimen, el Eln admitió a la medianoche de este domingo su responsabilidad en los hechos.

A través de un comunicado difundido en su página de internet, el Comando Central de esa guerrilla justifica el ataque con explosivos asegurando que, supuestamente, el gobierno del presidente Iván Duque "no le dio la dimensión necesaria al gesto de paz que el Ejército de Liberación Nacional realizó para las fechas de navidad y fin de año", y asegura que el atentado, rechazado por todo el país a través de las multitudinarias marchas de este domingo, es una acción de "legítima defensa".

Según el Eln, "la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, es una instalación militar; allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social". Por ello, agrega el comunicado, "la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas, es lícita dentro del derecho de la guerra", pues "no hubo ninguna víctima no combatiente".

Según las investigaciones, el carro bomba llegó a Bogotá desde noviembre pasado y en la planeación del atentado se habían invertido al menos 10 meses, lo que echa por tierra la versión del Eln de una supuesta retaliación por las acciones del Estado durante el fin de año.

Para la abogada internacionalista y docente de la Universidad del Rosario, Laura Quijano, el ataque no es legítimo dentro del Derecho Internacional Humanitario (DIH) porque se atacó una sede académica donde se preparaban jóvenes para ser policías, "murieron personas que se estaban formando para ser policías, pero que aún no lo eran".

Además señaló que la utilización de un carro bomba con esa magnitud de destrucción deja en entre dicho al "Eln y el cumplimiento del principio de distinción entre combatientes y civiles que es la norma más importante dentro del derecho de la guerra".

Finalmente señaló que Colombia se rige por los protocolos del DIH que se refieren a los conflictos internos en un país.

A pesar de la acción terrorista, que en la práctica entierra el agónico proceso de paz que venía adelantándose con esa guerrilla desde el gobierno de Juan Manuel Santos, el Comando Central del Eln (Coce) asegura que está dispuesto a crear un "clima favorable a los esfuerzos por la paz".

"Estamos dispuestos a acordar que se respeten determinadas áreas e instalaciones militares estatales, y determinadas áreas y campamentos donde opera el Eln", dice el comunicado.

El Gobierno, sin declarar rotos los diálogos, le pidió a Cuba -país donde están varios de los negociadores y jefes del Eln- que proceda a su captura y entrega a Colombia. Esa petición fue negada, pues desde el momento mismo del establecimiento de las negociaciones quedaron acordados varios protocolos, entre ellos los que establecen una serie de condiciones para que, en caso de una ruptura, los guerrilleros no queden expuestos a la acción estatal. Esa es la situación actual, y por eso el chance de que Cuba entregue a algún miembro del Eln es casi inexistente.

Lo que sí es probable es que, en atención a las buenas relaciones entre los dos países, la delegación de los 'elenos' tenga que salir de la isla hacia algún territorio no revelado oficialmente.

Bajo esos términos, lo más probable es que terminen en Venezuela, país donde por años encontró refugio la cúpula de las Farc antes de que se iniciara el proceso de paz y donde hoy por hoy se esconden varios jefes 'elenos', empezando por 'Pablito', el hombre que por línea de mando directa es el jefe de Aldemar Rojas, el guerrillero que manejaba el carro bomba de la Escuela de Cadetes de la Policía.

Venezuela aseguró que en su territorio no hay presencia de Eln, pero todas las agencias de seguridad colombianas, así como las de Estados Unidos, tienen informes que demuestran lo contrario.

A pesar de que el ataque del Eln dinamitó las posibilidades de diálogo con el gobierno Duque, como lo reconocen incluso los que apoyaron ese proceso de paz, esa guerrilla sigue insistiendo en que se llegue a un cese bilateral del fuego.

Además reiteró su petición al Presidente en el sentido de que " lo mejor para el país" es que envíe una "delegación negociadora a la mesa, para darle continuidad al Proceso de Paz y a la construcción de los acuerdos que traemos desde el Gobierno anterior; camino de solución política del conflicto respaldado por la mayoría de la sociedad colombiana y la comunidad internacional".

"El camino de la guerra no es el futuro de Colombia, es la paz", señaló el Eln sin pedir perdón a los familiares de las víctimas fatales y heridos.

ELTIEMPO.COM y REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA
Twitter: @PazyJusticiaET

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Eln admite ser responsable del atentado a Escuela General Santander

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Tres días después del atentado contra la Escuela de Policía General Santander que dejó 20 cadetes muertos, además del terrorista que perpetró el ataque, y de las investigaciones que demostraron en tiempo récord sus nexos con el crimen, el Eln admitió a la medianoche de este domingo su responsabilidad en los hechos.

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Conocedores del Derecho Internacional Humanitario sostienen que el bombardeo del Ejército a un campamento en agosto pasado, en el que murieron ocho menores de edad, habría ido en contra de tres principios fundamentales humanitarios: distinción, precaución y proporcionalidad. (...) as denuncias hechas por el senador Roy Barreras sobre la muerte de siete menores de edad (la Fiscalía luego confirmó que eran ocho), en un bombardeo del Ejército en contra de disidencias de las Farc, no solo pusieron en riesgo el puesto del ministro de Defensa Guillermo Botero, sino que sembraron un manto de duda sobre las actuaciones del Ejército en los operativos del 30 de agosto pasado

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Conocedores del Derecho Internacional Humanitario sostienen que el bombardeo del Ejército a un campamento en agosto pasado, en el que murieron ocho menores de edad, habría ido en contra de tres principios fundamentales humanitarios: distinción, precaución y proporcionalidad.

Las denuncias hechas por el senador Roy Barreras sobre la muerte de siete menores de edad (la Fiscalía luego confirmó que eran ocho), en un bombardeo del Ejército en contra de disidencias de las Farc, no solo pusieron en riesgo el puesto del ministro de Defensa Guillermo Botero, sino que sembraron un manto de duda sobre las actuaciones del Ejército en los operativos del 30 de agosto pasado. En esa fecha, las Fuerzas Militares bombardearon a hombres de las disidencias dirigidas por Gentil Duarte que acampaban en San Vicente del Caguán. La acción militar le costó la vida a Rogelio Bolívar, alias Gildardo Cucho, y a 14 personas más, entre los que estaban siete adolescentes y una niña de 12 años.

Ese mismo 30 de agosto, el presidente Iván Duque y el Ejército salieron ante la opinión pública para informar lo que, para ese momento, fue un fuerte golpe en contra de las disidencias de las Farc. El anuncio, hecho justo un día después de que Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaron su regreso a las armas, fue un mensaje de advertencia por parte del Gobierno acerca de lo que les espera a los exlíderes guerrilleros que decidan volver al camino de las armas. Sin embargo, el Gobierno nunca reveló que en el operativo en cuestión fallecieron ocho menores de edad que fueron reclutados forzosamente, según Helmer Carreño, personero de Puerto Rico (Caquetá), zona en que se hizo el bombardeo.

Tras el escándalo que generaron las revelaciones hechas en el debate de moción de censura del pasado martes, el ministro Botero y la cúpula militar dieron sus explicaciones frente al bombardeo. De acuerdo con la cabeza de la cartera de Defensa, la operación se hizo bajo la guía de un asesor jurídico y, hasta el momento, la Fiscalía no había realizado solicitudes especiales sobre ella. De la misma manera, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que no se conocía de la presencia de menores [CEUH1] en el campamento disidente para el momento del ataque y que la operación se desarrolló bajo las condiciones consagradas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

(También: En el bombardeo en Caquetá murieron 8 menores, no 7, revela la Fiscalía)

Frente a esta situación, El Espectador consultó a expertos conocedores sobre el DIH, los cuales concordaron en que el Ejército habría cometido graves faltas en la ejecución del ataque en el que murió Gildardo Cucho. Estos apuntaron a que se habría violado tres principios fundamentales de este derecho que busca limitar los efectos del conflicto.

Para Andrés Valdivieso, docente en la Javeriana de Derecho Internacional Humanitario, el DIH tiene "unos mecanismos muy específicos que prohíben los bombardeos, sobre todo si no se tiene certeza del objetivo militar". Esta condición está enmarcada, según el profesor, en la distinción, principio fundamental de este ordenamiento internacional en el que se diferencia entre combatientes y civiles. En el caso del bombardeo del 30 de agosto, este principio no se habría "llevado con la suficiente rigurosidad", declaró el experto, quien señaló que las Fuerzas Militares no habrían tenido certeza del objetivo, por lo que se habría incurrido en una vulneración frontal del Derecho Humanitario.

"La acción estatal tiene que prever las consecuencias directas de los resultados. En este caso, aparentemente, porque no se tiene el acceso a los documentos confidenciales y de inteligencia, no se tuvo en cuenta el principio de distinción por el hecho objetivo: las víctimas que son los menores involucrados", concluyó Valdivieso, quien aseguró que el argumento dado por las Fuerzas Militares de que no se sabía había menores de edad en el campamento no es válido ya que, "en derecho, el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad jurídica, en este caso responsabilidad penal. Entonces claramente el argumento de que no sabían que había menores de edad no es excusa".

(Le puede interesar: Esto fue lo que no se vio al término del debate contra el ministro de Defensa)

Una posición similar tuvo Alfredo Beltrán, doctor en derecho que llegó a ser presidente de la Corte Constitucional. El exmagistrado Beltrán reconoce que hubo una violación en el principio de distinción, pues hubo "bombardeos indiscriminados donde podía haber civiles" y eso "trae responsabilidad si se incurre en algunos daños", como terminó ocurriendo. El expresidente de la Corte Constitucional también dijo que, incluso si estaban uniformados, los menores tienen una protección consagrada en los derechos del niño. "El reclutamiento de menores es reprochable y, si van a perseguir a sus reclutadores, no pueden bombardearlos en forma indiscriminada mientras tengan niños", declaró.

El exmagistrado Beltrán catalogó los hechos ocurridos en zona rural de San Vicente del Caguán como "definitivamente contrarios al Derecho Internacional Humanitario". Concluyó que en la operación militar no se siguieron ninguno de los protocolos internacionales, puesto que "estos no derogan, sino que protegen los derechos humanos". Asimismo, dio un breve concepto sobre las implicaciones de los bombardeos en acciones como la lucha contra las organizaciones criminales y disidencias que hay en el territorio: "Hasta al delincuente más peligroso que existe hay que procurar capturarlo, lo otro sería la pena de muerte a discreción".

Camilo Umaña, profesor de la Universidad Externado, experto en derechos humanos y DIH y doctor en criminología, sostiene que la falla del Estado podría haber comenzado en los pasos que no se tomaron para preservar el principio de precaución. "Aunque el DIH autorice el uso de la fuerza letal, eso no significa que es una carta en blanco para matar. Que el Gobierno esté diciendo hoy que no sabía que en el campamento había menores de edad, cuando la fisionomía de un niño es tan evidente, es muestra de que las Fuerzas Militares no tenían la información suficiente antes de ejecutar el bombardeo".

Eulises Torres, docente de derecho de la Universidad Nacional, también señaló que en el ataque se incurrió en faltas directas en contra del Derecho Internacional Humanitario. No obstante, dijo que se habría violado el principio de proporcionalidad, condición que autoriza a las fuerzas militares "a quitar la ventaja militar de los combatientes, pero siempre recurriendo a los medios lícitos y proporcionales a la ventaja que están buscando". Bajo este precepto, "si es evidente que se puede capturar a un combatiente pues no es necesario matarlo", una condición que, para Torres, habría sido pasada por alto por el Ejército al ejecutar el bombardeo con niños presentes.

(Lea también: "No se conocía la presencia de menores": Mindefensa sobre bombardeo en Caquetá)

"Si es necesario bombardear, que sería la última instancia de los combatientes, se tiene que pasar por una serie de controles y filtros que aminore los resultados de los efectos", declaró el docente, que consideró que dichos controles no se habrían realizado "porque si el Ejército tenía ubicado mediante inteligencia el campamento, se podía tomar otro tipo de acciones y no necesariamente matarlos".

Jean Carlo Mejía, perito en derecho operacional, señala que los hechos alrededor del bombardeo tienen muchas aristas que no pueden ser abordadas a la ligera y dice que, si es lícito o no atacar a alguien que está en un campamento, es algo que debe determinarse con base en información obtenida por inteligencia militar. No obstante, indica, un menor de edad con armas ubicado en un campamento es sujeto de ataque militar -aunque, si el Ejército no sabía que allí había menores de edad, como ha asegurado, es probable que tampoco tenga evidencia de si estaban armados o no-.

El experto añadió que cualquier persona que participe en hostilidades es sujeto de acción por parte de la Fuerza Pública. Sin embargo, dijo que, hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado que la niña y los adolescentes que estaban en el campamento estuvieran involucrados en acciones bélicas, por lo que no se pueden realizar conclusiones a profundidad sobre el tema. Por último, Mejía recalcó que no entiende por qué las Fuerzas Militares se quedaron calladas frente a la muerte de los menores, cuando su presencia en el campamento demostraba el reclutamiento forzado realizado por las disidencias en San Vicente del Caguán.

Una discusión de varios años
La discusión sobre la aplicabilidad de los bombardeos en la lucha contra grupos criminales viene de años atrás. Tras el proceso de desmovilización de las Farc, en 2015, el objetivo pasó a ser grupos como el Clan del Golfo, Los Pelusos, entre otros. Por eso, el gobierno decidió aplicar la misma estrategia que permitió diezmar a la guerrilla, los ataques aéreos con bombas.
Sin embargo, fueron varios los conceptos en contra de este tipo de estrategia en contra de grupos armados. Uno de estos conceptos remitidos al Ministerio de Defensa fue el de Caterina Heyck Puyana, magistrada de la Justicia Especial para la Paz y en ese entonces directora de articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas.

A través de una misiva, la entonces fiscal aseguró que "los grupos de crimen organizado no pueden ser considerados como parte del conflicto armado...Una calificación contraria llevaría a perpetuar en el tiempo la situación de guerra interna mucho más allá de la firma del proceso de paz". Bajo esta premisa, la fiscal señaló que acciones militares, como los bombardeos no debía realizarse en la lucha contra estos grupos criminales, enfocados principalmente en economías ilícitas como el narcotráfico.

Dos años después, en 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para ese momento expresó su preocupación sobre la manera en las que las Fuerzas Militares están abordando la seguridad ciudadana. "El desarrollo por parte de las Fuerzas Militares de planes, protocolos y otros procesos justificando un rol militar en la seguridad pública, no refleja adecuadamente estos estándares y tampoco la Constitución y la ley, incluyendo el Nuevo Código Nacional de Policía", quedó consignado el Alto Comisionado en un informe anual revelado en marzo de 2017. Entre esas prácticas en contra de la ley estarían los bombardeos a grupos armados.

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Bombardeo a adolescentes pudo haber ido en contra del DIH, dicen expertos

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Conocedores del Derecho Internacional Humanitario sostienen que el bombardeo del Ejército a un campamento en agosto pasado, en el que murieron ocho menores de edad, habría ido en contra de tres principios fundamentales humanitarios: distinción, precaución y proporcionalidad.

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En el texto total, de cerca de 1.500 páginas, se reconoce la poca presencia del Estado en algunas regiones del país, y además, el Ejército reconoce la existencia de un Conflicto Armado No Internacional en el país, en términos del Derecho Internacional Humanitario. Entre los hechos recurrentes, están las victimizaciones en estado de indefensión o mediante uso de armas no convencionales.

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Con informes basados en las dinámicas regionales del conflicto armado y los contextos y violencias sufridas por militares y sus familias en estas regiones, el Ejército Nacional presentó este jueves un extenso documento a la Comisión de la Verdad, en el que también recopilan 19 casos que consideran emblemáticos sobre los eventos de violencia sufridos por sus miembros y atribuibles a la desmovilizada guerrilla de las Farc.

En el texto total, de cerca de 1.500 páginas, se reconoce la poca presencia del Estado en algunas regiones del país, y además, el Ejército reconoce la existencia de un Conflicto Armado No Internacional en el país, en términos del Derecho Internacional Humanitario. Entre los hechos recurrentes, están las victimizaciones en estado de indefensión o mediante uso de armas no convencionales.

El documento, elaborado por investigadores de Memoria Histórica del Ejército en compañía del Observatorio de Derecho Militar de la Universidad Javeriana y con colaboración de la Universidad de Medellín, puntualiza en cada región los hechos "con un alto valor estratégico y con una evidente violación a los Derechos Humanos y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario".

Ocho informes para ocho regiones del país

Así, el informe de la Primera División, que comprende Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena y el sur de Bolívar, llamado 'Heroínas silenciosas', recoge historias de nueve mujeres con las cuales, según dice el texto, "se evidencia el impacto que tiene en el hogar de los militares afectados su ausencia, ya sea por su fallecimiento o por haber sido secuestrados".

Se trata de historias de vida de madres y esposas. Además, retoman dos casos: un ataque en Aracataca, Magdalena, en 2003, del cual habla la madre de uno de los soldados asesinados, y otro en La Majayura, en Maicao, departamento de La Guajira, ocurrido en el 2012, a causa de minas antipersonal que acabaron con las vidas de los soldados.

En la Segunda División -Santander, Norte de Santander, Boyacá, parte del sur del Bolívar y del sur del Cesar- calculan que 14.648 militares fueron víctimas mientras desarrolladas sus labores. Este informe se concentra en las regiones del Magdalena Medio y el Catatumbo "y analiza cómo el uso de minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados fueron el guardián por excelencia de un espacio atesorado por las Farc".

Este segundo informe habla de cómo el uso de esas armas fue una estrategia de las Farc que les representaba una ventaja. Allí, abordan cuatro casos que "son ejemplo de los actos desmedidos cometidos por este grupo armado organizado", como atacar a soldados fuera de combate. Pero también se adentra en el reclutamiento de 90 menores de edad y relata la operación Berlín (2000), en Santander, respecto a los menores de edad que fueron capturados y que se entregaron en ese momento.

"Puede ser un aporte fundamental a la construcción de la verdad de lo que sucedió con estos niños, toda vez que utiliza fuentes documentales que fueron recogidas por la institución en su momento, incluyendo los testimonios de los menores", asegura la institución militar.

En el informe de la Tercera División, referido a hechos ocurridos entre 1961 y 2017 en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, recopilan testimonios sobre uso de minas antipersonal, actos terroristas, homicidios, secuestros, desplazamiento forzado, amenazas a la vida, tortura, entre otros, que también golpearon a los círculos familiares y de afinidad de los militares.

En este aparte, recoge nueve casos, entre ellos el secuestro de 18 militares tras el ataque a la base de Patascoy, en 1997; también, el ataque de las Farc contra militares en Buenos Aires, Cauca, en abril del 2015, y que marcó una de las crisis más agudas del proceso de paz en curso.

Continúa con la Quinta División -Cundinamarca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas-, de la cual registran 28.836 víctimas militares, siendo 2002 y 2007 los años con mayores picos de victimización. Sin embargo, este informe se divide en dos partes, por su complejidad, porque allí "convergen los territorios donde se dio el hito fundacional de las Farc" y la capital, Bogotá, con sus alrededores. Entonces, el primero se enfoca en Cundinamarca y el segundo en Tolima.

En Cundinamarca, se enfocan en conductas de alto impacto como el secuestro (71 casos) y las 'pescas milagrosas' (17) y la toma a poblaciones "en función al plan estratégico de las Farc de crear las condiciones políticas y militares para cercar, bloquear y ejercer dominio sobre Bogotá y llegar a la toma del poder por la vía de las armas".

Mientras que en Tolima, asegura el informe, se presentaron 534 víctimas de minas antipersonal, de las cuales 452 fueron militares. De estos, 157 murieron.

Sobre los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre, que son cubiertos por la Séptima División, una de las áreas de interés del informe es el Nudo de Paramillo, histórico territorio estratégico en el conflicto. "Se establece que las minas, y en especial los campos minados, cumplían las veces de artefactos de defensa para proteger cultivos ilícitos y zonas de retaguardia, a la vez que buscaban detener el avance de las tropas del Ejército", resume.

Para esta regional, el caso presentado se refiere al ataque de las Farc en el Cañón de la Llorona, rumbo al Urabá, en jurisdicción de Dabeiba. "Se trata de un ataque perpetrado por las Farc contra tropas del Ejército Nacional cuando se disponían a un desembarco helicoportado para apoyar a la policía y población de Dabeiba, que desde la noche del 18 de octubre (del 2000) estaban siendo atacados por el Frente 5 de ese grupo armado organizado".

Allí, asegura el informe, fueron ejecutados militares que habían entregado sus armas o que estaban heridos. Además, días después, las Farc habrían asesinado al padre de un soldado sobreviviente y su familia fue desplazada.

Finalmente, presenta la macro-región de la Orinoquía, donde operan la Cuarta (Guaviare, Meta y Vaupés), Sexta (Amazonas, Caquetá y Putumayo) y Octava División (Arauca, Casanare, Guainía y Vichada). Allí, analizan hechos entre 1990 y 2014.
Allí, hablan de un contexto de crecimiento del narcotráfico en varias zonas de la región, sumado a la bonanza petrolera y la lucha por el control territorial.

"Es importante anotar que estos departamentos han sido el foco principal del desarrollo de las estrategias del Bloque Oriental y Bloque Sur de las FaARC, lo que les ha ocasionado fuertes azotamientos de la violencia", además de ser "estratégicos escenarios políticos de negociación, diálogos de paz e importantes corredores de narcotráfico".

Entre los hechos victimizantes que destacan están las minas antipersonal, los combates y hostigamientos y los secuestros.

De parte de la Comisión de la Verdad, el informe fue recibido por el sacerdote Francisco de Roux, presidente, y el comisionado Carlos Ospina, militar en retiro. Fue presentado directamente por el comandante del Ejército Nacional, Nicacio Martínez.

JUSTICIA
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Ejército presenta su verdad sobre cómo fueron víctimas en el conflicto

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Con informes basados en las dinámicas regionales del conflicto armado y los contextos y violencias sufridas por militares y sus familias en estas regiones, el Ejército Nacional presentó este jueves un extenso documento a la Comisión de la Verdad, en el que también recopilan 19 casos que consideran emblemáticos sobre los eventos de violencia sufridos por sus miembros y atribuibles a la desmovilizada guerrilla de las Farc.

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El hecho fue presentado como una baja legítima ante los medios, situación que puso en escarnio público al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero. En vez de aceptarlo como una ejecución extrajudicial, Botero justificó la muerte de Torres con varios argumentos que lo presentaban como un acto de servicio. Una evidente muestra de la banalización de la muerte de una de las personas que le apostó a una vida fuera de la ilegalidad.

Además de mostrar las escaramuzas entre insurgencias y Fuerza Pública dejadas por el conflicto, este asesinato dejó en evidencia la desconfianza de excombatientes y comunidades que habitan en estas zonas hacía la Fuerza Pública. Esto se debe al irrespeto a las normas de Derechos Humanos y las infracciones del DIH. De no ser por la colaboración y veeduría de la comunidad de la zona, posiblemente la versión sobre el caso de Dimar sería otra.

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Asesinatos, amenazas e incapacidad para dar con los responsables marcaron un mal año para esa población. ¿Qué está fallando y qué se puede hacer?

Alejandro Jiménez*

El año más violento

El año 2019 cerró con 173 homicidios de ex combatientes de la extinta guerrilla de las FARC desde la firma del Acuerdo Final de Paz, un aumento del 18,5 por ciento con respecto al año anterior, según los registros presentados por Naciones Unidas.

De acuerdo con ese organismo, el año pasado fue el más violento para quienes dejaron las armas y le apostaron a la construcción de una Colombia en paz, con un total de 77 personas asesinadas.

En el 2019 sucedieron cuatro hechos de gran relevancia en materia de seguridad contra las personas que se encuentran cumpliendo sus compromisos derivados del Acuerdo de Paz:

El asesinato de Dimar Torres;

El asesinato del primer excomandante, Wilson Saavedra;

El primer asesinato dentro de un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR); y

Las amenazas a abogados defensores.

A Dimar Torres lo asesinó la Fuerza Pública

El 22 abril fue asesinado el amnistiado de la antigua guerrilla de las FARC, Dimar Torres Arévalo, ultimado con tiros de fusil por miembros del Ejército de La Fuerza de Tarea Vulcano en la vereda Carrizal del municipio de Convención, en el Catatumbo.

El plan fue fraguado por órdenes del coronel Jorge Armando Pérez Amézquita y ejecutado por el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo, supuestamente para vengar la muerte de un soldado que había sido víctima de una mina antipersonal. Es decir que, con la excusa de cobrar justicia, se asesinó a un civil en estado de indefensión.

El hecho fue presentado como una baja legítima ante los medios, situación que puso en escarnio público al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero. En vez de aceptarlo como una ejecución extrajudicial, Botero justificó la muerte de Torres con varios argumentos que lo presentaban como un acto de servicio. Una evidente muestra de la banalización de la muerte de una de las personas que le apostó a una vida fuera de la ilegalidad.

Además de mostrar las escaramuzas entre insurgencias y Fuerza Pública dejadas por el conflicto, este asesinato dejó en evidencia la desconfianza de excombatientes y comunidades que habitan en estas zonas hacía la Fuerza Pública. Esto se debe al irrespeto a las normas de Derechos Humanos y las infracciones del DIH. De no ser por la colaboración y veeduría de la comunidad de la zona, posiblemente la versión sobre el caso de Dimar sería otra.

Así que en esta etapa de estabilización en el posconflicto quedan los retos de:

El cumplimiento de la ley y de los manuales de operación de la Fuerza Pública;

Garantizar los Derechos Humanos, y

La reconciliación en estas zonas donde se ha vivido el rigor del conflicto armado.

El asesinato del primer excomandante

Wilson Saavedra era el nombre de guerra de Jorge Enrique Corredor, quien el 14 de mayo pasó a ser reconocido no sólo por ser un excomandante del Frente 21 de la otrora guerrilla de las FARC, sino por ser el primer exguerrillero de alto rango en ser asesinado.

El hecho causó zozobra entre las más de diez mil personas que vienen participando de los programas de reincorporación, no solo por ser una afrenta contra el proceso de paz, sino porque, una vez más, se demostraron dos serios obstáculos para dar con los responsables intelectuales: los modos de operar de quienes cometen estos actos bajo la modalidad de sicariato; y las capacidades limitadas de los entes encargados de la investigación.

De ahí la necesidad de que la Fiscalía investigue y evalúe si efectivamente se está forjando una estrategia para asesinar a excombatientes por el hecho mismo de haber pertenecido a la insurgencia, dada la planeación que han mostrado este y otros casos.

Primer asesinato dentro de un ETCR y amenazas a abogados defensores

Otro hecho que puso en entredicho la seguridad física de los excombatientes fue el asesinato de Alexander Parra en el ETCR de Mesetas en el Meta. Inicialmente, el hecho llevó a poner en tela de juicio la protección brindada por la Fuerza Pública en los perímetros de estas zonas por la irrupción de encapuchados.

Tras casi dos meses del suceso, fueron capturadas seis personas, una de ellas el antiguo líder del espacio territorial, a quien se le acusa de ser el autor intelectual. La Fiscalía estableció que Parra fue asesinado por conocer del uso indebido de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en asuntos ilícitos y por su participación como testigo en varios procesos para la reparación a víctimas del conflicto.

Frente a esto, hay que reiterar el compromiso vigente de parte de la FARC de condenar, sancionar y denunciar a quienes estén saboteando internamente el proceso de reincorporación y la construcción de paz.

Por otro lado, en noviembre fue difundido un panfleto atribuido al supuesto Bloque Capital de las Águilas Negras dirigido a 23 profesionales del derecho que acompañan la defensa de exguerrilleros de FARC ante la Justicia Especial para la Paz, uno de ellos asociado con el caso de Dimar Torres. En la misiva les exigen renunciar a la " guerra jurídica ". Se trata de una evidente intimidación para quienes están aportando al proceso de verdad, justicia y reparación.

¿Qué depara el 2020?

El 2020 ya dejó el primer hecho de sangre con el asesinato de Benjamín Banguera Rosales, quien fungía como gestor de paz en Guapi.

Con el aumento de agresiones, este nuevo año representa un gran reto en materia de seguridad física individual para quienes están en proceso de reincorporación, pero también para quienes hacen parte del proyecto político FARC, que no necesariamente hicieron parte de las filas guerrilleras, sino que han cobrado relevancia como líderes políticos y comunitarios en el ejercicio de funciones de esa organización.

En todo proceso de reincorporación, las garantías de seguridad física son un factor importante para lograr su éxito y prevenir la reincidencia. De ahí que la acción institucional -como garante de los derechos de las ciudadanías y el cumplimiento del Acuerdo- y la del movimiento FARC deban encaminarse a robustecer las medidas de protección y autoprotección, ya que las cifras de agresiones ponen en evidencia las limitaciones del modelo actual.

El Gobierno Nacional deberá acatar con responsabilidad las eventuales Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre las comunidades que se encuentran en riesgo, velando por la puesta en marcha de acciones oportunas que mitiguen los riesgos y garanticen la protección de sus vidas.

La UNP también tiene el reto de operar y cumplir con su función de proteger a personas y organizaciones en riesgo, especialmente de quienes están compareciendo ante la justicia para la reparación de las víctimas. Todo esto, a pesar de la disminución de su presupuesto para el 2020.

A esto se suma la necesidad de abrir espacios de coordinación interinstitucional similares a los establecidos inicialmente en los Puestos de Mando Interagencial o de Carpa azul para brindar las garantías de seguridad y normalidad en el territorio. En ellos, Fuerza Pública, Defensoría del Pueblo, Misión de Verificación, administraciones locales y/o departamentales y Fiscalía podrían hablar con las comunidades de la zona y con las personas en proceso de reincorporación para prevenir riesgos ocasionados por incidentes de seguridad.

De ahí también la importancia del papel que puedan asumir las nuevas administraciones locales y departamentales, sobre todo en los lugares donde se crearon las más de setenta Nuevas Áreas de Reincorporación para brindar entornos protectores a las comunidades receptoras y a estas personas en proceso de reincorporación.

De otro lado, la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía ha establecido que el 80 por ciento de los responsables del asesinato de personas en proceso de reincorporación pertenecen a grupos y organizaciones criminales, lo cual habla de la necesidad de desmantelar esas organizaciones e individualizar a agentes legales o ilegales que están atentando contra la vida de ex miembros de las FARC.

También se espera que se haga viable y se ponga en marcha de la política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización, que permita tomar acciones para cambiar la cultura política en este momento de transición y, a su vez, que se garanticen la vida y actividades de quienes defienden los derechos humanos y de quienes se comprometieron a dejar las armas.

Un 2020 para que la protección de la vida sea garantía del éxito del proceso de reincorporación y de la búsqueda por la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
*Politólogo de la Universidad Nacional, especialista en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública e Investigador de la Línea Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación.

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La seguridad de los reincorporados de las FARC en el 2020 - Razón Pública

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Alejandro Jiménez* El año 2019 cerró con 173 homicidios de ex combatientes de la extinta guerrilla de las FARC desde la firma del Acuerdo Final de Paz, un aumento del 18,5 por ciento con respecto al año anterior, según los registros presentados por Naciones Unidas.

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Uno de los abogados de las familias víctimas del carro bomba en la Escuela de la Policía, asegura que al país no se le ha contado toda la verdad sobre este hecho terrorista, e insiste en la clara responsabilidad del Estado Colombiano en el caso.

Así lo dijo Benjamín Herrera, abogado especializado en Derecho Administrativo, quien representa a 6 de las 22 familias de los cadetes fallecidos, quien reiteró tajantemente que el Estado Colombiano también es responsable de esta tragedia por omisión y violación de los derechos humanos.

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Uno de los abogados de las familias víctimas del carro bomba en la Escuela de la Policía, asegura que al país no se le ha contado toda la verdad sobre este hecho terrorista, e insiste en la clara responsabilidad del Estado Colombiano en el caso.

Así lo dijo Benjamín Herrera, abogado especializado en Derecho Administrativo, quien representa a 6 de las 22 familias de los cadetes fallecidos, quien reiteró tajantemente que el Estado Colombiano también es responsable de esta tragedia por omisión y violación de los derechos humanos.

Aunque los procesos penales van contra la cúpula de la guerrilla del ELN y en otros actores que también tuvieron que ver en el atentado terrorista hace un año en Escuela General Santander de la Policía Nacional, la justicia colombiana también debe encargarse de establecer la responsabilidad institucional, que hasta el momento ha pasado de agache, en un hecho lamentable donde al país no se le ha dicho toda la verdad, insiste el abogado.

Noticia de Interés: Colombia aún llora la muerte de 22 cadetes de la Escuela General Santander

"Lo más importante es establecer la responsabilidad institucional, que es la que nos interesa. Que haya sido el ELn, muy importante, porque sabemos que fue un atentado terrorista por omisión en la prestación de un servicio, y eso compromete nacional e internacionalmente la responsabilidad de Colombia ", indicó el abogado Herrera.

En este sentido también indicó que " ahora lo que nos interesa es la otra responsabilidad que está tapada, que en un año nadie se ha atrevido a hablar de ella, de un hecho dónde por fallas por omisión se violaron derechos humanos y el derecho internacional humanitario, por no desplegar el Estado colombiano medidas efectivas de protección, porque no podemos olvidar que los policías son ciudadanos colombianos y sus vidas no est´pan rifa".

Noticia de Interés: Así recordó Ibagué a sus cadetes caídos en el atentado a la Escuela General Santander

De acuerdo con Herrera esta violación flagrante a los derechos de las víctimas quedó en evidencia con la omisión de las medidas de seguridad en la escuela de Cadetes, instalación policial por donde el carro bomba se paseó como "Pedro por su casa", cuya verdad sigue guardada a la opinión pública.

" El carro entró a sus anchas, las barricadas no estaban funcionando, el capitán reportó a las garitas, pero el carro caminó por la Escuela General Santander, y por ser una instalación de estas características, cualquier persona entendería que las medidas de seguridad son extremas y deberían estar también en los alrededores, donde tampoco había cámaras, ni seguridad en el exterior, ni ningún otro dispositivo para cualquier eventualidad", agregó.

El abogado de 6 de las 22 familias de los cadetes fallecidos reiteró que faltan muchas verdades por decirle al país, ya que hasta ahora las autoridades y el gobierno sólo hablan de la responsabilidad de la guerrilla del Eln en el atentado, insistiendo que a esta historia le falta la mitad de la verdad.

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Al país no se le ha dicho toda la verdad sobre atentado a la escuela de cadetes: abogado de víctimas

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Uno de los abogados de las familias víctimas del carro bomba en la Escuela de la Policía, asegura que al país no se le ha contado toda la verdad sobre este hecho terrorista, e insiste en la clara responsabilidad del Estado Colombiano en el caso.

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Colombia.- Duque abre una vía para la desmovilización individual de guerrilleros del ELN y otros grupos armados

Colombia.- Duque abre una vía para la desmovilización individual de guerrilleros del ELN y otros grupos armados El presidente de Colombia, Iván Duque, ha firmado un decreto por el cual da luz verde a un proceso para que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y miembros de otros grupos armados, como el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC, se desmovilicen de forma individual, abriendo así una nueva vía para la paz en el país. A través del decreto 601, Duque enca Colombia.- Duque abre una vía para la desmovilización individual de guerrilleros del ELN y otros grupos armados

Duque encarga al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y a las personas autorizadas por él, "verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la Justicia de los Grupos Armados Organizados (GAO) presentes en el territorio nacional"

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El Alto Comisionado aclara que un diálogo de paz solo es posible con el ELN

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha firmado un decreto por el cual da luz verde a un proceso para que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y miembros de otros grupos armados, como el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC, se desmovilicen de forma individual, abriendo así una nueva vía para la paz en el país.

A través del decreto 601, Duque encarga al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y a las personas autorizadas por él, "verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la Justicia de los Grupos Armados Organizados (GAO) presentes en el territorio nacional".

Duque precisa que se entenderán como GAO los señalados en la Ley 1908 de 2018, que son el ELN, el único al que se le reconoce un carácter político, y las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y una de sus facciones disidentes, Los Caparros, así como el Ejército Popular de Liberación (EPL) o Los Pelusos.

"Esta es una nueva oportunidad para que los miembros de los grupos armados organizados que quieren hacer un tránsito a la legalidad, un tránsito y un sometimiento a la justicia, puedan tener una ruta para ello", ha explicado Ceballos, según un comunicado de su oficina.

El Alto Comisionado ha precisado que los miembros de estos cinco grupos que deseen abandonar las armas podrán comunicárselo a su oficina y disfrutar de los "beneficios jurídicos" que recoge actualmente el Código Penal colombiano.

"Existen también rutas, en el caso del ELN, para el sometimiento individual y la entrada a una línea de desmovilización, que les otorga a las personas que decidan por ello beneficios, tanto para ellos como para su familia", ha recordado.

"En el caso de los miembros de los otros cuatro grupos armados", ha señalado, "el Gobierno establecerá en pocos días una ruta para el sometimiento individual de sus integrantes, para que, al igual que en el caso del ELN, tengan beneficios individuales para sí mismos y para sus familias (...) durante varios años de inserción en la vida civil".

En una entrevista concedida al diario colombiano 'El Espectador', Ceballos ha incidido en la diferencia entre el ELN, que como guerrilla sí tenía "un mecanismo establecido de desmovilización", y los otros cuatro, cuya naturaleza de "delincuencia organizada" hace que "no se les aplica de igual manera el Derecho Internacional Humanitario" y, por tanto, "no tenían una ruta para tránsito a la legalidad", que es lo que ahora les ofrece el Gobierno.

El decreto 601 supone una nueva vía para la paz en Colombia, donde pese al acuerdo alcanzado en 2016 con las FARC, ha continuado la violencia por la lucha entre grupos rivales para ocupar el vacío dejado por la otrora primera guerrilla del país.

DIÁLOGO CON EL ELN

Esta oferta del Gobierno se produce justo cuando se intenta resucitar el diálogo de paz con el ELN, que comenzó en 2017 bajo la Presidencia de Juan Manuel Santos y se rompió dos años después, ya con Duque en la Casa de Nariño, por un atentado perpetrado por la guerrilla contra una escuela de cadetes de Bogotá.

El Gobierno ha nombrado recientemente a los ex guerrilleros 'Francisco Galán' y 'Felipe Torres' como "promotores de paz" y ha planteado al ELN retomar el diálogo de paz siempre y cuando cumpla dos condiciones previas: cesar sus actividades criminales y liberar a los secuestrados.

El ELN ha rechazado el nombramiento de los "promotores de paz", a quienes considera "funcionarios" al servicio de Duque, y se ha negado a acatar esos dos requisitos porque los interpreta como una imposición unilateral del Gobierno. Además, ha anunciado que la tregua unilateral declarada para abril por el coronavirus expirará con el arranque de mayo.

Ceballos ha aclarado que la propuesta gubernamental es una desmovilización individual, reiterando que en el caso del ELN --y solo en ese caso-- "de cumplirse las condiciones impuestas por el señor presidente, es decir, la entrega de todos los secuestrados y ceses de acciones criminales, se podría entablar un diálogo y llegar a un acuerdo de paz"

Interrogado sobre la decisión del ELN de no prorrogar la tregua unilateral, lo ha atribuido a "una falta enorme de sintonía de los cabecillas" y "con una realidad que necesita la no acción la violenta". "En medio de una situación económica complicada y que las personas están intentando protegerse, me parece una decisión desafortunada", ha dicho.

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Colombia.- Duque abre una vía para la desmovilización individual de guerrilleros del ELN y otros grupos armados

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MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) - El presidente de Colombia, Iván Duque, ha firmado un decreto por el cual da luz verde a un proceso para que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y miembros de otros grupos armados, como el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC, se desmovilicen de forma individual, abriendo así una nueva vía para la paz en el país.

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Las otras víctimas del conflicto en la región bananera de Urabá fueron las organizaciones sindicales que también eran señaladas sistemáticamente como guerrilleros o simpatizantes de la subversión.  En general, las violaciones a los derechos humanos, y, en especial, la violencia antisindical en Urabá, reiniciaron en 1985; por ejemplo, la sede de SINTRAINAGRO (sindicato bananero) fue bombardeada y comenzó el asesinato sistemático a sindicalistas.

En el caso del Bloque Bananero que era comandado por alias ‘HH’, los sindicatos SINTRAINAGRO y SINTRABANANO fueron las principales víctimas. En la mayoría de los 20 hechos documentados y probados por la fiscalía el motivo de los homicidios era la actividad sindical de las víctimas.

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Para empezar, la JEP debe determinar si considera que los secuestros de las FARC fueron detenciones arbitrarias (como en el derecho internacional de derechos humanos), toma de rehenes (como en el derecho internacional humanitario) o el crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad (como en el Estatuto de Roma), siempre que lo considere parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

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La indignación que le produjo al representante conservador y sobreviviente de secuestro Jaime Felipe Lozada un comercial de televisión de la JEP, en el que el antiguo jefe de las Farc Rodrigo Londoño habla de 'retenciones' en vez de 'secuestros,' volvió a encender el debate sobre la decisión de la justicia especial de paz de usar esa palabra para referirse a uno de los crímenes más emblemáticos de la antigua guerrilla.

Este episodio evidencia un malestar más profundo. Aunque los excomandantes de las FARC han comenzado a admitir su responsabilidad por este crimen y a expresar en privado sus disculpas, muchas víctimas están dolidas por el hecho de que sus antiguos captores no han querido reconocer los tratos degradantes que les infligieron y los años de largo sufrimiento que sus familias debieron soportar en su ausencia.

Esta marcada diferencia en las expectativas se está convirtiendo en una prueba decisiva de legitimidad que tendrá cualquier decisión eventual de la JEP para las víctimas, muchas de las cuales apoyan visiblemente la labor de la justicia transicional pero exigen un mayor nivel de verdad a sus victimarios.

El comercial

En el video, que la JEP lanzó para reforzar su mensaje de que quienes cometieron crímenes graves en el conflicto están rindiendo cuentas, se ve al mayor Gustavo Soto pidiendo perdón a las víctimas de falsos positivos y a Timochenko hablando de los secuestros. "Reconocemos la existencia de las retenciones a civiles llevadas a cabo por nuestra organización y asumimos nuestra responsabilidad colectiva por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica", se le ve leer parte de su testimonio ante la JEP en septiembre pasado.

Pero tuvo el efecto contrario al que buscaba el brazo judicial de la justicia transicional nacida del acuerdo de paz con las Farc.

El mensaje de Lozada, quien tenía 15 años cuando fue sacado a la fuerza por las Farc del Edificio Miraflores de Neiva y estuvo secuestrado por tres años, rápidamente se convirtió en la tendencia #NoEsRetenciónEsSecuestro. Además de su propia experiencia, aludió al sufrimiento de toda su familia: de su padre, el ex senador Jaime Lozada, asesinado por esa guerrilla en 2005; de su madre, la ex senadora Gloria Polanco, secuestrada durante casi siete años; y de su hermano Sebastián, secuestrado los mismos tres años que él.

Yo no estuve retenido 3 años y medio.⁰Mi hermano no estuvo retenido 3 años y medio.
Mi mamá no estuvo retenida 7 años.
No estábamos en un camping, no estábamos de paseo.

¡Estábamos secuestrados!#NoEsRetenciónEsSecuestro
- Jaime Felipe Lozada (@jaimeflozada) June 3, 2020

Esa reacción -que ya llevó a la JEP a retirar el video de redes- se suma a la indignación que desató la publicación en febrero de dos de los testimonios colectivos que han dado las Farc ante la JEP.

Esa filtración enojó a muchas de víctimas acreditadas en el caso, que aún no los habían recibido para revisarlos y devolverlos a los magistrados de la Sala de Reconocimiento con sus observaciones y preguntas.

Desde el año pasado, los magistrados de la JEP han interrogado a cientos de personas en el caso 01, uno de los siete primeros macrocasos abiertos por la justicia transicional y uno de los dos que se centran específicamente en los delitos cometidos por la antigua guerrilla.

Hasta febrero, 350 ex guerrilleros -incluyendo a los 25 de su Estado Mayor Central- habían entregado versiones por escrito sobre el secuestro y 187 de ellos también presentaron relatos individuales de manera oral.

Desde diciembre la JEP le ha enviado a las 2.004 víctimas acreditadas decenas de horas de vídeo y cientos de páginas de transcripciones, parte de una compleja metodología de participación que busca que puedan confrontar los relatos de sus perpetradores.

En estos relatos, que solo se harán públicos una vez la Sala de Reconocimiento presente su resolución de conclusiones en este caso, los integrantes de las Farc han reconocido -quizás por primera vez- el impacto humano de su política de secuestro de civiles, soldados y policías, bien sea por fines de extorsión, como prisioneros de guerra o como rehenes políticos para obligar al gobierno a hacer intercambios de prisioneros. O incluso, como está demostrando la investigación, de otras víctimas humildes y menos visibles de las que rara vez han oído los colombianos, que fueron secuestrados durante días o semanas para obligarlos a construir carreteras ilegales o a transportar los alimentos para los guerrilleros.

"Queremos reconocer los graves impactos que generamos en sus vidas. Nunca podremos devolverles el tiempo que perdieron en las selvas colombianas", dijeron los comandantes del bloque oriental de las Farc en un testimonio filtrado al Espectador. "Reconocemos colectivamente que las estructuras y mandos de las Farc-EP nos equivocamos al tomar la decisión de retener civiles (...) Sabemos que esto fue un grave error, el cual hoy no tiene justificación alguna", dicen en otro.

Pero, como contó La Silla, para las víctimas resultaron más notables sus omisiones y sus afirmaciones engañosas sobre las condiciones de cautiverio, incluidas sus afirmaciones sobre haberles dado protector solar, cremas anti edad y hasta patios para hacer yoga.

Esa indignación, tanto de muchas víctimas que han sido sido escépticas del acuerdo de paz como de otras que lo han respaldado fuertemente como Ingrid Betancourt, tuvo varios efectos. Muchas se decidieron finalmente a acreditarse como partes en el caso, como el general Luis Herlindo Mendieta, que testificó ante la JEP en 2018 pero que nunca completó su acreditación. O como el ex ministro Fernando Araújo, que estuvo secuestrado seis años y había declinado participar, y sus hijos.

En total, unas 200 nuevas víctimas se han acercado a la JEP desde que estalló ese escándalo, subrayando el costo político de la soberbia de las FARC, pero también la oportunidad a largo plazo de ampliar la legitimidad del tribunal.

Las víctimas detectan los vacíos

En los últimos cinco meses, muchas víctimas han leído los testimonios de las Farc y han ido identificando sus agujeros, tanto públicamente como en sus observaciones a la JEP.

"El informe parece más bien como un informe de gerente a una asamblea. Por dar un ejemplo, se refieren a la 'Teófilo', como 'la más exitosa', cuando todos sabemos que fue la [estructura de las Farc] que se permitió las barbaridades más horribles", dice Clara Rojas, quien fue liberada en 2008 tras seis años de cautiverio y dirigió la extinta ONG País Libre que trabajaba con víctimas de secuestro.

"En el caso de mi familia, ellos admiten el secuestro de mi papá y reconocen que no le dieron el mejor trato. Pero se justifican en que era rebelde y le echan la culpa. ¿Cómo pueden las víctimas perdonar si maquillan la verdad?", dice otra víctima, que pidió omitir su nombre porque su familia ha tenido problemas de seguridad recientemente.

En la lista de omisiones que llevan las víctimas aparecen temas como la escasez de atención médica, el confinamiento físico, la prolongada falta de acceso a alimentos y agua, la falta de comunicación con los familiares durante años, el lenguaje despectivo y las amenazas.

"En una de las extenuantes caminatas de días, de muerte, me fui enfermando de la pierna. Primero cojeaba, usé un palo como bastón y luego dos horquetas de muletas. Después de unos días me tocaba arrastrarme por el piso en condiciones lamentables, me jalaban y arrastraban. No hubo suministro de medicina, ni alimentación adecuada. Fue una situación supremamente difícil que duró cinco semanas, hasta que una enfermera de otra unidad me dio algún medicamento", cuenta el general Luis Herlindo Mendieta, que fue secuestrado en la toma de Mitú y permaneció como rehén de la guerrilla por casi once años. Aún no sabe cuál la causa de su dolencia, aunque se la atribuye a una insuficiencia renal.

"Lo que ellos presentan como situaciones excepcionales eran en realidad normales. De los siete años de secuestro, estuve encadenado cinco. Su castigo después de un intento de fuga fue quitarnos las botas, aunque ellos insisten en que eso sólo duró unos días", dice el ex senador Luis Eladio Pérez, cuyo cautiverio le hizo perderse la muerte de su madre, el matrimonio de su hijo y el nacimiento de un nieto.

A eso se suma la cuestión semántica, que -como contó La Silla- coinciden en cuestionar sin importar si defienden el trabajo de la JEP.

Para muchas víctimas, el término 'retenciones' socava su dignidad, al alejarse notablemente de la palabra más usada por los colombianos y ceñirse a la que han usado históricamente sus antiguos captores

La JEP argumenta que eligió este nombre preliminar -"esa palabra fastidiosa", como la llama Luis Eladio Pérez- dado que la Fiscalía la usa en la investigación penal sobre el delito que le entregó al tribunal y que esa precaución les permite evitar prejuzgar.

Eso a pesar de que el Código penal colombiano -que también rige el trabajo del JEP- sí tipifica el secuestro como un delito, aunque el derecho penal internacional lo define de manera diferente.

Los tres dilemas de la JEP

Más allá de la discusión lingüística, la palabra 'retenciones' esconde tres duros dilemas que la JEP deberá resolver en los próximos meses.

El primero es precisamente qué calificación jurídica le dará al delito en su resolución de conclusiones, algo que antes de la pandemia se preveía ocurriría a mediados de año.

Para empezar, la JEP debe determinar si considera que los secuestros de las FARC fueron detenciones arbitrarias (como en el derecho internacional de derechos humanos), toma de rehenes (como en el derecho internacional humanitario) o el crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad (como en el Estatuto de Roma), siempre que lo considere parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

Los magistrados también deberán decidir si acusan a los exguerrilleros de otros delitos adicionales, como homicidio, desaparición forzada o incluso violencia sexual, como han denunciado varios soldados y policías secuestrados. Dos otros posibles delitos conexos, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, podrían reflejar esa verdad que las víctimas están exigiendo a las Farc.

Uno de los puntos complejos acá es cómo califica el trato dado a los 394 soldados y policías que están acreditados como víctimas en el caso, dado que no son civiles y muchos de ellos fueron secuestrados, como el general Mendieta, mientras estaban de servicio.

Para la ex guerrilla, eran prisioneros de guerra, pero la aplicación de este concepto a conflictos armados no internacionales es muy discutida y la evidencia demuestra que las Farc no siguieron los criterios del Tercer Convenio de Ginebra para estos casos, entre ellos el de permitirles la comunicación o el acceso a recursos legales.

Aunque el acuerdo de paz dice que la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares puede ser considerada como un delito conexo a la rebelión, eso no exime a las antiguas Farc de ser acusadas de otros delitos como tortura o violencia sexual. De hecho, las pruebas que haya de esos otros delitos pueden hacer que los magistrados descarten considerar el secuestro original como un delito con fines políticos.

En todo caso, sin importar cómo termine abordando la JEP este dilema, probablemente se enfrentará a algún grado de rechazo de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos - o a las apelaciones de los abogados de los acusados.

Un segundo dilema es a quiénes considerará la JEP como máximos responsables del secuestro, dado que el modelo colombiano de justicia transicional busca concentrar la responsabilidad penal en los quienes estuvieron al mando y quienes tuvieron un rol esencial en el delito. Es decir, la Sala de Reconocimiento deberá identificar qué miembros de las FARC diseñaron la política de secuestro y dieron instrucciones a sus subalternos.

Esto probablemente significa que los altos mandos de las FARC tendrán que rendir cuentas por esa política que llegaron a llamar 'ley'.

Pero ya hay un problema que se está haciendo evidente: un número significativo de los testimonios que ya tiene la JEP provienen de esos altos cuadros de la guerrilla, lo que explica en parte por qué se han quedado cortos en detalles sobre el sufrimiento de las víctimas.

Como relata Luis Eladio Pérez, sólo un carcelero -Alexander Farfán, más conocido como 'Gafas'- dio información precisa sobre su cautiverio. "Fue el único que reconoció algo de lo que nos pasó. Los del bloque y la del Secretariado se limitaron a decir que fueron retenciones con carácter político, para presionar al gobierno a un canje o un intercambio humanitario", dice.

Una posible explicación de esto es que elegir un sistema de macrocasos en un país donde hay 8,9 millones víctimas implica necesariamente algún tipo de sacrificio y que los magistrados sólo podrán desenterrar una cierta cantidad de detalles sobre lo que ocurrió.

Pero esta realidad también podría llevar a la Sala de Reconocimiento de la JEP a ver que quienes conocen mejor las verdades que las víctimas quieren oír podrían no ser las mismas personas que aparecerán encabezando su acusación.

En lugar de eximirlos de toda responsabilidad, la JEP podría terminar vinculando a quienes participaron en el secuestro, pero no fueron sus máximos responsables, y recomendar para ellos sanciones de dos a cinco años, como contempla el acuerdo de paz.

Un último dilema es qué sanciones propone la JEP para los miembros de las FARC que señale. Dado que el modelo colombiano busca un equilibrio entre la retribución y la restauración, sus magistrados pueden hacer que las disculpas públicas a las víctimas sean una parte obligatoria del castigo. Esto podría, a su vez, ser un incentivo adicional para que los autores de los secuestros cuenten a los sobrevivientes las verdades que están exigiendo.

La perspectiva de las FARC

Los ex miembros de las FARC suelen ser reacios a discutir sus obligaciones ante la justicia transicional, invocando constantemente la falta de avances del Gobierno en implementar los otros capítulos del acuerdo. También suelen ser firmes en su postura de que los casos están en curso en la JEP y que la sociedad colombiana -incluidas las víctimas- deben permitirles seguir su curso.

"Hay un procedimiento y estamos avanzando. Dejemos que el acuerdo surta su efecto", dice Luis Alberto Albán, representante a la Cámara del partido Farc y parte del equipo negociador de la guerrilla en La Habana.

Era incluso uno de sus negociadores durante la fase secreta a comienzos de 2012, cuando la guerrilla abandonó públicamente el secuestro como gesto de buena voluntad destinado a demostrar que se tomaban en serio un eventual acuerdo de paz.

Inicialmente, le dijo a La Silla en marzo que piensan que la mayoría de las críticas provienen de víctimas que no desean que la justicia transicional avance o que tienen un interés personal por aparecer en titulares. Presionado más y confrontado con los testimonios de diversas víctimas, admitió que es una discusión difícil que tienen que asumir dentro de su partido político.

"Oír ese tipo de cosas, como los relatos sobre el trato cruel, nos interesa y nos pone a pensar", dijo Albán, que pasó tres décadas en las Farc bajo el nombre de 'Marcos Calarcá'. "Expresen todo lo que sienten. Nosotros vamos a expresarnos luego sobre eso. No tenemos que aceptar todo lo que no compartimos, no puede ser que penda la guillotina sobre nosotros. No fue lo acordamos, ni es la idea. Pero es parte de una discusión que tenemos: es un tema de términos y no veo que sea imposible".

Entre tanto, las víctimas -desde las que son críticas de la JEP como Jaime Felipe Lozada como las que tienen una visión positiva de ésta- todavía esperan que sus antiguos captores se vean obligados a ser más comunicativos en un caso que seguramente marcará la legitimidad de toda la justicia transicional.

"La JEP tiene la oportunidad de ofrecer una narración de lo que pasó de verdad para la historia. Nuestro interés es que esos casos no se vuelvan a presentar, pero para eso debe haber sinceridad total de las Farc. Eso es lo que restablece la dignidad de las víctimas que pasaron por esa situación tan difícil", dice el general Mendieta.

"Todavía abrigo la esperanza, porque si la JEP se limita a escuchar la versión de nosotros y luego la de ellos, será el fracaso de la justicia transicional y en el imaginario de la gente va a quedar que estuvimos en un hotel de cinco estrellas", dice Luis Eladio Pérez, que volvió a la política el año pasado y perdió la elección a gobernador de Nariño. Durante su campaña, como contó La Silla, recibió -y decidió aceptar- el improbable apoyo del partido de las Farc.

"Yo tuve la nobleza de aceptar ese perdón y luego su apoyo como un gesto de reconciliación, incluso a un costo político que pudo haber contribuido a que perdiera la gobernación. No me arrepiento de haberlo hecho: fue un descanso y hoy me siento más liviano de peso -dice- Ese gesto no ha sido correspondido por las Farc, porque no hay verdad".
Este reportaje apareció publicado originalmente en inglés y francés en JusticeInfo.

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El rechazo al comercial de la JEP muestra un malestar más profundo

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La indignación que le produjo al representante conservador y sobreviviente de secuestro Jaime Felipe Lozada un comercial de televisión de la JEP, en el que el antiguo jefe de las Farc Rodrigo Londoño habla de 'retenciones' en vez de 'secuestros,' volvió a encender el debate sobre la decisión de la justicia especial de paz de usar esa palabra para referirse a uno de los crímenes más emblemáticos de la antigua guerrilla.