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Sembrar es una solución que poco a poco y con ayuda de cada persona que aporta, puede significar una gran cambio en nuestra biósfera.

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Sembrar es una solución que poco a poco y con ayuda de cada persona que aporta, puede significar una gran cambio en nuestra biósfera.

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Hace 59 años en el país se declararon siete grandes reservas forestales para el desarrollo de la economía de los bosques, la protección de suelos y de la vida silvestre. Esas reservas tenían 63 millones de hectáreas, comprendiendo la mayoría de selva en el país.

Aunque se trata de territorios claves para el medioambiente de Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, las reservas forestales han perdido un 23 por ciento de territorio desde el año 1962.

Así lo reveló un informe de la Contraloría General que muestra cómo se han sustraído 14,7 millones de hectáreas (lo que equivale a 83 veces el área de Bogotá, o casi toda el área de bosques que tiene Chile), por lo que la zona de reserva hoy cuenta con 48 millones de hectáreas, que cubren el 68 por ciento de bosques de Colombia.

Con esas cifras, la Contraloría asegura que cada año se pierden 194.000 hectáreas de bosque en zonas de reserva, por lo que la entidad afirma que "el país podría quedarse sin bosques de continuar con esa tendencia de pérdida de cobertura forestal". Esa cifra es superior a la meta de 90.000 hectáreas anuales de deforestación planteada por el Gobierno.

La zona protegida que más ha perdido terreno es la Amazonia, que al inicio de su protección tenía 40,7 millones de hectáreas y hoy tiene 5,8 millones menos, con lo que perdió el 14 por ciento. Según cifras del 2016, allí se talaron 40.000 hectáreas de bosque.

También preocupa la zona del río Magdalena, que tenía 6,3 millones de hectáreas salvaguardadas y hoy solo cuenta con 2,1 millones; o el Pacífico que pasó de 12 millones de hectáreas a 8,5.

La depredación preocupa por varias razones: la primera, dice la Contraloría, es que el 84 por ciento de áreas extraídas (unos 12,5 millones) se han usado en reformas agrarias y titulación de baldíos de las que se cuestiona su efectividad para resolver los problemas de inequidad, acceso a la propiedad, pobreza y conflictos en tenencia de la tierra.

El organismo de control afirma que el Ministerio de Ambiente aún no ha saldado su deuda de explicar si "esas zonas solicitadas para sustracciones con fines de reforma agraria correspondieron a zonas aptas para ese propósito, y si fueron o no otorgadas".

Además, "cabe la duda de que todos los baldíos ocupados hayan cumplido con el plan de manejo de reglamento". Por ejemplo, se encontró que la titulación de baldíos ha generado incentivos perversos como la ocupación y explotación para la ganadería, lo que ha mantenido la degradación.

Además, el extinto Incoder (reemplazado por la Agencia de Tierras) logró que se aprobaran en el 2012 la sustracción de 28.453 hectáreas en 11 municipios, pero es poco lo que se ha avanzado en la formalización.

Otro problema identificado por la investigación es que el 10 por ciento de lo sustraído (1,4 millones de hectáreas) se destinó a la minería. Esa situación se agrava teniendo en cuenta que en las zonas que todavía son de reserva se han identificado además 500 títulos mineros que abarcan un área de 466.141 hectáreas, lo que corresponde a un 3,31 por ciento de lo que se pretendió proteger en 1959.

La zona de reserva forestal del Pacífico es donde hay más actividades de este tipo (119 títulos con una extensión de 211.165 hectáreas), y la Central (160 títulos con 75.612 hectáreas).

El informe critica que no existan acciones específicas "para hacer frente al problema de la minería ilegal en las zonas de reserva forestal". Así, aunque se han expedido normas para evitar los daños de esa actividad, y se han creado espacios como la Mesa Minera del Chocó para tomar medidas en la región Pacífico, "la magnitud de los daños que se producen a los ecosistemas hace que las acciones que se tomen deban ser inmediatas".

Desorden en la clasificación

Una explicación de que zonas de reservas se estén usando en minería es que de los 48 millones de hectáreas protegidas que aún quedan, las autoridades solo han cumplido con la zonificación de 14 millones. La zonificación es clave porque es la que permite determinar en qué se pueden usar estas regiones: mantenimiento de procesos ecológicos como la regulación hídrica y climática; intervención en pastos y gestión de la biodiversidad; o actividades productivas en zonas agrícolas o ganaderas.

En esta última forma de zonificación se encontró que de un millón de hectáreas solo el 19 por ciento tiene bosques, pues la mayoría están siendo usadas en ganadería, en un 64 por ciento.

La Contraloría afirma que si bien el Gobierno ha dicho que el 7 por ciento del PIB viene de la ganadería, hay que tener en cuenta que "entes conservacionistas promueven el cierre de la frontera agropecuaria con el fin de evitar la depredación forestal".

Por ejemplo, en la zona de reserva forestal de los Motilones, en Cesar, se observa "el aumento de ganadería dedicada a la industria láctea". En el municipio de Manaure se encontró que casi la totalidad de la cobertura boscosa (un 90 por ciento) ha sido eliminada por acción del hombre, y solo sobrevive la que está en las pendientes.

Pero más preocupante aún es que en zonas de reserva forestal como la del Pacífico, específicamente en municipios como Argelia y El Plateado (Cauca), "un gran porcentaje del bosque ha desaparecido y ha sido reemplazado por cultivos ilícitos, especialmente coca". Lo mismo se evidenció en El Tambo, en donde en una visita en octubre del 2017 la Contraloría detectó que se estaban iniciando procesos de tala para poner viviendas y cultivos ilícitos.

Y en la Amazonia, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Chiribiquete, la Contraloría detectó que hay una "alarmante situación de incremento y expansión de la deforestación".

Asegura que, pese a que desde que las Farc dejaron sus territorios se ha aumentado la deforestación ilegal, es poco lo que han hecho las autoridades para contenerla. En este momento, grupos armados disidentes de las Farc "están repartiendo tierras y fomentando la colonización de zonas antes inaccesibles en áreas no mayores a 100 hectáreas", dice el estudio.

En la zona de reserva forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta se encontró, además de la ganadería extensiva, que la depredación forestal se había acelerado por los cultivos ilícitos que se han disminuido desde la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, es poco lo que a nivel general se ha avanzado en la sustitución en zonas resguardadas.

Incertidumbre por protección de bosques en el posconflicto

La reforma rural integral que se pactó con las Farc en la firma del acuerdo de paz, y que fue avalada por la Corte Constitucional, también es clave para el futuro de las zonas de reserva forestal.

En la reforma se pactó que parte de las zonas protegidas irán al Banco de Tierras. La Contraloría dice que, ante las problemáticas que afrontan estas zonas por la degradación, "se suscitan serias dudas sobre si el Estado colombiano está realmente en capacidad de revertir las condiciones adversas actuales y, además, potenciar estas zonas para cumplir con la doble finalidad de darles un uso sostenible en el tiempo", para cumplir con lo pactado.

A esto se suma que la Contraloría ha dicho que la reforma rural tendría un costo de 110,6 billones de pesos, el 85 por ciento de lo que costarán en total los acuerdos con las Farc, por lo que es indispensable buscar fuentes de financiación y asegurar que las zonas de reserva forestal puedan ayudar a cumplir con esa propuesta para mejorar el campo y bajar la concentración de la tierra.

El informe asegura que el Ministerio de Ambiente aún no tiene certeza sobre qué cantidad de hectáreas de zonas de reserva forestal irán al Fondo de Tierras; sin embargo, se ha proyectado que podrían ingresar 1,2 millones de hectáreas adjudicables.

Pero es poco lo que se ha avanzado en determinar cuál será el papel que tendrán las zonas de reserva en el posconflicto. Tampoco -dice la Contraloría-se ha determinado cuál podría ser el impacto ambiental de una ocupación de esa magnitud ni se han creado instrumentos para un manejo sostenible de los bosques.

Por eso, la Contraloría cuestionó cuál ha sido el uso que el Gobierno les ha dado a los recursos que vienen de cooperación internacional y que debían ser usados en esa materia. El ente investigador dice que es "incomprensible", además, que mientras el Ministerio de Ambiente asegura que la deforestación en las zonas de reserva por parte de los cultivos ilegales es baja, y que la mayoría viene por la praderización y potrerización, "no se contemplen estrategias de lucha contra la deforestación".

Además, asegura que "la política de sustitución de cultivos de uso ilícito en zonas de reserva carecen de los suficientes incentivos económicos y educativos para que se haga de forma consensuada entre Gobierno y cultivadores".

MILENA SARRALDE DUQUE
JUSTICIA@Msarralde

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Cada año, el país pierde en promedio 194.000 hectáreas de bosque

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Hace 59 años en el país se declararon siete grandes reservas forestales para el desarrollo de la economía de los bosques, la protección de suelos y de la vida silvestre. Esas reservas tenían 63 millones de hectáreas, comprendiendo la mayoría de selva en el país.

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El pasado viernes, mientras la mayoría de colombianos estaban ocupados haciendo las últimas compras de Navidad y terminando de planear el inicio de sus vacaciones, en el Ministerio de Ambiente se llevaba a cabo una reunión. Alrededor de las 4:30 p.m., integrantes de las veedurías ciudadanas de la Reserva Thomas van der Hammen y de los cerros orientales de Bogotá se sentaron a hablar con César Rey Ángel, director de Bosques y Servicios Ecosistémicos del Ministerio. No era la primera vez que se reunían para discutir un tema que les causa inquietud: una resolución que está preparando esa cartera para redefinir los términos por los que hoy se regulan o modifican las reservas forestales.

Aunque a los citados no les cayó muy bien el hecho de que el Ministerio los citara el día anterior, justo en un mes en el que quienes viven en Bogotá suelen abandonar la ciudad, fueron al encuentro. Al cabo de un par de horas, sin embargo, no llegaron a ningún consenso. El documento que se cocina en el Minambiente tiene unos detalles que, a su parecer, pueden poner en jaque las reservas forestales del país.

Aunque las razones que les causan incomodidad son diversas hay una en especial que los preocupa: la adopción de un nuevo término ("realinderación") que antes no estaba en sus cálculos. Se trata, en palabras de Claudia Calao, que hace parte de la veeduría de la Reserva Thomas van der Hammen, de "una sustracción disfrazada".

"Es un término para quitarles espacio a las reservas. En vez de ser coherentes con la política de restauración, aseguran que cuando se demuestre que hay degradación, ellos pueden hacer una realinderación. Es decir, sustraer una parte del área, pero sin hacer una compensación, como actualmente se hace cuando hay sustracción", señala Calao.

En otros términos, lo que indica el documento es que cuando hay un área de una reserva que se encuentra degradada y su reestructuración genera más "costos que el beneficio ambiental que se obtiene de la recuperación", se puede solicitar una realinderación.

La abogada y exsecretaria de Hábitat María Mercedes Maldonado sabe que una reserva no es intocable y que se suelen intervenir cuando se hacen obras de interés público, pero también le incomoda la propuesta del Minambiente. Según ella, sería abrir una puerta para transformar esas áreas que protegen zonas boscosas. "Por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá podría solicitar una realinderación de la Van der Hammen del área que ellos necesiten. Nosotros le pedimos al Ministerio que, al menos, estableciera una proporcionalidad, del 10 % o del 20 %, pero cuando lo propusimos guardaron silencio", dice.

Sus desacuerdos se los habían hecho saber a esa cartera hace un par de semanas ambas veedurías en una carta de 14 páginas. Entre las sugerencias, advertían que recategorizar las reservas nacionales requería de una ley y no de una resolución. También les inquietaba que se hablara de estrategias de recuperación pero sin tiempos definidos y que, de ahora en adelante, "las autoridades municipales o empresas o instituciones (sin precisar a qué tipo de instituciones se refieren) puedan iniciar el trámite de supresión". "¿Se trata de ajustar límites o de abrir la posibilidad, en la práctica, de sustraer por otros motivos?", le preguntaban al Minambiente. El Espectador intentó conocer sus respuestas, pero al cierre de esta edición esa cartera aún no se había pronunciado.

"De quedar firmado, este mecanismo se convierte en una forma burda que puede significar un incentivo perverso para deteriorar reservas forestales en Colombia. Es posible que personas con propósitos económicos empiecen a causar degradación para realindar. Hay experiencias similares en Europa, donde comenzaron a quemar áreas con la excusa de urbanizar. Es un proceso que afectará a todo el territorio nacional", asegura el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez.

Hay, además, otro par de puntos que preocupan a estos expertos. El primero tiene que ver con el rol que desempeñarán las corporaciones autónomas regionales. En pocas palabras, afirman que entrarían a ser juez y parte. Es decir, serían las encargadas de hacer los estudios para evaluar el estado de las reservas y, a la vez, decidirían si se realinderan o no.

El segundo punto que los tiene molestos tiene que ver con la manera como el Ministerio de Ambiente ha manejado el proceso. Según Maldonado, cuando publicaron el proyecto en internet, hace unas tres semanas, no les avisaron y apenas dieron cinco días para la recepción de comentarios de personas externas. Luego de varias peticiones gestionadas a través del Ministerio del Interior, lograron reunirse con representantes del Minambiente para dar a conocer sus desacuerdos, pero sus encuentros no han llegado a buen término. A ellos también han asistido académicos como Julio Carrizosa y el profesor de la Universidad Nacional Gary Stiles. El biólogo Gonzalo Andrade, del Instituto de Ciencias Naturales de esa universidad y coordinador de la Comisión Permanente de Áreas Protegidas, también ha estado pendiente del debate y su conclusión se la hizo saber a varios colegas en un correo de carácter urgente el 24 de diciembre: esta resolución "lesiona gravemente a la Reserva Van der Hammen y al resto de reservas nacionales (...) El Gobierno nacional pretende sustraer el área afectada y no restaurarla".

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Reservas forestales, ¿en vilo? | ELESPECTADOR.COM

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El pasado viernes, mientras la mayoría de colombianos estaban ocupados haciendo las últimas compras de Navidad y terminando de planear el inicio de sus vacaciones, en el Ministerio de Ambiente se llevaba a cabo una reunión.

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El pasado viernes, mientras la mayoría de colombianos estaban ocupados haciendo las últimas compras de Navidad y terminando de planear el inicio de sus vacaciones, en el Ministerio de Ambiente se llevaba a cabo una reunión. Alrededor de las 4:30 p.m., integrantes de las veedurías ciudadanas de la Reserva Thomas van der Hammen y de los cerros orientales de Bogotá se sentaron a hablar con César Rey Ángel, director de Bosques y Servicios Ecosistémicos del Ministerio. No era la primera vez que se reunían para discutir un tema que les causa inquietud: una resolución que está preparando esa cartera para redefinir los términos por los que hoy se regulan o modifican las reservas forestales.

Aunque a los citados no les cayó muy bien el hecho de que el Ministerio los citara el día anterior, justo en un mes en el que quienes viven en Bogotá suelen abandonar la ciudad, fueron al encuentro. Al cabo de un par de horas, sin embargo, no llegaron a ningún consenso. El documento que se cocina en el Minambiente tiene unos detalles que, a su parecer, pueden poner en jaque las reservas forestales del país.

Aunque las razones que les causan incomodidad son diversas hay una en especial que los preocupa: la adopción de un nuevo término ("realinderación") que antes no estaba en sus cálculos. Se trata, en palabras de Claudia Calao, que hace parte de la veeduría de la Reserva Thomas van der Hammen, de "una sustracción disfrazada".

"Es un término para quitarles espacio a las reservas. En vez de ser coherentes con la política de restauración, aseguran que cuando se demuestre que hay degradación, ellos pueden hacer una realinderación. Es decir, sustraer una parte del área, pero sin hacer una compensación, como actualmente se hace cuando hay sustracción", señala Calao.

En otros términos, lo que indica el documento es que cuando hay un área de una reserva que se encuentra degradada y su reestructuración genera más "costos que el beneficio ambiental que se obtiene de la recuperación", se puede solicitar una realinderación.

La abogada y exsecretaria de Hábitat María Mercedes Maldonado sabe que una reserva no es intocable y que se suelen intervenir cuando se hacen obras de interés público, pero también le incomoda la propuesta del Minambiente. Según ella, sería abrir una puerta para transformar esas áreas que protegen zonas boscosas. "Por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá podría solicitar una realinderación de la Van der Hammen del área que ellos necesiten. Nosotros le pedimos al Ministerio que, al menos, estableciera una proporcionalidad, del 10 % o del 20 %, pero cuando lo propusimos guardaron silencio", dice.

Sus desacuerdos se los habían hecho saber a esa cartera hace un par de semanas ambas veedurías en una carta de 14 páginas. Entre las sugerencias, advertían que recategorizar las reservas nacionales requería de una ley y no de una resolución. También les inquietaba que se hablara de estrategias de recuperación pero sin tiempos definidos y que, de ahora en adelante, "las autoridades municipales o empresas o instituciones (sin precisar a qué tipo de instituciones se refieren) puedan iniciar el trámite de supresión". "¿Se trata de ajustar límites o de abrir la posibilidad, en la práctica, de sustraer por otros motivos?", le preguntaban al Minambiente. El Espectador intentó conocer sus respuestas, pero al cierre de esta edición esa cartera aún no se había pronunciado.

"De quedar firmado, este mecanismo se convierte en una forma burda que puede significar un incentivo perverso para deteriorar reservas forestales en Colombia. Es posible que personas con propósitos económicos empiecen a causar degradación para realindar. Hay experiencias similares en Europa, donde comenzaron a quemar áreas con la excusa de urbanizar. Es un proceso que afectará a todo el territorio nacional", asegura el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez.

Hay, además, otro par de puntos que preocupan a estos expertos. El primero tiene que ver con el rol que desempeñarán las corporaciones autónomas regionales. En pocas palabras, afirman que entrarían a ser juez y parte. Es decir, serían las encargadas de hacer los estudios para evaluar el estado de las reservas y, a la vez, decidirían si se realinderan o no.

El segundo punto que los tiene molestos tiene que ver con la manera como el Ministerio de Ambiente ha manejado el proceso. Según Maldonado, cuando publicaron el proyecto en internet, hace unas tres semanas, no les avisaron y apenas dieron cinco días para la recepción de comentarios de personas externas. Luego de varias peticiones gestionadas a través del Ministerio del Interior, lograron reunirse con representantes del Minambiente para dar a conocer sus desacuerdos, pero sus encuentros no han llegado a buen término. A ellos también han asistido académicos como Julio Carrizosa y el profesor de la Universidad Nacional Gary Stiles. El biólogo Gonzalo Andrade, del Instituto de Ciencias Naturales de esa universidad y coordinador de la Comisión Permanente de Áreas Protegidas, también ha estado pendiente del debate y su conclusión se la hizo saber a varios colegas en un correo de carácter urgente el 24 de diciembre: esta resolución "lesiona gravemente a la Reserva Van der Hammen y al resto de reservas nacionales (...) El Gobierno nacional pretende sustraer el área afectada y no restaurarla".

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Reservas forestales, ¿en vilo? | ELESPECTADOR.COM

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El pasado viernes, mientras la mayoría de colombianos estaban ocupados haciendo las últimas compras de Navidad y terminando de planear el inicio de sus vacaciones, en el Ministerio de Ambiente se llevaba a cabo una reunión.

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10 Consejos Para Cuidar El Medio Ambiente

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En Colombia desaparecen especies únicas.

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En Colombia desaparecen especies únicas.

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6 acciones para cuidar el medio ambiente

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El desarrollo de nuestra economía afecta gravemente nuestro planeta, la emisión de gases tóxicos provenientes de la industrialización, dañan nuestra atmósfera y contribuyen al calentamiento global.

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Sustituir  materiales, sustancias  y procesos tóxicos.

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Sustituir  materiales, sustancias  y procesos tóxicos.

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La sustitución de las sustancias químicas peligrosas y tóxicas por otras menos agresivas, debe considerarse como una de las acciones  esenciales de los principios generales de la acción preventiva y cuidado del medio ambiente, ya que los desechos residuales contaminan progresivamente el planeta.