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En el pasado los campesinos, sacaban de sus mejores cultivos las semillas y con estas realizaban la próxima siembra, una práctica que ha sido milenaria, y que se ha usado de generación en generación, una idea que no era de nadie, y la usaban todos para la siembra de sus productos, el canje era la mejor opción para ellos, ya que les permitía tener acceso a la producción de diferentes productos durante todo el año, aumentando sus ingresos y trabajando la tierra con productos que ella misma producía, con las vitaminas y minerales que el cuerpo humano necesita para sus labores diarias.

Mediante la resolución 970 en el año 2016, en Colombia se prohíbe tener semillas propias para los cultivos, afectando a los campesinos que proveen a las ciudades de alimentos, ahora se considera un delito, para muchos es catalogada como una nueva dictadura alimentaria, ya que los que no cumplan tendrán multas e concluso penas de cárcel de 4 a 8 años, con el modelo de desarrollo actual los campesinos están destinados a comprar sus semillas cada vez que lo necesiten generando más dinero para estas Multinacionales, que lo único que buscan es mantener el poder económico en los distintos países subdesarrollados.

El aumento la desigualdad en los países subdesarrollados y donde sus ganancias son para los países potencia que cada día buscan nuevos nichos de mercado para sus productos y estrategias para introducir sus productos y aumento de sus riquezas, dejando a los países cada vez más dependientes de sus productos y perdiendo la auto sostenibilidad que deberían tener todos los países,

Muchos países están en contra de los transgénicos ya que consideran que estos organismos modificados con genes de otras especies, muchos consideran que están sobrepasando las barreras de la naturaleza y haciendo cruces entre especies para mejorar los cultivos, además de ser tolerantes a el glifosato y las plagas que son comercializados en su mayoría por la Multinacional Monsanto, actualmente se usan en más o menos 80% de los cultivos del mundo, se ha demostrado que estos no tienen ni un solo beneficio, ni ambiental, ni económico para los países donde se venden, ni tampoco se ha podido demostrar beneficios para la salud de las personas que lo consumen.

Actualmente el Colombia la Ley es para el más fuerte, dejando como en este caso a los campesinos sin más opciones que dejar el campo y migrar a las grandes ciudades para trabajar en empresas extranjeras donde se pagan mano de obra barata, pero que se hace necesaria para la subsistencia, ya que las ganancias de trabajar la tierra ya no serán para el campesino si no para estas empresas que intenta privatizar todos los oficios de la humanidad, a cambio del dinero y el poder, como si el beneficiarse hoy,  ayudara a que mi comunidad progrese y nos brinde un futuro a todos, bajo reglas que se respeten y pensando en el beneficio de todos.

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La desigualdad en nuestro país es bastante marcada, las clases sociales desde las mas pobre hasta la mas rica con diferencias abismales de la distribución de los recursos de nuestras tierras d las cuales se aprovechan los pocos altamente favorecidos.
Gracias por sus aportes.

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Lo realmente triste de la situación de violencia que azota nuestro país, es que los que se matan son los pueblos contra los pueblos, mientras los lideres políticos disfrutan de sus riquezas sin darle importancia a los que se matan por ellos.

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El negocio con la pobreza - Documental Completo ESP.

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El negocio con la pobreza - Documental Completo ESP.

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El documental aborda de manera especifica las dinámicas y la repercusión de una cierta regulación del mercado alimentario, tramitado principalmente por algunas multinacionales, como por ejemplo Brasil y Kenia tendrían que mostrar que el Sistema tiene mecanismos tenebrosos y bien desarrollados, que permiten que las desigualdades entre los países y entre los niveles económicos de las poblaciones se queden supuestamente sin superar,
Los estados industrializados están saturados, las empresas de alimentación casi no registran crecimiento. Por eso las multinacionales ponen su atención en los nuevos mercados y venden sus productos a países emergentes y en desarrollo, obteniendo grandes beneficios. Tomando como Brasil y Kenia especificamente del documental, detalla como los consorcios se enriquecen a costa de la salud de las personas. El resultado es el sobrepeso y las enfermedades más comunes como la diabetes. En países emergentes y en desarrollo la comida industrializada hecha en Europa es, en muchos casos, un símbolo de estatus, por esta razón las multinacionales se aprovechan de esto para dirigir sus campañas publicitarias a los más pobres. Pues es llevarle a las personas productos poco saludables en masa y mostrarles al mismo tiempo, como benéficos y no es más que una contradicción absoluta, lo que lleva a un marketin falso a escondidas de los más pobres.

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El negocio con la pobreza - Documental Completo ESP.

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En los últimos tiempos no es una novedad decir que hoy en día las multinacionales dominan el mundo casi a su antojo, por el poder tan grande que ellas cargan a nivel mundial, sin ser precisamente ellas las que dan más riqueza a los diferentes países; sin embargo, todos sabemos lo que muchas de estas grandes empresas han hecho a lo largo de todo el mundo: estas multinacionales provocan miseria en los países subdesarrollados explotando sus recursos en beneficio tan solo de una pequeña élite, ellos mismos y sus aliados, pero no son satisfechos con esto, puesto que como también dice Piketty vivimos en un capitalismo financiero que se ha vuelto loco, año tras año su avaricia va creciendo de una forma insospechada hasta el punto de importarles casi nada sus propios clientes. El principal objetivo del neoliberal TTIP es precisamente hacer realidad un viejo sueño de las élites dominantes que básicamente vendría siendo: transferir poder político de las instituciones europeas de ámbito autonómico, estatal y continental, a las multinacionales, en otras palabras, conceder un poder prácticamente ilimitado e inmensamente gigantesco a las grandes corporaciones empresariales, eliminando las pocas trabas legales y burocráticas que aún existen a su libertad de explotar el trabajo asalariado y precarizar los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores. Es cierto que antes de la aprobación del TTIP los estados europeos se están limitando a responder si a las ambiciosas pretensiones de las multinacionales, pero es que después de la aprobación del TTIP ni siquiera serán tenidos en cuenta.

Lo que Estados Unidos presenta como apetecibles e inofensivos tratados de libre comercio en realidad son poderosos instrumentos de desregulación y flexibilización del mercado para garantizar libertad de movimientos y las más altas tasas de ganancia a las grandes corporaciones empresariales. La mayor parte de ellas de origen estadounidense, a costa de precarizar hasta el paroxismo los derechos y las condiciones de vida de las clases populares.

¿Lo conseguirán? Lo más probable es que si en un futuro ponemos el mismo empeño en defender la sanidad, la educación y las pensiones, que el que hemos puesto en la defensa de todas esas empresas que ya se han privatizado, en apenas unas décadas nos pasará como en EE.UU., que si no eres rico tus hijos lo van a tener muy complicado para estudiar y, en el tema de la salud, tendremos que imitar a los estadounidenses de clase media haciendo “turismo sanitario” a un determinado país para que los operen gratuitamente puesto que en el suyo propio entrar en un quirófano es sinónimo de tener miles y miles de dólares, algo que por lógica la mayoría no tiene.

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¿POR QUÉ PREOCUPARNOS POR LA DESIGUALDAD EN COLOMBIA?

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¿POR QUÉ PREOCUPARNOS POR LA DESIGUALDAD EN COLOMBIA?

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Los años 80 fueron de poco avance para el crecimiento económico en Colombia, la cual se consideró como una "década perdida", sin embargo Colombia no tuvo el peor desempeño en este tema a nivel América Latina, pero muchos Colombianos se quedaron con el sin sabor sobre la pobreza y la distribución del ingreso; como bien sabemos la búsqueda de la igualdad ha sido una de las principales metas para la ONU.
Las desigualdades no solamente han sido de carácter económico, pues también existen desigualdades étnicas, intrarregionales, y de tierras.
Pasemos a ver ahora la distribución del ingreso, de acuerdo con las cifras del banco mundial al último grupo de los mas ricos le toca el 55,7% de todo el ingreso a nivel nacional; mientras tanto el, el primer grupo de los mas pobres se reparten apenas el 3,9% del ingreso total, si organizáramos todo el ingreso mediante un gráfico observaríamos que la repartición de las tajadas es bastante inequitativa, como bien sabemos esta cifra no ha cambiado durante los  últimos años y es por esto que seguimos teniendo una de las peores distribuciones nivel mundial. ¿Debería preocuparnos la inequidad?. Si y una de las principales preocupaciones es el altruismo de quienes comen la tajada mas grande lo cual no es aceptable puesto que las cosas no mejoran a favor de los mas pobres.
Cada faceta de desigualdad entorpece enormemente la capacidad de alcanzar los objetivos de desarrollo para cualquier país es por ello que debemos tener en cuanto y estar al pendiente de cada aspecto a si sea el mas mínimo si queremos lograr que no siga sucediendo.
La desigualdad educativa es la base de la desigualdad social y económica puesto que esta supone que las personas no tengan las mismas oportunidades para acceder a una formación; todo esto nos conlleva a la desigualdad económica y es aquí donde ocurre la diferencia de la distribución de los ingresos que se explicaba anteriormente en donde los mas pobres tienen menos acceso a dichos ingresos.
Con todo lo anterior podemos concluir que es un tema que nos afecta a todos y a todas las clases y bien con todas las bases que obtenemos por medio de esta lectura podemos actuar para disminuirla, todo es relativo, porque así disminuiría también la violencia, el miedo a usar el espacio publico, bajaría los altísimos costos en seguridad y educación y se lograría hasta una gran mejoría en el sistema de salud; entonces así poder vivir en un país mas equitativo en donde los que estamos mas abajo tengamos mas esperanza de vida.

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¿Porque preocuparnos por la desigualdad en Colombia?

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Universidad de los Andes - Colombia - Sitio oficial

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Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

© - Derechos Reservados Universidad de los Andes

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¿Por qué preocuparnos por la desigualdad en Colombia?

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Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia. © - Derechos Reservados Universidad de los Andes

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informe especial: !Basta ya! no más asesinatos de líderes sociales.

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informe especial: !Basta ya! no más asesinatos de líderes sociales.

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Desde que se firmó el acuerdo de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc las muertes de los líderes sociales han venido aumentando desde el año 2016 en departamentos como Cauca, Putumayo y Nariño entre otros, donde han sido desaparecidos y asesinados un sin número de los líderes sociales, hasta el momento no hay una cifra exacta, pero se sabe que estos han venido aumentando sin que el gobierno intervenga o haga algo para frenar estos atentados, muchos de ellos son líderes ambientales, líderes sindicales, activistas y comunidad LGTBI.

Aunque también han dicho que estos mueren por otras causas ajenas a su actividad, se ha logrado evidenciar que las muertes apuntan más a labores que tienen que ver con su lucha y resistencia a sus ideales sociales, en un informe de la Fiscalía se demostró que las muertes de estos son ocasionadas por organizaciones criminales, donde se logra evidenciar que la mayoría son realizadas por bandas locales que están constituidas en su mayoría por un número no superior a 20 personas.

Todos los líderes sociales en Colombia buscan proteger los derechos humanos, defender el medio ambiente y la mejora de las condiciones de vida de su comunidad, siendo para otras partes una amenaza, ya que ponen en riesgo los intereses de personas que se han visto beneficiados de la explotación y expropiación de tierras, de las cuales han obtenido grandes fortunas y que esperan seguir obteniendo los mismos beneficios sin que nadie se oponga, aquí podemos visualizar las dos partes los que luchan por el bienestar de pocos y los que ven a estos como obstáculos para continuar sus trabajos delictivos, podemos observar cómo se visualiza el comportamiento de los seres humanos en distintas situaciones , ya sean sociales o con el ecosistema y como su comportamiento ayuda, o no a la sociedad, los modelos actuales de desarrollo se ven potenciados por temas como; la desigualdad en Latinoamérica, la alta contaminación ambiental, donde la búsqueda de ellos no es más que tener mejores condiciones de vida para su comunidad y pensando en que la unión hace la fuerza y donde han entendido que para surgir como país, se hace necesario dar y ayudar a las personas que más lo necesitan para llegar a tener un país más equitativo.

Estamos ante una situación de impunidad donde no se ve como prioridad la investigación y la sanción, para las personas que están vinculadas a estos homicidios y de sus actores intelectuales,  la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría deberían colaborar con la Fiscalía para que estos homicidios no queden impunes y se logre dar garantías a estas personas y la labor social que ejercen con la comunidad, ya que solo por medio de la ayuda social haremos un país más equitativo y humano, no se trata solo de ver la situación y juzgarla se trata de poner nuestro granito y ayudar para surgir todos como país.

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Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

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Una explosión, seguida de disparos, llevó a un grupo de líderes, que se encontraban reunidos en el quiosco de piso de cemento, guadua y tejas de barro, a tirarse al suelo y resguardarse detrás de los muros de ladrillo, mientras los escoltas repelían el ataque. Algunos de ellos habían imaginado muchas veces una reacción como esta; otros la habían ensayado con sus esquema de seguridad; y un par, simplemente, actuó de forma instintiva, tal y como lo habían tenido que hacer para salvar sus vidas.

Tres hombres armados habían llegado a la finca La Trinidad, a solo 15 minutos del casco urbano de Santander de Quilichao, para asesinar a los 16 líderes de las comunidades afrodescendientes que se encontraban allí reunidos. El atentado comenzó como una noticia más de las que aparecen cada dos días, en promedio, desde 2016, con asesinatos o amenazas contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pero sus características lo convirtieron en un hecho ampliamente repudiado.

Le sugerimos: Francia Márquez denuncia atentado en su contra y otros líderes en Cauca

Inicialmente, se llevó el foco de atención la lideresa Francia Márquez, ganadora el año pasado del Goldman Prize -una especie de Nobel del medioambiente- por su lucha para detener la minería ilegal de oro en su tierra ancestral. Pero después, cuando se supo que otros líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), como Carlos Rosero, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí o Sofía Garzón, también fueron objeto del ataque, la indignación y las alertas aumentaron. En ese paraje estaban las figuras más destacadas y visibles de las comunidades negras no solo del Pacífico, sino del país. Muchos son autoridades y personas admiradas en sus regiones, gracias al valeroso trabajo que han hecho durante décadas; han ganado el respeto de académicos, altos funcionarios del Gobierno, políticos, diplomáticos e incluso decenas de congresistas de Estados Unidos y Europa. Si la granada que cayó muy cerca del quiosco hubiera explotado, la masacre habría sido inevitable.

Rosero, Francia Márquez y demás líderes discutían los términos de una especie de memorial de agravios que las comunidades le iban a presentar al Gobierno dentro de los acuerdos firmados en la pasada minga indígena. "Queremos que haya una mesa definitiva para que cumplan los más de 300 acuerdos firmados e incumplidos con las diferentes comunidades desde 1986. Que protejan la vida y derechos de las poblaciones, resuelvan asuntos de tierras o minería ilegal, financien proyectos productivos, nuestro sistema de salud, educación y gobierno", dijo Víctor Moreno, presidente de la Aconc.

Un kilo de oro vale 130 millones de pesos en el mercado, en comparación con los 8 o 10 en que se cotiza la misma cantidad de cocaína.

Pocos imaginaban que el ataque no iba a parar ahí. Un día después del intento de asesinato, rechazado con vehemencia por el propio presidente Iván Duque, varios de estos líderes recibieron una nueva amenaza de las Águilas Negras: " Este es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes... les llegó la hora, negros" decía el mensaje de texto. La advertencia cumplió su cometido, los llenó de miedo y disolvió el segundo intento de reunión.

Lo ocurrido en el norte del Cauca ofrece un claro ejemplo de lo que pasa en otras zonas del país con el conflicto, las economías ilegales, el narcotráfico y la falta de presencia del Estado. Las amenazas y atentados contra los líderes sociales son el síntoma, la fiebre de un complejo fenómeno que amenaza la tranquilidad y seguridad no solo de las comunidades afrodescendientes, indígenas o campesinas, sino de gran parte de los colombianos.

Las intimidaciones y asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales comenzaron a crecer luego de que las Farc dejaron las armas. Desde entonces, el debate se centró en qué tan ciertas eran las cifras, en si detrás de esa nueva oleada de sangre había una sistematicidad que permitiera llevar el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) y en cómo salvaguardar la vida de cientos de personas. Muchos de estos y otros problemas aún siguen sin respuesta.

Foto: El defensor del Pueblo, Carlos Negret, el procurador general, Fernando Carrillo, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, lideran, desde sus diferentes perspectivas, la lucha contra los asesinos de los líderes sociales y contra la problemática que rodea el fenómeno.

Frente a las cifras, todavía no hay unanimidad. La Defensoría del Pueblo habla de 462 líderes asesinados desde 2016, pero la Fiscalía dice que son 276, la misma suma de la ONU. Por su parte, la ONG Indepaz cuenta 681, y Somos Defensores menciona 366. Lo cierto es que, de todos los casos, la Fiscalía sostiene que ha avanzado en 225 y ha capturado 244 personas. De los números, los de la Defensoría serían los más cercanos a la realidad, por el alcance y el contacto con las comunidades que la entidad tiene permanentemente en todo el territorio nacional.

En cambio, parece haber más consenso en las razones de las muertes e intimidaciones. En gran parte, según Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, responden a la lucha de los líderes contra los cultivos de coca, la minería ilegal o la destrucción del medioambiente, mientras protegen sus parcelas o territorios. La inmensa mayoría está en zonas de conflicto, donde las disidencias de las Farc, el ELN, bacrim, Águilas Negras, grupos neoparamilitares o bandas que protegen economías ilegales imponen su ley o mantienen enfrentamientos por controlar regiones o corredores estratégicos.
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Un importante número de homicidios ocurren en Cauca y parte del Valle, en el Pacífico nariñense y caucano, el Urabá y Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo y algunas zonas de Caquetá, Meta y Vichada (ver infografía). En estas regiones hoy se concentran los cultivos ilícitos, la producción de drogas, las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. Pero también otros negocios como el robo y el contrabando de combustibles, el tráfico de migrantes o el terrible exterminio de las selvas, bosques y sabanas naturales de la Orinoquia. Alrededor de 130 millones de pesos vale actualmente un kilo de oro en el mercado, en comparación con los 8 o 10 en que se cotiza la misma cantidad de cocaína. Todo ello a manos de negociantes y terratenientes que han encontrado en el vacío que dejaron las Farc una oportunidad para apropiarse de miles y miles de hectáreas.

Lo que pasa en el Cauca o Nariño es terrible, dice Negret. Los indígenas, afros o campesinos luchan contra los modelos de producción extractivistas, pero los obligan a cultivar la coca. A su vez, sus propiedades y territorios han sufrido la invasión de miles de campesinos, colonos y raspachines provenientes de la Orinoquia, donde las Fuerzas Armadas han logrado avanzar en la erradicación de cultivos y asumir el control territorial. Detrás están no solo los grupos armados nacionales, sino los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco-Nueva Generación, que tienen cada vez más presencia en el Pacífico colombiano.

Los actores

El debate sobre la sistematicidad tuvo un giro inesperado hace cinco meses. Después de un encuentro con el alto gobierno, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reconoció por primera vez dos patrones en los casos. "Uno activo y otro pasivo", dijo. El primero se refiere al tipo de estructuras responsables de los homicidios, y el segundo, al perfil de las personas que están matando.

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Las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el ELN y los Caparrapos aparecen a la cabeza de la lista de presuntos responsables. En los registros, sin embargo, abundan los autores desconocidos. Se trata en buena parte de sicarios a sueldo, lo que ha dificultado determinar los autores intelectuales y las motivaciones para hacerlo.

Foto: El presidente Duque lanzó, junto con el fiscal general y varios de sus ministros, un cuerpo de jueces especializados para acelerar la judicialización de los asesinos de líderes sociales. A la derecha, las autoridades capturaron en Caloto a uno de los participantes en el atentado, un menor de 17 años.

La sistematicidad también tiene que ver con las víctimas. Los miembros de las Juntas de Acción Comunal, a la fecha, han puesto la mitad. Un porcentaje preocupante si se tiene en cuenta que 7 millones de colombianos pertenecen a ese tipo de organizaciones. Si bien la mayoría de asesinatos y amenazas reportados conservan un estrecho vínculo con la aplicación del acuerdo de paz, los ataques están enfocados en destruir o debilitar los procesos asociativos locales. Quieren desactivar la participación y la organización social, y para conseguirlo atacan su expresión más pequeña. Para varios analistas consultados por SEMANA, al ya complejo escenario que están viviendo en muchos territorios se suma un ingrediente: las elecciones regionales de octubre.

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Es claro que en la mayoría de estas regiones ganó el Sí en el plebiscito, en segunda vuelta perdió Iván Duque y muchos de estos nuevos líderes y organizaciones quieren llegar al poder. Tal y como denunció el analista Ariel Ávila, las elecciones han multiplicado las acciones contra los líderes, algo que podría volver a pasar. Y en la arena política, las amenazas y balas pueden venir de cualquier lado, como ha demostrado la historia reciente del país.

Con la salida de las Farc, los líderes compraron la propuesta de que podían participar. Pero no fue así. Hablar y hacer política les está costando la vida. Además, la falta de coordinación del aparato institucional también los asfixia. Aunque hace mucho rato la dimensión del fenómeno sobrepasó la disputa por el número de víctimas, este es el punto de partida para diseñar una estrategia que los proteja.

Basta revisar el Plan Nacional de Desarrollo para entender lo que está pasando. La primera versión conocida del proyecto tenía como base las 462 víctimas de las que habla la Defensoría del Pueblo. En la última, aparecen las 272 que mencionan las Naciones Unidas. Si el Estado cuenta con una entidad que se encarga de velar por proteger, defender y promover los derechos humanos, ¿por qué no creerle? Las diferencias con la Defensoría vienen de vieja data. El Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos echó mano de la cifra más pequeña durante años.

Del papel al terreno

Para tratar de contener la oleada de asesinatos posteriores al acuerdo, en 2017 el Gobierno expidió casi una decena de decretos. Entre ellos, el 2252, que estableció que las Alcaldías y Gobernaciones deberían actuar como las "primeras respondientes" de detectar a tiempo las amenazas. También el 660, que creó medidas de protección colectivas para las comunidades en riesgo. Por su parte, el 2078 perfiló la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades. El 898 creó la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales. Y el 2124 fortaleció el Sistema de Alertas Tempranas.

En lo que va corrido de 2019 se han reportado al menos 12 panfletos amenazantes, que se suman a los 55 que circularon el año pasado.

Pese a esta artillería de medidas, la realidad en las regiones es otra. ¿Qué está fallando? Lamentablemente, buena parte de las iniciativas tramitadas después de la firma del acuerdo de paz nacieron muertas. El Gobierno las concibió sin garantías de financiación, y con la llegada del nuevo Gobierno más de una terminó enterrada. La actual administración ha optado, al parecer, por una estrategia con sello propio. Aunque en un principio se dijo que las políticas públicas al respecto permanecerían vigentes, no ha sido así. La Comisión Nacional de Garantías solo se ha reunido una vez en lo que va del actual periodo, reemplazada por el Plan de Acción Oportuna (PAO).

Los efectos de esto van más allá. Ocho días antes del atentado en Santander de Quilichao, la Defensoría del Pueblo le había hecho llegar a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, una alerta urgente sobre "la situación de riesgo identificada para las organizaciones comunitarias del Cauca". En lo que va corrido de 2019 se han reportado al menos 12 panfletos amenazantes, que se suman a los 55 que circularon el año pasado. La alerta, sin embargo, no tuvo eco. A la entidad no llegó respuesta, y los líderes tampoco sintieron apoyo alguno en terreno.

Organizaciones como Somos Defensores aseguran que el PAO desconoce el trabajo que se venía adelantando y la importancia de garantizar la paz en los territorios para erradicar la violencia en contra de los defensores, y que también excluye a la sociedad civil. "Prefieren generar estrategias que, con la excusa de la seguridad, crean las condiciones para la militarización de las diferentes regiones en las que sufren agresiones los líderes sociales, bajo la vieja e inservible fórmula de combatir la guerra con más guerra, medida con la que sigue priorizando la protección física e ignora la importancia de la creación de garantías", detalló Somos Defensores en su más reciente informe, titulado 'La naranja mecánica'.

¿Hay solución?

En el encuentro llevado a cabo en agosto pasado en Apartadó, liderado por el procurador general, Fernando Carrillo, este consiguió que el alto gobierno firmara un pacto por la vida. Este ha sido clave, pero no suficiente para evitar más muertes. ¿La razón? Allí acordaron fortalecer la Unidad Nacional de Protección que hoy recibe 20 por ciento más de recursos que el año pasado. Es decir, el presupuesto quedó en 688.747 millones de pesos, cifra que por sí sola no alcanza para evitar más muertes.

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Porque robustecer y mejorar la ingeniería de la UNP, en parte, es clave para garantizar la seguridad de más de 4.377 líderes sociales. Francia Márquez es una de ellas. Su equipo de seguridad resultó determinante para evitar una tragedia en Santander de Quilichao, que habría desmoralizado al país, y también para determinar con rapidez lo que está pasando.

Los escoltas lograron rechazar con éxito el ataque, lo que permitió que, una semana después, las autoridades capturaran a un menor de 17 años como uno de los presuntos atacantes. Según relataron a la Fiscalía, no repelieron con más contundencia el ataque porque se dieron cuenta que se trataba de tres niños. Pero no solo ese detalle ayudó. También contaron que alcanzaron a impactar a uno en el brazo izquierdo, lo que facilitó su captura después de que se presentó fugazmente en un hospital.

Hacer justicia es otro factor clave para desmantelar las organizaciones responsables de estos ataques. Precisamente, esta semana el presidente Duque anunció un cuerpo de jueces para la "rápida judicialización y condena ejemplarizante de los asesinos de nuestros líderes sociales".

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Parece clave hacerle una reingeniería a la UNP, lo que requiere hacer un diagnóstico de cómo están repartidos los escoltas en el país e identificar a quienes los tienen, aunque no los necesitan, a fin de proteger a quienes están más expuestos en los territorios. Es necesario ir más allá. Como le dijo el procurador Fernando Carrillo a SEMANA, "Debemos pasar de esquemas individuales, reactivos y urbanos a esquemas de protección colectivos, preventivos, rurales y con enfoque diferencial".

Aunque se ha repetido hasta el cansancio, nada funcionará sin la presencia integral del Estado. A la acción de la fuerza pública hay que sumarle soluciones sociales, de salud, educación, proyectos productivos, inversión en vías e infraestructura para sacar del abandono y el atraso a miles y miles de colombianos.

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Informe especial: ¡Basta ya! No más asesinatos de líderes sociales

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Una explosión, seguida de disparos, llevó a un grupo de líderes, que se encontraban reunidos en el quiosco de piso de cemento, guadua y tejas de barro, a tirarse al suelo y resguardarse detrás de los muros de ladrillo, mientras los escoltas repelían el ataque.

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Informe especial: ¡Basta ya! No más asesinatos de líderes sociales

Sábado 04 de mayo de 2019 atentado dirigido a la líder social Francia Márquez  y otros dirigentes en Santander de Quilichao, norte del Cauca.
Tiene directa relación con los temas trabajados, uno de ellos el de promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad de nuestro país. Según la Defensoría del Pueblo, este ataque es la materialización de amenazas que desde días pasados se han venido presentando por parte de grupos paramilitares hacia voceros de la minga y que lo único que han hecho es luchar por los derechos del pueblo.  Es por esta razón que  un aporte directo aunque fallido fue acuerdo de paz, desafortunadamente no fue un adiós definitivo a los 52 años de guerra que dejaron 215.000 muertos y 7 millones de víctimas entre ellos muchos lideres sociales. El resultado sorpresivo, los votantes colombianos rechazaron el acuerdo alcanzado por el gobierno del Ex presidente Santos con la guerrilla de las  (FARC), sumiendo en la incertidumbre el proceso de paz,  el 50,2% decidió votar en contra del acuerdo de paz y el 49.7% que se votó por el ‘sí’. La abstención, de más del 60% de votantes aptos han sido determinantes en el resultado de la votación y la campaña de Uribe porque no se dieran de manera positiva. Estoy en total acuerdo con  la periodista y profesora Ana Cristina Restrepo indicando lo siguiente "Es una victoria del miedo. No fuimos capaces de dar el paso. Volvimos al mismo punto de 1982, cuando se empezó a negociar con las FARC". es un retroceso, no avanzamos y continuamos con la violencia de años atrás porque la llegada del gobierno de Iván Duque, desde 2018 aumentó el número de asesinatos de líderes sindicales y sociales, defensores de derechos humanos así como de excombatientes de las FARC, en este sentido, y según datos de la Escuela Nacional Sindical de Colombia, un total de 702 personas de los sectores sindical, social y de derechos humanos fueron asesinados en el año pasado. Se ha convertido el asesinato de líderes sociales en el tema de indignación en el país, porque las personas exigen saber qué está pasando con estas muertes y entender el panorama.debido a que, cada vez son más los análisis que salen mostrando las dinámicas de estos asesinatos: cuántos son, dónde ocurrieron y contra qué tipo de líderes, pero en realidad qué estamos haciendo por solucionar y parar de raíz esta problemática? en primer lugar, primero debemos reconocer el trabajo de las organizaciones que día a día monitorean pero qué en realidad debemos aportar para acabar definitivamente con esta crisis, considero que el tener más apoyo en cuanto a la seguridad y acompañamiento a los lideres por parte del gobierno y las autoridades que mitiguen los riesgos. Escuchar sus peticiones para cada población, finalmente son ellos los que luchan por que Colombia no quede en el olvido, hacer valer nuestros deberes y derechos encaminados a un mejor país.

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Actividad 4 - Pizarra colaborativa

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Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

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Una explosión, seguida de disparos, llevó a un grupo de líderes, que se encontraban reunidos en el quiosco de piso de cemento, guadua y tejas de barro, a tirarse al suelo y resguardarse detrás de los muros de ladrillo, mientras los escoltas repelían el ataque. Algunos de ellos habían imaginado muchas veces una reacción como esta; otros la habían ensayado con sus esquema de seguridad; y un par, simplemente, actuó de forma instintiva, tal y como lo habían tenido que hacer para salvar sus vidas.

Tres hombres armados habían llegado a la finca La Trinidad, a solo 15 minutos del casco urbano de Santander de Quilichao, para asesinar a los 16 líderes de las comunidades afrodescendientes que se encontraban allí reunidos. El atentado comenzó como una noticia más de las que aparecen cada dos días, en promedio, desde 2016, con asesinatos o amenazas contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pero sus características lo convirtieron en un hecho ampliamente repudiado.

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Inicialmente, se llevó el foco de atención la lideresa Francia Márquez, ganadora el año pasado del Goldman Prize -una especie de Nobel del medioambiente- por su lucha para detener la minería ilegal de oro en su tierra ancestral. Pero después, cuando se supo que otros líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), como Carlos Rosero, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí o Sofía Garzón, también fueron objeto del ataque, la indignación y las alertas aumentaron. En ese paraje estaban las figuras más destacadas y visibles de las comunidades negras no solo del Pacífico, sino del país. Muchos son autoridades y personas admiradas en sus regiones, gracias al valeroso trabajo que han hecho durante décadas; han ganado el respeto de académicos, altos funcionarios del Gobierno, políticos, diplomáticos e incluso decenas de congresistas de Estados Unidos y Europa. Si la granada que cayó muy cerca del quiosco hubiera explotado, la masacre habría sido inevitable.

Rosero, Francia Márquez y demás líderes discutían los términos de una especie de memorial de agravios que las comunidades le iban a presentar al Gobierno dentro de los acuerdos firmados en la pasada minga indígena. "Queremos que haya una mesa definitiva para que cumplan los más de 300 acuerdos firmados e incumplidos con las diferentes comunidades desde 1986. Que protejan la vida y derechos de las poblaciones, resuelvan asuntos de tierras o minería ilegal, financien proyectos productivos, nuestro sistema de salud, educación y gobierno", dijo Víctor Moreno, presidente de la Aconc.

Un kilo de oro vale 130 millones de pesos en el mercado, en comparación con los 8 o 10 en que se cotiza la misma cantidad de cocaína.

Pocos imaginaban que el ataque no iba a parar ahí. Un día después del intento de asesinato, rechazado con vehemencia por el propio presidente Iván Duque, varios de estos líderes recibieron una nueva amenaza de las Águilas Negras: " Este es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes... les llegó la hora, negros" decía el mensaje de texto. La advertencia cumplió su cometido, los llenó de miedo y disolvió el segundo intento de reunión.

Lo ocurrido en el norte del Cauca ofrece un claro ejemplo de lo que pasa en otras zonas del país con el conflicto, las economías ilegales, el narcotráfico y la falta de presencia del Estado. Las amenazas y atentados contra los líderes sociales son el síntoma, la fiebre de un complejo fenómeno que amenaza la tranquilidad y seguridad no solo de las comunidades afrodescendientes, indígenas o campesinas, sino de gran parte de los colombianos.

Las intimidaciones y asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales comenzaron a crecer luego de que las Farc dejaron las armas. Desde entonces, el debate se centró en qué tan ciertas eran las cifras, en si detrás de esa nueva oleada de sangre había una sistematicidad que permitiera llevar el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) y en cómo salvaguardar la vida de cientos de personas. Muchos de estos y otros problemas aún siguen sin respuesta.

Foto: El defensor del Pueblo, Carlos Negret, el procurador general, Fernando Carrillo, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, lideran, desde sus diferentes perspectivas, la lucha contra los asesinos de los líderes sociales y contra la problemática que rodea el fenómeno.

Frente a las cifras, todavía no hay unanimidad. La Defensoría del Pueblo habla de 462 líderes asesinados desde 2016, pero la Fiscalía dice que son 276, la misma suma de la ONU. Por su parte, la ONG Indepaz cuenta 681, y Somos Defensores menciona 366. Lo cierto es que, de todos los casos, la Fiscalía sostiene que ha avanzado en 225 y ha capturado 244 personas. De los números, los de la Defensoría serían los más cercanos a la realidad, por el alcance y el contacto con las comunidades que la entidad tiene permanentemente en todo el territorio nacional.

En cambio, parece haber más consenso en las razones de las muertes e intimidaciones. En gran parte, según Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, responden a la lucha de los líderes contra los cultivos de coca, la minería ilegal o la destrucción del medioambiente, mientras protegen sus parcelas o territorios. La inmensa mayoría está en zonas de conflicto, donde las disidencias de las Farc, el ELN, bacrim, Águilas Negras, grupos neoparamilitares o bandas que protegen economías ilegales imponen su ley o mantienen enfrentamientos por controlar regiones o corredores estratégicos.
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Un importante número de homicidios ocurren en Cauca y parte del Valle, en el Pacífico nariñense y caucano, el Urabá y Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo y algunas zonas de Caquetá, Meta y Vichada (ver infografía). En estas regiones hoy se concentran los cultivos ilícitos, la producción de drogas, las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. Pero también otros negocios como el robo y el contrabando de combustibles, el tráfico de migrantes o el terrible exterminio de las selvas, bosques y sabanas naturales de la Orinoquia. Alrededor de 130 millones de pesos vale actualmente un kilo de oro en el mercado, en comparación con los 8 o 10 en que se cotiza la misma cantidad de cocaína. Todo ello a manos de negociantes y terratenientes que han encontrado en el vacío que dejaron las Farc una oportunidad para apropiarse de miles y miles de hectáreas.

Lo que pasa en el Cauca o Nariño es terrible, dice Negret. Los indígenas, afros o campesinos luchan contra los modelos de producción extractivistas, pero los obligan a cultivar la coca. A su vez, sus propiedades y territorios han sufrido la invasión de miles de campesinos, colonos y raspachines provenientes de la Orinoquia, donde las Fuerzas Armadas han logrado avanzar en la erradicación de cultivos y asumir el control territorial. Detrás están no solo los grupos armados nacionales, sino los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco-Nueva Generación, que tienen cada vez más presencia en el Pacífico colombiano.

Los actores

El debate sobre la sistematicidad tuvo un giro inesperado hace cinco meses. Después de un encuentro con el alto gobierno, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reconoció por primera vez dos patrones en los casos. "Uno activo y otro pasivo", dijo. El primero se refiere al tipo de estructuras responsables de los homicidios, y el segundo, al perfil de las personas que están matando.

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Las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el ELN y los Caparrapos aparecen a la cabeza de la lista de presuntos responsables. En los registros, sin embargo, abundan los autores desconocidos. Se trata en buena parte de sicarios a sueldo, lo que ha dificultado determinar los autores intelectuales y las motivaciones para hacerlo.

Foto: El presidente Duque lanzó, junto con el fiscal general y varios de sus ministros, un cuerpo de jueces especializados para acelerar la judicialización de los asesinos de líderes sociales. A la derecha, las autoridades capturaron en Caloto a uno de los participantes en el atentado, un menor de 17 años.

La sistematicidad también tiene que ver con las víctimas. Los miembros de las Juntas de Acción Comunal, a la fecha, han puesto la mitad. Un porcentaje preocupante si se tiene en cuenta que 7 millones de colombianos pertenecen a ese tipo de organizaciones. Si bien la mayoría de asesinatos y amenazas reportados conservan un estrecho vínculo con la aplicación del acuerdo de paz, los ataques están enfocados en destruir o debilitar los procesos asociativos locales. Quieren desactivar la participación y la organización social, y para conseguirlo atacan su expresión más pequeña. Para varios analistas consultados por SEMANA, al ya complejo escenario que están viviendo en muchos territorios se suma un ingrediente: las elecciones regionales de octubre.

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Es claro que en la mayoría de estas regiones ganó el Sí en el plebiscito, en segunda vuelta perdió Iván Duque y muchos de estos nuevos líderes y organizaciones quieren llegar al poder. Tal y como denunció el analista Ariel Ávila, las elecciones han multiplicado las acciones contra los líderes, algo que podría volver a pasar. Y en la arena política, las amenazas y balas pueden venir de cualquier lado, como ha demostrado la historia reciente del país.

Con la salida de las Farc, los líderes compraron la propuesta de que podían participar. Pero no fue así. Hablar y hacer política les está costando la vida. Además, la falta de coordinación del aparato institucional también los asfixia. Aunque hace mucho rato la dimensión del fenómeno sobrepasó la disputa por el número de víctimas, este es el punto de partida para diseñar una estrategia que los proteja.

Basta revisar el Plan Nacional de Desarrollo para entender lo que está pasando. La primera versión conocida del proyecto tenía como base las 462 víctimas de las que habla la Defensoría del Pueblo. En la última, aparecen las 272 que mencionan las Naciones Unidas. Si el Estado cuenta con una entidad que se encarga de velar por proteger, defender y promover los derechos humanos, ¿por qué no creerle? Las diferencias con la Defensoría vienen de vieja data. El Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos echó mano de la cifra más pequeña durante años.

Del papel al terreno

Para tratar de contener la oleada de asesinatos posteriores al acuerdo, en 2017 el Gobierno expidió casi una decena de decretos. Entre ellos, el 2252, que estableció que las Alcaldías y Gobernaciones deberían actuar como las "primeras respondientes" de detectar a tiempo las amenazas. También el 660, que creó medidas de protección colectivas para las comunidades en riesgo. Por su parte, el 2078 perfiló la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades. El 898 creó la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales. Y el 2124 fortaleció el Sistema de Alertas Tempranas.

En lo que va corrido de 2019 se han reportado al menos 12 panfletos amenazantes, que se suman a los 55 que circularon el año pasado.

Pese a esta artillería de medidas, la realidad en las regiones es otra. ¿Qué está fallando? Lamentablemente, buena parte de las iniciativas tramitadas después de la firma del acuerdo de paz nacieron muertas. El Gobierno las concibió sin garantías de financiación, y con la llegada del nuevo Gobierno más de una terminó enterrada. La actual administración ha optado, al parecer, por una estrategia con sello propio. Aunque en un principio se dijo que las políticas públicas al respecto permanecerían vigentes, no ha sido así. La Comisión Nacional de Garantías solo se ha reunido una vez en lo que va del actual periodo, reemplazada por el Plan de Acción Oportuna (PAO).

Los efectos de esto van más allá. Ocho días antes del atentado en Santander de Quilichao, la Defensoría del Pueblo le había hecho llegar a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, una alerta urgente sobre "la situación de riesgo identificada para las organizaciones comunitarias del Cauca". En lo que va corrido de 2019 se han reportado al menos 12 panfletos amenazantes, que se suman a los 55 que circularon el año pasado. La alerta, sin embargo, no tuvo eco. A la entidad no llegó respuesta, y los líderes tampoco sintieron apoyo alguno en terreno.

Organizaciones como Somos Defensores aseguran que el PAO desconoce el trabajo que se venía adelantando y la importancia de garantizar la paz en los territorios para erradicar la violencia en contra de los defensores, y que también excluye a la sociedad civil. "Prefieren generar estrategias que, con la excusa de la seguridad, crean las condiciones para la militarización de las diferentes regiones en las que sufren agresiones los líderes sociales, bajo la vieja e inservible fórmula de combatir la guerra con más guerra, medida con la que sigue priorizando la protección física e ignora la importancia de la creación de garantías", detalló Somos Defensores en su más reciente informe, titulado 'La naranja mecánica'.

¿Hay solución?

En el encuentro llevado a cabo en agosto pasado en Apartadó, liderado por el procurador general, Fernando Carrillo, este consiguió que el alto gobierno firmara un pacto por la vida. Este ha sido clave, pero no suficiente para evitar más muertes. ¿La razón? Allí acordaron fortalecer la Unidad Nacional de Protección que hoy recibe 20 por ciento más de recursos que el año pasado. Es decir, el presupuesto quedó en 688.747 millones de pesos, cifra que por sí sola no alcanza para evitar más muertes.

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Porque robustecer y mejorar la ingeniería de la UNP, en parte, es clave para garantizar la seguridad de más de 4.377 líderes sociales. Francia Márquez es una de ellas. Su equipo de seguridad resultó determinante para evitar una tragedia en Santander de Quilichao, que habría desmoralizado al país, y también para determinar con rapidez lo que está pasando.

Los escoltas lograron rechazar con éxito el ataque, lo que permitió que, una semana después, las autoridades capturaran a un menor de 17 años como uno de los presuntos atacantes. Según relataron a la Fiscalía, no repelieron con más contundencia el ataque porque se dieron cuenta que se trataba de tres niños. Pero no solo ese detalle ayudó. También contaron que alcanzaron a impactar a uno en el brazo izquierdo, lo que facilitó su captura después de que se presentó fugazmente en un hospital.

Hacer justicia es otro factor clave para desmantelar las organizaciones responsables de estos ataques. Precisamente, esta semana el presidente Duque anunció un cuerpo de jueces para la "rápida judicialización y condena ejemplarizante de los asesinos de nuestros líderes sociales".

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Parece clave hacerle una reingeniería a la UNP, lo que requiere hacer un diagnóstico de cómo están repartidos los escoltas en el país e identificar a quienes los tienen, aunque no los necesitan, a fin de proteger a quienes están más expuestos en los territorios. Es necesario ir más allá. Como le dijo el procurador Fernando Carrillo a SEMANA, "Debemos pasar de esquemas individuales, reactivos y urbanos a esquemas de protección colectivos, preventivos, rurales y con enfoque diferencial".

Aunque se ha repetido hasta el cansancio, nada funcionará sin la presencia integral del Estado. A la acción de la fuerza pública hay que sumarle soluciones sociales, de salud, educación, proyectos productivos, inversión en vías e infraestructura para sacar del abandono y el atraso a miles y miles de colombianos.

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Informe especial: ¡Basta ya! No más asesinatos de líderes sociales

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Una explosión, seguida de disparos, llevó a un grupo de líderes, que se encontraban reunidos en el quiosco de piso de cemento, guadua y tejas de barro, a tirarse al suelo y resguardarse detrás de los muros de ladrillo, mientras los escoltas repelían el ataque.

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TTIP - La dictadura de las multinacionales (documental)