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Antes del concurso existe una situación en la que, ante un deudor en crisis, los acreedores actúan libremente para tratar de recuperar su crédito en problemas.

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Así, cada acreedor activa las herramientas jurídicas pertinentes encaminadas a lograr compulsar al deudor al pago.

si el acreedor tiene relación sustantiva con el flujo económico de la empresa en crisis, esta última le dará un tratamiento diferenciado y prioritario frente a los otros acreedores.

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El artículo 2001 del Código Civil peruano establece que la prescripción para la acción de nulidad es de 10 años, mientras que para las acciones de anulabilidad y revocatoria establece un plazo de 2 años.

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Los acreedores profesionales y privilegiados generalmente tienen la mayoría de las acreencias, , y por lo tanto van a tener la posibilidad de adoptar las decisiones que más les convengan a sus intereses, mientras que los acreedores menores y laborales tendrán que esperar a lo que se decida en la junta, sin tener mucha injerencia en dichas decisiones.

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La ineficacia es un proceso negativo, pero absolutamente humano.

Es parte relevante del proceso de vida del individuo.

En la constatación de su naturaleza limitada el ser se va descubriendo a sí mismo.

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La sanción de los actos fraudulentos se regulan a través de las normas concursales y las normas penales pertinentes.
Asimismo, las normas concursales regulan los actos fraudulentos antes y durante el concurso.

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La Ley 27809 establece puniciones de los actos fraudulentos en dos niveles.
1. La sanción de la ineficacia concursal.
2. La imposición de sanciones administrativas a los actores fraudulentos.

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La ley 27809 en su articulo 19 regula dos tramos de ineficacia.
El primer tramo, art. 19.1, establece algunas características de los actos que pueden ser declarados ineficaces y en consecuencia inoponibles a los acreedores del concurso.

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Entre esos actos tenemos a los que no se refieran al desarrollo normal de la actividad de empresa deudora, los que causen perjuicio al patrimonio de la empresa deudora, entre otros.

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Supone la existencia de un acto celebrado adecuadamente pero que, por un vicio externo y posterior a su estructura, deja de producir los efectos jurídicos inter partes para los que estaba previsto; el mismo efecto jurídico a saber: inhabilitar a la manifestación o manifestaciones de voluntad de las consecuencias queridas por las partes al emitirlas.

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En la acción de ineficacia, el acto declarado ineficaz es un acto válido (por cumplir con los requisitos pertinentes del acto jurídico), pero inoponible en sus efectos sólo al acreedor que ha invocado la existencia de fraude en su contra, a diferencia relevante entre ambas acciones es la regulación de su prescripción.

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Son estos actos los que pueden afectar las endebles relaciones entre los acreedores y el deudor concursado.

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Así, la regulación adecuada de los actos ineficaces se debe encaminar a la búsqueda de una situación que promueva un accionar justo para todas las partes intervinientes en el concurso.

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El Estado no puede pretender aplicar conceptos de libre mercado para tratar estos hechos que tergiversan el adecuado accionar de las instituciones sociales.

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El Estado está obligado a intervenir, a clarificar y a sancionar -de ser el caso- a los empresarios y a los terceros que adoptan estas decisiones claramente injustas para los acreedores indefensos y ya mermados en sus posiciones sociales sustantivas. el rol del Estado es meramente conciliador.
El segundo tramo, art. 19.3, establece actos que también pueden ser declarados ineficaces y oponibles a los acreedores.

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La acción de ineficacia entendida de esta forma es una herramienta para buscar la justicia inter partes, dejando sin efecto jurídico aquellos actos que se hayan efectuado buscando despatrimonializar fraudulentamente al deudor en problemas.

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El segundo tramo, art. 19.3, establece actos que también pueden ser declarados ineficaces y oponibles a los acreedores.

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Se ha regulado la ineficacia funcional como simple ineficacia del acto jurídico.

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Contenidas en la Ley 27809  los  art. 125.2 y 125.3  regulan las sanciones que pueden ser interpuestas al deudor, a las personas que actúan en su nombre (administrador o liquidador ) e inclusive  al acreedor que efectúe  o ayude a efectuar las siguientes conductas.

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Las sanciones son pecuniarias y consisten en multas que van desde 1 a 100 UIT.

Estos actos doloso forman parte  delitos concursales regulados  en el art. 209 C.P  dentro de los delitos que atentan contra el sistema crediticio, aquí se establecen los tipos penales y las penas por la comisión de los mismos.

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-Ocultamiento de bienes.

-Simulación ,adquisición o realización de deudas, enajenaciones, gastos o perdidas

-Realización de actos de disposición patrimonial o generadores o generadores de obligaciones que no se refieran al desarrollo normal de su actividad.

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Se presenta por un vicio producido al momento mismo de la celebración o formación del acto.
Son consideradas ineficacias estructurales la nulidad y la anulabilidad del acto jurídico.