# data[].attributes.headline
Caso del periodista peruano Pedro Salina

# data[].attributes.subject
Caso del periodista peruano Pedro Salina

# data[].attributes.body
El periodista Salinas investigó el caso de los abusos físicos, psicológicos y sexuales por parte del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).
Salinas fue condenado un año de prisión suspendida y a pagar 80 000 soles de reparación civil a favor del Arzobispo de Piura y Tumbes José Antonio Eguren; puesto que Salinas publicó un post en su blog mulero, refiriéndose a Eguren como "El Juan Barros peruano"

"He sostenido que Eguren, como miembro de la Generación Fundacional colaboró con Figari para que el Sodalicio crezca y se desarrolle como una institución en la que rigiese una cultura de abuso de poder. Eso es lo que yo he dicho y lo subrayo, lo reafirmo, no me arrepiento para nada porque es verdad", dijo a LaMula.pe.

Por lo que fue denunciado por difamación agravada, puesto que el periodista señaló que el arzobispo como uno de los fundadores debería de tener conocimientos de los abusos.

De esta manera podemos ver que se quiebra la libertad de expresión en contra del periodista Salinas, puesto que según la declaración de Chapultepec, ningún periodista debe de ser sancionado por difundir la verdad o formular criticas en contra del poder público; además que toda persona tiene el derecho de expresar opiniones y divulgarlas libremente.

Fuentes:
https://redaccion.lamula.pe/2019/04/08/pedro-salinas-denuncia-sodalicio-libertad-de-expresion-difamacion-poder-judicial-piura/jorgepaucar/
https://www.efe.com/efe/america/entrevistas/periodistas-denuncian-un-ataque-a-la-libertad-de-expresion-en-peru-por-una-condena/50000489-3950551
https://idl.org.pe/caso-salinas-es-violacion-a-la-libertad-de-expresion-con-nuestro-peru/

# data[].attributes.headline
Limitación en Redes sociales para aplicaciones del móvil: Ejemplo de WhatsApp en España que repercuto en otros países

# data[].attributes.subject
Limitación en Redes sociales para aplicaciones del móvil: Ejemplo de WhatsApp en España que repercuto en otros países

# data[].attributes.body
Hace unos días, el gobierno y la policía española decidieron que se limite el número de mensajes reenviados cuando estos excedan de los 5 reenvíos a otros usuarios. Este hecho se debe a las diferentes difusiones con respecto a las "fake news" vinculadas a la pandemia del COVID-19, las cuales han incrementado durante estos últimos meses, además muchos de este tipo desinformación por parte de diferentes usuarios se han vuelto virales. De igual manera, esta medida se llegó a implementar en otros países para que se evite la difusión de estas "noticias" que son creadas por diferentes tipo de usuarios con el fin de engañar a muchas personas. Este hecho sucedido, puede hacer hincapié con uno de los principios de la libertad de expresión que vendría a ser la censura previa, porque en este caso la ley española ha prohibido que no hayan más difusiones con respecto a este tipo de información falsa.

Fuente:
RTVE (2020). No, Whatsapp no ha reducido solo en España el número de grupos a los que se puede enviar un mensaje. (Recuperado el 12 de abril del 2020). ( https://www.rtve.es/noticias/20200410/whatsapp-reenvio-censura-bulos-coronavirus/2011834.shtml).

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Circula por redes sociales un mensaje en el que se afirma que el nuevo límite de enviar mensajes de WhatsApp a un solo chat solo se ha establecido para España y se acusa a Newtral y a su propietaria, la periodista Ana Pastor, de censurar y tutelar Facebook y WhatsApp en España. El mensaje incluye un enlace a un artículo de El Mundo. Verifica RTVE ha comprobado que se trata de un bulo.

El límite actualmente se encuentra en cinco reenvios simultáneos, como puede comprobarse en la propia aplicación. La opción de un solo reenvío, que ya publicó RTVE el pasado martes 7 de abril, se encuentra en fase de testeo, por lo que no está operativa para los usuarios.

Solo para mensajes altamente virales

El artículo de El Mundo incluido en el mensaje no hace referencia a ninguna limitación que afecte exclusivamente a España. Y el comunicado oficial de WhatsApp, que puede ser consultado en su blog en numerosos idiomas, muestra que es una iniciativa a nivel general en la empresa dentro de su política de confidencialidad y privacidad en WhatsApp. Tal y como explica la compañía, esta medida se aplica a los mensajes "altamente reenviados" que ya desde el año pasado son detectados por la aplicación e identificados con un icono de doble fecha para indicar así que no tienen su origen en el entorno del usuario. Es decir, esta nueva limitación no se aplica a todos los mensajes, solo a los muy virales.

Hasta 2018, los usuarios de WhatsApp podían reenviar un mensaje hasta a 250 grupos a la vez. Ese año se redujo a 20 grupos y posteriormente a cinco, ya en 2019. Esta decisión llevó a una disminución del 25% en el reenvío de mensajes a nivel mundial en ese momento, según especifica la compañía. Esta nueva decisión la toma WhatsApp en medio de la pandemia del COVID-19: " Hemos visto un aumento significativo en la cantidad de reenvíos que los usuarios consideran que puede ser abrumador y puede contribuir a propagar desinformación".

Una medida internacional

La noticia de esta iniciativa de la empresa de mensajería instantánea ha sido publicada en medios como The Guardian o BBC, en Reino Unido; Le Figaro, en Francia; Corriere Della Sera, en Italia o CNN, en Estados Unidos. También la agencia internacional de noticias Reuters se ha hecho eco de esta novedad de WhatsApp.

Como ya hemos indicado, en el mensaje que se está difundiendo se acusa a Newtral, la startup de contenido audiovisual fundada en enero de 2018 por la periodista Ana Pastor, de tutelar y censurar a WhatsApp y Facebook en España. En realidad, Newtral forma del la Fact-checking Network (IFCN) del Instituto Poynter, una red internacional de verificadores de todo el mundo, de la que también forman parte en España Maldita.es o EFE VERIFICA, así como las agencias de noticias AFP o Reuters o el periódico The Washington Post.

El pasado 18 de marzo se anunció la donación por parte de WhatsApp de un millón de dólares a la Red Internacional de Verificación de Contenidos. Tanto Newtral, como Maldita.es o la Agencia France Press forman parte del programa de verificación por parte de terceros de Facebook, empresa propietaria de WhatsApp, para luchar contra la desinformación. Por tanto, lo que se afirma en el mensaje es falso.

No, la Guardia Civil no está recomendando que desinstales Zoom

La Guardia Civil ha advertido que se está distribuyendo un mensaje que se atribuye falsamente a este Cuerpo de Seguridad del Estado, en el que supuestamente recomienda una serie de medidas ante el fallo de seguridad de la aplicación. Estas supuestas medidas están todas relacionadas con evitar el uso de la aplicación. Desde Verifica RTVE ya advertimos de los mensajes que estaban aflorando a causa de las fallas de seguridad que había tenido la aplicación de videollamadas, como sospechas de robo de dinero.

Sin embargo, la propia Guardica Civil ha desmentido esa información, por lo que no desaconseja el uso de Zoom.

"No, no hemos sido nosotros. Este mensaje que corre por grupos de #WhatsApp es un #bulo que aprovecha un tweet de @guardiacivil y la actualización de seguridad de #Zoom para usuarios de Windows para generar alarma social. #StopBulos #NiCaso pic.twitter.com/QrZ4PXGGl7 "
- GDT Guardia Civil (@GDTGuardiaCivil) April 10, 2020

Cuidado con los sorteos de huevos de pascua de Ferrero, son un fraude

La compañía Ferrero Rocher ha lanzado un comunicado advirtiendo de que se está compartiendo por redes de mensajería un falso sorteo de huevos de pascua de su producción entre quienes se quedan en casa. En el mensaje se adjunta un enlace en el que hay que aportar una serie de datos, supuestamente para entrar en el sorteo, pero es una trampa.

Se trata de un caso de phishing en el que lo que intentan es hacerse con nuestros datos, por lo que desde Verifica RTVE te recomendamos que no accedas al enlace, y mucho menos aportes ningún tipo de dato personal.

No, tu banco nunca te pedirá tus contraseñas

La Policía Nacional ha advertido de una nueva campaña de phishing bancario, esta ver intentando suplantar al Banco Santander. A través de un correo electrónico se nos comunica que lamentablemente cierto servicio del banco está desactivado y que debemos rápidamente entrar en el enlace aportado y rellenar nuestros datos.

Se trata por tanto de otro intento de robo mediante este tipo de técnicas, que tanto están aflorando durante los días de confinamiento.

"��Otro nuevo intento de #phishing bancario detectado.

Desconfía si te solicitan datos personales por email o sms y �� a tu entidad bancaria.#NoPiques pic.twitter.com/g0MSgrvzUk "
- Policía Nacional (@policia) April 10, 2020

No, el consumo de vino no previene contra el Covid19

Circula por las redes un vídeo, creado por las bodegas mexicanas Don Leo, en el que s e afirma injustificadamente que el consumo de vino puede prevenir el contagio del coronavirus, sosteniendo su argumentación en un comunicado de la Federación Española de Enología (FEAE).

El video que comienza con la frase "Por fin una buena noticia" y afirma que, "tras debatir con representantes de la comunidad médica y otra asociaciones internacionales de enólogos", la supervivencia del COVID-19 en el vino parece imposible "porque la combinación concomitante de la presencia de alcohol, un ambiente hipotónico y la presencia de polifenoles, impide la vida y multiplicación del propio virus " y "puede contribuir a una mayor higiene de la cavidad bucal y la faringe, esta última donde anidan los virus durante las infecciones".

La propia Federación ha tenido que matizar en un comunicado posterior afirmando "en ningún caso, en el comunicado inicial se ha afirmado ni aseverado que haya una relación directa entre el consumo moderado de vino y la prevención de contagio por coronavirus". Además la FEAE afirma que ha sido la "Unión Internacional de Enólogos, quienes decidieron trabajar con las instituciones sanitarias", por lo que no se citan fuentes directas.

Verifica RTVE ha consultado a Juan José Badiola, director del Centro de Investigación de Enfermedades Espongiformes, que afirma que "el vino tiene polifenoles, es cierto, son sustancias que interfieren los radicales libres. Ahora bien, que eso destruya este virus... El alcohol se usa como desinfectante a partir de 70º, cuando los vinos normales tienen entorno a los 13º, lo que no inactiva el virus. No es cierto. No es cierto, que el vino higienice la garganta como para evitar un virus. El alcohol no es saludable para el cuerpo. No es correcto, no hay que denostar el vino pero consumo excesivo produce enfermedades como cánceres o cirrosis", afirma Badiola.

Por lo tanto, la afirmación de que el vino previene del contagio del Covid19 es rotúndamente falsa.

Sí, el mensaje que circula de la venta de hortalizas es cierto, pero solo para una zona de Granada

La viralidad de whatsapp también puede pervertir buenas intenciones. Es el caso de lo ocurrido con un texto que invita a comprar habas y espárragos, ya que "la producción de espárragos le ha pillado su recogida en plena cuarentena por el coronavirus y está hundiendo en la miseria a los agricultores".

Verifica RTVE ha comprobado que es un mensaje cierto, pero que estaba destinados a los vecinos de una zona muy concreta de la provincia de Granada. Su éxito ha sido tal, que los agricultores han vendido su producción pero siguen recibiendo llamadas y mensajes de todos los puntos de España.

"Ese mensaje comenzó por un amigo que me preguntó si podría hacerles una oferta específica para sus vecinos. Le dije que sí, que si me iban a pedir muchos al ser el mismo barrio sí. Eso fue hace unos diez días. Me llaman de País Vasco, Madrid, Barcelona. Todo el mundo me da su dirección para que les lleve una caja de espárragos a su domicilio. Me llaman a la una de la mañana, me llegan unos 600 mensajes diarios, a las 2, a las 3 incluso a las 6 de la mañana y cuando les digo que solo reparto a mi pueblo de Granada hay gente que se enfada. Nos dicen: "entonces no estaréis tan faltos". Por eso pienso que muchos no es por solidaridad, sino por pescar en río revuelto, por rapiñar. Por aprovecharse de que los espárragos están baratos para exigir yo mi caja y exigir al agricultor que me lleve mi caja a mi casa". Estas son las declaraciones de uno de los tres agricultores implicados, Juan López, de 35 años, que está sufriendo las consecuencias de un mensaje fuero de contexto.

Por tanto, el mensaje es cierto, pero está destinado a una zona muy concreta y para una campaña ya terminada, por lo que recomendamos que en caso de recibir ese mensaje compartas esta verificación con quién te lo mandó.

# data[].attributes.attachment_link.title
No se han limitado los reenvíos en Whatsapp solo en España

# data[].attributes.attachment_link.description
Circula por redes sociales un mensaje en el que se afirma que el nuevo límite de enviar mensajes de WhatsApp a un solo chat solo se ha establecido para España y se acusa a Newtral y a su propietaria, la periodista Ana Pastor, de censurar y tutelar Facebook y WhatsApp en España.

# data[].attributes.body
En septiembre del 2019, la red social Twitter bloqueo las principales cuentas de medios de Cuba. La compañía   no ofreció razones para esta "censura masiva". Sin embargo, este hecho sucedió una semana después de que el gobierno estadounidense endureciera sus sanciones económicas hacia Cuba. Además, en mayo del mismo año, Twitter ya había realizado los mismo actos, esta vez con instituciones de dependencias venezolanas y medios de comunicación cercanos al régimen de Nicolás Maduro. Estos hechos después del intento fallido de golpe de estado por el opositor Juan Guaidó.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El poderío creciente de los gigantes tecnológicos que controlan internet se ha traducido en una serie de denuncias sobre censura de contenidos a nivel global. Mientras tanto, algunos críticos, incluyendo Naciones Unidas, advierten que la privatización del ciberespacio representa un peligro para la libertad en el mundo.

Un fenómeno que ha provocado un cúmulo de denuncias y señalamientos contra compañías como Google, Facebook o Twitter, empresas que han decidido imponer de manera unilateral mayores restricciones al contenido que se publica en internet.

¿Pero de qué tamaño es el poder y el alcance de estas empresas que controlan la conversación pública en redes sociodigitales?

La censura en Twitter

El pasado 12 de septiembre, Twitter bloqueó las cuentas de los principales medios de Cuba, en un hecho calificado por la Unión de Periodistas de ese país (UPEC) como un "acto de censura masiva". La decisión de la compañía, que no ofreció las razones, se produjo una semana después de que el Gobierno de EE.UU. endureciera sus sanciones económicas contra la isla.

Sin embargo no es el primer caso de este tipo que se produce en los últimos meses. En mayo pasado, la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) denunció que Twitter había cancelado las cuentas institucionales de varias dependencias de Venezuela y medios de comunicación afines al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, "violentando una vez más la libertad de expresión y defendiendo sus propios intereses". El bloqueo se produjo un día después del fallido intento de golpe de Estado protagonizado por el diputado opositor Juan Guaidó.

Por esas mismas fechas, el analista mexicano Alfredo Jalife-Rahme fue expulsado de Twitter, tras criticar a personajes de la derecha de ese país, lo que desató una polémica en México sobre la censura en internet. Además, en agosto, varios usuarios afines al presidente Andrés Manuel López Obrador reportaron suspensión y bloqueo de cuentas tras hacer comentarios sobre el expresidente Felipe Calderón.

Entre las políticas de la empresa se establece la prohibición a la "glorificación de la violencia" o "cláusulas de integridad electoral" que prohíbe la injerencia en votaciones, a pesar de las ambigüedades inherentes a dichas reglas.

El ejército censor de Facebook

La mayor red social del planeta cuenta con personal dedicado a censurar comentarios en Facebook, a pesar de que los criterios también pueden resultar muy arbitrarios a la hora de, por ejemplo, vetar pezones de mujeres o temas vinculados con ideologías políticas.

Los términos para la eliminación de contenido en Facebook también han sido cuestionados, luego de que la empresa contratase a una organización financiada por el magnate George Soros para supervisar el borrado de contenido en su plataforma. La decisión provocó que algunos sectores acusaran al 'establishment' estadounidense de haber construido una herramienta para la censura y la lucha contra la disidencia en las redes sociales.

En 2017, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, indicó que reforzaría el equipo que revisa las publicaciones hasta alcanzar casi las 8.000 personas alrededor del mundo. Este grupo es el encargado de borrar contenido que pudiera resultar ofensivo en temas como la violencia, el terrorismo, la pornografía y el racismo.

Los controles de contenido en Facebook se reforzaron luego del escándalo de Cambridge Analytica, empresa que generó noticias falsas para manipular elecciones, mediante la personalización de contenido basada en la filtración de datos personales de 87 millones de usuarios en el mundo.

El control de internet

De los 7.676 millones de personas que existen en el mundo, 3.484 millones son usuarios activos de redes sociodigitales en internet, lo que implica un 45 % de la población global, según el informe Digital In 2019, elaborado por We Are Social en colaboración con Hootsuite.

El documento sostiene que Facebook sigue siendo la red sociodigital más grande del planeta, con 2.271 millones de usuarios en 2019. Esto significa que la red social de Zuckerberg tiene influencia en un tercio de la población mundial.

Por su parte, Google concentra el 90 % de todas las búsquedas en internet de 2010 a 2019, según datos de Statista. Se calcula que la marca realiza alrededor de 3.500 millones de búsquedas por minuto. Además, Google maneja también otras plataformas como YouTube, la segunda red sociodigital más grande del planeta.

La plataforma de videos ha estado envuelta en la polémica por censurar contenido con la justificación de luchar contra las noticias falsas, tal como ocurrió recientemente durante las protestas en Hong Kong.

En 2017, Eric Schmidt, presidente ejecutivo de la empresa matriz de Google, Alphabet, aseguró que uno de los proyectos de la compañía a su cargo tenía como objetivo reemplazar el "mal discurso" con un "buen discurso". También señaló que la compañía estaba desarrollando algoritmos para que los contenidos de medios rusos sean más difíciles de encontrar. "Estamos trabajando para detectar y eliminar el ranking de ese tipo de sitios, básicamente RT y Sputnik", dijo.

En un documento interno de Google, filtrado a un medio estadounidense, el gigante admite que las empresas tecnológicas "controlan la mayoría de las conversaciones en línea" y han hecho un "cambio hacia la censura" de contenidos.

Google y Facebook dominaban en 2017 más del 70 % de todo el tráfico de internet,de acuerdo con una investigación del programador e informático André Staltz.

Estas empresas, además, controlaban el 61,4 % de todo el gasto en publicidad de internet, según datos de la consultora WARC, para lo que utilizan sistemas de espionaje y recolección de datos.

Sin embargo, las empresas tecnológicas de China también disputan parte de la hegemonía global. Pero mientras el grupo conocido como BAT (compuesto por las empresas chinas Baidu, Alibaba y Tencent) opera en función de los intereses del Gobierno chino, el denominado grupo GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon) lo hace en función de intereses privados que ya han sido puestos en la mira del Gobierno estadounidense.

Monopolio y censura

En junio pasado, el Congreso de EE.UU. inició una investigación en torno a la acumulación de poder y acciones monopólicas en las empresas tecnológicas, señaladas de asfixiar, clonar o confrontar rivales, además de otorgar ventajas indebidas a sus propios productos en sus plataformas.

En un hecho inédito, más de 50 fiscales y gobernadores de EE.UU. iniciaron una investigación contra Google y Facebook por prácticas que violarían la ley antimonopolio.

Asimismo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, prepara ya una orden ejecutiva para "protegera los estadounidenses de la censura en línea", luego de que tanto políticos republicanos como demócratas hayan denunciado problemas en sus redes sociodigitales. Por ello, la Casa Blanca lanzó una herramienta para reportar casos de censura en estas compañías.

La privatización de la red, un peligro latente

Ante el crecimiento de los gigantes tecnológicos, algunas voces críticas consideran que empresas como Google y Facebook han reunido demasiado poder.

La economista Shoshana Zuboff considera que los gigantes tecnológicos han creado un capitalismo de vigilancia que "evoca un poder profundamente antidemocrático" que implica el "derrocamiento de la soberanía del pueblo".

"La ley simplemente no se ha adaptado al hecho de que una corporación tecnológica ahora puede poner a poblaciones enteras en servidumbre al bien corporativo, en lugar de al bien individual o público", señaló el excontratista de la CIA, Edward Snowden, en junio pasado.

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ya advirtió en 2014, a través de un estudio titulado 'Tendencias mundiales de la libertad de expresión y el desarrollo de los medios', que la " privatización de la censura" representa un riesgo para la libre circulación de información en el mundo debido a "un control creciente de contenidos en la red cibernética por parte de intermediarios como los motores de búsqueda y las redes sociales".

Un proceso de privatización del internet que definirá buena parte del debate en torno a los límites entre lo público y lo privado durante la primera mitad del siglo XXI.
Manuel Hernández Borbolla Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!

# data[].attributes.attachment_link.title
Censura y control de internet: ¿qué poder y alcance tienen Facebook, Google y Twitter?

# data[].attributes.attachment_link.description
El poderío creciente de los gigantes tecnológicos que controlan internet se ha traducido en una serie de denuncias sobre censura de contenidos a nivel global. Mientras tanto, algunos críticos, incluyendo Naciones Unidas, advierten que la privatización del ciberespacio representa un peligro para la libertad en el mundo.

# data[].attributes.body
En el 2017 se acuso a una estudiante española de historia de cometer un delito de humillación a las víctimas del grupo terrorista ETA, al publicar en su cuenta de Twitter una broma sobre Carrero Blanco ( ex presidente español). De esta manera,  el Tribunal Supremo de España la condenó a un año de cárcel por ser la autora de un delito de odio y de enaltecimiento del terrorismo.

Fuente: http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-ecija-2-0/la-libertad-de-expresion-y-las-redes-sociales-enemigos-intimos

# data[].attributes.headline
Principio y derecho humano, que apoya la libertad del individuo de expresar ideas u opiniones sin miedo de represalias o censura

# data[].attributes.subject
Principio y derecho humano, que apoya la libertad del individuo de expresar ideas u opiniones sin miedo de represalias o censura

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
It looks like JavaScript is either disabled or turned off. Please enable JavaScript to correctly view this web site.

Parece que JavaScript está desactivado o apagado. Por favor, activar JavaScript para ver este sitio de web.

Afigura-se o JavaScript está desativado ou desligado. Por favor ative o JavaScript para visualizar este site.

Il semble que JavaScript est dásactivé. S'il vous plaît, activer JavaScript pour visualiser ce site.

Libertad de Expresión

Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios

1. En respuesta al mandato encomendado con la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, durante el año 2000 la Relatoría trabajó en la elaboración de un proyecto de Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.

2. La idea de desarrollar una Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión nació en reconocimiento a la necesidad de otorgar un marco jurídico que regule la efectiva protección de la libertad de expresión en el hemisferio, incorporando las principales doctrinas reconocidas en diversos instrumentos internacionales.

3. Luego de un amplio debate con diversas organizaciones de la sociedad civil y en respaldo a la Relatoría para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión durante su 108° período ordinario de sesiones en octubre del año 2000. Dicha declaración, constituye un documento fundamental para la interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su aprobación no sólo es un reconocimiento a la importancia de la protección de la libertad de expresión en las Américas sino que además incorpora al sistema interamericano los estándares internacionales para una defensa más efectiva del ejercicio de este derecho.

4. La CIDH adoptó este documento con plena conciencia de que la consolidación y desarrollo de la democracia dependen de la libertad de expresión y convencida de que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático.

5. A fines de julio, el Relator Especial fue invitado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a participar de una conferencia titulada Declaración Interamericana de Libertad de Expresión que se realizó en Miami. Durante la misma, el Relator Especial participó en un panel sobre la Declaración de Chapultepec y presentó el proyecto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión para consulta ante las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Carter Center, Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), Americas Watch, Asociación Periodistas, World Press Freedom Committee y Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y juristas especialistas en libertad de expresión. La Declaración tuvo una importante repercusión internacional en los medios de comunicación y una muy buena acogida en organizaciones internacionales, muchas de las cuales manifestaron su apoyo al documento elaborado por la Relatoría.

6. Debido a la trascendencia de estos principios en el desarrollo del respeto a la libertad de expresión, se presenta a continuación una interpretación sobre los principios enunciados en la Declaración.

Principio 1

La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

7. El respeto y protección de la libertad de expresión adquiere una función primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen todos los elementos para el fortalecimiento democrático y el respeto a los derechos humanos. El derecho y respeto de la libertad de expresión se erige como instrumento que permite el intercambio libre de ideas y funciona como ente fortalecedor de los procesos democráticos, a la vez que da otorga a la ciudadanía una herramienta básica de participación. Asimismo, a través de los comunicadores sociales, la ciudadanía adquiere el poder de participar y/o controlar el desempeño de las acciones de los funcionarios públicos. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

[L]a libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma. [15]

8. Asimismo, es importante destacar que la declaración hace referencia a la libertad de expresión "en todas sus formas y manifestaciones." La libertad de expresión no es un derecho limitado a los comunicadores sociales o a aquellas personas que ejercen este derecho a través de los medios de comunicación. El derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o cualquier otra índole.

Principio 2

Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

9. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados miembros deben eliminar las medidas que discriminen a los individuos de una participación plena en la vida política, económica, pública y social de su país. La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de las personas a la no-discriminación como pilares básicos en el fortalecimiento y funcionamiento de los sistemas democráticos del hemisferio. [16] La Carta de la OEA en sus artículos 33 y 44 establece:

La igualdad de oportunidades, la distribución equitativa de la riqueza y el ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral[...y fomenta] la incorporación y creciente participación de los sectores marginales de la población, tanto del campo como la ciudad, en la vida económica, social, cívica, cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena integración de la comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la consolidación del sistema democrático.

10. La falta de participación equitativa impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación, decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones. En este sentido, la Corte Interamericana expresó que:

Dentro de una sociedad democrática [es necesario que] se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto [...]Tal como está concebido en la Convención Americana, [es necesario] que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información. [17]

11. El Relator Especial considera que es precisamente a través de una participación activa y pacífica de toda la sociedad en las instituciones democráticas del Estado en donde el ejercicio de la libertad de expresión se manifiesta plenamente permitiendo mejorar la condición de sectores marginados.

Principio 3

Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.

12. Este principio se refiere a la acción de habeas data. La acción de habeas data se erige sobre la base de tres premisas: 1) el derecho de cada persona a no ser perturbado en su privacidad, 2) el derecho de toda persona a acceder a información sobre sí misma en bases de datos públicos y privados para modificar, anular o rectificar información sobre su persona por tratarse de datos sensibles [18] , falsos, tendenciosos o discriminatorios [19] y 3) el derecho de las personas a utilizar la acción de habeas data como mecanismo de fiscalización. [20] Este derecho de acceso y control de datos personales constituye un derecho fundamental en muchos ámbitos de la vida, pues la falta de mecanismos judiciales que permitan la rectificación, actualización o anulación de datos afectaría directamente el derecho a la privacidad, el honor, a la identidad personal, a la propiedad y la fiscalización sobre la recopilación de datos obtenidos. [21]

13. Esta acción adquiere una importancia aún mayor con el avance de nuevas tecnologías. Con la expansión en el uso de la computación e Internet, tanto el Estado como el sector privado tienen a su disposición en forma rápida una gran cantidad de información sobre las personas. Por lo tanto, es necesario garantizar la existencia de canales concretos de acceso rápido a la información para modificar información incorrecta o desactualizada contenida en las bases de datos electrónicas. Asimismo la acción de habeas data impone ciertas obligaciones a las entidades que procesan información: el usar los datos para los objetivos específicos y explícitos establecidos; y garantizar la seguridad de los datos contra el acceso accidental, no autorizado o la manipulación. En los casos en que entes del Estado o del sector privado hubieran obtenido datos en forma irregular y/o ilegalmente, el peticionario debe tener acceso a dicha información, inclusive cuando ésta sea de carácter clasificada.

14. En cuanto al carácter fiscalizador de la acción de habeas data, es importante destacar que en algunos países del hemisferio, dicha acción constituye un importante mecanismo de control de la actividad de las agencias de seguridad e inteligencia del Estado. El acceso a los datos personales permite verificar la legalidad utilizada por parte de estas agencias del Estado en la recopilación de datos de las personas. El acceso a dicha información, por otra parte, habilita al peticionario a conocer la identidad de los involucrados en la recopilación ilegal de datos, habilitando la sanción legal para sus responsables. [22]

15. Para que la acción de habeas data sea llevada a cabo con eficiencia, se deben eliminar las trabas administrativas que obstaculizan la obtención de la información y deben implementarse sistemas de solicitud de información de fácil acceso, simples y de bajo costo para el solicitante. De lo contrario, se consagraría formalmente una acción que en la práctica no contribuye a facilitar el acceso a la información.

16. Asimismo, es necesario que para el ejercicio de dicha acción, no se requiera revelar las causas por las cuales se requiere la información. La mera existencia de datos personales en registros públicos o privados es razón suficiente para el ejercicio de este derecho. [23]

Principio 4

El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.

17. El acceso a la información en poder del Estado es uno de los pilares fundacionales de las democracias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que "es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre." [24] Este principio establece que el acceso a la información en poder del Estado se constituye como un derecho fundamental de los individuos y que los mismos están obligados a garantizarlo. En relación con el objeto particular de este derecho, se entiende que las personas tienen derecho de requerir documentación e información registrada en archivos públicos o procesada por el Estado, es decir información considerada de una fuente pública o documentación oficial del Estado.

18. Este derecho cobra aún mayor importancia por encontrarse íntimamente relacionado al principio de transparencia de la administración y la publicidad de los actos de gobierno. El Estado, en este sentido, se constituye como un medio para alcanzar el bien común. Dentro de este contexto, el titular de la información es el individuo que delegó en los representantes el manejo de los asuntos públicos.

El principio de transparencia lo que demanda es una posición servicial de la Administración, aportando aquella documentación que hubiera sido previa, correcta y claramente solicitada, en la medida en que no se encuentre temporalmente excluida del ejercicio del derecho. [25]

19. Sin esta información, no puede ejercitarse plenamente el derecho a la libertad de expresión como un mecanismo efectivo de participación ciudadana ni de control democrático de la gestión gubernamental. Este control se hace aún más necesario por cuanto uno de los graves obstáculos para el fortalecimiento de las democracias son los hechos de corrupción que involucran a funcionarios públicos. La ausencia de control efectivo "implica una actividad reñida con la esencia del Estado democrático y deja la puerta abierta para transgresiones y abusos inaceptables". [26] Garantizar el acceso a la información en poder del Estado contribuye a aumentar la transparencia de los actos de gobierno y la consecuente disminución de la corrupción en la gestión estatal.

20. Este principio a su vez establece el parámetro al que el Estado debe ajustarse para la negación de información en su poder. Debido a la necesidad de promover una mayor transparencia de los actos de gobierno como base para el fortalecimiento de las instituciones democráticas de los países del hemisferio, las limitaciones a los archivos en poder del Estado deben ser excepcionales. Estas deben estar claramente establecidas en la ley y aplicable sólo en el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. Se considera por lo tanto que cada acto restrictivo de acceso a la información debe ser resuelto sobre la base de cada caso peticionado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que las restricciones a la libertad de expresión e información deben "juzgarse haciendo referencia a las necesidades legítimas de las sociedades y las instituciones democráticas" dado que la libertad de expresión e información es esencial para toda forma de gobierno democrático. [27] Por lo tanto, dentro de este contexto, el Estado debe asegurar que cuando existe un caso de emergencia nacional, la negación a la información en poder del Estado será impuesta sólo por el período estrictamente necesario por las exigencias de las circunstancias y modificado una vez concluida la situación de emergencia. [28] El Relator Especial recomienda que se asegure la revisión de la información considerada de carácter clasificada, a cargo de una instancia judicial independiente capaz de balancear el interés de proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos con la seguridad nacional.

Principio 5

La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

21. La censura previa supone el control y veto de la información antes de que ésta sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya expresión ha sido censurada, como a la totalidad de la sociedad, a ejercer su derecho a la libertad de expresión e información. El artículo 13 de la Convención Americana explícitamente prohibe la censura previa. [29] El deber de no interferir con el goce del derecho de acceso a información se extiende a la libre circulación de información e ideas y la exhibición de obras artísticas que puedan o no contar con la aprobación de las autoridades estatales. [30]

22. La imposición de restricciones a la libertad de expresión sólo admite responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley donde los fines que se persiguen sean legítimos, y los fundamentos para establecer la responsabilidad sean necesarios para asegurar el fin que se procura. [31]

23. Las responsabilidades ulteriores se encuentran reguladas por el artículo 13 de la Convención y solo proceden de manera restringida cuando fuere necesario para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de otros. "La restricción de la posibilidad de establecer responsabilidades ulteriores se dispone como garantía de la libertad de expresión evitando que ciertas personas, grupos, ideas o medios de expresión queden a priori excluidos del debate público." [32] La legitimidad no constituye un concepto vacío que los Estados pueden determinar libre o arbitrariamente, sino que configuran lo que la doctrina jurídica conoce como conceptos jurídicos indeterminados. Estos consisten en conceptos cuyo contenido debe ser predecible, utilizando las reglas de la razonabilidad y la sana lógica, y cuya interpretación en definitiva sólo permite una solución justa. [33]

24. El derecho a la libertad de expresión y pensamiento está indisolublemente vinculado a la existencia misma de una sociedad democrática; la discusión plena y libre evita que se paralice la sociedad y la prepara para enfrentar las tensiones y fricciones dentro de la misma. [34] Una sociedad libre, hoy y mañana, es aquella que pueda mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí misma. [35] Dentro de este contexto, la Corte Interamericana ha manifestado que el abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de una responsabilidad posterior para quien lo haya cometido. En este caso, la aplicación de responsabilidades ulteriores deben ser llevadas a cabo a través de sanciones civiles posteriores y no a través de la censura previa a la expresión no publicada. [36]

25. Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la libertad de expresión engloba dos aspectos: el derecho de expresar pensamientos e ideas y el derecho de recibirlas. Por lo tanto, cuando este derecho es restringido a través de una interferencia arbitraria, afecta no sólo el derecho individual de expresar información e ideas, sino también el derecho de la comunidad en general de recibir todo tipo de información y opiniones. [37] Asimismo, la Corte Interamericana ha sostenido:

La censura previa produce "una suspención radical de la libertad de expresión al impedirse la libre circulación de información, ideas, opiniones, o noticias. Esto constituye una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática. [38]

26. Haciendo mención a una decisión de la Corte Europea, la Corte Interamericana ha declarado que la protección a la libertad de expresión debe extenderse no sólo a la información o las ideas favorables, sino también a aquellas que "ofenden, resultan chocantes o perturban", porque "tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no existe una sociedad democrática." [39]

27. Asimismo, este principio establece que es inadmisible la imposición de presiones económicas o políticas por parte de sectores de poder económico y/o del Estado con el objetivo de influenciar o limitar tanto la expresión de las personas como de los medios de comunicación. La Comisión Interamericana ha expresado al respecto que el uso de poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, ya que al acallar ideas y opiniones impopulares o críticas se restringe el debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas. La limitación en el libre flujo de ideas que no incitan a la violencia anárquica es incompatible con la libertad de expresión y con los principios básicos que sostienen las formas pluralistas y democrática de las sociedades actuales. [40]

Principio 6

Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

28. Este principio establece que toda persona tiene el derecho pleno de ejercer su libertad de expresión sin la exigencia de títulos o asociaciones que legitimen dicho derecho. Como se ha expresado anteriormente, la Corte Interamericana ha manifestado que el ejercicio de la libertad de expresión requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, por lo que éste representa un derecho de cada individuo, pero también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Cuando la Convención Americana proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir información e ideas a través de cualquier medio está señalando que la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. [41]

29. La Corte Interamericana consideró esta problemática en su opinión consultiva sobre colegiación de periodistas:

El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscriptos en un determinado colegio profesional, como podría suceder en otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano. [42]

30. Asimismo, la Corte identifica que el periodismo no podría existir sin la existencia de un pleno ejercicio de la libertad de expresión, creando así una relación simbiótica entre ambos.

El periodista profesional no es otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Por tanto, la colegiación obligatoria conduce a limitar en forma permanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser humano el artículo 13 de la Convención Americana y el principio aquí analizado, lo cual infringe principios primarios del orden público democrático sobre el que la misma se fundamenta. [43]

Finalmente, la Corte Interamericana ha señalado:

Los argumentos acerca de que la colegiación es la manera de garantizar a la sociedad una información objetiva y veraz a través de un régimen de ética y responsabilidad profesionales han sido fundados en el bien común. Pero en realidad como ha sido demostrado, el bien común reclama la máxima posibilidad de información y es el pleno ejercicio del derecho a la expresión lo que la favorece. Resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para garantizarla, porque es desconocer el carácter radical y primario de ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente considerado, aunque atributo, igualmente, de la sociedad en su conjunto. Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad. [44]

Principio 7

Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.

31. Una interpretación correcta de las normas internacionales, especialmente del artículo 13 de la Convención Americana, nos lleva a concluir que el derecho a la información abarca toda la información, inclusive aquella que denominamos "errónea," "no oportuna" o "incompleta". Por tanto, cualquier calificativo previo que se le imponga a la información limitaría la cantidad de información protegida por el derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, el derecho a la información veraz no protegería la información que, por oposición a veraz, denominaremos errónea. Por lo tanto, toda aquella información que pueda ser considerada errónea, no oportuna o incompleta no estaría protegida por este derecho.

32. Al exigir la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en la información se parte de la premisa que existe una verdad única e incuestionable. En este aspecto, es importante hacer una distinción entre aquellos temas que responden a hechos concretos y de posible comprobación fáctica, de los que corresponden a juicios de valor. En este último caso, es imposible hablar sobre veracidad o no de la información. La exigencia de veracidad puede implicar la censura casi automática de toda aquella información que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado principalmente en ideas y opiniones de carácter netamente subjetivo. Inclusive en aquellos casos en que la información se refiera a hechos concretos de probable comprobación fáctica, también es imposible exigir la veracidad de la misma, ya que es indudable que sobre un mismo hecho concreto puede existir un gran número de interpretaciones marcadamente distintas.

33. Por otro lado, asumiendo inclusive que sea posible determinar la verdad sobre todas las cosas, es indudable que precisamente el debate y el intercambio de ideas es el método indicado para la búsqueda de la misma y el fortalecimiento de sistemas democráticos basados en la pluralidad de ideas, opinión e información. Si de antemano se impone la necesidad de informar únicamente la verdad, precisamente se niega la posibilidad de efectuar el debate necesario para conseguirla. La posibilidad de sanciones por informar sobre un tema que, con posterioridad y gracias al debate libre, se podría determinar como incorrecto, conduce a la posible autocensura de los informantes para evitar sanciones, y al consecuente perjuicio de todos los ciudadanos que no podrán beneficiarse del intercambio de ideas. La doctrina de la información veraz representa un retroceso para la libertad de expresión e información en el hemisferio ya que el libre flujo de información se vería limitado a la calificación previa de la misma entre "veraz" o "errónea", lo que va en contraposición con la concepción amplia otorgada a este derecho dentro del Sistema Interamericano.

34. La Corte Interamericana sostuvo al respecto que las dos dimensiones de la libertad de expresión -individual y colectiva- deben ser garantizadas simultáneamente. El condicionamiento a la información que puede recibir la sociedad a través de los medios de comunicación impide el flujo de información oportuna, disminuyendo la capacidad de la sociedad de participación informada. No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. [45]

35. Indudablemente, el derecho a la libertad de expresión protege también a aquella información que hemos denominado "errónea". En todo caso, de acuerdo a las normas internacionales y la jurisprudencia más avanzada, únicamente la información que demuestre ser producida con "real malicia" podría ser sancionada. [46] Pero inclusive en este caso esa sanción debe ser producto de una actuación ulterior, y en ningún caso se puede buscar condicionarla con anterioridad.

Principio 8

Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

36. Este principio establece el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información como así también el producto de sus investigaciones a entidades privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales. Se considera que el secreto profesional es el derecho del comunicador social de no revelar información y documentación que ha recibido en confianza o como parte de su labor de investigación. Vale destacar que dicho derecho no se constituye como deber, ya que el comunicador social no está obligado a guardar el secreto de sus fuentes de información, sino por razones de profesionalismo y de ética profesional. [47]

37. Una de las bases primarias del derecho a la reserva se constituye sobre la base de que el periodista, en su labor de brindar información a las personas y satisfacer el derecho de las mismas a recibir información, rinde un servicio público importante al reunir y difundir información que de otra forma, sin guardar el secreto de las fuentes, no podría conocerse. Asimismo, el secreto profesional consiste en "guardar discreción sobre la identidad de la fuente para asegurar el derecho a la información; se trata de dar garantías jurídicas que aseguren su anonimato y evitar las posibles represalias que pueda derivar después de haber revelado una información." [48] "Los periodistas y las demás personas que obtienen información de fuentes confidenciales con miras a difundirla en pro del interés público tienen derecho a no revelar la identidad de sus fuentes." [49] Por lo tanto, la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de interés público. [50]

Principio 9

El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

38. La Comisión ha sostenido que las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho. [51] En varias democracias de América Latina existe una debilidad de las instituciones públicas encargadas del control de las conductas y funciones de la autoridad. En dichos países, la prensa se ha transformado en el principal instrumento de control y difusión del accionar del Estado. En muchos casos la prensa ha expuesto ante la opinión pública actos ilegales, abusivos o de corrupción de agentes del Estado y como consecuencia de las denuncias, los medios de comunicación y comunicadores sociales terminan siendo blanco de ataque y desprestigio.

39. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación tienen dos objetivos concretos. Por un lado, busca eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios públicos, organizaciones o particulares en general, a fin de que sus investigaciones no puedan concluirse, alcancen el debate público que ameritan o simplemente como represalia de éstas. Por otro lado, busca ser una herramienta de intimidación, mediante la cual se envía un claro mensaje para todas aquellas personas de la sociedad civil que realizan tareas de investigación sobre irregularidades en la gestión pública. Esta práctica busca que la prensa como mecanismo de control, guarde silencio o se haga cómplice de aquellas personas o instituciones que realizan actos o hechos abusivos o ilegales. En última instancia, lo que se busca es impedir a toda costa que la sociedad sea informada de estos acontecimientos.

40. Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de derecho internacional, los Estados tienen el deber de investigar de manera efectiva los hechos que ocasionaron el asesinato de periodistas y sancionar a sus autores. La Corte Interamericana ha sostenido que la investigación:

Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la verdad.[52]

41. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la renuncia de un Estado a la investigación efectiva y completa del asesinato de un periodista y la falta de sanción penal de los autores materiales e intelectuales resulta especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad. Este tipo de crímenes no sólo tiene un efecto amedrentador sobre los periodistas, sino también sobre cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar los atropellos, abusos e ilícitos de todo tipo. El efecto solamente puede ser evitado mediante la acción decisiva de los Estados de castigar a todos los autores de estos asesinatos. Por esta vía los Estados pueden mandar un mensaje fuerte y directo a la sociedad, en el sentido de que no habrá tolerancia para quienes incurran en violaciones tan graves al derecho a la libertad de expresión. [53]

Principio 10

Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

42. Este principio se refiere básicamente a la necesidad de revisar las leyes que tienen como objetivo proteger el honor de las personas (comúnmente conocidas como calumnias e injurias). El tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión e información generará indudablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública. Las leyes de calumnias e injurias son, en muchas ocasiones, leyes que en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar, el discurso que se considera crítico de la administración pública.

43. La Comisión Interamericana ha expresado que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático. "Es evidente que tales sanciones no pueden justificarse, sobre todo, considerando la capacidad de las sanciones no penales para reparar cualquier perjuicio ocasionado a la reputación de los individuos." [54] La democracia representativa exige que los funcionarios públicos, o todas aquellas personas que están involucradas en asuntos de interés público, sean responsables frente a los hombres y mujeres que representan. Los individuos que conforman una sociedad democrática delegan en los representantes el manejo de los asuntos de interés para toda la sociedad. Pero, la titularidad sobre los mismos se mantiene en la sociedad, la cual debe contar con un derecho amplio para monitorear con las mínimas restricciones posibles el manejo de los asuntos públicos por parte de los representantes. [55] En este sentido la CIDH sostuvo:

Una ley que ataque el discurso que se considera crítico de la administración pública en la persona del individuo objeto de esa expresión afecta a la esencia misma y al contenido de la libertad de expresión. [56]

44. La necesidad de un control completo y eficaz sobre el manejo de los asuntos públicos como garantía para la existencia de una sociedad democrática requiere que las personas que tengan a su cargo el manejo de los mismos cuenten con una protección diferente frente a las críticas que tendría cualquier particular que no esté involucrado en asuntos de interés público. Dentro de este contexto la Comisión Interamericana ha manifestado que la aplicación de leyes para proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan con carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección de la que no disponen los demás integrantes de la sociedad. Esta distinción invierte indirectamente el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo. [57]

Por otra parte, el hecho que los funcionarios públicos y personalidades públicas posean, por lo general, un fácil acceso a los medios de difusión que les permite contestar los ataques a su honor y reputación personal, también es una razón para prever una menor protección legal a su honor. [58]

45. La obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formar opinión y expresarla. [59]

46. Asimismo, este principio establece el estándar de la real malicia como ordenamiento legal a ser utilizado en la protección del honor de los funcionarios públicos o personas públicas. En la práctica dicho estándar se traduce en la imposición de sólo sanciones civiles en aquellos casos en que exista información falsa y producida con "real malicia", [60] es decir producida con la intención expresa de causar un daño, o con pleno conocimiento de que dicha información era falsa, o con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. La carga de la prueba recae sobre quienes se sienten afectados por una información falsa o inexacta demostrando que el autor de la noticia procedió con malicia.

47. Cuando la información que dio origen a una demanda judicial es un juicio de valor y no se trata de una afirmación fáctica, no debe existir ningún tipo de responsabilidad. Uno de los requisitos para que exista responsabilidad es que se demuestre la falsedad de la información o que se compruebe que el demandado publicó una declaración con conocimiento o alto grado de posibilidad sobre su falsedad en el momento de la publicación. Si la información es un juicio de valor, es imposible la prueba sobre la verdad o falsedad, ya que se trata de una apreciación completamente subjetiva que no puede ser sometida a prueba.

48. La Comisión ha manifestado que este es especialmente el caso en la arena política en donde la crítica se realiza frecuentemente mediante juicios de valor y no mediante declaraciones exclusivamente basadas en hechos. [61] Puede resultar imposible demostrar la veracidad de las declaraciones dado que los juicios de valor no admiten prueba. De manera que una norma que obligue al crítico de los funcionarios públicos a garantizar las afirmaciones fácticas tiene consecuencias perturbadoras para la crítica de la conducta gubernamental. Dichas normas plantean la posibilidad de que quien critica de buena fe al gobierno sea sancionado por su crítica. [62]

49. Asimismo, en base a la doctrina sobre reporte fiel, la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aún en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona. Las bases de esta doctrina se encuentran en la necesidad de la libertad de expresión e información para la existencia de una sociedad democrática. Dentro de un sistema democrático, el debate debe ser fluido y amplio. La publicidad de la información proveída por terceros no debe verse restringida por la amenaza de responsabilidad al informador simplemente por reproducir lo manifestado por otro. Esto implica una restricción innecesaria que limita el derecho de las personas a estar informadas.

Principio 11

Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

50. Como ha sido señalado anteriormente, el pleno ejercicio de la libertad de expresión es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público. La CIDH se pronunció claramente la incompatibilidad de las leyes de desacato con la Convención Americana:

La aplicación de leyes de desacato para proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección del que no disponen los demás integrantes de la sociedad. Esta distinción invierte directamente el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo. Si se considera que los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial son, a todos los efectos, el gobierno, es entonces precisamente el derecho de los individuos y de la ciudadanía criticar y escrutar las acciones y actitudes de esos funcionarios en lo que atañe a la función pública.

Además de las restricciones directas, las leyes de desacato restringen indirectamente la libertad de expresión porque traen consigo la amenaza de cárcel o multas para quienes insultan u ofenden a un funcionario público. A este respecto, la Corte Europea afirmó que, si bien las penas posteriores de multa y revocación de un artículo publicado no impiden que el peticionante se exprese, "equivalen, no obstante, a una censura, que posiblemente lo disuada de formular críticas de ese tipo en el futuro". El temor a sanciones penales necesariamente desalienta a los ciudadanos a expresar sus opiniones sobre problemas de interés público, en especial cuando la legislación no distingue entre los hechos y los juicios de valor.

La crítica política con frecuencia comporta juicios de valor. Las leyes de desacato, cuando se aplican, tienen efecto directo sobre el debate abierto y riguroso sobre la política pública que el artículo 13 garantiza y que es esencial para la existencia de una sociedad democrática. Es más, la Comisión observa que, contrariamente a la estructura que establecen las leyes de desacato, en una sociedad democrática, las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas - y no menos expuestas- al escrutinio y crítica del público. Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica. [63]

51. La Comisión ha establecido " ... la necesidad de que exista un debate abierto y amplio, crucial para una sociedad democrática, debe abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación y la aplicación de la política pública..." Y agrega,"...dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía deben demostrar mayor tolerancia a la crítica..."

52. En este contexto, la distinción entre la persona privada y la pública se hace indispensable. La protección que otorgan a los funcionarios públicos las denominadas leyes de desacato atentan abiertamente contra estos principios. Estas leyes invierten directamente los parámetros de una sociedad democrática en que los funcionarios públicos deben estar sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. La protección de los principios democráticos exige la eliminación de estas leyes en los países en que aún subsisten. Por su estructura y utilización, estas leyes representan enclaves autoritarios heredados de épocas pasadas de los que es necesario desprenderse.

Principio 12

Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

53. La existencia de monopolios u oligopolios públicos o privados se constituye en un serio obstáculo para la difusión del pensamiento propio, como también para la recepción de opiniones diferentes. Tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado que la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén abiertos a todos sin discriminación, o más exactamente que no haya individuos o grupos que estén excluidos del acceso a tales medios. Exige igualmente ciertas condiciones respecto a estos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de la libertad de expresión. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión y por lo tanto deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. [64]

54. Dentro de este contexto, se debe garantizar el derecho de todas las personas de contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación, sin discriminación, por ningún motivo. Los monopolios u oligopolios en los medios de comunicación masiva representan un serio obstáculo al derecho de todas las personas a poder expresarse y a recibir información. Uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información. El control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica, afecta seriamente el requisito de pluralidad en la información. Cuando las fuentes de información están seriamente reducidas en su cantidad, como es el caso de los oligopolios, o bien existe una única fuente, como los monopolios, se facilita la posibilidad de que la información que se difunda no cuente con los beneficios de ser confrontada con información procedente de otros sectores, limitando de hecho, el derecho a la información de toda la sociedad.

55. En la sociedad actual, los medios de comunicación masiva, como la televisión, radio y prensa, tienen un innegable poder en la formación cultural, política, religiosa, etc. de todos los habitantes. Si estos medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por sólo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas, ejercen el control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas. Esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia. La democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del debate, de la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

La libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información y del respeto a los medios de comunicación. No basta para ello que se garantice el derecho de fundar o dirigir órganos de opinión publica, sino que es necesario también que los periodistas y, en general, todos aquellos que se dedican profesionalmente a la comunicación social, puedan trabajar con protección suficiente para la libertad e independencia que requiere este oficio. [65]

Principio 13

La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

56. El Estado debe abstenerse de utilizar su poder y los recursos de la hacienda pública con el objetivo de castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Su rol principal es el de facilitar el más amplio, plural y libre debate de ideas. Cualquier interferencia que implique restringir la libre circulación de ideas debe estar expresamente prohibida por la ley. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

57. La utilización del poder del Estado para imponer criterios de restricción puede ser empleado como mecanismos encubiertos de censura a la información que se considere crítica a las autoridades. Al analizar el alcance de la libertad de expresión dentro del contexto de los derechos protegidos bajo la Convención, la Corte Interamericana reconoció que la libertad de expresión es indivisible al derecho de difusión del pensamiento y de la información. En este sentido, ésta tiene una dimensión individual y una dimensión social. La Corte expresó:

la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho de hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir información y hacerla llegar al mayor numero de destinatarios [...] Asimismo, es fundamental que los periodistas [...] gocen de la protección y de la independencia necesaria para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad. [66]

58. El Relator Especial destaca, asimismo, que al imponer presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales se obstruye el funcionamiento pleno de la democracia, puesto que la consolidación de la democracia en el hemisferio se encuentra íntimamente relacionada al intercambio libre de ideas, información y opiniones entre las personas.

[15] Véase CIDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva OC-5/85 Serie A, No. 5, párr. 70.

[16] Véase Convención Americana sobre Derechos Humanos, Capítulo I, Obligaciones Generales: Artículo 1: Obligación de Respetar los Derechos y Capítulo II sobre Derechos Civiles y Políticos, Artículo 13: Libertad de Expresión.

[17] CIDH, Opinión Consultiva OC-5/85 Serie A, No. 5, párr. 69

[18] Se entiende por "dato sensible" toda aquella información relacionada con la vida íntima de la persona.

[19] Véase Alicia Pierini, Valentín Lorences y María Inés Tornabene. Habeas Data: Derecho a la Intimidad. Editorial Universidad, Buenos Aires, 1999 pág. 16.

[20] Véase, El acceso a la información como derecho. Víctor Abramovich y Christian Courtis. CELS, 2000. Pág. 7.

[21] Veáse Secretaria de Investigación de Derecho Comparado, Tomo 1 (1998) pág. 121. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

[22] Véase El acceso a la información como derecho. Víctor Abramovich y Christian Courtis. CELS, 2000. Abramovich y Courtis, pág. 9.

[23] Veáse Derecho a la Información: Reforma Constitucional y Libertad de Expresión, Nuevos Aspectos. Miguel Angel Ekmekdjian. Ediciones Depalma (1996) p.115.

[24] CIDH, OC 5/85, Serie A. No. 5, párr. 70.

[25] Véase El Derecho de Acceso de los Ciudadanos a los Archivos y Registros Administrativos. Pomed Sanchez, Luis Alberto. Editorial M.A.P., Madrid, 1989, pág.109.

[26] Véase Pierini y Otros, Supra 6, pág. 31.

[27] CIDH, OC-5/85 párr.70.

[28] Véase Capítulo IV, Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla las obligaciones de los Estados bajo situaciones de emergencia.

[29] La única excepción a la prohibición de censura previa es para regular el acceso a los espectáculos públicos de los menores de edad para su protección moral. Véase, Artículo 13, inciso 4.

[30] Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y Otros vs. Chile) Sentencia de 5 de Febrero de 2001, VIII Artículo 13: Libertad de Expresión, párr. 61c.

[31] CIDH, OC-5/85, párr.59.

[32] Véase Corte Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y Otros vs. Chile) Sentencia de 5 de Febrero de 2001, VIII Artículo 13: Libertad de Expresión, párr. 61e.

[33] Véase Hacia una Nueva Justicia Administrativa, Eduardo Garcia de Enterría. Madrid, 1996.

[34] Véase Denis v. U.S., 341 U.S. 494, 584 (1951).

[35] Informe No. 11-96, Caso 11.230, Chile, Francisco Martorell, 3 de mayo de 1996.

[36] CIDH, OC-5/85, párr.39.

[37] Ibidem, párr. 30-32.

[38] Ibidem, párr. 54.

[39]Castells v. España, sentencia del 23 de abril de 1992, Serie A, N1 236, párr. 20.

[40] CIDH, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. OAS Doc.9, 88 Período de Sesiones, 17 de febrero de 1995.

[41] CIDH, OC-5-85, párr. 30-31.

[42] Ibid, párr. 71.

[43] Ibid., párr. 74-76.

[44] Ibid., párr. 77.

[45] CIDH, OC-5-85, párr. 33.

[46] La doctrina de la real malicia se refiere a que "las garantías constitucionales requieren una norma federal que prohiba a un funcionario público a ser indemnizado por razón de una manifestación inexacta y difamatoria referente en su conducta, como tal, a menos que pruebe que fue hecha con conocimiento de que eran falsas o con una gran despreocupación acerca de la verdad o falsedad." New York Times v. Sullivan, 376 U.S., 255 (1961).

[47] Véase El derecho y la libertad de expresión en México, debates y reflexiones. Felipe Fierro Alvídez. Revista Latina de Comunicación Social, La Laguna. Dic. 2000 #36, pág.5.

[48] Véase. La clausura de conciencia y el secreto profesional de los periodistas. Marc Carrillo. Civitas y Centre de Investigació. Barcelona 1993, pág. 170.

[49] Article XIX. Definir la Difamación: Principios de Libertad de Expresión y Protección de la Reputación. Principio 6: Protección de las fuentes.

[50] Fierro Alvídez, supra nota 42, pág. 6.

[51] Véase CIDH, Informe de la situación de los derechos humanos en México, OEA/Ser.L/V/II.100, Doc 7 rev.1, Septiembre 24, 1998, párr. 649, pág.142. y Caso #11,739 Reporte No. 5/99 Héctor Felix Miranda .

[52] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 177.

[53] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No 50/90 caso No 11.739 (México) OAS/Ser/L/V/II. Doc. 57 13 de abril de 1999.

[54] Article XIX. Definir la Difamación: Principios de Libertad de Expresión y Protección de la Reputación. Principio 4 Comentario.

[55] Véase CIDH, Informe Sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. OAS Doc.9, 88 Período de Sesiones, 17 de febrero de 1995.

[56] CIDH, Informe Anual, OEA/Ser.L/V/II.88.Doc.9.rev. 17 de febrero de 1995, p.218. Véase, ECHR, "Linger v. Austria, Series A, No.103, 1986; ECHR, "Castells v. España", Serie A, No. 236, 1992).

[57] Ibid.

[58] Véase, Proyecto de ley sobre despenalización a los delitos de injuria y calumnia contenidas en los Códigos Civil y Penal de la Nación Argentina, actualmente sujeto de aprobación en el Senado de la Nación Argentina. Se debe destacar que dicho proyecto de ley surgió dentro del marco de la solución amistosa a la que se ha comprometido a arribar el Estado Argentino con la Asociación Periodistas en la audiencia realizada el 1 de octubre de 1999. Caso 12.128, CIDH.

[59]Véase Supra nota 49, Principio 2 Comentario.

[60] Véase Supra nota 43.

[61] El concepto juicio de valor también incluye la expresión humorística o satírica. Véase, Proyecto de ley sobre despenalización a los delitos de injuria y calumnia contenidas en los Códigos Civil y Penal de la Nación Argentina en Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 1999, anexos, página 84.

[62] CIDH, OAS Doc.9, 88 Período de Sesiones, 17 de febrero de 1995, Supra 36.

[63] CIDH, OEA/ser L/V/II.88, Doc. 9 rev (1995).

[64] Ibidem.

[65] OEA, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Baruch Ivcher Bronstein contra la República del Perú, Caso 11.762, pág. 27.

[66] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 147-150. En el caso particular Ivcher Bronstein, la Corte señaló que "la resolución que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher constituyó un medio indirecto para restringir su libertad de expresión, así como la de los periodistas que laboran e investigan para el programa Contrapunto del Canal 2 de la televisión peruana." Véase párr. 162. Asimismo, la Corte interpretó que "Al separar al señor Ivcher del control del Canal 2, y excluir a los periodistas del programa Contrapunto, el Estado no sólo restringió el derecho de éstos a circular noticias, ideas y opiniones, sino que afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opiniones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática". Véase párr.163.

# data[].attributes.attachment_link.title
OEA :: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

# data[].attributes.attachment_link.description
It looks like JavaScript is either disabled or turned off. Please enable JavaScript to correctly view this web site. Parece que JavaScript está desactivado o apagado. Por favor, activar JavaScript para ver este sitio de web. Afigura-se o JavaScript está desativado ou desligado. Por favor ative o JavaScript para visualizar este site.

# data[].attributes.headline
Limitación de libertad de  expresión en Internet

# data[].attributes.subject
Limitación de libertad de  expresión en Internet

# data[].attributes.body
La condena a los raperos Voltanyc Y Pablo Hásel son un claro caso donde se viola la libertad de expresión. Voltanyc fue sentenciado a 3 años y medio de prisión, tras subir un tema musical a la plataforma de youtube. Del mismo modo, Pablo Hásel, fue sentencia a 2 años de prisión y obligado a pagar una multa de 24,300 Euros. Ambos músicos fueron acusados de enaltecer el terrorismo en sus canciones y de difundir este tipo de mensaje a través de sus redes sociales. Según los principios  sobre la libertad de expresión, cada persona tiene el derecho de buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente. Este caso no solo atenta contra la libertad de expresión, si no también la libertad artística de los acusados.

Fuente:
MARIA MACIA (2018)  Todos los Casos de Censura de la Libertad de Expresión en España. Recuperado el 12 de abril del 2020 en https://www.elnacional.cat/es/politica/censura-espana-libertad-expresion-casos_276510_102.html

# data[].attributes.headline
La limitación de este derecho en internet se puede presentar de 3 formas: censura, bloqueo de contenidos o sitios y la prohibición de acceso a internet. 

# data[].attributes.subject
La limitación de este derecho en internet se puede presentar de 3 formas: censura, bloqueo de contenidos o sitios y la prohibición de acceso a internet. 

# data[].attributes.body
Debido al uso de las redes sociales en los últimos años, se puede evidenciar que la limitación de la libertad de expresión puede estar presente en estas de manera muy masiva.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Por Flora Pelissier

De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

La libertad de expresión en Internet permite el libre debate en asuntos de interés general. También facilita el desarrollo, el buen gobierno y la implementación de garantías democráticas. En Internet, la vulneración de este derecho se manifiesta principalmente de tres maneras: la prohibición de acceso a Internet, la censura, y el bloqueo de sitios o contenidos.

En las últimas semanas nos hemos encontramos con dos estudios que contrastan. Por un lado, el listado " Enemigos de Internet", elaborado por Reporteros sin Fronteras. En el otro, la demanda popular por un Internet más libre, compartida en la mayoría de los países emergentes y en desarrollo, según un reciente estudio publicado por la agencia Pew Reseach.

Los países "enemigos de Internet"

La organización Reporteros sin fronteras publicó su reporte anual que señala cuáles son los países que más atentan contra la libertad de Internet.

La lista de ochos países "enemigos de Internet" incluye a Estados Unidos, debido a la políticas de vigilancia de la NSA; el Reino Unido, que ostenta el título no oficial de "campeón mundial de la vigilancia"; India, donde el gobierno tiene un acceso ilimitado y en tiempo real a la mayor parte de la comunicación electrónica de Internet; China, donde más de setenta proveedores de información y muchos periodistas están encarcelados por comentarios y opinión en la red; Corea de Norte donde solo un 10% de la población tiene un acceso (restringido) a Internet; Rusia con su programa de vigilancia SORM; Siria que controla completamente la actividad de los proveedores de Internet, e Irán que monitorea toda actividad digital de la red y castiga a los que propasan los límites de su autoritarismo.

Aparte de estos ochos gobiernos, múltiples atentados a la libertad de expresión en línea acontecen frecuentemente en muchos países del mundo, y particularmente en los países en desarrollo, como en el caso de Turquía.

Los países emergentes quieren libertad en Internet

Una reciente encuesta realizada por la Princeton Survey Research Associates International revela que la gran mayoría de los países emergentes y en desarrollo quieren un Internet libre, sin restricciones ni censura.

Según la encuesta, los habitantes de 22 países, sobre 24 que formaron parte del estudio, opinan en su mayoría que es importante que la gente tenga acceso a Internet sin censura.

Lo que se desprende del estudio es que el apoyo a la libertad de expresión es particularmente importante en los países con más penetración de Internet. En Argentina y Chile, por ejemplo, dos tercios de los ciudadanos tienen acceso a Internet

Los jóvenes son los que más apoyan la idea de un Internet libre de censura. También, parece que el interés por un Internet libre y sin censura es más importante por las categorías de ciudadanos más educados 2 , y con mejores . Todo esto vinculado con el hecho de que en manera general, los más pobres de estos países no tienen acceso a Internet, así que no cuentan con suficientes herramientas para opinar sobre este asunto.

Especialmente interesante es que Chile figura como el tercer país en la lista de los que quieren un Internet sin censura del gobierno. Por lo tanto, el nivel de censura en Chile no es importante, a diferencia de Líbano, Venezuela y Argentina. Este resultado es positivo y demuestra que los chilenos son favorables al desarrollo de un Internet libre.

# data[].attributes.attachment_link.description
Por Flora Pelissier De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".