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1. El modelo de “Desarrollo Estabilizador”

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1. El modelo de “Desarrollo Estabilizador”

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Esta estrategia tuvo como objetivo fundamental el promover la industrialización

del país, ello significaba generar los empleos y la riqueza material requeridos para satisfacer la demanda de una población que, en la época de su instrumentación, crecía anualmente a tasas promedio del 3%. La industrialización del país era el paso necesario para abandonar la dependencia existente en la venta de los productos primarios (agropecuarios, mine-

ros, extracción de petróleo crudo, piscícolas y frutícolas, etc.), indispensable en la obtención de divisas que el país precisaba para su modernización, dado que el comportamiento de los precios, además de erráticos, mostraban una clara tendencia a la baja en los términos de intercambio con respecto a los bienes industriales (es decir, cada vez era necesario exportar mayor volumen de bienes para obtener la misma cantidad de divisas o importaciones industriales).

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Implícito en el modelo se expresaba la necesidad de crear una importante base industrial como forma de incrementar la actividad de las otras ramas económicas, mediante el aumento de la productividad de la mano de obra, el incremento del ahorro interno y la elevación tanto de la masa salarial como de los salarios reales. Con una mayor relación capital-producto en la economía se propuso ampliar el mercado interno y crear una base productiva exportadora. Por estas y otras razones, la estrategia económica, de manera gradual pero constante y consistente, fue elaborando un conjunto de políticas, instrumentos y acciones que en términos generales se conjuntaron para apoyar, en lo fundamental, a un sector industrial pujante y diversificado que favorecería el crecimiento económico del país.

Las principales políticas que permitieron alcanzar dichos resultados se pueden ubicar en los campos fiscal, monetario, comercial, salarial, agropecuario y de fomento a la inversión extranjera. A continuación se describirá la forma en que cada una de ellas se definió y ejecutó señalando además sus interrelaciones.

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Siglo XX la economía mexicana había padecido fuertes procesos inflacionarios, debido principalmente a los desequilibrios fiscales, se propuso como parte fundamental de la estrategia estabilizadora disminuirlos drásticamente ya que alentaban la inflación, el alza de las tasas de interés y castigaban consecuentemente las inversiones productivas, en especial, las vinculadas con proyectos de inversión de largo plazo. Es decir, el desequilibrio fiscal afectaba negativamente de manera directa la formulación y ejecución de los proyectos de inversión industrial, dado que su recuperación necesariamente involucraba más que el correspondiente a la producción agropecuaria y de servicios.

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Adicionalmente, en las fases más adelantadas del proceso de industrialización, cuando el sector primario, en especial el agropecuario, dejó de proveer las divisas requeridas para adquirir los insumos y bienes de capital necesarios para su crecimiento, se utilizó de manera progresiva el crédito externo, con el cual, además de cubrir el déficit presupuestario se financiaba también el déficit en la balanza

comercial del país, situación que permitió darle estabilidad a lo largo del periodo al

tipo de cambio del peso respecto al dólar.

En materia de ingresos, la política tributaria se orientó a favorecer la inversión y la reinversión de las utilidades (es decir la capitalización de las empresas), por tal motivo, se crearon bases especiales de tributación en beneficio de las empresas

instaladas tanto en el sector industrial (en especial en el manufacturero) como en el

transporte; facilitando la amortización acelerada de los activos, así como la deducibilidad de una parte considerable de los gastos corrientes de las empresas;

como resultado, la estructura de los impuestos sobre la renta y de ingresos mercantiles fue regresiva. Dicha situación se dio, a su vez, en un marco de precios y tarifas públicas con niveles inferiores a los prevalecientes en el mercado internacional.

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El objetivo principal de la política monetaria fue el apoyo al combate a la inflación mediante la regulación de la liquidez aplicando el encaje legal a los bancos de manera rígida, ya que además de retirar de los depósitos de los ahorradores cantidades que equivalían hasta el 25% ó 30%, también se aplicaban tasas marginales que alcanzaban el 100%, cuando el crecimiento de los precios rebasaba las expectativas

inflacionarias del país.

Esta política, a la vez que mantuvo controladas las presiones inflacionarias, permitió financiar los déficit fiscales y crear “cajones preferenciales de crédito” o “créditos preferenciales” para el sector industrial y agropecuario.

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La diferencia entre la tasa de interés pasiva y la activa era cubierta por el gobierno federal, además éste pagaba a los bancos una tasa de interés atractiva sobre el monto de la liquidez que obtenía a través del encaje legal. De tal suerte que la aplicación de estas medidas no descapitalizó al sector financiero, y alentó el crecimiento de la intermediación financiera con cargo a los recursos públicos.

La política de tipo de cambio buscó mantener sin alteración la paridad del peso respecto al dólar con el propósito de no presionar los precios internos al alza, dada la elevada dependencia externa de bienes de capital y de varios productos intermedios. Al evitarse el encarecimiento de los costos de producción, se favoreció el poder adquisitivo de la clase trabajadora, sin afectar los beneficios de las

empresas.

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La política comercial fue extremadamente proteccionista, no discriminó la protección en aras de una especialización industrial; mediante la utilización del instrumento denominado “Permiso Previo de Importación”, otorgado a partir de un

dictamen que emitía un comité integrado por representantes del sector público y privado, se frenó el ingreso de bienes industriales que podían desplazar del mercado a los productos nacionales tanto en precio como en calidad. Adicionalmente a este instrumento, empleado fundamentalmente para impedir o reducir al mínimo las importaciones definidas como no necesarias y suntuarias, se aplicaban otros instrumentos como elevados aranceles y precios oficiales a las importa- ciones de productos orientados al consumo de los grupos sociales de mayores

ingresos.

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Así, en los años cincuenta y sesenta, los apoyos encaminados a la sustitución de importaciones permitieron crear una planta industrial productiva de bienes de consumo poco sofisticado o simple (ropa, conservas, zapatos y electrodomésticos tales como planchas, radios, entre otros); posteriormente se pasó a una segunda fase sustitutiva que correspondió a la producción de manufacturas más complejas (lavadoras, refrigeradores, televisores, camiones, autopartes, generadores eléctricos, motores, autos, etc.) y hacia finales de la década de los años sesenta y principios de la siguiente se intentó un impulso cualitativo hacia la producción de bienes de capital.

La elevada protección otorgada a la planta productiva nacional, al final del ciclo asociado al modelo, favoreció el crecimiento de los precios y la disminución de la calidad de los bienes y servicios producidos internamente. Ello como

resultado de la falta de competencia interna y externa, ya que las entidades ubicadas en sectores oligopólicos podían incrementar sus beneficios injustificadamente

en una proporción mayor al incremento de sus costos; por esta razón la inflación tendió a incrementarse más que proporcionalmente al aumento de la demanda de bienes y servicios.

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Desde el inicio de la estrategia estabilizadora, la política agropecuaria jugó un papel significativo en el proceso de industrialización del país. En sus inicios (mediados de los cuarenta y hasta fines de los años cincuentas), el sector fue el encargado de proveer a bajos precios los bienes salario e insumos demandados en el mercado interno mediante precios de garantía, que si bien permitían cierta estabilidad de ingresos al campesinado de menores ingresos, fue descapitalizando al campo dedicado a la producción de granos básicos, el que por ser temporal, requería de ingresos al alza para superar su estado de marginación, mediante el uso de fertilizantes, pesticidas y maquinaria y equipo.

El sector obtuvo una buena parte de las divisas que el

proceso de industrialización demandaba para importar bienes de capital e insumos industriales (particularmente en la primera fase sustitutiva). Conforme el horizonte

agrícola se fue estrechando, debido a los bajos rendimientos por hectárea obtenidos en la producción (inicios de los años sesenta), dejó de aportar divisas netas de manera significativa, pero siguió colocando su producción a bajos precios en el mercado interno.

Este sector también colaboró con la industrialización del país mediante la canalización de sus excedentes económicos al mercado financiero, ya que en términos netos lo que aportó como ahorro fue mayor a lo que recibió por financiamientos, ello en beneficio de los créditos subsidiados al sector industrial.

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Dada la mecanización iniciada a mediados de los años cincuenta y con la incorporación de nuevas técnicas de explotación agrícolas y ganaderas en el norte del país,

donde se realizaban estas actividades, se creó una importante expulsión de mano de obra hacia las ciudades, la cual, junto con el acentuado crecimiento de la población

económicamente activa, crearon una oferta de fuerza de trabajo que permitió mantener el crecimiento de los salarios por debajo de su productividad media, aunque

siempre por arriba de la inflación.

Esta situación se dio gracias a que la política salarial, apoyada por la política de precios de garantía de los principales bienes agrícolas, mantuvo estables los salarios, pero ligeramente por arriba de la inflación para evitar el crecimiento de los costos de producción de las empresas industriales, buscando de esta forma acelerar el crecimiento de la inversión, del producto industrial y del empleo.

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1.6 Política de fomento a la inversión extranjera

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1.6 Política de fomento a la inversión extranjera

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La estrategia consistió en favorecer la participación de aquellas empresas que por sus condiciones tecnológicas y características productivas, fortalecían el crecimiento y diversificación de la planta industrial.

Las condiciones fiscales, salariales, crediticias y comerciales que el gobierno otorgaba hacían atractivo a las empresas transnacionales su incorporación al mercado nacional, ya que las bajas tasas impositivas, los créditos baratos, el merca-

do sobreprotegido, los bajos salarios nominales y reales, los bajos costos de los insumos energéticos y primarios y la disposición de consumidores cautivos les aseguraban elevados niveles de rentabilidad. Lo cual se reforzaba con las prerrogativas concedidas por los gobiernos estatales (terrenos gratis, bajos impuestos prediales, etc).

A partir de estos lineamientos de política económica, la estrategia de “Desarrollo Estabilizador” se propuso abastecer de la mejor manera la demanda de bienes y servicios para el mercado interno, la cual se expandió en función de

la generación de empleos y del modesto pero continuo crecimiento real de los salarios.

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De forma paralela se instrumentaron programas de fomento, estímulos fiscales, subsidios, evasiones de impuestos, depreciación acelerada de los activos fijos, entre otros, para promover la participación de la iniciativa privada en la industria nacional. El gasto público fue el motor del crecimiento económico en dicho periodo, no obstante, los mayores ingresos públicos provenientes del petróleo y de

la recaudación generada por el crecimiento económico del país fueron insuficientes para financiar su expansión, en razón de ello se empleó una política monetaria expansiva y se contrataron importantes montos de deuda pública externa, como forma de financiar los crecientes y elevados niveles de déficit fiscal alcanzados a lo largo del periodo.

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3. Modelo de “Crecimiento Hacia Fuera” o “Neoliberal”

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3. Modelo de “Crecimiento Hacia Fuera” o “Neoliberal”

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Se planteó entonces la necesidad de adoptar una nueva estrategia encaminada a generar las condiciones que impulsaran el crecimiento auto sostenido de la economía mexicana, ante ello debían corregirse las limitaciones que generó el esquema anterior en materia de concentración de la riqueza, ineficiencia productiva, sesgo anti exportador y baja capacidad de ahorro interno. En el nuevo modelo se propuso otorgar un papel protagónico al mercado en la asignación de los recursos, incrementar la participación de los agentes privados en las decisiones económicas e

incorporarse a la creciente integración económica mundial, con el propósito de mejorar la eficiencia y competitividad de la planta productiva nacional.

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Para el combate a la inflación se definió como factor fundamental la corrección de las finanzas públicas, toda vez que se identificó que el origen del crecimiento de los precios era el elevado déficit fiscal que propiciaba un consumo por

encima de las posibilidades reales del aparato productivo nacional, dando lugar a presiones sobre la oferta interna y al crecimiento de las importaciones sin una

contraparte exportadora. Esto generaba desequilibrios en materia de comercio exterior y promovía un creciente endeudamiento externo, que al encarecerse, conducía

a devaluaciones que repercutían en mayores tasas inflacionarias.

Igualmente, al demandar recursos crediticios internos para su financiamiento, el déficit público provocaba el alza de las tasas de interés y restringía el acceso de las empresas productivas al mercado financiero, afectándose de esta forma el crecimiento de la oferta de bienes y servicios, provocando una elevación de precios cuando su financiamiento se llevaba a cabo mediante la emisión de

circulante.

Tomando en cuenta lo anterior, se regresó al esquema estabilizador en materia de política fiscal y monetaria, pero se rompió drásticamente con la política

de protección comercial, de control de tipo de cambio, de excesiva regulación a la inversión extranjera, de salarios y de precios agropecuarios.

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Debido al carácter monoexportador del país (80% de las exportaciones eran petroleras) a partir de 1985 se inició la política de liberación comercial consistente en la

eliminación de las restricciones no cuantitativas a la importación, acompañada de la disminución de los niveles arancelarios y su dispersión. La instrumentación, en

una primera etapa, se realizó en un marco macroeconómico caracterizado principalmente por altas tasas de inflación, devaluación recurrente del tipo de cambio,

que en general se mantuvo sobrevaluado, elevado déficit del sector público, bajo dinamismo de la inversión y de la actividad económica y, finalmente, un superávit

comercial cuyos recursos se asignaron al pago del servicio de la deuda externa acumulada en los años anteriores a 1985.

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En lo que se refiere a la modernización económica, el nuevo modelo consideró, en su parte fundamental, actuar sobre tres aspectos básicos:

1) La redefinición del papel del Estado en la economía, buscando reducir la intervención económica directa

con el propósito de alentar una mayor participación de los agentes privados en la satisfacción de las demandas de la población, hacer más eficiente la gestión pro-

ductiva de la sociedad y elevar la eficiencia del aparato público en materia económica, administrativa y de rectoría en el proceso de desarrollo económico;

2) La desregulación económica, con el propósito de reducir los controles gubernamentales y redefinir los esquemas y espacios de participación de los agentes privados,

buscando generar un clima comercial y productivo más competitivo que propiciara la modernización de áreas o actividades económicas.

3) La apertura comercial, encaminada a incrementar el intercambio con todas las naciones del mundo para

promover la eficiencia y competitividad externa de los productos mexicanos.