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Establecer acciones y procedimientos destinadas a prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. Así como la prevención contra el financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva o convencionales.

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La Legitimación de Ganancias ilícitas es una figura delictiva que afecta la seguridad y estabilidad de la sociedad, resultando ser una clara amenaza para los ciudadanos, instituciones democráticas y sistema financiero.

Es por ellos que resulta una prioridad luchar contra estas conductas precedentes de actividades ilícitas.

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•Está ley no establece ningún mecanismo de sanción para actividades económicas informales y tampoco propósitos recaudatorios.

•La UIF de acuerdo a esta normativa solamente procede a realizar investigaciones en casos en los que se tenga conocimiento de operaciones sospechosas o requerimientos fiscales en relación a determinadas personas u organizaciones criminales.

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Proceso que busca esconder o disfrazar la existencia, origen y el destino de bienes provenientes de actividades ilícitas, tales como el tráfico de drogas, venta ilegal de armas, trata y tráfico de personas, corrupción, contrabando, etc.

Por lo que exponiendo este proyecto de ley vemos que coinciden con una problemática por el cual el país atraviesa desde hace muchos años.

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La presente ley se desarrolla en el marco de: 

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La presente ley se desarrolla en el marco de: 

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•Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

•Leyes

•Tratados e instrumentos internacionales ratificados o reconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia.

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•La norma busca proteger a la población de los legitimadores de dinero que abusan de la buena fe de los comerciantes, gremiales, empresarios, transportistas.

•La aprobación de la norma busca contribuir al resguardo de la sociedad sobre los efectos de los delitos de Legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo, y también contra la instauración de organizaciones crimínales.

•El proyecto de ley no es contrario a lo que establece la Constitución Política del Estado.