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Se evalúa el proceso educativo en su totalidad, no sólo los resultados académicos. Esto incluye:

Los aprendizajes cognitivos, emocionales, sociales y actitudinales de los estudiantes.

La calidad de las interacciones pedagógicas, la participación y el clima del aula.

El contexto social y cultural que influye en el aprendizaje.

La experiencia subjetiva de los actores (qué sentido le encuentran al aprender, cómo se sienten en el proceso).

La evaluación deja de ser un control de “productos finales” y pasa a ser una comprensión profunda de los procesos.

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La evaluación se realiza con métodos cualitativos, participativos y flexibles, que permitan recoger múltiples perspectivas.

Herramientas: portafolios, proyectos, autoevaluaciones, coevaluaciones, entrevistas, observación, debates, diarios de aprendizaje.

Se privilegia el diálogo y la reflexión colectiva como medio para definir criterios y revisar logros.

Se construyen acuerdos negociados sobre qué aspectos valorar y cómo hacerlo, en lugar de aplicar criterios externos cerrados.

En este “cómo” lo importante no es la nota, sino la retroalimentación continua y formativa

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El objetivo no es sancionar ni seleccionar, sino mejorar y transformar los procesos educativos.

Se evalúa para favorecer el aprendizaje, ayudando al estudiante a reconocer sus avances y áreas de mejora.

Se busca empoderar a los actores, haciéndolos responsables y protagonistas de su proceso formativo.

También se evalúa para mejorar las prácticas docentes, ya que la retroalimentación informa al profesorado sobre la eficacia de sus propuestas.

Finalmente, se evalúa para construir justicia educativa, visibilizando las desigualdades y buscando caminos de inclusión.

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La evaluación deja de estar en manos de un único evaluador externo o del docente como “juez”.

Evalúan todos los implicados: estudiantes, docentes, familias, comunidad educativa.

Se promueve la autoevaluación (reflexión personal), la coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación compartida (docente-estudiantes).

El docente ya no es un juez, sino un facilitador que acompaña y media en la construcción de acuerdos.

Así, la evaluación se convierte en un proceso colectivo y democrático.

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En lugar de comparar a los estudiantes entre sí (como en la evaluación basada en la norma), se recurre a criterios construidos colectivamente y relacionados con los procesos.

Se compara contra los criterios acordados en el grupo: qué significa aprender bien, cómo se mide el progreso, qué metas compartimos.

Se toman en cuenta las trayectorias individuales: el estudiante se compara consigo mismo, con sus avances previos y con sus objetivos personales.

También se consideran los contextos y condiciones reales de aprendizaje, entendiendo que influyen en los resultados.

No se trata de medir quién es “mejor” o “peor”, sino de valorar cómo progresa cada estudiante y el grupo en relación con metas construidas colectivamente.

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La evaluación participativa es un proceso colectivo en el que los actores implicados (docentes, estudiantes, comunidad) construyen de manera conjunta los criterios, métodos y sentidos de la evaluación. Se orienta a comprender y transformar la práctica educativa, más que a sancionar, y busca el empoderamiento de los sujetos a través del diálogo y la reflexión compartida.