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El acuerdo Salas-Becker y la Corte | La Prensa Panamá

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La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que se "declara que no es inconstitucional" el acuerdo Salas-Becker, al constituir un "acuerdo simplificado", merece ser objeto de una serie de consideraciones jurídicas. Con esta decisión nuestro tribunal supremo perdió la oportunidad de contribuir a la formación en nuestro derecho interno de un mecanismo efectivo de recepción de tratados internacionales.

Nuestra Constitución Nacional regula el proceso de adopción de tratados a nivel interno, estableciendo un procedimiento que involucra al órgano ejecutivo, en su firma y ratificación, y al órgano legislativo, con su aprobación previo a la ratificación (artículos 159.3 y 184.9). La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que es ley de la República (Ley 17 de 1979), define tratado como un "acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular". Igualmente, dicha Convención establece las formas en las que se puede manifestar el consentimiento en obligarse por un tratado (artículos 11 al 17). El derecho internacional deja al arbitrio de cada Estado soberano, mediante su derecho interno, establecer las formas en las que se manifestará el consentimiento en obligarse por un tratado.

El fallo de la Corte plantea que existen distintos tipos de tratados en nuestro ordenamiento jurídico interno, como "tratados solemnes" y "acuerdos simplificados". La Corte confunde las formas de manifestar el consentimiento en obligarse con el concepto de tratado. Paradójicamente, el razonamiento de la Corte Suprema panameña descansa, en gran medida, en el criterio de la Corte Constitucional de Colombia. Es necesario resaltar que la Constitución colombiana establece facultades distintas en cuanto a la celebración de tratados, pues involucra al Ejecutivo, al Congreso y a la Corte Constitucional ( Constitución de Colombia, artículos 189.6, 224 y 241.10) en el proceso previo a la ratificación de un tratado. Igualmente, el tribunal constitucional colombiano ha señalado que a nivel constitucional no "se encuentra excepción alguna al control que debe ejercer el Congreso de la República, en la aprobación de los tratados internacionales".

La Convención de Viena también contempla la figura de acuerdos ulteriores para interpretar un tratado o para la aplicación de sus disposiciones (artículo 31). Colombia reconoce esta figura dentro de lo que denominan "acuerdos simplificados", los cuales no generan obligaciones nuevas o adicionales para el Estado por ser un desarrollo directo de un tratado negociado, suscrito, aprobado y revisado en la forma prevista por su Constitución. En tales casos o en los que el documento verse sobre competencias que le son exclusivas al Ejecutivo, el "acuerdo simplificado" está exento del proceso constitucional. En caso de que estos instrumentos generen nuevas obligaciones para Colombia, estaríamos frente a un tratado. Panamá no ha legislado sobre esta materia, y, en cambio, utiliza de forma inadecuada la figura de "acuerdos simplificados".

Cuando una norma es clara, no cabe interpretación. Un tratado es todo documento que cumple con la definición de la Ley 17 de 1979, y la forma de prestar el consentimiento en obligarse a este la contempla nuestra Constitución. Aun si la Corte deseara importar los criterios constitucionales de Colombia, el "acuerdo simplificado" Salas-Becker seguiría siendo un tratado, pues genera nuevas obligaciones, tales como los procedimientos para operaciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas, y nos incorpora a la "Iniciativa de Seguridad Contra la Proliferación".

La Corte Suprema de Justicia ejerce control de la constitucionalidad de un tratado en cuanto al procedimiento a seguir para obligarse. Si un tratado infringe otras normas constitucionales, el mismo no debería pasar el proceso de aprobación y ratificación del Ejecutivo y Legislativo.

En caso de que esto suceda, el control de la constitucionalidad se ejercería sobre los actos de los órganos del Estado, no sobre el tratado. Declarando inconstitucional su adopción, la Corte podría ordenar al Ejecutivo retirarse o suspender la aplicación del tratado en el ámbito interno, lo cual no tendría efectos legales a nivel internacional. Si la Corte tuviese la facultad de anular un tratado, no habría sido necesario celebrar los tratados Torrijos-Carter; hubiese bastado una sentencia de la Corte Suprema de Panamá declarando inconstitucional el Hay-Bunau-Varilla; así como la Corte Internacional de Justicia no pudo pronunciarse sobre la legalidad de la declaración de independencia de Kosovo a nivel internacional.

Mediante este fallo, la Corte Suprema pretende legislar dejando vacíos conceptuales en cuanto a la definición de tratados y la ausencia de un mecanismo interno de recepción de estos "acuerdos simplificados" (si no son ley, ¿cómo se aplican? ¿principio de legalidad?). Es entendible que ante la realidad mundial se quiera agilizar el proceso de celebración de tratados mediante procedimientos simplificados. Corresponde entonces contemplar una reforma constitucional y la adopción de una ley de tratados, que regulen estos conceptos y establezcan los mecanismos para obligarse.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional.

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El acuerdo Salas-Becker y la Corte | La Prensa Panamá

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La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que se "declara que no es inconstitucional" el acuerdo Salas-Becker, al constituir un "acuerdo simplificado", merece ser objeto de una serie de consideraciones jurídicas. Con esta decisión nuestro tribunal supremo perdió la oportunidad de contribuir a la formación en nuestro derecho interno de un mecanismo efectivo de recepción de tratados internacionales.

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Este acuerdo Salas-Becker lo que buscaba era evitar el paso de algunas naves que transitaban por territorio  panameño, no  con  sentido  comercial  sino  específicamente  los  barcos  u  otros  que viajaban por asuntos que eran ilícitos como el narcotráfico y demás; este acuerdo permitía el patrullaje  de  guardacostas  con  el  fin  de  cuidar  las  diferentes  zonas  por  donde  pasaban  los transportistas y así evitar el contrabando, pesca no reglamentada y otras faltas, por esto se planteó la llegada de guardacostas americanos con dicho Acuerdo pero obviamente a sabiendas de que deforma seria no se podía afectar la soberanía panameña ya que iba a estar bajo la jurisdicción  panameña.

Panamá entra nuevamente en   acción   con   los   Estados   Unidos   por   este   acuerdo   que   afecta nuevamente su soberanía, en este caso es porque Estados Unidos al momento de encontrar un tránsito ilícito estos juzgaban con sus fuerzas y sus propias leyes; obviamente Panamá no hace caso omiso a esta situación ya que toda la población panameña estaba bastante cansada de que no se respetara las acciones internas en el país hiriendo una vez más nuestra soberanía que venía ya desde 1821 siendo golpeada, por eso Panamá hace un llamado de atención con lo que se planteó en un inicio para dicho Acuerdo a los Estados Unidos, que se cumpla lo establecido como lo es por ejemplo, que todo iba a ser sometido a la jurisdicción panameña, entre otros temas que se tocaron en ese momento.

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Boats and boating--Equipment and supplies

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Razones por las cuales todos estos convenios son nulos❎

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Razones por las cuales todos estos convenios son nulos❎

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• Tenemos la razón de que, al invadir el territorio panameño, esto se convertía en

agresión hacia nuestro estado por lo cual la comunidad internacional tiene la obligación

de no reconocer los hechos o beneficios que de ella derive la Potencia Ocupante, incluidos

los tratados suscritos en el marco de la ocupación militar. De allí que los tratados firmados

entre Panamá y Estados Unidos entre 1990 y 1993 realmente carecían y carecen de

validez jurídica ante el Derecho Internacional.

•Otra razón es la que nos señalan que dichos tratados eran y son nulos nace del hecho de

que todo tratado es suscrito entre Estados, que son entidades soberanas, y en el ejercicio

de su libre consentimiento. Pero, si bien Panamá no perdía sus derechos soberanos,

inconciliables por demás, la invasión le arrebató toda posibilidad de ejercerlos cuando

Estados Unidos destruyó al gobierno existente.

Ahora bien, el Tratado Salas-Becker de 5 de febrero de 2002, tiene el propósito confeso de

complementar o desarrollar el Arreglo de 1991, por lo que este último es considerado

como el Arreglo principal y fundamento del Tratado Salas-Becker. Dicho tratado da

seguimiento, actualiza o moderniza el Arreglo de 1991. Al margen de que el acuerdo más

reciente y contrario a lo que afirma el gobierno panameño sí incorpora nuevas normas y

obligaciones no contempladas en el Arreglo de 1991.

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Debido a la invasión dada el 20 de diciembre de 1889, dada por los

Estados Unidos, el país panameño quedo ocupado por los norteamericanos, los cuales

aprovecharon la posición de Panamá para firmar diferentes acuerdos y tratados. Entre

dichos acuerdos están: Entre dichos acuerdos se destacan dos Convenios de Donación, el

de julio de 1990, conforme a los cuales, a cambio de unos $350 millones

aproximadamente, Panamá se obligaba a adoptar un plan para el manejo de las finanzas

del sector público; a identificar las primeras (de todas las) empresas públicas que serían

privatizadas; a presentar un plan para rebajar los aranceles de importación, eliminar las

restricciones comerciales y reducir el número de productos sujetos al control de precios; a

adoptar un programa de recuperación económica; a acordar con Estados Unidos el

intercambio de registro de transacciones internacionales vinculadas al narcotráfico y un

Tratado de Asistencia Legal Mutua. Además de los Convenios de Donación, Panamá y

Estados Unidos suscribieron un "Arreglo entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de los

Estados Unidos de América sobre el apoyo y asistencia del Servicio de Guardacostas de los

Estados Unidos al Servicio Marítimo Nacional", el 18 de marzo de 1991, para realizar

operaciones policiales marítimas bilaterales dentro de las aguas territoriales de Panamá.

Todos estos tratados estaban lleno

de vanidad, ya que se habían firmado sin el consentimiento de los panameños.

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Acuerdo Salas-Becker no menoscaba soberanía. Diez años después de haber sido demandado.

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que no es inconstitucional el arreglo complementario suscrito entre los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos sobre el apoyo y asistencia por parte del servicio de guardacostas estadounidenses al Servicio Marítimo Nacional.
La demanda fue presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático PRD y entonces presidente del Legislativo Pedro Miguel González, que alegó que el acuerdo viola la Constitución porque permite que Panamá renuncie a su jurisdicción en aguas territoriales al permitir el abordaje de guardacostas de EU en operativos antidrogas.

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Boats and boating--Equipment and supplies

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Los norteamericanos aprovecharon la  posición de Panamá para firmar acuerdos. 

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Entre dichos acuerdos están: dos Convenios de Donación, el de julio de 1990, conforme a los cuales, a cambio de unos $350 millones

aproximadamente, Panamá se obligaba a adoptar un plan para el manejo de las finanzas del sector público; a identificar las primeras (de todas las) empresas públicas que serían privatizadas; a presentar un plan para rebajar los aranceles de importación, eliminar las restricciones comerciales y reducir el número de productos sujetos al control de precios; a adoptar un programa de recuperación económica; a acordar con Estados Unidos el intercambio de registro de transacciones internacionales vinculadas al narcotráfico y un Tratado de Asistencia Legal Mutua.

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Jaime Salas era el ministro de Gobierno y Justicia de la presidente Moscoso, . James Becker embajador de los Estados Unidos

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El acuerdo Salas – Becker fue considerado por el Primer Congreso Nacional de la Enseñanza de la Historia y la Geografía como “un grave retroceso histórico”.
El acuerdo le permitió a EEUU tener acceso a “territorio continental y aéreo así como sobre barcos de bandera panameña en aguas internacionales”. Además, le abrió paso a la aprobación posterior del polémico
acuerdo de “Fuerzas visitantes” que le permitía a EEUU tener presencia de efectivos militares armados y uniformados en Panamá sin rendición de cuentas.

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Estados Unidos y Panamá pueden abordar a vehículos sospechosos.

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Estados Unidos y Panamá pueden abordar a vehículos sospechosos.

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Autoridad otorgada en el acuerdo Salas-Becker a ambos países en caso de naves sospechosas con cargamentos ilícitos de armas de destrucción masiva.
En julio del año 2019, el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá y la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la ley de la Embajada de Estados Unidos, con fundamento en la  Ley 53 de 27 de agosto de 2015, realizaron el Curso: Arreglo Complementario Salas Becker, con el propósito que los participantes intercambien conocimientos y experiencias para el fortalecimiento de las competencias laborales como intervinientes del proceso penal.