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Los conflictos socioambientales son situaciones de enfrentamiento y disputa entre diversos actores sociales (comunidades, empresas, gobiernos, organizaciones sociales, etc.) debido a la gestión, explotación o uso de los recursos naturales, el medio ambiente o los derechos de las personas. . Estos conflictos generalmente surgen cuando las productivas, como la minería, la agricultura o la construcción de infraestructuras, tienen efectos negativos sobre los ecosistemas, las actividades de las comunidades o las formas de vida de las poblaciones afectadas.

Causas:

1. Distribución desigual de los beneficios: Las comunidades afectadas por proyectos extractivos o industriales a menudo no perciben los beneficios de estos proyectos, mientras que las empresas y el Estado obtienen las ganancias.

2. Impacto ambiental: La degradación ambiental provocada por actividades como la minería, la tala indiscriminada de bosques o la contaminación de cuerpos de agua genera tensiones con las comunidades locales que dependen del entorno natural.

3. Falta de consulta previa y consentimiento: En muchos casos, las comunidades no son consultadas adecuadamente antes de que se inicien proyectos que afecten sus territorios, lo que genera desconfianza y resistencia.

4. Pobreza y desigualdad: Las comunidades que viven en condiciones de pobreza y marginalidad suelen verse más afectadas por las consecuencias negativas de los proyectos, lo que agudiza la percepción de injusticia.

5. Intereses contrapuestos: Los intereses económicos de las empresas pueden entrar en conflicto con las necesidades sociales y ambientales de las comunidades afectadas.

Consecuencias:

1. Económicos: Los conflictos pueden paralizar proyectos, lo que provoca pérdidas económicas tanto para las empresas como para las comunidades que esperan beneficios.

2. Sociales: La polarización entre las partes puede intensificar la división social, generando desconfianza entre los actores involucrados y debilitando la cohesión social.

3. Políticas: Los conflictos pueden llevar a una crisis de gobernabilidad si las autoridades no gestionan adecuadamente las demandas y los intereses de las partes involucradas.

4. Ambientales: En algunos casos, los conflictos derivan en daños irreversibles a los ecosistemas, afectando la biodiversidad y la capacidad de las comunidades para acceder a los recursos naturales esenciales para su supervivencia.

Fases de los Conflictos Socioambientales

1. Identificación del conflicto: Esta fase inicial se caracteriza por la percepción de que las actividades de un proyecto o la explotación de recursos afectan negativamente a la comunidad. Se comienzan a formular las primeras demandas.

2. Escalada: Si el conflicto no se resuelve en esta fase inicial, las tensiones aumentan. Se pueden realizar movilizaciones, protestas o bloqueos, y surgen actores mediadores o facilitadores.

3. Confrontación: Las partes implicadas adoptan posiciones más firmes, lo que puede incluir enfrentamientos directos, acciones legales, violencia o la intervención del Estado o de la empresa.

4. Desescalada o resolución: Si las partes logran llegar a un acuerdo, el conflicto se resuelve mediante negociación, cambios en las políticas o medidas correctivas. En algunos casos, la resolución no es posible y el conflicto persiste.

5. Postconflicto: En esta fase, las partes tratan de reconstruir la relación, evaluar los acuerdos y garantizar que no se repitan los problemas que originaron el conflicto.

El Rol del Estado, la Empresa Privada y la Sociedad

1. El rol del Estado: El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de la población y la protección del medio ambiente. Debe mediar en los conflictos, asegurarse de que los proyectos respeten los derechos humanos y ambientales, y cumplir con las normativas de consulta y consentimiento previos. Además, debe ofrecer soluciones a largo plazo para las comunidades afectadas.

2. El rol de la empresa privada: Las empresas deben actuar de manera responsable y transparente, respetando los derechos de las comunidades y el medio ambiente. Esto implica la implementación de prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE), la inversión en mitigación del impacto ambiental y la colaboración con las comunidades locales.

3. El rol de la sociedad: Las organizaciones sociales, la academia, los medios de comunicación y las comunidades juegan un papel crucial en la identificación de problemas, la denuncia de irregularidades y la presión para que el Estado y las empresas actúen de manera ética y responsable.

referencias bibliográfica :

Naciones Unidas en Colombia. (2021). El abordaje y la transformación de conflictos socioambientales, una necesidad para la gobernanza y la gestión territorial . Recuperado de https ://colombia .un .org /es /137244 -el -abordaje -y -la -transformacion -de -conflictos -socioambientales -una -necesidad -para -la -gobernanza

colombia.un

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Consejo de Redacción. (2021). Definiciones comunes de los conflictos socioambientales . Recuperado de https://www.consejoderedaccion.orgarticulos /definiciones-conflictos-socioambientales

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En Perú, las principales actividades extractivas son aquellas relacionadas con la explotación de recursos naturales, particularmente la minería, la explotación de hidrocarburos y la extracción forestal:

Minería: Es el sector más destacado en la economía extractiva peruana. Perú es uno de los principales productores mundiales de cobre, oro, plata y zinc. Estas actividades se concentran en las regiones andinas, y su producción está destinada principalmente a la exportación. La minería representa una gran parte de las exportaciones del país y es crucial para su balanza comercial.

Explotación de hidrocarburos: Este sector incluye la extracción de petróleo y gas natural, concentrada en la Amazonía peruana y la costa norte. Aunque menos relevante que la minería, también es un pilar de la economía extractiva, con impactos significativos en el medio ambiente y las comunidades locales.

Extracción forestal: En la región amazónica, se extraen maderas y otros productos forestales, tanto para el consumo interno como para la exportación. Sin embargo, esta actividad enfrenta problemas relacionados con la deforestación ilegal y la pérdida de biodiversidad.

Estas actividades son fundamentales para el crecimiento económico de Perú, pero también generan conflictos sociales y ambientales debido a su impacto en las comunidades locales y el medio ambiente.

El extractivismo está estrechamente vinculado con los conflictos socioambientales debido a las dinámicas de despojo, desigualdad y afectación a las comunidades locales que genera. Las actividades extractivas como la minería, la explotación de hidrocarburos y la tala intensiva impactan directamente en los territorios, desplazando a comunidades indígenas y campesinas, contaminando recursos naturales esenciales como el agua y degradando ecosistemas críticos.

En el caso de América Latina, donde el modelo extractivista se ha consolidado como pilar económico, estos conflictos son particularmente agudos. Países como Perú, Chile y Ecuador concentran un alto número de conflictos asociados a concesiones mineras y otras actividades extractivas. Estos conflictos suelen surgir por desigualdades en el acceso, control y distribución de los recursos, lo que los convierte en disputas de justicia ambiental y ecológica. Además, están marcados por tensiones entre las lógicas de las comunidades locales, que valoran sus territorios por su uso sostenible y cultural, y los intereses de empresas y gobiernos, que priorizan la explotación económica.

Los movimientos sociales que se oponen al extractivismo han desarrollado estrategias como monitoreos comunitarios del agua, redes de resistencia y producción de conocimiento para contrarrestar los impactos. Estas acciones buscan equilibrar las asimetrías de poder, fortalecer la gobernanza local y visibilizar la importancia de una participación ciudadana efectiva en decisiones sobre los recursos naturales.

En resumen, los conflictos socioambientales son una consecuencia directa del modelo extractivista, reflejando las tensiones entre la búsqueda de desarrollo económico basado en la explotación de recursos y la necesidad de proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas.

Referencias:

Martínez Tuesta, G., (2015). La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú. Eutopía: Revista de Desarrollo Económico Territorial, vol. (8), pp. 127-130. https://www.redalyc.org/pdf/6757/675771384009.pdf

Martínez Espinoza, M. I., (2018). Repertorios de acción colectiva frente al extractivismo minero en América Latina. Andamios, vol. (15), pp. 43-73. https://www.redalyc.org/journal/628/62857534003/62857534003.pdf

Ayelén, J. y Hernán, F. (2019). ¿Crecimiento, desarrollo o «milagro»? Aportes para un análisis histórico-estructural de la realidad peruana. Economía y Desarrollo, vol. (162). https://www.redalyc.org/journal/4255/425560735005/html/

Fernández, J. (2020). El territorio como espacio contradictorio: promesas y conflictos en torno a la actividad extractiva en Ecuador, Colombia, Perú y Chile. EURE, vol. (46), pp. 225-246. https://www.redalyc.org/journal/196/19660638012/html/

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El Baguazo fue una confrontación entre comunidades indígenas amazónicas y las autoridades policiales, desencadenada por el rechazo de las comunidades nativas a un conjunto de decretos legislativos promovidos por el gobierno del presidente Alan García. Estos decretos facilitaban la explotación de recursos naturales en territorios indígenas sin el consentimiento de las comunidades, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos.

Causas

Decretos legislativos cuestionados:

El gobierno de Alan García emitió una serie de decretos (como los DL 1090 y 1064) que facilitaban la inversión privada y la explotación de recursos naturales (petróleo, gas, minería, madera) en la Amazonía, ignorando los derechos de las comunidades indígenas.

Las comunidades denunciaron que estas normas violaban el Convenio 169 de la OIT, que exige la consulta previa con los pueblos indígenas sobre proyectos que afecten sus territorios.

Falta de diálogo:

Hubo poca o nula disposición del gobierno para dialogar con los líderes indígenas, lo que llevó a un escalamiento de las protestas.

Intereses económicos:

Presión de empresas privadas y gobiernos externos para explotar los recursos naturales de la Amazonía, lo que genero tensiones entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.

Consecuencias

Pérdidas humanas y materiales:

Fallecieron 33 personas (23 policías y 10 civiles). Además, decenas resultaron heridas y hubo daños materiales en la región.

Crisis política y social:

El gobierno de Alan García enfrentó fuertes críticas por su manejo del conflicto, lo que debilitó su legitimidad.

La relación entre el Estado y las comunidades indígenas quedó profundamente dañada.

Avances en derechos indígenas:

Se reforzó el debate sobre la necesidad de implementar la Ley de Consulta Previa en el Perú, que se promulgó en 2011.

Mayor visibilización de los derechos de las comunidades indígenas en la agenda nacional.

Roles del Estado, sociedad y empresa privada

El Estado emitió los decretos sin consultar a las comunidades, priorizando intereses económicos sobre derechos indígenas. Falló en el diálogo y respondió con represión, lo que agravó el conflicto.

La empresa privada presionó por leyes que facilitaran la explotación de recursos, buscando maximizar ganancias sin considerar el impacto social y ambiental.

Las comunidades indígenas lideraron la resistencia, defendiendo sus derechos, territorios y medio ambiente. Otros sectores apoyaron o criticaron el conflicto según sus intereses o perspectivas.

Medios de comunicación

Para José Lirio Hintash, otro líder awajún, el gobierno de aquel entonces fue el responsable de lo ocurrido. “Lo que motivó la reacción de la comunidad nativa fue la decisión del gobierno de Alan García Pérez, que quiso privatizar los territorios indígenas, sin consultar a los pueblos amazónicos. En ningún momento estuvimos armados, no nos entendieron y obligaron a la Policía Nacional a disparar, para terminar confundidos a balazos entre hermanos”, afirmó.

El 5 de junio del 2009 se registraron incidentes en Bagua (Amazonas) que dejaron como saldo la muerte de 33 personas, incluidos 23 policías, y graves violaciones de los derechos humanos. Pasaron ocho años y solo uno de varios procesos penales que se abrieron tras el 'Baguazo' fue resulto. El día del 'Baguazo', agentes de la DINOES (dirección Nacional de Operativos Especiales) con apoyo de las Fuerzas Armadas se enfrentaron a cientos de nativos que estaban atrincherados más de 50 días en la zona conocida como ‘Curva del diablo’.

Referencias bibliograficas

Dolorier, G., & Paneque, P. (2013). Poder, gobierno y territorio: análisis del Conflicto de Bagua, Perú. Letras Verdes. Revista Latinoamericana De Estudios Socioambientales, (14), 139–159. https://doi.org/10.17141/letrasverdes.14.2013.997

RPP. (2020, Junio 5). Once años del 'Baguazo': La huella imborrable de un conflicto entre peruanos. https://rpp.pe/peru/actualidad/baguazo-5-de-junio-del-2009-el-dia-del-conflicto-social-en-el-que-murieron-policias-y-nativos-awajun-y-wampi-noticia-1270945

RPP. (2016, Setiembre 22). ¿Qué fue el Baguazo? Causas y consecuencias de una matanza. https://rpp.pe/peru/actualidad/que-fue-el-baguazo-causas-y-consecuencias-de-una-matanza-noticia-996965

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1. ¿En qué consiste la Ley de Consulta Previa y por qué es importante?

La Ley de Consulta Previa establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que puedan afectar directamente sus derechos colectivos, territorios o modos de vida. Este proceso se basa en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Perú, que garantiza la participación activa de los pueblos originarios en decisiones que los impacten.

Es importante porque:

• Promueve la inclusión y el respeto hacia las comunidades indígenas.

• Fortalece los derechos humanos y la autodeterminación.

• Previene conflictos sociales derivados de decisiones inconsultas.

• Garantiza la sostenibilidad ambiental y cultural de los territorios indígenas.

2. Explique todas las fases de la consulta previa

Las fases del proceso de consulta previa son las siguientes:

1. Identificación de la medida: El Estado define si una medida afecta directamente a pueblos indígenas.

2. Identificación de los pueblos indígenas involucrados: Se determinan las comunidades afectadas.

3. Información sobre la medida: Se comunica a las comunidades, de manera clara y en su idioma, los detalles de la medida.

4. Evaluación interna de los pueblos indígenas: Las comunidades deliberan sobre la medida en sus propios términos.

5. Proceso de diálogo: Se negocia entre el Estado y los pueblos indígenas, buscando acuerdos o entendimientos.

6. Decisión final: Aunque no implica un derecho de veto, las opiniones expresadas durante el proceso deben ser tomadas en cuenta.

7. Seguimiento: Se supervisa el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

3. Presente dos noticias pertinentes sobre consulta previa

1. El Poder Judicial ordena la implementación urgente de consultas previas para leyes que afecten a pueblos indígenas

Una reciente sentencia del Poder Judicial establece que el Congreso debe incluir el procedimiento de consulta previa en su reglamento para garantizar que las leyes que impacten a pueblos indígenas sean consultadas antes de su aprobación. Esto refuerza el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que protege los derechos colectivos de estas comunidades.

Referencia:

Redacción RPP. (2024, enero 30). Poder Judicial urge a convocar consultas previas de leyes que afecten pueblos indígenas. RPP Noticias. https://rpp.pe/peru/actualidad/poder-judicial-urge-a-convocar-consultas-previas-de-leyes-que-afecten-pueblos-indigenas-noticia-1477153

2. La necesidad de evaluar el alcance de la consulta previa en concesiones mineras

Un análisis reciente destaca que, tras más de una década de vigencia de la ley, existen limitaciones en cómo se identifican las medidas que requieren consulta previa, especialmente en el sector minero. Se subraya la necesidad de fortalecer este proceso para garantizar la protección efectiva de los derechos indígenas.

Referencia:

Redacción La República. (2024, noviembre 27). ¿Se debió ir a la consulta previa por concesión minera?. La República. https://larepublica.pe/politica/2024/11/27/se-debio-ir-a-la-consulta-previa-por-concesion-minera

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El Convenio 169 de la OIT es un tratado internacional adoptado en 1989 que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Sustituye al Convenio 107, que buscaba la integración de estos pueblos en las sociedades nacionales. En contraste, el Convenio 169 reconoce a los pueblos indígenas como entidades autónomas con derechos colectivos sobre su tierra, cultura, tradiciones y cosmovisión. Su objetivo principal es garantizar el respeto por su identidad y autodeterminación.

Reconocimiento de derechos colectivos: Proporciona protección específica sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, fundamentales para su supervivencia y desarrollo sostenible.

Consulta previa: Establece la obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se adopten medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos.

Ámbito social y cultural: Promueve su acceso a derechos laborales, educación, salud y medios de comunicación con respeto a sus tradiciones y lenguas.

Fortalecimiento del pluralismo jurídico: En varios países de América Latina, el convenio ha influido en la adopción de constituciones que reconocen el pluralismo jurídico y los derechos indígenas como parte integral del Estado.

La implementación del convenio ha generado avances significativos en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde las constituciones recientes integran explícitamente estos derechos. Sin embargo, persisten desafíos en su aplicación, principalmente en garantizar que los procesos de consulta sean efectivos y no meramente simbólicos.

El Convenio 169 de la OIT está directamente relacionado con los conflictos socioambientales y los movimientos indígenas debido a los derechos que otorga a los pueblos indígenas, especialmente en el contexto de proyectos extractivos que afectan sus territorios y recursos naturales.

Derecho a la consulta previa: El Convenio exige que los pueblos indígenas sean consultados antes de implementar proyectos que puedan afectar sus tierras o recursos. Sin embargo, en muchos casos, los Estados o empresas no cumplen adecuadamente este requisito, generando conflictos. Las consultas son vistas como un mecanismo para evitar imposiciones, pero su implementación incompleta o simbólica exacerba tensiones.

Protección de tierras y recursos naturales: Las actividades extractivas, como la minería o la explotación de hidrocarburos, afectan territorios indígenas protegidos por el Convenio. Esto ha derivado en resistencia activa por parte de las comunidades, que consideran estas actividades como una amenaza a su supervivencia y cultura.

Fortalecimiento de identidades colectivas: Los movimientos indígenas utilizan el Convenio para reivindicar su autonomía y visibilizar su rol como guardianes de la biodiversidad. Esto fomenta alianzas con movimientos ambientalistas y otras organizaciones de la sociedad civil.

En resumen, el Convenio 169 no solo busca proteger los derechos indígenas, sino que también actúa como un catalizador en la lucha por la justicia socioambiental. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos significativos, y su falta de cumplimiento sigue siendo una de las principales causas de conflictos en territorios indígenas.

Referencias:

Santander, J. (2019). EL CONVENIO 169 DE LA OIT EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS. Revista Latinoamericana de Derecho Social. https://doi.org/10.22201/iij.24487899e.2019.28.13148

Casado Gutiérrez, F., (2020). La influencia del Convenio 169 de la OIT en la justiciabilidad de los derechos indígenas a través de la jurisprudencia en los países del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, LIII(159), 977-994. https://doi.org/10.22201/iij.24484873e.2020.159.15796

Tuaza, L. (2020). Alcance de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en América Latina

Revista de Ciencias Sociales (Ve), vol. (26), pp. 276-292. https://www.redalyc.org/journal/280/28065077022/html/

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Movimientos Indígenas

Los movimientos indígenas son esfuerzos organizados por comunidades indígenas para defender sus derechos, cultura, territorio y recursos naturales. Estos movimientos buscan reivindicar la identidad cultural y social de los pueblos indígenas, así como su autonomía frente a las políticas estatales y las presiones externas, como la explotación de recursos.

Causas de los Movimientos Indígenas

Despojo Territorial : Muchas comunidades indígenas han sido desplazadas de sus tierras debido a proyectos de minería, agricultura industrial y urbanización.

Reconocimiento de Derechos : La falta de reconocimiento legal de sus derechos culturales, territoriales y políticos ha llevado a los pueblos indígenas a movilizarse.

Explotación de Recursos Naturales : La explotación indiscriminada de recursos naturales en territorios indígenas sin consulta previa ha generado conflictos.

Cambio Climático : Los efectos del cambio climático afectan desproporcionadamente a las comunidades indígenas, que dependen directamente de sus entornos naturales.

Consecuencias de los Movimientos Indígenas

Visibilidad y Reconocimiento : Estos movimientos han logrado aumentar la visibilidad de las demandas indígenas en la esfera pública y política.

Legislación : En algunos casos, han llevado a cambios legislativos que reconocen derechos indígenas y establecieron mecanismos de consulta.

Conflictos Sociales : A menudo, los movimientos pueden generar tensiones entre comunidades indígenas y el Estado o empresas privadas, resultando en protestas y enfrentamientos.

Fortalecimiento Cultural : Promueven la revitalización cultural y el orgullo indígena entre las nuevas generaciones.

Ejemplos pertinentes sacados de los medios de comunicación

Conflicto por el Proyecto Minero Tía María : En 2015, la comunidad indígena de Islay se opuso al proyecto minero Tía María por preocupaciones sobre el impacto ambiental y la falta de consulta previa. Las protestas resultaron en enfrentamientos con la policía y un debate nacional sobre los derechos de las comunidades afectadas.

Movilización por el Derecho a la Consulta Previa : En 2011, diversas organizaciones indígenas se movilizaron para exigir el cumplimiento del derecho a la consulta previa establecida en el Convenio 169 de la OIT. Esto llevó a un mayor reconocimiento de sus derechos en diversas políticas públicas.

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Minería Ilegal

La minería ilegal se refiere a las actividades extractivas realizadas sin las debidas licencias, permisos o regulaciones por parte de las autoridades competentes. En muchos casos, los mineros ilegales operan en áreas protegidas, zonas no autorizadas o fuera del marco legal establecido.

Causas de la minería ilegal:

Pobreza y falta de oportunidades laborales: Muchas personas se ven impulsadas a recurrir a la minería ilegal como una forma de generar ingresos rápidos debido a la falta de empleo o recursos en sus comunidades.

Corrupción: La falta de control efectivo por parte de las autoridades locales y la corrupción en las instituciones públicas permite que las actividades ilegales prosperen.

Acceso limitado a créditos o formalización: La falta de acceso a recursos financieros o a información sobre la formalización de actividades mineras también contribuye al auge de la minería ilegal.

Consecuencias de la minería ilegal:

Destrucción ambiental: La minería ilegal con frecuencia implica el uso de prácticas destructivas, como el uso de mercurio o la deforestación ilegal, lo que daña ecosistemas vitales.

Explotación laboral: Los trabajadores de la minería ilegal suelen estar expuestos a condiciones de trabajo extremadamente peligrosas y son vulnerables a abusos.

Impacto en las comunidades: La minería ilegal puede generar conflictos sociales, desplazamientos forzados y violencia, debido a las disputas por el control de recursos.

Ejemplo de minería ilegal: Un ejemplo destacado de minería ilegal en los medios de comunicación es la minería ilegal de oro en la región de Madre de Dios, Perú. Este tipo de minería ha sido ampliamente reportado por su impacto ambiental negativo, como la contaminación de ríos con mercurio, y por los conflictos sociales derivados de la presencia de grupos armados que controlan las zonas mineras.

Minería Informal

La minería informal se refiere a la actividad minera realizada por personas que no cumplen con todos los requisitos legales y regulatorios, pero a diferencia de la minería ilegal, estas actividades pueden estar parcialmente reguladas o en proceso de formalización. Los mineros informales, por ejemplo, pueden operar sin las licencias necesarias o bajo condiciones de trabajo precarias, pero están en proceso de regularizar su situación.

Causas de la minería informal:

Falta de información o recursos para formalización: Los mineros informales a menudo carecen de acceso a información sobre los procesos de formalización o enfrentan barreras burocráticas que dificultan su acceso a permisos legales.

Deficiencias en la política pública: Las políticas de formalización en algunos países no son claras o no están bien implementadas, lo que dificulta que los mineros informales accedan a un marco legal adecuado.

Consecuencias de la minería informal:

Condiciones laborales precarias: Aunque los trabajadores no están involucrados en actividades ilegales, pueden estar expuestos a riesgos laborales y a la explotación debido a la falta de regulaciones adecuadas.

Inestabilidad económica: La falta de acceso a mercados formales puede generar inestabilidad en los ingresos de los mineros informales, lo que perpetúa la pobreza en muchas comunidades.

Ejemplo de minería informal: Un ejemplo de minería informal puede encontrarse en la región de Puno, Perú, donde se desarrollan actividades mineras en pequeña escala que no están completamente formalizadas. En 2023, medios de comunicación reportaron sobre la iniciativa del gobierno para apoyar la formalización de los mineros informales en esta región mediante la entrega de créditos y asistencia técnica.

referencias bibliográfica:

El Comercio. (2023). Madre de Dios: los estragos de la minería ilegal y el uso de mercurio en la Amazonía peruana. Recuperado de https://elcomercio.pe.