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La última dictadura militar argentina, también llamada Proceso de Reorganización Nacional, fue una dictadura cívico-militar que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983. El gobierno dictatorial se estableció tras el golpe de Estado que el 24 de marzo de 1976 derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón.

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La teoría de los dos demonios sostiene que, durante ese período, tanto los militares como los guerrilleros cometieron violaciones a los derechos humanos y que ambos bandos deben ser considerados responsables por igual. Argumenta que la violencia ejercida por los grupos guerrilleros de izquierda justificó la respuesta represiva del gobierno militar.

En cuanto al papel asignado a los jóvenes organizados en agrupaciones de izquierda, la teoría de los dos demonios tiende a deslegitimar su lucha y a equiparar sus acciones con las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno militar. Los jóvenes militantes son presentados como parte de un movimiento violento y peligroso que supuestamente justificó la represión estatal.

Según esta teoría, la sociedad en general también es considerada responsable en cierta medida. Se argumenta que la polarización política y la radicalización de distintos sectores de la sociedad contribuyeron a la escalada de violencia durante ese período. Además, se plantea que la falta de una condena clara y contundente a la violencia de ambos bandos habría permitido su perpetuación.

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COmisión NAcional sobre la Desaparición de Personas 15/12/1983

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La Conadep fue la COmision NAcional sobre la DEsapacición de Personas la cual fue creada el 15 de Diciembre 1983 por el presidente actual de ese momento, Raúl Alfonsín. Su fin era investigar los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridas en Argentina durante el periodo de la dictadura cívico militar (1976-1983).

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Ayudó a fortalecer los reclamos de justicia y verdad, y contribuyó a la creación de un marco jurídico para juzgar a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos. También fue un punto de referencia para otros países que enfrentaron situaciones similares y buscaron la verdad y la justicia. El Informe Nunca Más fue un documento esencial que expuso los horrores cometidos durante la dictadura militar en Argentina, promovió la memoria y la justicia, y sentó las bases para la construcción de una sociedad más democrática y respetuosa de los derechos humanos.

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El juicio iniciado por Strassera y la sentencia dictada el 9 de diciembre  de 1985 condenó a cinco de los militares acusados y absolvió a cuatro. Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución. Viola a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años de prisión y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; todos con destitución.

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La Ley de Punto Final fue sancionada en 1986 y establecía un límite temporal para la persecución de los responsables de delitos cometidos durante la última dictadura militar en Argentina, también otorgó impunidad a aquellos que no habían sido investigados o juzgados hasta la fecha.

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La Ley de Obediencia Debida fue sancionada en 1987 y establecía que los subordinados no podian ser responsabilizados penalmente por delitos cometidos bajo órdenes superiores durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983)

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SANCIÓN DE LOS INDULTOS POR CARLOS MENEM:

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SANCIÓN DE LOS INDULTOS POR CARLOS MENEM:

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Durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) este mismo implementó una serie de indultos los cuales estuvieron dirigidos a personas condenadas o procesadas por delitos relacionados con la violencia política y los abusos contra los derechos humanos cometidos durante la última Dictadura Militar Argentina (1976-1983). Estos indultos beneficiaron tanto a militares como a policías condenados por delitos de lesa humanidad como a guerrilleros de izquierda. El objetivo principal de estos indultos era promover la reconciliación nacional y poner fin a la polarización política que existía en el país.

Estos indultos generaron fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad. Se decía que otorgar la impunidad a aquellos que eran  responsables de graves violaciones a los derechos humanos era un acto de injusticia y una negación de la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

El fin de estos indultos se dio en el año 2003 durante la presidencia de Nestor Kirchner y se retomaron los juicios y las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

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DEROGACIÓN DE LA LEY DE OBEDICNECIA DEBIDA:

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DEROGACIÓN DE LA LEY DE OBEDICNECIA DEBIDA:

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La Ley de Obediencia Debida fue derogada en el año 2003 por el Congreso Argentino, mismo año en el que Nestor Kirchner asumió la presidencia. La derogación de esta ley se basó en el reconocimiento de que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar eran crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no debían estar protegidas por la obediencia debida.

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La Ley de Punto Final fue derogada en el año 2005 nuevamente por el Congreso Argentino. La derogación de esta ley sucede luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la aplicación de la ley. La Corte consideró que la ley violaba los principios del debido proceso y la igualdad ante la ley, y estableció que los crímenes de lesa humanidad eran imprescriptibles.