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Desafíos estratégicos para el país en 2016-2026.
1. Regular y precisar el alcance del derecho a la educación.
2. La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación.
3. El establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles.
4. La construcción de una política pública para la formación de educadores.
5. Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento.
6. Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida.
7. Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género.
8. Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación.
9. La importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la participación del gasto educativo en el PIB y en el gasto del Gobierno, en todos sus niveles administrativos.
10. Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles de la educación

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Los retos mas importantes, tal y como lo establecen para América latina en el banco de desarrollo de América latina CAF , son los mismo que se pueden establecer para Colombia y para la costa atlántica colombiana y son los siguientes:
° Igualdad laboral y salarial.
° Mitigar la violencia de genero.
° Empoderamiento Económico.
° Mas representación  política.
° Fortalecimiento de las instituciones y legislación dirigida al género.

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La participación de la mujer latinoamericana en la vida económica y política ha ido en aumento, pero en los próximos años la región deberá poner fin a la violencia de género y lograr la igualdad salarial

Los roles de género que tradicionalmente relegaban a la mujer al cuidado de los hijos y del hogar están cambiando en América Latina. Buena muestra de ello es que en los últimos 20 años más de 70 millones de mujeres se sumaron a la fuerza laboral de la región, un hecho que ayudó, entre otros, a reducir significativamente la pobreza y a impulsar el auge de la clase media.

De todos modos las desigualdades de género siguen siendo persistentes: las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo; su representación en las instituciones públicas también es menor; la violencia doméstica se cobró 1678 vidas en 2014; y ellas siguen sufriendo de manera desproporcionada la pobreza, la discriminación y la explotación.

La equidad de género no solo implica beneficios para las mujeres y para la sociedad, sino también para la economía. Se calcula que si las mujeres tuvieran el mismo nivel de empleo y emprendedurismo que los hombres, el PIB de la región podría subir un 14% (si se iguala al país con mejor desempeño en la región).

A continuación presentamos los cinco retos que enfrenta América Latina para lograr una equidad real entre hombres y mujeres:

Empoderamiento económico: las mujeres tienen un potencial inmenso para dinamizar la economía de los países, pero en muchas ocasiones la discriminación de género lastra estas expectativas. A menudo las mujeres acaban desempeñando trabajos no remunerados y poco seguros, y siguen ocupando menos puestos directivos en las empresas. Adicionalmente, su menor acceso a los sistemas financieros limita su participación en la vida económica. En este frente, es importante promover la creación de más productos financieros para aumentar la alfabetización financiera entre esta población, y en la creación de programas de emprendimiento para la independización de ingresos.

Más representación política: aunque la proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres en la región es del 24% -la más alta del mundo- todavía existen barreras culturales y económicas que evitan una mayor representación de la mujer en cargos públicos. La representación de las mujeres en los legislativos nacionales pasó del 15% en 2000 a 23% en 2012, pero varios países en la región mantienen con porcentajes muy bajos. En países como Brasil, Panamá o Barbados, las mujeres tienen menos del 10% del total de los legisladores. Estas cifras evidencian que las mujeres siguen estando rezagadas en cuanto a su representación política, y más si se tiene en cuenta que las mujeres suman la mayoría de la población de la región.

Igualdad laboral y salarial: a pesar de grandes avances en los últimos años, la población económicamente activa es significativamente más baja en las mujeres, en comparación que la de los hombres (54% y 72%, respectivamente). Adicionalmente, los hombres siguen ganando más que las mujeres por un mismo trabajo. Ellas tienden a tener empleos en el sector de los servicios o en el servicio doméstico, y no en los campos de la alta tecnología, o en trabajos calificados. En Chile, Brasil, México y Perú, los varones profesionales pueden llegar a ganar hasta un 25% más que las mujeres. Para mejorar este escenario, es necesario contar con políticas públicas que incentiven la participación de mujeres en la fuerza laboral, y el aumento de las mujeres en la toma de decisiones en el sector privado.

Mitigar la violencia de género: en 2014 más de 1,678 mujeres murieron simplemente por ser mujer. Un total de 20 países de América Latina y el Caribe cuentan actualmente con leyes de violencia contra las mujeres, aunque sólo en ocho se asignan recursos específicos en su presupuesto nacional. 14 países han tipificado el delito de feminicidio y dos lo han establecido como un homicidio agravado por razones de género. Casi todos los países de la región tienen leyes contra la violencia doméstica, aunque en los próximos años los esfuerzos deberán orientarse en aplicarlas.

Fortalecimiento de las instituciones y legislación dirigida al género: se calcula que en los últimos 50 años se redujeron a la mitad las restricciones a los derechos de propiedad de la mujer, así como los obstáculos legales que impedían que se incorporaran íntegramente a la vida pública. Las leyes son esenciales para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres. Por ejemplo, pueden obligar a incrementar las cuotas de género en las listas electorales; castigar con más firmeza el acoso sexual y la violencia de género; otorgar licencias de maternidad más acordes con la realidad laboral; o garantizar la representación de las mujeres en las instituciones públicas.

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5 retos para lograr la equidad de género en América Latina

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La participación de la mujer latinoamericana en la vida económica y política ha ido en aumento, pero en los próximos años la región deberá poner fin a la violencia de género y lograr la igualdad salarial

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MAESTRANTE
GILBERTO J PAEZ B

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(junio 2)

Diario Oficial No 35.794 de 7 de julio de 1981

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmado en Copenhague el 17 de julio de 1980.

ARTÍCULO 1o. Apruébase la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada el 17 de julio de 1980, cuyo texto certificado es el siguiente:

CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER

Los Estados Partes en la presente convención,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos del hombre y la mujer.

Considerando que la declaración universal de derechos humanos reafirma el principio dela no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo.

Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de derechos humanos tienen la obligación de garantizar al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

Tendiendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.

Teniendo en cuenta, así mismo, las resoluciones declaraciones y recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.

Preocupados. Sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones.

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de la posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y al humanidad.

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades.

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y la justifica contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer.

Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas la formas de facismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión ocupación y dominación extranjera y de la injerencia en los asuntos internos de los estados es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer.

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los estados con independencia de sus sistemas económicos y sociales, el desarme general y completo y, en particular, el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial y extrajera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial, promoverán el progreso y el desarrollo social y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer.

Convencidos de que la máxima participación de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.

Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora la plenamente reconocida, la importancia social de la maternidad y la función de los padres en la familia y en la educación de los hijos y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación sino que la educación de los hijos exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto.

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia.

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, y para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones.

Han convenido en lo siguiente:

ARTICULO 1o. A los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

ARTICULO 2o. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativa y de otro carácter con las sanciones correspondientes, que prohiban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

ARTICULO 3o. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas políticas social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

ARTICULO 4o. 1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente convención, pero ningún modo entrañará, como consecuencia el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminación.

ARTICULO 5o. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.

ARTICULO 6o. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

ARTICULO 7o. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la descriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referendums públicos y ser elegible para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

ARTICULO 8o. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.

ARTICULO 9o. 1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apatrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

ARTICULO 10. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres;

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas, esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica y profesional, incluida la educación técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional;

b) acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal docente del mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad.

c) La eliminación de todos concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr éste objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza;

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios;

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible la diferencia de conocimientos existentes entre el hombre y la mujer.

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física;

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.

ARTICULO 11. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular;

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio y el derecho al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas.

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

2. A fin de impedir la descriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo, previo la antigüedad o beneficios sociales;

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se hayan probado puedan resultar perjudiciales para ella.

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.

ARTICULO 12. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la descriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a al mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

ARTICULO 13. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos en particular:

a) El derecho a prestaciones familiares;

b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero;

c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.

ARTICULO 14. 1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presenta convención a la mujer de las zonas rurales.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la descriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios y en particular le asegurarán el derecho a:

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;

d) Obtener todos los tipos de educación y de formación académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional; así como entre otros los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualda de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o ajena;

f) Participar en todas las actividades comunitarias;

g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y alas tecnologías apropiadas y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamieto;

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

ARTICULO 15. 1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.

2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídicio a que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo.

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.

ARTICULO 16. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para minar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y en particular asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

a) El mismo derecho para contraer matrimonio;

b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio solo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;

c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;

d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materia relacionadas con sus hijos, en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;

f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional, en todos los casos los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;

h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.

2. No tendrán ningún efecto jurídico los responsables y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.

ARTICULO 17. 1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente convención, se establecerá un comité sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (determinado en adelante el comité), compuesto en el momento de la entrada en vigor de la convención, de diez y ocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigesimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas jurídicos.

2. Los miembros del comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales.

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el secretario general de las naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos meses. El secretario general preparará una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han designado y la comunicará a los Estados Partes.

4. Los miembros del comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que será convocada por el secretario general y se celebrará en la sede de las Naciones Unidas. En la reunión, para la cual formarán quórum en los Estados Partes, se considerarán elegidos para el comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

5. Los miembros del comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección explicará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros.

6. La elección de los cinco miembros adicionales del comité se celebrará de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la convención o se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo del Presidente del Comité, espirará al cabo de dos años.

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte, cuyo experto haya cesado en sus funciones como miembro del comité designará entre sus nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del comité.

8. Los miembros del comité, previa aprobación de la asamblea general, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del comité.

9. El secretario general de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del comité en virtud de la presente convención.

ARTICULO 18. 1. Los Estados Partes se comprometen a someter al secretario general de las Naciones Unidas, para que lo examine el comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente convención y sobre los progresos realizados en este sentido;

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la convención para el estado de que se trate, y

b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el comité lo solicite.

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente convención.

ARTICULO 19. 1. El comité aprobará su propio reglamento.

2. El comité elegirá su mesa por un período de dos años.

ARTICULO 20. 1. El comité se reunirá normalmente todos los años por un periodo que no exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente convención.

2. Las reuniones del comité se celebrarán normalmente en la sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el comité.

ARTICULO 21. 1. El comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la asamblea general de las Naciones Unidas sobre sus actividades u podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados Partes.

2. El secretario general transmitirá los informes del comité a la comisión de la condición jurídica y social de la mujer para su nombramiento.

ARTICULO 22. Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente convención que correspondan a la esfera de sus actividades. El comité podrá invitar a los organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades.

ARTICULO 23. Nada de lo dispuesto en la presente convención afectará a disposición alguna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar parte de:

a) La legislación de un Estado Parte, o

b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado.

ARTICULO 24. Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas la medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente convención.

ARTICULO 25. 1. La presente convención estará abierta a la firma de todos los estados.

2. Se designa al secretario general de las Naciones Unidas depositario de la presente convención.

3. La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del secretario general de las Naciones Unidas.

4. La presente convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del secretario general de las Naciones Unidas.

Rama ejecutiva del poder público - Presidencia de la República.

Bogotá, D.E. 15 de octubre de 1980.

Aprobado.

Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

DIEGO URIBE VERGARA

El Ministro de Relaciones Exteriores

Es fiel copia del texto certificado de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la asamblea general de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, y firmada en Copenhague el 17 de julio de 1980.

HUMBERTO RUIZ VARELA

Jefe de la División de Asuntos Jurídicos

Bogotá, D.E., octubre de 1980

Articulo 2o. Esta ley entrará en vigor una vez cumplidos los trámites establecidos en la Ley 7 del 30 de noviembre de 1944, en relación con la convención que por esta misma ley se aprueba.

Dada en Bogotá, D.E. a los diez días del mes

de marzo de mil novecientos ochenta y uno.

JOSE IGNACIO DIAZ GRANADOS

El Presidente de la República

HERNANDO TURBAY TURBAY

El Presidente de la Cámara de Representantes

AMAURY GUERRERO

El Secretario General del Senado de la República

JAIRO MORERA LIZCANO

El Secretario General de la Cámara de Representantes

REPUBLICA DE COLOMBIA- GOBIERNO NACIONAL

PUBLIQUESE Y EJECUTESE

Bogotá, D.E. a 2 de julio de 1981

JULIO CESAR TURBAY AYALA

CARLOS LEMOS SIMMONS

El Ministro de Relaciones Exteriores

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Derecho del Bienestar Familiar [LEY_0051_1981]

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(junio 2) Diario Oficial No 35.794 de 7 de julio de 1981 EL CONGRESO DE COLOMBIA Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmado en Copenhague el 17 de julio de 1980.

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UNESCO : Building Peace through Education, Science and Culture, communication and information

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Learn more about UNESCO's role, vision and results. UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Our aim is to promote peace and security through international cooperation

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, básica y media cumplir con:

a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política;

Dentro de la capacitación a que se refiere este literal, deberán impartirse nociones básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, derecho de familia, derecho laboral y contratos más usuales;

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión o desarrollo;

c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política;

d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos, y

e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad.

f) El desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial y la formación de criterios para avaluar las distintas consecuencias que para su seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen como peatones, pasajeros y conductores.

PARÁGRAFO 1o. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los literales a) y b), no exige asignatura específica. Esta información debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través todo en plan de estudios.

PARÁGRAFO 2o. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente artículo SERÁN presentados por los establecimientos estatales a la Secretaría de Educación del respectivo municipio o ante el organismo que haga sus veces para su financiación con cargo a la participación de los ingresos corrientes de la Nación destinados por la ley para tales áreas de inversión social.

SECCIÓN II.

EDUCACIÓN PREESCOLAR

Colombia Art. 14 Se expide la ley general de educación

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art. 14 se expide la ley general de educación se expide la ley general de educación artículo 14 en todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligator

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Se expide la ley general de educación Artículo 14. Enseñanza obligatoria

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En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, básica y media cumplir con: a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción c

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Se refiere al goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas, independiente de su sexo, género identidad de género y/u orientación sexual, y…

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La importancia de la perspectiva de género en las estadísticas y su uso en la construcción de las políticas públicas de las mujeres en Barranquilla,  El derecho a vivir sin violencias.
Informe de caracterización y priorización de necesidades en la línea de violencia.
Informe de caracterización y priorización de necesidades en la línea de vivienda.
Informe de caracterización y priorización de necesidades en la línea.
Políticas públicas de las mujeres en Barranquilla.

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Informe Especial sobre el Seguimiento del Enfoque de Género