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Los vecinos de zonas donde hay explotaciones proyectadas se organizan en plataformas para frenar lo que consideran una amenaza para su calidad de vida y el futuro. El sector defiende que da empleo a 400.000 familias

Natividad Pérez, alcaldesa de Balsa de Ves, camina por un terreno agrícola lleno de digestato reseco. Aitor Sol

"¿Qué preferís, que vuestro pueblo huela a pinos o a mierda?". Natividad Pérez lanza esa cuestión a los vecinos que preguntan qué pasará si en su pueblo se instala una macrogranja. Ella les cuenta la experiencia por la que ya han pasado en Balsa de Ves, en Albacete, donde es alcaldesa. Les habla de los problemas que sí generan estas explotaciones, como la contaminación del suelo y las aguas, y de los malos olores. Les cuenta la experiencia de su pequeño municipio, de 131 vecinos, donde se crían unos 100.000 cerdos al año. "Tocamos a 763 animales por habitante", dice. Su voz está ayudando a montar plataformas vecinales contra nuevos proyectos de ganadería industrial en pueblos de la España vacía -Albacete, Cuenca, Toledo, Zamora, Ávila-, que han realizado varias protestas este año y tienen otra prevista para este viernes en 50 localidades.

La preocupación que mueve a estos pueblos es el deterioro de su calidad de vida, pero sobre todo el futuro. La ganadería intensiva porcina acelera la despoblación o es incapaz de frenarla, según sugiere un nuevo informe de Ecologistas en Acción. Balsa de Ves, por ejemplo, ha perdido un 40% de vecinos desde que se instaló la macrogranja en 2006, aunque también influyen otros factores como la falta de servicios. La patronal Interporc, que aglutina al sector porcino, defiende que las más de 86.000 granjas de cerdos del país dan empleo a 400.000 familias de forma directa e indirecta, la mayor parte en zonas rurales, por lo que son "esenciales para luchar contra la despoblación", y achaca las protestas a "grupos animalistas".

Un chaval en bicicleta pasa por delante de la farmacia de Balsa de Ves, cerrada permanentemente. Aitor Sol

El trabajo de Ecologistas analiza centenares de municipios de menos de 5.000 habitantes alejados de grandes ciudades donde hay una gran carga porcina intensiva -de 5.000 a más de 100.000 animales- y los compara con otros cercanos y con población similar pero sin estas instalaciones. En el 74% de las comparativas, las localidades con estas macrogranjas pierden más población o ganan menos habitantes que las que no lo tienen. "No hay una relación positiva entre la ganadería industrial porcina y la lucha contra la despoblación", dice Daniel González, coordinador del informe.

Jorge Blanco, investigador en Demografía en la Complutense, explica que este tipo de industrias "transforman la economía de zonas rurales, que suele estar basada en la agricultura y la ganadería extensiva, en una única dirección que no necesariamente repercute en la vida del pueblo, con lo que se elimina parte de la riqueza asociada a actividades laborales diversas". Por ejemplo, "hace que quienes tengan otras actividades vendan sus terrenos y pasen a ser rentistas". En su opinión, "es cierto que estas industrias tienen potencial de atracción de trabajadores, pero no tienen por qué vivir en el lugar, y si no lo hacen no pagan impuestos allí y no entra renta al flujo del pueblo".

Por su parte, Vicente Pinilla, director de la Cátedra Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza, señala que "el hecho de que los municipios con macrogranjas crezcan menos no demuestra que la causa sean estas instalaciones, es decir, esa correlación no implica causalidad". La cuestión clave "es si el porcino produce despoblación o va a donde hay despoblación, lo cual parece más probable". Pinilla considera que hay otras causas para la despoblación rural como la falta de oportunidades laborales, la carencia de servicios públicos y una estructura demográfica muy desequilibrada, masculinizada y con personas de edad avanzada. "Este tipo de despoblación ha ocurrido en toda Europa en los últimos años", añade.

Olor insoportable

Ecologistas y las plataformas vecinales asumen que la ganadería industrial no es el único factor que impulsa la despoblación, pero quieren destacar que no sirve para fijar habitantes, como defiende el sector. Natividad Pérez explica el ejemplo de Balsa de Ves: "En 2006, cuando yo era concejal de la oposición, se instaló la macrogranja y nos vendieron que iban a contratar a todos los parados y que iban a dar mucho trabajo. Pero solo contrataron a cinco personas del pueblo".

José Murcia, de 79 años, toma un tercio en El Ventorro, el único bar de Balsa de Ves. Aitor Sol

La ilusión se fue diluyendo con los años. De 2000 a 2020, el municipio ha perdido casi el 50% de su población (de 259 a 131 habitantes), la mayoría de los cuales se fue desde 2006 (un 40%). Ecologistas lo compara con Villavaliente, una localidad cercana similar, que en dos décadas perdió el 22% de sus habitantes (de 282 a 220). "El sector dice que estas instalaciones fijan la población, pero no es cierto. ¿Quién va a querer vivir al lado de una granja que genera olores, que contamina, que tiene tránsito de camiones enormes que destrozan los caminos públicos?", se queja Pérez. Fidel Aldudo, jubilado y teniente de alcalde, vive en La Pared, una pedanía de Balsa de Ves donde siempre huele mal: "El olor es insoportable, nunca te acostumbras".

Entre los vecinos de este pueblo de calles estrechas y casas bajas, división de opiniones. José Murcia, de 79 años, toma un tercio en El Ventorro, el único bar del pueblo: "La macrogranja supone problemas de olores, lo noto mucho cuando salgo a pasear con la bicicleta, muchas veces me tengo que volver por la peste". Matilde González, de 50 años y con tres hijos, se queja de la falta de oportunidades: "Estoy en el paro, he echado el currículum en la granja y no me llaman. Nos deberían dar prioridad a los que vivimos aquí". Otro residente que prefiere no decir su nombre cree que la instalación no genera ningún problema y da trabajo.

La regidora desde 2015 -con listas abiertas- camina junto a la puerta del complejo, situado a cuatro kilómetros de la localidad. Señala un campo donde la tierra se ha pintado de negro con un material similar al petróleo. "Es digestato, una mezcla que hacen entre los purines y otros residuos, porque también tienen una planta de biogás. La normativa dice que deberían arar en menos de 24 horas para evitar la contaminación del aire, pero lleva ahí varios días", apunta. "Nadie quiere estas instalaciones, por eso buscan pueblos pequeños con población envejecida y sin técnicos municipales ni tejido asociativo que les puedan plantar cara. Y una vez que se establecen intentan expandirse". La empresa no ha respondido a los correos de este diario.

La patronal Interporc explica que, según su análisis, "no existe ni un solo pueblo en el que una granja haya supuesto el abandono de familias, sino todo lo contrario. Otra cosa será que haya pueblos en los que una granja no haya podido frenar la despoblación, pero es distinto". En su opinión, este sector hace una gran apuesta por las zonas rurales, lo que atrae a la industria agroalimentaria y a la industria auxiliar. "La actividad agrícola y ganadera es esencial para luchar contra la despoblación", resume. En cuanto a la contaminación, apunta que la normativa exige aplicar los purines directamente en el suelo y enterrarlos antes de 12 horas, lo que está reduciendo un 30% las emisiones de amoniaco, según sus informes. "El sector produce hoy un 50% menos de purines y más del 90% de los purines se reutiliza en sustitución de los abonos", añade. Según los datos de las diferentes patronales, en España hay 86.000 granjas porcino (un 80% de ellas, de carácter industrial), 130.000 de vacuno y 5.000 avícolas.

Plataformas ciudadanas

Manifestación en Toledo contra la ganadería intensiva en la región, el pasado 23 de mayo. E. P.

Las plataformas ciudadanas contra este tipo de ganadería industrial no dejan de crecer. Un ejemplo es Loporzano sin ganadería intensiva, en Huesca. "Fuimos el primer movimiento vecinal que se opuso a este tipo de explotaciones", dice Rosa Diez, portavoz del movimiento. "Nos instalaron una granja para 75.000 pollos y luego vimos que había varias peticiones para instalar porcino industrial y conseguimos frenarlas". ¿Qué problemas les genera? "Los purines tienen antibióticos, metales pesados y nitratos, que se filtran en el terreno y acaban en los acuíferos, contaminando las aguas. Ya hay muchos municipios con agua no potable", continúa Diez. Su movimiento impulsó la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, que coordina movimientos similares por todo el país.

Inma Lozano, de Stop Macrogranjas CLM, critica "el desmesurado crecimiento de este tipo de instalaciones, que se están aprobando sin valorarlas en su conjunto tanto por el consumo de agua como el de purines". Lozano vive en Pozuelo, una pedanía de Albacete de menos de 500 habitantes donde los vecinos se movilizan contra un proyecto para criar 150.000 cerdos. Greenpeace calcula que en los últimos tres años se han concedido autorizaciones para nuevas instalaciones al ritmo de 1,5 al día, por lo que exige una moratoria a este tipo de ganadería, algo en lo que coinciden todas las plataformas.
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En los últimos meses ha habido muchas manifestaciones contra nuevos complejos, aunque la mayoría han ocurrido en pueblos pequeños, por lo que no han tenido mucha visibilidad. En mayo, llevaron su protesta a varias capitales de provincia. Pueblos Vivos Cuenca ha organizado varias concentraciones en más de 30 municipios en esa provincia. En Castilla y León uno de los focos está en Segovia; allí, Belén Bernardos acudió en julio a una concentración en su municipio, Bernardos. "Nuestra plataforma aglutina a 15 pueblos preocupados por esto, donde hay 18 proyectos pendientes de aprobación. El próximo viernes nos volvemos a manifestar", señala. Ocurrirá lo mismo en 50 localidades más de toda España. Natividad Pérez lo resume así: "Los pueblos son un territorio de sufrimiento y resistencia. Las plataformas están dando voz y dignidad a los vecinos para parar esta locura".

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Bárbara Patricia Palmero, una ganadera que tiene 500 ovejas en Prado (Zamora) y a la que le han instalado una macrogranja en el pueblo de al lado. JUAN BARBOSA

El día se levanta con una niebla espesa en Prado, un pueblo zamorano de unos 40 habitantes. A las siete, Bárbara Patricia Palmero se dirige a una enorme nave blanca de techos altísimos para alimentar a sus 500 ovejas con avena, cebada o veza. "En diciembre y enero no salen a pastar porque hace mucho frío, el resto del año sí", apunta. Cuando camina con sus animales ve los inmensos llanos de secano de la Tierra de Campos donde se plantan cereales. Desde hace un par de años el paisaje también incluye una macrogranja en el pueblo de al lado, Cerecinos. "Es imposible la coexistencia entre la oveja de pastoreo y las macrogranjas de cerdos. Mis ovejas no pueden pastar donde vierten purines [excrementos]", denuncia Palmero, un lamento que comparten otros ganaderos extensivos. La patronal del porcino responde que hasta la fecha no han recibido ninguna queja por este motivo.

Palmero -botas, pantalones negros gastados, abrigo estilo militar y bufanda al cuello- maneja con soltura su carretilla por la nave, donde los animales corretean en diferentes corrales con suelo de paja y forraje: en uno están los machos, y en otros las hembras con sus crías de diferentes edades. El balido de las ovejas se entremezcla con el ladrido de los perros en una sinfonía rural. Su ganadería, Hermanos Palmero, cría unos mil corderitos al año. Para incluirse en la marca Lechazo de Castilla y León las madres tienen que estar en extensivo y semiextensivo y alimentarse básicamente de forma tradicional -aunque en invierno pueden completar la alimentación con piensos- y los lechazos solo pueden tomar leche materna hasta los 21 días, cuando se venden.

"Yo hago ganadería extensiva y tengo una simbiosis con la naturaleza, siembro mis campos, mis ovejas se alimentan de esa siembra y vendo corderos que alimentan a la gente. Las macrogranjas, en cambio, tienen una relación parasitaria", explica. La mujer, de 48 años -22 de ellos como ganadera-, cree que hay que aprovechar la polémica del ministro Garzón para diferenciar ganadería extensiva, que da empleo y es respetuosa con el territorio, con las macrogranjas, que contaminan agua y tierra. Y que, de hecho, el segundo modelo va contra el primero. Como ella, 300 mujeres se han unido a Ganaderas en red para defender la ganadería extensiva y familiar frente a la amenaza de las granjas industriales, una crítica que comparte el sindicato agrario UPA, que aglutina al 87% de las ganaderías familiares españolas.

Un problema similar vive Fernando Gómez, pastor de 53 años. Sus 1.100 ovejas pacen en extensivo en la zona de Balsa de Ves (Albacete). Pero desde que hace unos años se instaló en el pueblo una macrogranja que cría a 100.000 cerdos al año su labor es cada día más difícil. "Echan los purines en los campos y mi ganado ya no quiere comer ahí, a las ovejas no les gustan las tierras donde hay purines. Es como si a ti te pusieran una mierda en el plato". Por eso, Gómez solo puede pastorear en sus tierras y, cuando se acaba el alimento, caminar y caminar. "Antes mis ovejas pastaban por toda la zona, ahora es imposible. Me he tenido que ir a hasta 30 kilómetros de distancia de la macrogranja para encontrar lugares donde alimentarlas", se queja.

Bárbara Patricia Palmero alimenta a sus ovejas en Prado (Zamora). JUAN BARBOSA

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Francisco Pérez, veterinario y director del departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), explica que las macrogranjas pueden generar problemas de contaminación del agua o las tierras si no se gestionan bien los purines y que, si unos terrenos están muy contaminados, eso puede afectar a los animales, es decir, "que un exceso de cobre o de zinc podría ser negativo para las ovejas". Interporc, la patronal del porcino, responde que no tiene constancia de ninguna queja por este asunto: "El purín es abono orgánico que va a tierras de siembra, donde no pastan las ovejas. Y en caso de que se distribuyan como fertilizante en otro tipo de tierras no debe haber ningún problema si el fertilizante se usa en las cantidades adecuadas. De hecho, cuando se aplica el purín, este se entierra, es abono orgánico mucho mejor para la tierra y el medio ambiente que el abono químico", señala un portavoz.

Contaminación de aguas y tierras

Esta posible contaminación preocupa, y mucho, a Alberto Cañedo, de 45 años, que cría en extensivo a 45 vacas y 10 yeguas en Carcaboso (Cáceres): "Tenemos todo nuestro terreno en ecológico, pero nos van a abrir una macrogranja al lado. Esas instalaciones usan muchos medicamentos para los animales y muchos químicos para lavar los suelos, y todas esas aguas y esos residuos al final se acaban filtrando a los acuíferos. Es un problema muy grave". Teme que la instalación acabe repercutiendo sobre su certificación ecológica y haga inviable su negocio.

En cuanto al uso de medicamentos en las macrogranjas, el veterinario de la UAB señala que el hecho de que los animales crezcan más rápido "puede hacerlos más sensibles a las enfermedades, pero los antibióticos solo se utilizan si el animal cae enfermo", ya que "están prohibidos los piensos medicalizados". En cualquier caso, "los antibióticos solo se pueden utilizar por prescripción veterinaria".

Pérez considera que la ganadería intensiva también tiene aspectos positivos. "Lo que ha hecho el hombre es conseguir animales mejorados genéticamente para que crezcan más que hace 50 o 60 años. Y eso ha permitido que estas instalaciones sean más eficientes y bajen de precio la carne. Por ejemplo, en 1973 un pollo a los 42 días pesaba 1,3 kilos, y ahora pesan 2,8, por eso ahora podemos dar de comer carne a precios competitivos. Lo único es que ahora requieren de mayores cuidados".

Macrogranja porcina en Cerecinos (Zamora). JUAN BARBOSA

En el otro lado, esta bajada de precios asfixia a los pequeños productores. "La carne de ternera y de cerdo ha bajado muchísimo de precio por culpa de las macrogranjas", se queja Nerea del Río, ganadera de 29 años en Robladillo de Ucieza (Palencia) y miembro también de Ganaderas en red. En su caso, tiene 600 ovejas en semiextensivo para vender leche y lechazo. "Esas bajadas hacen efecto arrastre en todas las carnes, es como si pones un Primark al lado de una tienda de barrio. Las macrogranjas hacen competencia desleal a los ganaderos", añade.

En Cerecinos, un pueblo con 260 habitantes junto a Prado, Pedro Luis Anta abandonó el PP para ser concejal de una candidatura popular contra la construcción de una macrogranja. Ganaron con mayoría absoluta en 2019, pero la instalación ya tenía casi todos los permisos y no pudieron pararla. Abrió hace dos años. Hay unas 3.4000 cerdas que engendran 90.000 cochinillos al año. "Algunos chavales del pueblo han trabajado ahí, pero al final todos lo dejan. Es ganadería industrial y es muy duro. Hay que cortarles los dientes a 90.000 los lechones y pasarte el día oliendo a mierda, y eso no lo soporta todo el mundo", dice Anta.
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El también teniente de alcalde explica que en verano la instalación cambió de dueños y realizó vertidos de purines en los campos. "No pueden hacerlo, su proyecto dice que tienen que pasar los residuos por una planta de tratamiento. Así que los denunciamos al Seprona y pararon", añade. En otro pueblo cercano, Villanueva del Campo, también hay macrogranjas construidas y en proceso. Bárbara Patricia Palmero mira la macrogranja de Cerecinos desde un prado cercano y lo resume así: "Los purines cada vez llegan a más tierras y mis ovejas cada vez pueden comer en menos sitios. Las macrogranjas son la puntilla para la ganadería extensiva".

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