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Nestlé es demandada por explotación infantil en Costa de Marfil - Muhimu, 2016

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Nestlé es demandada por explotación infantil en Costa de Marfil - Muhimu, 2016

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Mientras los medios de comunicación de masas se hacen eco de noticias como 'Así ha crecido el 'niño Kinder' (por ejemplo Cuatro.com y Telecinco.com) donde relatan cómo Josh Bateson, la cara más conocida de las cajas de Kinder, ha dejado de ser niño y ahora, con 21 años, es todo un 'it boy' que presume de físico en las redes sociales.

En medios alternativos como InfoLibre podemos encontrar qué hay detrás de todas estas grandes multinacionales del "azucar" que adoramos e idolatramos vinculando a ellas sentimientos de pertenencia e identificación.

Quizás la multinaconal Nestlé sea una de las que más dolores de cabeza le esté dando al planeta últimamente, muy especialmente a las selvas tropicales de Indonesia pues compran aceite de palma procedente de la destrucción de los bosques.

No solo talan selvas... también sus "dulces" son cómplices de la explotación infantil

Quizás los "chicos trabajadores de Nestlé" no han crecido igual que el "chico Kinder". El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes una propuesta conjunta de Nestlé y otras dos compañías internacionales para desestimar una demanda que acusa a estas empresas de extender la esclavitud infantil en Costa de Marfil.

El Supremo norteamericano mantiene así el fallo que emitió el tribunal de apelaciones de San Francisco en diciembre de 2014, cuando rechazó retirar la demanda interpuesta por antiguas víctimas de la esclavitud infantil contra Archer Daniels Midland, Cargill y la multinacional agroalimentaria más importante del mundo, Nestlé. Sin embargo las compañías norteamericanas recurren a una sentencia del Supremo que obstaculiza a los demandantes si el delito se ha cometido fuera de las fronteras del país.

Los demandantes, naturales de Malí, sostienen que las compañías internacionales instigaron y secundaron violaciones de derechos humanos al comprar el cacao producido en Costa de Marfil. Según estos, a pesar de que las multinacionales conocían el problema de la esclavitud infantil, ofrecieron asistencia técnica y financiera a los granjeros locales para garantizar el bajo precio del ingrediente.

Para esquivar estas demandas, las compañías norteamericanas afectadas por situaciones parecidas recurren a una sentencia emitida por el Tribunal Supremo en el año 2013 que dificulta a los querellantes denunciar a empresas estadounidenses por casos de abuso perpetrados fuera de las fronteras del país.

¿Por qué es tan poderosa?

Es la empresa más grande dedicada a la alimentación. Con un valor bursátil de cerca de US$231.000 millones escondidos tras más de 1.600 marcas, la empresa suiza domina los supermercados. Entre sus productos puedes encontrar marcas tan conocidas como Nescafé, Kit Kat o Nestea. Cereales, lácteos, marcas de agua e incluso alimentos para mascotas entran dentro de su oferta. Así, productos como Nesquick, Crunch, Abuelita, Purina, el agua Perrier o S. Pellegrino o la gama láctea de La Lechera son todos suyos.

¿Son los productos de estas multinacionales mejores que los del resto?

La televisión pública alemana ARD se ha propuesto responder a esta pregunta en la última edición de su programa Markencheck, donde la cadena pone cada semana sobre la lupa una marca y destapa sus vergüenzas (o ausencia de vergüenzas).

Y lo cierto es que, según Markencheck, detrás del grupo alimentario se suman. A continuación, repasamos las verdades menos apetitosas de la empresa helvética (y que puedes leer ampliadas en MarketingDirecto):
1. Los productos de Nestlé son el doble de caros que los de otras marcas
2. En la comida para perros de Nestlé se encontraron trazas de anticongelante
3. El agua mineral deja enormes (y vergonzosos) beneficios en las arcas de Nestlé
4. Los platos preparados de Nestlé distan mucho de ser saludables
5. Nestlé retira comidas preparadas que contenían carne de caballo
Y aun así... ¿Por qué seguimos comprando a las grandes multinacionales que no respetan los Derechos Humanos?

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Nestlé es demandada por explotación infantil en Costa de Marfil

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Mientras los medios de comunicación de masas se hacen eco de noticias como 'Así ha crecido el 'niño Kinder' (por ejemplo Cuatro.com y Telecinco.com) donde relatan cómo Josh Bateson, la cara más conocida de las cajas de Kinder, ha dejado de ser niño y ahora, con 21 años, es todo un 'it boy' que presume de físico en las redes sociales.

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Las personas como objetos de consumo en el “mercado” laboral – depositphotos, s.f.

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Las personas como objetos de consumo en el “mercado” laboral – depositphotos, s.f.

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Economía digital: entre la explotación y la flexibilidad – Benumea, 2020

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Economía digital: entre la explotación y la flexibilidad – Benumea, 2020

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Economía digital: entre la explotación y la flexibilidad - Animal Político

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El confinamiento ha incrementado las ganancias de las empresas de la economía digital, pero los derechos de sus trabajadores continúan siendo ignorados. Los mal llamados "socios" de Uber y Didi cumplen jornadas de trabajo extenuantes, pasan horas bajo el sol y la lluvia y ponen en riesgo su vida sin contar con algún tipo de derecho laboral.

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Rappi, ¿reflejo de precariedad laboral de plataformas tecnológicas? – El Tiempo, 2019. 

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Rappi, ¿reflejo de precariedad laboral de plataformas tecnológicas? – El Tiempo, 2019. 

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El celular de Ramiro Cayola siguió encendido y recibiendo notificaciones de nuevos pedidos tras ser embestido en su bicicleta por un camión que lo mató al instante el 12 de abril en Buenos Aires.

El boliviano de 20 años llevaba en su espalda una caja de la empresa colombiana de 'delivery' Rappi, que ha tenido un crecimiento espectacular en Suramérica en sus pocos años de vida.

Una marea de ciclistas y motociclistas naranja, el color que identifica a la plataforma, ya circula por las calles de siete países -Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay, Perú y Colombia- y 50 ciudades de la región.

La muerte del joven migrante alimentó el creciente malestar de los miles de empleados de estas aplicaciones de entrega a domicilio como Rappi, Glovo, Pedidos Ya y Uber Eats, que han denunciado la falta de derechos laborales básicos y la exposición a distintos riesgos.

En varios países se han oído quejas sobre la llamada Amazon de Colombia por parte de los repartidores, los rappitenderos.

Rappi evita calificarlos de trabajadores. "Son personas independientes que buscan ingresos extra para hacer realidad sus proyectos personales y profesionales", dijo un portavoz de la empresa, cuyo lema es 'Sé tu propio jefe'.

Pero a ojos de algunos de ellos, esta independencia esconde una precariedad laboral alarmante.

"Para Rappi no somos empleados, no firmamos ningún tipo de contrato. No tenemos prestaciones, no tenemos ni salud, ni pensiones. Nada", asegura Kevin Ardila, vocero de los rappitenderos en Colombia, que realizan tareas como entrega de comida o medicamentos a domicilio, pago de facturas o hasta compras en el supermercado.

Los repartidores tienen un seguro que los cubre únicamente mientras realizan entregas y una póliza de responsabilidad frente a terceros. Y como las demás empresas del sector, a excepción de la uruguaya PedidosYa, Rappi no les da casco, luces o indumentaria reflectante.

Buenos Aires fue una de las primeras ciudades en abordar este problema. Días antes de la muerte de Ramiro Cayola, un juez ordenó suspender estos servicios de entrega a domicilio hasta que las empresas cumplieran con las normas de seguridad para los trabajadores que se desplazan en bicicleta. La decisión se basó en un informe policial que arrojó cifras alarmantes: un 77 por ciento de los trabajadores de estos servicios se traslada con mochila (en forma de caja) en la espalda, en vez de llevarla asegurada en la bicicleta, un 67 por ciento no usa casco y 70 por ciento no cuenta con seguro.

Estudiantes, jóvenes profesionales, personas que buscan ingresos extra y, sobre todo, libertad. Ese es el perfil de los rappitenderos, según la empresa.

"No hay ninguna relación de subordinación, no cumplen horario, no tienen exclusividad", dice Rappi.

El periodista chileno Sebastián Palma vivió en carne propia lo que es ser un rappitendero para un reportaje publicado en la revista El Sábado. El perfil que encontró entre sus colegas dista del que describe la compañía. "Hay muchos venezolanos, son la mayoría", detalla Palma.

La empresa no da, sin embargo, ninguna cifra sobre qué porcentaje de los 100.000 repartidores que circulan por la región son inmigrantes.

Los rappitenderos obtienen sus ganancias del valor de la entrega de cada pedido -que dependerá de la distancia y otras variables- y de las propinas, según dijo la
empresa.

Pero para esos migrantes el costo de trabajar para la compañía puede ser alto. "Un inmigrante tiene que invertir en una bicicleta, en ropa deportivo, en un celular y en un plan de datos", explica Palma.

A eso se suma el costo de la mochila en la que transportan la comida. Algunos, en cambio, sí valoran la flexibilidad que les proporciona la compañía a la hora de trabajar.

"La verdad es que estoy bien, estoy sin empleo y no he tenido ningún problema. Empecé hace poco y me permite hacer otras cosas", asegura Álvaro, un uruguayo de 50 años que pedalea llevando pedidos en Montevideo.

En Colombia, la empresa fundada en 2015 causa orgullo, pero también preocupación.

En abril, Rappi recibió una inversión por 1.000 millones de dólares del fondo Softbank y su valor superó los 3.000 millones de dólares. Es la mayor apuesta que jamás se ha hecho por un emprendimiento latinoamericano.

"La popularidad de estas aplicaciones en la región se basa en la convergencia de varios factores entre los que se incluyen la desigualdad económica, una deficiente infraestructura de transporte y tecnología mejorada", explicó Jonathan Moed, colaborador de Forbes y experto en startups.

Pero el Ministerio del Trabajo de Colombia tiene el tema bajo lupa. Los repartidores "están desprotegidos", asegura el viceministro de esta cartera, Carlos Alberto Baena. "Nos parece que hay que buscar mecanismos para protegerlos" frente a riesgos y accidentes y luego "extender la protección a los temas de salud, a las pensiones, que puedan ir ahorrando para la vejez", asegura.

En Chile, los diputados de Revolución Democrática (oposición) Giorgio Jackson y Maite Orsini realizaron una encuesta a más de 900 trabajadores de aplicaciones de entrega de servicios y plataformas digitales y los resultados arrojaron una explotación encubierta con urgencia de regular.

"Muchas personas respondieron espontáneamente que se sentían esclavos de estas aplicaciones al trabajar sin ningún tipo de regulación", asegura Jackson.

Los parlamentarios presentarán un proyecto de ley para regular las jornadas laborales, la seguridad, el trato y el pago a este tipo de trabajo.

AFP​

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Rappi, ¿reflejo de precariedad laboral de plataformas tecnológicas?

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El celular de Ramiro Cayola siguió encendido y recibiendo notificaciones de nuevos pedidos tras ser embestido en su bicicleta por un camión que lo mató al instante el 12 de abril en Buenos Aires. El boliviano de 20 años llevaba en su espalda una caja de la empresa colombiana de 'delivery' Rappi, que ha tenido un crecimiento espectacular en Suramérica en sus pocos años de vida.

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Al convertirse el consumo en un aspecto decisivo de los proyectos vitales, se tiene que producir simultáneamente una transformación del concepto de trabajo. Tiene que producirse una generalizada mercantilización de éste. (Moulian, 1998, p.25)

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“La lucha tendrá más éxito y la rebelión ganará más adeptos en la medida en que más y más personas se vayan dando cuenta de que el destino sin esperanza de las mayorías sin poder es causado por la esperanza sin miedo de las minorías con poder.” (Santos, 2016, p. 95)

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La materia prima del capitalismo de vigilancia: NUESTROS DATOS.

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La materia prima del capitalismo de vigilancia: NUESTROS DATOS.

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"Bienvenidos al capitalismo de vigilancia, el lugar en el que nunca nos hemos sentido tan libres pese a ser observados sin descanso" (Serrano , 2019)

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"Bienvenidos al capitalismo de vigilancia, el lugar en el que nunca nos hemos sentido tan libres pese a ser observados sin descanso" (Serrano , 2019)

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El humano sacrificado a favor del capitalismo consumista

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El humano sacrificado a favor del capitalismo consumista

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Chile, el negocio de las universidades y el lucro de la educación - teleSUR tv, 2016

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Chile, el negocio de las universidades y el lucro de la educación

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La cosificación humana y el capitalismo de vigilancia.

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La cosificación humana y el capitalismo de vigilancia.

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El agua es un derecho humano y no una mercancía - Salva la Selva, s.f.

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La Asamblea General de las Naciones Unidas en su reunión del 28 de julio de 2010, aprobó la resolución presentada por Bolivia para que el agua y el sanemiento fueran declaradas un derecho humano.

El proyecto resalta la necesidad de que la comunidad internacional coopere para que la humanidad tenga acceso al agua y al saneamiento. A partir del visto bueno de la ONU, se instaba a los diferentes gobiernos a actuar en consecuencia para apoyar en todo sentido programas que permitan a toda la humanidad acceso al recurso vital. La resolución tuvo 122 votos a favor, 41 abstenciones y 0 en contra.

Cabe destacar que algunos países europeos votaron a favor de la iniciativa: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Noruega, Suiza... La gran mayoría de los países del Sur votaron a favor. Se abstuvieron, entre otros los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Israel, Irlanda, Holanda, Japón, Korea, Austria, Australia, Polonia, Rumania, Croacia.

De acuerdo con estudios realizados por la ONU, en el mundo, al menos 884 millones de personas carecen de agua limpia y 2.500 millones sólo pueden acceder a ésta a más de tres kilómetros de distancia de sus hogares. El estudio indica también que 2.700 millones de personas carecen de servicios de saneamiento y otras 1.200 no cuentan con servicios de limpieza y de aseo, ni letrinas.

La resolución de la ONU es un gran triunfo de los pueblos y de todos las personas comprometidas para que el agua sea de todos. Este triunfo es una muestra del sentido que adquiere el trabajo de los grupos y movimientos sociales, y la necesidad de seguir comprometiéndose por los derechos humanos y la defensa del medio ambiente.

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El agua es un derecho humano y no una mercancía

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La Asamblea General de las Naciones Unidas en su reunión del 28 de julio de 2010, aprobó la resolución presentada por Bolivia para que el agua y el sanemiento fueran declaradas un derecho humano. El proyecto resalta la necesidad de que la comunidad internacional coopere para que la humanidad tenga acceso al agua y al saneamiento.

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El sistema de salud colombiano: un negocio vil y despiadado - Corrupción al día, 2019

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El pasado 28 de octubre murió en el Hospital Niño Jesús de Barranquilla, el bebé de cuatro meses, Isaac Guerra Barrios. Necesitaba una UCI pediátrica, pero debido a que su mamá es afiliada a la EPS Saludvida en liquidación, ninguna IPS lo recibió, argumentando de manera callada y solo entre pasillos, "que luego nadie les pagaría el servicio". De hecho, el menor, había nacido en la clínica La Misericordia de Barranquilla donde acudió su madre. Allí permaneció hospitalizado tres meses, pero de un momento a otro, curiosamente cuando estalla el escándalo de la liquidación de Saludvida, le dieron de alta, señalando que ya estaba en buen estado de salud. Pero tampoco le asignaron cita prioritaria para control, pese a ser prematuro. Sus padres afirman en cambio que le dieron salida por ser de Saludvida.

El caso de Isaac refleja de una manera clara el estado de indolencia, inoperancia y perversidad en que ha caído el sistema de salud y que sigue cobrando víctimas fatales, aún de menores de edad, que cuentan con una supuesta protección especial consignada en numerosas leyes.

Ha caído en un círculo vicioso, de disputas económicas, donde los usuarios de las IPS y afiliados de las EPS, son los más perjudicados. Ello sin contar con la afectación que también ha provocado a los profesionales de la salud.

Lo primero que hay que decir es que se trata de un sistema curativo, más no preventivo. Las EPS se han encargado de invertir recursos para atender enfermos porque resulta más lucrativo. Poco han destinado a la gestión del riesgo, que incluye la concientización y educación de sus afiliados sobre el autocuidado, orientado a prevenir las enfermedades y atenderlas en forma temprana y evitar costos mayores al sistema.

La situación ha conllevado al agotamiento, a la práctica de retener los servicios, de no autorizarlos o de no tener la posibilidad de que las personas sean atendidas en forma adecuada y oportuna.

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La Génesis

Todo parte de la Unidad por Capitación UPC que estableció la Ley 100 de 1993 con la que el Estado colombiano paga a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), por el aseguramiento de cada persona. Pero al mismo tiempo se determinaron dos regímenes: el subsidiado, para aquellas personas que no cuentan con capacidad económica para aportar al fondo común de servicios; y el contributivo, en el que se incluyó a trabajadores con ingresos y a los empresarios para que subsidiaran con ciertos recursos al fondo Fosyga (hoy Adres), que nació con la misma Ley.

Adicionalmente se crearon dos tipos de coberturas. Una la del llamado Plan Obligatorio de Salud POS (hoy Plan de Beneficios en Salud) y la otra, el No POS. Es decir que no todas las personas iban a tener acceso -en particular las del régimen subsidiado- a las tecnologías, medicamentos y tratamiento que en determinado momento iban a necesitar, sino que las entidades territoriales debían asumir este costo para que miles de afiliados pudieran acceder a servicios no incluidos en el POS.

Hasta ahí pareciera que el modelo iba a ser exitoso. Sin embargo el haber dejado en manos de las entidades territoriales el No POS y a las EPS la intermediación entre el usuario (asegurado) y los prestadores, es decir clínicas, laboratorios, proveedores de medicamentos, centros de primer nivel de salud, etc., terminó distorsionando la relación entre los distintos actores, dejando al vaivén a los usuarios que se ven agobiados por la posición dominante que siguen ejerciendo las EPS.

La integración vertical

Un hecho en particular aceleró de alguna manera la crisis, y es que la Ley 100 no restringió ni limitó la posibilidad que le dio a las EPS para contratar su propia red de servicios (IPS), permitiéndoles total autonomía y determinación sobre la suerte no solo de los usuarios, sino de la utilización de los recursos de la UPC.

El numeral K) del artículo 156 del capítulo 1 del Libro Segundo de la Ley 100 estipulaba que: "Las Entidades Promotoras de Salud podrán prestar servicios directos a sus afiliados por medio de sus propias instituciones prestadoras de salud, o contratar con instituciones prestadoras y profesionales independientes o con grupos de práctica profesional, debidamente constituidos".

Para los expertos en la materia, a partir de esta consideración, la prestación de servicios de salud a los colombianos, pasó a convertirse en un llamativo negocio, donde el "mayor bien patrimonial", por llamarlo de alguna manera, es el afiliado. Es decir, a mayor número de afiliados, mayores ingresos, pero buscando siempre el menor gasto o "inversión" en el usuario.

La primera EPS en capitalizar esta condescendencia de la Ley, fue Saludcoop, que prácticamente nació con la Ley 100. La entidad que se fundó como una cooperativa de miles de asociados, montó su propia red de clínicas, laboratorios, proveedores de medicamentos, de imágenes diagnósticas, asociaciones de médicos, ópticas, llegando incluso a tener bajo su tutela y responsabilidad financiera, unas 30 mil personas vinculadas a través de diferentes empresas que consolidaron el Grupo Saludcoop.

Posteriormente otras EPS se aventuraron también a hacer integración vertical, conformando su propia red de prestadores, pero ya no con una dependencia directa, sino contratando con entidades que se montaban con inversiones propias, sacrificando si era necesario, la calidad y oportunidad del servicio a sus afiliados. El objetivo era claro: que los recursos de la UPC que según los entendidos no alcanza para cubrir las demandas de servicios, se quedaran entre los mismos grupos o socios.

Esto generó una tirantez en el medio y propició daño a muchas IPS que se veían relegadas en las contrataciones como el caso puntual de las Empresas Sociales del Estado (ESE) hospitales públicos que a falta de contratación y dado que los pusieron a competir con IPS privadas, vieron mermados de manera significativa sus ingresos.

Una visión especial merecerían hospitales de zonas alejadas de grandes centros urbanos o puestos de salud o IPS privadas de menor envergadura, donde las EPS no tenían ningún interés en operar, pues si bien hacían la labor del aseguramiento, en cualquiera de los dos regímenes, incumplían con la obligación de contar con una red de servicios. Allí la tarea del aseguramiento en principio, les fue encomendada a las EPS que nacieron del sector solidario, a las que incluso el Gobierno impulsó y financió; sin embargo después de contar con más 800 de estas compañías y tener el mayor número de afiliados del régimen subsidiado, el constreñimiento normativo a que fueron sometidas, según algunos por las presiones que ejercieron EPS del sector privado, aunque no hay nada que lo compruebe, solo sobreviven unas ocho, entre las que se cuentan Mutual Ser, Barrios Unidos de Quibdó, AsmetSalud y EmdiSalud.

En este punto el sistema de salud prácticamente escaló a una economía de mercado, donde cada día se avanzaba en la pretendida cobertura universal, pero no se garantizaba la prestación de los servicios.

Las glosas

De la mano de esta situación, iba creciendo el gasto. Las EPS empezaron a dejar de pagar las facturas de las IPS y se llegó al tema de la glosa, es decir auditar todas las cuentas de servicios prestados y dejar en visto aquellos que consideraban no estaban incluidos en el POS o debían pasar a ser recobrados. Las entidades territoriales, responsables del pago del No POS, dejaron también de cancelar a EPS e IPS. Con apenas una década de dar vida al sistema de aseguramiento en salud y de ser promulgada la ley 100, la crisis comenzó a agudizarse.

Solo en el 2007 se intentó frenar el tema de la integración vertical, pero el "daño" ya estaba hecho.

La restricción

En su artículo 15, la Ley 1122 de 2007, resolvió que "Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) no podrán contratar, directamente o a través de terceros, con sus propias IPS más del 30% del valor del gasto en salud. Las EPS podrán distribuir este gasto en las proporciones que consideren pertinentes dentro de los distintos niveles de complejidad de los servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud. El Gobierno nacional reglamentará dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente ley, las condiciones de competencia necesarias para evitar el abuso de posición dominante o conflictos de interés, de cualquiera de los actores del sistema de salud. Dese un período de transición de un (1) año para aquellas EPS que sobrepasen el 30% de que trata el presente artículo para que se ajusten a este porcentaje. Parágrafo. Las EPS del Régimen Contributivo garantizarán la inclusión en sus redes de Instituciones Prestadoras de Salud de carácter público).

En otras palabras se admitió por parte del Estado que en 14 años el sistema se "degeneró" entre otras cosas por la posición dominante de las EPS, que para la época eran más de 60, tras la autorización a las Cajas de Compensación Familiar para entrar al "mercado" con sus planes de salud.

Las aseguradoras comenzaron a reclamar que la UPC no alcanzaba a cubrir los gastos en que incurrían, se comenzó a hablar del paseo de la muerte por la negación de servicios, las clínicas principalmente radicalizaron su posición y se negaban a prestar atención a afiliados de EPS deudoras y las tutelas para exigir el derecho a la salud se dispararon.

Fue para esta época entre los años 2006 y 2011 en que los recobros por medicamentos con precios exorbitantes, por tratamientos e intervenciones quirúrgicas alcanzaron niveles incontrolables. Se liquidó el Instituto de Seguros Sociales y nació Nueva EPS como una entidad de economía mixta.

La Corte Constitucional interviene

La problemática de las quejas de los usuarios llegaron a su punto máximo cuando la propia Corte Constitucional, alarmada por la cantidad de acciones de tutelas contra todos los actores del sistema, profirió la sentencia y T-760 el 31 de julio de 2008, en la que emitió varios mandatos, relacionados con temas de recobros, atención oportuna y de calidad. Pero fundamentalmente la Corte Constitucional sentenció que la salud es un derecho, antes que cualquier otra consideración.

En respuesta, las entidades de vigilancia, control y penalización del Estado que antes prácticamente se hacían los de la vista gorda para hacer seguimiento a la crisis del sistema de salud, incluyendo la Superintendencia Nacional de Salud, comenzaron a ejercer la labor que por ley les tocaba.

En síntesis, el sistema llegó a un nivel de permisividad y de corrupción que la EPS Saludcoop, la más grande del país que llegó a contar con más de 7 millones de afiliados, los cuales le representaban millonarios ingresos mensuales por la UPC, fue liquidada en el 2011, tras comprobársele conductas corruptas, como el desvío de recursos de la salud para inversiones en otros sectores, recobros exorbitantes por servicios, algunos no prestados y una intermediación vertical con sus empresas socias que enriquecieron a sus socios y directivos.

Una deuda incontrolable

De ahí en adelante la crisis escaló en virtud de la deuda creciente a los servicios prestados por las IPS, por parte tanto de EPS como de las entidades territoriales. Y en igual proporción el número de tutelas exigiendo la protección al derecho a la salud, amparadas por el mandato de la Corte Constitucional, que de alguna manera se interpretó como carta blanca al sistema judicial para decidir sobre los tratamientos o medicamentos que se le debían prestar a los usuarios.

Entre el año 2013 médicos y personal del sector salud realizaron diversas marchas durante varios meses con el movimiento "Por una salud digna en Colombia" para rechazar una reforma al sistema de salud que consideraban empeoraba la situación del sector. Y exigían que se "eliminara la intermediación porque favorecía a intereses empresariales y no a los colombianos".

Paralelamente en cumplimiento de su misión constitucional de defender y promover los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, comenzó a hacer seguimiento al respeto del derecho fundamental a la salud, con la colaboración de la Corte Constitucional; particularmente, a las acciones de tutela interpuestas por los ciudadanos. Las cifras muestran que desde la creación de la tutela hasta diciembre de 2014, los colombianos habían interpuesto 4´698.597 tutelas por violaciones a algún derecho fundamental; de las cuales, en promedio, el 29,36% correspondieron a solicitudes por necesidades de atención en salud, cifra que se incrementó notoriamente desde el 2010.

Ley Estatutaria de Salud

Dos años después de protestas y encuentros, ve la luz la añorada Ley Estatutaria de la Salud (1751 de 2015), luego de que la Corte Constitucional la declarara constitucional y con la cual se consagró la salud como un derecho fundamental, se estableció la regulación de precios de medicamentos y se determina que todo colombianos tiene derecho a acceder a los servicios y tecnologías de salud, que le garanticen una atención integral, oportuna y de alta calidad.

Sin embargo, pasados cuatro años desde su promulgación, si bien el panorama no ha empeorado, y por el contrario, se evidencian mejoras, al menos en el acceso y en la oportunidad, aún se siguen presentando muertes como las de Isaac Guerra, pues la corrupción ya innegable en todos los eslabones de la cadena de atención, sumado al incremento en los costos por esa atención y que tanto el Ministerio de Salud como la Supersalud expidieron normatividad relacionada con los mandatos de la Corte, en el sentido de exigir mayor eficiencia principalmente a las EPS, han dejado en evidencia la fragilidad del sistema.

En ocho años la Supersalud liquidó o limitó su operación a 18 EPS, entre ellas se cuentan Caprecom, Comfama, Humana Vivir, SolSalud, Golden Group, Comcaja, Comfenalco, Salud Condor, Selva Salud, Saludcoop, Cafesalud, quedando éstas debiendo millonarias sumas de dinero por servicios prestados a sus afiliados por parte de IPS y ESEs, lo que terminó resquebrajando la situación financiera precisamente por la errada concepción del servicio de salud como un mercado, sumado a la falta de una fuerte regulación y de un fondo de garantías para respaldar las acreencias de estas empresas.

Según información de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), las deudas a clínicas y hospitales por servicios prestados, con y sin morosidad pueden alcanzar los 32 billones de pesos. De esa cifra, "en el régimen contributivo el mayor comprador de servicios es la Nueva EPS que tiene cerca de 1.3 billones de pesos con un 50% de morosidad. La segunda es Coomeva que tiene más de 600 mil millones de pesos pero con morosidad cercana al 81% y en el régimen subsidiado se destaca negativamente la EPS regional Savia Salud que tiene más de 600 mil millones de pesos en cartera y está vencida", aseguró en octubre el director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, ACHC, Juan Carlos Giraldo.

Pero no menos cuestionable es la serie de abusos y conductas corruptas de varias IPS y laboratorios farmacéuticos que también ha desangrado las arcas del sistema de salud con recobros exagerados por medicamentos, sobre todo a pacientes con enfermedades de alto costo, o de prestación de servicios a pacientes inexistentes, como los ya conocidos casos del cartel de la hemofilia o de las terapias especiales o del VIH, o del recobro del Soat, donde incluso hasta en hospitales de pequeños municipios se han armado organizaciones para esquilmar el sistema de salud.

Con ese panorama llegamos al 2019. Organismos como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría han destapado las anomalías y la Supersalud ha ordenado la medida de intervención forzosa para liquidar sobre cuatro EPS (Comfacor, Cruz Blanca, Emdisalud y Saludvida). Y sobre otras tres, se ha ordenado revocatoria parcial de funcionamiento, es decir, dejaron de operar en algunos de los departamentos en los que prestaban sus servicios, por sus bajos indicadores de desempeño: Medimás (Cesar, Sucre y Chocó), Coomeva (Meta, Cauca y Cundinamarca) y Comparta (Bolívar, Cundinamarca y Huila).

Y si bien son medidas necesarias a la hora de castigar conductas corruptas y abusos, también están provocando por un lado, la violación al derecho al trabajo y a la remuneración a miles de profesionales de la salud, y por otro, el desamparo de miles de usuarios que terminan, como Isaac, siendo las víctimas de un forcejeo económico del despiadado negocio en que se convirtió el sistema de salud en Colombia.

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Artículo anterior Jorge Pretelt

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El sistema de salud colombiano: un negocio vil y despiadado - Corrupción al Día

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El pasado 28 de octubre murió en el Hospital Niño Jesús de Barranquilla, el bebé de cuatro meses, Isaac Guerra Barrios. Necesitaba una UCI pediátrica, pero debido a que su mamá es afiliada a la EPS Saludvida en liquidación, ninguna IPS lo recibió, argumentando de manera callada y solo entre pasillos, "que luego nadie les [...]

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La salud como un negocio degradado - Franco, 2017

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7 Jun 2017 - 2:00 a. m.

Duele mucho ver cómo en el sistema de salud colombiano la salud no es un derecho humano o un servicio público regido por el Estado. Es una simple mercancía, cada vez más degradada. El bienestar de la gente, la calidad de la vida y la atención de los enfermos hace rato dejaron de ser el norte del sistema, y fueron reemplazados por el lucro económico y las argucias del mercado.

La prueba más reciente de tales afirmaciones la constituye la venta de Cafesalud, la empresa con el mayor número de afiliados en el país (6,4 millones), a un desconocido consorcio (¿?) de clínicas, hospitales y empresas administradoras, llamado Prestasalud. La falta de transparencia, amparada en un "acuerdo de confidencialidad" entre compradores y vendedores, y la irresponsabilidad del Gobierno han producido un ambiente de desconfianza y total incertidumbre en el país.

Es imposible hacer un análisis serio de los hechos con tan poca información confiable. Pero sí es posible e imperativo llamar la atención sobre algunas circunstancias y preocupaciones pensando, más que en el turbio negocio, en la salud de las personas, el papel del Estado y las relaciones público-privado en los servicios de salud.

Hasta finales de 2015 Cafesalud era apenas una de las empresas del Grupo Saludcoop, intervenido por el Estado debido al masivo desvío de los dineros de la salud a otros negocios, la descarada integración vertical, el enriquecimiento indebido de sus propietarios y la consiguiente ineficiencia en la prestación de los servicios. Ante la inviabilidad de Saludcoop, el Gobierno decidió liquidarla y pasar forzosa e indebidamente sus 4,6 millones de afiliados a Cafesalud. Obviamente tal intento de solución de la crisis no funcionó. Ni se pagaron las deudas, ni mejoraron los servicios, ni se frenó la corrupción, y empeoró el trato al personal. En un año Cafesalud se convirtió en el mayor blanco de los reclamos de los "usuarios" y la mayor deudora del régimen contributivo a los hospitales y clínicas. A 31 de marzo de este año sus pasivos llegaban a 2,9 billones de pesos.

Pero no terminó ahí el problema. El Gobierno, que se sigue negando a reconocer que la crisis del sistema de salud es estructural, consideró que la solución definitiva estaba en la venta de Cafesalud al mejor proponente, "con todo y deudas", como dijo su gerente, Luis Guillermo Vélez. Al parecer, sólo hubo un proponente definitivo: Prestasalud. Dicho consorcio acaba de comprarla en 1,45 billones de pesos, escasamente equivalentes a la mitad de los pasivos de Cafesalud. Y en condiciones escandalosas: podrá pagar la mitad de lo pactado descontándolo de lo que Cafesalud adeuda a algunas de las empresas que integran el consorcio, tendrá hasta cinco años de plazo para pagar el resto y no tendrá topes para la integración vertical.

El desconcierto se desbordó con las recientes declaraciones del cirujano Jorge Gómez, vocero de Prestasalud: "Adquirimos la operación de Cafesalud, no sus deudas" (¡!). Esto no sólo contradice al exgerente Vélez y deja en el limbo a trabajadores y acreedores, sino que insinúa la participación efectiva de otro actor de dudosa reputación: la empresa española Ribera Salud, integrante del consorcio, dedicada a la operación de servicios de salud y a las alianzas público-privadas. Ribera Salud está investigada judicialmente por hechos graves y persistentes de corrupción, por los que el Gobierno de Valencia ya decidió no renovarle su concesión a partir del 2018. Y ni qué decir de otro de los socios del consorcio, Jaime Barrero Fandiño, expresidente de la junta directiva de Cafesalud y antiguo compañero de negocios de Carlos Palacino, cabeza aún en libertad del descalabro de Saludcoop.

Huele mal, muy mal todo esto. En términos estrictamente de negocios, se están pasando límites prohibidos. Se ha llegado demasiado lejos en irresponsabilidades y complicidades gubernamentales y estatales. En términos de salud, no sólo se ha abusado de la paciencia de los pacientes, sino que se han malgastado sus aportes y se les siguen negando sus derechos. Y en cuanto a políticas y sistema de salud, se han invertido totalmente los valores y las reglas fundamentales y se ha llegado hasta niveles impensables de corrupción, incoherencias e indignidad. Hace rato es hora de una masiva respuesta ciudadana.

* Médico social.

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7 Jun 2017 - 2:00 a. m. Duele mucho ver cómo en el sistema de salud colombiano la salud no es un derecho humano o un servicio público regido por el Estado. Es una simple mercancía, cada vez más degradada.

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El espacio social que se habita es el mercado, en este sentido, todo se vuelve un bien o un servicio (un producto de consumo) y los derechos no escapan de ello. Es por ello que hoy día la educación y la salud se ven como negocios, no como derechos. Esto mismo ocasiona que no todxs puedan acceder a estos, pues muchxs no poseen los mecanismos.

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¿Cómo se relaciona ese problema con los siguientes fenómenos: ¿capitalismo de vigilancia, los derechos como bienes y servicios y el “mercado” laboral?

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¿Cómo se relaciona ese problema con los siguientes fenómenos: ¿capitalismo de vigilancia, los derechos como bienes y servicios y el “mercado” laboral?

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“Trabajar por la justicia es incómodo, exige afrontar situaciones desagradables […] al riesgo de cárcel, tortura y muerte.” (Cortina, 2013, p. 135)

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Ser humano como producto de consumo - Apuntes Filosóficos, 2017

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Ser humano como producto de consumo - Zygmunt Bauman (Vida de consumo)

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“Nadie puede convertirse en sujeto sin antes convertirse en producto” (Bauman, 2007, p.9)

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La brecha entre el rico y el pobre no es tan grande como pensábamos

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La brecha entre el rico y el pobre no es tan grande como pensábamos

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¿Qué repercusiones traen todas estas dinámicas a la hora de conjugar justicia y felicidad?

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¿Qué repercusiones traen todas estas dinámicas a la hora de conjugar justicia y felicidad?

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¿En qué nivel ético se afecta el trabajo y los trabajadores dentro de las dinámicas del mercado?

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¿En qué nivel ético se afecta el trabajo y los trabajadores dentro de las dinámicas del mercado?

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Moulian (1998) señala que en las sociedades capitalistas se reproduce una cultura de consumo donde predomina la figura ético-cultural del hedonista: el hedonista “sólo responde al llamado de los placeres” (p.17)

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Documental - "The Dark Side of Chocolate", 2013

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Documental - "The Dark Side of Chocolate", 2013

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Documentales de Discovery Channel en español

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El lado oscuro del chocolate subtitulada en español

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Lo que lamentablemente está detrás de muchos chocolates. La traducción fue hecha por mi y conté con la valiosa e indispensable colaboración en su revisión y corrección de una española sin igual (RIP) y de una amiga de ella, británica. Un trabajo que unió a 2 continentes y 3 países a ambos lados del mundo.

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De acuerdo con mis necesidades alguien me ofrecerá un servicio o un producto, y de acuerdo con mis capacidades ofreceré a alguien un producto o un servicio, lo curioso es que ese producto que ofreceré seré yo mismo. De esta forma nosotros consumimos y al mismo tiempo nos consumen.

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¿Cuál es el problema ético que se encubre dentro de las sociedades capitalistas y de consumo? 

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¿Cuál es el problema ético que se encubre dentro de las sociedades capitalistas y de consumo? 

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Problema ético de la cosificación humana.

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¿Son éticas las relaciones humanas dentro de las lógicas globalizadas de las sociedades de consumo donde impera una noción consumista de felicidad?