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Solange Alvarez Puelles     U201411032                                                                                   Arantxa Cruz Flores             U201524288                                                                                       Katheryn Camargo Jibaja   U201522399                                                                                                        Jimena Eyzaguirre Ponce   U201612254                                                                                                          Marjeori Uriarte Artica         U201317163      

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Solange Alvarez Puelles     U201411032                                                                                   Arantxa Cruz Flores             U201524288                                                                                       Katheryn Camargo Jibaja   U201522399                                                                                                        Jimena Eyzaguirre Ponce   U201612254                                                                                                          Marjeori Uriarte Artica         U201317163                            

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Solange Alvarez Puelles     U201411032                                                                                   Arantxa Cruz Flores             U201524288                                                                                       Katheryn Camargo Jibaja   U201522399                                                                                                        Jimena Eyzaguirre Ponce   U201612254                                                                                                          Marjeori Uriarte Artica         U201317163                            

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"(...) Estoy seguro de que las cabezas del diario hoy, lo que más quieren es zafarse de la prima insurrecta que tanto impacto negativo viene causando desde que tomó el cargo (...)". Esta y otras opiniones del ya famoso artículo "¿Qué hacemos con la primita", publicado en "Caretas" hace casi dos años, han motivado la condena del periodista Rafo León por difamación agravada de otra periodista: Marta Meier Miró Quesada.

Para la jueza penal, el artículo contiene elementos que " son abiertamente diatribas" que perjudican su honor, que pretenden "inutilizarla como profesional" y que no forman parte del ejercicio de la libertad de expresión. Agrega que León ha querido "descalificar", "despotricar" y tratar "que la expectoren". Al margen de los términos empleados, estamos ante una lamentable decisión que penaliza las opiniones efectuadas por un periodista en legítimo ejercicio de su libertad de expresión. Veamos.

La historia de la libertad de expresión en el Perú ha tenido varias etapas tanto en dictaduras como en democracia. La censura gubernamental y deportación de periodistas, la "compra" directa o indirecta de medios de comunicación, el acoso y seguimiento a periodistas independientes, así como la instrumentalización y los abusos del Poder Judicial, son algunos ejemplos de lo sucedido. En pleno siglo XXI aún subsisten problemas. El caso del periodista Fernando Valencia por supuestamente haber difamado al expresidente García y, recientemente, el demuestran que ciertos jueces no se toman "en serio" lo que significa vivir en una democracia tolerante y plural donde el discurso crítico es fundamental.

Disgustar no genera delito. Las opiniones vertidas en "¿Qué hacemos con la primita?", no deben haberle agradado a la Sra. Meier. Sin embargo, basta leerlas para darse cuenta de que no son ofensivas ni insultantes. Pese a ello, motivaron una condena. La jueza desconoce que hasta un discurso sumamente crítico y poco grato está protegido por la libertad de expresión.

Como recuerda un Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos la libertad de expresión "debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto las que ofenden y chocan. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática". Incluso, según la Sala Penal Permanente de nuestra Corte Suprema "las críticas, casuísticas o ataques incisivos y poco gratos (son) necesariamente tolerables para afianzar la libertas de opinión" (Exp.1372-2010-Amazonas, Considerando 39).

Por ello, no se explican -jurídicamente- las razones que motivaron esta sentencia. Lamentablemente, no es un caso aislado. Lo sucedido con el periodista Fernando Valencia es otro abuso judicial. Decisiones similares no pueden repetirse. De lo contrario, el periodismo tendrá que limitarse a transmitir noticias y opiniones acríticas, inofensivas, y absolutamente neutrales. Es decir, le diremos adiós a una democracia tolerante y plural. En la lucha por la vigencia de un régimen democrático un elemento esencial es la libertad de expresión. No podemos volver al pasado.

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(*) Samuel B. Abad Yupanqui es socio del Estudio Echecopar. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Diplomado en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de España, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor principal de la Facultad de Derecho y de la Maestría Constitucional de la PUCP.

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la ley perú periodismo jurídico en línea. web de noticias

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informes y entrevistas con un ángulo legal. peru publicacion digital

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prácticas de periodismo noticias legales

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Cuando los jueces violan la libertad de expresión

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El autor señala que la jueza que sentenció al periodista Rafo León por presunta difamación en contra de Martha Meier Miró Quesada desconoció que las opiniones críticas también están protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Por tanto, el criterio tomado para fallar en contra del periodista carece de real fundamento.

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Caso Kimel vs Argentina.
Instituto de Relaciones Internacional, El caso Eduardo Kimel vs Argentina ante la corte Interamericana de Derechos humanos. http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2016/09/derint_esposito_2011.pdf

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Ronald Gamarra: ¿Sentencia es atentado a la libertad de expresión?

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El ex procurador fue querellado por escribir una columna de opinión publicada en el semanario 'Hildebrant en sus Trece'.

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En esta situación se presentan conflictos entre derechos. En primer lugar, Guzmán está siendo afectada por la libertad de expresión de Gamarra. Por otro lado, la libertad de expresión de Gamarra se ve afectada por la denuncia de Guzmán. A pesar de tener en cuenta esto, se sabe que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, lo cual implica que si hay un hecho que la justifique esta puede ser limitada. Este caso se ha discutido varias veces, pues muchos afirman que el artículo presentado por Gamarra tenía el propósito de informar mediante la búsqueda de la verdad de los hechos.

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Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutino por parte de la sociedad 

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Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutino por parte de la sociedad 

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Como bien mencionan en la lectura que la "leyes de desacato", que bien se puede decir que se aplica en este caso, muestra cómo se está atentando contra la libertad de expresión de kimmel al mencionar su opinión en un medio escrito sobre el juez Rivarola. No importa si es un juez, uno tiene a ejercer iunformación y opinión sobre la persona. Aún más si es un funcionario público, ya que la sociedad tiene derecho a estar informada y no reprimir la libertad de expresión

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Cuando los jueces violan la libertad de expresión 

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Cuando los jueces violan la libertad de expresión 

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En diversas ocasiones, los jueces suelen violar el derecho de libertad de expresión de las personas; principalmente, en los temas de difamación. Un acontecimiento en el cual sucedió esto, fue el caso de Ronald Gamarra. Este ex procurador fue condenado a un año de prisión por un delito de difamación al haber escrito una columna acerca de la investigación penal de Luz Marina Guzmán. Esta fue acusada de haber falsificado firmas para postular a su cargo. Ante esto, lo que Gamarra plantea es que la fiscal Mirtha Chenguayen archivó la denuncia para que Guzmán, posteriormente, la ratifique en el cargo. No obstante, por la falta de pruebas de Gamarra es que Guzmán afirma que este desprestigia su honra al no decir la verdad de los hechos.

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Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma

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Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma

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En este caso, el periodista kimel, expresó su opinión sobre lo ocurrido con esos 5 reliogiosos y cómo el juez Rivarola entre otros no fueron los más estrictos y más bien condescendientes porque según su opinión a la presión de la dictadura que se vivía en el momento. Consideramos que se le estaba violando dicho derecho, ya que esta en toa su libertad de expresar su opini`ón en un medio escrito para el público sobre un acontecimiento.

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Los medios de comunicación y las personas  tienen el derecho a difundir información ya que gracias a esta  retroalimentación  de información los ciudadanos se pueden enterar de la realidad del país y sobre todo lo que el Estado esta haciendo en beneficio o

Entre 2017 y 2018, en Venezuela fueron clausurados 49 medios de comunicación, en especial locales e independientes. En total fueron cerradas 46 emisoras y tres canales de televisión sin que se hubiese aplicado previamente un procedimiento administrativo y sin derecho a la defensa. Los 49 medios dejaron de transmitir por orden inmediata de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Todos tenían en común espacios de opinión en donde se criticaba el régimen de Maduro. Fuente : El tiempo

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Cuando se censura los medios de comunicación , ya sean radio , tv , periódicos  y digitales  también se restringe el acceso de noticias  a los ciudadanos dejándolos en un  estado de desinformación e ignorancia para lo que ocurre en su país.

Favorecer y censurar a los medios según conveniencia con intensiones egoístas de distorsionar la información, engañar  a las personas es algo que no solo ocurre en Venezuela, es una constante en muchos países.

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Condena impuesta por el estado Argentino a Eduardo Kimel 

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Condena impuesta por el estado Argentino a Eduardo Kimel 

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En 1989 Kimel publicó un libro llamado "La masacre de San Patricio", el cual gira en la muerte de cinco religiosos de la orden palotina que ocurrió en Argentina en 1976 durante la última dictadura militar. En dicho libro, se menciona y ciritcá algunas acciones por el juez Rivarola al ser condescendientes y complices de la represión dictarorial. Posteriormente, el juez en mención le entabló una acción penal por el delito de calumnia. El juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional condenó a Kimel a la pena de prisión de un año y un pago por indemnización de 20,000 dólares. Kimel apela a la Convención Amaericana sobre Derechos Humanos  (CADH). Dicha comisión admite la petición de Kimel y solicitá al estado Argentino declararse responsable de no cumplir con las obligaciones internacional por violación a la libertad de expresión.

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Fuente: La Nación

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WASHINGTON.- De un plumazo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por Diego García-Sayán, acaba de poner en jaque la libertad de expresión y el respeto de garantías penales básicas. En una región donde la debilidad institucional es la norma, este gravísimo retroceso no sólo vulnera derechos y libertades fundamentales, sino también dificulta la lucha contra la corrupción, una batalla que seguimos perdiendo.

En una reciente sentencia -adoptada por una estrecha mayoría-, la Corte revierte importantísimos precedentes que defendió durante años (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_265_esp.pdf). Los valiosos votos salvados de tres de los siete jueces ponen de manifiesto las profundas discrepancias que felizmente subsisten en la Corte.

El lamentable fallo se dictó en el caso "Mémoli vs. Argentina", que trata sobre la condena penal contra un periodista tras denunciar evidentes manejos irregulares de bienes públicos. Pablo Mémoli, director de un periódico en una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, denunció que una sociedad privada había vendido bienes públicos pertenecientes a la municipalidad. Gracias a la denuncia, la justicia intervino, los afectados se enteraron de que los contratos de compraventa eran inválidos y recuperaron su dinero. Sorprendentemente, el juez que invalidó los contratos decidió que los directivos de la sociedad habían actuado sin conocimiento de que no podían vender bienes públicos que no les pertenecían.

Curiosamente, los únicos condenados por estos hechos fueron quienes los denunciaron. Mémoli fue condenado por injurias a cinco meses de prisión. Su padre, quien era miembro de la sociedad y había denunciado los hechos ante las autoridades competentes, a un mes de prisión. Como si fuera poco, a raíz de la condena penal, los Mémoli están desde hace más de 16 años con sus bienes embargados y procesados civilmente.

En 2008, la Corte Interamericana decidió (caso "Kimel vs. Argentina") que el delito de injurias en ese país era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para la Corte, la definición del delito era ambigua y violaba el principio de legalidad, que obliga a tipificar conductas ilícitas en términos precisos. Producto de esta sentencia, en 2009 la Argentina despenalizó las calumnias e injurias cuando las expresiones ofensivas se refieren a asuntos de interés público.

La Corte, al conocer este caso, debió exigir que los Mémoli -condenados por un delito inexistente hoy día en la Argentina- se beneficiaran del principio que supone la aplicación de la ley más favorable al acusado de cometer un delito. Sin embargo, sin ninguna explicación razonable y contrariando su jurisprudencia, la Corte da marcha atrás y convalida la condena penal y todos sus efectos.

El derecho a la libertad de expresión -aspecto central del caso- fue redefinido por la Corte en términos que palidecen frente a sus precedentes. Por ejemplo, para esta mayoría de jueces, los malos manejos de bienes públicos no constituyen una cuestión de interés público, o, quizás aún más grave, a partir de ahora el delito de opinión cuenta con la bendición del máximo tribunal de derechos humanos del continente.

Los cuatro jueces ni siquiera se preguntaron si las denuncias de los Mémoli eran veraces, cuando según su jurisprudencia es una causal justificativa de expresiones que puedan ser "ofensivas." Para la Corte, no se violó la libertad de expresión y el periodista no merecía amparo.

Catalina Botero, relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, alegó en audiencia ante la Corte que la condena de los Mémoli "ha generado inhibición e inseguridad jurídica", y también sostuvo que esto afecta a "cientos de periodistas regionales que se encuentran en la mayor indefensión" (http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/al-dia/galeria-multimedia/23-98-periodo-ordinario-de-sesiones).

Afortunadamente -quizá porque no era objeto de este litigio-, la jurisprudencia interamericana que protege las expresiones críticas sobre funcionarios públicos y aquella sobre la despenalización del desacato siguen en pie.

Es muy triste que la Corte García-Sayán haya tirado por la borda jurisprudencia construida con el sacrificio de muchos que se han arriesgado para limitar los abusos de las autoridades y de quienes manejan asuntos de interés público. En este continente, donde es habitual que quienes pueden hacerlo intimiden a los jueces, la Corte ha privado a la región de una herramienta clave para luchar contra el abuso de poder y la corrupción.

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fiel reflejo de las limitaciones a la prensa en la región - la nacion

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Un caso argentino, fiel reflejo de las limitaciones a la prensa en la región

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WASHINGTON.- De un plumazo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por Diego García-Sayán, acaba de poner en jaque la libertad de expresión y el respeto de garantías penales básicas. En una región donde la debilidad institucional es la norma, este gravísimo retroceso no sólo vulnera derechos y libertades fundamentales, sino también dificulta la lucha contra la corrupción, una batalla que seguimos perdiendo.

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 "Las tensiones están aumentando y el trabajo de los periodistas independientes es casi imposible porque hay represión, espionaje, detenciones indiscriminadas, intimidaciones, amenazas, violencia policial, confiscación de materiales, destrucción de materiales..."

Fuente : Diario las Américas

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Colombié detalló la situación en la región descrita en el Ránking Mundial de Libertad de Prensa, informe que la organización presentó este jueves en París.

" En Venezuela tenemos una serie de métodos de censura que vienen aumentando en la medida en que se deteriora la situación social, económica y política del país, por lo que este año la situación de agravó aún más con las nuevas tensiones", agregó el vocero de la organización no gubernamental de defensa de la libertad de prensa.

De acuerdo con Colombié, las tensiones aumentaron en 2019 con la decisión de Maduro de asumir un nuevo mandato pese a la oposición de parte de la comunidad internacional y la de Juan Guaidó, jefe del Legislativo, de juramentarse presidente.

"Pese a que nosotros no asumimos posiciones políticas, no podemos dejar de mencionar lo delicado de esta tensión altísima entre el autoproclamado presidente (sic) y Maduro. En este contexto surgen nuevas tensiones políticas en las que se produce un aumento de las amenazas de violencia contra los periodistas", afirmó.

Para RSF, con el aumento de la represión a la prensa y el registro de un récord de arrestos arbitrarios de informadores y de la violencia ejercida por las fuerzas del orden contra reporteros, la posición de Venezuela en el Ránking Mundial de Libertad de Prensa cayó desde el lugar 143 en 2017 hasta el 148 en 2018, junto a Rusia (149) y muy cerca de la "zona negra" de la lista.

De acuerdo con la organización, las radios y televisiones más críticas a Maduro fueron privadas de licencias de transmisión y la prensa extranjera sufrió arrestos, interrogatorios y expulsiones.

"La degradación de la situación lleva a numerosos periodistas a abandonar el país para escapar a las amenazas y preservar su integridad física", según el informe de RSF.

Para Colombié, "en los primeros meses de 2019 hubo una continuación de lo que ocurrió en 2018 en Venezuela y un deterioro aún más grave de las condiciones de trabajo para la prensa independiente".

"Las tensiones están aumentando y el trabajo de los periodistas independientes es casi imposible porque hay represión, espionaje, detenciones indiscriminadas, intimidaciones, amenazas, violencia policial, confiscación de materiales, destrucción de materiales...", añadió.

Según el vocero de RSF, la Comisión de Telecomunicaciones también está cortando las señales de las pocas radios y televisiones que intentan informar de forma independiente. "Esto es pura censura estatal", afirmó.

Aseguró que, como el Gobierno tiene el monopolio de la distribución del papel, le corta el suministro a los diarios impresos críticos hasta obligarlos a cerrar.

De acuerdo con Colombié, un aspecto más reciente y preocupante es la persecución a periodistas extranjeros, que han sido detenidos, interrogados y expulsados del país.

"En una semana más de diez periodistas chilenos, colombianos, españoles, franceses y de otras nacionalidades que habían ingresado legalmente al país fueron expulsados sin ninguna motivo. Esto es gravísimo", dijo.

El diagnóstico de Colombié fue compartido por la periodista venezolana Luz Mely Reyes, una de las fundadoras del portal independiente Efecto Cocuyo y ganadora de varios premios internacionales, que participó en la rueda de prensa de RSF en Río.

"La situación se agravó mucho a partir de enero de 2019 no sólo por las condiciones de asedio a la prensa sino también por la situación del país, ya que, con cortes de agua, de energía y de internet, es difícil trabajar, y no sólo para los periodistas sino para cualquier venezolano", manifestó.

Reyes apuntó que "las nuevas tensiones dificultaron el acceso a la información y las condiciones físicas dificultaron su distribución. Y lo más grave es que no vemos perspectivas de que pueda mejorar".

La periodista admitió que salió de Venezuela hace dos semanas por recomendación de organizaciones de defensa de los derechos humanos y no sabe si tiene condiciones de regresar con seguridad ni cuándo lo hará.

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Maduro ha aumentado los métodos de censura en 2019, alerta Reporteros Sin Fronteras

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Colombié detalló la situación en la región descrita en el Ránking Mundial de Libertad de Prensa, informe que la organización presentó este jueves en París.

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3 casos de Incidencias en que se ha suprimido la libertad de expresión.