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Una vecina de la Cañada Real protesta contra la falta de suministro eléctrico esta semana. Marcos del Mazo / LightRocket via Getty Images

El precio de la luz ha llegado a subir hasta los 90 euros por megavatio hora en plena ola de frío. Aunque esta semana las tarifas se han desplomado gracias al viento, que impulsa la más barata energía eólica, la combinación de temperaturas bajo cero, el alza en las primeras dos semanas del mes y pandemia agravan la pobreza energética en España. Encender la calefacción es un lujo que muchos hogares con rentas muy bajas o en situación de desempleo no pueden permitirse.

El Informe de actualización de indicadores 2020 de pobreza energética, aunque con datos de 2019, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica, recoge que el 7,6% de la población no puede mantener una temperatura apropiada en su hogar, el 6,6% sufre retrasos en el pago de las facturas de los suministros, el 16,7% de la población tuvo un gasto energético desproporcionado respecto a su nivel de ingresos y el 10,6% de los domicilios estaban afectados por la pobreza energética escondida, esto es, que no gastan energía. En total, 10 de cada 100 hogares en España sufrían pobreza energética en 2019. Son datos, no obstante, que mejoraban las cifras de 2018, y que alejaban a España, con un 7,5% de hogares que no pueden calentarse, de otros países, como Portugal (18,9%), Grecia (17,9%) e Italia (11,1%), según la encuesta de la Oficina de Estadística Eurostat de 2019.

Pero todo cambió a partir de marzo con la pandemia y, aunque los expertos coinciden en que la pobreza energética ha escalado por efecto de la covid-19, es pronto para conocer en qué grado. Aun así, encontramos algunos indicadores indirectos: desde el mes de abril las solicitudes del bono social eléctrico han crecido a un ritmo de más de 200 peticiones diarias. Esto ha provocado que en agosto del año pasado se superaran los 1,3 millones de beneficiarios, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

"El confinamiento primero, y las situaciones de desempleo o ERTE, el teletrabajo o los ceses de actividad que han venido asociados a la crisis después, han obligado a miles de personas a permanecer muchas más horas en sus hogares y, como consecuencia, a consumir más energía", argumenta José Luis López, director de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), entidad pionera en el estudio de esta problemática.

También un informe elaborado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y Mutua de Propietarios durante el confinamiento recoge que un 8% de los hogares españoles pasará frío este invierno en sus hogares y un 35% no alcanzará una temperatura de confort.

Retrasos e impagos

Marc Escarrabill pertenece a ese 6,6% de la población que no solo se retrasa, sino que tampoco puede pagar sus facturas; este joven desempleado de 32 años, que vive de alquiler en Vic (Barcelona), sufre pobreza energética desde hace casi tres años y acumula una deuda de 3.900 euros de luz y agua a la compañía energética. En estos momentos se encuentra tramitando el bono social eléctrico: "No ha sido un camino de rosas por el desconocimiento y la escasa información que existe. Si soy soltero, ¿cómo voy a tener el libro de familia que exige la compañía para acceder al bono?", se pregunta. Ahora, basta también con aportar un certificado de fe de vida y estado en caso de solicitarlo de manera individual.

Para María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, entidad que ha asesorado a Marc, "el bono social eléctrico no es una medida ni eficiente ni eficaz; los límites de renta y los descuentos establecidos -del 25% o el 40%- en la factura de la luz dejan a muchas personas fuera". Pide la creación de otra figura estatal que establezca una tarifa social progresiva en función de los ingresos de ese hogar y prohíba los cortes de suministro.

Desde enero de 2021, con el precio de la luz por las nubes, la situación se complica. La experiencia en atención directa a familias por parte de Provivienda, asociación que trabaja para garantizar el derecho a los suministros básicos de una vivienda, muestra ya un aumento en el número de prestaciones de ayuda. En 2020 asistieron a 360 personas, 150 más que el año anterior. "Solo las medidas establecidas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia, y entre las que se encuentra la moratoria en el pago de los suministros energéticos, evitando la interrupción del suministro en los hogares más vulnerables, puede limitar algo el efecto de la covid-19, aunque queda aún por definir claramente cómo y cuándo los consumidores van a regularizar las facturas con sus compañías comercializadoras, una vez concluya esta moratoria", puntualiza Fernando Rodríguez, director territorial de Provivienda en Canarias.

Ana León, de Santa Cruz de Tenerife, es una de las beneficiarias de Provivienda: todavía no ha sufrido retrasos en el pago de sus facturas, pero su situación económica (gana apenas 300 euros al mes) y familiar (su marido es pensionista) la convierten en vulnerable energética. "He podido cambiar la nevera por una de clase energética A para aliviar la factura", dice agradecida.

Desde hace tres años, esta asociación desarrolla un proyecto que tiene como finalidad mejorar el acceso a la energía y contempla una intervención integral ante la pobreza energética, tanto preventiva como paliativa. Además de formar a las familias en hábitos de consumo eficiente y facturación energética, métodos de ahorro de energía y mejora del confort, realiza un diagnóstico de las necesidades energéticas de las viviendas.

La irrupción de la crisis provocada por la covid-19 ha catapultado la figura del gestor energético social, responsable de la optimización de todos los procesos que impliquen consumos energéticos en una vivienda o edificio. Eduardo Linares es técnico en el Punto de Información al Consumidor Energético del Ayuntamiento de El Valle, un pequeño pueblo de 900 habitantes en Granada. Antes, había sufrido en sus propias carnes la pobreza energética. "De cada 10 facturas de luz que veo, 7 están en el mercado libre. Estudio los contratos uno a uno para cambiarlos al mercado regulado, mucho más barato, los firmo con la autorización de sus titulares y me desplazo a las comercializadoras para gestionar el cambio tarifario", explica Linares.

De esta manera, y en tan solo tres meses, ya ha realizado 380 intervenciones en la factura de la luz (desde cambios a tarifas de mercado regulado, optimización de potencias contratadas, contratación de discriminación horaria hasta la baja de servicios adicionales, como seguros). Todavía 16 millones de contratos se encuentran en el mercado libre, frente a los 11 millones del mercado regulado, según la CNMC.

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El precio de la luz ha llegado a subir hasta los 90 euros por megavatio hora en plena ola de frío. Aunque esta semana las tarifas se han desplomado gracias al viento, que impulsa la más barata energía eólica, la combinación de temperaturas bajo cero, el alza en las primeras dos semanas del mes y pandemia agravan la pobreza energética en España.

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Un manifestante agita una bandera durante las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, en Cali, el pasado 17 de junio. LUIS ROBAYO / AFP

El exprocurador Fernando Carrillo Flórez insiste en su propuesta de convocar una consulta popular en Colombia para fortalecer la democracia y conceder la palabra a los ciudadanos. El que fuera embajador en España considera que, a diferencia de Chile, Colombia no necesita una Asamblea Constituyente para superar la profunda crisis reflejada en un estallido social que comenzó el pasado 28 de abril, pero sí requiere acudir a la ciudadanía para buscar una salida que legitime reformas de calado.

"Todo esto que ha venido sucediendo tiene a la democracia colombiana asediada, arrinconada", advierte Carrillo en diálogo con EL PAÍS. "Esta crisis se soluciona con reformas sociales, y con más democracia. Y el punto de convergencia son las urnas, para que sean todos los colombianos los que voten estas reformas". Una crisis social no se desactiva con medidas de orden público, enfatiza. En un país profundamente polarizado, asemeja el mecanismo de la consulta con una vacuna contra el autoritarismo, por un lado, y el populismo, por otro.

Carrillo ha sido ministro de Justicia y del Interior, embajador en España, parte del movimiento de la séptima papeleta que desembocó en la Constitución de 1991 y uno de los miembros de la Asamblea Constituyente que la redactó. Hasta el pasado enero estuvo al frente de la Procuraduría, el organismo encargado de combatir la corrupción e investigar las faltas disciplinarias de los servidores públicos. Ahora, en un año previo a elecciones, se encuentra volcado en promover una consulta que aglutine a la ciudadanía en torno a diez propuestas sociales que se conviertan en una brújula para el próximo Congreso y el próximo Gobierno. "La clave está en sumar a toda la sociedad colombiana", valora Carrillo, que ha ido consiguiendo apoyos de organizaciones sociales y académicas al tiempo que trabaja en una plataforma tecnológica para recibir las propuestas de los jóvenes.

Los casi dos meses de protestas contra el Gobierno de Iván Duque han dejado 24 muertes confirmadas y 11 en verificación, según la Fiscalía, mientras Human Rights Watch reporta por lo menos 34 fallecidos -con evidencias sólidas de que miembros de la policía habrían matado a una veintena de manifestantes o transeúntes-. Pero el balance del llamado paro nacional no se puede limitar a las cifras de muertos, desaparecidos, policías heridos o pérdidas económicas -que según algunos analistas pueden superar los 15 billones de pesos-, apunta Carrillo. "Esto fue el clamor de la ciudadanía, fue un grito con una pretensión específica: reformas sociales", insiste. El deterioro de los derechos sociales y económicos se ha visto agudizado por la pandemia y sus efectos en la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Los esfuerzos deben orientarse entonces a materializar el descontento principalmente de los jóvenes en reformas aplazadas por muchas décadas. "La mejor forma de hacer eso, en un país tan dividido, donde hay tanta crisis de representatividad, son las urnas", reitera.

La consulta es uno de los mecanismos de participación contemplados en la Constitución, y el que representa un camino más expedito frente a las posibilidades de un referendo o un plebiscito. Puede darse en el corto plazo, la primera semana de diciembre, antes de que comience formalmente la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales. "Es una iniciativa ciudadana, de la sociedad civil, que no tiene color político, no es de derecha ni de izquierda ni de centro", apunta el exprocurador. "Las preguntas van a salir de la deliberación ciudadana", añade. Lo vislumbra como un triángulo que incluye la universidad, el saber académico y las plataformas de diálogo social; en otra punta están los ciudadanos, encabezados por los jóvenes y los estudiantes que han sido los más afectados por la crisis. Y en la tercera los empresarios, muchos con disposición a meterse la mano al bolsillo para financiar las reformas necesarias para superar este delicado momento.

Sus promotores -con Carrillo como rostro más visible- plantean varios asuntos como resultado de la reflexión que han hecho las universidades públicas y privadas. Sus puntos abarcan las oportunidades para los jóvenes y el desempleo juvenil. Las reformas educativa, de la salud y rural, así como también la reforma a la justicia, que califica como "uno de los grandes cuellos de botella de Colombia". La ruptura de la brecha entre el campo y la ciudad. Una renta básica, los temas ambientales y aquellos relacionados con la diversidad. "Colombia es un país que le abrió la puerta en el 91 a los afros, indígenas y campesinos, pero no se han desarrollado esos temas de manera concreta", sostiene Carrillo. A esa agenda se añade la reforma de la fuerza pública y la garantía del derecho a la protesta que reclaman las calles. Todo en el marco de la reactivación económica, y la necesidad de financiar esos cambios.

"Colombia está inmersa en una tormenta perfecta que de no resolverse acertadamente puede llevarse por delante la democracia. El populismo y el autoritarismo acechan, la polarización no cesa, el país se desangra, la pobreza crece, el desempleo no disminuye", escribía en este periódico cuando las protestas habían cumplido su primer mes. "La violación a los derechos humanos ha puesto a Colombia en el ojo de la comunidad internacional. La pandemia profundizó los problemas y hoy somos más vulnerables. Crece la desconexión entre la sociedad y la política, mientras el liderazgo social se expresa en las calles", señalaba al argumentar su propuesta.

"Hoy la democracia es deliberativa, es de construcción y de liderazgo colectivo. Colombia no necesita ni caudillos, ni mesías ni más candidatos presidenciales. Tenemos 30 candidatos y no hay una sola idea práctica hasta el momento, distinta a esta, para unir a la sociedad colombiana", defiende Carrillo sobre una iniciativa que, aclara, descarta su postulación presidencial. "Hagamos una consulta, unámonos alrededor de una idea y abramos el año 2022 con un mandato clarísimo, social, de reforma, para el Congreso que se elige en marzo y para el presidente que se elige en mayo".

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Una consulta popular como salida a la crisis en Colombia

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El exprocurador Fernando Carrillo Flórez insiste en su propuesta de convocar una consulta popular en Colombia para fortalecer la democracia y conceder la palabra a los ciudadanos.

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¿ Qué son las asambleas de ciudadanos ?

Las asambleas ciudadanas reúnen mujeres y hombres, asociaciones y organizaciones que desean participar en la renovación democrática y actuar sobre los cambios profundos que viven en su sociedad y a escala mundial.

Partir de la diversidad de la sociedad

Estudiantes, docentes, universitarios, dirigentes sociales, sindicatos, artistas, ejecutivos de empresas de diferentes regiones del mundo, se comprometen juntos a tratar cuestiones cuya amplitud necesita estar a la altura de pueblos y ciudadanos.

Construir estrategias y perspectivas comunes

Las asambleas no son nuevos parlamentos o nuevas instituciones. Representan ante todo procesos sociales y participativos donde se construyen relaciones de confianza en el respeto de las diferencias culturales, ideológicas y religiosas. Se basan en la organización del diálogo entre los múltiples actores de la sociedad para deducir progresivamente perspectivas comunes y estrategias de acción colectiva. Prolongan una aventura internacional inédita, comenzada en 1994 con la Alianza para un mundo responsable, plural y solidario, y luego con la Asamblea mundial ciudadana en 2001.

¡ Cinco asambleas ya en camino hacia 2010 !

Ya están encaminadas cinco asambleas en los conjuntos geográficos de Europa, Asia, Mediterráneo, Cono Sud de América y zona sahelo-sahariana de África.

¡Cada uno por su ruta y todos juntos hacia el 2010 !

Las asambleas toman rutas distintas, pero persiguen realmente el mismo camino. El año 2010 constituye el horizonte común para movilizar, organizar los cronogramas, constituir una etapa de construcción compartida entre las diversas asambleas. El año 2010 no es una fecha tope, sino más bien una cita colectiva para inscribirse en el tiempo y hacer un balance sobre el itinerario recorrido y los respectivos avances.

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Las asambleas ciudadanas reúnen mujeres y hombres, asociaciones y organizaciones que desean participar en la renovación democrática y actuar sobre los cambios profundos que viven en su sociedad y a escala mundial. Estudiantes, docentes, universitarios, dirigentes sociales, sindicatos, artistas, ejecutivos de empresas de diferentes regiones del mundo, se comprometen juntos a tratar cuestiones cuya amplitud necesita estar a la altura de pueblos y ciudadanos.

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Dos mecanismos para materializar la participación ciudadana, como camino para implementar los cambios que hemos discutido. Pablo Corredor

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Dos mecanismos para materializar la participación ciudadana, como camino para implementar los cambios que hemos discutido. Pablo Corredor

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"Colombia atraviesa momentos difíciles. Hay numerosas demandas ciudadanas que no han encontrado respuesta. Este momento histórico es una ventana de posibilidades para la conversación, la cual confluye en la construcción de propuestas compartidas. Conversando entre todos identificaremos ideas, preocupaciones y propuestas, de modo que se revelará una visión común que servirá para construir la Colombia que queremos", esta es la respuesta del grupo impulsor de "Tenemos que hablar Colombia" frente a la pregunta: ¿Por qué apostarle a un trabajo colaborativo con la ciudadanía?

Las universidades Eafit, Andes, Nacional, Valle e Industrial de Santander, con el apoyo de Sura y Fundación Ideas para la Paz, están proponiendo un gran diálogo de país que aglutinará más de 10.000 personas con una rigurosa metodología ya probada en Chile. Será un gran ejercicio de democracia participativa jamás visto en el país. Y puede ser un momento muy importante de consolidación de diálogo frente a la violencia, del diálogo frente la intolerancia, del diálogo frente al escepticismo... Es construir un tejido de confianza en el país, para que la palabra pueda circular. Aspiran a construir un "camino de acción y decisión pública con imaginación y esperanza de cambio". La garantía de las organizaciones que lo inspiran y gestionan es que será un proceso transparente, de gran participación ciudadana para escuchar opiniones y sentires del país. Qué buen aporte será para el país estos procesos de escucha y reflexión.

Este esfuerzo, gracias a las entidades que lo impulsan, a su metodología y a su cobertura, puede complementarse con otras iniciativas que se vienen haciendo. Por ejemplo, la Cumbre de Diálogo Social que un grupo importante de actores sociales y empresarios iniciaron con el liderazgo de la Procuraduría y la Universidad Javeriana de Cali. Esta experiencia tiene también un rigor metodológico y logró poner a conversar a muchos que antes nunca se habían sentado a la mesa conjuntamente, con miras a construir un verdadero pacto de Estado. Allí está su especificidad, no solo en la representatividad de los actores, sino que precisamente se busca poner a dialogar a los más opuestos entre sí. La Cumbre ha seguido trabajando y tiene documentos y consensos interesantes para aportar al país.

Igualmente, creemos que la iniciativa de Tenemos que hablar Colombia puede ser complementada con la experiencia de Pacto País, que la Minga indígena lanzó luego de decidir levantar los bloqueos e invitar a una "Juntaza para que la Palabra camine". El propósito de este proceso lo describen así: "El Pacto social propuesto busca analizar y proponer la construcción de alternativas sociales y política que vayan al fondo de los problemas para construir soluciones realmente efectivas, estructurales, a largo plazo y democráticas, para la construcción de vida digna". Y señalan como principios claves: defender la vida, rescatar la palabra para afianzar la democracia y la búsqueda de la justicia efectiva.

Qué bueno que los organizadores de estos tres ejercicios, y otros que seguramente existen, puedan en algún momento articularse, pues seguramente podrán potenciar su impacto en la opinión pública.

Bien importante esta preocupación de distintos sectores por poner a conversar a Colombia. Y hay que subrayar que los tres procesos son esfuerzos desde la sociedad civil, no gubernamentales, lo que les puede dar una mayor transparencia y pluralidad. En pocas palabras: credibilidad. Los tres se plantean como procesos plurales y participativos, que son realmente procesos de participación ciudadana que le dan vida a la democracia. Y son todos esfuerzos por buscar consensos para mejorar nuestro país.

Sin lugar a dudas, que circule la palabra en espíritus abiertos a la escucha, nos fortalecerá como sociedad civilizada.

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"Colombia atraviesa momentos difíciles. Hay numerosas demandas ciudadanas que no han encontrado respuesta. Este momento histórico es una ventana de posibilidades para la conversación, la cual confluye en la construcción de propuestas compartidas.

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En el Monumento a Los Héroes se encuentran alrededor de 3.500 personas manifestándose. En Noticias Capital entrevistamos a un profesor universitario que se encontraba en esta zona de la ciudad, sobre el panorama que tienen los estudiantes de Colombia.
¿Qué ha pasado con las garantías que había anunciado el Gobierno Nacional sobre la educación?

" Hay elementos importantes a tener en cuenta en relación con los jóvenes y con los estudiantes en este paro nacional, en primer lugar este estallido social sin duda alguna recogió a todas las fuerzas de los movimientos sociales y populares, pero en un acto fundamental de primer orden han sido los jóvenes, los jóvenes populares, que exigen sus derechos y no han sido escuchados", argumentó José Cuesta Novoa, profesor universitario.

Deberías leer: Presidente Duque instaló sesiones del Congreso de la República
Los jóvenes de primera línea han anunciado la creación de un nuevo partido político, ¿usted ve eso viable?

"Es una muy buena noticia, eso demuestra la madurez política de los jóvenes populares que están en las primeras línea de resistencia, porque sin duda alguna todo este proceso de participación ciudadana, social y comunitaria en el marco del estallido social del paro nacional, nos está enseñando la importancia que los jóvenes deberían tener en la política", afirmó Cuesta.

Entrevista completa disponible en:

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Panorama para los jóvenes estudiantes de Colombia tras el Paro Nacional

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La desigualdad en Colombia no cede - Universidad del Rosario

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En el país no ha habido un análisis de la distribución del ingreso en las ciudades, que podría ofrecer elementos de política pública para que los alcaldes identifiquen cuáles son los mejores caminos para reducir la desigualdad. Investigación de la URosario comienza ese camino.