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El caso Sintel, un hito de la lucha sindical.

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Tras once años, arranca el juicio por 'caso Sintel'

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En junio del 2000 Sintel se declara en suspensión de pagos, para meses más tarde presentar un ERE afectando a cerca de 900 empleados. El proceso derivó
en la quiebra de la compañía

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Entre los procesados que se enfrentaban a penas de entre dos años y medio y cinco años y medio de prisión por insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda Pública, figuraban: Ricardo Campos, exconsejero y vicepresidente de Sintel; Juan Antonio Casanova, ex consejero delegado de la compañía; Alfredo Flórez, exconsejero y exapoderado de Sintel y Pedro José Novela, ex director financiero...

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Termina 12 años después con un acuerdo por el que la familia Mas Canosa abonó 35 millones de euros a sus ex trabajadores y acreedores, evitando así el juicio fijado por la Audiencia Nacional.

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En un hito de la lucha sindical, en verano del 2001 varios centenares de trabajadores iniciaron una acampada en el paseo de la Castellana de Madrid,donde permanecieron acampados durante seis meses frente al Ministerio de Economía para exigir la intervención del Gobierno. Se conoció como campamento de la Esperanza", una movilización sin precedentes que se ganó la simpatía y comprensión de los ciudadanos.

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Los empleados de Sintel cierran filas en torno a su líder sindical, Adolfo Jiménez, perteneciente al sector crítico de CC OO, quien les ha convencido de que hay futuro para todos con Televik, una empresa rusa que se ofreció a reflotar Sintel a cambio de que Telefónica le garantice pedidos por 450 millones de euros en tres años.

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Comienza en el año 1975 cuando se produce su fundación destinada a la instalación de líneas y redes de cables para Telefónica.
El 30 de abril de 1996 Telefónica alcanzó un acuerdo con Mastec, propiedad de  la familia Mas Canosa.
La empresa fue vendida por 4.900 millones de pesetas.

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A partir de ese momento, los responsables de la compañía fueron descapitalizando Sintel a través de varias sociedades. Algunas de las sociedades estaban domiciliadas en paraísos fiscales. Esto afectó a 1.788 acreedores y a 1.828 trabajadores.